sábado, 5 de abril de 2014

El homicidio culposo y El Poder Judicial

Información: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera - 14/02/2014 11:05:32

"Un caso de criminalización de la protesta ganado: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera
Por Janelle J. Rocca Galarza (*)
Lo que leerá es una historia surrealista.
Primero: una empresa minera decide meterse a realizar actividad minera en un territorio de unas comunidades campesinas, a pesar de no contar con licencia social y no haber realizado la consulta previa con las comunidades campesinas dueñas del territorio donde pretende explorar.
Segundo: la comunidad decide denunciar ante las autoridades del Estado que esta empresa minera se ha metido a su propiedad sin permiso, sin resultados concretos.
Tercero: cansados de la indiferencia del Estado, las comunidades deciden defender su territorio, contra la intrusión de esta empresa, y son increíblemente procesados penalmente por el sistema de justicia.
En resumen, es como si el delincuente que se ha metido a la fuerza a tu casa sin permiso, te denuncia por sacarlo a la fuerza, luego que ninguna autoridad ha cumplido con defenderte. A continuación un caso real que acaba de ocurrir en Huancavelica:
El distrito de Secclla, ubicado en la provincia de Angaraes, región Huanvelica, se encuentra conformado por las comunidades campesinas de Secclla, Allarpo , Chillama, Atuna , Quihuay, Ccochatay, Eccana, Maray, Quispicancha, Pucamaray, Antamachay, Rupasccahuasi, Tranca, Huaraccopata.
Al igual que todo pueblo de nuestra región andina, los habitantes de Secclla se dedican a la agricultura y ganadería; siendo hereditarios de paisajes serranos inolvidables y donde se encuentran las nacientes de muchos ríos de la zona. Así tenemos, que en el paraje de Pampamali se ubican las cabeceras de cuenca de los ríos Atuna y Sicra, el primero, alimenta a las zonas bajas del distrito de Secclla, mientras que el segundo, al distrito de Lircay.
Pero al igual que todos los distritos de nuestra serranía peruana, el de Secclla no es ajeno a la problemática de conflictividad social que aqueja al país en la actualidad, dado que gran parte de su territorio se encuentra concesionado para la explotación minera.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus reportes mensuales de conflictos sociales, ha registrado que en este distrito existe un conflicto social permanente desde el año 2007, no obstante, el origen del mismo, se remonta allá por el año 2002, en que la Compañía Minera Pampamali S.A. (COMIPSA), inicia sus operaciones de exploración y explotación en el paraje Pampamali -que como ya hemos mencionado- el cual es zona de las nacientes de los ríos Sicra y Atuna.
Ahora bien, como es común en todos los casos de otorgamiento de concesiones mineras y de autorizaciones para el inicio de actividades de exploración y explotación por parte del Estado peruano dentro de los territorios de las comunidades campesinas, existe una vulneración permanente del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como el derecho al territorio, a la libre autodeterminación, entre otros; situación que ha desembocado actualmente en una creciente ola de conflictos sociales a nivel nacional, siendo los más frecuentes los de tipo socioambientales ligados con la industria minera.
Dentro de este contexto, se enmarca la problemática de conflictividad social suscitada entre las diferentes comunidades campesinas del sur de la provincia de Angaraes ,en especial, del distrito de Secclla- contra COMIPSA durante los días 06 al 24 de noviembre de 2007, fechas en las que deciden realizar varias jornadas de manifestaciones pacíficas en los alrededores de las instalaciones del campamento minero, a efectos de exigirle a ésta el retiro definitivo de sus territorios comunales y el cese de sus operaciones por no cumplir con las normas ambientales y mineras, además de haber vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Las jornadas de protestas que se desarrollaron durante cerca a un mes en el paraje de Pampamali, donde se generaron actos de violencia contra la población por parte de los trabajadores de la empresa (1), concluyeron con el retiro de las instalaciones del campamento minero de COMIPSA, en vista que se determinó la realización de sus actividades mineras de manera ilegal e irregular.
