Gestión Pública del Perú y el Mundo: Abusos de la Sunat y Artículos varios por César Gutiérrez Peña.

Información: Abusos de la Sunat - 21/01/2014 9:33:29

""Al descubierto secuestro de 316 kilos de oro ilegal intervenidos por Aduanas". "Aduanas interviene media tonelada de oro ilícito cotizado en US$ 18 millones". Así tituló, los días 8 y 13 de los corrientes, el diario El Comercio dos noticias relacionadas a una embarcación de oro incautada y después "secuestrada" en las instalaciones de Aduanas.
En ambas notas periodísticas el decano utiliza frases de grueso calibre y difamatorias como "el botín del crimen organizado", "el primer secuestro de oro registrado en la memoria aduanera", "se valió de un fallo judicial de Ucayali, denuncias y amenazas para secuestrar el millonario cargamento".
Más allá de los ligeros adjetivos que se utilizan en esos reportajes, ambas noticias no hacen sino revelar la actual tendencia de la SUNAT.
Queda claro que lo que busca el ente recaudador no solo es criminalizar la minería informal sino también las empresas comercializadoras de oro.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la empresa Comercializadora de Minerales Rivero S.A.C., compañía legalmente constituida, representada por su gerente general Miguel Ángel Rivero Pérez y dedicada a la compra y venta de minerales y exportación de oro.
Dicha empresa, en su última operación de exportación fue víctima de un acto arbitrario y abusivo por parte de la SUNAT: le inmovilizaron 304 kg de oro, en una operación que se venía ejecutando con absoluta normalidad y sujeta a la ley.
Comercializadora de Minerales Rivero S.A.C. no es, sin embargo, la única empresa a la que le han inmovilizado la carga cuando estaba lista a salir del país o cuando ya habían culminado todo el proceso de exportación.
La lista es bastante larga: N&R Inversiones Alameda SAC( 18 Kg), Cía. Minera Sumaj Orkro Sac (173 Kg), Oxford Gold Corp.Sac (103Kg), EM Company SAC ( 12 Kg), Titanium Gold Corp. SAC ( 49 Kg) y Multinacional Group Sac( 11 Kg).
Sin reglas claras. El "secuestro" de la mercancía se produjo en la etapa final del proceso de exportación cuando la carga estaba lista para ser embarcada para el extranjero.
La SUNAT le requirió a Comercializadora de Minerales Rivero S.A.C., que acredite la documentación sobre la procedencia legal de los bienes destinados a la exportación "desde la sede productiva" sin tomar en cuenta que las empresas exportadoras que se dedican a este rubro, como tantas otras, son entes comercializadores.
O sea, no realizan actividades extractivas de mineral aurífero, ni mucho menos cuentan con autorización para dicho rubro (a la SUNAT le bastaba revisar su propio sistema o la base de datos que arrojaba el RUC).
Los funcionarios de la SUNAT al darse cuenta que estaban cometiendo un abuso, flexibilizan su accionar agregando el término "y/o adquisición", tal como consta en las actas de inmovilización.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? Artículos varios por César Gutiérrez Peña. - 08/10/2013 17:27:47

" Con prensa complaciente en las plazas internacionales, por ser personaje anodino, Ollanta Humala se siente a sus anchas, no se corre como cuando los reporteros locales le solicitan opinión y sale a relucir su subconsciente, el de las ideas elementales sin racionalidad económica. Primero fue la industrialización del Perú, luego la exportación de gas natural a Chile; en ambos casos no hay condiciones para cumplir el deseo, esto ocurrió en Nueva York. Ahora desde Tailandia nos anuncia que desea crear un nuevo ministerio, el de Ciencia y Tecnología, inexplicable cuando hay grandes carencias en el sector educación para la formación de escolares.
¿No cree señor Humala que ya tiene bastante con los nuevos ministerios que heredó de su antecesor Alan García: el del Ambiente, con sus derivados Oefa y Senace, y el de Cultura; más el que usted lanzó, el de Inclusión Social, con su desacreditado programa Qali Warma?
