lunes, 4 de agosto de 2014

dicta 18 meses de prisión preventiva para presidente regional de Loreto y EL INICIO DEL FIN DE ORELLANA

Noticia, PJ dicta 18 meses de prisión preventiva para presidente regional de Loreto - 19/07/2014 7:33:29

"Yván Vásquez Valera no se presentó a la audiencia pública en la que la jueza Erika Iberico emitió la resolución. Magistrada también incluyó a otros siete implicados por presuntos malos manejos en el Gobierno Regional de Loreto.
Rosa Cárdenas Iquitos Yván Vásquez Valera, presidente regional de Loreto, se sumó a la lista de autoridades del interior del país detenidas mientras son investigadas por la presunta comisión de delitos de corrupción. Ayer, la jueza Erika Iberico Vega, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto, dictó 18 meses de prisión preventiva para Vásquez Valera y otros siete imputados tras escuchar la imputación del Ministerio Público. Sin embargo, los investigados no se presentaron ayer, pasando a la clandestinidad, por lo que se espera la búsqueda y captura para el internamiento de todos los inculpados en el Penal Guayabamba de Iquitos, como dispone la jueza en su resolución. Solo sus abogados asistieron a la audiencia pública, que concitó gran interés de los pobladores, tanto de los críticos y adversarios políticos de la autoridad regional como de su portátil, que llegó a la sede del juzgado de la ciudad. COLUSIÓN AGRAVADA Los ocho implicados son investigados por el delito de colusión agravada. Ellos habrían beneficiado a una empresa en una licitación pública para la adquisición de cuatro lanchas de gran tonelaje, conocidas como ""motochatas"", valorizadas en más de 8 millones de soles. La jueza también ordenó la prisión preventiva para Áureo Roque Sánchez, Ramiro Ramírez Saavedra y Carlos Díaz Flores, del Comité Especial de Contrataciones; además, Luis Ramírez Soto, Edwin León Valverde Alcóser, Clarisa Janeth Díaz Tavares y Esthephanie Villacorta Villafuerte, vinculados a Maquinarias Amazónicas S.A.C. RAZONES La jueza Iberico argumentó que hay ""fundados elementos de convicción en la comisión del delito de colusión agravada"" por Vásquez Valera y los otros siete coinvestigados. En esa línea, subrayó que la supuesta comisión de actos irregulares demuestran que los funcionarios de la región Loreto y el consorcio ganador de la licitación pública ""concertaron"" para darle la buena pro a dicha empresa. ""En el caso del imputado Vásquez Valera, pese a su investidura, ha coadyuvado a dar como ganador del concurso público al consorcio Atlantic Internacional Sudamérica E.I.R.L, pese a la existencia de elementos que demuestran graves irregularidades en el proceso de buena pro. Vásquez nombró a los integrantes del comité especial encargado de la licitación, pero ahora pretende desconocer su responsabilidad", afirmó la jueza. Enfatizó en que existe ""peligro obstruccionista"" en las investigaciones por la autoridad regional y que, además, la pena supera los cuatro años de prisión efectiva. ACUSACIÓN En la exposición de su acusación, el fiscal Paul Peralta Chota dijo que los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto ""se habrían concertado"" a fin de hacer ganador al consorcio Atlantic Internacional Sudamérica E.I.R.L. ""Existen fotografías y documentos que acreditan que las embarcaciones estaban siendo construidas antes de lanzarse la licitación. Además, hay una serie de irregularidades en el proceso de selección como la admisión de una empresa fantasma que integró el consorcio ganador"", añadió. VÁSQUEZ ES LA QUINTA AUTORIDAD REGIONAL CON PRISIÓN PREVENTIVA Yván Vásquez, presidente regional de Loreto, es la quinta autoridad del interior del país investigados por presuntos actos de corrupción. Gregorio Santos (Cajamarca), César Álvarez (Áncash), Kléver Meléndez (Cerro de Pasco) y Gerardo Viñas (Tumbes) se encuentran también bajo el mandato de detención preventiva. Al igual que Vásquez, Viñas se encuentra prófugo de la justicia. En la víspera, el abogado del presidente regional de Loreto dijo que en caso el fallo de la juez salga desfavorable para sus intereses, no se pondría a derecho. Además, negó que existen pruebas que involucren a su patrocinado. El letrado apeló a la decisión de la jueza.
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La justicia