No obstante, a pesar que COMIPSA inició y desarrolló sus operaciones mineras vulnerando diversos derechos fundamentales de las comunidades campesinas de la zona, además de haber transgredido el ordenamiento jurídico (2) y haber generado un clima de conflictividad social, la referida empresa decide denunciar penalmente a varios pobladores, entre ellos, dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, denuncia que es formalizada contra 16 de ellos por parte de la Fiscalía Mixta de Angaraes, a cargo del Dr. Henry Mamani Valdivia.
Las investigaciones, a nivel preliminar y judicial, se llevaron a cabo por más de 04 años, concluyéndose con un dictamen acusatorio y una requisitoria oral condenatoria por parte de la Fiscalía de Huancavelica, a cargo del Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez, de los 16 procesados por los delitos de secuestro, robo agravado, coacción, entre otros y solicitando penas excesivas y desproporcionales de hasta 35 años de cárcel para varios de los acusados.
Sobre el particular, es necesario destacar que al momento de efectuar su requisitoria oral, el representante del Ministerio Público de Huancavelica desconoció e ignoró totalmente el contexto político y social por el cual se desarrollaron los hechos de los días 06 al 24 de noviembre de 2007 y que fueron materia del referido proceso penal, así como no tomó en cuenta la práctica y el uso recurrente, como forma de amedrentamiento, del aparato punitivo por parte de COMIPSA contra los dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, que desde más de 11 años han venido exigiendo a esta empresa el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto de sus derechos fundamentales.
El juicio oral duró como cerca de 06 meses, concluyendo este miércoles 05 de febrero con la absolución total de los 14 procesados (3), dado que la Sala Penal de Huancavelica no logró encontrar suficientes medios probatorios que pudieran enervar el principio de inocencia de los acusados.
Sin embargo, consideramos que el Poder Judicial de Huancavelica perdió una importante oportunidad para pronunciarse y sentar una valiosa jurisprudencia , como en su momento lo hiciera la Sala Penal de Iquitos en el famoso caso Andoas- sobre uno más de los casos de criminalización de la protesta social que se ponen en evidencia en un contexto de conflictividad social que atraviesa el país. Lastimosamente, esta Sala Penal , al igual que el Ministerio Público- intentó abstraer y desvincular el caso de su real contexto político y social, y lo analizó como si fuera un mero caso delincuencial cotidiano.
El conflicto en la zona aún sigue latente y COMIPSA continúa haciendo uso del aparato punitivo para perseguir a los dirigentes, líderes y autoridades del distrito de Secclla. La justicia Huancavelicana todavía tiene la oportunidad de tocar los orígenes de este conflicto y lograr encaminarlo por el sendero respectivo.
(*) Abogada de los 14 procesados y miembro de la Asociación Civil "Colectivo por la Madre Tierra , COMTERRA".
Fuente: JusticiaViva
Notas
Producto de los actos de violencia, hubieron dos heridos, uno de ellos de gravedad que posteriormente le generó la muerte. Los responsables han sido sancionados por el delito de homicidio culposo, en la actualidad, se encuentran libres.
Es importante destacar que COMIPSA inicia sus operaciones en el 2002 sin contar con la certificación ambiental respectiva. Para el 2007 no contaba con la autorización, otorgada por la ANA. para el uso de aguas superficiales ni la de vertimientos de aguas residuales tratadas; además no tenía la autorización por parte de las comunidades para el uso del terreno superficial.
Los procesados César Cuadros Roiro y Carlos Candiotti Valenzuela, fallecieron en el transcurso en que se desarrolló la investigación judicial.

