El Poder Judicial y Las medidas cautelares

El Poder Judicial y Las medidas cautelares

Interesante, Intrigas en la pesca - 10/03/2012 1:19:37

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Por Milagros Salazar.-
La fachada del local de la Sociedad Nacional de Pesquería, en la cuadra 24 de Javier Prado Oeste, era de un apropiado color azul marino. Ese no era, sin embargo, el color que describiría mejor el ánimo de los miembros del Consejo Directivo que participaron en la reunión del 28 de febrero pasado, que empezó hacia el mediodía.
Las dos convocatorias a la ?sesión extraordinaria?, la primera del año, firmadas por la gerente general Viveca Amorós, mencionaban hasta tres temas de discusión. Al final, el asunto predominante se discutió con áspera brevedad y culminó en una decisión remecedora. Exalmar, una de las compañías más grandes de pesca en el Perú, fue expulsada de la Sociedad Nacional de Pesquería.
El acuerdo, bajo el relativo eufemismo de ?exclusión? en lugar de expulsión, se tomó alrededor de la una de la tarde. En ese momento, tanto el presidente ejecutivo de Exalmar, Víctor Matta Curotto, como la gerente general, Rossana Ortiz Rodríguez, se levantaron, dijeron ?no tenemos nada que hacer aquí?, y se fueron.
La decisión, en los hechos, ya estaba tomada. El punto de quiebre se dio en una tormentosa discusión en el Comité de Ética de la SNP el 15 de febrero.
Ahí se discutió la acusación de que Exalmar había comprado, durante la última temporada de pesca, la carga a las naves Jamil y Pontevedra, que pertenecen a la empresa Faenas Pesqueras. Uno de los barcos de esta empresa, Bibaco 24 (con matrícula N? CE-8178-CM), opera bajo el amparo de una medida cautelar.
Naves pesqueras en el puerto de Chimbote (Foto: IDL-Reporteros).

