Que opina? INPE: Hay otro tipo de delincuencia, 25% de internos del Perú está preso por narcotráfico - 29/08/2013 17:02:17
" Ideeleradio.- En el Perú se está registrando otro tipo de delincuencia, una mucho más violenta y que está más vinculada al narcotráfico, pues el 38% de los internos del país está preso por delitos contra el patrimonio y el 25% por tráfico de drogas en sus distintas modalidades, informó José Luis Pérez Guadalupe, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).Fue al informar, además, que un 20% está detenido por violación y que un 9% esta privado de su libertad por homicidio y asesinato.
"Ahora uno va a las cárceles y ya no es el típico estereotipo de ladrón que roba, de sectores pobres que no tienen ningún grado cultural. Ahora hay otro tipo delincuencia, es decir, delincuencia más vinculada al narcotráfico, que en el Perú representa el 25% de los presos del país, está vinculado al narcotráfico uno de cada cuatro. Tenemos otro tipo de delincuencia, incluso los mismos robos ya no son el arrancón, ahora te roban en tres o cuatro autos", dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Por otro lado, el 38% de los internos del país está por delitos contra el patrimonio en sus diferentes modalidades, ciertamente es la cifra mayor. El grupo mayor sigue siendo los delitos contra el patrimonio, pero hay un cambio dentro de la delincuencia, y tenemos que estar preparados para estos cambios dentro de los fenómenos sociales de la delincuencia", apuntó.
Detalló que hay, por ejemplo, otra conformación de delincuencia, pues existen muchos expolicías en ejercicio que están preparados para operativos y el uso de armas. Mencionó que antes se podían ubicar bolsones donde había "subculturas delictivas" o zonas peligrosas por donde no se podía entrar, pero que ahora esta podría ocurrir en cualquier lugar.
Desde microcomercializador hasta narcotraficantes
Pérez Guadalupe precisó que la delincuencia de hoy es mucho más violenta al punto que parecería que se han juntado muchas "subculturas delictivas". Comentó que ahora se puede observar la presencia de sicarios, extorsionadores, "mata taxistas", "mata cambistas" y el uso de armas por menores de edad.
"En el 25% de los que están por tráfico de drogas no hay un perfil criminológico definido, allí están desde el microcomercializador hasta el traficante mediano y el gran traficante. Tienes un 20% de violadores, delitos contra la libertad sexual en general, y un 9% de [presos por] delitos contra la vida el cuerpo y la salud", refirió.
"Entonces, tienes una conformación grande, casi los 2/3 que no corresponden a lo que entrecomillas la gente llama "delincuencia". Entonces, este 38% de internos constituiría el 90% de los delitos que a la gente más le afecta, que le da la sensación de seguridad. Ese 38% ha robado muchísimas veces y al final lo han capturado, lo han sentenciado pero ha cometido 50 delitos, 50 personas y 50 familias afectadas", refirió.
Aumentó tasa de sobrepoblación
Dijo que la nueva delincuencia no está relacionada, como en épocas pasadas, a la falta de trabajo, y explicó que hay un crecimiento económico y un aumento de la delincuencia, como fenómeno social y no jurídico.
"Un crecimiento económico sin desarrollo trae justamente estos desfases, y lo que vemos en América Latina y en el Perú es que la delincuencia asociada necesariamente a la pobreza ya no es la gran delincuencia común, y ahí comienza a entrar otro tipo de delincuencia y también otro tipo de "estrato social".", explicó.
"Este no es un fenómeno peruano, es un fenómeno continental lamentablemente. No se trata de mal de muchos consuelos de tontos, pero desde el año 2000 a la fecha y todos los países de América Latina han aumentado su población penitenciaria y su tasa de sobrepoblación", acotó.
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Es Noticia, General Raúl Salazar renuncia a la Dirección de la PNP - 05/03/2013 14:07:10
"TweetEn medio de un huaico de denuncias, comprometedoras revelaciones y críticas de casi todos los sectores, el controvertido director general de la PNP, general Raúl Salazar presentó renuncia a su cargo el 6 de marzo, mediante carta al ministro Wilfredo Pedraza.
A continuación, el reportaje de IDL-R sobre el desmantelamiento de personal calificado en unidades policiales de importancia crucial, que ordenó Salazar y cuya revelación puede haber sido una de las razones que precipitó su salida.
Raúl Salazar, renunciante director general de la PNP (Foto: IDL-Reporteros).
El Comando de la Policía desmantela la Divinesp
En una de las más extrañas y contradictorias acciones tomadas por el Gobierno en el ámbito de la seguridad interna, la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas de la PNP, acaba de ser desmantelada, para todo propósito práctico.
En efecto, la unidad sin duda más importante y eficaz en la lucha contra el crimen organizado y el senderismo, ha perdido, de un solo golpe, a 21 de sus 26 oficiales, como resultado de una medida sin precedentes por parte de la Dirección General de la Policía, bajo las órdenes de su controvertido director general, Raúl Salazar.
Los 21 oficiales han sido removidos de sus puestos dentro de los cambios de colocación en la Policía. Esos cambios fueron notificados el fin de semana pasado.
La altamente especializada Divinesp es la unidad responsable de la captura del líder senderista "Artemio"; de la acción que concluyó en la muerte del mando senderista del VRAE "William"; de la captura del espía Víctor Ariza; de la investigación y captura del narcotraficante Fernando Zevallos; de la investigación del caso Sánchez Paredes; de la investigación del caso de César Cataño; de la investigación por lavado de activos, del caso del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta; el descubrimiento y arresto de los interceptadores en el caso BTR, entre muchos otros de alto perfil y gran importancia.
El pretexto para el cambio es el nuevo reglamento de la Policía que ordena que todos los oficiales sirvan cuando menos cinco años en provincias bajo sede provincial. Una dirección especializada como la Divinesp (aunque constantemente manda a sus efectivos por todo el Perú, pero con sede en Lima), conserva por varios años a sus policías, en tanto su preparación es costosa, prolongada y, además, constante.
En cualquier unidad, los cambios anuales no deben exceder un porcentaje relativamente bajo del total de efectivos, para garantizar la continuidad. Con mucha mayor razón en unidades muy especializadas como la Divinesp.
La única justificación para una medida tan radical se da en eventos de corrupción masiva. En el caso de la Divinesp, todos sus miembros pasan por exámenes periódicos de polígrafo.
El único aspecto discutible es el apoyo y la financiación directa, así como el aporte tecnológico que da el gobierno de Estados Unidos a esa unidad. Pero el caso es que el gobierno peruano siempre ha estado de acuerdo con ello y no ha interpuesto objeción alguna. De otro lado, la tecnología policial que presta el gobierno de Estados Unidos y el apoyo financiero para operaciones ha sido decisivo para los éxitos operacionales que ha tenido esta unidad.
Remover de un momento al otro al 90 por ciento de los oficiales de la unidad especializada, significa reducir su eficacia casi a cero. Los que han sufrido el cambio de la virtual totalidad de sus efectivos han sido los que se dedican a la investigación del narcotráfico y lavado de activos.
Los cambios, además, parecen haber sido hechos con encono. Uno de los oficiales mejor especializados en la lucha contra el narcotráfico ha sido enviado a la escuela policial de Puno. Otro, ha sido enviado a la jefatura de radiopatrullas en Huancavelica.
El hecho concreto es que a partir de hoy y hasta que se logre reconstituirla, la mejor unidad contra el crimen organizado ha quedado diezmada. El daño que se ha hecho a una serie de investigaciones en curso es, de acuerdo a lo que puede apreciarse desde ahora, sumamente alto.
Continúa el desmantelamiento de unidades policiales
La Divinesp no ha sido la única dirección policial que ha sufrido un virtual desmantelamiento. Otras unidades de gran importancia en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común están pasando ahora por un similar proceso de irracionalidad desbocada por parte del Comando Policial.
La Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) también ha sido diezmada en el marco de los cambios de colocación, dispuestos por el general Raúl Salazar. Según indicó una fuente a IDL-R, "quieren enviar al mayor número de policías a comisarías y a prevención. Han desmantelado las divisiones más importantes con ese pretexto", dijo la fuente.
El año pasado, 2012, la Dirincri tuvo 379 oficiales asignados. Ahora, en 2013, a pesar del aumento de bandas criminales apenas se ha asignado a 263 oficiales.
Una de las divisiones más afectadas ha sido Secuestros. Han sido removidos entre 20 y 30 policías, muchos de ellos altamente calificados. La labor de esta división condujo a la captura, en diciembre pasado, del "Viejo Paco", líder de la banda criminal "La Gran familia". Fue un trabajo policial arduo y complejo, a cargo de oficiales expertos, buena parte de los cuales ha sido removido ahora.
Otras divisiones que han quedado disminuidas en su capacidad operativa son Homicidios y Alta Tecnología. Varios de los oficiales expertos en investigaciones y computación han sido asignados a unidades con sede en provincias (para cumplir con el reglamento policial) y otros al VRAE.
¿El resultado? Los ciberexpertos (algunos muy calificados) estarán tan perdidos en el VRAE como el experimentado comando de fuerzas especiales de selva que se destine a la división de Alta Tecnología.