Información: EL INICIO DEL FIN DE ORELLANA - 01/07/2014 19:32:11

" Esta tarde, la Sala Penal Nacional dictó orden de detención contra el abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo y otras 24 personas, por un proceso judicial por lavado de activos. Al cierre de este post, ya había sido capturado Benedicto Jiménez, principal abogado de Orellana y vocero mediático de su organización. Mientras que Heriberto Benítez, el congresista más vinculado con este personaje, anunció que el empresario evalúa su entrega a la justicia.
El nombre de Orellana ha sido uno de los mas mentados en las redacciones peruanas en los últimos años. Diversos medios de comunicación han informado sobre las investigaciones que tiene por presuntas vinculaciones con lavado de activos, influencias judiciales, un rosario de denuncias sobre tráfico y apropiación ilícita de terrenos - donde las víctimas van desde empresarios argentinos, pasando por la Fundación por los Niños del Perú, hasta la Municipalidad de San Borja -, el otorgamiento de cartas fianza sin autorización de la SBS y posibles conexiones con personas vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, se le ha implicado en el caso de corrupción regional más grande: La Centralita de Ancash. Como recogió Espacio 360:
Orellana aparece en el listado de asociación ilícita para delinquir junto a César Álvarez, Heriberto Benítez, Víctor Crisólogo, Martín Belaunde, y otras 112 personas. Todos en calidad de coautor. El abogado también aparece en el cuadro de "interceptación telefónica", donde solo lo acompaña César Álvarez.
Ya en la sustentación se especifica las imputaciones a Orellana: "Habría conformado una organización criminal destinada a cometer actos de corrupción, formando parte de la cúpula de la misma; habría estado encargado del suministro de información obtenida mediante interceptaciones telefónicas; así como de beneficiarse en determinadas obras del Gobierno Regional de Áncash", dice el informe en su página 10.
Más adelante, en la página 18, se especifica sobre su participación en lo que respecta a interceptación telefónica: "Habría sido el encargado de obtener, vía interceptaciones telefónicas, conversaciones privadas de personas opositoras a la gestión del presidente regional de Áncash y, posteriormente, de entregarlas en discos a Heriberto Benítez quien, a su vez, las habría entregado a Jorge Burgos Guanilo, quien dirigía "La Centralita", para que este las transcribiera y editara en dicho local y fueran, finalmente, entregados a los medios de comunicación y periodistas asalariados de la organización criminal con fines de desprestigio de los opositores".
De hecho, una investigación publicada por ATV hace algunos años apuntó a la organización de Orellana como la posible responsable del espionaje telefónico a Lourdes Flores que terminó en los famosos "potoaudios" difundidos durante la campaña electoral de 2010. Lourdes es abogada de la Fundación por los Niños del Perú, una de las afectadas por Orellana.
Los vínculos políticos de Orellana no quedaron en Álvarez y Benites. En 2006, el abogado y empresario formó parte de la lista de regidores metropolitanos del APRA, que tenía como cabeza de lista a Benedicto Jiménez. Mientras que Espacio 360 contó que un asesor del despacho del congresista Javier Velásquez Quesquén aparecía vinculado al controvertido hombre de negocios. Y, el sábado último, La República indicó que el hombre detrás de las Boticas del Pueblo, Hugo Díaz Lozano, fue socio del empresario.
Sus influencias llegaron hasta el Ministerio Público. Ricardo Uceda denunció durante varias semanas las conexiones de Orellana con un asesor del exfiscal de la Nación José Pelaez Bardales. El actual Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, tuvo que reconocer que se había reunido con el empresario. Y durante las semanas previas para la elección del nuevo titular del MP, la revista Juez Justo - dirigida por Jiménez - apoyó a Ramos y a Pelaez como posibles fichas en dicha elección.
Allí no quedaba la cosa. Como indicó hace semanas Rosa María Palacios:
Orellana posee un palo y una zanahoria. La zanahoria es la Fundación Orellana que dice regalar 100 becas universitarias anuales y hacer otras obritas de bien social, por supuesto, con alcaldes y otras autoridades. El palo es su boletín personal llamado "Juez Justo", dedicado básicamente a insultar a todo aquel que considera siquiera sospechosa su conducta. Por supuesto, la doctora Julia Príncipe es una de las víctimas favoritas, así como lo son la veintena de periodistas querellados por hacer trabajos de investigación sobre sus delitos y a quien este sujeto cree, con arrogancia, puede amedrentar usando al Poder Judicial y un pasquín de ínfima.
Como decíamos, todos estos temas hicieron que Orellana fuera bastante mencionado en las salas de redacción. Pero también un hecho adicional: el empresario querelló a más de dos decenas de periodistas de diversos medios que mencionaron sus casos y lo investigaron. La lista comprende a Augusto Álvarez Rodrich, Uceda, Milagros Leiva, Marco Vásquez, Enrique y Marco Zileri, César Romero, entre otros. Recientemente, el Centro Liber, liderado por el exprocurador Julio Arbizu, presentó un escrito ante el Poder Judicial evidenciando el uso indebido de las querellas para amedrentar periodistas. Luego de este escrito, Orellana anunció la semana pasada el desistimiento de todas las denuncias en contra de los periodistas.
Puestas así las cosas, uno se explica porque se emitió la orden de captura contra Orellana el día de hoy. Pero también, precisamente, porque había quedado en la más absoluta impunidad hasta el momento.
(Foto: Peru.21)
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Que opina usted? Absuelven a dirigente ayacuchano Magno Ortega - 12/10/2010 15:01:27

