Gestión Pública del Perú y el Mundo: Corrupción con gasolina y La Libertad: Poder Judicial repuso malos Policías

Interesante, Corrupción con gasolina - 11/03/2014 10:46:04

"Hace unos días, un programa de televisión reveló, con video incluido, el modus operandi para el robo de gasolina en una dependencia policial.
Todos los días, personal de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) -esa división policial que nos hizo sentir orgullosos cuando capturaron a Abimael Guzmán- aprovechaba el combustible que se le daba para los vehículos policiales para llenar sus propios bolsillos.
Nadie puede saber con exactitud cuánto es lo que se roba al año al Estado en combustible (ya sea gasolina, petróleo o kerosene).
Cifras conservadoras hablan de que sólo en la Policía Nacional del Perú la cifra puede estar bordeando los 200 millones de soles. Si a eso le sumamos lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, podríamos estar hablando de 500 millones de soles.
Cifra espeluznante tratándose de un país que aún tiene tantas carencias y donde existen millones de peruanos en extrema pobreza.
Nada es reciente. En el 2009, en pleno gobierno de Alan García, un congresista de su propio partido -lo que resultaba inusual-, cuando era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, denunció que anualmente (se refería al año 2008) se robaba aproximadamente 187 millones de soles en combustible y en el rancho de la Policía Nacional del Perú.
El combustible consiste en todo el petróleo y la gasolina que en dinero se le entrega a las diversas dependencias policiales. El rancho es el dinero que se proporciona a toda comisaría o lugar en donde haya efectivos policiales para que se compre alimentos a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que algunos trabajan 24 horas de manera ininterrumpidas.
En ambos casos, cuando se trata de dinero en efectivo, el oficial u oficiales encargados se quedan con parte de lo que reciben, destinando una mínima suma a la finalidad para la que lo recibieron.
En el caso del combustible, se reciben vales para poner en funcionamiento todos los vehículos con que cuenta la PNP a nivel nacional.
La cantidad de vehículos registrados es mucho mayor que los vehículos que funcionan y, de los que funcionan, no todos circulan, de tal manera que si, por ejemplo, se tienen 20 mil vehículos -entre carros, camionetas, camiones, lanchas y motos- sólo la mitad de ellos están en capacidad de funcionar y de esos, la mitad circula y la restante permanece en sus garajes o sus estacionamientos.
Pero aun los que circulan, lo hacen en distancias menores a las que aparecen consignadas en los documentos oficiales. Saque usted la cuenta de lo que realmente se gasta de combustible.
Aparte de la modalidad que se ha podido apreciar de los integrantes de la Dircote, también existe la de cambiar los vales por dinero en efectivo, y ese cambiazo lo hacen algunos grifos en donde el dueño de la estación de combustible paga por el vale 75% u 80% del valor y luego se presenta al Ministerio del Interior para que le paguen el 100%.
De esa manera, lucran tanto el policía que recibió el 75% del vale y se lo guarda en el bolsillo, como el dueño del grifo que gana el 25% restante. El que pierde en un 100%, desde luego, es el Estado peruano.
¿Y las investigaciones? A propósito de la denuncia del 2009, se anunció grandes investigaciones que comprenderían, como tenía que ser, tanto a los malos policías como a los empresarios dueños de estaciones de combustible.
Han pasado 4 años y ni uno ni otro bando ha sido sancionado a pesar de que se tenía la relación de los policías y griferos tramposos.
Uno de los grifos era incluso propiedad de dos altos oficiales de la fuerza armada y de la policía. ¿Será esa la razón por la que no prosperaron las investigaciones? Todo parece indicar que sí.
Pero no es sólo en la Policía Nacional de Perú en donde ocurre el robo de combustible. En enero de 2011, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima ordenó, contrariamente a lo que había opinado un benevolente juez, que se abriera proceso penal contra siete generales del Ejército peruano por el robo de combustible a su institución.
Siete generales, siete coroneles, siete comandantes, tres capitanes, tres mayores y tres tenientes eran responsables de la apropiación y comercialización ilícita del combustible asignado para uso militar.
Es decir, una pequeña tropa que bien pudo haber defendido nuestro territorio de cualquier amenaza, se había dedicado a combatir sus necesidades económicas y para eso cometieron delitos de peculado, apropiación ilícita, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