Los dos primeros no han justificado su existencia y el último, aparte de niños intoxicados, no tiene mérito alguno. Tres entes burocráticos innecesarios cuyo trabajo podría haberse hecho solo con programas bien diseñados en instituciones existentes: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer.
Nadie niega que desarrollar tecnología e investigación científica es lo más apropiado para constituirse en un país que no sea primario exportador, pero eso no se soluciona con un ministerio que dé políticas, se necesitan recursos económicos. Si no se puede dar un salario digno a docentes de escuelas y universitarios, ni dotar de una infraestructura adecuada a los colegios y universidades estatales; y el Ministerio de Economía y Finanzas se niega a mayores desembolsos, ¿cómo piensa tener una cartera de ciencia y tecnología?
La pareja Heredia-Humala tiene que entender que el manejo del Estado no solo pasa por tener buenas intenciones, sino con disponer de ingresos suficientes y sostenibles en largo plazo para solventar las realizaciones. La visión que tienen de lo que vienen haciendo desde el gobierno es errada, el Perú no es otro con su trillada inclusión social, como dice el comandante en retiro; es el mismo y va empeorando, solo los corifeos le pueden decir que van muy bien.
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El gobierno de Ollanta Humala hace esfuerzos para tratar de honrar promesas electorales, que aseguraban que no se exportaría gas natural para dar prioridad a los consumidores peruanos. Pero no solo eso, sino que prometía masificación y construcción de un faraónico gasoducto.
A más de un año de mandato, el comandante aún no puede, ni podrá, impedir la exportación del energético, salvo que decida romper una estabilidad jurídica, que es una de las fortalezas de la economía peruana. Se ha dado cuenta del error de lo prometido y ya no se refiere al tema, lo que es una señal apropiada. Sin embargo hay necesidad de una actitud recíproca de parte del consorcio Camisea que explota el mayor yacimiento existente en el país y una firmeza del gobierno, pues hoy existen cosas ininteligibles como la una termoeléctrica de 140 Megavatios ya construida y que no cuenta con el recurso.
De otro lado la construcción de un gasoducto en la zona sur de cerca de 1,000 km, por parte de la empresa brasileña Odebretch, a un costo de 6,500 millones de dólares se frustró dando paso a otro proyecto más racional, de 3,000 millones de dólares, pero que siempre resulta oneroso para el fisco.
Finalmente la masificación, es un esfuerzo que no comparto, el estado y los consumidores serán los grandes financistas, para un consumo magro y donde el dinero puede ser usado más eficientemente en un país con tantas carencias.
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Nueva York ha significado el lugar desde donde Ollanta Humala, ha lanzado los anuncios más disparatados; primero fue la industrialización peruana y luego la venta de gas para nuestro vecino del sur, Chile. No me llama la atención su cambio de discurso de campaña a la del gobierno, pues es ahora un lugar común, donde destaca la inconsecuencia; sino la desinformación supina en la que gestiona el estado y pretende tomar decisiones.
El gas natural en el país depende mayoritariamente de cuatro lotes: dos en producción, Lote 88 (Camisea) y Lote 56 (Pagoreni) y dos en pretensión de producción que son los lotes 57 y 58. Lo importante es conocer el lugar desde donde se extraerá el recurso para la aspiración de exportar a Chile. Las matemáticas son frías y afirmo que no es posible la venta ofrecida, con lo cual el anuncio del comandante no tiene credibilidad alguna e internacionaliza su descrédito de no cumplir promesas.
En el lote 88, es tan objetivo el hecho que faltan reservas para atender pedidos de suministro de los consumidores, que hay en la localidad de Chilca a pocos kilómetros de Lima, una termoeléctrica como Las Flores, de propiedad de la multinacional Duke Energy, que estando con planta culminada e inaugurada hace cuatro años, no puede operar en toda su capacidad por no contar con el energético. Así que eliminamos esta posibilidad del cuadro.
