Que opina usted? Arbizu: Pedido de indulto ya debería definirse y Humala no tendría que resolverlo si se archiva en comisión - 08/04/2013 15:22:52
" Ideeleradio.- El presidente Ollanta Humala no tendría que pronunciarse sobre el indulto humanitario solicitado por Alberto Fujimori si la Comisión de Gracias Presidenciales archiva o deniega el pedido, estimó el procurador anticorrupción Julio Arbizu, al considerar que ya debería definirse el tema una vez que se emita el informe correspondiente."[¿Regresando de China el presidente Humala debería tener ya una decisión?] Eso siempre y cuando exista el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, sea en el sentido que fuese. Yo he dicho, además, que si fuese en el sentido de no encontrar que se cumplen los requisitos para conceder el indulto, esto no debería llegar al presidente, sino de manera informativa", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Es elemental. ¿Qué pasa si hay una persona que no ha sido condenada de manera firme y solicita una gracia presidencial? ¿Este pedido tendría que llegar al presidente? Claro que no, definitivamente no. Y digamos, si hacemos un análisis retrospectivo de los pedidos de indulto o gracias presidenciales, hay que saber si todos llegaron efectivamente el presidente; entonces, creo que lo que hay que esperar ahora simplemente es el pronunciamiento de la Comisión de Gracias Presidenciales, eventualmente la decisión del presidente", anotó.
Arbizu Gonzales acotó que el pedido de indulto es una solicitud de gracia y de perdón, y coincidió con la ministra de Justicia en que el requerimiento está en su etapa final, pues solo está pendiente el informe final de la Comisión de Gracias Presidenciales.
"[¿No debería ya definirse esto del indulto?] Yo creo que sí y creo que en ese sentido van las declaraciones de la ministra de Justicia, por ejemplo, que ha dicho que esto ha entrado en su etapa final, y yo coincido con esto, porque si ya hay un pronunciamiento de la junta médica, y está pendiente únicamente el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, y lo que viene es la decisión final, así que yo creo que esto no debería tener más", agregó.
Fujimori dilató trámite del indulto
Recordó, finalmente, que quienes piden celeridad en la resolución del pedido de Alberto Fujimori olvidan que fue el propio ex jefe de Estado quien impidió el avance del trámite al negarse a firmar el pedido y cuestionar la conformación de la junta médica.
"El indulto es una institución jurídica, es decir esto tiene que cumplir una etapa y hay que recordar que muchas de estas personas que hoy piden celeridad en su momento dijeron que la falta de celeridad en el inicio del proceso era imputable también al Ministerio de Justicia o a la Comisión de Gracias Presidenciales y esto no es así. El responsable de que esto no avanzara por la omisión a firmar el documento fue del peticionario y luego se han venido cumpliendo una serie de etapas", dijo.
"Y [además] rechazó la presencia de los médicos que había conformado la Comisión de Gracias Presidenciales, entonces hay que recordar a quien es imputable la demora del proceso de concesión o no del indulto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, todavía no tenemos hoy, a pesar de que se ha hecho público un informe médico, no tenemos un informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, porque no basta con el informe médico, habrá que saber si ese informe médico, tiene además el requisito de que la salud del señor Fujimori se deteriore por las condiciones carcelarias, cosa que aparentemente para todos es más que improbable", aseveró.
Días atrás, mediante una carta, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori agradeció a quienes apoyan la celeridad del pedido de indulto humanitario a su padre, Alberto Fujimori, y pidió que los rencores personales se dejen de lado.
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Es Noticia, Procuraduría evalúa caso Caja Metropolitana y lo pondría en conocimiento de Fiscalía - 26/03/2013 14:46:13
" Ideeleradio.- La Procuraduría Anticorrupción está analizando las irregularidades denunciadas en la entrega de créditos de la Caja Metropolitana durante el año 2010 y, probablemente, entre hoy y mañana tomaremos la decisión de ponerla en conocimiento del Ministerio Público, anunció el procurador anticorrupción Julio Arbizu.Fue al comentar la denuncia realizada por la Municipalidad de Lima sobre una serie de irregularidades en la entrega de créditos de la Caja Metropolitana que involucra a su ex gerente general Julio Lazo Manrique, por un supuesto favorecimiento a sus familiares y allegados, durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda.
"[¿La Procuraduría va activar algún mecanismo sobre el caso de la Caja Metropolitana?] Sí, nosotros hemos tomado conocimiento de esta denuncia y, efectivamente, estamos analizando los hechos para tomar una decisión probablemente entre hoy y mañana de poner en conocimiento del Ministerio Público de esta noticia que hemos conocido", anotó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Nos parece que en principio que sí [va a tomar el caso la Procuraduría ] en la medida que hay involucrados fondos del Estado, podría efectivamente haber un delito contra la administración pública, en cuyo caso somos, efectivamente, competentes para participar de las investigaciones", agregó.
Confiamos en que se incluirá a Castañeda en caso Comunicore
Por otro lado, dijo que se encuentran confiados que la Sexta Sala Penal revocará la decisión del titular del 12 Juzgado Penal de Lima, José Chávez Hernández, de excluir del caso Comunicore al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio. Sostuvo que se encuentran a la espera de lo que se resuelva en dicha instancia.
"Ya tenemos diligencias avanzadas y está por tomarse una decisión trascendental que será resolver la impugnación de la Procuraduría respecto de la decisión de primera instancia de separar al señor Castañeda del proceso. Una de las herramientas que utilizó Castañeda para eludir su responsabilidad fue una excepción de naturaleza de acción que él planteó dentro del proceso. Además, están las acciones constitucionales que tiene pendiente el Tribunal Constitucional de resolver, pero esta, en particular, fue resuelta en primera instancia declarándose fundada la excepción de naturaleza de acción", refirió.
"La Procuraduría, por supuesto, en uso de sus atribuciones ha impugnado esa decisión de primera instancia y estamos esperando que la Sexta Sala resuelva la impugnación de la Procuraduría y estamos confiados que revocará la decisión la decisión original. Todavía no se ha programado la vista de la causa y esperaremos unas semanas", argumentó.
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Noticia, Arbizu: Así lo indulten, Fujimori no saldrá de prisión por orden de detención en caso Diarios Chicha - 26/03/2013 14:44:47
" Ideeleradio.- El expresidente de la República, Alberto Fujimori, no podrá salir de la cárcel así se le conceda un eventual indulto porque el exmandatario tiene un mandato de detención vigente por el caso de los Diarios Chicha, remarcó el procurador anticorrupción Julio Arbizu."[¿Si el presidente decide darle el indulto de Fujimori, regresaría a la cárcel por el caso Prensa Chicha?] En ese proceso el señor Fujimori lo afronta con mandato de detención en ese proceso y no se ha solicitado la variación, y en su momento se apeló esa medida, quedó confirmada la decisión inicial que ese señor afronte el proceso con mandato de detención", explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[…] De tal manera que, primero el indulto no afecta causas pendientes, únicamente se refiere a condenas firmes y este no es el caso, y, por otro lado, él tendrá que afrontar su proceso [detenido] y afrontar el juicio oral que viene", refirió.
El procurador recordó que la fiscal superior anticorrupción Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial imponer una pena de ocho años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por el desvío de fondos del Estado para la compra de la línea editorial de los diarios chicha, en los años noventa.
"La semana pasada la Segunda Fiscalía Superior Anticorrupción ha acusado a Fujimori y ha solicitado pena privativa por el tema de los diarios chicha. De modo que si ese caso que fue materia de solicitud de extradición, que se aprobó en la Corte Chilena, finalmente ya tiene acusación y estamos a la espera que se inicie juicio oral", aseveró.
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Que opina usted? Crónica de un abogado litigante: El informe oral ante la Cuarta Sala Penal Reos Libres en una demanda de Habeas Corpus contra un auto de apertura de instrucción . - 23/01/2013 22:26:37
"LA SEDE DEL PODER JUDICIAL "LA MAR"Foto.- Dra. Hilda Piedra Rojas
No existe ascensor- un problema gravitante para cualquier discapacitado que no puede subir escaleras- los espacios son reducidos- eufemismo para evitar la palabra "hacinamiento" , predomina en los ambientes la desconfianza, el recelo, el calor que se vuelve insoportable por falta de aire acondicionado.
Es un edificio por no decir casona, en donde han acondicionado las salas penales para reos libres ( segunda y cuarta), entre otras salas del Poder Judicial.
