Interesante, Por hacinamiento trasladarían carceleta de PJ - 31/01/2014 17:29:37
"El traslado de la carceleta del Palacio de Justicia a un local con mejores condiciones, lo están coordinando el Poder Judicial, Ministerios del Interior, Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).Hasta el momento, la carceleta que alberga a detenidos que son derivados a otros centros penitenciarios presenta hacinamiento y sus condiciones son inadecuadas, para los inculpados y el personal que trabaja allí.
En tanto, la decisión se tomó tras una evaluación técnica realizada por especialistas en temas penitenciarios, quienes recomendaron el traslado aún lugar que cumpla requisitos de seguridad y principios humanitarios para los internos.
De otro lado, la carceleta del Poder Judicial, es un centro de detención preventiva de personas con orden de captura o individuos atrapados en flagrante delito que esperan ser derivadas al del juez de turno.
Foto: Difusión.
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Noticia, HUMALA PERSIGUE A SOBREVIVIENTES DE LA MASACRE DE EL FRONTON - 19/12/2012 11:00:05
" El Estado peruano continúa su persecución contra activistas políticos, incluso en el extranjero. El último lunes 10 de diciembre fue detenido en Argentina el ciudadano peruano Rolando Echarri Pareja contra quien pesa una requisitoria de la justicia peruana. El detenido es uno de los 34 sobrevivientes de la masacre del penal El Frontón de 1986 cuando fuerzas combinadas de la Marina del Perú y la ya desaparecida fuerza policial Guardia Republicana asesinaron a más de 300 presos políticos. Al detenido se le ha vinculado con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) en Argentina. Esto demuestra que el Estado peruano, esta vez con el cachaco Humala a la cabeza, no cesa en su histérica persecución contra todo aquel que se ponga en cuestionamiento su poder.En los últimos años el Estado peruano ha hecho el ridículo con sus pedidos de extradición de personas acusadas del delito de terrorismo. Y ha hecho el ridículo porque ha fracasado en casi todos los casos. Casi todos los pedidos de extradición han sido denegados por la justicia de los respectivos países que recibieron tal solicitud. El único caso en que una persona fue extraditada fue el de Adolfo Olaechea Cahuas quien aceptó ser extraditado. Es más, Olaechea Cahuas le ganó un juicio al Estado español ante la Corte Europea de Derechos Humanos porque su extradición no se había llevado a cabo respetando principios y normas de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos. Olaechea Cahuas fue absuelto en el Perú de los cargos que se le imputaban y hoy se encuentra en libertad. La justicia peruana quedó en ridículo.
Otro caso emblemático en torno a la extradición es el de Mónica FeriaTinta. Esta abogada que vive como refugiada en el Reino Unido desde años fue detenida en Alemania en el 2008 por una orden de captura de la policía peruana por terrorismo. A Feria Tinta se le acusa de haber pertenecido al Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, por haber acompañado a un equipo del canal británico "Chanel 4" para hacer un reportaje sobre la guerrilla maoísta. Ella fue capturada en el 1992, torturada y encarcelada; sobrevivió a la masacre de Canto Grande en 1992 en la cual fueron asesinados selectivamente 100 presos y presas de los cuales los servicios de inteligencia peruanos presumían tenían puestos de importancia en la organización. Feria Tinta fue puesta en libertad en el 1995, salió del Perú y se refugió en Gran Bretaña donde ha hecho carrera como jurista e investigadora. La orden de extradición del Estado peruano contra Feria Tinta fue un acto de venganza porque ella había recibido un premio de la Fundación Grubber de los Estado Unidos. Feria Tinta había, además, ganado un jucio al Estado peruano por tortura e injusta prisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. El pedido de extradición de Feria Tinta fue denegado por la justicia alemana. Otro ridículo más.