El lote 56, hoy es usado para la exportación y las reservas que tiene no alcanzan para cubrir el horizonte del contrato comprometido que es de 18 años, por lo que hasta la fecha se inmoviliza gas disponible en el lote 88, como respaldo. Esa es la razón que origina que el "humalismo" no puede honrar su promesa de liberar los recursos de esta área. Así que en este lugar tampoco no hay nada para vender a los mapochinos.

Sobre el lote 57, mucho se ha escrito sobre el gas existente, pero cuando se revisa el libro de reservas del ministerio de energía y minas, la cifra de cantidad probada es tan magra, que no permite estructurar emprendimiento alguno que use el gas natural como combustible. Peor es la situación en el lote 58, donde las cifras de recurso probado indican cero. En conclusión lo prometido ha sido una barbaridad internacional y oficial, dicha con circunspección.
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Entendemos que el comandante tiene quien le escriba, antítesis de un título de la obra de García Márquez, cambiándole el rango de coronel por comandante. El problema que quien le redacta los discursos parece desconectado de la realidad de la economía peruana y traigo a colación el tema pues ayer en Washington, en el foro de Naciones Unidas (ONU): "Éxito de los objetivos de desarrollo del milenio", Ollanta Humala anunció el "firme compromiso con la industrialización". Agregando que el secretario general Ban Ki-moon, estará en Lima en diciembre para la conferencia de la ONU sobre desarrollo industrial (ONUDI)
Me pregunto ¿cuáles serán los sectores en los que se industrializará el país? ¿Cuál será la manera de hacerlo? Si se quiere desarrollo industrial se necesita inevitablemente proteccionismo arancelario o ser propietario de tecnologías. Ninguna de las dos cosas tenemos. La primera porque nuestra economía es abierta y con el bajo grado de responsabilidad de manejo estatal, no podemos hacer ni el intento de medidas transitorias, pues se convertirán en permanente y mal endémico, además que nuestro compromiso con el sistema financiero internacional es de mantener o disminuir más los aranceles. Por el lado de la tecnología, es un sueño difícil de alcanzar con la estructura del nivel educativo que tenemos.
Señor Humala ¿no se da cuenta que los confeccionistas del centro comercial textil de Gamarra le han hecho una marcha pidiéndole que los proteja de las importaciones chinas? Y está clarísimo que su gobierno no podrá hacerlo pues usted predica Tratados de Libre Comercio por doquier. ¿O acaso le han dicho que la petroquímica del etano se hará en el Perú, lo cual es un imposible económico? ¿O alguien lo ha animado que haga industria del ensamblaje automotriz? ¿O alguien le ha mencionado que puede haber más industria textil en el Perú, donde la materia prima viene de otras latitudes y no tenemos ninguna marca propia de relieve mundial?
Tendremos la industria que hoy disponemos y nada más, no hay forma de multiplicarla, se requeriría un cambio de rumbo en política económica, en la dirección de lo que llamaron la "gran transformación", que ya fue dejado de lado y ahora lo llaman: "responsabilidad económica"
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Escribí la semana pasada críticas severas de la manera que venía desarrollándose el proceso de selección del constructor de la nueva sede del Banco de la Nación y ha habido una reacción en el sentido correcto. Ésta se ha registrado desde del día de ayer cuando la institución decidió poner a disposición de cualquier interesado a través de su portal, información relevante de la ejecución de una de las más importantes partidas del presupuesto del período 2013-2015.
Mi reclamo estaba orientado en dos sentidos: a la absoluta falta de información suscrita por el banco y a la conducción del concurso por parte de la cuestionada OIM. La primera parte ha sido cubierta en gran medida por la publicación en el portal donde se ha creado un enlace ex , profeso para la construcción de la nueva sede.
El vínculo ha puesto a disposición de la opinión pública: bases, absolución de consultas, adquirientes de las bases, empresas que han consultado, postores que han presentado ofertas. Adicionalmente nos hemos enterado que cuentan con un comité especial con funcionarios del banco, un consejo consultivo y una veeduría.