A este lugar, los abogados, magistrados y litigantes lo conocen como " la sede del Poder Judicial de La Mar".
En estos reducidos ambientes se atiborran , jueces superiores, abogados, justiciables y un pequeño ejército conformado por secretarios, relatores, técnicos, especialistas; todos estos son llamados "auxiliares jurisdiccionales " en la Ley Orgánica del Poder Judicial; "pequeño ejército " cuyo sueldo no pasa de mil ochocientos soles ( con descuentos y todo) y que constituyen la verdadera maquinaria que "aceita" este poder del Estado que tiene en sus manos las libertades de muchos ciudadanos, el destino de sus propiedades, y sus esperanzas de alcanzar justicia.
En este edificio, cuarto piso, ante la sala penal reos libres , de reciente recomposición, debía informar oralmente el 16 de enero 2013, a las ocho y veinte de la mañana, en una demanda de habeas corpus interpuesta contra un juez con la intención de tirarme abajo un auto que admitía sumaria investigación en un caso de querella por difamación agravada por medio de prensa , denuncias a las que estamos acostumbrados los que fungimos de directores de revistas u otros medios de comunicación .
Soy abogado de profesión desde hace nueve años y usualmente ejerzo mi defensa técnica y material, así que un día antes, preparé las ideas centrales de la defensa en este habeas corpus contra una resolución judicial que no tiene buenos auspicios de lograr que sea declarado fundado porque está atado a los "sabios " fallos del Tribunal Constitucional , tomados como vinculantes, en donde los jueces constitucionales que son los únicos que saben interpretar la constitución, consideran que este tipo de demandas contra autos dentro de una querella y en donde existe la medida coercitiva de comparecencia ( simple o restringida), no constituye una amenaza a la libertad personal .
En otros términos, si lo dice el TC en reiteradas jurisprudencias, esto debe ser religiosamente aceptado por todos los jueces ordinarios o comunes que asumen roles constitucionales para resolver las demandas de habeas corpus y amparo. Y, nada ni nadie tiene derecho a cuestionar los "sagrados" fallos del TC.
Esto fue motivo de una nota reflexiva que colgué en el El Pacificador2010 con el título de "Las incongruencias del Tribunal Constitucional cuando resuelve los Hábeas Corpus" en donde concluyó que actualmente el Tribunal Constitucional , el máximo intérprete de la Constitución Política , también tienes sus dislates y comete incongruencia externas cuando resuelve los Hábeas Corpus contra resolución judicial ( auto apertura de instrucción ) en donde el demandado se encuentra con comparecencia simple.
En este artículo empiezo la línea de reflexión con las siguientes preguntas :- ¿Por qué el Tribunal Constitucional rechaza la demanda de HC cuando el demandante está sujeto a comparencia simple? , ¿Es realmente la comparencia simple una restricción al pleno ejercicio de la libertad locomotora?, ¿Acaso la sola instauración de un proceso penal no constituye per se una limitación o restricción a la libertad personal? , ¿Existen algunos hechos , que sin hacer referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o locomoción, guardan un grado razonable de vínculo o enlace con la comparecencia simple ?. ¿Existe alguna sentencia en donde el TC haya declarado procedente y resuelto la demanda de habeas corpus en donde el beneficiario esté con mandato de comparencia simple? ¿En caso de existir alguna sentencia precedente , el TC habría vulnerado el principio de congruencia constitucional?
Estas preguntas asaltan a muchos abogados , aclaro, los pensantes, no aquellos que odian hacer algún esfuerzo intelectual y optan por la vía más rápida, conversar o " arreglar" con los jueces , de aquellos que emplean la estrategia legal a través de una demanda de Habeas Corpus contra el auto de auto de apertura de instrucción , en donde el juez dispone la apertura de instrucción dictando mandato de comparecencia simple , aparentemente, sin restricción alguna de libertad personal ..
Se ha hecho frecuente que ante este tipo de habeas corpus , el TC lo declare porque según el máximo intérprete de la Constitución, la comparecencia simple no es igual a restricción de la libertad y como no ha habido variación de dicha medida , no procede la demanda de habeas corpus . Ese es el argumento que se ha vuelto de rutina en el TC cuando se presenta este tipo de demandas constitucionales.
Personalmente, considero que es un fallo incongruente , bastante facilista cuando el TC declara improcedente la demanda de HC cuando en el auto de apertura de instrucción se dicta mandato de comparecencia simple.
No es fácil ni atractivo cuestionar el trabajo de unas instituciones consideradas infalibles y que se han convertido en un tabú.
Para declarar improcedente la demanda de Hábeas Corpus , el TC se ampara en el artículo 5° , inciso 1, del Código Procesal Constitucional ( " no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado" ).
Igual criterio utilizó el juez del quinto juzgado penal de Lima , César Riveros Ramos, cuando rechazó in limine el habeas corpus, la cual apelada, llega a la Cuarta Sala Penal Reos Libres para que absuelva en grado el medio impugnatorio .
Así que esa mañana, cuando aún no despintaba el sol de verano, esperaba que la relatora , una morena, con aire intelectual, mencionara el expediente para acercarme al atrio y empezar el informe oral .
Esta sala penal cuenta con tres nuevos vocales : la doctora Nancy Tiburcia Avila de Tambini, la doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas (presidente de la sala) y el doctor Jorge Barreto Herrera.
De estos tres vocales, al único que conocía era a Barreto porque había estado en la Tercera Sala Penal Reos libre en donde había dado varios informes orales por otras querellas por difamación agravada . De Barreto , nada bueno escribe el doctor Guillermo Olivera en un blog que se puede ubicar a través de la dirección : http://www.voltairenet.org/article173299.html.
El maestro Olivera Diaz, un personaje quijotesco de estos tiempos , se refiere a Barreto como que el castizo fonema de Juez Anticorrupción y que le fue demasiado ancho y esquivo al controvertido juez penal de Lima Jorge Octavio Ronald Barreto Herrera, que ahora integra como vocal superior provisional la Tercera Sala Penal de Lima para Reos Libres. Fue blando, remolón y complaciente con los procesados León y Químper del famoso caso de los petroaudios. Se pregunta intrigado ¿Por qué será?, respondiéndose, que hizo añicos a los emails, audios y demás elementos probatorios del caso restándoles a priori calidad de prueba. Pero fue enmendado por sus superiores; la prensa difundió sus desbarres.
Además, menciona que en la 3ª. Sala , Barreto abusaba de sus colegas vocales Jorge Alberto Egoavil Abad y Flor de María Poma Valdivieso, porque funge de especialista, ya que siguió una maestría en ciencia penales y los otros no. Lidia cada día con ellos al resolver casos concretos, quienes humildemente se sienten lejanos a la especialidad penal, especialmente el magistrado Egoavil que cultivó con brío el derecho laaboral. De la doctora Poma no se conoce siquiera un artículo, un libro es mucho pedir, del campo judicial penal que ahora sirve. En el inmenso tráfago de expedientes penales que tienen que ver diariamente Barreto Herrera los pasea; a sus ponencias no se atreven a quitarle una coma.
Al parecer, Barreto había ocasionado un tremendo abuso y perjuicio a su patrocinado Víctor Manuel Bustamante Delgado, privándole del derecho de defensa y pretendiendo atribuir mérito probatorio a dos documentos pre procesales: un protocolo de necropsia y otro pronunciamiento Médico Legal que fueron, por escrito, expresamente cuestionados, que no han sido ratificados en sede judicial pese al reiterado pedido del procesado y que el propio Fiscal Superior los observó y pidió un Pronunciamiento Médico Ampliatorio que no hicieron caso.
Al final, Olivera, quien me enseñó criminología cuando fui cadete allá por la década de los setenta, en el Centro de Instrucción de la PIP, amenazaba con interponer una demanda de Hábeas Corpus contra los tres citados vocales y una denuncia penal por prevaricato y abuso de autoridad y que estaba recopilando pruebas para tal cometido .
Respecto a los otros vocales de la Cuarta Sala Penal Reos Libres( Dra. Avila y Dra. Piedra) , sólo tenía referencia de ellas, principalmente la primera , por ser esposa de un abogado ligado al Apra , a su vez, familiar de la esposa de mi archienemigo , Ketin Vidal.
En tiempos normales a la Dra. Nancy Tiburcia AVILA de Tambini hubiese pedido su inhibición, pero he llegado a la conclusión que inhibida o recusada, los vocales , al final, sentencian . Y cuando resuelvan la recusación o inhibición, el proceso ya está consumado.