Como en el caso de Feria Tinta todos los pedidos de extradición del Estado peruano han sido rechazados. Y es que los jueces de los países receptores de estas solicitudes de extradición no pueden acceder a pedidos de extradición violando preceptos jurídicos internacionales. En la mayoría de los casos, los delitos por los cuales se persigue a las víctimas ya han prescrito en los países receptores de las solicitudes. Esta es una de las principales razones por las cuales las solicitudes de extradición son rechazadas. En la mayoría de países el delito de terrorismo prescribe entre los 15 y 20 años. Esto demuestra lo fachistoide de la legislación antiterrorista peruana. En el Perú prescribe a los 30 años. La otra principal razón por la que los pedidos de extradición ha sido rechazados es porque no ha existido proporción entre la pena que le espera al perseguido y los delitos que se le imputan. En la mayoría de los casos, es grotesco que a una persona se le pretenda meter 20 años o más a la cárcel por hechos que no corresponden a la magnitud de tal pena, como acompañar a un equipo periodístico como fue en el caso de la acusación que pende contra Feria Tinta.
Imagínense un juez que se oriente mínimamente a principios de un estado de derecho democrático-liberal. Este juez tiene que ver un pedido de extradición del Estado peruano contra una persona acusada por el delito de terrorismo . Esta persona ya estuvo, en muchos casos, en una cárcel donde purgó una condena. Para colmo esta persona fue sobreviviente de torturas y masacres en las cárceles. Esta persona es víctima, en muchos casos, de daños sicológicos y físicos por la tortura, carcelería y exilio. Este juez sabe lo difícil que es vivir en el exilio, sin poder regresar al país de origen y con todas las limitaciones de orden socio-económico y sicológico que ello implica. Este juez se informa y se entera que el Perú tiene una legislacion antiterrorista de excepción, draconiana, que viola principios fundamentales de un Derecho Penal de un ordenamiento jurídico democrático y que es constantemente reforzada aunque ya prácticamente no exista actividad guerrillera. Se entera que el Estado peruano ha sido condenado reiteradas veces por faltar al debido proceso en casos de acusados por terrorismo. Este juez se entera que en el Perú el Poder Judicial es una máquina de venganza para aplastar cualquier protesta, aun cuando se trate del pasado y tenga algo que ver con el pasado de las guerrillas. Este juez se entera que hay un proyecto de ley que le dicen del "negacionismo" que es un atentado flagrante contra la libertad de pensamiento y expresión. Y este juez se entera que en lo que va del gobierno del cachaco Humala ya son casi 20 las personas asesinadas en el marco de protestas sociales. Obviamente que este juez, si posee un mínimo de conocimientos de derecho internacional y ética profesional va a rechazar el pedido de extradición. Y así ha sido en todos los casos.
En el caso de Echarri Pareja estamos ante un caso similar. El agraviado fue detenido en el Cuzco en 1981 bajo el cargo de terrorismo. En 1986 sobrevivió a la masacre del Frontón. Después continuó su carcelería en una prisión del Cuzco. Al cumplir su condena salió de prisión y se refugió en Bolivia. En este país, los refugiados peruanos han recibido una serie de malos tratos y persecuciones lo que ha motivado que muchos de ellos soliciten refugio en otros países. Años después, buscaría reasentamiento como refugiado en Argentina. Producto del ataque militar de la masacre de El Frontón tiene serios problemas de salud. Esta biografía no le basta al Estado peruano sino que busca eliminar a quienes pretendan enfrentársele. En el caso de Echarri Pareja, es evidente que es un acto de venganza por las supuestas vinculaciones que tendría el perseguido con el MOVADEF en Argentina. Nada más necio para el Estado peruano ni para el cachaco Humala porque el MOVADEF hace esfuerzos denodados por ser aceptados en la podrida clase política peruana; hasta apoyaron la candidatura del cachaco Humala. Pero el Estado tiene una razón superior, la que es criminalizar la protesta ensañándose con personas como Echarri Pareja que ya han sufrido cárcel, tortura, persecución y exilio.