En otro asalto a la lógica y la razón, la División de Robo de Vehículos (Dirove) que dependía, por razones más que obvias, de la Dirincri ha pasado a ser parte de la Dirección de Tránsito y de la Policía de Carreteras.
En este contexto, las palabras del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, en su presentación del martes 5 en el Congreso, sobre las acciones del gobierno en materia de seguridad ciudadana, suenan patéticamente vacías.
"Existe voluntad política" para enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado. "No ignoramos la demanda en seguridad ciudadana que exige la población (…) este gobierno sí se preocupó por tener una estrategia clara", dijo Pedraza el lunes pasado en el Pleno del Parlamento.
La "estrategia clara" bajo las órdenes de Salazar, consiste en enfrentar a las organizaciones de narcotráfico y a Sendero, desmantelando la Divinesp; enfrentar a secuestradores y extorsionadores como "La Gran Familia", diezmando a la División de Secuestros; parar los robos de autos, parqueando a la Dirove, la División contra el Robo de Vehículos, en la Dirección de Tránsito; combatir el aumento de los asesinatos por sicariato, los robos agravados y los ataques de bandas, sacando a más de 100 oficiales (de un total que apenas supera los 350) de la Dirincri.
Se trata de un increíble sabotaje a su propia misión, que el Gobierno debe explicar, pero no antes de corregir?
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Que opina? EVO EN EL CORRUPTO LABERINTO DE LA ILEGITIMIDAD - 17/01/2013 7:42:24
" Estamos ante una muy destacada coyuntura en la vida política boliviana. El Gobierno enfrenta un nuevo escándalo de corrupción, que no seria trascendente sino fuera por que devela que la justicia al politizarse se ha convertido en la fuente principal de corrupción y por que por primera vez compromete a tres ministerios (de los 7 u 8 desde el 2006) y desata antagonismos al interior de las filas del MAS, agravando la crisis de legitimidad que ya tenia el Gobierno y todo lo que huela a político.La red de extorsión en la que están implicados funcionarios de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia y Transparencia ha puesto una vez más en jaque a la actual administración gubernamental que al haber judicializado la política, priorizado el daño al enemigo político por sobre la vida democrática, lo ha conducido a una permisividad de sus funcionarios con imprevisibles consecuencias políticas. Es mas grave la situación si consideramos que hace poco consolido el control del poder judicial con el cuestionado nombramiento de los fiscales y notarios. Mientras el Presidente y Vicepresidente guardaron silencio durante por lo menos una semana, las autoridades mas altas involucradas, los Ministros de Gobierno, de la Presidencia y de Transparencia no solo no han renunciado sino que dicen haberse legitimado por que su actuación es una muestra del combate a la corrupción.
Algunos voceros del MAS señalan que se trata de casos individuales y no de una o mas redes de delincuentes. Otro argumento es que se trata de infiltrados o de meras acusaciones politizadas. Evo se aleja, actúa como Presidente de otro país, continua con su campaña electoral y aterrado por no ser reelecto solo atina a decir que le duele lo que esta ocurriendo. Trata de huir, proteger a sus ministros involucrados, cuidar se filtre información comprometedora, sacrificar algunas fichas hasta que pase la tormenta y cerrar el tema considerándolo como solo un caso marginal.
El silencio inicial de la oposición solo reafirma que la derecha empresarial y gran parte de la derecha política esta satisfecha en su alianza con el ejecutivo y sus procesados por terrorismo prefieren usarlo como instrumento de negociación para terminar con la persecución. Y en la oposición de izquierda, las cosas no están mejor, evidencia que los movimientos han sido fragmentados o controlados por el Gobierno. Otros minimizan los hechos y dicen que la corrupción política siempre ha existido y es cierto, sin embargo, este Gobierno utilizo como emblemas el mandar obedeciendo, transparencia, anticorrupción, honestidad, control social, hasta, retomar los preceptos incaicos: Ama Sua, Ama Quella, Ama Llulla, y por ello muchos votaron y lo apoyaron. Empero, la suma de reacciones podría generar la recomposición de la derecha y de la izquierda. Las fiestas de fin de año constituyen una tregua, después de la cual se cambiaran algunos ministros y se renovara la lucha por la reelección. Incluso, ante la ausencia de una ofensiva política podría ser que el Gobierno se relegitime. Veamos las complejidades.
Evo y la cultura política de corrupción.
El Gobierno que en ocasiones juega a incentivar conflictos para después aparecer como el salvador y seguir en primera plana de la política, esta siendo desbordado por esos embrollos, por el exceso en las acciones punitivas, por las alianzas pre electorales con los mas ambiciosos y oportunistas miembros de partidos, gremios, sindicatos, movimientos y tecnócratas, que lo han llevado a tolerar la corrupción, perdiendo de vista que estaba frente a un monstruo de mil cabezas y que ahora se dan cuenta de que lo puede devorar. No solo hereda una cultura política de la corrupción, también a funcionarios y abogados neoliberales que trabajaron con Banzer o Goni, expertos en los manejos del Estado y que fueron asimilados precisamente por ello. La corrupción se reproduce e interactúa desde afuera y desde dentro del Estado. Las mafias internacionales están en el país y las redes se han multiplicado.
La corrupción de apariencia legal o legalizada es la madre de las otras formas. Las trasnacionales ,como se ha visto a nivel global- son las principales portadoras de esa insuperable herramienta de convencimiento. Y la burguesía, los políticos y militares son los mejores procesadores cuando convocan a la inversión extranjera o a la ayuda militar. Partidos íntegros se han corrompido y en Bolivia encontramos al MAS aliado con la derecha, en unas regiones con el Mir, en otras con el MNR o con los remanentes de ADN en defensa de alcaldes o gobernadores corruptos como en Santa Cruz o Yacuiba, donde también actúo la red Ostreicher defenestrando a los acusadores con ayuda de esta temible red. Evo y los lideres del MAS viven una lógica política donde lo importante es el control del poder a cualquier precio, monopolizarlo y destruir a la oposición.
Si rascamos un poco el clientelismo, el prebendalismo y el patrimonialismo que ya caracterizan al Estado, también son formas de corrupción. De hecho ,como veremos- se sabe que Evo conocía de muchos de los hechos de podredumbre y no hacia nada al respecto. Y como no iba a saber si cada vez son mas los escándalos y hace algunos meses ,en agosto- la propia Ministra de Transparencia señalaba que habían 8000 procesos por corrupción y solo 100 presos. El mismo Ministerio revelo en diciembre de 2010, que entre los años 2006 y 2010 se recibieron 71 denuncias de corrupción que involucran a 568 funcionarios. Por su parte el defensor del Pueblo, Rolando Villena, denuncia que la principal fuente de violación de los derechos humanos proviene de la policía. Las cifras del Ministerio de Transparencia aunque confusas, al menos expresan lo que era voz populi.
El Gobierno Intentaba superar varios fracasos en el ámbito jurídico y social, uno es frente a la CIDOB y su resistencia a la carretera, imponiendo una anticonstitucional consulta ex post y sobre una supuesta respuesta positiva derogar el DL que le otorga intangibilidad a territorios indígenas, y el otro era como frenar la inseguridad publica, sin confrontarse con aliados institucionales. Las conclusiones de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de DDHH, son tanto o más contundentes que las del defensor del pueblo:
1. El proceso de "consulta" del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales. 2. La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de "libre" y "buena fe". 3. No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS. 4. La consulta giró en torno a la disyuntiva "intangibilidad o desarrollo", presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas. 5. Tampoco se cumplió la condición de "informada", porque no se les presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. 6. La mayoría de las comunidades visitadas rechaza la construcción de la vía Villa Tunari -San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, a la que históricamente se opusieron desde los 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena. 2. Las instituciones judiciales (Jueces, fiscales y Ministerio Publico) y la policía son advertidas por la población como las principales fuentes de abusos, la principal amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos. Su incapacidad de reformar ,pero si someter- al Poder Judicial que cotidianamente se ve abrumado por las la corrupción de jueces, fiscales, policías, militares y funcionarios, marcan las noticias en los medios, aparecen nuevos conflictos propiciados por el intento de consolidar las nuevas formas autoritarias de hacer política auspiciadas desde el Gabinete ministerial.
En efecto, las elecciones ya están en el horizonte y toda la vida política esta marcada por la reelección, los poderes del Estado están controlados, los medios ya están bajo su control y la oposición que queda en este ámbito casi ha desaparecido al beneficiarse de los gastos publicitarios, que se han incrementado enormemente; el censo y las encuestas de opinión se organizan para definir estrategias; miles de millones se gastan en el sexenio en bonos, proyectos rurales, infraestructura y gastos sociales; se intenta controlar la inflación y al fin se perfilan algunas dudosas inversiones en industrialización de los hidrocarburos; la persecución de los enemigos políticos se convierte en política estatal, evitando que aparezca algún contendor que haga peligrar la nueva dominación. Las próximas elecciones en el Departamento del Beni, serán un barómetro de lo que podría después ocurrir en el país. Frente a una derecha cuyo candidato, Lens, aparece favorecido por las encuestas de opinión ya es amenazado por corrupción, una lógica de poder que se ha hecho habitus. El abuso de poder y el miedo están generalizados y con el, la desconfianza en la política y la resistencia cotidiana. Siempre hay quienes demandan honestidad y democratizar las decisiones, no todos se dejan avasallar o comprar con la política clientelar. Movimientos sociales de gremialistas, transportistas, universitarios, trabajadores del sector publico, etc. intelectuales, sindicatos, COB, ONG criticas, CIDOB, CONAMAQ, son algunos de los 100 conflictos mensuales que vive el país.