Sucede que en noviembre de 2010, la SNP acordó que ninguno de sus asociados podría comprar las cargas de anchoveta de las naves que operaban con permisos (medidas cautelares) obtenidos en el Poder Judicial. Hasta entonces, casi todas las empresas del gremio le compraban a estas embarcaciones. (Ver detalles en la infografía). Según la explicación que dio el entonces presidente de la SNP, Humberto Speziani, los indicios de corrupción y malas maniobras en varios casos de naves que operaban bajo medidas judiciales ?denunciados por el entonces ministro de la Producción, Jorge Villasante? los llevó a tomar esa decisión para, según lo parafraseó un diario, ?desligar al gremio pesquero de cualquier acto vinculado con la corrupción?.
Más de un año después, Exalmar iba a ser la primera sancionada por, supuestamente, violar ese acuerdo.
Pero al empezar la discusión, el 15 de febrero, la gerente general de Exalmar, Rossana Ortiz, una mujer de carácter recio, pasó al contraataque. ¿De qué la acusaban? increpó especialmente a Speziani y a Ricardo Bernales, ejecutivo de Pesquera Diamante y primer vicepresidente de la SNP. ¿De comprar la pesca de las naves Jamil y Pontevedra? Ninguna de ellas, dijo, pescaba con mandato judicial, sus licencias estaban en orden. Lo que le contestaron, según recordó después Ortiz en entrevista con IDL-R, fue que ?esas naves son hermanas de la Bibaco24, que opera con medidas judiciales. Están manchadas porque pertenecen a la misma empresa?.
??Eso no es correcto!? dijo Ortiz a IDL-R, ?si mi hermano roba, eso es problema de mi hermano??. Según fuentes presentes en la discusión, Ortiz increpó a Speziani y Bernales que si la iban a sancionar por comprar pesca de compañías con naves protegidas por mandato judicial, debían sancionar igual a las empresas que ellos representaban: TASA y Pesquera Diamante.
El empresario pesquero ?scar Peña, conocido como el ?rey de las medidas cautelares? (Foto: Portal Hípico Peruano).
Sucede que ambas compañías compraron anchoveta a las naves de ?scar Peña, conocido como ?el rey de las medidas cautelares? y gerente general de LSA Enterprises Perú S.A.C. y Hope Business S.A.C. Peña tiene como parte de su flota a Doña Licha II que no solo ha pescado con medidas cautelares sino, en los últimos meses, de manera completamente ilegal.
Speziani se defendió, de acuerdo con fuentes presentes en la discusión, con un argumento especioso: que si vetaban a Peña podían acusar a la SNP, de ?concertación?.
Un correo electrónico enviado por Speziani a los agremiados, el 23 de noviembre, lo confirma: ?Estoy en desacuerdo de considerar (en la lista negra) a un solo armador, como se podría inferir en el pedido, por razones de equidad?.
Veamos cómo funcionaba la ?equidad? en este caso. Tanto TASA como Pesquera Diamante han sido las principales compradoras de la pesca de las naves de ?scar Peña en los últimos tres años, según los registros de desembarques revisados por IDL-R (Ver infografía y detalle de descargas).
En una respuesta escrita y enviada por correo electrónico a IDL-R, TASA admitió haber comprado carga a las naves de ?scar Peña solo el año 2009 y a inicios de 2010.
Eso no es verdad. De acuerdo con los registros de descargas del ministerio de la Producción, las relaciones comerciales entre Peña y estas dos importantes empresas continuaron en la segunda temporada de pesca de 2010, contradictoriamente en los días en que Speziani anunció el pacto ético. En la primera temporada de 2011, TASA y Pesquera Diamante adquirieron cerca de 30 mil toneladas de las naves de Peña, cantidad valorizada en unos 8 millones de dólares si se convierte esta carga en harina.
En la última temporada de pesca de 2011, Pesquera Diamante se convirtió en la principal compradora en el norte y centro. TASA continuó comprándoles carga pero en el sur.
Quizá por eso, en la reunión del comité de Ética el 15 de febrero, Ortiz dijo con vehemencia: ?Si el problema es el dueño y no solo el barco, entonces yo reconozco mi falta. Pero midan a todos con la misma vara?.
Como se ve, esa vara debería ser excepcionalmente larga.
Pero la historia no termina con las compras de TASA, Pesquera Diamante y Exalmar.
Después de la firma del supuesto ?Pacto Ético?, Hayduk compró carga pesquera a una nave con medida cautelar. Y, en los primeros meses de 2011, la fábrica de Chimbote de Corporación PFG- Centinela aparece como una de las mayores compradoras de estas naves. Hay versiones discrepantes sobre cambios de propiedad en esta fábrica, pero el hecho de la compra a naves con protección judicial, es irrefutable. (Ver infografía).
Además, mientras Exalmar compraba las cargas de anchoveta a Faenas Pesqueras, otras tres empresas del gremio también lo hacían: Austral, CFG Investment y Cantabria; y hasta donde se conoce no han sido sancionadas. (Ver registro de descargas).