Desde el punto de vista jurídico es evidente que Echarri Pareja, al igual que todos los casos anteriores, no podrá ser extraditado. El Estado peruano se esmera en hacer el ridículo a nivel interncional. Por más que se esfuercen los abogados del Poder Judicial en presentar cuadernillos de extradición decentes, estos son rechazados porque hacen aguas por todos lados. Los jueces de tribunales alemanes, italianos y españoles se rien ante el mamotreto de cuadernillos que reciben del Perú. Deberían sentir vergüenza los letrados peruanos por dejar tan mal paradas a sus instituciones. En países más desarrollados como los de la Europa rica esto sería un escándalo. La prensa y organizaciones de la sociedad civil preguntarían, ¿qué hacen empleados públicos desperdiciando su tiempo de esta manera sabiendo que esos pedidos de extradición serán rechazados? Es decir, ¿qué hacen desperdiciando sus sueldos que son pagados por los impuestos de los contribuyentes que somos nosotros? Esto llamaría a una fiscalización profunda de los actos de estos empleados públicos. En vez de hacer del Poder Judicial y el Estado peruanos el hazmerreír internacional, los empleados del Poder Judicial deberían dedicarse a resolver tanto caso que empolva durante años alicaídos estantes del Palacio de Justicia. ¿Cuántas personas están en prisión sin sentencia durante años? Esto sería más productivo en vez de dejar en ridículo al Estado peruano y sus jueces ante la comunidad jurídica internacional. Pero esto poco le interesa al Poder Judicial que prefiere declarar la excarcelación de los asesinos Martín Rivas y José Alarcón del Grupo Colina como lo ha hecho esta semana. Esto termina de pintar de cuerpo entero al fachistoide Estado peruano y su hediondo Poder Judicial.
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Que opina usted? Lévano: Hay presión fujimorista, buscan amedrentarme y que La Primera cambie de línea - 19/09/2012 14:37:26
" Ideeleradio.- La orden de captura que emitió en su momento el 23 Juzgado Penal de Lima tendría el objetivo del amedrentamiento y de la búsqueda del cambio de línea del diario La Primera, estimó César Lévano, director de dicho medio de comunicación, al considerar que es evidente que existe una presión fujimorista en este caso.Fue al referirse a la orden judicial que dispuso que un grupo de policías de la División de Requisitorias lo intervenga para que acuda a rendir su declaración instructiva en el marco de una querella ,de la que no tenía conocimiento, que le interpuso Vicente Silva Checa, exaccionista del fenecido Cable Canal de Noticias.
"Mi interpretación es que el objetivo es doble. Uno es amedrentar o asustar, y bueno, por lo menos yo estoy curado del espanto después de tanto tiempo de trabajo en el periodismo; [buscan] amedrentarme y amedrentar a los periodistas de La Primera", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Y aparte del intento de meter miedo, lo segundo puede ser presionar para que haya un cambio de línea en el periódico. Nuestro periódico es independiente, apoyamos cuando Ollanta Humala tenía 5 % de voluntad de voto, para evitar a la señora Keiko y otros, y apoyamos sin compromiso y sin codicia. […] Dijimos desde el primer momento que [Humala] fue elegido que apoyaríamos en la medida en que cumpla con lo ofrecido y que no apoyaríamos en la medida en que incumpla con eso, y en eso estamos", precisó.
Es evidente que hay una presión fujimorista
Inicio El director del diario La Primera cuestionó, en ese sentido, que las autoridades hayan dispuesto su captura o conducción de grado o fuerza al Palacio de Justicia en medio de una serie de abusos y de absurdos. Remarcó, por ello, que habría una presión fujimorista.
"Es evidente que hay una presión fujimorista porque el juez que manda un oficio al Policía Judicial para que me lleven de grado o fuerza al juzgado, y yo no habría recibido ninguna citación. Yo tenía una citación para escuchar sentencia a las 12:30, para eso me preparaba; pero llega a las 10:15 la policía y me conducen a requisitorias del Poder Judicial, y no había nada contra mí, sino que el juez del caso Vicente Silva Checa había oficiado para que me capturen en mi casa", refirió.