Foto: Dra. Nancy Avila
Sólo esperaba que esta vocal aplique su criterio de conciencia o el sano juicio, eufemismos para entender que los vocales son libres de apreciar los hechos y las pruebas que lo abonen con libertad y sin referentes.
Esa mañana , antes del informe oral, media antes de las ocho de la mañana, hora señalada de ingreso a las salas penales y mientras esperaba sentado en una banca, en las afueras del edificio, observé que llegaban los vocales , antes de las ocho de la mañana, en vehículos diferentes, desde un " Mercedes" hasta vehículos "normales", que quiere decir, de precios razonables .
Sería las ocho y media cuando me tocó dar el informe oral que fue breve y conciso . ¿Cómo empezar un informe oral?
Lo aconsejable es empezar primero por la pretensión : pretendo convencer a la Sala Penal para que asumiendo el rol como jueces constitucionales , revoquen la resolución judicial de fecha 2 de mayo 2012 que declara improcedente in limine la demanda de HC presentada contra el auto que admite a trámite la sumaria investigación de fecha 28 de marzo 2012, emitida por la doctora Nori Marilin Vega Caro, juez del 42 Juzgado Penal de Lima , declarándolo nulo y sin efectos el auto mencionado , y disponiendo que la causa retorne a la etapa de calificación de la querella a fin de cumpla con tramitar la querella conforme al artículo 77 del Código de Procedimientos Penales.
El agravio se evidencia cuando el Dr. César RIVEROS RAMOS, juez del quinto juzgado penal de Lima , actuando como juez constitucional , al declarar improcedente liminarmente la demanda de HC no motiva debidamente su resolución judicial , tampoco identifica ni resuelve el objeto de la demanda ni la controversia constitucional.
No motiva porque la resolución judicial incurre en los errores y omisiones que el TC ha señalado en reiteradas jurisprudencias : simple yuxtaposiciones de afirmaciones y negaciones, unt extenso resumen doctrinario para llenar páginas, modelo de plantillas computarizadas ( tal como se evidencia cuando se refiere en el fundamento siete en donde aparece la frase "dictado por el juez instructor previa denuncia fiscal" cuando se sabe que en este tipo de querellas no participa el fiscal .
El juez no se ha ubicado en su rol de juez constitucional, no ha realizado el análisis lógico- jurídico y utiliza argumentos tautológicos , simples eufemismos procesales o fórmulas propositivas.
¿Cuál es el objeto de la demanda?
Que se evalúe el auto que apertura la sumaria investigación de fecha 28 de marzo 2012 con la finalidad de que se declare nulo y se deje sin efectos disponiendo que la causa retorne a la etapa de calificación de la querella por haberse vulnerado el principio constitucional a la motivación de resolución judicial , el principio de defensa , el derecho a la presunción de inocencia y porque constituye una amenaza cierta y evidente a la libertad personal desde el momento que se dicta medida coercitiva de comparecencia restringida .
¿Cuál es la controversia constitucional que no ha sabido resolver?
Se presenta cuando el juez demandado en el momento de calificar la querella no se sujeta al artículo 77 del CPP, no identifica el elemento objetivo de atribuir un hecho, una cualidad una conducta con animus difamandi ,sin entrar el elemento interno del dolo que se ve en el transcurso del proceso .
El magistrado no sabe explicar por qué existen indicios suficientes y elementos de juicio reveladores , tampoco sabe que este tipo de delitos de mera intención o mera conducta y de consumación instantánea , incurriendo en el error de tramitar la querella como si fuese una difamación continuada , figura inexistente en nuestra legislación.
El auto que admite la sumaria investigación es una larga lista de hechos incriminatorios, copiados textualmente de la denuncia presentada por la querellante como si fuese delitos continuados .
El magistrado no identifica qué parte es expresión u opinión e información , situación importante porque cada uno persigue objetivos diferentes y tiene un tratamiento diferente.
En conclusión, el auto de apertura de instrucción tiene una motivación deficiente, el recurrente no llega a conocer la razón de manera clara , verosímil, el por qué se le apertura la sumaria investigación y desde el momento que se dicta comparecencia restringida , constituye una amenaza evidente a mi libertad individual .No obstante que por los motivos que aducen para la medida coercitiva( el tipo de delito , querella por difamación) y por los motivos que expresa ( se encuentra plenamente identificado, no hace presumir la existencia de peligro procesal), en caso extremo , correspondería comparecencia simple y no comparecencia restringida .
En este sentido, se debe observar en cada caso concreto, si existe una clara, evidente, indiscutible, vulneración de la tutela procesal efectiva, que lesione a su vez el derecho a la libertad individual, para que se cumpla con el segundo requisito de procedencia del hábeas corpus.
Por doctrina sabemos que la comparecencia- en sentido lato- es una medida coercitiva de naturaleza personal que consiste en el estado de sujeción permanente al proceso penal por parte de la persona a la que se le atribuye formalmente en el hecho delictivo. Es una mera sujeción al proceso y de concurrencia al proceso en los casos que el procesado sea citado.
¿La comparecencia simple puede ser considerada una restricción de la libertad personal?
Se puede replantear la pregunta de la siguiente manera : ¿El inicio de un proceso penal , puede considerarse como una restricción a la libertad personal?
Si bien la comparencia simple no priva de la libertad ¿ puede ser considerada una amenaza para la libertad personal?
Hice mención del fallo del TC ( Expediente N° 078-2005 del 28 de marzo 2005) en donde realiza una análisis de fondo sobre un caso en donde el beneficiario estaba con comparecencia simple y considera que de lo actuado se observa que existe un proceso penal abierto en contra del demandante del presente proceso constitucional, respecto de un hecho por el cual alega ya haber sido sancionado en la vía administrativa, lo cual de verificarse, conjuntamente con otros requisitos, revelaría una manifiesta vulneración al debido proceso al inobservarse el principio constitucional del non bis in idem y cuya constatación deberá ser materia del análisis de fondo.
Asimismo, en los fundamentos , el TC para analizar de fondo el caso, refiere que el ensanchamiento del habeas corpus permite plantearlo contra resoluciones judiciales teniendo en cuenta que la sola instauración de un proceso penal constituye per se una limitación a la libertad personal por lo que debe observarse desde sus inicios y con mayor rigurosidad en estos procesos, los principios y normas que informan el debido proceso como parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva.
En este fallo se observa que el TC no descarta de plano declarar improcedente la demanda de habeas corpus y realiza un análisis de fondo y la declara fundada .
Por lo tanto, no es lo común o usual que el Colegiado rechace toda demanda de HC en donde el auto de apertura de instrucción dispone la apertura de instrucción contra el recurrente dictando un mandado de comparencia simple .
En este caso (Expediente N° 078-2005 del 28 de marzo 2005) el TC falla y sienta criterio jurisprudencial en el sentido de que la sola instauración de un proceso penal constituye per se una limitación a la libertad personal .
Al final del informe oral, la única pregunta vino por parte de la presidente de la sala penal, una mujer baja , trigueña, pintando canas, de reconocida trayectoria profesional, aguda e inquisitiva en sus preguntas . Preguntó cuál era el estado actual del proceso .
Contesté que aún no terminaba el estadio de instrucción. La doctora Piedra preguntó a los vocales que la flanqueaban si querían hacer alguna pregunta. El doctor Barreto, sereno , inescrutable , observador , respondió con un movimiento de cabeza, que no .
La doctora Ávila, delgada, elegante, de gestos estudiados y hablar pausado, también dijo que no tenía preguntas.
Presumía cuál iba a ser la conclusión del colegiado, nada favorable para el accionante, jamás los tres vocales iban irían contra la opinión sacrosanta del TC quienes consideran que la comparecencia simple o restringida no es signo de vulneración de la libertad personal , condición sine qua non para analizar de fondo el habeas corpus. Pero , había que cumplir el rito .