Considero importante referirme al consejo consultivo constituido por tres divisiones: la prestigiosa institución británica Building Research Establishment (BRE), que es una certificadora de buenas prácticas de construcción en lo correspondiente a medio ambiente y sostenibilidad, con más de 200,000 certificados otorgados; un grupo de reputados arquitectos peruanos como son: Miguel Cruchaga, Miguel Rodrigo y José Bentín y por último a un profesional de la certificadora alemana IKL. Con este consejo, habrá seguridad que los funcionarios y directivos del banco; tendrán una opinión objetiva y valedera sobre las características técnicas constructivas.
También me parece importante que exista una veeduría al interior del grupo de los profesionales de la OIM que conducen el proceso; en la cual participa el jefe de la auditoría interna del banco, quien lo hace con la autorización de la contraloría general de la república.
Hasta allí considero que existe una buena labor de la entidad bancaria estatal, el tema ahora es la manera que tomarán la decisión final, que puede ser de dos tipos: designar un ganador o declarar por concluido el proceso sin ganador. Según la infografía mostrada en el portal, la decisión la tiene el banco a través del comité especial que cuentan, que son asistidos técnicamente por el comité consultivo descrito. Es decir que la institución puede poner un veto a la decisión de OIM.
Los temas sensibles que veo en el futuro inmediato son dos: la justificación de las razones por las cuales se han descalificado empresas, en caso sea así y la discrecionalidad del comité del banco en caso haya opiniones discrepantes de los miembros del consejo consultivo. En este caso designar un ganador será muy difícil y la responsabilidad ante las protestas de los perdedores y descalificados, que indudablemente habrán, tendrá que asumirla enteramente en la entidad bancaria.
Se viene una semana turbulenta, una edificación por cerca de 400 millones de soles con fondos del estado no se da todos los días y la pugna de los cuatro postores será muy intensa, reclamos e impugnaciones incluidas. Lo peor que puede ocurrir es que se construya un local con cuestionamientos que no queden completamente aclarados para la opinión pública. Los directivos del Banco de la Nación no deben dejar de considerar que la junta de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, programada para octubre del 2015, y que estrenará la nueva sede, no se realiza con frecuencia en América Latina y que no puede haber cuestionamientos a la construcción al local que albergará a los 3,500 funcionarios que participarán en la cónclave.
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Lo que fue presentado como una buena noticia, la realización en octubre del año 2015, del cónclave de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), va camino a convertirse en un gran escándalo de trascendencia internacional para el gobierno de Ollanta Humala. El "humalismo" no hará noticia global por la reunión de los funcionarios de la élite de la burocracia mundial, sino por las extrañas circunstancias en las que se construirá el local destinado para albergarlos.
En una decisión desacertada y contraria el slogan de campaña del partido de gobierno. "la honestidad que hace la diferencia", ha preferido realizarse el proceso de selección sin ninguna posibilidad de fiscalización por la contraloría general de la república (CGR), haciendo un convenio con la Organización Internacional para Migraciones (OIM), entidad que ha estado bajo los reflectores de los medios de comunicación por los servicios prestados a la municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.
El proceso constructivo tiene dos áreas, una bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otra que ya la tiene en curso el Banco de la Nación (BN). Para exonerarse de los trámites estatales, vía un convenio de administración, en el caso del BN a cargo de OIM, el poder ejecutivo emitió en mayo pasado el decreto supremo (DS-097-2008-EF), proyectado por la cartera que conduce el titular de economía y finanzas, Miguel Castilla, que tiene como fundamento que la ley de presupuesto del sector público del año 2013, que en su quincuagésima séptima disposición transitoria final, faculta realizar a entidades públicas los mencionados convenios.
En el caso del BN, en el plan anual de adquisiciones del año 2013, bajo el número de referencia 229, se programó la inversión de recursos del orden de 377 millones de soles para la construcción de una nueva sede, ubicada entre las avenidas Javier Prado y Arqueología, del mesocrático distrito de San Borja. Las instalaciones construidas serán cedidas para la realización de la junta. El presupuesto del año 2013, consignó la obra y calculó que el proceso de selección se realizaría en mayo pasado. Hoy los plazos están atrasados y la OIM que ha organizado el concurso, que lo ha identificado como la Licitación Pública Proy.001-BN/OIM 2013, tiene previsto anunciar el ganador el día 19 del presente mes de septiembre.