IDL-R buscó obtener la versión de la Sociedad Nacional de Pesquería. Pero, mediante su oficina de prensa, Richard Inurritegui, el presidente del gremio, se negó a darla. Algunos empresarios que votaron a favor de la sanción contra Exalmar señalaron que lo hicieron porque esta compañía tenía ?conductas recurrentes? que violaban el pacto ético. Evitaron dar detalles, menos quisieron explicar por qué este mismo criterio no fue aplicado para el caso de las compras a las naves de Peña.
Entonces, en una historia de pecados colectivamente compartidos, ¿cuál fue la causa más probable de la expulsión de Exalmar?
Quizá la explicación esté en otro punto de la discusión en aquella sesión del 28 de febrero.
Es un tema que se incluyó en la agenda después de la citación oficial. El 23 de febrero, la gerente general de la SNP, Viveca Amorós escribió que ?por especial encargo del Dr. Richard Inurritegui?, se añadiría a la agenda, el siguiente tema: ?Resolución Judicial a favor de Pesquera Mar SAC y las implicancias que conlleva para los intereses de nuestros asociados?.
Como en toda telenovela que se respete, los espectadores deben saber quién es quién entre los protagonistas para entender el desarrollo de las intrigas.
Ya saben los nombres de las compañías, de sus representantes, y hasta el papel de don ?scar Peña en estos enredos.
Descarga de anchoveta en planta harinera (Foto: IDL-Reporteros).
Además, deben saber, o mejor dicho recordar, un detalle más de importancia. El sistema actual de las cuotas de pesca reparte el derecho a explotar una fortuna entre un número limitado de compañías. Solo el uno por ciento de la cuota está valorizado en 100 millones de dólares, según los propios empresarios.
Y como sucede en algunas telenovelas, cuando en medio de una boda aparece alguien a quien se creía muerto, así apareció Pesquera Mar SAC en el feliz ambiente de las grandes compañías pesqueras.
Pesquera Mar SAC fue expropiada durante el gobierno militar de Velasco. Casi cuarenta años después, sus dueños originales ? los hermanos Saavedra Montero? lograron que el ministerio de la Producción aprobara restituirles los derechos que ellos habían recobrado por la vía judicial.
Pero, mientras los señores Saavedra Montero batallaban en el Poder Judicial, sus derechos fueron adquiridos (en forma que los Saavedra insisten fue totalmente irregular) por nadie menos que ?scar Peña a través de una de sus empresas.
El 2003, Peña vendió a su vez esos derechos a una empresa con la que mantiene una relación obviamente fluida: TASA. Esta última sostiene haber hecho la compra de buena fé.
Ahora, la restitución del derecho de los hermanos Saavedra Montero, significa en la práctica que ellos tendrán la cuota de pesca correspondiente a tres naves. Varios industriales pesqueros, luego de preocupados cálculos estimaron que eso sería cercano a medio punto porcentual. Es decir, grosso modo, 50 millones de dólares.
Y sucede que mientras TASA tenía muy buenas relaciones con ?scar Peña, Exalmar estaba desarrollando una bella amistad con los hoy ancianos señores Saavedra Montero.
Rossana Ortiz confirmó a IDL-R que ?los abogados de la empresa evalúan la compra de Pesquera Mar SAC?, es decir de su derecho de cuota.
¿Hubo una relación entre esto y la expulsión de Exalmar? Algunos de los asistentes a esa extraña reunión del 28 de febrero en la SNP sostienen que sí.
Inicialmente, por ejemplo, el primer punto de la agenda iba a ser el caso de Exalmar. Pero sorpresivamente, alguien con el poder suficiente cambió el orden y puso primero el de Pesquera Mar SAC, según asistentes a la sesión.
En la discusión, se dijo que la resolución de Pesquera Mar SAC afectaba los intereses de las empresas agremiadas porque los derechos de cuota restituidos a Pesquera Mar SAC agotaban el fondo de contingencia judicial establecido en el sistema vigente de cuotas. A partir de ahí, cualquier otro revés judicial se solventaría a costa de sus propios bolsillos.
Creado ese ambiente, además del intenso rumor de las intenciones de compra de Pesquera Mar por Exalmar, se pidió un corto receso.
Fuentes con conocimiento de causa afirman que un agremiado cercano a Matta Curotto, le dejó saber que si desistía de la intención de compra, el pensamiento de muchos de ellos se inclinaría por evitar toda sanción. Según las mismas fuentes, Matta se negó, vehemente respaldado por Ortiz.
Las cartas estaban echadas. Luego del receso se votó la moción para expulsar a Exalmar ?por tener intereses contrarios a los fines de nuestra asociación?.
A estas alturas, ya saben ustedes cuáles son esos fines.
Y como sucede con este tipo de telenovelas, la historia está todavía lejos de terminar. Esperen en el futuro nuevas y titilantes revelaciones sobre padrinazgos extraños e influencias indebidas en este gremio donde parece que lo más auténtico es el olor.
El caso de Doña Licha II