Detrás de todo esto esta el proyecto de un país extractivista, una economía colonial y una política neoliberal que en la oscuridad viene subastando Bolivia. Y cuando un país se abre a la inversión extranjera convierte en una selva el territorio y los funcionarios son tentados por los inversionistas a los malos manejos. El oriente con petróleo y gas, madera, terratenientes y potencial para alimentos y transgénicos, los valles con la coca y producción de alimentos y los andes con yacimientos mineros son las reales fuentes de corrupción y vienen desde las concesiones empresariales, las actividades económicas que genera, hasta la protección de los lumpen empresarios. Desde la legalización de las grandes propiedades en la constitución, los intentos de expropiar a las TCO, las denuncias de Soliz Rada respecto a la injerencia y manipulación de contratos hidrocarburiferos por los mas altos funcionarios, hasta la instalación de carteles de narcotráfico hay una articulación de procesos a develar.
La coyuntura actual esta fuertemente marcada tres procesos:
1) por el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado preparada por el Poder Ejecutivo por un encargo del Ministro de Gobierno (Romero) a un estudio privado de abogados, según Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados. Apareciendo un fugaz conflicto inédito entre el Ejecutivo y el legislativo. Mas que las disculpas de Romero fueron las convicciones de Delgado que de hecho venia siendo cómplice de la aprobación de incontables leyes inconsultas y no discutidas por los propios congresistas. La importancia de este hecho tiene que ver con múltiples relaciones, con la historia boliviana al poner al descubierto como ha sido y es la acumulación colonial basada en el contrabando, el narcotráfico, las privatizaciones, la apropiación de la tierra, el despojo, la ilegalidad legalizada por un poder judicial privatizado, etc., en lo macroeconómico con la política fiscal y la necesidad de nuevos ingresos; en lo político con la judicialización de la política y la destrucción de los potenciales enemigos electorales y sus financiadores; en lo social con el orden y la construcción de un estado punitivo que domestique totalmente a la población; en lo partidario las ocultas contradicciones en el seno del MAS dirigido por el Gabinete que muestran que el Gobierno esta dividido entre una mayoría de funcionarios y ex lideres obsecuentes, neoliberales y con tendencia represoras y una minoría de personas honestas que aun quedan en la administración.
Ante el rechazo del proyecto del Ejecutivo por transportistas y comerciantes mayoristas y minoristas, trabajadores fabriles, maestros e inmensas capas de pequeños propietarios en enormes marchas callejeras, autocriticado por dirigentes del MAS y cuestionado por abogados constitucionalistas por vulnerar derechos individuales fundamentales como el derecho a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, es aceptada la modificación parcial por la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que estamos hablando de un instrumento legal que penaliza las actividades ilícitas y promueve acciones aceleradas sobre las propiedades adquiridas con recursos ilícitos, otorgando a los imputados un plazo para que presenten descargos y dispone que en caso de flagrancia, la Procuraduría incautará todos aquellos que sean producto del contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción y la adquisición ilícita, Cualquier bien (casas, vehículos, etc.), cuyo propietario no pueda justificar que ha sido adquirido por medios lícitos, será inmediatamente incautado y monetizado en beneficio del Estado. Las duras reacciones ante una norma inconsulta y peligrosa eran de esperarse. La población se siente vulnerable e indefensa y choferes y gremialistas lideran las movilizaciones exigiendo la anulación de la norma por ser inconstitucional y no aceptan la sola revisión de algunos artículos como plantea el gobierno. Realizan marchas, llaman a paralizaciones y amenazan con la huelga general indefinida si el gobierno no anula el proyecto.
La población y mas aun la politizada tiene una profunda desconfianza de todo lo que proviene del gobierno e intuye que este es un instrumento que garantiza las propiedades de sus hoy aliados: las grandes empresas y las transnacionales, que supuestamente operan en la completa legalidad, pero que puede ser muy dura para con los propietarios de la economía informal que podrían ser victimas de la confiscación de su patrimonio en un territorio donde nadie acata la ley y muchos se han enriquecido en la ilegalidad, pues aunque el proyecto de ley determina que el proceso para revertir el derecho propietario solo se activa cuando hay una imputación formal en contra de un presunto narcotraficante, contrabandista o corrupto, el acusado tendrán 15 días para comprobar la procedencia legal de su propiedad.
No olvidemos que muchos masistas son transportistas, comerciantes, gremialistas y creen ser representados por algunos diputados. Las presiones llegaban al poder ejecutivo y Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, fue de algún modo su vocera. Participe de la aprobación de leyes inconsultas, en su inocencia, fue delicada y cauta al admitir que solo algunos artículos del proyecto no concordaban con la Constitución y podían ser objeto de interpretaciones o propiciar arbitrariedades, por lo que recomendó modificar el 60% del texto, acusando de irresponsable al Ministro de Gobierno. El mismo que primero desmintió y después descalifico públicamente señalando que ella no tenia las cualidades académicas ni la trayectoria para llamarle la atención. Lo que le trajo gratas solidaridades. Empero, ella no cuestiono que el parlamento y los otros poderes se han convertido en dependencias del Ejecutivo y que los legisladores del MAS solo levantan la mano aprobando leyes redactadas fuera del hemiciclo.
Para evitar un nuevo estallido social, el Presidente Morales anunció que enviará el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que falle sobre su constitucionalidad en cumplimiento del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado.
Este primer problema coyuntural esta conectado con el que pasaremos a analizar, el despojo de un ciudadano norteamericano, que obliga a dudar y decir a los críticos "imaginemos lo que ocurriría al abrir las trancas para que una DIRCABI cien veces más grande se implante en Bolivia, decomisando las propiedades muebles e inmuebles de ciudadanos que en cinco días no puedan probar a los fiscales y jueces" el origen de sus bienes.
2) El segundo proceso que marca la coyuntura. Es el inaudito caso de Jacob Ostreicher, ciudadano judío norteamericano que es aparente victima de una de las redes de funcionarios públicos de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia, de Justicia, de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), directivos de ingenios arroceros, abogados, etc. Que de no ser asistido por el brillante y laureado actor Sean Penn, por mediación del Gobierno de Venezuela y las presiones de congresistas norteamericanos continuaría preso. Su dinero proviene de los paraísos fiscales y lo mismo que el de su socia, la inversionista colombiana Claudia Rodríguez, no tiene un claro origen económico y social, aunque si legal, lo que difícilmente se llegara a saber algún día. Por algo a los paraísos les llaman lavaderos de dólares. También habrá que ver como responderán a las demandas que se le vienen por los trabajadores de una empresa agropecuaria comprada por él, a quienes ya debe cientos de miles de dólares.
Y es que el constructor Ostreicher y su socio Andrés Solty llegaron a Santa Cruz el 2008, a un país que desde la Presidencia los invitaba a invertir garantizándoles sus actividades; asociados con Claudia Rodríguez invirtieron 27 millones de dólares en Guarayos, la zona norte del departamento en agricultura y ganadería. Ahora se sabe que el ex abogado y asesor del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, habría propiciado que la colombiana Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas. De este modo el astuto Rivera logro que Jacob sea engañado en la compra de 12.000 hectáreas de tierras en el oriente, que pertenecían a Dorado, que había sido deportado a Brasil el año 2011. Jacob, en su confusión, reconoció que Dorado se acerco a él para hacer negocios agrícolas y que ambos terminaron estafados por Rodríguez, pero negó que en alguna oportunidad se haya involucrado en el negocio de las drogas. Además, unos empleados suyos fueron detenidos por narcotráfico y sobre estas bases se construyo la acusación y motivo de su detención. En junio de 2011 es detenido por la policía antidroga, después de haber denunciado a la colombiana Claudia Rodríguez por estafa.
Las declaraciones del abogado de Claudia son esclarecedoras. Indicó que la fiscal Janet Velarde la imputó sin ningún fundamento, porque para sindicarla de legitimación de ganancias ilícitas tendría que haber algún informe que diga que obtuvo dinero de procedencia irregular y ese no existe. El abogado aseveró que el dinero (25 millones de dólares) llegó a Bolivia, después de haber sido desembolsado del banco UBS en Suiza, mediante una transacción legalmente establecida. Sostuvo que Rodríguez tenía un poder pleno y suficiente (de los inversionistas suizos) para invertir en Bolivia, este dinero llegó al país pasando todos los controles internacionales de prevención y detección de lavado de dinero, primero pasó controles suizos, luego de la Unión Europea, de los Estados Unidos y aquí los controles del Banco Central de Bolivia".
