viernes, 4 de abril de 2014

JUSTICIA PARA JHINNA y Columna de reporteros

Que opina? JUSTICIA PARA JHINNA - 19/12/2013 13:20:03

" Hace un par de años, el equipo de INFOS desarrolló una serie de reportajes sobre uno de los problemas más importantes y más escondidos en el Perú: la trata de personas.
Este delito consiste en "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Este fin incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos" (ver el manual de la OIM e IDEHPUCP sobre el tema)
El caso más emblemático de trata de personas fue presentado hace algunos años por Capital Humano y Social Alternativo, una organización no gubernamental que trabaja este tema. En un documental elaborado por Natalia Vizcarra y Jerónimo Centurión, pudimos conocer lo ocurrido con Jhinna Pinchi. Una joven tarapotina que fue llevada a Piura, con engaños, para trabajar en un night club. Sufrió abuso sexual, quedó embarazada y finalmente huyó para poder contar su historia. Esta historia:
El caso llegó al sistema de justicia y, ayer tuvo una sentencia parcial. Informa El Comercio:
El Juzgado Penal de Piura dictó sentencia contra los implicados en el proceso por delito de trata de personas contra los administradores del night Club La Noche, ubicado en Piura. Se trata del primer caso judicializado por este delito en la historia del Perú.
A Nilson Prado Chicoma, administrador del mencionado night club, se le sentenció a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de trata de personas.
Por el delito de favorecimiento a la prostitución también se sentenció a Nilson Prado Chicoma a 5 años de pena privativa de la libertad, con lo cual su condena, en el presente caso, llega a 20 años de prisión efectiva.
Por el delito de trata de personas se sentenció a 12 años de prisión a Roycer del Castillo, quien fue la persona que trasladó a Piura a la tarapotina Jhinna Pinchi Calampa.
Prado Chicoma y Roycer del Castillo tendrán que pagar una reparación civil de 60 mil nuevos soles a la agraviada Jhinna Pinchi.
En tanto, Máximo Polo Mogollón y José Antonio Piscoya Paz fueron sentenciados a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida y a una reparación civil de S/.1.000.
Sin embargo, el principal responsable de los hechos, Carlos Chávez Montenegro, dueño de "La Noche", aún no recibe sentencia. ¿El motivo? Está prófugo de la justicia. Se pide 35 años de prisión por los delitos en los que estaría implicado.
Hasta que esta persona no sea atrapada, la justicia no estará completa para Jhinna.
Y cuando el Estado comience a combatir en serio este delito, denunciado por medios nacionales e internacionales, podremos ser un país algo mejor del que tenemos.
(Foto: Capital Humano y Social Alternativo)
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Interesante, Columna de reporteros - 01/08/2013 15:08:44

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)
Reproducción de la columna "Las palabras" publicada en la edición 2294 de la revista "Caretas".

Cutralibros

Los libros no solo relatan misterios sino a veces los protagonizan. En "El club Dumas", la extraordinaria novela de Arturo Pérez Reverte, un librero es el actor central de un argumento de suspenso trepidante, intrigas letales, memorias de Dumas.

Un caso diferente fue la confesión póstuma del ladrón de libros de la famosa biblioteca del Palacio de Lambeth, residencia del arzobispo de Canterbury. A comienzos de 2011, la carta de una persona recientemente fallecida guió a los funcionarios principales de la biblioteca a un depósito donde encontraron, como relató la BBC, "cajas y cajas" de libros valiosos, más de mil volúmenes perdidos y guardados, como un tesoro cerrado que no sirvió para leer ni para lucrar sino para tenerlos hasta morir primero y devolverlos después.
Hay libros que se han custodiado con más empeño que los lingotes de Fort Knox. Poco antes de lanzar la edición mundial de "El misterio del príncipe mestizo" el sexto libro de la serie de Harry Potter, en 2005, se aplicaron extraordinarias medidas de seguridad para garantizar que no se filtrara el contenido de ninguno los 10 millones 800 mil ejemplares de la primera edición, antes de su venta simultánea. Una venta accidental de 14 ejemplares en Canadá motivó una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Columbia Británica: nadie debía leer el libro antes de la fecha permitida.
De paso, ¿quién dice que se lee ahora básicamente textos cortos y con un léxico intencionadamente limitado? Los grandes éxitos literarios de estos tiempos son narraciones complejas a lo largo de varios tomos y miles de páginas. J.K. Rowling con Harry Potter, Stieg Larsson con Lisbeth Salander, George R. R. Martin con su monumental "Juego de Tronos", demuestran que el poder de la narrativa épica, de la aventura, la magia, la guerra, el odio, la muerte, la astucia, la valentía y el amor, mantienen su atractivo hechicero sobre las nuevas generaciones y las últimas tecnologías; y que seguir los pasos de los personajes hacia su destino mesmeriza hoy a los lectores con tanta o mayor fuerza que los relatos cantados al pie de la hoguera en la madrugada de los tiempos, rodeado el narrador por rostros silenciosos y ojos brillantes mientras las palabras despertaban la imaginación, agitaban las emociones como lo harían treinta siglos después cuando el lector absorto lea en su Kindle las palabras "valar morghulis" y musite "valar dohaeris" casi sin pensarlo. (para aquellos todavía no iniciados en el Juego de Tronos, Valar Morghulis se traduce al castellano como "todo los hombres han de morir", al que se suele responder con "valar dohaeris": "todos los hombres deben servir").
Los libros enriquecen, mucho…
Casi todos suponemos que el principal enriquecimiento es espiritual.
Pero una investigación que acaba de sacar a luz IDL-Reporteros, la publicación digital de investigación sin fines de lucro, que dirijo, demuestra que bajo administraciones corruptas se puede hacer cutra hasta con los libros y por montos nada desdeñables.
La investigación, realizada por los periodistas Esteban Valle Riestra y Marcelo Rochabrún, descubrió cómo la compra de libros para las bibliotecas de los colegios emblemáticos durante el gobierno de Alan García, sirvió para dirigir la compra, sin competencia, por casi 7 millones de soles a una compañía favorecida, que revendió con un importante sobreprecio lo que el Estado hubiera podido comprar a un precio mucho menor si hubiera habido un proceso honesto y limpio de compras.
