Interesante, ACCOMARCA: TELMO HURTADO CANTA - 09/04/2012 13:38:45
" Hoy, luego de algunas postergaciones, Telmo Hurtado, sindicado como principal responsable directo de la matanza de Accomarca, ocurrida en agosto de 1985, por fin dio su declaración ante el colegiado de la Sala Penal Nacional que está procesando este caso. Y lo que ha dicho hoy no es moco de pavo. Vía La República:"Hurtado refirió que se le ordenó que "se hiciera el loco" ante la Comisión del Congreso que investigó el caso, con el fin de que oficiales de alto rango no se vieran involucrados en procesos penales y también para fortalecer la lucha contra la subversión en el país" (…).
En sorprendentes declaraciones, el ex teniente reconoció responsabilidad penal en la muerte de 31 campesinos de Accomarca, pero dijo no saber quiénes son los responsables del resto de peruanos asesinados el 14 de agosto de 1985 en dicha localidad ayacuchana.
Hurtado señaló que "se le ordenó recoger picos y palas para preparar trincheras a donde se llevaron a personas encapuchadas, para ser ejecutadas con armas que tenían silenciadores".
Señaló que, "él creía que las personas ejecutadas eran terroristas capturados en acciones militares".
Dos puntos claves de la declaración de Hurtado. El primero es que termina confesando su responsabilidad en, al menos, parte del crimen por el que se la acusa. Y ello probablemente ocasione una sentencia condenatoria en su contra. El Ministerio Público ha pedido una pena de 25 años de prisión para este sujeto. Cabe recordar que no es común que miembros de las Fuerzas Armadas confiesen su culpabilidad (aunque sea parcial) en los casos por violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000 y que son procesados ante el sistema de justicia desde hace varios años.
Pero el segundo punto es más interesante. Junto a Hurtado son procesadas otras 28 personas, entre altos mandos de la época y miembros de las Fuerzas Armadas que presuntamente participaron en la operación. Y es a las cabezas a las que apunta el testimonio de Hurtado y las que más temían que comenzara a hablar. De ello, hace algunos meses, se ocupó Jo Marie - Burt, académica estadounidense que ha estudiado varios procesos de justicia transicional:
Eso representa un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan el famoso Plan Huancayocc para intervenir en la zona para "capturar y/o destruir" los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parlamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)
Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del "síndrome de Vietnam", ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contencioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un "exceso" o como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para "limpiar" la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.
Y de ello es lo que se trata este juicio que, con las revelaciones del principal imputado, cobra mayor importancia. Más aún cuando Hurtado comienza a señalar cosas que implican a quienes fueron altos mandos del Ejército Peruano en la época más dura de la lucha contra el terrorismo, al cual, nunca está demás decirlo, se le venció a pesar de hechos execrables como los ocurridos en Accomarca.
MAS SOBRE EL TEMA:
Carlos Rivera: Es probable que Sala Penal Nacional evalúe reducción de pena a Hurtado por confesión. Vía Ideele Radio.
(Foto: La República)
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Que opina usted? CLASES SOBRE AMNISTIA PARA EL MINISTRO VEGA - 31/10/2011 10:11:44
" En la noche del último domingo, en el programa ADN Político de Canal N, el Ministro de Trabajo Rudecindo Vega trajo al debate público una controvertida propuesta: una amnistía general en todos los sectores, que incluya a violadores de derechos humanos, sin distinción alguna.Más allá de que el Ministro de Trabajo se mande con una propuesta que nada tiene que ver con su sector, es necesario aclarar que esta propuesta es inviable, tanto desde el punto de vista ético como político.
En el campo ético, Vega ha señalado que su propuesta tiene como objeto "consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, para fortalecer la descentralización, para luchar contra la corrupción y promover la ética pública". El problema es que una amnistía no produce ese efecto, ni tampoco una reconciliación nacional, como el Ministro ha afirmado.