Entre 2007 a 2008, cuando se habría hecho toda la transacción de la millonaria suma de dinero, no se detectó ninguna irregularidad. Ratificó que el vínculo con la supuesta actividad del narcotráfico surgió a partir de que el mismo estadounidense Ostreicher acusó a su socia de narcotráfico, y al hacerlo sindicó indirectamente de lo mismo a la millonaria inversión agroindustrial, por consiguiente se acusa él mismo, mas aun si irresponsable y falsamente dijo ser dueño de toda la inversión, entonces "él solito se lanzó esa acusación". Quizás pretendía recuperar lo perdido con el ex coronel y abogado Andrade quien le había cobrado 115 mil dólares por enjuiciar a Claudia y defenderlo.
¿Jacob, en determinado momento habría pretendido encarcelar a la colombiana y quedarse con todo, siendo que el 80% era inversión de los representados por ella? Lo cierto es que finalmente ambos fueron títeres del funcionario Fernando Rivera. Es así que con esta macabra operación de Rivera, que no dejaba rastros ni pruebas, ambos terminan encarcelados Claudia con dos procesos penales y uno civil fue detenida por la Felcn y trasladada a Sucre, por decisión de Régimen Penitenciario. Jacobo, termino en el penal de Palmasola desde junio de 2011 acusado por legitimación de ganancias ilícitas. Les incautaron sus bienes: sus 6 predios, 20.000 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado vacuno de raza. Al menos un 40% del arroz habría sido monetizado (¿a mitad de precio, 3 millones de dólares?) desapareciendo los millonarios ingresos, junto a los conseguidos por las extorsiones, al parecer repartidos entre miembros de la red, entre los que están los fugados operadores de la DIRCABI.
Ostreicher denunció reiteradamente ser víctima de injusticia, mientras las cortes en varias audiencias le negaron la libertad, argumentando aspectos formales como la supuesta falta de una dirección domiciliaria o de prueba de trabajo, según manda el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Ahora ya se sabe que esa decisión fue tomada por presión ejercida por altos funcionarios del Gobierno. Confiados en que los procesos se inscribían en la lucha contra el narcotráfico y en el antinorteamericanismo del Gobierno y en posesión de elementos condenatorios para Jacob se expusieron demasiado, desafiando incluso, las presiones del Gobierno estadounidense, sin advertir el peso potencial que tiene un ciudadano norteamericano, Pero como veremos mas adelante su confianza en la impunidad también provenía de su información privilegiada y de que se consideraban indispensables en procesos judiciales emprendidos por el Gobierno contra la oposición de derecha y de izquierda. El hallazgo y la persecución de narcotraficantes y sus bienes se habría convertido en una mina a explotar usando sus poderes extraordinarios.
Este año, en noviembre, Sean Penn viajo Bolivia, visito a Jacob y comprobó que en Bolivia no se respetaban los derechos de su compatriota. El actor estadounidense intercedió por él ante el propio Presidente negociando un debido proceso a cambio de actuar como embajador de buena voluntad para llevar adelante la reivindicación marítima, la despenalización del masticado de la hoja de coca y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes, el Senador de Estados Unidos, Christopher Smith, denunció vulneración a los derechos humanos en una campaña de solidaridad, otros congresistas mas exigieron justicia. y el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Larry Memmot, exigió definir la situación legal. El cerco apretaba a la banda pero no obstante estas poderosas mediaciones, la jueza Eneas Genitile y otros jueces continuaban declarando improcedentes los nuevos recursos de cesación de libertad debido a que Ostreicher carecía de familia constituida, trabajo y vivienda conocidos en Bolivia. El 11 de diciembre ultimo los jueces Sigfrido Soleto y Édgar Carrasco, en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra negaron otra vez la solicitud de revocatoria de la detención preventiva de Jacob Ostreicher, dispuesta por la mencionada jueza Gentile. Llevando a pensar que la red sigue viva defendiendo sus intereses. Sean Penn, no obstante su solidaridad con el proceso de cambio, anuncio con llevar el caso a tribunales internacionales.
Oficialmente y sin confirmar declararon que el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) trabajo en el accionar de la banda de extorsionadores desde hace siete meses sospechaba que la pandilla era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya que actuó en los últimos cinco años y medio en siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno. ¿Qué y quienes permitieron que permanezcan en esos lugares estratégicos?. Lo cierto es que Fernando Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, con activa participación jurídica en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, teniente Julio Navia y mas. Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder notarial especial otorgado por el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti el 2011 y aparentemente refrendado por el actual Ministro, con el representaban al Ministerio de Gobierno e incluso al Estado en audiencias judiciales y diferentes procesos. ¿Quién y Por qué les otorgaron poderes mayores a los del propio Presidente?. Otro implicado es José Manuel Antezana Pinaya, pariente del ex Vice ministro y hoy diputado por el MAS, Héctor Arce, empezó a trabajar como funcionario de planta con el puesto de "responsable de Gestión Pública el 11 de abril de 2008, dos meses antes de que Arce deje el cargo. Un año y medio después, ascendió a directivo, como funcionario del Palacio de Gobierno, fue aprehendido en La Paz, acusado de comercializar arroz incautado al norteamericano Jacob, cuando ejercía el cargo de Director Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Gobierno, también era miembro del directorio de la empresa Cartonbol en representación del Ministerio de la Presidencia. Otro acusado es Boris Villegas, ex director Jurídico del Ministerio de Gobierno. La Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, rompió el silencio e intento frenar la ola de denuncias y en un comunicado, pidió a la Fiscalía General iniciar de oficio procesos contra quienes hayan sido víctimas de extorsión, pues aceptar la extorsión constituiría un delito, tipificado como cohecho activo. La ministra estaba cuestionada mucho antes por varias denuncias que algunos poderosos se encargaron de ocultar y silenciar. El propio Ministerio de Gobierno la criticó y calificó como un "exabrupto" el comunicado que ella emitió.
La detención de Rivera, acusador del Gobierno nacional impacto en el juicio oral que se reinició en Tarija por presunto terrorismo y alzamiento armado, otro tortuoso caso nunca totalmente esclarecido. Un juicio que ya venia contaminado por que Ignacio Villa Vargas, "el Viejo, antes testigo "clave" para el Gobierno, acusó a personeros del Ministerio de Gobierno y de Inteligencia de la Policía de haber perpetrado los atentados con explosivos en los domicilios del concejal masista Saúl Ávalos y del cardenal Julio Terrazas, días antes del operativo en el hotel Las Américas, en el que fueron abatidos Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer. Villa Vargas reveló además que recibía Bs 7.000 mensuales de Luis Nolberto Clavijo, agente del Ministerio de Gobierno, mientras estuvo infiltrado en el grupo de Rózsa, y que acompañó como conductor a los agentes de Inteligencia Wálter Andrade y Marilyn Vargas (con seudónimo "Karen) cuando estos colocaron explosivos para inculpar al grupo de Rózsa. Además, Villa denuncio que fue torturado para que incrimine a la dirigencia cruceña con el supuesto plan separatista y mencionó al exministro de Gobierno Alfredo Rada de estar involucrado en la trama.
Otra fuente de la Fiscalía aseveró que otro caso es el de Terrorismo II, que indaga a los financiadores del grupo presuntamente secesionista de Eduardo Rozsa. "Lograron sacar millones para que algunos ganaderos no sean investigados y que se desvíe la pesquisa hacia otras personas". Explicó que en la mayoría de los casos, las parejas de los abogados Rivera y Rodas tomaban contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían en el momento de intentar cobrar. En el caso de Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico y poseedor de 10 millones de dólares, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola. Y siguen apareciendo decenas de denuncias, que comienzan a ser procesadas, agravándose la credibilidad gubernamental. Al 21 de diciembre ya sumaban 80, según el Ministro Romero.
Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi actuaban como mercenarios jurídicos y así como servían para montajes contra la derecha también lo hacían contra dirigentes indígenas y populares. Son los que presentaron, en 2011, la denuncia contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca; acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno. Cuando el Gobierno ha tenido problemas sociales o políticos Juan Ramón Quintana, capitán dado de baja y sin embargo, egresado de la Escuela de Las Américas y experto en inteligencia, en cargos clave como nada menos que el Ministerio de la Presidencia, se habría encargado de deshacer entuertos. Fue Asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez (en el periodo 1999 - 2002) Soliz Rada hace algunos años lo conmino a que explicara de manera pública el financiamiento que recibió, antes de integrar el gabinete, de la Open Society (de Soros) para su Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Soros es uno de los principales accionistas (20%) de la compañía Apex Silver Mines Limited, matriz de la empresa minera San Cristóbal SA, que el último trimestre del 2007 comenzó a operar en la zona de los Lípez, en Potosí, explotando plata a cielo abierto con expectativas de exportación de 200 millones de dólares anuales. Mas tarde, el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún ( Empresa Siderúrgica del Estado Boliviano), Walter Chávez, involucra a Quintana con la Empresa Siderúrgica Jindal, de la India acusándolo de abuso de poder y traición a la Patria al querer obligarlo a cambiar el contrato internacional entre la Jindal y el Gobierno Boliviano para satisfacer intereses extranjeros. Y finalmente en Red Uno TV Rafael Quispe, dirigente de Conamaq, denuncio que El Ministro Quintana y el Senador Isac Avalos se habrían apropiado de 5 millones de dólares.