La nota "Feria de libros" no solo es interesante por el monto del sobreprecio y el más que obvio direccionamiento de la compra, sino por los implicados en el proceso.
En él interviene, sin enseñar su nombre, la librería Crisol ,empresa del ex ministro de Educación José Antonio Chang y de Jaime Carbajal, que comparten directorio con Alan García,.
Durante el gobierno de Alan García, Chang fue ministro de Educación y primer ministro. Entró al comienzo del quinquenio y salió hacia el final. A la vez, se mantuvo como rector de la universidad de San Martín y empezó a cobrar su sueldo de rector, de 100 mil soles al mes, reteniendo su cargo de ministro, poco después que estallara el caso de "Petroaudios".
Chang tiene el 34% de acciones de la librería "Crisol", la más grande del país. Es decir que como ministro de Educación tuvo la autoridad de compra y como accionista de Crisol la posibilidad de venta masiva.
Por eso, como recalca la investigación, Chang declaró a la Megacomisión del Congreso que investiga el gobierno de Alan García, que había ordenado "…expresamente a todos los funcionarios del ministerio de Educación que no se contratara ni con la Universidad de San Martín de Porres ni con la empresa Crisol de la cual soy accionista".
El socio de Chang en Crisol, con la mayoría de las acciones, es Jaime Carbajal. Junto con ellos, el tercer miembro del directorio, ya se ha dicho, es Alan García.
Jaime Carbajal tiene un pasado notorio. Empezó su vida pública como militante del PSR, el partido socialista revolucionario fundado por el general EP (r) Leonidas Rodríguez.
Luego, Carbajal sirvió a Montesinos en el manejo de los diarios chicha desde el SIN y ya en democracia fue vinculado con el escándalo de sobornos a César Almeyda para facilitar el ingreso del grupo Santo Domingo al Perú.
Hoy, Carbajal es el presidente de la Cámara Peruana del Libro. La investigación de IDL-R demuestra que Carbajal y Crisol participaron en la compra mayorista de libros que luego la compañía seleccionada a dedo por el ministerio que encabezaba Chang, revendió al Estado al mucho más alto precio minorista, de tapa. La diferencia de precios representó un significativo sobrecosto para el Estado.
Las ventas al Estado se efectuaron a través de una pequeña distribuidora V&D, cuya gerenta, Gladys Díaz, tenía una cercana relación de colaboración comercial y gremial con Carbajal.
Las pruebas de que Carbajal y Crisol participaron en la compra ,con gran descuento, y la financiación de los libros que iban a ser revendidos con sobrecargo al Estado, se exponen ordenadamente en la investigación de IDL-R. No queda duda de que Crisol, empresa de Chang, participó en la venta sobrevalorada de libros al ministerio de Educación que el mismo Chang dirigía.
La investigación continúa, pero con lo revelado en IDL-R debiera ser suficiente para que la Fiscalía empiece con el procesamiento legal de lo que ya se conoce, que ya es bastante?
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Que opina? Juzgamiento de 2 policías genera disputa entre justicia civil y militar - 16/04/2013 9:14:54

"La justicia civil y militar se disputan el juzgamiento de 2 policías que dejaron libres a un par de ciudadanos implicados en un accidente de tránsito, uno de ellos conducía su vehículo en estado etílico, los sujetos viajaban en un taxi de la empresa "Imperial tours" y chocaron la unidad contra un poste de luz, en la avenida Villa Hermosa del distrito Cerro Colorado en Arequipa, en junio del 2011.
A los implicados en el accidente les preguntaron sus generales de ley, además de solicitarles sus documentos, sin embargo los dejaron irse, los oficiales que actuaron de esta irregular forma son Rivera Bedregal y Mauro Canaza de la comisaría Cerro Colorado.
Ante tal situación los infractores debieron ser detenidos para que pasen el dosaje etílico, era adecuado que el carro sea conducido a la comisaría y se levante un acta, también se debió impedir que una grúa se lleve el auto señaló el fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, Rubén Nuñez.
Quién increpó que ambos policías cometieron los delitos de Encubrimiento personal y Real, (dejar que una persona que se presume cometió quede en libertad) por ello, solicitó al juez una investigación preparatoria de Cerro Colorado, 17 años de prisión y el pago de una reparación civil de S/12 mil.
Fuero militar interviene. Durante la investigación del Ministerio Público se realizaron pericias, levantamiento de actas, además de tomar declaraciones de los testigos, sin embargo la Fiscalía Militar hizo lo mismo, el fiscal, Edwin Luque afirmó que los suboficiales intervenidos cometieron delito por incumplimiento de funciones, hecho por el cual podrían ser castigados con 5 años de prisión efectiva.
Inicia discrepancia. Tras la investigación, el procesado Mauro Canaza solicita que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, se abstenga de tramitar el proceso en su contra y de su compañero Omar Rivera, sustenta que su caso es visto por el fuero militar policial. En tanto la solicitud fue denegada por el juez de Cerro colorado quién ordenó que el fuero militar no vea la causa, justifica su resolución aduciendo que el delito cometido es parte del derecho penal civil. (Emilio Gonzales)
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Que opina? El lobby y la presión - 02/03/2013 3:49:17

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Por Gustavo Gorriti y Romina Mella.-
En la primera nota, "El consultor peruano de Global CST", IDL-Reporteros reveló que en abril de 2009, Garrido Lecca acompañó al presidente de Global CST, el general retirado Israel Ziv, a visitar al entonces comandante general del Ejército, general EP (r) Otto Guibovich, para ofrecer los servicios de entrenamiento contrainsurgente de esta compañía por tres millones de dólares.
Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investiga los presuntos casos de corrupción en el gobierno de Alan García. (Foto: Congreso de la República del Perú).