Lo más complicado para la debida transparencia que debe guardarse en este tipo de obras que se realizan con fondos de una entidad del estado, es que la información de dominio público, vía internet que es la apropiada, es escasísima. No se encuentran las bases en el portal de OIM, donde solo se indica que el día 19 de los corrientes anunciará ganador. Es indispensable que se conozcan los postores que están en carrera, más aún cuando hay fuertes rumores que entre los participantes está una empresa a quien se atribuye una cercanía muy estrecha con la pareja presidencial, corriendo apuestas que será la ganadora.
Por la salud del gobierno es indispensable que en esta oportunidad, dada la trascendencia de la obra y de los usuarios que la estrenarán, se tenga la máxima transparencia, cosa que no es usual en los procesos que tiene bajo responsabilidad OIM. Deben hacerse la excepción y hasta podría ser un hito que marca un nuevo rumbo que puede acreditar a la mencionada organización, que toda la información relevante sea exhibida: postores, preguntas, respuestas, alcances del trabajo, requisitos para la pre-calificación, resultados de la misma con explicación amplia de los méritos y deméritos, reclamos, impugnaciones y consideraciones que llevaron a una determinada empresa a ganar.
Señor Humala, su gobierno que trajinó en campaña electoral con una prédica moralizadora, ha venido desgastando su capital político desde la renuncia de su vicepresidente Omar Chehade, por el caso Andahuasi; luego vinieron las idas y venidas carcelarias de su hermano Antauro; el blindaje negado pero practicado al ex ,mandatario Toledo; temas de ámbito doméstico, pero en las contrataciones que me estoy refiriendo la connotación será internacional. No dilapide más su alicaída imagen, tome acción, exigir exhibición pública de información "on line" con la ocurrencia de los hechos, no significa esfuerzo mayúsculo. Usted tiene la palabra, no deje que funcionarios de mando medio le compliquen su gestión.
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Que opina usted? República Popular China grandes negocios con el petróleo ecuatoriano - 21/07/2013 9:21:07

" El Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, indiscutido líder de la revolución ciudadana, mantiene un encendido discurso antiimperialista y nacionalista con el que defiende la soberanía nacional tanto en el manejo de los recursos naturales como en la definición y práctica de las políticas económicas, pero en la realidad este país de la mitad del mundo, lo que ha hecho es cambiar de amo: salir del dictado imperial yanqui y de la subordinación al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, para pasar a la dependencia de la República Popular China que concede créditos caros en miles de millones de dólares, que los cobra llevándose el petróleo, para venderlo a otros países a mayor precio del facturado por el Ecuador.
Por dónde quiera que se vea, el negocio es redondo que, para muchos analistas y opositores al régimen, propicia la existencia de grandes redes de corrupción que se tejen al socaire de alianzas estratégicas binacionales propuestas y suscritas por la sui géneris revolución ciudadana que comercializa el crudo sin procesos de licitación, y por sobre las leyes que pueden entorpecer y demorar la venta o el transporte de millones de barriles de petróleo que son traspasados de un barco tanquero a otro en alta mar, sin testigos molestos que, eventualmente, podrían denunciar que la mayor parte va a refinerías estadounidenses ubicadas en la costa del Pacífico, y otras veces a las ubicadas en el Golfo de México, cuando pasa por el Canal de Panamá.