No existe duda de la pesca ilegal de la nave Doña Licha II, de ?scar Peña. IDL-R accedió a una veintena de actas de inspección de las empresas supervisoras Cerper y SGS así como a permisos de zarpe de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) que prueban que entre marzo y junio de 2011, siguió operando a pesar que la medida cautelar que le otorgó el Poder Judicial ya había quedado sin efecto.
Las actividades de Doña Licha II continuaron hasta hace poco. Recién la actual gestión del Ministerio de la Producción intervino esta nave a fines de febrero y decomisó 248 toneladas de anchoveta cuando el barco navegaba cerca al puerto de Ilo. Fuentes cercanas al ministerio, señalaron que lo que pescó ilegalmente esta embarcación en los últimos tres años está valorizado en unos 75 millones de soles.
No sólo eso, Peña ha conseguido que los inspectores de los puertos no registren en el sistema informático de los desembarques de anchoveta que administra el Ministerio de la Producción, las descargas ilegales de Doña Licha II.
Notas relacionadas:
Olor a pescado
Balanzas con truco
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Es Noticia, Denuncian a jueces por favorecer a embarcaciones pesqueras - 02/03/2012 18:41:00

El Ministerio de la Producción denunció hoy el otorgamiento de 12 medidas cautelares de parte del Poder Judicial a empresas pesqueras, que les permite accionar en contra de la biomasa y los recursos hidrobiológicos.
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Que opina usted? Se han otorgado 12 medidas cautelares que pretenden dañar ordenamiento pesquero - 02/03/2012 15:20:00

El Ministerio de la Producción denunció hoy el otorgamiento de 12 medidas cautelares de parte del Poder Judicial a empresas pesqueras, accionar que pretende perforar el ordenamiento pesquero nacional atentando contra la biomasa y los recursos hidrobiológicos.
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Interesante, San Martín: No he realizado actividades a favor de un banco - 22/02/2012 7:13:29

" Ideeleradio.- No he realizado ninguna actividad a favor de un banco ni nada por el estilo, aseguró el presidente del Poder Judicial, César San Martín, tras rechazar que tenga algún tipo de relación contractual en calidad de apoderado con el Banco de Crédito del Perú (BCP).
Fue al comentar la publicación del semanario Hildebrandt en sus Trece que informó que el presidente del Poder Judicial, César San Martín, aparece en la Sunarp como apoderado del Banco de Crédito (BCP) del Grupo Romero.
?No he realizado, como es evidente y obvio, ninguna actividad pro banco ni nada por el estilo. ¿Para qué se dicta una norma que prohíbe que los jueces estén en esas actividades? Para evitar conflicto de intereses o para evitar que haya alguna gestión distinta a la propiamente judicial. Si no he estado en ninguna otra ¿qué se puede hablar de negligencia??, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
?Tienen que leer un poquito para no caer en esa ridiculez de hablar de negligencia sin conocer el sentido de la norma, el concepto de imputación objetiva y, además, cuestiones que son puramente jurídicas?, aseveró.
La entidad pertinente debió levantar el poder |
San Martín Castro explicó que perteneció a uno de los estudios más grandes del país y que la práctica general es entregar poder a los abogados, relación que se extingue cuando se renuncia a un bufete.
?He pertenecido a uno de los estudios más grandes del país y que tiene una multiplicidad de clientes y que la práctica general de una corporación es entregar poder para ?pleitos? a todos los abogados. Eso lo ha sido en mi caso con varias corporaciones?, precisó.
?El tema es que cuando yo renuncio al estudio y a toda actividad profesional con una carta dirigida y [que] es aceptada como corresponde ?y por ello es que puedo postular al Poder Judicial? es que se entiende por un principio mínimo de confianza, en tanto el poder es un acto unilateral que correspondió a riesgo estructural que otorga el poder, pues levantarlo?, argumentó.
El máximo representante de la Corte Suprema refirió que por principio de confianza se le debió levantar el poder que le fue otorgado, al desligarse del estudio de abogados al que pertenecía.
?Eso es un tema claro, ahí digamos lo que se llama principio de confianza y aquellos tontos que hablan de negligencia, porque yo debía estar detrás atrás o renunciar, yo les digo, el concepto de negligencia no es un dato de verdad objetiva. Como uno puede advertir, a lo único que se dice es que porque hay un poder y porque el banco no levantó el poder tengo conflicto de interés. Eso no es negligencia, la negligencia es una actuación descuidada, contraria al deber de cuidado y está en función a lo que dice la norma y las normas establecen que quien da el poder, lo retira?, subrayó.
Queremos disminuir el riesgo estructural de medidas judiciales
Finalmente, al referirse al pronunciamiento emitido por el Poder Judicial que aclara que la galería comercial La Cochera haya estado funcionando gracias a una medida cautelar dictada en un proceso de amparo, reconoció que existe un problema en cómo los jueces trabajan y regulan lo concerniente a las medidas cautelares.
?Estamos insistiendo en el proyecto para disminuir el riesgo estructural que significa medidas judiciales que pueden generar serios problemas a la gobernabilidad y a la competencia de los poderes públicos, municipales, regionales y nacionales?, concluyó.
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Interesante, Recomiendan difusión de Ley Procesal del Trabajo Recomiendan difusión de Ley Procesal del Trabajo - 21/02/2012 12:22:10