"Otra cosa, a las 10:15 se me detiene por oficio judicial y luego cuando termino mi peripecia por requisitoria, médico legal, etc, voy de todas maneras a la oficina de justicia del jirón Miroquesada y allí había un pedido para que preste una instructiva por el caso Silva Checa. O sea primero me meten preso y tenía pendiente una instructiva del mismo juez; o sea una serie de abusos y de absurdos", aseveró.
Recordó, en otro momento, que Vicente Silva Checa, quien lo querelló, tuvo participación en la venta de Cable Canal de Noticias. Se informó que Silva Checa lo denunció por las notas periodísticas que difundió La Primera en el curso de la segunda vuelta electoral sobre el supuesto Plan Sábana, una campaña de desprestigio contra el entonces candidato Ollanta Humala.
"Ahora, ¿quién es Vicente Silva Checa? Vicente Silva Checa es un operador político, compró canal 13 de televisión con dinero del Ejército, cosa que no era legal; lo del Ejército es del Ejército y no para comprar una televisora que sirviera a la campaña reeleccionista de Fujimori, cosa que ocurrió y con gente que ahora está en el aparato oficial, digamos la señora Blanca Rosales era el brazo derecho de la televisión del señor Vicente Silva Checa, o sea hay poderes […]", dijo.
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Interesante, Impacto: Hermano de Mamanchura en cárcel de Huacho - 26/05/2011 21:51:00
" Fue trasladado en horas de la noche y ahí esperara el inicio del juicio oral por muerte de artistaLuis Angel Espinoza Antúnez, el medio hermano de Pedro César Mamanchura, asesino confeso de la cantante vernácula Alicia Delgado, fue trasladado anoche a una cárcel de Huacho, tras permanecer todo el día en la carceleta de Palacio de Justicia.
Así lo determinó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) debido a la superpoblación que hay en los penales de la capital.
Espinoza Antúnez, considerado por el fiscal como cómplice secundario en el caso del asesinato de la artista Alicia Delgado, fue puesto a disposición de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel. Esta sala que despacha el doctor Alfredo Ponce, lo procesará por la presunta complicidad con su medio hermano para asesinar a la cantante y luego apoderarse de su caja fuerte.
Como se recuerda, Espinoza Antúnez fue detenido esta semana en el distrito de Independencia, cuando hacía servicio de taxi.
Espinoza tenía orden de captura y se encontraba en la clandestinidad. A decir del detenido, negó saber del caso, incluso refirió que nunca agarró una caja fuerte ni se la dieron.
Posteriormente, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel programará el inicio del juicio oral a los involucrados, entre los que destaca Luis Angel Espinoza Antúnez, quien a la fecha no ha rendido su manifestación al juez.
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Interesante, Una orden judicial que huele mal - 16/04/2010 12:44:10
" Local del camal de Yerbateros que podría ser desalojado en cualquier momento. Los trabajadores tiemblan.La mitad de los mercados de Lima podrían quedar desabastecidos de carnes rojas en cualquier momento si se cumple la orden de lanzamiento emitida por un juzgado comercial en contra del camal de Yerbateros, en un juicio revivido sospechosamente desde los archivos.
| Willy Retis Bravo|
La historia es larga, complicada e involucra a varios de los herederos de Mario Paredes, un empresario que fundó y levantó un imperio en base al camal de Yerbateros, y con una vida sentimental bastante agitada, a tal punto que llegó a tener descendencia hasta con seis mujeres. Comienza precisamente con la muerte de Paredes quien no dejó claramente establecido cómo debería ser la repartición de la considerable herencia.
Lo cierto es que Nora Ruiz, su última pareja, empezó a administrar el camal, pese a los reclamos de los demás herederos hasta que la noche del 4 de enero de 1998 fue asesinada a balazos muy cerca de su casa, en la urbanización Camacho. En el sangriento ataque también falleció Melisa, el retoño menor del empresario.
María Luisa Paredes Paredes, hija de don Mario con su primera mujer, resultó siendo la autora intelectual del doble crimen y fue a parar a la cárcel donde permanece actualmente.
