Gestión Pública del Perú y el Mundo: Cuando ser ladrón es un buen negocio y Justicia popular

Interesante, Cuando ser ladrón es un buen negocio - 20/05/2014 22:14:37

"El fracaso de los sistemas de control en el Perú Ojalá que la elección de hoy en el Congreso de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), para reemplazar a los que su mandato venció hace mucho, ayude a que esta entidad fundamental deje de parecer un quiosco provisional sin la reputación que alguna vez tuvo. Esto obedece a la precariedad de dichos magistrados pero, también, y principalmente, a un comportamiento sospechoso que llevó a muchos a pensar ,como se dijo en el Congreso, que algunas sentencias del TC se subastan al mejor postor. El actual TC tiene una reputación calamitosa que coincide en un contexto en el que el sistema general de justicia peruano proyecta una elevadísima desconfianza en donde la palabra "justicia" parece un sarcasmo. Una expresión de ello es lo que pasa en los gobiernos regionales en los que cada día se destapa un nuevo caso de corrupción, desde Áncash, hasta Tumbes, pasando por Cajamarca, por solo mencionar a tres que están en los titulares de estos días. Pero todos saben que ese desmadre es más amplio y que, además, no solo se produce en la instancia regional sino, también, en los municipios provinciales y distritales. Sería injusto, sin embargo, pensar que la corrupción solo ocurre fuera de Lima cuando es evidente que en la capital el problema es similar, tanto en los municipios como en muchas otras instancias políticas y administrativas. En casi todas. Hoy los peruanos tenemos la sensación de que la corrupción se ha generalizado y de que muchos se están levantando el país en peso. Pero lo que no deja de sorprender es por qué resulta tan sencillo robar durante tanto tiempo en el sector público, como ha sucedido, por ejemplo, en Áncash. Esto se puede explicar por dos razones principales. Primero, porque esos delincuentes están apapachados por políticos de la capital que los ven como caudillos locales que les sirven de aliados para sus objetivos a nivel nacional. Segundo, porque los sistemas de control y fiscalización tienen serias limitaciones para actuar oportunamente con el fin de evitar el asalto al erario con impunidad. En este sentido, es evidente, por casos como la mafia ancashina, que ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni el Congreso, ni el MEF, entre otras entidades, han sido capaces de contar con un sistema que les permita actuar oportunamente para erradicar la creencia extendida en el Estado peruano de que ser ladrón es un buen negocio porque no te atrapan. Ojalá que la elección del nuevo TC, hoy en el Congreso, sea un paso para al menos empezar a ilusionarse con que la justicia no es un sueño imposible en el Perú.
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Que opina? Justicia popular - 06/05/2014 23:23:29

"El severo desprestigio del sistema integral de justicia. Es un avance el acuerdo para presentar al pleno del Congreso nueve candidaturas para las seis plazas pendientes desde hace tiempo en el Tribunal Constitucional (TC), pero eso no debe impedir el reconocimiento de que el sistema integral de justicia peruano atraviesa por un desprestigio profundo que proyecta desconfianza en la ciudadanía. Empezando por el propio TC, cuyo comportamiento sinuoso despierta sospecha de que algunas de sus decisiones no se sustenten en el derecho sino en la billetera de algunos de sus magistrados. Y como desde hace tiempo seis de siete de ellos tienen el mandato vencido sin que el Congreso los reemplace, cada nueva decisión parece "la del estribo", con todo lo que esto puede significar. La institución con la que hoy está enfrentado el TC, el Consejo Nacional de la Magistratura, tampoco destaca por su transparencia, como lo demostró el informe de Ricardo Uceda de ayer en La República, varias de cuyas designaciones en el Poder Judicial y la Fiscalía solo parecen proceder de cuchipandas. La razón de la pelea es el control del Ministerio Público, una entidad crucial pero con señales de descomposición por el intento de capturarla por parte del crimen organizado y de intereses políticos que quieren usarlo para enjuagar delitos y como ariete contra el adversario de turno. El Poder Judicial no escapa al problema. Hay juezas y jueces honestos, por supuesto, como en todas las instituciones antes mencionadas, pero estas personas conviven con delincuentes con toga que usan la justicia como ganzúa para llenarse los bolsillos de dinero indebido. La Policía, por su parte, que significa la presencia más cercana del Estado al ciudadano, está gravemente infectada por la corrupción y no es, lamentablemente, una institución que proyecte confianza en la gente, sino todo lo contrario. A su vez, muchos abogados se encargan del funcionamiento del sistema, "aceitándolo" en el monto correcto para no tener que pagar demás. Así las cosas, el país debiera reconocer que, no obstante el progreso y modernización que se observan en la economía, incluyendo la continuación de la reducción de la pobreza, hay en paralelo un deterioro institucional muy grave que sigue creciendo como amenaza que frena el avance peruano. En este contexto, a nadie debiera sorprender que los linchamientos se usen cada vez con más frecuencia, en muchas partes del país, como una especie de privatización a lo bestia de la administración de justicia. Hace justo una década, el linchamiento del alcalde de Ilave horrorizó a todos, pero hoy esta forma de "justicia popular" se ha vuelto parte del paisaje cotidiano en muchas partes sin que ya casi nadie se impresione.
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Interesante, La Ley de Promoción del Sector Agrario en debate - 17/11/2011 10:07:35