"Celeridad. Procesos laborales culminarán más rápido con nueva norma.
La aprobación del calendario de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en Lima y Callao, por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, genera en opinión de laboralistas y estudios jurídicos la necesidad de difundir en estos lugares el contenido de esta norma, los cambios que introduce, así como las experiencias de las cortes superiores donde ya se aplica, con el fin de facilitar su implementación.
El Estudio Echecopar, a través de un informativo legal electrónico elaborado por su Área Laboral y Seguridad Social, recomienda tomar en cuenta que la aplicación del nuevo modelo procesal que esta norma instaura implica diversos cambios sustantivos como los siguientes:
a) Reducción significativa de la duración del proceso
A diferencia del juicio laboral al que las partes de un contrato de trabajo están acostumbradas y que puede demorar cuatro o más años, con el nuevo modelo el proceso no demorará más de seis meses si no hay conciliación, y un mes y medio aproximadamente, sí la hay. ?En consecuencia, no habrá lugar a especular con la duración del proceso y las posibles ganancias financieras que pudiera originar la dilación del mismo?, advierte el bufete.
b) Medidas cautelares antes y dentro del proceso
El juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar antes del inicio del proceso y sin conocimiento del empleador afectado, y dentro del proceso.
c) Oralidad versus sistema escriturario
En el proceso laboral tradicional, prácticamente todo se actúa por escrito. Pero en el nuevo modelo, tan solo se presentan por escrito la demanda, subsanación, contestación, solicitud de medidas cautelares y recursos de apelación y casación, considerando que la interposición de este último recurso no suspende la ejecución de lo decidido en segunda instancia.
?Las demás actuaciones se realizan de manera oral en las audiencias, una o dos, dependiendo del tipo de proceso, que concluirán con conciliación o sentencia?, resalta el estudio jurídico.
d) Conducción efectiva del proceso por el juez
En el nuevo modelo, el juez conduce de manera efectiva el proceso, lo cual ?en opinión del Estudio Echecopar? es una diferencia significativa de lo que sucede en el tradicional juicio.
e) Carga de la prueba y presunciones
Además, dicho bufete añade que con base en el nuevo modelo procesal, acreditada la prestación del servicio, se presume que éste es de naturaleza laboral, salvo prueba en contrario. ?La actividad probatoria está bajo responsabilidad de cada parte, por lo que si el empleador no está preparado para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, perderá el juicio?, subraya.
Las partes también adquieren la obligación de acudir informados, en especial el empleador y sus representantes.
Acción del trabajador
A juicio de los laboralistas de Miranda & Amado Abogados, la Ley Procesal del Trabajo refuerza la intervención de los sindicatos en los juicios laborales y establece reglas que facilitan la actividad probatoria a los trabajadores con amplias posibilidades para la obtención de medidas cautelares.
En un informativo electrónico recomiendan considerar que en el nuevo modelo procesal laboral las demandas de hasta 3 mil 650 nuevos soles no requieren la intervención de abogado, mientras que las demandas entre esa suma y los 25 mil 550 nuevos soles pueden exonerarse de abogado si el juez lo aprueba.
Advierten que se permitirán las notificaciones electrónicas y las audiencias grabadas en audio y video.
Consejos adicionales
Para el laboralista Ricardo Herrera Vásquez es importante difundir la performance de las once cortes superiores que aplican la nueva Ley Procesal del Trabajo, sobre todo de las que primero empezaron a usarla para evaluar sus experiencias, saber qué hacer y qué corregir.
Además, resalta la necesidad de adoptar medidas presupuestales para crear más juzgados, equiparlos y contratar personal adicional para los juzgados que deberían asumir el reto de la nueva norma procesal con carga cero.
?También debe capacitarse a magistrados y abogados litigantes; uno de los problemas que hubo en la Corte de La Libertad cuando entró en vigencia la nueva ley fue que los abogados no tenían domicilio procesal electrónico y no estaban preparados para el litigio oral?, subraya.
A los empleadores recomienda tener en cuenta que con la nueva norma se resuelven más rápido los procesos judiciales y se pueden aplicar multas mayores a las que se imponen en Lima en la actualidad.
?Es importante que los empleadores evalúen sus posibilidades de éxito en los procesos judiciales, la estrategia de demorarlos sabiendo que perderán, en la nueva ley no tiene cabida?, detalla.
A los trabajadores aconseja contratar abogados capaces de ejercer la defensa con base en la nueva norma y acopiar muy bien sus pruebas, debido a que no se presentarían pliegos interrogatorios escritos.
Reglas y reto
1. Con el nuevo modelo procesal, en las audiencias se podrá sancionar por alegar hechos falsos, generar dilaciones que generen la suspensión de la audiencia o desobedecer las órdenes del juez. ?Se aplica la presunción legal derivada de las conductas de las partes?, detalla el Estudio Echecopar.
2. Además, existe responsabilidad solidaria entre los representantes y sus abogados por las multas impuestas, con copia de las actuaciones a la corte superior, Ministerio Público y colegio de abogados para las sanciones respectivas.
3. Dicho bufete considera un reto para los empleadores prevenir los conflictos, para lo cual deben contar con auditorías que les permitan conocer el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y adoptar las medidas correctivas.
4. ?También deben acopiar medios probatorios y brindar capacitación interna para el cumplimiento de las obligaciones laborales?, subraya.
Diario El Peruano (21.02.2012)
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Que opina? El PJ pide al Congreso debatir norma que limite medidas cautelares - 20/02/2012 19:22:25