Uñas largas. La división delictiva tenía entre sus integrantes a dos excomandantes generales: César Reinoso Díaz y Edwin Donayre Gotzch, habiendo éste último sido comandante general del Ejército entre los años 2007 y 2008.
O sea, acababa de ocupar el más alto cargo al que aspira un oficial de nuestro glorioso ejército sucumbiendo ante la tentación del gasolinazo.
No moría en batalla, una resolución judicial lo sacaba del combate acusándolo de robar combustible. El juez que inicialmente investigó el caso del cuarto Juzgado anticorrupción, don Rafael Vela Barba, había querido archivar el caso señalando que no habían cometido los delitos de los que se les acusaba.
Pero la Sala presidida por Jorge Egoavil Abad consideró que sí existían los delitos y por ello ordenó que se inicie el proceso judicial contra ellos.
Según la Sala que ordenó se procesara a los militares, los oficiales de manera concertada fabricaron las supuestas necesidades del uso de mayor cantidad de combustible y mediante esas necesidades ficticias hacían aprobar partidas extraordinarias, sin siquiera dar las especificaciones de en qué vehículos y para qué actividades se usaría esa mayor cantidad de gasolina o petróleo.
Al verse abrumados por los cargos, algunos entre los cuales se menciona a Donayre, presentaron documentos falsos, lo que no hizo otra cosa que agravar sus responsabilidades.
Han pasado cuatro años desde que se ordenó procesar a estos malos militares. ¿Qué ha ocurrido con ese proceso? No se sabe mucho, pues el Poder Judicial no proporciona información y es probable que, como tantas veces sucede en el Perú, caiga sobre ese caso el manto de la impunidad como telón de fondo y se cierre ese capítulo de vergüenza para una gloriosa institución.
Es una pena que quienes juraron ser los herederos de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres sean procesados por robarle al propio ejército al que pertenecieron más de treinta años y que seguramente les sigue pagando sus pensiones.
De manera religiosa, sin que hayan devuelto al Estado peruano ni un centavo de lo que se apropiaron indebidamente.
Quienes sí pueden sentirse orgullosos de vestir el uniforme son los integrantes de la Inspectoría General del Ejército, quienes a pesar de las presiones sufridas, formularon las denuncias respectivas.
Por otro lado, no hay que olvidar que Edwin Donayre -sí el mismo que dijo que "chileno que entra (al país) ya no sale. O sale en cajón. Y si no hay los suficientes cajones, saldrán en bolsas plásticas"- ha confirmado su candidatura para la presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho en las próximas elecciones por el Movimiento Desarrollo Integral de Ayacucho.
Según nuestras fuentes, el exc omandante del Ejército del Perú tiene grandes posibilidades de ganar. O sea.
¿Qué hacer? En primer lugar se debería saber con exactitud el monto de lo defraudado. Se especula con varias cifras sin que el titular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tan rápido para aumentarse el sueldo y el de sus colegas ministros, diga algo al respecto.
Otro punto a determinar es la antigüedad de esta mala costumbre, por llamar eufemísticamente así a lo que es un robo descarado.
Muchos hablan de 30 años, otros dicen que el tema del combustible es de mayor antigüedad, remontándose incluso a los primeros vehículos que adquirieron nuestras instituciones.
¿Esto solo sucede en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? El caso de Alejandro Toledo, a quien se le da una dotación de gasolina de cinco mil soles mensuales, pero que vive en el extranjero, demuestra que esta maldita práctica alcanza a muchos más sectores de la administración pública.
Sería redundante decir que hay que ejercer un debido control. La Contraloría General de la República, y las instituciones deben tener un mecanismo para controlar, en primer lugar, el número de vehículos operativos con que cuenta la administración pública.
El examen de los signos exteriores de riqueza de los funcionarios públicos es algo plasmado en muchas normas, pero que resultan letra muerta.
Finalmente, mientras se sigan nombrando en los ministerios de Defensa y del Interior a personas que tienen que esperar la luz verde -de Nadine, desde luego- para poder actuar demostrando falta de liderazgo, será muy difícil que puedan ni siquiera saber lo que está ocurriendo en sus sectores.
En otras palabras, mientras sigan en sus cargos Pedro Cateriano y Walter Albán no se puede esperar ningún cambio trascendental.
Foto: Difusión.
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Interesante, La Libertad: Poder Judicial repuso malos Policías - 06/03/2014 15:15:45