Garrido Lecca había negado ante la megacomisión presidida por el congresista Sergio Tejada, haber realizado lobby alguno ante el gobierno peruano a favor de cualquier empresa. Esa nota demostró que no solo lo hizo, sino que mientras Global CST negociaba los términos de un contrato que finalmente llegó a costar casi 15 millones de dólares al Estado, Garrido Lecca llevaba a cabo una corta y lucrativa asesoría a Global CST en Guinea, por la que recibió ,según su declaración a Sunat, 369 mil 120.88 soles. A la vez, recibió ,de acuerdo con lo que declara, 65 mil 022 soles, en dos pagos, de la compañía Alex Stewart International (cuyo presidente, Enrique Segura, es el que obsequió las cajas con vinos Premium a Alan García, y quien hizo pagos ocultos al entonces presidente de PetroPerú, César Gutiérrez).
En la segunda entrega, "La llanta baja del general Ziv en Guinea", IDL-R examinó la controvertida gestión de Global CST en Guinea, por la que el gobierno de Israel castigó a esa compañía con amonestación y multa, según un reportaje del periodista de investigación israelí Yossi Melman .
La tercera entrega, "Influencias, mentiras y contratos" reveló que Garrido Lecca, luego de su entrevista con el general Guibovich, había gestionado y logrado una reunión de Ziv con el entonces ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, a la que él también asistió. El propio Flores Aráoz indicó que "Garrido Lecca me pidió que reciba a Ziv. Él vino a la reunión con Ziv". Flóres Aráoz señaló que recibió a esos dos visitantes antes de enviarlos a exponer ante el entonces jefe del Comando Conjunto, general EP (r) Francisco Contreras.
Sin embargo, el programa Cuarto Poder, que entrevistó a Flores Aráoz días después, descubrió, al examinar el libro de visitas, que habían sido cuatro y no solo dos los visitantes, el 30 de abril de 2009.
En efecto, el documento deja constancia que junto con Ziv y Garrido Lecca, entraron también, a las 8 de la noche, a las oficinas del ministro otros dos visitantes: Uzi Tishel, de la compañía israelí Elbit Systems y el colombiano Camilo Montaño Toro, representante de Helicopters Support, una empresa vinculada con la compañía estadounidense de helicópteros, Sikorsky. HS provee en exclusiva, según una nota de prensa de Sikorsky, los aparatos de visión y navegación nocturna para helicópteros que fabrica Elbit. La reunión terminó a las 9:45 de la noche.
Ántero Flores Aráoz, ministro de Defensa durante el gobierno aprista. (Foto: Congreso de la República del Perú).
Flores Aráoz se ratificó, nuevamente, en que solo ingresaron Ziv y Garrido Lecca a su oficina, mientras que Tishel y Montaño habrían permanecido en la antesala.
Ahora, IDL-Reporteros ha podido conseguir la versión de Global CST sobre ese primer encuentro, que difiere en varios aspectos de la del ex ministro Flores Aráoz.
Está contenida en un memorando confidencial enviado el 26 de julio de 2009 al "Vice Almirante Renaldo [sic] Pizarro", que era entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA y quien es ahora uno de los principales acusados por la Contraloría en la denuncia que esta ha hecho ante el Ministerio Público por el contrato con Global CST.
En la carta, Global CST afirma que "la idea de invitarnos salió a relucir en una reunión entre el Ministro de Defensa de Perú , Sr. Flores y un su asociado [sic] al cual le pidieron que encontrara la compañía Israelí que está trabajando en Colombia en estos temas. Este asociado contactó a Elbit ,una compañía israelí muy bien conocida con este tema ,la cual nos contactó por medio de su agente en Colombia. Después de haber sido hecho el contacto , fuimos invitados a una reunión con el ministro Sr. Flores en Mayo del 2009, en donde pasamos nuestros antecedentes y experiencia. El ministro nos refirió en esa reunión a conocer al Comandante del Comando General Conjunto [sic], General Contreras".
A lo que se ve, el "un su asociado" parece ser Hernán Garrido Lecca, cuya identidad Global trata de ocultar y proteger hasta del vicealmirante Reynaldo Pizarro, condiscípulo de Garrido Lecca en el Liceo Naval.
Lo interesante también es que, de acuerdo con ese informe, Garrido Lecca estableció el contacto con Global a través de Elbit, una de las mayores compañías de seguridad de Israel, que ya llevaba un tiempo en el Perú.
Para Flores Aráoz debe haber sido una sorpresa constatar que Elbit lo visitaba el 2009 acompañada por Hernán Garrido Lecca como gestor y propiciador.
Porque apenas un año antes, en enero de 2008, Rómulo León visitó a Flores Aráoz para solicitarle una cita con los representantes de Elbit. Luego, el 10 de enero de ese año, León Alegría le envió un correo electrónico a Flores Aráoz en el que le indica que "los amigos de Elbit-Israel están enviándote una carta confirmando la venida de Uzi Tishel para la cita en tu despacho el lunes 29 a las 12 m."
Rómulo León Alegría durante el proceso por el caso Petroaudios. (Foto: Andina).
En los meses siguientes, el ministerio de Defensa firmó varios contratos con Elbit.
Pero, un año después, el mismo ministro recibía al nuevo lobiísta en representación de la empresa, mientras el anterior se encontraba en el penal de San Jorge. Quizá observar eso lo puso particularmente precavido.
No fue la única circunstancia en la que se cruzaron en esos tiempos las acciones de lobby de Hernán Garrido Lecca y Rómulo León.
Desde el 2006 hasta el 2008, los roles de ambos habían cambiado notablemente. León , junto con dirigentes como Agustín Mantilla, era una de las bajas políticas más importantes del período 1985-1990. Garrido Lecca, en cambio, había pasado de ser jefe de campaña en la elección de 2006 a ministro de Vivienda primero y ministro de Salud después.
Había sido un próspero y feliz retorno del pródigo que en los 90 había acusado públicamente a Alan García y que aún en la elección de 2001 había candidateado en las elecciones al Congreso como segundo de la lista de la UPP, después de Francisco Miró Quesada Rada y un poco antes de Javier Diez Canseco, el único electo de los tres.
León se había convertido en el gestor local del empresario dominicano con nombre bíblico-tropical: Fortunato Canaán, hoy sinónimo del escándalo de los Petroaudios, pero entonces, a fines de 2007 y principios de 2008, el apetecido anfitrión en su suite del hotel Country, convertida en una especie de casa del jabonero para el liderazgo aprista, donde el que no caía, resbalaba. Canaán había sido visitado, entre otros, por Luis Nava, Mirtha Cunza, la secretaria de Alan García, Jorge del Castillo y, por supuesto, Hernán Garrido Lecca.