En términos coloquiales, se ha asociado el término reconciliación con el perdón. Mejor dicho, con el sacramento católico de la confesión. Pero la reconciliación no pasa por el olvido de hechos execrables, sino por la reconstrucción de lazos que hagan posible y sostenible la vida en sociedad y la convivencia pacífica. Ello implica ejercer la acción del sistema de justicia y no la abstención de la actuación estatal en esta materia.
En el caso concreto del Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación descartó expresamente la posibilidad de una amnistía para alguno de los actores que haya cometido delitos en el marco del conflicto o de la lucha contra el terrorismo, debido a que la reconciliación no puede basarse en la impunidad. Ello le cierra las puertas tanto a los militantes del MOVADEF, que reclaman una amnistía general que incluya a los miembros de Sendero Luminoso, comenzando por el criminal Abimael Guzmán, como para los políticos y periodistas (sobre todo, los vinculados al fujimorismo y a los sectores más conservadores del país) que cada cierto tiempo plantean iniciativas de impunidad, como el Decreto Legislativo 1097.
Si en términos éticos la propuesta del señor Vega es cuestionable, en términos jurídicos resulta ciertamente inviable, por varias razones que expondremos a continuación:
1. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a "delitos políticos". Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional.
2. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
3. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, "punto final" o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno que acaba de irse.
De acuerdo con la hoja de vida del Ministro, ha estudiado y ejercido la carrera de Derecho por varios años. Convendría que revise estos argumentos legales antes de realizar propuestas que no sólo son inviables en términos estrictamente jurídicos, sino que terminan dándose de portazos con las propuestas que un sector mayoritario del gobierno tiene en materia de derechos humanos. Ahora se entiende porque Salomón Lerner Ghitis quería que sus Ministros sólo hablen de temas vinculados a su sector.
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Información: Inaceptable política de "punto final" y reconciliación para violadores de Derechos Humanos - 01/09/2011 16:21:48
"Es inaceptable la posición del gobierno de Ollanta Humala de promover una política de ""punto final"" y reconciliación, tal y como lo expresara el Ministro de Defensa Daniel Mora. Por lo visto en menos de un mes el presidente Humala viola otra vez su juramento en San Marcos, donde se comprometió a defender una política de defensa de Derechos Humanos.Una política de ""punto final"" y poner fin a los procesos judiciales a los militares que asesinaron y cometieron delitos de violación de los derechos humanos es una forma de darle impunidad a sujetos que ensuciaron con sangre de ciudadanos peruanos su uniforme y que avergüenzan a nuestras Fuerzas Armadas. Es un retroceso y un retorno a lo peor de la política fujimontesinista donde un gobierno, el de Fujimori, cedió a las presiones de un ex capitán expulsado del Ejército por traición a la patria.
Lo que debería hacer el gobierno de Humala es entregar la información pertinente al Sistema de Justicia para que proceda a actuar con la seriedad y distancia que el caso amerita.
No puede haber un silencio cómplice respecto a esta posición por una sencilla razón: estamos condenados a repetir la historia, de asesinatos y violaciones de derechos humanos, si es que no sancionamos a quiénes lo merecen.
Y es necesario actuar sin ambigüedades. Daniel Mora no declararía de motu propio. Es la posición del gobierno y no la de un Ministro que un día después no ha sido corregida por otro miembro del gobierno.
Reproduzco a continuación el texto de APRODEH tomado del FB de Javier Torres Seoane:
APRODEH rechaza declaraciones del Ministro Mora por considerarlas una nueva versión de amnistía encubierta
La solución de punto final es una solución de impunidad
La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza las expresiones del Ministro de Defensa Daniel Mora quien declaró que el Perú debe llegar a un acuerdo político de "punto final y reconciliación" para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
APRODEH considera inaceptable e inadmisible porque constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos , que el ejecutivo cumpla con su obligación de entregar la información que tiene en su poder y que ha venido negando al sistema de justicia peruano y así garantizar su total independencia.
El tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia a señalado:
"4 (…) es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar (…)
Francisco Soberón, Director ejecutivo de APRODEH, señaló que "en los últimos años, la posibilidad de determinar responsabilidades individuales a estas graves violaciones se ha visto impedida por la nula colaboración del sector defensa con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. La inacción del estado ha impedido que la justicia sea pronta e inmediata en todos estos años.".