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Noticia, EVO EN EL CORRUPTO LABERINTO DE LA ILEGITIMIDAD - 17/01/2013 7:42:24
" Estamos ante una muy destacada coyuntura en la vida política boliviana. El Gobierno enfrenta un nuevo escándalo de corrupción, que no seria trascendente sino fuera por que devela que la justicia al politizarse se ha convertido en la fuente principal de corrupción y por que por primera vez compromete a tres ministerios (de los 7 u 8 desde el 2006) y desata antagonismos al interior de las filas del MAS, agravando la crisis de legitimidad que ya tenia el Gobierno y todo lo que huela a político.La red de extorsión en la que están implicados funcionarios de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia y Transparencia ha puesto una vez más en jaque a la actual administración gubernamental que al haber judicializado la política, priorizado el daño al enemigo político por sobre la vida democrática, lo ha conducido a una permisividad de sus funcionarios con imprevisibles consecuencias políticas. Es mas grave la situación si consideramos que hace poco consolido el control del poder judicial con el cuestionado nombramiento de los fiscales y notarios. Mientras el Presidente y Vicepresidente guardaron silencio durante por lo menos una semana, las autoridades mas altas involucradas, los Ministros de Gobierno, de la Presidencia y de Transparencia no solo no han renunciado sino que dicen haberse legitimado por que su actuación es una muestra del combate a la corrupción.
Algunos voceros del MAS señalan que se trata de casos individuales y no de una o mas redes de delincuentes. Otro argumento es que se trata de infiltrados o de meras acusaciones politizadas. Evo se aleja, actúa como Presidente de otro país, continua con su campaña electoral y aterrado por no ser reelecto solo atina a decir que le duele lo que esta ocurriendo. Trata de huir, proteger a sus ministros involucrados, cuidar se filtre información comprometedora, sacrificar algunas fichas hasta que pase la tormenta y cerrar el tema considerándolo como solo un caso marginal.
El silencio inicial de la oposición solo reafirma que la derecha empresarial y gran parte de la derecha política esta satisfecha en su alianza con el ejecutivo y sus procesados por terrorismo prefieren usarlo como instrumento de negociación para terminar con la persecución. Y en la oposición de izquierda, las cosas no están mejor, evidencia que los movimientos han sido fragmentados o controlados por el Gobierno. Otros minimizan los hechos y dicen que la corrupción política siempre ha existido y es cierto, sin embargo, este Gobierno utilizo como emblemas el mandar obedeciendo, transparencia, anticorrupción, honestidad, control social, hasta, retomar los preceptos incaicos: Ama Sua, Ama Quella, Ama Llulla, y por ello muchos votaron y lo apoyaron. Empero, la suma de reacciones podría generar la recomposición de la derecha y de la izquierda. Las fiestas de fin de año constituyen una tregua, después de la cual se cambiaran algunos ministros y se renovara la lucha por la reelección. Incluso, ante la ausencia de una ofensiva política podría ser que el Gobierno se relegitime. Veamos las complejidades.
Evo y la cultura política de corrupción.
El Gobierno que en ocasiones juega a incentivar conflictos para después aparecer como el salvador y seguir en primera plana de la política, esta siendo desbordado por esos embrollos, por el exceso en las acciones punitivas, por las alianzas pre electorales con los mas ambiciosos y oportunistas miembros de partidos, gremios, sindicatos, movimientos y tecnócratas, que lo han llevado a tolerar la corrupción, perdiendo de vista que estaba frente a un monstruo de mil cabezas y que ahora se dan cuenta de que lo puede devorar. No solo hereda una cultura política de la corrupción, también a funcionarios y abogados neoliberales que trabajaron con Banzer o Goni, expertos en los manejos del Estado y que fueron asimilados precisamente por ello. La corrupción se reproduce e interactúa desde afuera y desde dentro del Estado. Las mafias internacionales están en el país y las redes se han multiplicado.
La corrupción de apariencia legal o legalizada es la madre de las otras formas. Las trasnacionales ,como se ha visto a nivel global- son las principales portadoras de esa insuperable herramienta de convencimiento. Y la burguesía, los políticos y militares son los mejores procesadores cuando convocan a la inversión extranjera o a la ayuda militar. Partidos íntegros se han corrompido y en Bolivia encontramos al MAS aliado con la derecha, en unas regiones con el Mir, en otras con el MNR o con los remanentes de ADN en defensa de alcaldes o gobernadores corruptos como en Santa Cruz o Yacuiba, donde también actúo la red Ostreicher defenestrando a los acusadores con ayuda de esta temible red. Evo y los lideres del MAS viven una lógica política donde lo importante es el control del poder a cualquier precio, monopolizarlo y destruir a la oposición.
Si rascamos un poco el clientelismo, el prebendalismo y el patrimonialismo que ya caracterizan al Estado, también son formas de corrupción. De hecho ,como veremos- se sabe que Evo conocía de muchos de los hechos de podredumbre y no hacia nada al respecto. Y como no iba a saber si cada vez son mas los escándalos y hace algunos meses ,en agosto- la propia Ministra de Transparencia señalaba que habían 8000 procesos por corrupción y solo 100 presos. El mismo Ministerio revelo en diciembre de 2010, que entre los años 2006 y 2010 se recibieron 71 denuncias de corrupción que involucran a 568 funcionarios. Por su parte el defensor del Pueblo, Rolando Villena, denuncia que la principal fuente de violación de los derechos humanos proviene de la policía. Las cifras del Ministerio de Transparencia aunque confusas, al menos expresan lo que era voz populi.
El Gobierno Intentaba superar varios fracasos en el ámbito jurídico y social, uno es frente a la CIDOB y su resistencia a la carretera, imponiendo una anticonstitucional consulta ex post y sobre una supuesta respuesta positiva derogar el DL que le otorga intangibilidad a territorios indígenas, y el otro era como frenar la inseguridad publica, sin confrontarse con aliados institucionales. Las conclusiones de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de DDHH, son tanto o más contundentes que las del defensor del pueblo:
1. El proceso de "consulta" del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales. 2. La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de "libre" y "buena fe". 3. No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS. 4. La consulta giró en torno a la disyuntiva "intangibilidad o desarrollo", presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas. 5. Tampoco se cumplió la condición de "informada", porque no se les presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. 6. La mayoría de las comunidades visitadas rechaza la construcción de la vía Villa Tunari -San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, a la que históricamente se opusieron desde los 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena. 2. Las instituciones judiciales (Jueces, fiscales y Ministerio Publico) y la policía son advertidas por la población como las principales fuentes de abusos, la principal amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos. Su incapacidad de reformar ,pero si someter- al Poder Judicial que cotidianamente se ve abrumado por las la corrupción de jueces, fiscales, policías, militares y funcionarios, marcan las noticias en los medios, aparecen nuevos conflictos propiciados por el intento de consolidar las nuevas formas autoritarias de hacer política auspiciadas desde el Gabinete ministerial.
En efecto, las elecciones ya están en el horizonte y toda la vida política esta marcada por la reelección, los poderes del Estado están controlados, los medios ya están bajo su control y la oposición que queda en este ámbito casi ha desaparecido al beneficiarse de los gastos publicitarios, que se han incrementado enormemente; el censo y las encuestas de opinión se organizan para definir estrategias; miles de millones se gastan en el sexenio en bonos, proyectos rurales, infraestructura y gastos sociales; se intenta controlar la inflación y al fin se perfilan algunas dudosas inversiones en industrialización de los hidrocarburos; la persecución de los enemigos políticos se convierte en política estatal, evitando que aparezca algún contendor que haga peligrar la nueva dominación. Las próximas elecciones en el Departamento del Beni, serán un barómetro de lo que podría después ocurrir en el país. Frente a una derecha cuyo candidato, Lens, aparece favorecido por las encuestas de opinión ya es amenazado por corrupción, una lógica de poder que se ha hecho habitus. El abuso de poder y el miedo están generalizados y con el, la desconfianza en la política y la resistencia cotidiana. Siempre hay quienes demandan honestidad y democratizar las decisiones, no todos se dejan avasallar o comprar con la política clientelar. Movimientos sociales de gremialistas, transportistas, universitarios, trabajadores del sector publico, etc. intelectuales, sindicatos, COB, ONG criticas, CIDOB, CONAMAQ, son algunos de los 100 conflictos mensuales que vive el país.
Detrás de todo esto esta el proyecto de un país extractivista, una economía colonial y una política neoliberal que en la oscuridad viene subastando Bolivia. Y cuando un país se abre a la inversión extranjera convierte en una selva el territorio y los funcionarios son tentados por los inversionistas a los malos manejos. El oriente con petróleo y gas, madera, terratenientes y potencial para alimentos y transgénicos, los valles con la coca y producción de alimentos y los andes con yacimientos mineros son las reales fuentes de corrupción y vienen desde las concesiones empresariales, las actividades económicas que genera, hasta la protección de los lumpen empresarios. Desde la legalización de las grandes propiedades en la constitución, los intentos de expropiar a las TCO, las denuncias de Soliz Rada respecto a la injerencia y manipulación de contratos hidrocarburiferos por los mas altos funcionarios, hasta la instalación de carteles de narcotráfico hay una articulación de procesos a develar.