Garrido Lecca visitó unas tres veces a Fortunato Canaán, aunque fuentes familiarizadas con el pensamiento de Rómulo León recuerdan solo dos visitas. En la primera, León estuvo presente, pero fuentes cercanas a él sostienen que en la segunda habría dicho que le "sacaron la vuelta" y que no participó en ella. Cuando León le preguntó a Canaán por qué no había sido convocado, este le habría respondido, según las mismas fuentes, que "no era conveniente" que participe … "que habían hablado sobre la construcción de hospitales y los problemas que tenían".
Fortunato Canaán, empresario dominicano que fue figura central en el caso Petroaudios. (Foto: Perú 21).
En ese tiempo, como se recuerda, Garrido Lecca era ministro de Salud y Canaán había proyectado la construcción de hospitales en términos que sostenía iban a interesar en forma particular al presidente García.
Garrido Lecca aceptó haberse reunido unas tres veces con Canaán. Explicó que lo hizo en la suite de este, en el hotel Country "porque me gusta tomar desayuno [en el hotel], especialmente los huevos benedictinos".
Dado el apego de Garrido Lecca por la verdad, a juzgar por las mentiras recientemente descubiertas, es legítimo preguntarse si los huevos fueron verdaderamente benedictinos.
En todo caso, el escándalo de los Petroaudios estalló pocos meses después y, luego de unos días de extremada inquietud, Garrido Lecca llegó a la conclusión de que el huaico le había caído a otros, especialmente a Alberto Químper y Rómulo León.
En medio de la confusión del caso "Petroaudios", una compañía petrolera, Petro-Tech, fue acusada por algunos de los implicados en las parciales revelaciones del caso, de haber organizado el "chuponeo" de las comunicaciones. Los ejecutivos de la compañía negaron con vehemencia la acusación, mientras su dueño, William Kallop, ponía prudente distancia con el Perú y buscaba vender la compañía.
A principios de febrero de 2009 se llevó a cabo la venta de Petro-Tech a un consorcio formado por Ecopetrol, de Colombia; y National Oil Corporation (KNOC), de Corea del Sur. El precio de venta, transado en Estados Unidos, fue de 900 millones de dólares.
El entonces presidente, Alan García, muy descontento con la venta, pidió al Congreso que la investigara y declaró que: "Les dije (a los representantes de Colombia y Corea del Sur) que no le parecía al Gobierno del Perú muy conveniente y que resultaba hasta extraño y sospechoso [sic] esa venta".
El consorcio colombo-coreano, creado bajo el tan evidente desagrado presidencial, pasó a llamarse Savia Perú.
Sin embargo, circuló la savia y pronto, para sorpresa de muchos, se apaciguaron los ánimos. Tiempo después, al ser interrogado en enero de este año sobre sus consultorías ante la megacomisión, Garrido Lecca confesó haber sido también consultor de Savia Perú.
Cuando le preguntaron qué había hecho para esa compañía petrolera ,que le pagó 395 mil soles, según declaró a la Sunat, Garrido Lecca dio una larga explicación sobre un contrato de "responsabilidad social" centrado en torno a la maricultura, en particular, las en este caso muy pertinentes conchas de abanico. Indicó además que sus gestiones no fueron exitosas.
(Hernán Garrido Lecca en la megacomisión)
El enredado juego de decisiones de gobierno junto con gestiones de lobiístas apenas separados de sus funciones ministeriales, en rotundo conflicto de intereses y con esfuerzos especiales de ocultamiento, que tuvo lugar entre finales de 2007 y comienzos de 2010, es con certeza lo que más hay que investigar en el nivel fiscal en el caso de Global CST y en otros. La única explicación coherente de las múltiples irregularidades en la elaboración y ejecución del contrato es la de una decisión política que, al presionar, los causó.
¿Quiénes más, aparte de Garrido Lecca intervinieron en esta decisión política y la presión subsecuente? En la segunda página del memorando confidencial que envió Global CST al vicealmirante AP Pizarro, su firmante, el general Ziv, escribe, con su particular redacción española, que:
" Entendimos de nuestros asociados en Colombia que en paralelo a este proceso el Ministro de Defensa de Perú ha llamado a su homólogo Dr. Juan Manuel Santos, para tener referencia sobre nuestra compañía. En paralelo entendimos que el General Contreras ha hablado con su homólogo en Colombia , Gral. Freddy Padilla de León. Al mismo tiempo , entendimos que el presidente ha hablado con el Presidente Colombiano Uribe. Todas sus recomendaciones fueron de mucho apoyo.
Queremos enfatizar que en principio Global CST no inicia una propuesta al menos que está invitada".
Según Ziv intervinieron no solo ministros, sino dos presidentes.
El ex ministro Ántero Flores Aráoz declaró a IDL-R que no era cierto que él hubiera hablado con Santos.
Un detalle curioso, habida cuenta de su rechazo a la gestión de Garrido Lecca, fue que este propuso al general Otto Guibovich entrar a formar parte del directorio de su compañía inmobiliaria Desarrollos Salkantay. Fuentes cercanas a Guibovich afirman que este declinó el ofrecimiento?
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Que opina? RED MAFIOSA QUE EN EL SENO DEL PODER EJECUTIVO DE EVO MORALES - 05/12/2012 9:34:06

"El Presidente Evo Morales enfrenta el peor escándalo de corrupción que enloda a su gobierno desde que asumió el mando en 2006. Se ha descubierto una extensa red de funcionarios públicos de alto rango dedicados a la extorsión y al robo institucionalizado. Evo está "dolido" porque el clan mafioso, con ramificaciones en el Órgano Legislativo y Ministerio Público, operaba desde hace cinco años en las narices de los jerarcas del MAS.
La semana pasada fue desbaratada una banda de funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo y del Órgano Judicial que operaba desde el mismísimo Palacio de Gobierno. Los integrantes de la caterva no son delincuentes comunes sino prominentes abogados de un equipo jurídico del Estado a cargo de importantes procesos judiciales contra ciudadanos acusados de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
El controvertido clan ,integrado por hombres de confianza del entorno palaciego y autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico (Dircabi) , se convirtió en una especie de comando parapolicial dotado de amplios poderes para el matonaje judicial.