Página Siete señala que según fuentes de la Fiscalía de La Paz el mismo grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio. El ex Vicemisnistro Gustavo Torrico, antes defenestrado por supuesta corrupción, pidió se investigue a Boris Villegas, ex jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno (2007-2012) y después funcionario del Ministerio de Transparencia y se revisen los casos de corrupción en decenas de Bingos extorsionados para permitirles funcionar clandestinamente y otros casos que se dejaron en la oscuridad.
De los archivos de noticias, Radiofides.com hace un repaso de los casos más sonados que el Gobierno tuvo que enfrentar por acusaciones de corrupción, nosotros resaltamos solo los que nos parecen mas significativos, de los cuales algunos simplemente fueron institucionalizados y otros silenciados y archivados : El primer caso públicamente conocido en el Gobierno de Evo Morales; en agosto de 2006 la Cancillería denunció la falsificación de documentos para visados chinos, se implicó en el caso a los entonces senadores del MAS, Santos Ramírez y Guido Guardia. Luego se denuncio el caso la desaparición de tractores y maquinaria agrícola donada. Mas tarde, el 27 de julio de 2008, un convoy de 33 camiones con contrabando evadieron el puesto de control fronterizo en Pando, los propietarios argumentaron que tenían permiso del ministro Quintana. Los vehículos fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, donde tras permanecer un mes rebasaron al Control Aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando.
El caso fue denunciado por el entonces presidente de la Aduana, César López. El 27 de enero de 2009 la muerte violenta del empresario Jorge O Connor destapó el mayor escándalo de corrupción en YPFB, el atraco y robo de 450 mil dólares destapó una red de corrupción en la que estaba implicado directamente el ex presidente del Senado y alto dirigente del MAS, Santos Ramírez, que en la ocasión era titular de la estatal petrolera. El pago de coimas, la creación de millonarias empresas fantasmas y adjudicaciones irregulares fueron descubiertas, hoy el principal involucrado cumple una condena de 12 años de cárcel. A inicios de 2010, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya descubrió que sus antecesores habían montado una red de corrupción que incluía sobresueldos, designaciones irregulares, viajes de lujo, ampliación de mandato de los directores e incluso la construcción de una alcoba de ""cinco estrellas"" en las propias oficinas de esta entidad.
En septiembre de 2010 se destapó un escándalo de corrupción en Vías Bolivia, tras descubrirse que se habían vendido boletas de peaje sin numeración, provocando un daño económico considerable al Estado. Este caso provocó el alejamiento del cargo del director de la institución, Juan Enrique Jurado. En junio de 2012, Gerson Rojas el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos fue destituido tras destaparse presuntas irregularidades en los procesos de licitación de la planta de Río Grande, en el caso además se implicó a otro de los miembros de la comisión calificadora de YPFB, Agustín Javier Ugarte, se calculan daños cercanos al medio millón de dólares, lo que sigue siendo investigado. En este caso, está en cuestión la legalidad de la adjudicación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande a la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA), valuada en 159 millones de dólares, por existir indicios de una presunta coima en el proceso de contratación. La investigación develó que la AESA realizó el estudio de cotización para la construcción de la Planta y con este antecedente YPFB le adjudicó la obra y contrató a una empresa socia de AESA, BOLPEGAS (Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL) para que realice la fiscalización de la obra.
Otro caso destacado es el de la construcción de la fábrica de papel Papelbol, un daño económico al Estado por 13.571.010 millones de dólares y el principal sospechoso es el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado. Según la evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers, el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6.118.000 dólares, lo que revela un sobreprecio de 7.453.010 dólares. El Fiscal de Materia de la División de Corrupción Pública, Aldo Ortiz, que ordenó la aprehensión del exgerente General de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, con la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El abogado del ex gerente de Enabol, Moisés Ponce de León, acusó al ministro de Defensa de la inversión de los 28,9 millones de dólares y pidió que sea investigado. "Tiene que ser investigado el ministro de Defensa y tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, tiene que explicar al pueblo boliviano por qué ha incumplido sus deberes como presidente del directorio de Enabol", dijo Ponce de León a radio FIDES. Finalmente, el Viceministro Pérez dice estar investigando la denuncia de un negociado por 3 millones de dólares en madera supuestamente de contrabando realizado con ayuda del ex viceministro Marcos Farfán y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas, y con la participación de Denis Rodas, detenido actualmente en el penal de Palmasola.
Otros asuntos han sido los relacionados con narcotráfico que también tocan a gente del oficialismo. El primer caso conocido fue el del mallku que posesiono a Evo en 2006 que fue encontrado con cerca de 300 kilos de cocaína. En diciembre de 2010, el juez de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, envió a la cárcel al ex alcalde masista de Catacora (Pacajes-La Paz), Justo Zanga, quien fue detenido en una operativo antidroga, junto a una colombiana, con 190 paquetes de cocaína. El 2011, el alcalde del MAS en Calamarca (Aroma-La Paz), Luis Mamani, también fue detenido en posesión de 2.098 gramos de cocaína. Un último suceso involucra al ex jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, general René Sanabria; trasladado a Estados Unidos, desde Panamá, por cargos de narcotráfico.
Incluso el BID fue atracado por los funcionarios del MAS, este banco en su informe anual 2010, notifica que entre los años 2007 y 2010, sancionó 72 veces a Bolivia por corrupción, fraude y colusión, debido al mal manejo de los créditos otorgados por la institución. Un proceso que falta esclarecer es el del alemán Dirk Schmidt, auto calificado de internacionalista que apoyaba el proceso, y que colaboro comandando un grupo de funcionarios del Gobierno para investigar extorsiones a menonitas y que termino preso en julio de 2010 junto al ex Viceministro Gustavo Torrico, que además fue destituido, ambos acusados de lo que ellos detectaron que hacían los funcionarios del Ministerio de Gobierno.
Estos son solo algunos destacados ejemplos, pues en realidad estamos ante un conjunto de redes nacionales que se van descubriendo en la medida en que estas exceden los limites de la ambición. No seria exagerado decir que hay mafias o hechos de corrupción en todas las actividades económicas y en todas las dependencias publicas. La burguesía pequeña busca ser burguesía media y para eso sirven las profesiones y postgrados. Desarrollan la capacidad para detectar de donde viene el dinero y apropiarse del mismo. Pero también están los políticos, maestros desde la experiencia, que trasmiten el acervo acumulado. Se trata de un viejo sistema de corrupción permanentemente renovado y naturalizado por cada nueva administración. Basta visitar la Felcn, tramitar una licencia, constancias, migraciones, bienes reales, cárceles, colegios, hospitales, etc.
Estamos hablando de un problema que se puede generalizar, es decir es parte de la herencia cultural colonial, de un pensamiento colonial que marca la memoria. Bolivia, antes lugar de refugio de cowboys (Butch Cassidy y Sundance Kid llegaron a Tupiza en agosto de 1908) y nazis (Klaus Barbie el "carnicero de Lyon) ahora de narcos de Brasil (Se calcula que el 70% de la coca es para el mercado de Brasil) Colombia y de varios países europeos. La mayor organización criminal brasileña, el Primer Comando de la Capital PCC), Colombia (La red ya penetró a alcaldes, como el de la ciudad de Warnes, y a oficiales del Ejército, como el ya citado general (r.) René Sanabria, cabeza de la lucha antidrogas de Evo Morales), mafias europeas de Italia y Rusia, inversionistas brasileros y muchos otros compradores de fincas provenientes del narco y/o de paraísos fiscales que buscan invertir en comodities ligados a la producción de minerales o alimentos. La idea de capitalismo andino esta en todo, es la demanda de la vieja y nueva lumpen burguesía intermedia que quiere también enriquecerse como lo hicieron los qaras de la oligarquía. Los terratenientes consiguieron serlo avasallando y asesinando, la burguesía endeudando al propio Estado. Es la acumulación por despojo que inicia un nuevo ciclo y se expresa en toda la economía.
El contrabando, el narcotráfico, las mafias, concesiones a trasnacionales extractivistas, invitación a la inversión provenga de donde provenga, etc. es un sistema mantenido por el Gobierno e involucra a los nuevos militantes del MAS que provienen de la derecha y los viejos dirigentes masistas ubicados en cargos que ven la oportunidad de enriquecerse. Respuesta practica a la pregunta ¿por que ellos son ricos y no podemos serlo nosotros?. Y es que no se ha roto con esa forma de capitalismo y mas bien se esta fortaleciendo. Hay muchos casos desconocidos y otros denunciados que han terminado siendo ocultados o minimizados: barcazas, tractores, papel bond, cooperativas San Luis, Ingenios, empresas eléctricas (Guaracachi), las filmaciones por funcionarios, hoy desempleados, del Ministerio de Gobierno, sobre los intentos de soborno a "El Viejo" para que no preste declaraciones ante la justicia en el caso Rózsa o las reiteradas denuncias sobre supuestos encuentros de algunas autoridades con un presunto narcotraficante brasileño. En todos estos casos prima la impunidad. También comprende a los profesionales e intelectuales, están a la búsqueda de cotos de caza de la ayuda internacional, a los cuales sirve la calificación de país sumido en la miseria, para que aparezcan fondos de los que apropiarse y para ello se organizan en consorcios de abogados, ONG, fundaciones, etc.