"Por supuesto delito contra la tranquilidad pública en el 2004.
El dirigente Magno Ortega Quispe, que fuera juzgado junto a otros dirigentes del magisterio y organizaciones populares de Ayacucho por el supuesto delito contra la tranquilidad pública, fue absuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El 1ro de Julio de ese año, se produjo el desalojo de los locales tomados por ciudadanos y el magisterio (Local de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Dirección Regional de Educación- DREA, Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga-UGEL). Con esta medida de lucha se exigía el diálogo entre el Ministerio de Educación, la Comisión de Educación del Congreso de la República y el SUTEP; para la solución a las demandas del magisterio y la derogatoria del D.L. 28044, que promueve la privatización de la escuela pública.
El desalojo violento tuvo como respuesta la declaratoria de un Paro Regional de Emergencia, que desbordó a la dirigencia del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, produciéndose el incendio entre otros de los locales de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Gobierno Regional y Poder Judicial. Estos lamentables sucesos trajeron como consecuencia el encarcelamiento, la persecución y enjuiciamiento de algunos dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y del magisterio.
La absolución de Magno Ortega Quispe, y los acusados: Mery Llactarimay Sicha, William Ordoñez Conde, Marco Antonio Yangaly Conde, Robert Custodio Huaynalaya Camposano y otros, se suma a las anteriores absoluciones y separación del caso de los procesados por los sucesos del 1ro. de julio del 2004. De esta manera la verdad se ha abierto paso y la justicia llega a la familia de Magno Ortega después de 6 largos años de espera y persistencia, en la que los dirigentes sufrieron restricciones en su accionar como tales.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera esta absolución como un paso importante para el proceso de verdad y justicia. No se puede criminalizar ni procesar a quienes reclaman sus justos derechos. Asimismo hace llegar su reconocimiento a las organizaciones de Ayacucho y del país, que velan por el respeto de los derechos fundamentales como bases de una sociedad tolerante y sin violencia.
Lima, 12 de octubre de 2010.

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