El valor del barril de petróleo es determinado por el mercado internacional, pero sustancialmente por los gigantes consorcios estadounidenses como Shell y Conoco-Phillips en las operaciones establecidas, en especial, con Petrochina. Para adquirir el petróleo ecuatoriano, inclusive participan las grandes refinerías como las del consorcio Stusco-Shell USA Trading Co, otra refinería de Estados Unidos. En los obscuros negocios petroleros no es raro que los consorcios se adjudiquen miles de barriles diarios con alzas y rebajas determinadas por ellos mismos. Petroecuador negocia su crudo con una rebaja o ""diferencial"" (para mejorar su oferta) respecto a la cotización del crudo Intermedio de Texas (WTI), que sirve de referencia para Ecuador y que se negociaba directamente en la Bolsa de Nueva York, antes de que se efectúen las triangulaciones casi perfectas, creadas por las empresa chinas, a tal punto que se habla sobre el "asalto chino al petróleo ecuatoriano", al advertir que el 80 % del petróleo de la nación andina fue a parar a manos chinas en el año 2012, pero lo que no se dice es que China no se queda con el petróleo, pues lo comercializa preferentemente con empresas petroleras y refinerías de Estados Unidos, con el conocimiento del gobierno del presidente Correa, con lo que se demostraría que una cosa es el discurso y otra es el negocio que le deja millones de dólares, para las obras de la revolución ciudadana y para mantener costosos subsidios para satisfacer exigencias políticas clientelares.
El diario El Comercio de Quito, que es un medio de comunicación abiertamente opositor al régimen de Correa, refiriéndose a declaraciones del Gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, confirmaba que de cada 10 barriles de petróleo que el Estado ecuatoriano exportó en el 2012, 8 fueron a manos de empresas chinas de manera directa y sin licitación. Ello implicó un incremento cercano a 16 puntos porcentuales respecto al dato registrado en el 2011, cuando el 64% de las exportaciones de crudo llegaron a manos chinas.
Las transacciones se han llevado a cabo bajo los contratos de venta anticipada de petróleo con el gigante asiático que arrancaron en julio del 2009. Los acuerdos, también calificados como contratos a largo plazo, implican una exportación de petróleo a cambio de desembolsos anticipados de parte de China para el Ecuador, de USD 1 000 millones y con tasas de interés que varían entre el 6 y 7,25% anual. Desde el 2009, la venta directa de petróleo a China para pagar estos préstamos ha ido creciendo progresivamente. Así, hasta el año pasado ambos países mantenían tres contratos vigentes que equivalían a una deuda por USD 4 000 millones para el Ecuador. Esta deuda se va amortizando con un porcentaje de cada barril que exporta el país y que el año pasado bordeaba el 15%.
Sin embargo, los contratos son poco transparentes y no se conoce específicamente cuánto petróleo se va en cada uno ellos. En este escenario, ni Petroecuador ni el Ministerio de Finanzas han explicado el por qué cada vez se destina más petróleo a China. El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, indicó que a finales del año pasado se firmó un nuevo crédito desde China y de USD 2 000 millones, pero este último se comenzará a cobrar desde que se haga el desembolso a las arcas fiscales. Cuando eso suceda también se comenzará a pagar con más petróleo la deuda al gigante asiático. Para Carrera, China tiene un triple beneficio con estos contratos. Por un lado, recibe el petróleo nacional de manera directa y preferente. En segundo lugar, el crudo sirve para garantizar los préstamos que le hace al Ecuador, a altas tasas de interés. Y finalmente, esos créditos son para pagar las obras que realizan las empresas chinas.
En cambio, para el Ecuador, hay tres desventajas. Por un lado, no obtiene mejores precios en la venta de crudo. Además, debe pagar altas tasas de interés, a diferencia de países vecinos como Bolivia o Paraguay. Finalmente, pierde la oportunidad de licitar obras de infraestructura con empresas internacionales que busquen invertir. Según El Comercio, Calvopiña habría revelado, además, que el Ecuador cada vez intercambia menos crudo por derivados con Venezuela, por las dificultades que ha tenido en sus refinerías. El año pasado fue apenas el 2,5% del total exportado del país.
10 ofertas para crudo Oriente Petroecuador lanzó un concurso de 4,3 millones de barriles de crudo nacional tipo Oriente. Esta licitación se dio en dos lotes, cada uno ellos de seis cargamentos de 360 000 barriles. A la oferta fueron invitadas 16 empresas privadas y estatales. De ellas, sin embargo, se excusaron y fueron descalificadas 6. Entre los invitados estuvieron Petrovietnam, Petroperú, Maldives, Unipec, Valero, Petrochina, BP, Repsol, Astra, SK y Noble, entre otras. Las empresas que mejores ofertas presentaron fueron Repsol para el primer lote con un diferencial positivo de USD 8.41 por barril por sobre el precio del marcador internacional West Texas Intermediate (WTI). Y para el segundo lote, la mejor oferta fue la de Petroperú con un diferencial positivo de USD 5.69 por barril sobre el WTI.