La pandilla de abogados del gobierno aterrorizaba a jueces y fiscales en los tribunales; torcía fallos a punta de amenazas, y esquilmaba a litigantes, procesados y detenidos indefensos mediante la exacción y la coacción descarada. El régimen del MAS fue advertido de la existencia del clan mafioso hace más de un año, pero se hizo de la vista gorda, actuó con negligencia y prácticamente fue obligado a investigar por la presión nacional y extranjera.
El escándalo se hizo público luego de que el ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, imputado por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico, denunció serias irregularidades cometidas en el proceso penal que enfrenta en Bolivia, y se declaró víctima de extorsión y robo de parte de burócratas de alto rango de los Ministerios de Gobierno y Presidencia.
Al empresario estadounidense, detenido desde hace 17 meses sin que se haya probado la acusación en su contra, le pidieron 50 mil dólares de coima a cambio de su libertad y posteriormente vendieron irregularmente sus bienes incautados por la oficina de Dircabi en la localidad de Montero. A Ostreicher le robaron 14 mil toneladas de arroz y 273 cabezas de ganado, entre otros bienes, estimó su abogado defensor Jerjes Justiniano. [1]
Ante la inacción del Ejecutivo boliviano, el gobierno de Estados Unidos inició gestiones diplomáticas y protocolares y habría enviado a un agente del FBI para que investigue la situación legal de Ostreicher. Posteriormente llegó al país el congresista republicano Christopher Smith para defender los derechos humanos del empresario; poco después el actor Sean Penn intercedió personalmente a favor de su compatriota; luego un alto funcionario diplomático envió un mensaje electrónico al Presidente para que tome consciencia de la gravedad de asunto, y por fin Evo Morales ordenó investigar en serio las denuncias.
"El Presidente esta conmovido, preocupado y dolido por esta situación, pero absolutamente firme en su decisión de actuar rápido; una vez que le ha llegado la denuncia con indicios importantes, el Presidente dio la instrucción directa" a los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana para que investiguen de manera personal el caso del estadounidense, comunicó la ministra de Comunicación Amanda Dávila.
El ministro Romero aclaró que la investigación comenzó hace siete meses porque "nos llamaba la atención el manejo irregular de bienes incautados a Jacob Ostreicher y el proceso judicial, absolutamente dilatado con muchas audiencias que no se desarrollaban".
Romero instruyó a su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez que atienda personalmente el caso, pero apenas "avanzábamos un trecho la investigación se caía, se perforaba; planificábamos un operativo y se frustraba o abortaba. Otra vez recolectábamos elementos para armar el rompecabezas, estábamos cerca de desarrollar un operativo, y resulta que otra vez se caía, otra vez algo se filtraba o algo no había funcionado", confesó el ministro.
Romero tenía dos opciones: echar a los funcionarios bajo sospecha o dejarlos actuar. "Si los echaba seguro que estaban trabajando en otro Ministerio y tal vez nos estarían persiguiendo ellos; y si los dejaba la idea era que se muevan para que establezcamos donde estaba la red. Eso nos enseñó la Policía, dejar moverse al objeto de la investigación".
El ministro despidió a uno de los acusados y dejó al otro "para ver cómo se movía". "En determinado momento de la investigación, el viceministro Pérez estaba en la mira. Empezaron a circular rumores y calumnias e intrigas contra él; intentaron sacarlo del camino acusándolo de estar interesado en proteger a narcotraficantes. Esa gente que ahora está detenida en su momento trató de alejarlo de la investigación a toda costa, y (ante la presión, Pérez) fue internado porque le reventaron tres úlceras", contó Romero.
Según diversas fuentes, contribuyó a la caída de la banda de extorsionadores el gobierno de Estados Unidos, y se dice que el trabajo del FBI fue clave. "Un agente de la FBI vino a Bolivia e investigó los nexos de los abogados que ahora están detenidos y recogió toda la información sobre la situación jurídica de Jacob Ostreicher", detalló un periodista de la cadena ABC News.
Sin embargo, el ministro Romero asegura que la agencia de inteligencia estadounidense nada tuvo que ver en el proceso de seguimiento, pesquisa y aprehensión de los integrantes de la red, y que el esclarecimiento del caso fue realizado íntegramente por la Policía boliviana. [2]
El clan al descubierto
Se descubrió que lideraban la banda de extorsionadores el director de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y el director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya. En segunda línea figuraban el abogado del Ministerio de Gobierno Denis Rodas Limachi, el asesor de la Fiscalía de Santa Cruz Gustavo Céspedes Rosales y los funcionarios de Dircabi Hugo Franklin Pedraza Suárez, Eduar Stepane Bellido y Ramiro Ordoñez López, entre otros.
Rivera trabajó cerca de seis años en la Contraloría, fue contratado como abogado del Ministerio de Gobierno en la gestión del ex ministro Alfredo Rada (2007-2010), y continuó en funciones en las administraciones de Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).
Antezana Pinaya fungió como abogado del Ministerio de Presidencia desde la gestión de Oscar Coca, y siguió con Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Fue contratado por el ex viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez en octubre de 2008 y llegó a ser director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
"Antezana tenía como función el registro, la sistematización y la estadística de gestión pública de los ministerios. Era un acumulador y organizador de información, y se supone que tenía un trabajo científico, técnico y hasta burocrático. Cuando fui Ministro de la Presidencia ya estaba trabajando; no tengo quejas de él, cuando le pedía informes, me cumplía rápidamente, entonces uno no sospecha que se dedicaba a extorsionar", declaró el ministro Romero a la red Erbol.
"Antezana era un buen funcionario, respondía bien por su trabajo, pero obviamente nadie conocía de la gravedad de los hechos en los que estaba involucrado", rememoró el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce Zaconeta, tras admitir que Antezana es su concuñado. [3]
Aprovechando el enorme poder político que ostentaban en su condición de representantes oficiales del Estado, Rivera, Rodas y Antezana se dedicaban a la persecución política y a la detención irregular de presuntos delincuentes y líderes de la oposición, recurriendo incluso a la manipulación de jueces. Cuentan que la caterva infundía miedo y aterrorizaba a jueces, fiscales y litigantes.