Asimismo, Soberón indicó que "el clamor de justicia es un reclamo justo en los estados democráticos y que por la experiencia en los países latinoamericanos, demuestra que este tipo de planteamientos son declarados inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsin en Argentina".
El derecho internacional ha establecido el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, tal como se puede ver en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de marzo de 2001 por el caso Barrios Altos:
"(…) 41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
APRODEH, organización que desde hace 29 años viene acompañando la demanda de justicia de los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, recuerda que este planteamiento no existía en el plan de gobierno original ni la Hoja de ruta de Gana Perú y exige el pronunciamiento oficial del Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis, quien en su discurso ante el Congreso, se comprometió a impulsar el proceso de reparación a través del Plan Integral de Reparaciones, tema donde Mora dice que es injusto que se reconozca a las víctimas del Estado y no a los militares y policías víctimas, desconociendo de esta forma que el Registro Único de Víctimas reconoce a ambos.
"Impulsaremos el proceso de reparaciones a través del Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a victimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica.
Asimismo, APRODEH exige que se cumpla con el integro de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cabe resaltar que en el marco del Octavo Aniversario de la Entrega del Informe final, Sandra García, representante de las Viudas y madres de las víctimas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con Doris Caqui, representante de las víctimas del estado, reclamaron de forma conjunta su derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación, por lo que es inaceptable la división que el ministro de defensa pretende hacer de las víctimas.
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Noticia, APRODEH rechaza declaraciones del Ministro Mora por considerarlas una nueva versión de amnistía encubierta - 01/09/2011 15:40:41
"La solución de punto final es una solución de impunidadLa Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza las expresiones del Ministro de Defensa Daniel Mora quien declaró que el Perú debe llegar a un acuerdo político de "punto final y reconciliación" para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
APRODEH considera inaceptable e inadmisible porque constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos , que el ejecutivo cumpla con su obligación de entregar la información que tiene en su poder y que ha venido negando al sistema de justicia peruano y así garantizar su total independencia.
El tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia a señalado:
"4 (…) es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar (…)
Francisco Soberón, Director ejecutivo de APRODEH, señaló que "en los últimos años, la posibilidad de determinar responsabilidades individuales a estas graves violaciones se ha visto impedida por la nula colaboración del sector defensa con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. La inacción del estado ha impedido que la justicia sea pronta e inmediata en todos estos años.".
Asimismo, Soberón indicó que "el clamor de justicia es un reclamo justo en los estados democráticos y que por la experiencia en los países latinoamericanos, demuestra que este tipo de planteamientos son declarados inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsin en Argentina".
El derecho internacional ha establecido el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, tal como se puede ver en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de marzo de 2001 por el caso Barrios Altos:
"(…) 41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
APRODEH, organización que desde hace 29 años viene acompañando la demanda de justicia de los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, recuerda que este planteamiento no existía en el plan de gobierno original ni la Hoja de ruta de Gana Perú y exige el pronunciamiento oficial del Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis, quien en su discurso ante el Congreso, se comprometió a impulsar el proceso de reparación a través del Plan Integral de Reparaciones, tema donde Mora dice que es injusto que se reconozca a las víctimas del Estado y no a los militares y policías víctimas, desconociendo de esta forma que el Registro Único de Víctimas reconoce a ambos.
"Impulsaremos el proceso de reparaciones a través del Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a victimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica.
Asimismo, APRODEH exige que se cumpla con el integro de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cabe resaltar que en el marco del Octavo Aniversario de la Entrega del Informe final, Sandra García, representante de las Viudas y madres de las víctimas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con Doris Caqui, representante de las víctimas del estado, reclamaron de forma conjunta su derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación, por lo que es inaceptable la división que el ministro de defensa pretende hacer de las víctimas.