Por su parte, la empresa petrolera Estatal Petroecuador afirmaba que "la actual comercialización de nuestro crudo obedece a una lógica de la tendencia mundial de las relaciones comerciales, donde productores y consumidores eliminan a intermediarios, optimizando costos y evitando procesos especulativos"".
Advertía que ""el mercado asiático significa para el mercado petrolero ecuatoriano, la mejor posibilidad de diversificación"" de mercados. Asimismo, destacaba que los precios obtenidos con Shell y Conoco-Phillips marcan el valor del crudo ecuatoriano en operaciones establecidas con Petrochina y ENAP de Chile.
En las operaciones comerciales del crudo ecuatoriano han intervenido también las transnacionales Shell Western Supply And Trading Ltd., Valero Marketing & Supply Co., y Arcadia Petroleum Corp. Estas empresas compraron petróleo ecuatoriano para el mercado estadounidense.
El mercado petrolero es volátil debido a una serie de circunstancias. Así por ejemplo, el precio del petróleo sufrió un alza en Nueva York, por encima de $94 por barril por primera vez desde septiembre, en un mercado impulsado por la reactivación de un oleoducto en Estados Unidos, pero sobre todo por la debilidad del dólar.
El barril de ""light sweet crude"" (WTI) - referencia del petróleo ecuatoriano subió 58 centavos y terminó en $94,14 en el New York Mercantile Exchange (Nymex). El alza del barril de crudo se produjo por la reactivación del oleoducto de Seaway, que transporta crudo de Cushing -principal terminal petrolera de Estados Unidos, en Oklahoma (sur)- hasta las refinerías de la costa del Golfo de México.
Petroecuador informaba que se busca eliminar a los intermediarios para que el Ecuador obtuviera un mejor precio por su petróleo. Bajo el mismo argumento se firmaron convenios de venta directa de crudo, sin concurso, con Ancap y Petrochina. De todas maneras Petrochina es la que siempre gana en las ventas del crudo ecuatoriano.
Según cifras oficiales del Banco Central del Ecuador, en el 2006, el 63% del volumen del petróleo ecuatoriano tenía como consumidor final a clientes en Estados Unidos. La situación no ha cambiado entre el 2007 y el 2012, ya que Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor con más del 62% del petróleo que recibe China.
"Adicionalmente, un informe de Petroecuador entregado al asambleísta Kléver Jiménez muestra que, del 2009 al 2011, la mayoría de petróleo comprado por Petrochina y Ancap tenían como destino Estados Unidos y Panamá.
Para el caso de Pdvsa, se dio una situación similar hasta el 2010, pero a partir del año pasado la estatal venezolana comenzó a consumir petróleo ecuatoriano en sus refinerías, luego de cuatro años de vigencia del convenio firmado con el Ecuador.
Por un lado, el destino final del crudo nacional no ha ido a los países con los que se firmó los convenios. En segundo lugar, el precio con el que se vende el crudo nacional en ventas ocasionales tipo "spot a compañías privadas es entre USD 4 y 8 más por barril frente al precio del crudo entregado a Petrochina y Pdvsa.
En el negocio petrolero participan firmas intermediadoras como Trafigura o Glencore que transportan el crudo ecuatoriano hacia refinerías estadounidenses.
La Revista Vanguardia destacaba que una investigación descubre el laberinto comercial y financiero de la venta del crudo ecuatoriano. Afirmaba que diez contratos están en duda y en el texto añadía: Un nuevo crédito de 2000 millones de dólares, garantizado con petróleo fue suscrito por el Ecuador con el Banco de Desarrollo de China, en los últimos días del año 2012, con el cual se compromete 36 000 barriles diarios de petróleo, durante los próximos tres años. Con la nueva cifra, suman cinco líneas de crédito por un monto total de 7000 millones de dólares, con intereses que oscilan entre el 6 y el 7,25% anual, durante el gobierno de Rafael Correa.