La coyuntura actual esta fuertemente marcada tres procesos:
1) por el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado preparada por el Poder Ejecutivo por un encargo del Ministro de Gobierno (Romero) a un estudio privado de abogados, según Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados. Apareciendo un fugaz conflicto inédito entre el Ejecutivo y el legislativo. Mas que las disculpas de Romero fueron las convicciones de Delgado que de hecho venia siendo cómplice de la aprobación de incontables leyes inconsultas y no discutidas por los propios congresistas. La importancia de este hecho tiene que ver con múltiples relaciones, con la historia boliviana al poner al descubierto como ha sido y es la acumulación colonial basada en el contrabando, el narcotráfico, las privatizaciones, la apropiación de la tierra, el despojo, la ilegalidad legalizada por un poder judicial privatizado, etc., en lo macroeconómico con la política fiscal y la necesidad de nuevos ingresos; en lo político con la judicialización de la política y la destrucción de los potenciales enemigos electorales y sus financiadores; en lo social con el orden y la construcción de un estado punitivo que domestique totalmente a la población; en lo partidario las ocultas contradicciones en el seno del MAS dirigido por el Gabinete que muestran que el Gobierno esta dividido entre una mayoría de funcionarios y ex lideres obsecuentes, neoliberales y con tendencia represoras y una minoría de personas honestas que aun quedan en la administración.
Ante el rechazo del proyecto del Ejecutivo por transportistas y comerciantes mayoristas y minoristas, trabajadores fabriles, maestros e inmensas capas de pequeños propietarios en enormes marchas callejeras, autocriticado por dirigentes del MAS y cuestionado por abogados constitucionalistas por vulnerar derechos individuales fundamentales como el derecho a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, es aceptada la modificación parcial por la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que estamos hablando de un instrumento legal que penaliza las actividades ilícitas y promueve acciones aceleradas sobre las propiedades adquiridas con recursos ilícitos, otorgando a los imputados un plazo para que presenten descargos y dispone que en caso de flagrancia, la Procuraduría incautará todos aquellos que sean producto del contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción y la adquisición ilícita, Cualquier bien (casas, vehículos, etc.), cuyo propietario no pueda justificar que ha sido adquirido por medios lícitos, será inmediatamente incautado y monetizado en beneficio del Estado. Las duras reacciones ante una norma inconsulta y peligrosa eran de esperarse. La población se siente vulnerable e indefensa y choferes y gremialistas lideran las movilizaciones exigiendo la anulación de la norma por ser inconstitucional y no aceptan la sola revisión de algunos artículos como plantea el gobierno. Realizan marchas, llaman a paralizaciones y amenazan con la huelga general indefinida si el gobierno no anula el proyecto.
La población y mas aun la politizada tiene una profunda desconfianza de todo lo que proviene del gobierno e intuye que este es un instrumento que garantiza las propiedades de sus hoy aliados: las grandes empresas y las transnacionales, que supuestamente operan en la completa legalidad, pero que puede ser muy dura para con los propietarios de la economía informal que podrían ser victimas de la confiscación de su patrimonio en un territorio donde nadie acata la ley y muchos se han enriquecido en la ilegalidad, pues aunque el proyecto de ley determina que el proceso para revertir el derecho propietario solo se activa cuando hay una imputación formal en contra de un presunto narcotraficante, contrabandista o corrupto, el acusado tendrán 15 días para comprobar la procedencia legal de su propiedad.
No olvidemos que muchos masistas son transportistas, comerciantes, gremialistas y creen ser representados por algunos diputados. Las presiones llegaban al poder ejecutivo y Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, fue de algún modo su vocera. Participe de la aprobación de leyes inconsultas, en su inocencia, fue delicada y cauta al admitir que solo algunos artículos del proyecto no concordaban con la Constitución y podían ser objeto de interpretaciones o propiciar arbitrariedades, por lo que recomendó modificar el 60% del texto, acusando de irresponsable al Ministro de Gobierno. El mismo que primero desmintió y después descalifico públicamente señalando que ella no tenia las cualidades académicas ni la trayectoria para llamarle la atención. Lo que le trajo gratas solidaridades. Empero, ella no cuestiono que el parlamento y los otros poderes se han convertido en dependencias del Ejecutivo y que los legisladores del MAS solo levantan la mano aprobando leyes redactadas fuera del hemiciclo.
Para evitar un nuevo estallido social, el Presidente Morales anunció que enviará el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que falle sobre su constitucionalidad en cumplimiento del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado.
Este primer problema coyuntural esta conectado con el que pasaremos a analizar, el despojo de un ciudadano norteamericano, que obliga a dudar y decir a los críticos "imaginemos lo que ocurriría al abrir las trancas para que una DIRCABI cien veces más grande se implante en Bolivia, decomisando las propiedades muebles e inmuebles de ciudadanos que en cinco días no puedan probar a los fiscales y jueces" el origen de sus bienes.
2) El segundo proceso que marca la coyuntura. Es el inaudito caso de Jacob Ostreicher, ciudadano judío norteamericano que es aparente victima de una de las redes de funcionarios públicos de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia, de Justicia, de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), directivos de ingenios arroceros, abogados, etc. Que de no ser asistido por el brillante y laureado actor Sean Penn, por mediación del Gobierno de Venezuela y las presiones de congresistas norteamericanos continuaría preso. Su dinero proviene de los paraísos fiscales y lo mismo que el de su socia, la inversionista colombiana Claudia Rodríguez, no tiene un claro origen económico y social, aunque si legal, lo que difícilmente se llegara a saber algún día. Por algo a los paraísos les llaman lavaderos de dólares. También habrá que ver como responderán a las demandas que se le vienen por los trabajadores de una empresa agropecuaria comprada por él, a quienes ya debe cientos de miles de dólares.
Y es que el constructor Ostreicher y su socio Andrés Solty llegaron a Santa Cruz el 2008, a un país que desde la Presidencia los invitaba a invertir garantizándoles sus actividades; asociados con Claudia Rodríguez invirtieron 27 millones de dólares en Guarayos, la zona norte del departamento en agricultura y ganadería. Ahora se sabe que el ex abogado y asesor del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, habría propiciado que la colombiana Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas. De este modo el astuto Rivera logro que Jacob sea engañado en la compra de 12.000 hectáreas de tierras en el oriente, que pertenecían a Dorado, que había sido deportado a Brasil el año 2011. Jacob, en su confusión, reconoció que Dorado se acerco a él para hacer negocios agrícolas y que ambos terminaron estafados por Rodríguez, pero negó que en alguna oportunidad se haya involucrado en el negocio de las drogas. Además, unos empleados suyos fueron detenidos por narcotráfico y sobre estas bases se construyo la acusación y motivo de su detención. En junio de 2011 es detenido por la policía antidroga, después de haber denunciado a la colombiana Claudia Rodríguez por estafa.
Las declaraciones del abogado de Claudia son esclarecedoras. Indicó que la fiscal Janet Velarde la imputó sin ningún fundamento, porque para sindicarla de legitimación de ganancias ilícitas tendría que haber algún informe que diga que obtuvo dinero de procedencia irregular y ese no existe. El abogado aseveró que el dinero (25 millones de dólares) llegó a Bolivia, después de haber sido desembolsado del banco UBS en Suiza, mediante una transacción legalmente establecida. Sostuvo que Rodríguez tenía un poder pleno y suficiente (de los inversionistas suizos) para invertir en Bolivia, este dinero llegó al país pasando todos los controles internacionales de prevención y detección de lavado de dinero, primero pasó controles suizos, luego de la Unión Europea, de los Estados Unidos y aquí los controles del Banco Central de Bolivia".
Entre 2007 a 2008, cuando se habría hecho toda la transacción de la millonaria suma de dinero, no se detectó ninguna irregularidad. Ratificó que el vínculo con la supuesta actividad del narcotráfico surgió a partir de que el mismo estadounidense Ostreicher acusó a su socia de narcotráfico, y al hacerlo sindicó indirectamente de lo mismo a la millonaria inversión agroindustrial, por consiguiente se acusa él mismo, mas aun si irresponsable y falsamente dijo ser dueño de toda la inversión, entonces "él solito se lanzó esa acusación". Quizás pretendía recuperar lo perdido con el ex coronel y abogado Andrade quien le había cobrado 115 mil dólares por enjuiciar a Claudia y defenderlo.