"También con control de actividades del empleador agrario informal
No hay primera sin segunda. Durante los 10 años de vigencia de la Ley Nº 27360 (Ley de Promoción del Sector Agrario), distintos parlamentos han tratado de modificar el artículo laboral que establece un régimen de trabajo diferenciado de pago integrado de CTS y Gratificaciones dentro del básico, así como el goce de 15 días anuales de vacaciones y el pago de media remuneración por indemnización por despido arbitrario.
La coyuntura de estas pretensiones legislativas radica en que en el anterior periodo legislativo del 2006,2011, existían tres proyectos legislativos de modificación, de los que dos de ellos correspondían a grupos políticos minoritarios que, por ende, no tuvieron eco. Como el Parlamento ha sido renovado, las referidas iniciativas fueron archivadas, pero a poco más de dos meses de la legislatura del nuevo y actual Congreso, hoy existen cuatro proyectos de ley que pretendern modificar al referido artículo laboral de la Ley Nº 27360.
Modificación prematura
Pese a ello, sería prematuro modificar el artículo laboral de la Ley Nº 27360 debido a que se trata de una norma temporal que ya tiene fecha expresa de término, pues por mandato legal estará vigente hasta el año 2021, y porque la referida ley carece de problemas de constitucionalidad, ya que el Tribunal Constitucional (TC) ha determinado que la referida norma no es discriminatoria.
En efecto, la Ley Nº 27360 es una norma de promoción al sector agrícola, ámbito que por siglos ha estado dentro del margen de la informalidad laboral, y que recién desde hace poco más de 10 años está promocionándose de manera exitosa (durante los últimos quinquenios las agroexportaciones crecieron más de 15 veces, generando por ejemplo que Ica sea una región con pleno empleo). Este proceso aún no ha culminado, puesto que de cada cinco trabajadores de todos los sectores económicos del país solo uno está en la planilla laboral, de modo que si se llega a modificar la Ley, la distancia entre la formalidad y la realidad se volverá a extender, puesto que el problema real de la informalidad no habita en las empresas formales, sino en las que no lo son; es decir, en aquellos lugares a los que no llega un inspector o un juez de trabajo, en zonas geográficamente excluidas de la fiscalización, de modo que la inclusión no se logrará anticipando el término de una ley sino extendiendo el radio de acción del control de las actividades del empleador agrario informal.
Finalmente, es muy posible que la ley sea modificada, pero si la brújula nos indica que la política laboral debe ser inclusiva, entonces es necesario considerar a aquella inmensa mayoría a quienes la ley vigente no la refleja en sus remuneraciones por el problema de la informalidad, de modo que la brújula debiera orientarse hacia ese lado, y dejar que los sindicatos de las empresas formales se fortalezcan dentro del ámbito estricto de la legalidad.
Parlamento
La Comisión de Trabajo del Congreso decidió debatir un predictamen que modifica el régimen de la Ley N° 27360 de promoción del sector agrario, y que plantea restituir diversos derechos laborales a los trabajadores del campo.
Miembros de esta comisión legislativa adelantaron que debatirán un predictamen sobre el tema y también otras propuestas para eliminar el régimen.
Para el debate, la comisón ha invitado a gremios como Adex.
Decisiones de la justicia peruana
La justicia peruana ha emitido importantes sentencias que sintonizan con este desarrollo agrario, pues no solo desestimó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 27360, sino que también determinó que las formas de contratación utilizadas en este sector son legales, como el contrato intermitente y de exportación no tradicional, estableciendo que pueden suscribirse por más de cinco años, sin que ello implique que se desnaturalicen en la medida que se cumpla con la causa objetiva de contratación.
Así, si modifican la Ley N° 27360, beneficiará a los trabajadores formales del sector, pero esta buena intención no alcanzará a los informales, por lo cual sería excluyente y no inclusiva.
Importancia
El sector agrario (formal e informal) es la principal fuente generadora de empleo en el Perú, pues acogió al 26% de la PEA en 2010 y es el sector que más aporta al valor agregado bruto en nueve de las 24 regiones del país, y es el que ha hecho que el país sea conocido como exportador durante la pasada década.
Al 2007, según ADEX, el sector formal agrario exportador tenía 200,000 trabajadores en todo el país y para el INEI, agrupa a tres millones de personas a escalal nacional, de modo que el problema no es el artículo laboral de la Ley N° 27360, sino aquel grupo mayoritario al cual en muchos casos no se le aplica el referido artículo.
El Peruano (17/11/2011)
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