Los miembros de la pandilla gubernamental intervinieron en bullados procesos judiciales, como por ejemplo el caso Caranavi, oportunidad en la que persiguieron penalmente a los abogados de los familiares de dos jóvenes asesinados por la Policía. Además, fueron parte querellante contra los refugiados peruanos Hugo y Williams Minaya, acusados de terrorismo en 2011.
Rivera, Rodas y otros integrantes de la red mafiosa también se vieron involucrados en la brutal represión a la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, y representaron al Ministerio de Gobierno en el juicio que le inició Carlos Romero a la diputada del Movimiento sin Miedo (MSM) Marcela Revollo por los supuestos delitos de instigación a delinquir y sedición. [4]
Por otro lado, el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico aseguró que uno de los principales articuladores de la red mafiosa es Boris Villegas, ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y actual funcionario del Ministerio de Transparencia. [5]
Reportes de inteligencia apuntan a Villegas como parte de la organización delictiva, ya que trabajó con Rivera y Rodas en varios casos irregulares, como el del ciudadano peruano José Cantoral, corroboró el viceministro Jorge Pérez. Franz Bustos Gutiérrez, abogado defensor de los peruanos Minaya, confirmó que Villegas, quien fungía como director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, intentó extorsionar a sus clientes y lo amenazó de muerte en una audiencia de medidas cautelares. [6]
Desde que se conocieron las incidencias de la escandalosa extorsión a Jacob Ostreicher en una clínica en Santa Cruz [7] proliferan las denuncias. Se supo que la red mafiosa pidió 30 mil dólares a la colombiana Claudia Rodríguez, socia de Ostreicher, a cambio de que no sea trasladada del penal de Palmasola al Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz. [8]
Además, la hija del ex ministro de Gobierno Guillermo Fortún (+), procesado por recibir dinero de gastos reservados en el gobierno de Hugo Banzer, dijo haber pagado al menos 20 mil dólares a la red de extorsionadores liderada por Rivera y Rodas.
Con esos antecedentes, los fiscales del Ministerio Público acusaron a los miembros de la banda de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz José Zubieta ordenó la detención de Fernando Rivera y Dennis Rodas en celdas de la FELCC, y envió a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz a José Manuel Antezana y a Gustavo Céspedes Rosales. Los ex funcionarios de Dircabi Erland Bellido y Franklin Pedraza fueron favorecidos con medidas sustitutivas.
Céspedes reveló que el fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez se reunió en varias oportunidades con Rivera y Rodas en el despacho de la Fiscalía de Distrito para planear actos delictivos. Rivera y Rodas "tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar a los jueces", y los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo obedecían sus instrucciones y emitían fallos "de acuerdo a su conveniencia", denunció Céspedes, uno de los primeros detenidos en Palmasola. [9]
En cuestión de días Isabelino Gómez pasó de testigo a denunciado, y el fiscal general del Estado Ramiro José Guerrero Peñaranda instruyó la apertura de un proceso disciplinario y otro penal en su contra, y ordenó investigar a otros fiscales sospechosos. Resultaron involucrados los fiscales Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, Lumia Acho Pinto, Ángelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo, todos denunciados por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, peculado y uso indebido de influencias.
El 3 de diciembre el ex fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez fue detenido en Sucre y posteriormente recluido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de Santa Cruz, acusado de influir en una decisión judicial para mantener tras las rejas a Ostreicher. (ABI)
El estadounidense Ostreicher parece ser una de las últimas víctimas de la red mafiosa, y hasta el momento se sabe que están involucrados ex funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, además de ex empleados de Dircabi, jueces y fiscales. No obstante, "los más altos niveles del gobierno deben informar a la población hasta donde extendió sus tentáculos esta organización mafiosa; el país necesita saber si hay gente de otros niveles o de otras instancias que están involucradas", exigió el dirigente nacional del MSM Edwin Herrera.
El ministro Romero aseguró que la lista de las nueve personas involucradas no está cerrada y la investigación continúa: "La lista se irá completando a medida que la investigación avance… De repente un primer capítulo se ha esclarecido con la participación de funcionarios públicos del Ejecutivo, pero no se cierra todo el círculo, y podría haber alguien más… Otro capítlo se inicia ahora, y posiblemente será más tenebroso y generará más terremoto que la anterior semana… Sé que nos metimos en algo grande…".
La moraleja
El descubrimiento de la red mafiosa que operaba en el seno mismo del Poder Ejecutivo, además de sacudir a la opinión pública nacional, puso al descubierto el talante moral del gobierno y de la justicia boliviana y evidenció que los "socialistas plurinacionales" son tan o más corruptos que los "neoliberales pro imperialistas".
En primer lugar, resulta difícil creer que "cuatro ministros de gobierno que tienen a sus asesores directos involucrados en extorsión indiquen que "no conocían el caso. Entonces Romero no manejaba su ministerio, como sucedió con Llorenti y Quintana, quienes más bien fueron premiados. No vaya a ser que Romero acabe como embajador en algún país", ironizó el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz Roly Aguilera.
"Al parecer, la inteligencia del Ministerio de Gobierno está lejos de esta repartición de Estado porque ha sido incapaz de detectar la actuación delictiva de sus funcionarios durante más de cinco años. ¿Incapacidad o complicidad?", cuestionó el diputado de Convergencia Nacional (CN) Alex Orozco.
No hay que olvidar que Fernando Rivera, entre otros miembros de la red mafiosa, "no actuaba por su propia ocurrencia personal; él lo hacía apadrinado por el gobierno y eso es lo que hay que desnudar. Cuando el gobierno sale y dice "los estamos poniendo en la picota a estos corruptos, en realidad esos corruptos de los cuales ellos quieren rasgarse las vestiduras son sus hijos que fueron avalados por ellos", juzgó el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín. [10]
En segundo lugar, subrayó Albarracín, "más allá del hecho de corrupción están las múltiples denuncias sobre cómo los funcionarios del Ministerio de Gobierno dirigían el curso de las audiencias en los tribunales de justicia, con la anuencia del gobierno; ha quedado al descubierto que quien administra justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino por decisión gubernamental".