El Poder Judicial desmintió que haya aprobado un recurso para el funcionamiento de la galería La Cochera, que "se incendió":http://elcomercio.pe/tag/350013/incendio-en-mesa-redonda el viernes último
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Interesante, Burneo y congresistas se pronuncian sobre investigación de IDL-R - 20/09/2011 23:35:15

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El ministro Kurt Burneo y la viceministra de Pesquería, Rocío Barrios, en la sesión de la Comisión de Producción del Congreso (Foto: IDL-Reporteros).
La investigación de IDL-Reporteros ?Cómo se esfuman $100 millones en pescado? ha resonado en medio del silencio de los medios tradicionales.
Hoy, por ejemplo, en la Comisión de Producción del Congreso de la República, el ministro de la Producción, Kurt Burneo, y dos legisladores se pronunciaron sobre la masiva pesca no registrada por las empresas del sector que generaría millonarias pérdidas al Estado y al pescador.
?Obviamente hay un grave problema de fiscalización y control que es un elemento fundamental en la estrategia para preservar el recurso (la anchoveta)?, dijo Burneo a los parlamentarios luego de señalar que resultaba preocupante que el 27% de los desembarques tengan discrepancias del 20% para arriba entre la pesca declarada por los patrones de las naves y la pesca pesada, tal como reveló IDL-R.
Burneo respondió sobre el tema luego de que el congresista de Alianza Parlamentaria, Víctor Crisólogo Espejo, le preguntara sobre estas revelaciones y lo que consideró un grave problema en la fiscalización de las balanzas de pesaje. La vicepresidenta de la Comisión, Elsa Anicama Ñañez de Gana Perú, señaló que esta situación continuará si es que el Ministerio no toma control de esas balanzas que hoy se encuentran dentro de las plantas harineras que deben ser fiscalizadas.
Son un poco más de 300 mil toneladas de anchoveta que arrojan las discrepancias mayores del 10% entre la pesca declarada y pesada en tres temporadas de pesca entre 2009 y 2010. Estos volúmenes están valorizados en unos 100 millones de dólares por lo que el Estado debería recaudar impuestos, sin contar los derechos de pesca que debía cobrar el Ministerio de la Producción y la participación de los pescadores que cobran por tonelada capturada.
Al término de la sesión, IDL-R entrevistó a Burneo sobre las medidas que tomará. Señaló que se continuará en el cambio de inspectores, se modificará el reglamento de sanciones y sus respectivos procesos sancionadores y se planteará en el próximo Consejo de Ministros un proyecto de ley para modificar la ley de cobranzas coactivas para que las empresas ya no detengan el cobro de multas con medidas cautelares en el Poder Judicial.
También dijo que para tener mejores sistemas de control y vigilancia y que ?no se repliquen situaciones como las que ha encontrado IDL?, se convocará a un concurso público internacional para elegir a nuevas empresas supervisoras en los puertos y que más adelante se creará una Superintendencia de Fiscalización.
Sobre la ley de cuotas, el ministro aseguró que si bien ?en su momento sirvió para ordenar la actividad?, no se sabe cuál fue el criterio técnico para congelar por diez años el cálculo de los derechos de pesca que se asignaron a los dueños de los barcos en 2008 cuando se aprobó la norma. En el reportaje ?Olor a Pescado?, IDL-R reveló qué empresas financiaron el informe técnico que sustentó la ley y quiénes incrementaron sus ganancias luego de su aprobación.
Burneo aseguró que revisará cómo se hizo la cuestionada distribución de estos derechos de pesca.
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