"Alrededor de 70 policías en La Libertad que mancharon el uniforme con actos de indisciplina y en muchos casos coludidos con la delincuencia, fueron separados de su institución entre 2013 y lo que va del año, según la Dirección Territorial de la Policía de La Libertad.
Empero, 30 malos efectivos fueron repuestos por mandato judicial y 40 presentaron medidas cautelares para regresar a la Policía Nacional.
Sumado a ello, Inspectoría de la Policía y de la Fiscalía investigan a otros 50 agentes por faltas, hasta fines del año pasado.
Asimismo, la reincorporación de los cuestionados efectivos generó malestar en el comando de la Policía, pues cinco de ellos regresaron con grados superiores a los que tenían cuando pasaron al retiro.
Entre ellos está G.L.C., dado de baja con el rango de suboficial de tercera y regresó como brigadier, la jueza que otorgó el beneficio fue separada del cargo por tomarse atribuciones que no le correspondían.
Fallos judiciales beneficiaron presos. Es el caso del suboficial G.C.F.G. (46), quien fue detenido hace dos semanas junto con su colega J.P.L.R, pues vendedores de droga los acusaron de ser quienes les daban estupefacientes.
G.C.F.G. fue dado de baja en 2001 y estuvo en la cárcel El Milagro de Trujillo, luego de ser detenido en la casa de un extorsionador que planeaba dar un golpe, cuando salió de la prisión (2013) el Poder Judicial lo repuso en el cargo, aseveró la Policía.
Hace 10 días sicarios balearon al suboficial de tercera P. B. A. C. (21) en una pollada en Florencia de Mora, Trujillo, el agente estuvo preso hasta fines de 2013 por estar vinculado a la muerte de un rondero, pero regresó a la Policía, ahora está internado en el hospital Belén.
Su hermano Jhon Angulo Ciudad (27), también Policía, está recluido desde hace un año por extorsión, por dicho delito fue apresado el suboficial Robert Sandoval Vásquez (23).
De otro lado, agentes que cometan ilícitos "serán tratados como delincuentes y no habrá encubrimientos" advirtió el jefe de la Policía en La Libertad, coronel Óscar Gonzáles.
Quien acerca de los fallos del Poder Judicial, aseveró que "nosotros tenemos que cumplir la ley ellos son independientes y tras valorar los elementos que tienen, emiten su dictamen".
"Tener mucho cuidado cuando inician un proceso administrativo sancionador a un mal agente" recomendó a la institución policial el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Luis Cortez.
Mientras que en Piura, tres policías, entre ellos un oficial, fueron dados de baja en 2013, ellos estuvieron involucrados en actos de indisciplina, corrupción y delincuencia, informó la región policial.
Uno es el suboficial Eloy Alata Arrese, quien cumple condena de 21 años en el penal Río Seco por robar S/.18 mil a un abogado bajo la modalidad de "marcas".
En Lambayeque, ocho suboficiales son investigados por la Fiscalía de Crimen Organizado pues pertenecerían a la banda "El Nuevo Clan del Norte", tres de ellos están prófugos.
Dichos efectivos se encargaban de avisar al cabecilla Juan Carlos Vásquez Clavijo, alias "Pepe Clavijo", sobre las operaciones policiales para capturar a integrantes de La banda, aseveró la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
Foto: Difusión.
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Noticia, Humala sugiere a malos Policías postular al Poder Judicial - 20/12/2013 14:38:19

"Debido a que malos jueces están ordenando reincorporar a efectivos policiales expulsados de la institución, el presidente Ollanta Humala, cuestionó duramente al Poder Judicial (PJ), durante la ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la PNP.
En tanto, Humala afirmó que no se puede confiar en personal desleal y traidor que defraudó a la institución, incluso aunque hayan cumplido su condena.
Asimismo, Humala lamentó que malos magistrados dictaminen resoluciones judiciales e incluso, con ironía, les recomendó a los malos policías postular a ser jueces.
"Insto al Comando Policial a defender los fueron institucionales cuando muchos malos elementos, cobardes, que no quieren asumir sus responsabilidades tratan de reincorporarse, tratan de que el juez los ascienda y hacen su carrera con el juez…esos señores deben postular al Poder Judicial y no a la Policía", remarcó Ollanta Humala.
Foto: Difusión.