Para Aguilera "lo que está claro es que el proceso judicial contra supuestos terroristas (líderes autonomistas de Santa Cruz) se ha convertido en terrorismo de Estado; el caso Ostreicher demuestra que todo es un montaje y que los procesos han servido para llenar de dinero las arcas de funcionarios del gobierno... Queda comprobado el mecanismo y el sistema implantado por altos funcionarios del gobierno para extorsionar sistemáticamente a los ciudadanos".
Con estos antecedentes, la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, que está siendo analizada en el Tribunal Constitucional, solo serviría para que funcionarios de gobierno hagan "uso y abuso" de los bienes incautados, consideró el jefe de la Bancada de CN en Diputados Luís Felipe Dorado.
La tercera lección que deja este bochornoso suceso es que la tan mentada cacería de corruptos, "caiga quien caiga", es un eslogan más de un gobierno acostumbrado a obrar de manera totalmente contraria a lo que predica.
El diputado de CN Roy Moroni propuso conformar una comisión legislativa multipartidaria para recolectar denuncias e investigar a los funcionarios públicos acusados de corrupción, pero el jefe de bancada del MAS Roberto Rojas y el senador oficialista Adolfo Mendoza descartaron esa posibilidad con el argumento de que "podría entorpecer" la labor del Órgano Judicial y "politizar" la pesquiza.
El 29 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación recomendando al Fiscal General iniciar una investigación "diligente, pronta y oportuna, sin favoritismo de ninguna naturaleza", con el fin de identificar a todos los implicados en el hecho delictivo. Los diputados instaron a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo a coadyuvar en todas las investigaciones.
Quintana informó que el Ministerio de la Presidencia recibirá denuncias sobre las actividades ilegales y el tráfico de influencias de la red delictiva en Santa Cruz, mientras que el Ministerio de Gobierno también convocó a los afectados a presentar sus denuncias en la Unidad de Transparencia de esta Cartera de Estado. Romero recalcó que su intención no es suplantar las funciones de la ministra Suxo, sino colaborar en la investigación.
Resulta que la zarina anticorrupción, que ni siquiera se enteró de que un clan mafioso se enriquecía en las narices del Presidente, ahora amenaza con procesar por "cohecho" a las nuevas víctimas de la pandilla gubernamental que se animen a contar su verdad. Lo que pasa es que la ministra Suxo está vinculada al clan mafioso, afirmó el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, condenado a 12 años de prisión por corrupción, en una entrevista con la red Erbol.
Al parecer, los cabecillas de la red de corrupción y extorsión tienen padrinos muy poderosos en el Ejecutivo y, como dice el ministro Romero, "mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia", ya que las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales asignados al caso develan su intención de favorecer a los acusados.
En la madrugada del 1 de diciembre, el juez cautelar de la causa dictaminó en primera instancia que los cabecillas de la red mafiosa Fernando Rivera y Denis Rodas sean trasladados a la cárcel de Palmasola, pero, a pedido de los acusados y de manera expedita, determinó su reclusión en celdas de la FELCC, supuestamente para precautelar su integridad física.
Además, el juez favoreció con medidas sustitutivas al ex director de Dicarbi, pese a que estaba claramente comprometido con la red, y dejó sin efecto la imputación de organización criminal contra los cabecillas de la banda, alivianando enormemente la labor de su defensa.
El 4 de diciembre, el juez Juan José Zubieta dejó en libertad al fiscal de Sustancias Controladas de Beni Roberto Carlos Achá, quien habría forzado la acusación contra Jacob Ostraicher, además de obligar a un juez a cambiar una sentencia de libertad que favorecía al ciudadano estadounidense.
Según Romero, los jueces y fiscales asignados al caso Ostreicher enviaron "sin empacho" a la cárcel a ex funcionarios administrativos de Dircabi de mando medio, y "resulta que ahora a Palmasola no van los principales acusados que son tratados con mucho beneplácito".
"Esto no puede ser, esto no puede volver a pasar, la justicia en el país debe dar sanciones drásticas como ejemplo para que esta situación no se repita. La justicia ya estaba mal desde hace mucho, pero hoy lamentamos que sigue mal, que no va con ese ritmo de cambio histórico que vive el país; elegimos a nuestras autoridades judiciales, pero todavía falta cambiar ese entorno malicioso", vociferó el Vicepresidente Álvaro García Linera.
El Vice y Romero arremeten sin piedad contra los administradores del Órgano Judicial ,que supuestamente iban a revolucionar la justicia boliviana por el solo hecho de vestir polleras, calzar ojotas y haber sido elegidos por el voto popular,, y deliberadamente desvían la atención y ocultan lo más escandaloso del caso: Los jefes de la mafia no son jueces sino hombres de confianza del "entorno" más íntimo del Poder Ejecutivo.
La propia ministra de Comunicación Amanda Dávila reconoció que los mafiosos se infiltraron en altas esferas gubernamentales porque no existe un sistema de control e investigación para la contratación de funcionarios de alto rango en los diferentes ministerios. Recién ahora Suxo quiere confeccionar una base de datos de burócratas procesados por corrupción o por deudas.
Hasta hace poco se creía que Evo Morales era solo una víctima inocente del complot permanente de los "entornos" palaciegos, pero cada día surgen nuevas denuncias y el Presidente se enreda más en la telaraña de la mega corrupción. Lo último que se supo es que el Mandatario estaba enterado de las tropelías de sus abogados, pero, como se dice vulgarmente, se hizo el loco.
En agosto de este año, el alcalde de Warnes Mario Cronembold (MAS) informó personalmente al Presidente que Rodas y Rivera lo extorsionaron "usando un poder ratificado por el ministro Carlos Romero el 3 de febrero; el 20 de julio se querellaron contra mi persona y me acusaron (por legitimación de ganancias ilícitas); le pidieron a mi esposa 50 mil dólares, no lograron sacarme plata y me metieron preso". [11]
Cronembold reclamó al Presidente Morales y al ministro Romero: "Me siguen extorsionando, hasta cuándo voy a estar con esto; por último le dije al Presidente: "si soy culpable que me vuelvan meter preso; y el Presidente me respondió: "Aguante, yo aguanté 17 años de juicios y presiones y aquí me tienes de Presidente; y entonces, yo aguanté".