¿Jacob, en determinado momento habría pretendido encarcelar a la colombiana y quedarse con todo, siendo que el 80% era inversión de los representados por ella? Lo cierto es que finalmente ambos fueron títeres del funcionario Fernando Rivera. Es así que con esta macabra operación de Rivera, que no dejaba rastros ni pruebas, ambos terminan encarcelados Claudia con dos procesos penales y uno civil fue detenida por la Felcn y trasladada a Sucre, por decisión de Régimen Penitenciario. Jacobo, termino en el penal de Palmasola desde junio de 2011 acusado por legitimación de ganancias ilícitas. Les incautaron sus bienes: sus 6 predios, 20.000 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado vacuno de raza. Al menos un 40% del arroz habría sido monetizado (¿a mitad de precio, 3 millones de dólares?) desapareciendo los millonarios ingresos, junto a los conseguidos por las extorsiones, al parecer repartidos entre miembros de la red, entre los que están los fugados operadores de la DIRCABI.
Ostreicher denunció reiteradamente ser víctima de injusticia, mientras las cortes en varias audiencias le negaron la libertad, argumentando aspectos formales como la supuesta falta de una dirección domiciliaria o de prueba de trabajo, según manda el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Ahora ya se sabe que esa decisión fue tomada por presión ejercida por altos funcionarios del Gobierno. Confiados en que los procesos se inscribían en la lucha contra el narcotráfico y en el antinorteamericanismo del Gobierno y en posesión de elementos condenatorios para Jacob se expusieron demasiado, desafiando incluso, las presiones del Gobierno estadounidense, sin advertir el peso potencial que tiene un ciudadano norteamericano, Pero como veremos mas adelante su confianza en la impunidad también provenía de su información privilegiada y de que se consideraban indispensables en procesos judiciales emprendidos por el Gobierno contra la oposición de derecha y de izquierda. El hallazgo y la persecución de narcotraficantes y sus bienes se habría convertido en una mina a explotar usando sus poderes extraordinarios.
Este año, en noviembre, Sean Penn viajo Bolivia, visito a Jacob y comprobó que en Bolivia no se respetaban los derechos de su compatriota. El actor estadounidense intercedió por él ante el propio Presidente negociando un debido proceso a cambio de actuar como embajador de buena voluntad para llevar adelante la reivindicación marítima, la despenalización del masticado de la hoja de coca y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes, el Senador de Estados Unidos, Christopher Smith, denunció vulneración a los derechos humanos en una campaña de solidaridad, otros congresistas mas exigieron justicia. y el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Larry Memmot, exigió definir la situación legal. El cerco apretaba a la banda pero no obstante estas poderosas mediaciones, la jueza Eneas Genitile y otros jueces continuaban declarando improcedentes los nuevos recursos de cesación de libertad debido a que Ostreicher carecía de familia constituida, trabajo y vivienda conocidos en Bolivia. El 11 de diciembre ultimo los jueces Sigfrido Soleto y Édgar Carrasco, en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra negaron otra vez la solicitud de revocatoria de la detención preventiva de Jacob Ostreicher, dispuesta por la mencionada jueza Gentile. Llevando a pensar que la red sigue viva defendiendo sus intereses. Sean Penn, no obstante su solidaridad con el proceso de cambio, anuncio con llevar el caso a tribunales internacionales.
Oficialmente y sin confirmar declararon que el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) trabajo en el accionar de la banda de extorsionadores desde hace siete meses sospechaba que la pandilla era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya que actuó en los últimos cinco años y medio en siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno. ¿Qué y quienes permitieron que permanezcan en esos lugares estratégicos?. Lo cierto es que Fernando Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, con activa participación jurídica en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, teniente Julio Navia y mas. Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder notarial especial otorgado por el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti el 2011 y aparentemente refrendado por el actual Ministro, con el representaban al Ministerio de Gobierno e incluso al Estado en audiencias judiciales y diferentes procesos. ¿Quién y Por qué les otorgaron poderes mayores a los del propio Presidente?. Otro implicado es José Manuel Antezana Pinaya, pariente del ex Vice ministro y hoy diputado por el MAS, Héctor Arce, empezó a trabajar como funcionario de planta con el puesto de "responsable de Gestión Pública el 11 de abril de 2008, dos meses antes de que Arce deje el cargo. Un año y medio después, ascendió a directivo, como funcionario del Palacio de Gobierno, fue aprehendido en La Paz, acusado de comercializar arroz incautado al norteamericano Jacob, cuando ejercía el cargo de Director Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Gobierno, también era miembro del directorio de la empresa Cartonbol en representación del Ministerio de la Presidencia. Otro acusado es Boris Villegas, ex director Jurídico del Ministerio de Gobierno. La Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, rompió el silencio e intento frenar la ola de denuncias y en un comunicado, pidió a la Fiscalía General iniciar de oficio procesos contra quienes hayan sido víctimas de extorsión, pues aceptar la extorsión constituiría un delito, tipificado como cohecho activo. La ministra estaba cuestionada mucho antes por varias denuncias que algunos poderosos se encargaron de ocultar y silenciar. El propio Ministerio de Gobierno la criticó y calificó como un "exabrupto" el comunicado que ella emitió.
La detención de Rivera, acusador del Gobierno nacional impacto en el juicio oral que se reinició en Tarija por presunto terrorismo y alzamiento armado, otro tortuoso caso nunca totalmente esclarecido. Un juicio que ya venia contaminado por que Ignacio Villa Vargas, "el Viejo, antes testigo "clave" para el Gobierno, acusó a personeros del Ministerio de Gobierno y de Inteligencia de la Policía de haber perpetrado los atentados con explosivos en los domicilios del concejal masista Saúl Ávalos y del cardenal Julio Terrazas, días antes del operativo en el hotel Las Américas, en el que fueron abatidos Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer. Villa Vargas reveló además que recibía Bs 7.000 mensuales de Luis Nolberto Clavijo, agente del Ministerio de Gobierno, mientras estuvo infiltrado en el grupo de Rózsa, y que acompañó como conductor a los agentes de Inteligencia Wálter Andrade y Marilyn Vargas (con seudónimo "Karen) cuando estos colocaron explosivos para inculpar al grupo de Rózsa. Además, Villa denuncio que fue torturado para que incrimine a la dirigencia cruceña con el supuesto plan separatista y mencionó al exministro de Gobierno Alfredo Rada de estar involucrado en la trama.
Otra fuente de la Fiscalía aseveró que otro caso es el de Terrorismo II, que indaga a los financiadores del grupo presuntamente secesionista de Eduardo Rozsa. "Lograron sacar millones para que algunos ganaderos no sean investigados y que se desvíe la pesquisa hacia otras personas". Explicó que en la mayoría de los casos, las parejas de los abogados Rivera y Rodas tomaban contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían en el momento de intentar cobrar. En el caso de Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico y poseedor de 10 millones de dólares, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola. Y siguen apareciendo decenas de denuncias, que comienzan a ser procesadas, agravándose la credibilidad gubernamental. Al 21 de diciembre ya sumaban 80, según el Ministro Romero.
Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi actuaban como mercenarios jurídicos y así como servían para montajes contra la derecha también lo hacían contra dirigentes indígenas y populares. Son los que presentaron, en 2011, la denuncia contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca; acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno. Cuando el Gobierno ha tenido problemas sociales o políticos Juan Ramón Quintana, capitán dado de baja y sin embargo, egresado de la Escuela de Las Américas y experto en inteligencia, en cargos clave como nada menos que el Ministerio de la Presidencia, se habría encargado de deshacer entuertos. Fue Asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez (en el periodo 1999 - 2002) Soliz Rada hace algunos años lo conmino a que explicara de manera pública el financiamiento que recibió, antes de integrar el gabinete, de la Open Society (de Soros) para su Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Soros es uno de los principales accionistas (20%) de la compañía Apex Silver Mines Limited, matriz de la empresa minera San Cristóbal SA, que el último trimestre del 2007 comenzó a operar en la zona de los Lípez, en Potosí, explotando plata a cielo abierto con expectativas de exportación de 200 millones de dólares anuales. Mas tarde, el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún ( Empresa Siderúrgica del Estado Boliviano), Walter Chávez, involucra a Quintana con la Empresa Siderúrgica Jindal, de la India acusándolo de abuso de poder y traición a la Patria al querer obligarlo a cambiar el contrato internacional entre la Jindal y el Gobierno Boliviano para satisfacer intereses extranjeros. Y finalmente en Red Uno TV Rafael Quispe, dirigente de Conamaq, denuncio que El Ministro Quintana y el Senador Isac Avalos se habrían apropiado de 5 millones de dólares.