Esta red da muestras de involucrar a la mayoría de fiscales y muchos jueces, a tal grado que los que hoy procesan también son sospechosos de pertenecer a la red. Lo ocurrido ha podido evidenciar lo que es la oposición de derecha en la actualidad. El Comité Cívico de Santa Cruz en boca de su presidente felicitó al Gobierno por la destitución de funcionarios y la lucha contra la corrupción. Otros opositores quedaron en silencio. Muy pocos asociaron la ley de extinción de dominio con el caso Ostreicher. Solo un analista dijo que probablemente de lo que se trataba era de promulgar la ley para legalizar inmediatamente la expropiación y monetización de los bienes del ciudadano norteamericano y liberar al preso sin derecho a sus bienes. Si hubiese una derecha amenazante hubiesen pedido el cese inmediato de por lo menos tres ministros: Gobierno, Transparencia y de la Presidencia. Quizás también que unos fiscales y jueces no juzguen a sus colegas o amigos. No es posible que las altas esferas no supieses lo que ocurría con las autoridades de su despacho.
3) Por ultimo el intento de asesinato del periodista Fernando Vidal de Yacuiba-Tarija es una muestra de lo anteriormente dicho en un microespacio. Es una expresión micro de las redes que vienen extendiéndose en todo el país con la corrupción en Gobiernos departamentales y locales. El periodista al que le incendiaron la estación de radio con el adentro, fue trasladado hasta Salta (Argentina) donde será atendido en el Hospital del Quemado de manera gratuita, ya que los recursos para continuar su tratamiento no le alcanzaban. Desde Argentina pudo denunciar con mas libertad a Radio Mitre lo ocurrido.
Un intento de homicidio que de acuerdo a denuncias del propio periodista y de sus familiares, los presuntos culpables son políticos que tienen el poder local en Yacuiba, Gran Chaco y Tarija, aliados del actual "gobierno del cambio". Denunció desde una clínica en Santa Cruz: aquí son tres grupos de poder que están detrás del intento de asesinato y todo esto es por dinero de las regalías por hidrocarburos que percibe Yacuiba. Uno de esos grupos son los intelectuales que se gastaron 200.000 dólares para intentar callarme y esto tiene relación con Poder Autonómico Nacional y el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru.
No acusó de manera directa al alcalde pero él debe saber lo que hace su gente"", ""Deben investigar a todos los de PAN. Este año va a tener 600 millones, más 700 millones de la subgobernación, caramba es mucha plata. Cualquiera, si hay que matar a Cristo 10 veces más. Pero yo no puedo decir es fulano o sutano que la Contraloría investigue, que el Ministerio de Transparencia investigue"", reflexionó el periodista.?Poder Autonómico Nacional (PAN) es un ramal de los partidos neoliberales Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) y actualmente es aliado del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). A sus 70 años, es una personalidad reconocida en Yacuiba donde fue alcalde y dirigente cívico. "Este ataque está originado por mis permanentes denuncias a políticos y funcionarios subalternos y los llamados ""empresarios que se están haciendo ricos con la ejecución de obras públicas", señaló.
"Este cuento de la autonomía les ha permitido ganar las elecciones a estas personas bajo la bandera del poder autonómico nacional y de ese modo manejar de manera irrestricta cantidades millonarias de dinero que provienen de las regalías gasíferas sin un programa regional de desarrollo. Es un engaño al pueblo, que sigue pasando necesidades. El Gobierno del presidente Evo Morales sabe que son unos ladrones, pero también sabe que no los puede echar porque de esa manera puede gobernar tranquilo", indicó. Luego agregó: "A mí no me atacaron los narcos ni los contrabandistas. Ellos están en otra cosa. Hacen su negocio y no se meten ni polemizan con la prensa. Yo fui víctima de los que se están enriqueciendo con los dineros públicos. Y eso lo debe investigar el Gobierno, pero no lo hace. En este contexto hacer periodismo en Bolivia es un suicidio; estas autoridades se burlan de los periodistas; si te portás bien te pago bien, si te portás mal, te pago mal, mientras te corriges. Los medios de comunicación en Yacuiba están todos controlados. Cuando yo toqué la columna vertebral de esta gente me transformé en alguien peligroso y me mandaron a matar", afirmó el periodista. ""Hoy las cosas han cambiado, porque en siete años en el gobierno del MAS ha aflorado un estado de corrupción salvaje"", explicó en diálogo con Radio Mitre.
Rolando Carbajal, conocedor de las intimidades del poder en Bolivia impacta con sus observaciones. Señala que en el plano de la política criolla, en agosto de 2012 se corrió la voz del mayor acercamiento Paz Zamora-Morales al punto de colocar a Rodrigo Paz como vicepresidenciable, una vez confirmado el desplazamiento de García Linera y se abran las compuertas visibles de mayores divergencias oficialistas a propósito de una alianza con el viejo MIR. Para reproducir el poder, "todo sirve". "La apariciones de Evo con el ex presidente habrían proclamado lo ineludible de la alianza electoral con el MIR a fin de disponer de las ingentes regalías tarijeñas y alcanzar al menos el 40 % del electorado evitando una eventual segunda vuelta en las elecciones y dificultades para controlar el Senado 201". Con la degeneración política del Gobierno, todo parece plausible.
La creciente ilegitimidad entre los sectores populares especialmente entre los indígenas del oriente y los trabajadores públicos, va de la mano con el aumento de la legitimidad entre los empresarios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a quienes les ha concedido: 1. A mediados del 2011 la legalización de cultivos y semillas transgénicas, base del negocio de la soya y del etanol, 2. la paralización por cinco años de la verificación de la función económico social (fes) para la tenencia de la propiedad agraria y 3. Ampliación de la frontera agrícola hasta cinco veces, a 11 millones de hectáreas.
Raúl Prada explica lo que viene ocurriendo señalando entre otras causas: "Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes se sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales." Y agrega otra: "Ni en la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices."
Es un buen momento para el cuestionamiento del Estado colonial y de las formas perversas de gobernar de un poder usurpador de la voluntad popular, verticalista, concentrador y centralista; es una gran ocasión para la exploración del ejercicio desde abajo de practicas solidarias, participativas, transparentes y de control social. La sociedad solo así podrá erradicar grupos y redes mafiosas, que van convirtiendo a la sociedad en victima y rehén del Estado y sus redes de execrables formas de poder, que ignoran los derechos fundamentales de indígenas y del pueblo en general.
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Que opina? RED MAFIOSA QUE EN EL SENO DEL PODER EJECUTIVO DE EVO MORALES - 05/12/2012 9:34:06
"El Presidente Evo Morales enfrenta el peor escándalo de corrupción que enloda a su gobierno desde que asumió el mando en 2006. Se ha descubierto una extensa red de funcionarios públicos de alto rango dedicados a la extorsión y al robo institucionalizado. Evo está "dolido" porque el clan mafioso, con ramificaciones en el Órgano Legislativo y Ministerio Público, operaba desde hace cinco años en las narices de los jerarcas del MAS.La semana pasada fue desbaratada una banda de funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo y del Órgano Judicial que operaba desde el mismísimo Palacio de Gobierno. Los integrantes de la caterva no son delincuentes comunes sino prominentes abogados de un equipo jurídico del Estado a cargo de importantes procesos judiciales contra ciudadanos acusados de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
El controvertido clan ,integrado por hombres de confianza del entorno palaciego y autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico (Dircabi) , se convirtió en una especie de comando parapolicial dotado de amplios poderes para el matonaje judicial.
La pandilla de abogados del gobierno aterrorizaba a jueces y fiscales en los tribunales; torcía fallos a punta de amenazas, y esquilmaba a litigantes, procesados y detenidos indefensos mediante la exacción y la coacción descarada. El régimen del MAS fue advertido de la existencia del clan mafioso hace más de un año, pero se hizo de la vista gorda, actuó con negligencia y prácticamente fue obligado a investigar por la presión nacional y extranjera.
El escándalo se hizo público luego de que el ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, imputado por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico, denunció serias irregularidades cometidas en el proceso penal que enfrenta en Bolivia, y se declaró víctima de extorsión y robo de parte de burócratas de alto rango de los Ministerios de Gobierno y Presidencia.
Al empresario estadounidense, detenido desde hace 17 meses sin que se haya probado la acusación en su contra, le pidieron 50 mil dólares de coima a cambio de su libertad y posteriormente vendieron irregularmente sus bienes incautados por la oficina de Dircabi en la localidad de Montero. A Ostreicher le robaron 14 mil toneladas de arroz y 273 cabezas de ganado, entre otros bienes, estimó su abogado defensor Jerjes Justiniano. [1]
Ante la inacción del Ejecutivo boliviano, el gobierno de Estados Unidos inició gestiones diplomáticas y protocolares y habría enviado a un agente del FBI para que investigue la situación legal de Ostreicher. Posteriormente llegó al país el congresista republicano Christopher Smith para defender los derechos humanos del empresario; poco después el actor Sean Penn intercedió personalmente a favor de su compatriota; luego un alto funcionario diplomático envió un mensaje electrónico al Presidente para que tome consciencia de la gravedad de asunto, y por fin Evo Morales ordenó investigar en serio las denuncias.