Notas:
[1] El 9 de septiembre de 2011, por orden judicial se incautó 20 mil toneladas de arroz depositadas en los ingenios arroceros San Jorge, Renacer, Oriental y Gonzales de Montero, pero ahora "sólo quedan seis mil toneladas. Además, el 8 de noviembre de 2011 el jefe departamental de Dircabi Juan Ríos Ocampo y el subteniente Ariel Ocampo vendieron 273 cabezas de ganado por 125 mil dólares. También hay que tomar en cuenta las propiedades y las fanegadoras. Ya todo está perdido", denunció Justiniano.
Miguel Ángel Gutiérrez Soliz se presentaba en los ingenios arroceros como responsable de Bienes incautados, "acompañado por Jorge Vaca Justiniano, Jorge Henry Chávez Medina, portando credenciales del Ministerio de Gobierno) y el abogado Redy Edwin Villarroel. Llevaban consigo una orden de cambio de depositario judicial del arroz a favor del señor Jorge Vaca Justiniano, quienes monetizaban el arroz en millonarias sumas de dinero", detalla un documento oficial al que accedió la red Erbol.
[2] Según Romero, el único antecedente del FBI relacionado con la indagación es un informe difundido en el blog de Jacob Ostreicher, redactado por el ex agente del FBI Stephen Moore, retirado de esa agencia en 2008. El ex agente compara a Evo Morales con Al Capone en los siguientes términos:" En 1928 en la ciudad estadounidense de Chicago, Al Capone controlaba casi todos los negocios con violencia e intimidación. Por ejemplo, uno de esos negocios bajo su control era la reparación de vehículos. Si un mecánico se mudaba a Chicago y abría un negocio sin la aprobación de Capone, había violado una norma muy seria. Y si el negocio era exitoso, las cosas eran aún peores para los propietarios. Si un negocio se abría en la ciudad y era exitoso, los negocios de Capone hacían menos dinero, y el jefe perdía los pagos que necesitaba. También, la sola existencia del nuevo negocio motivaba a los otros negocios a pagar dinero por la protección. ¿Qué hubiera hecho Capone? Hubiera destruido el negocio y al mecánico. Morales opera de la misma manera con emprendimientos capitalistas que ponen en peligro sus ideas socialistas. Él ha destruido muchas empresas y a sus ejecutivos por esa misma razón, una de esas empresas es COLIAGRO y Jacob Ostreicher".
[3] Héctor Arce reconoció que Antezana está casado con la hermana de su esposa, pero "no es ni pariente mío ni pariente de mi esposa, sino vendría a ser casado con una hermana de mi esposa". El diputado del MAS recalcó que nunca tuvo relación con Antezana, pero sí contrató a su hermano, Juan Manuel Antezana, cuando fungió como presidente de la Cámara de Diputados. (Ver planilla de sueldos adjunta).
[4] El país tiene que saber que los presuntos delincuentes y miembros de la red de corrupción fueron quienes iniciaron un proceso ante el Ministerio Público contra mi persona, usando grabaciones ilegalmente obtenidas, denunció Revollo. Paradójicamente, en el proceso que activó la diputada contra Romero y sus abogados por espionaje político, ninguno de ellos fue convocado a declarar.
[5] Ya se detectaron indicios de irregularidades en el accionar de los abogados, sobre todo Boris y Denis, durante las investigaciones del caso terrorismo y el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti fue alertado del caso, pero no le dio importancia, reveló Torrico a la red Erbol.
[6] Cuando llegué a la audiencia y los matones de Boris Villegas no me dejaban entrar para que mis defendidos estén sin abogado, hice un escando y salió Villegas. Yo lo conocía de vista, pero no tenía consciencia del poder que ostentaba; me dijo: "vos no sabes quién soy yo; exaltado le contesté de forma grosera y me amenazó: "Sin mover un dedo te puedo hacer aparecer muerto", relató Bustos a la red Erbol.
[7] Antezana fue el operador directo y cobró casi 10 mil dólares por la venta irregular del arroz decomisado al empresario norteamericano.
[8] Rodríguez no pagó la coima y fue trasladada a la ciudad de La Paz, donde sufrió tres paros cardíacos, denunció su abogado defensor Fabio Jofré.
[9] Diario El Deber de Santa Cruz.
[10] Red Erbol.
[11] Cronembold reveló en una entrevista concedida a la red Erbol que después de salir de la cárcel de Palmasola, se quejó al Presidente y al ministro Romero en un encuentro de alcaldes celebrado en agosto de 2012 en el Hotel Casa Blanca de Santa Cruz.
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Que opina usted? Ariel Bracamonte: "Viviré en el extranjero por mi tranquilidad" - 10/09/2012 9:07:24

" Ariel Bracamonte tiene la decisión a largo plazo de irse a vivir al extranjero para su tranquilidad, sin importar cuál sea el resultado de la declaración de culpabilidad de su hermana Eva en el juicio por el asesinato de la madre de ambos, la empresaria Myriam Fefer.
"No es algo que defina mi destino. Aún tengo cosas que hacer. Es una decisión a largo plazo, que creo que será la más responsable y la más prudente para vivir mi vida con tranquilidad", expresó.
Bracamonte negó haber calificado como "injusta" la orden de excarcelación de su hermana, porque ello no implica que la sentencia sea a su favor.
Sin embargo, señaló que lo preocupante es que el Poder Judicial tarde tanto en dar una condena, ya que -según él- esto afecta a todos los implicados en el proceso.
El hijo de Myriam Fefer, estimó que la sentencia será dentro de 3 a 4 semanas como máximo y opinó que "nunca se sabe si se hará justicia" en el fallo contra su hermana.
Ariel Bracamonte remarcó que existen indicios y pruebas necesarias para resolver el caso. "Esperemos que la sentencia sea justa", concluyó.
Eva Bracamonte y Liliana Castro serán excarceladas por exceder el límite de permanencia en cárcel sin sentencia, se espera su salida del Penal de Mujeres de Chorrillos en las próximas horas.
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