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Poder Judicial

Que opina? Poder Judicial ordenó encarcelamiento de chofer que atropelló a policía - 27/02/2012 17:19:09

Un proceso instructivo se abrió contra "Segundo Silva":http://elcomercio.pe/tag/351638/segundo-pedro-silva-guerra (33) por los delitos de Homicidio culposo y Lesiones culposas. Alférez sigue grave
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Información: Policial: Chofer que mató a 2 a la cárcel de Cañete - 08/10/2011 23:07:00

" Percy Moscol fue denunciado por homicidio culposo
Ya está tras las rejas. Tras pernoctar en la carceleta del Ministerio Público, Percy Moscol Gómez (31), el imprudente conductor que ocasionó la muerte de dos personas en la vía expresa, será recluido en el Penal de Cañete, informó su abogado Miro Toledo.
En el transcurso del día, el detenido había sido trasladado a la carceleta del Poder Judicial, de donde será trasladado a Cañete, siempre fuertemente resguardado por policías. De no haber sido llevado anoche, será llevado hoy en la mañana,
Moscol prefirió esta vez cubrirse el rostro con una frazada. Su internamiento en dicho penal fue ordenado por el 24 Juzgado Penal con Reos en Cárcel que lo denunció por homicidio culposo y contra la administración pública y jurisdiccional por abandonar el lugar de los hechos (fuga). Podría ser condenado a 25 años de prisión.
En tanto, Hugo Acosta, abogado de los deudos, denunció que Miro Tudela, defensor de Moscol, pretendió cambiar la versión de David Chaparro, copiloto de Moscol y quien lo acusó estar ebrio en el momento del accidente, ocurrido el pasado 24 de setiembre.
""El abogado del agraviado envió un emisor para ese fin"", apuntó Acosta, quien dijo que pedirá a la fiscalía investigar a Ricaro López, el amigo de Moscol con el que supuestamente competía en una carrera (pique).
De otro lado, la enfermera Elizabeth Rosales (34), quien quedó gravemente herida tras el accidente ocurrido el pasado 24 de setiembre, salió de alta ayer del hospital Casimiro Ulloa.
No obstante, aún no está recuperada. Su madre, Teolinda Valverde, explicó que decidió trasladarla a su domicilio porque en dicho nosocomio ""estaba en riesgo de contraer alguna infección"".
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Interesante, Tercera detención de dirigentes mineros evidencia presión de Minera Casapalca - 27/01/2011 11:59:12

"Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos , APRODEH, y la CGTP denunciaron la persecución judicial desatada contra los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Mineros de Casapalca, Pedro Condori y Antonio Quispe, secretario y subsecretario, detenidos por tercera vez sin prueba alguna, simplemente por defender sus derechos ante los abusos de la empresa minera.
A pesar de no tener pruebas, la Fiscalía y el Juzgado de Matucana han denunciado y dictado sucesivas órdenes de detención, cargos que fueron sucesivamente archivados al no determinarse responsabilidad alguna de los dirigentes. Sin embargo un nuevo proceso acaba de ser abierto por el supuesto delito de resistencia y violencia contra la autoridad en donde el supuesto agraviado es el cuestionado fiscal de Matucana Santos Huamán
Bobadillo.
La abogada Marlene Román señaló que este cargo carece de sentido pues "Tras la trágica muerte de un minero en un accidente de trabajo, la policía quiso levantar el cuerpo sin la presencia de un fiscal. Los dirigentes se opusieron y recibieron la orden de seguir trabajando como si no hubiera sucedido nada. La oposición de los dirigentes al levantamiento fue considerada un acto violento y motivó la denuncia el fiscal quien tomó únicamente la versión de la empresa, para luego el Juez de Huarochiri ordenara la detención contra los dirigentes", señaló.
El juez fundamentó la detención en base a los otros procesos por supuestos delitos de "disturbios", "homicidio culposo" y "entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos", sin tener en cuenta que fue el mismo poder judicial quien los archivó por ausencia de pruebas.
Por su parte la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Silvia Loli, remarcó que no es la primera vez que se evita que sindicalistas quieran mejorar su situación laboral. El año pasado también se abogó por la persecución penal de la que eran víctimas por la defensa de sus derechos.
Lamentablemente, el Estado criminaliza cualquier reclamo. Cómo pretender que sigan trabajando cuando un compañero está muerto, era un reclamo justo.
A su vez Miguel Jugo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señaló que los dirigentes están pagando el precio de fundar un sindicato minero. Minera Casapalca no sólo es cuestionada por sus trabajadores sino por la Sociedad Nacional de Minería, es decir es una empresa con una pésima carta de presentación.
Por su parte, el representante del Sindicato de Trabajadores Mineros de Casapalca, Víctor Palomino, anunció la realización de una huelga indefinida a partir de mañana que incluye una marcha de sacrifico hacia Lima hasta lograr la liberación de sus compañeros. Finalmente, el representante de la CGTP, señaló que este hecho no es el único atropello contra la actividad sindical en el país.
Jesús María, 26 de enero del 2011

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Cine y Television

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