"El Presidente esta conmovido, preocupado y dolido por esta situación, pero absolutamente firme en su decisión de actuar rápido; una vez que le ha llegado la denuncia con indicios importantes, el Presidente dio la instrucción directa" a los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana para que investiguen de manera personal el caso del estadounidense, comunicó la ministra de Comunicación Amanda Dávila.
El ministro Romero aclaró que la investigación comenzó hace siete meses porque "nos llamaba la atención el manejo irregular de bienes incautados a Jacob Ostreicher y el proceso judicial, absolutamente dilatado con muchas audiencias que no se desarrollaban".
Romero instruyó a su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez que atienda personalmente el caso, pero apenas "avanzábamos un trecho la investigación se caía, se perforaba; planificábamos un operativo y se frustraba o abortaba. Otra vez recolectábamos elementos para armar el rompecabezas, estábamos cerca de desarrollar un operativo, y resulta que otra vez se caía, otra vez algo se filtraba o algo no había funcionado", confesó el ministro.
Romero tenía dos opciones: echar a los funcionarios bajo sospecha o dejarlos actuar. "Si los echaba seguro que estaban trabajando en otro Ministerio y tal vez nos estarían persiguiendo ellos; y si los dejaba la idea era que se muevan para que establezcamos donde estaba la red. Eso nos enseñó la Policía, dejar moverse al objeto de la investigación".
El ministro despidió a uno de los acusados y dejó al otro "para ver cómo se movía". "En determinado momento de la investigación, el viceministro Pérez estaba en la mira. Empezaron a circular rumores y calumnias e intrigas contra él; intentaron sacarlo del camino acusándolo de estar interesado en proteger a narcotraficantes. Esa gente que ahora está detenida en su momento trató de alejarlo de la investigación a toda costa, y (ante la presión, Pérez) fue internado porque le reventaron tres úlceras", contó Romero.
Según diversas fuentes, contribuyó a la caída de la banda de extorsionadores el gobierno de Estados Unidos, y se dice que el trabajo del FBI fue clave. "Un agente de la FBI vino a Bolivia e investigó los nexos de los abogados que ahora están detenidos y recogió toda la información sobre la situación jurídica de Jacob Ostreicher", detalló un periodista de la cadena ABC News.
Sin embargo, el ministro Romero asegura que la agencia de inteligencia estadounidense nada tuvo que ver en el proceso de seguimiento, pesquisa y aprehensión de los integrantes de la red, y que el esclarecimiento del caso fue realizado íntegramente por la Policía boliviana. [2]
El clan al descubierto
Se descubrió que lideraban la banda de extorsionadores el director de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y el director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya. En segunda línea figuraban el abogado del Ministerio de Gobierno Denis Rodas Limachi, el asesor de la Fiscalía de Santa Cruz Gustavo Céspedes Rosales y los funcionarios de Dircabi Hugo Franklin Pedraza Suárez, Eduar Stepane Bellido y Ramiro Ordoñez López, entre otros.
Rivera trabajó cerca de seis años en la Contraloría, fue contratado como abogado del Ministerio de Gobierno en la gestión del ex ministro Alfredo Rada (2007-2010), y continuó en funciones en las administraciones de Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).
Antezana Pinaya fungió como abogado del Ministerio de Presidencia desde la gestión de Oscar Coca, y siguió con Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Fue contratado por el ex viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez en octubre de 2008 y llegó a ser director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
"Antezana tenía como función el registro, la sistematización y la estadística de gestión pública de los ministerios. Era un acumulador y organizador de información, y se supone que tenía un trabajo científico, técnico y hasta burocrático. Cuando fui Ministro de la Presidencia ya estaba trabajando; no tengo quejas de él, cuando le pedía informes, me cumplía rápidamente, entonces uno no sospecha que se dedicaba a extorsionar", declaró el ministro Romero a la red Erbol.
"Antezana era un buen funcionario, respondía bien por su trabajo, pero obviamente nadie conocía de la gravedad de los hechos en los que estaba involucrado", rememoró el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce Zaconeta, tras admitir que Antezana es su concuñado. [3]
Aprovechando el enorme poder político que ostentaban en su condición de representantes oficiales del Estado, Rivera, Rodas y Antezana se dedicaban a la persecución política y a la detención irregular de presuntos delincuentes y líderes de la oposición, recurriendo incluso a la manipulación de jueces. Cuentan que la caterva infundía miedo y aterrorizaba a jueces, fiscales y litigantes.
Los miembros de la pandilla gubernamental intervinieron en bullados procesos judiciales, como por ejemplo el caso Caranavi, oportunidad en la que persiguieron penalmente a los abogados de los familiares de dos jóvenes asesinados por la Policía. Además, fueron parte querellante contra los refugiados peruanos Hugo y Williams Minaya, acusados de terrorismo en 2011.
Rivera, Rodas y otros integrantes de la red mafiosa también se vieron involucrados en la brutal represión a la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, y representaron al Ministerio de Gobierno en el juicio que le inició Carlos Romero a la diputada del Movimiento sin Miedo (MSM) Marcela Revollo por los supuestos delitos de instigación a delinquir y sedición. [4]
Por otro lado, el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico aseguró que uno de los principales articuladores de la red mafiosa es Boris Villegas, ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y actual funcionario del Ministerio de Transparencia. [5]
Reportes de inteligencia apuntan a Villegas como parte de la organización delictiva, ya que trabajó con Rivera y Rodas en varios casos irregulares, como el del ciudadano peruano José Cantoral, corroboró el viceministro Jorge Pérez. Franz Bustos Gutiérrez, abogado defensor de los peruanos Minaya, confirmó que Villegas, quien fungía como director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, intentó extorsionar a sus clientes y lo amenazó de muerte en una audiencia de medidas cautelares. [6]
Desde que se conocieron las incidencias de la escandalosa extorsión a Jacob Ostreicher en una clínica en Santa Cruz [7] proliferan las denuncias. Se supo que la red mafiosa pidió 30 mil dólares a la colombiana Claudia Rodríguez, socia de Ostreicher, a cambio de que no sea trasladada del penal de Palmasola al Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz. [8]
Además, la hija del ex ministro de Gobierno Guillermo Fortún (+), procesado por recibir dinero de gastos reservados en el gobierno de Hugo Banzer, dijo haber pagado al menos 20 mil dólares a la red de extorsionadores liderada por Rivera y Rodas.
Con esos antecedentes, los fiscales del Ministerio Público acusaron a los miembros de la banda de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz José Zubieta ordenó la detención de Fernando Rivera y Dennis Rodas en celdas de la FELCC, y envió a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz a José Manuel Antezana y a Gustavo Céspedes Rosales. Los ex funcionarios de Dircabi Erland Bellido y Franklin Pedraza fueron favorecidos con medidas sustitutivas.
Céspedes reveló que el fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez se reunió en varias oportunidades con Rivera y Rodas en el despacho de la Fiscalía de Distrito para planear actos delictivos. Rivera y Rodas "tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar a los jueces", y los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo obedecían sus instrucciones y emitían fallos "de acuerdo a su conveniencia", denunció Céspedes, uno de los primeros detenidos en Palmasola. [9]
En cuestión de días Isabelino Gómez pasó de testigo a denunciado, y el fiscal general del Estado Ramiro José Guerrero Peñaranda instruyó la apertura de un proceso disciplinario y otro penal en su contra, y ordenó investigar a otros fiscales sospechosos. Resultaron involucrados los fiscales Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, Lumia Acho Pinto, Ángelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo, todos denunciados por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, peculado y uso indebido de influencias.
El 3 de diciembre el ex fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez fue detenido en Sucre y posteriormente recluido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de Santa Cruz, acusado de influir en una decisión judicial para mantener tras las rejas a Ostreicher. (ABI)
El estadounidense Ostreicher parece ser una de las últimas víctimas de la red mafiosa, y hasta el momento se sabe que están involucrados ex funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, además de ex empleados de Dircabi, jueces y fiscales. No obstante, "los más altos niveles del gobierno deben informar a la población hasta donde extendió sus tentáculos esta organización mafiosa; el país necesita saber si hay gente de otros niveles o de otras instancias que están involucradas", exigió el dirigente nacional del MSM Edwin Herrera.
El ministro Romero aseguró que la lista de las nueve personas involucradas no está cerrada y la investigación continúa: "La lista se irá completando a medida que la investigación avance… De repente un primer capítulo se ha esclarecido con la participación de funcionarios públicos del Ejecutivo, pero no se cierra todo el círculo, y podría haber alguien más… Otro capítlo se inicia ahora, y posiblemente será más tenebroso y generará más terremoto que la anterior semana… Sé que nos metimos en algo grande…".
La moraleja
El descubrimiento de la red mafiosa que operaba en el seno mismo del Poder Ejecutivo, además de sacudir a la opinión pública nacional, puso al descubierto el talante moral del gobierno y de la justicia boliviana y evidenció que los "socialistas plurinacionales" son tan o más corruptos que los "neoliberales pro imperialistas".