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Información: Promulgan ley que castigará a los que ataquen a policías - 27/06/2013 9:28:32

" El Congreso promulgó la ley que modifica varios artículos del Código Penal para incrementar la sanción con pena no menor a veinte años a delitos que se cometan contra la vida de policías, militares, jueces y autoridades en general.
La norma busca castigar de manera severa a los que atenten contra las autoridades civiles, miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, así como magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, además de integrantes del Tribunal Constitucional.
Asimismo se pretende sancionar con rigor a los malos policías que tras ser separados de la institución sean puestos a disposición del Poder Judicial para su juzgamiento y sanción.
Por ello, la ley incluye penas de hasta 35 años de prisión a quienes se aprovechen de su condición de miembro de las fuerzas del orden o autoridad para cometer un delito o utilizar para ello armamento y conocimientos que les fueron proporcionados por el Estado para cumplir sus funciones .
La misma pena será impuesta al delincuente que, aún estando en prisión, sea el autor intelectual o participe en actos de delitos de tráfico de drogas, secuestro, extorsión, lavado de activos, trata de personas y terrorismo.
Además la norma estipula una pena no menor a quince años cuando los sujetos maten a otro por ferocidad, lucro o placer; o se genere para facilitar u ocultar otro delito; o se realice con crueldad; o por fuego, explosión, veneno o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida y la salud de otras personas.
Establece también la nueva ley que aquel que cause daño grave a otro, en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
Se aplicará una pena privativa de la libertad no menor de seis años ni mayor de doce cuando se estipulen lesiones graves, es decir, se ponga en peligro inminente la vida de la víctima, se mutile un miembro o cause incapacidad y cualquier otro daño que requiera 30 o más días de asistencia o descanso.
La norma restringe varios beneficios penitenciarios para los infractores como la redención de pena por trabajo y educación, la semilibertad y la libertad condicional.
La iniciativa promulgada por el Parlamento había sido presentada como parte del paquete legislativo para la seguridad nacional elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Dicho paquete fue entregado en agosto pasado al Congreso de la República, y en abril el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, solicitó al Congreso promulgar las normas antes de culminar la presente legislatura.
Hace una semana, el Ejecutivo también aprobó el reglamento de la Ley de Disciplina Policial que permite agilizar procesos para imponer sanciones a los efectivos que cometan delitos o presenten inconductas.
Fuente: La Republica
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Información: Portada: Al toque botaran a malos policías - 12/12/2012 20:49:00

" ""Por falta grave"" ya no serán reincorporados, según la nueva Ley de Régimen Disciplinario de la PNP
A propósito de recientes casos que involucran a varios policías con el narcotráfico, el Ejecutivo ha establecido sanciones más drásticas para aquellos efectivos ""que participen, favorezcan o faciliten actividades ilícitas relacionadas al tráfico ilícito de drogas"".
De acuerdo a las modificaciones hechas a la Ley de Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, a través de una serie de decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo se establece que estos malos policías serán separados de la institución de manera inmediata, por considerarse una ""falta muy grave"" dentro de la tabla de infracciones de la PNP.
De esta manera, serán pasados a retiro de manera automática, sin necesidad de una investigación administrativa a nivel de Inspectoría General de la PNP.
Asimismo, serán puestos a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial para ser sometidos a un proceso penal.
Esto mismo ocurre con aquellos que participen en actos de terrorismo, lavado de activos, secuestro, trata de personas, espionaje, violación, robos, extorsión y otros delitos graves.
También se establecen algunos cambios en cuanto a los plazos del procedimiento administrativo disciplinario y de investigación, que permitirá acelerar los procesos en caso de infracciones graves y muy graves. Asimismo, se refuerza la competencia de la Inspectoría General del Sector Interior, que depende del ministro del Interior, para casos especiales que afecten la imagen de la institución.
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