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Interesante, AI: Decretos Legislativos constituyen un grave retroceso en derechos humanos - 03/09/2010 15:14:31
"El gobierno peruano debe abandonar todo intento por legislar a favor a violadores de los derechos humanos, dice Amnistía Internacional.Cuatro decretos legislativos emitidos por el Presidente Alan García, en uso de las facultades delegadas por el Congreso del Perú, podrían permitir el cierre de las causas que involucran a personas que están siendo investigadas por crímenes de lesa humanidad.
"Los decretos legislativos adoptados el pasado miércoles en el Perú constituyen un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos y sientan las bases para una posible amnistía encubierta", manifestó Silvia Loli, Directora de Amnistía Internacional en el Perú.
Los dispositivos aprobados por el presidente García abarcan desde la sanción de un nuevo Código de Justicia Militar Policial, hasta la aplicación de nuevas normas procesales para casos de violaciones a los derechos humanos.
El decreto 1097 permite decidir el sobreseimiento de los acusados "que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación" por el Ministerio Público y el Poder Judicial. "La falta de empeño del estado peruano en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, es una excusa para el cierre de las pesquisas contra personas acusadas de haber cometido dichos crímenes, lo cual podría constituir una amnistía encubierta", afirmó Silvia Loli.
Por otro lado, el decreto 1094, permite que los crímenes de guerra estén sujetos a prescripción. Además, este decreto, que establece un nuevo Código de Justicia Militar Policial, se extralimita pues propone que los tribunales militares no solo juzguen delitos o faltas típicamente militares, sino también crímenes de guerra, que pueden ser cometidos en conflictos armados internos contra la población civil. Estos delitos deberían ser juzgados por tribunales civiles.
En 2006 el Tribunal Constitucional había decidido que la inclusión de crímenes de guerra en el Código de Justicia Militar era contraria al ordenamiento jurídico peruano y decretó su inconstitucionalidad.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Sin perjuicio de hacer pública más adelante una crítica detallada de los cuatro decretos legislativos adoptados el 1° de Septiembre por el Presidente Alan García, Amnistía Internacional estima que, en abierta contradicción con la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de los que el Perú es un estado parte, el nuevo Código de Justicia Militar Policial consagra la prescripción de los crímenes de guerra y admite también las amnistías y los indultos para las personas responsables de tales crímenes.
Tales normas contravienen las obligaciones del Perú bajo el derecho internacional convencional y consuetudinario y deberían ser dejadas de lado prontamente. Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en varias oportunidades que los estados no pueden oponer ni amnistías ni prescripción ni cosa juzgada en los casos en que se ventilan graves violaciones de derechos humanos.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para determinar las circunstancias que rodearon los abusos contra los derechos humanos cometidos en las décadas de 1980 y 1990, de los 69.000 casos de personas que se calcula que perdieron la vida o desaparecieron en esos veinte años, el 54 por ciento fueron obra del grupo armado de oposición Sendero Luminoso y el 46 por ciento de las fuerzas armadas.
Mientras que en la actualidad cientos de miembros de Sendero Luminoso están encarcelados, los primeros juicios contra miembros de las fuerzas armadas presuntamente responsables de 47 de esos casos comenzaron en 2005 en circunstancias muy difíciles. Se ha expresado preocupación porque no se estaban ejecutando las órdenes de detención contra agentes del ejército y la policía acusados de violaciones de derechos humanos, porque algunos de los casos seguían juzgándose ante tribunales militares y porque, según informes, el Ministerio de Defensa no había cooperado con los tribunales civiles. No obstante, el sistema de justicia peruano ha dado pasos importantes en los últimos años para acabar con la impunidad, entre ellos el juicio que se celebra actualmente contra el ex presidente Alberto Fujimori.
For more information please call Amnesty International"s press office in London, UK, on +44 20 7413 5566 or email: press@amnesty.org
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
www.amnesty.org
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Consulte Información en GestionPublica: POLITICAS CULTURALES EN TIEMPOS DE HUMALA y HISTORIAS DE DOS CENSURADORES
Consulte Información en Politiqueria: El sistema Integral de Salud y La violencia política
Consulte la Fuente de este Artículo
No hay comentarios:
Publicar un comentario