En primer lugar, resulta difícil creer que "cuatro ministros de gobierno que tienen a sus asesores directos involucrados en extorsión indiquen que "no conocían el caso. Entonces Romero no manejaba su ministerio, como sucedió con Llorenti y Quintana, quienes más bien fueron premiados. No vaya a ser que Romero acabe como embajador en algún país", ironizó el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz Roly Aguilera.
"Al parecer, la inteligencia del Ministerio de Gobierno está lejos de esta repartición de Estado porque ha sido incapaz de detectar la actuación delictiva de sus funcionarios durante más de cinco años. ¿Incapacidad o complicidad?", cuestionó el diputado de Convergencia Nacional (CN) Alex Orozco.
No hay que olvidar que Fernando Rivera, entre otros miembros de la red mafiosa, "no actuaba por su propia ocurrencia personal; él lo hacía apadrinado por el gobierno y eso es lo que hay que desnudar. Cuando el gobierno sale y dice "los estamos poniendo en la picota a estos corruptos, en realidad esos corruptos de los cuales ellos quieren rasgarse las vestiduras son sus hijos que fueron avalados por ellos", juzgó el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín. [10]
En segundo lugar, subrayó Albarracín, "más allá del hecho de corrupción están las múltiples denuncias sobre cómo los funcionarios del Ministerio de Gobierno dirigían el curso de las audiencias en los tribunales de justicia, con la anuencia del gobierno; ha quedado al descubierto que quien administra justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino por decisión gubernamental".
Para Aguilera "lo que está claro es que el proceso judicial contra supuestos terroristas (líderes autonomistas de Santa Cruz) se ha convertido en terrorismo de Estado; el caso Ostreicher demuestra que todo es un montaje y que los procesos han servido para llenar de dinero las arcas de funcionarios del gobierno... Queda comprobado el mecanismo y el sistema implantado por altos funcionarios del gobierno para extorsionar sistemáticamente a los ciudadanos".
Con estos antecedentes, la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, que está siendo analizada en el Tribunal Constitucional, solo serviría para que funcionarios de gobierno hagan "uso y abuso" de los bienes incautados, consideró el jefe de la Bancada de CN en Diputados Luís Felipe Dorado.
La tercera lección que deja este bochornoso suceso es que la tan mentada cacería de corruptos, "caiga quien caiga", es un eslogan más de un gobierno acostumbrado a obrar de manera totalmente contraria a lo que predica.
El diputado de CN Roy Moroni propuso conformar una comisión legislativa multipartidaria para recolectar denuncias e investigar a los funcionarios públicos acusados de corrupción, pero el jefe de bancada del MAS Roberto Rojas y el senador oficialista Adolfo Mendoza descartaron esa posibilidad con el argumento de que "podría entorpecer" la labor del Órgano Judicial y "politizar" la pesquiza.
El 29 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación recomendando al Fiscal General iniciar una investigación "diligente, pronta y oportuna, sin favoritismo de ninguna naturaleza", con el fin de identificar a todos los implicados en el hecho delictivo. Los diputados instaron a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo a coadyuvar en todas las investigaciones.
Quintana informó que el Ministerio de la Presidencia recibirá denuncias sobre las actividades ilegales y el tráfico de influencias de la red delictiva en Santa Cruz, mientras que el Ministerio de Gobierno también convocó a los afectados a presentar sus denuncias en la Unidad de Transparencia de esta Cartera de Estado. Romero recalcó que su intención no es suplantar las funciones de la ministra Suxo, sino colaborar en la investigación.
Resulta que la zarina anticorrupción, que ni siquiera se enteró de que un clan mafioso se enriquecía en las narices del Presidente, ahora amenaza con procesar por "cohecho" a las nuevas víctimas de la pandilla gubernamental que se animen a contar su verdad. Lo que pasa es que la ministra Suxo está vinculada al clan mafioso, afirmó el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, condenado a 12 años de prisión por corrupción, en una entrevista con la red Erbol.
Al parecer, los cabecillas de la red de corrupción y extorsión tienen padrinos muy poderosos en el Ejecutivo y, como dice el ministro Romero, "mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia", ya que las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales asignados al caso develan su intención de favorecer a los acusados.
En la madrugada del 1 de diciembre, el juez cautelar de la causa dictaminó en primera instancia que los cabecillas de la red mafiosa Fernando Rivera y Denis Rodas sean trasladados a la cárcel de Palmasola, pero, a pedido de los acusados y de manera expedita, determinó su reclusión en celdas de la FELCC, supuestamente para precautelar su integridad física.
Además, el juez favoreció con medidas sustitutivas al ex director de Dicarbi, pese a que estaba claramente comprometido con la red, y dejó sin efecto la imputación de organización criminal contra los cabecillas de la banda, alivianando enormemente la labor de su defensa.
El 4 de diciembre, el juez Juan José Zubieta dejó en libertad al fiscal de Sustancias Controladas de Beni Roberto Carlos Achá, quien habría forzado la acusación contra Jacob Ostraicher, además de obligar a un juez a cambiar una sentencia de libertad que favorecía al ciudadano estadounidense.
Según Romero, los jueces y fiscales asignados al caso Ostreicher enviaron "sin empacho" a la c Fuente Artículo
Que opina usted? Correo alano-castillista Omar Quesada habría sido retenido en Aeropuerto de Washington por civiles no identificados.- Hechos habrían sucedido el pasado sábado 10 de septiembre - 13/09/2011 14:53:52
" El sábado pasado, Omar Quesada habría sido retenido por civiles no identificados a su llegada al Aeropuerto de Washington. Si bien se desconoce la razón de la supuesta retención, se recuerda que uno de sus hermanos fue condenado por narcotráfico a doce años de prisión y recientemente fue detenido acusado de pertenecer a una banda de extorsionadores.El pasado sábado 10 de septiembre de 2011, el correo de la corrupción alano-castillista Omar Quesada habría sido retenido por elementos no identificados vestidos de civil a su llegada al Aeropuerto de Washington. Por espacio de cinco horas, entre las siete de la mañana y las doce del día, el correo Quesada habría sido interrogado sobre temas desconocidos.
Posteriormente, el domicilio en Virginia al cual se constituyó Quesada portando el mensaje de los corruptos García Pérez y del Castillo habría sido intervenido por otro grupo de civiles no identificados.
No ha trascendido el porqué de la supuesta retención en el Aeropuerto de Washington del denominado ""Secretario General Institucional"" del club electoral de la corrupción. Sin embargo, fuentes policiales peruanas recuerdan que Rolando Quesada, hermano de Omar Quesada, fue sentenciado el 20 de agosto de 1999 a doce años de prisión por tráfico ilícito de drogas.
El hermano de Quesada fue encontrado in fraganti trasladando 53 kilos de pasta básica de cocaína junto con el chofer Ciro Asmer Allpacca Gómez. Este mismo Rolando Giovanni Quesada Martínez fue recientemente detenido acusado de pertenecer a una banda de extorsionadores.
Omar Quesada debe cumplir inmediatamente con informar sobre estos presuntos hechos a la opinión pública peruana.
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Es Noticia, La importancia del futuro Ministro del Interior - 18/06/2011 13:25:44
"México está perdiendo la batalla del desarrollo. El narcotráfico y la delincuencia organizada han asolado la vida cotidiana. Hermosos y legendarios balnearios, paradisiacos, son teñidos de sangre por la guerra de los cárteles y con los cárteles que, según los entendidos, viene perdiendo el presidente Calderón.La inseguridad es evidente, como evidente es el hecho que México tiene una de las policías más corruptas del mundo. Cuando vemos que en nuestro país aumentan los crímenes, el narcotráfico puede llegar al Congreso, asaltan las carreteras, la extorsión cobra víctimas, nos debemos preguntar ¿Estamos siguiendo el camino de México?
La economía es importante pero también la seguridad. Los inversionistas se alejan de Lambayeque y La Libertad por la ola de crímenes y extorsionadores que hay por allá. No debemos ser indiferentes a ese fenómeno. Los delincuentes, gracias a las bondades del agro, primero llegaron a Ica y luego a La Libertad. Las enfermedades sociales, como la delincuencia y la prostitución, llegaron a esos lugares con el crecimiento económico.
Se dice que un mediocre funcionario, culpable que los cultivos de coca se hayan incrementado, se estaría ofreciendo a través de un lobbista chileno que suele disfrazarse de político, para el Ministerio del Interior. Sería un gravísimo error. Para el Ministerio del Interior se requiere de alguien capaz, reconocido, con trayectoria impecable, y que venga del sector civil. Independientemente de las calidades personales del General Ketin Vidal, no podría ir en contra del juramento del presidente electo en el sentido que el próximo Ministro del Interior sería un civil. Es una cartera clave, tan importante como la economía. Si hemos mencionado a México es porque como consecuencia de su desangrada lucha contra la delincuencia ha caido no sólo en el ranking de competitividad sino ha perdido su lugar entre las diez naciones más desarrolladas del Mundo. Eso debemos tomarlo en cuenta. La seguridad es muy importante.
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