Página Siete señala que según fuentes de la Fiscalía de La Paz el mismo grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio. El ex Vicemisnistro Gustavo Torrico, antes defenestrado por supuesta corrupción, pidió se investigue a Boris Villegas, ex jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno (2007-2012) y después funcionario del Ministerio de Transparencia y se revisen los casos de corrupción en decenas de Bingos extorsionados para permitirles funcionar clandestinamente y otros casos que se dejaron en la oscuridad.
De los archivos de noticias, Radiofides.com hace un repaso de los casos más sonados que el Gobierno tuvo que enfrentar por acusaciones de corrupción, nosotros resaltamos solo los que nos parecen mas significativos, de los cuales algunos simplemente fueron institucionalizados y otros silenciados y archivados : El primer caso públicamente conocido en el Gobierno de Evo Morales; en agosto de 2006 la Cancillería denunció la falsificación de documentos para visados chinos, se implicó en el caso a los entonces senadores del MAS, Santos Ramírez y Guido Guardia. Luego se denuncio el caso la desaparición de tractores y maquinaria agrícola donada. Mas tarde, el 27 de julio de 2008, un convoy de 33 camiones con contrabando evadieron el puesto de control fronterizo en Pando, los propietarios argumentaron que tenían permiso del ministro Quintana. Los vehículos fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, donde tras permanecer un mes rebasaron al Control Aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando.
El caso fue denunciado por el entonces presidente de la Aduana, César López. El 27 de enero de 2009 la muerte violenta del empresario Jorge O Connor destapó el mayor escándalo de corrupción en YPFB, el atraco y robo de 450 mil dólares destapó una red de corrupción en la que estaba implicado directamente el ex presidente del Senado y alto dirigente del MAS, Santos Ramírez, que en la ocasión era titular de la estatal petrolera. El pago de coimas, la creación de millonarias empresas fantasmas y adjudicaciones irregulares fueron descubiertas, hoy el principal involucrado cumple una condena de 12 años de cárcel. A inicios de 2010, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya descubrió que sus antecesores habían montado una red de corrupción que incluía sobresueldos, designaciones irregulares, viajes de lujo, ampliación de mandato de los directores e incluso la construcción de una alcoba de ""cinco estrellas"" en las propias oficinas de esta entidad.
En septiembre de 2010 se destapó un escándalo de corrupción en Vías Bolivia, tras descubrirse que se habían vendido boletas de peaje sin numeración, provocando un daño económico considerable al Estado. Este caso provocó el alejamiento del cargo del director de la institución, Juan Enrique Jurado. En junio de 2012, Gerson Rojas el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos fue destituido tras destaparse presuntas irregularidades en los procesos de licitación de la planta de Río Grande, en el caso además se implicó a otro de los miembros de la comisión calificadora de YPFB, Agustín Javier Ugarte, se calculan daños cercanos al medio millón de dólares, lo que sigue siendo investigado. En este caso, está en cuestión la legalidad de la adjudicación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande a la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA), valuada en 159 millones de dólares, por existir indicios de una presunta coima en el proceso de contratación. La investigación develó que la AESA realizó el estudio de cotización para la construcción de la Planta y con este antecedente YPFB le adjudicó la obra y contrató a una empresa socia de AESA, BOLPEGAS (Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL) para que realice la fiscalización de la obra.
Otro caso destacado es el de la construcción de la fábrica de papel Papelbol, un daño económico al Estado por 13.571.010 millones de dólares y el principal sospechoso es el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado. Según la evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers, el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6.118.000 dólares, lo que revela un sobreprecio de 7.453.010 dólares. El Fiscal de Materia de la División de Corrupción Pública, Aldo Ortiz, que ordenó la aprehensión del exgerente General de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, con la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El abogado del ex gerente de Enabol, Moisés Ponce de León, acusó al ministro de Defensa de la inversión de los 28,9 millones de dólares y pidió que sea investigado. "Tiene que ser investigado el ministro de Defensa y tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, tiene que explicar al pueblo boliviano por qué ha incumplido sus deberes como presidente del directorio de Enabol", dijo Ponce de León a radio FIDES. Finalmente, el Viceministro Pérez dice estar investigando la denuncia de un negociado por 3 millones de dólares en madera supuestamente de contrabando realizado con ayuda del ex viceministro Marcos Farfán y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas, y con la participación de Denis Rodas, detenido actualmente en el penal de Palmasola.
Otros asuntos han sido los relacionados con narcotráfico que también tocan a gente del oficialismo. El primer caso conocido fue el del mallku que posesiono a Evo en 2006 que fue encontrado con cerca de 300 kilos de cocaína. En diciembre de 2010, el juez de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, envió a la cárcel al ex alcalde masista de Catacora (Pacajes-La Paz), Justo Zanga, quien fue detenido en una operativo antidroga, junto a una colombiana, con 190 paquetes de cocaína. El 2011, el alcalde del MAS en Calamarca (Aroma-La Paz), Luis Mamani, también fue detenido en posesión de 2.098 gramos de cocaína. Un último suceso involucra al ex jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, general René Sanabria; trasladado a Estados Unidos, desde Panamá, por cargos de narcotráfico.
Incluso el BID fue atracado por los funcionarios del MAS, este banco en su informe anual 2010, notifica que entre los años 2007 y 2010, sancionó 72 veces a Bolivia por corrupción, fraude y colusión, debido al mal manejo de los créditos otorgados por la institución. Un proceso que falta esclarecer es el del alemán Dirk Schmidt, auto calificado de internacionalista que apoyaba el proceso, y que colaboro comandando un grupo de funcionarios del Gobierno para investigar extorsiones a menonitas y que termino preso en julio de 2010 junto al ex Viceministro Gustavo Torrico, que además fue destituido, ambos acusados de lo que ellos detectaron que hacían los funcionarios del Ministerio de Gobierno.
Estos son solo algunos destacados ejemplos, pues en realidad estamos ante un conjunto de redes nacionales que se van descubriendo en la medida en que estas exceden los limites de la ambición. No seria exagerado decir que hay mafias o hechos de corrupción en todas las actividades económicas y en todas las dependencias publicas. La burguesía pequeña busca ser burguesía media y para eso sirven las profesiones y postgrados. Desarrollan la capacidad para detectar de donde viene el dinero y apropiarse del mismo. Pero también están los políticos, maestros desde la experiencia, que trasmiten el acervo acumulado. Se trata de un viejo sistema de corrupción permanentemente renovado y naturalizado por cada nueva administración. Basta visitar la Felcn, tramitar una licencia, constancias, migraciones, bienes reales, cárceles, colegios, hospitales, etc.
Estamos hablando de un problema que se puede generalizar, es decir es parte de la herencia cultural colonial, de un pensamiento colonial que marca la memoria. Bolivia, antes lugar de refugio de cowboys (Butch Cassidy y Sundance Kid llegaron a Tupiza en agosto de 1908) y nazis (Klaus Barbie el "carnicero de Lyon) ahora de narcos de Brasil (Se calcula que el 70% de la coca es para el mercado de Brasil) Colombia y de varios países europeos. La mayor organización criminal brasileña, el Primer Comando de la Capital PCC), Colombia (La red ya penetró a alcaldes, como el de la ciudad de Warnes, y a oficiales del Ejército, como el ya citado general (r.) René Sanabria, cabeza de la lucha antidrogas de Evo Morales), mafias europeas de Italia y Rusia, inversionistas brasileros y muchos otros compradores de fincas provenientes del narco y/o de paraísos fiscales que buscan invertir en comodities ligados a la producción de minerales o alimentos. La idea de capitalismo andino esta en todo, es la demanda de la vieja y nueva lumpen burguesía intermedia que quiere también enriquecerse como lo hicieron los qaras de la oligarquía. Los terratenientes consiguieron serlo avasallando y asesinando, la burguesía endeudando al propio Estado. Es la acumulación por despojo que inicia un nuevo ciclo y se expresa en toda la economía.