Para entonces, Nora Ruiz y los demás descendientes del desaparecido empresario ya eran asiduos visitantes del Palacio de Justicia donde disputaban los bienes de la sucesión en una serie de juicios civiles y penales entrecruzados.
Dueño de todo y de nada
A sus tempranos 17 años, Giovanni Paredes Ruiz, el penúltimo hijo, quedó al frente del fructífero negocio ocupando el cargo de su fallecida madre mientras los litigios judiciales proseguían sus intrincados caminos. Solo compartió parte del poder en este imperio con la hermana de su padre, Perpetua Paredes, y su medio hermano Gregory Paredes Vergaray. Los demás quedaron excluidos. Pese a los ingentes ingresos diarios del camal, el fallecido empresario había dejado varias deudas. Debía a la Sunat, al ministerio de Trabajo, al empresario Rafael Samaniego Arauco y a Alfonso Souza Ferreyra, entre otros.
Giovanni Paredes no se preocupó por honrar los compromisos y, según varios testigos, se dio a la gran vida, mientras iba poniendo en marcha una estrategia que le permitió adueñarse del terreno donde funciona el camal.
Las propiedades que dejó Mario Paredes estaban inscritas a nombre de la Empresa Sociedad Anónima Comercial Industrias Peruanas (SACIP), entre las que estaba el predio de 20 mil metros cuadrados en Yerbateros y la administración del camal, que son dos cosas separadas.
El terreno tenía tres embargos y una hipoteca, ésta última a nombre de Alfonso Souza Ferreyra quien, al ver que la deuda por 700 mil dólares que le tenía Paredes no iba a ser pagada, inició una acción judicial para rematar la propiedad. Es allí que surge la primera gran irregularidad, según Héctor Gutiérrez Quispe, abogado de la actual administración judicial. El remate fue autorizado, pero antes de su ejecución, Giovanni Paredes compró la acreencia a Souza Ferrerya quien notificó el hecho al juzgado y el caso quedó archivado sin que la subasta se efectúe.
La compra se habría hecho con dinero del propio camal, como lo admitió la cajera Carmen Manchahua en la causa que se sigue en el Décimo Sexto Juzgado Penal. Posteriormente, Giovanni inscribió la propiedad a su nombre ante Registros Público consumando la jugada. Enterado de los hechos, el otro deudor, Rafael Samaniego Araujo, lo denunció por el delito contra el patrimonio y defraudación.
En marzo del 2009, el Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima dispuso una orden de captura en contra del joven, que ese momento tenía 26 años, y de su tía Perpetua. De ese modo, ambos terminaron en la cárcel.
El camal volvió a quedar acéfalo y los demás herederos, cada uno por su lado, solicitaron la administración judicial que, finalmente, fue otorgada a Blanca Paredes Córdova.
El juicio revivido
Apenas Giovanni Paredes salió de la cárcel, pretendió recuperar el control del camal. Acudió ante el Décimo Quinto Juzgado Comercial y pidió desarchivar el juicio iniciado por Souza Ferreyra para ejecutar el anterior frustrado lanzamiento judicial, arguyendo ser el propietario del terreno a partir del momento que adquirió las acreencias y lo inscribió a su nombre. Lo que nunca dijo es que compró el terreno con dinero del camal y no con el suyo.
El juzgado que despacha José Hidalgo Chávez, accedió a la solicitud y el 26 de octubre del año pasado dispuso el lanzamiento del camal del terreno que ocupa actualmente. La administración judicial nunca fue notificada del hecho, pero Blanca Paredes reaccionó a tiempo y pudo impedir el desalojo que significaba la paralización de todas las actividades del camal que proveen de carnes rojas a más de la mitad de los mercados de Lima y el Callao.
A través de su abogado, Héctor Gutiérrez Quispe, presentó varios escritos para anular el lanzamiento, máxime si se tiene en cuenta que hay un juicio penal en el Trigésimo Sexto Juzgado en torno a la propiedad del predio.
El abogado Gutiérrez Quispe ha presentado, también, una denuncia penal por prevaricato contra el juez Hidalgo Chávez y una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura.
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