El contrabando, el narcotráfico, las mafias, concesiones a trasnacionales extractivistas, invitación a la inversión provenga de donde provenga, etc. es un sistema mantenido por el Gobierno e involucra a los nuevos militantes del MAS que provienen de la derecha y los viejos dirigentes masistas ubicados en cargos que ven la oportunidad de enriquecerse. Respuesta practica a la pregunta ¿por que ellos son ricos y no podemos serlo nosotros?. Y es que no se ha roto con esa forma de capitalismo y mas bien se esta fortaleciendo. Hay muchos casos desconocidos y otros denunciados que han terminado siendo ocultados o minimizados: barcazas, tractores, papel bond, cooperativas San Luis, Ingenios, empresas eléctricas (Guaracachi), las filmaciones por funcionarios, hoy desempleados, del Ministerio de Gobierno, sobre los intentos de soborno a "El Viejo" para que no preste declaraciones ante la justicia en el caso Rózsa o las reiteradas denuncias sobre supuestos encuentros de algunas autoridades con un presunto narcotraficante brasileño. En todos estos casos prima la impunidad. También comprende a los profesionales e intelectuales, están a la búsqueda de cotos de caza de la ayuda internacional, a los cuales sirve la calificación de país sumido en la miseria, para que aparezcan fondos de los que apropiarse y para ello se organizan en consorcios de abogados, ONG, fundaciones, etc.
Esta red da muestras de involucrar a la mayoría de fiscales y muchos jueces, a tal grado que los que hoy procesan también son sospechosos de pertenecer a la red. Lo ocurrido ha podido evidenciar lo que es la oposición de derecha en la actualidad. El Comité Cívico de Santa Cruz en boca de su presidente felicitó al Gobierno por la destitución de funcionarios y la lucha contra la corrupción. Otros opositores quedaron en silencio. Muy pocos asociaron la ley de extinción de dominio con el caso Ostreicher. Solo un analista dijo que probablemente de lo que se trataba era de promulgar la ley para legalizar inmediatamente la expropiación y monetización de los bienes del ciudadano norteamericano y liberar al preso sin derecho a sus bienes. Si hubiese una derecha amenazante hubiesen pedido el cese inmediato de por lo menos tres ministros: Gobierno, Transparencia y de la Presidencia. Quizás también que unos fiscales y jueces no juzguen a sus colegas o amigos. No es posible que las altas esferas no supieses lo que ocurría con las autoridades de su despacho.
3) Por ultimo el intento de asesinato del periodista Fernando Vidal de Yacuiba-Tarija es una muestra de lo anteriormente dicho en un microespacio. Es una expresión micro de las redes que vienen extendiéndose en todo el país con la corrupción en Gobiernos departamentales y locales. El periodista al que le incendiaron la estación de radio con el adentro, fue trasladado hasta Salta (Argentina) donde será atendido en el Hospital del Quemado de manera gratuita, ya que los recursos para continuar su tratamiento no le alcanzaban. Desde Argentina pudo denunciar con mas libertad a Radio Mitre lo ocurrido.
Un intento de homicidio que de acuerdo a denuncias del propio periodista y de sus familiares, los presuntos culpables son políticos que tienen el poder local en Yacuiba, Gran Chaco y Tarija, aliados del actual "gobierno del cambio". Denunció desde una clínica en Santa Cruz: aquí son tres grupos de poder que están detrás del intento de asesinato y todo esto es por dinero de las regalías por hidrocarburos que percibe Yacuiba. Uno de esos grupos son los intelectuales que se gastaron 200.000 dólares para intentar callarme y esto tiene relación con Poder Autonómico Nacional y el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru.
No acusó de manera directa al alcalde pero él debe saber lo que hace su gente"", ""Deben investigar a todos los de PAN. Este año va a tener 600 millones, más 700 millones de la subgobernación, caramba es mucha plata. Cualquiera, si hay que matar a Cristo 10 veces más. Pero yo no puedo decir es fulano o sutano que la Contraloría investigue, que el Ministerio de Transparencia investigue"", reflexionó el periodista.?Poder Autonómico Nacional (PAN) es un ramal de los partidos neoliberales Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) y actualmente es aliado del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). A sus 70 años, es una personalidad reconocida en Yacuiba donde fue alcalde y dirigente cívico. "Este ataque está originado por mis permanentes denuncias a políticos y funcionarios subalternos y los llamados ""empresarios que se están haciendo ricos con la ejecución de obras públicas", señaló.
"Este cuento de la autonomía les ha permitido ganar las elecciones a estas personas bajo la bandera del poder autonómico nacional y de ese modo manejar de manera irrestricta cantidades millonarias de dinero que provienen de las regalías gasíferas sin un programa regional de desarrollo. Es un engaño al pueblo, que sigue pasando necesidades. El Gobierno del presidente Evo Morales sabe que son unos ladrones, pero también sabe que no los puede echar porque de esa manera puede gobernar tranquilo", indicó. Luego agregó: "A mí no me atacaron los narcos ni los contrabandistas. Ellos están en otra cosa. Hacen su negocio y no se meten ni polemizan con la prensa. Yo fui víctima de los que se están enriqueciendo con los dineros públicos. Y eso lo debe investigar el Gobierno, pero no lo hace. En este contexto hacer periodismo en Bolivia es un suicidio; estas autoridades se burlan de los periodistas; si te portás bien te pago bien, si te portás mal, te pago mal, mientras te corriges. Los medios de comunicación en Yacuiba están todos controlados. Cuando yo toqué la columna vertebral de esta gente me transformé en alguien peligroso y me mandaron a matar", afirmó el periodista. ""Hoy las cosas han cambiado, porque en siete años en el gobierno del MAS ha aflorado un estado de corrupción salvaje"", explicó en diálogo con Radio Mitre.
Rolando Carbajal, conocedor de las intimidades del poder en Bolivia impacta con sus observaciones. Señala que en el plano de la política criolla, en agosto de 2012 se corrió la voz del mayor acercamiento Paz Zamora-Morales al punto de colocar a Rodrigo Paz como vicepresidenciable, una vez confirmado el desplazamiento de García Linera y se abran las compuertas visibles de mayores divergencias oficialistas a propósito de una alianza con el viejo MIR. Para reproducir el poder, "todo sirve". "La apariciones de Evo con el ex presidente habrían proclamado lo ineludible de la alianza electoral con el MIR a fin de disponer de las ingentes regalías tarijeñas y alcanzar al menos el 40 % del electorado evitando una eventual segunda vuelta en las elecciones y dificultades para controlar el Senado 201". Con la degeneración política del Gobierno, todo parece plausible.
La creciente ilegitimidad entre los sectores populares especialmente entre los indígenas del oriente y los trabajadores públicos, va de la mano con el aumento de la legitimidad entre los empresarios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a quienes les ha concedido: 1. A mediados del 2011 la legalización de cultivos y semillas transgénicas, base del negocio de la soya y del etanol, 2. la paralización por cinco años de la verificación de la función económico social (fes) para la tenencia de la propiedad agraria y 3. Ampliación de la frontera agrícola hasta cinco veces, a 11 millones de hectáreas.
Raúl Prada explica lo que viene ocurriendo señalando entre otras causas: "Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes se sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales." Y agrega otra: "Ni en la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices."
Es un buen momento para el cuestionamiento del Estado colonial y de las formas perversas de gobernar de un poder usurpador de la voluntad popular, verticalista, concentrador y centralista; es una gran ocasión para la exploración del ejercicio desde abajo de practicas solidarias, participativas, transparentes y de control social. La sociedad solo así podrá erradicar grupos y redes mafiosas, que van convirtiendo a la sociedad en victima y rehén del Estado y sus redes de execrables formas de poder, que ignoran los derechos fundamentales de indígenas y del pueblo en general.
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Es Noticia, Luis Castañeda excluido del juicio por caso Comunicore - 06/01/2013 10:58:52
" Luis Castañeda Lossio fue excluido del proceso penal en el caso Comunicore, por el pago irregular durante su gestión de más de S/.35 millones a una empresa fantasma.Así lo establece la resolución del juez del 12º Juzgado Penal de Lima, José Chávez Hernández, quien desestimó los presuntos delitos de colusión y malversación de fondos de los que era acusado el exburgomaestre.
Según informa un diario local, Chávez admitió el recurso de naturaleza de acción que presentó el abogado y exfiscal superior Mateo Castañeda Segovia para dejar libre de polvo y paja al líder de Solidaridad Nacional.
Según la resolución judicial, no existió "concertación entre Castañeda, Relima y Comunicore" para el irregular pago. Además, consideró que esta sospechosa operación no afecta el patrimonio del Estado, al tratarse de una deuda que la comuna limeña debía cancelar.
Por su parte, la Procuraduría Anticorrupción impugnará el fallo del juez José Chávez Hernández ante la Sexta Sala Penal de Lima.
Fuente: Perú21
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