Este nuevo endeudamiento, estaría condicionado, además, a la adjudicación de varios bloques petroleros en el sur oriente, según se desprende del libro Ecuador Made in China, de la autoría de Fernando Villavicencio, experto petrolero.
Ecuador Made in China desentierra secretos comerciales y financieros. Como el cambio de propiedad del crudo ecuatoriano en altamar, en los propios buques de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec; o que el petróleo entregado a Petrochina es revendido por traders, especialmente a las refinerías de la multinacional Chevron-Texaco, en la costa oeste de EE.UU., y aun más, descubrir que por esta intermediación el país habría perdido al menos 3 dólares por barril, lo cual representa una cifra de 1250 millones de dólares durante todo el período.
La investigación de Villavicencio revela que en este gobierno se han llevado a cabo 10 contratos de provisión de crudo y fuel oil, sin licitación entre Petroecuador y Petrochina. Los compromisos representan 461 millones de barriles de petróleo en contratos a largo plazo, uno de ellos se extiende hasta el año 2019. De acuerdo con la publicación, se ha edificado un escenario en el cual Petroecuador realiza una transacción con Petrochina, donde se transfiere un monto superior a 36 000 millones de dólares ,si se considera cada barril a USD 80-, por la recepción de tres créditos de 1000 millones y dos de 2000 millones de dólares.
Desde este prisma, China recibe 461 millones de barriles de petróleo -36 000 millones de dólares- del Ecuador, los cuales son revendidos por adelantado, por la intervención de los traders Taurus Petroleum y Castor Petroleum, especialmente en el mercado estadounidense. Por esa cantidad de crudo Ecuador ha recibido, en comparación, la cantidad de 7000 millones de dólares al 7% de interés, más comisiones del 1,07%, menos 3 dólares por barril que se llevan los intermediarios. La matriz de Petrochina es China National Petroleum Corporation (CNPC), una empresa semiestatal que controla el 86,32 % del capital accionario, el resto está en manos de capitalistas estadounidenses y la petrolera inglesa BP. CNPC fue inscrita en la Superintendencia de Compañías del Ecuador en el 2006, tiene su domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, territorio que enlista el cuadro de paraísos fiscales del Servicios de Rentas Internas del Ecuador.
LABERINTO PETROLERO Y FINANCIERO
El instructivo de comercialización externa de Petroecuador promueve la venta del petróleo a consumidores finales. Pero la respuesta de Petroecuador sorprendió al autor: no es de interés del Estado la suerte final del petróleo. ""¿No es de interés? pregunta el autor ¿O infunde el temor de que el país sepa que en la reventa o segunda facturación del crudo a través de los traders, aparezcan los precios reales y así se descubran las diferencias que engordan chequeras?"", responde. Durante seis años las autoridades respondieron con la excusa de que la responsabilidad del Estado acaba cuando el buque ha sido cargado en Balao, Esmeraldas. El propio presidente Rafael Correa respaldó los acuerdos con Petrochina, insistiendo que el petróleo ya no va a Estados Unidos, como en época de la "partidocracia corrupta". Pero, pese a estar informado de que el petróleo ecuatoriano va a Estados Unidos, Correa afirmó que éste va a China y, además, porque comercialmente hablando era un absurdo desplazar un buque Panamax (360 000 Bls) desde Balao en el Pacífico, pasando por el Canal de Panamá, hasta la República Popular China.
Luego de una larga investigación el autor puede afirmar que: ""se ha generado una auténtica piratería en altamar con el petróleo ecuatoriano, llamada swap por los tecnócratas, ante los ojos y con el aval de los gobernantes"".
Esta investigación identificó la entrada al laberinto. Una vez firmada la alianza estratégica entre Petrochina y Petroecuador, aparecieron en escena los traders Taurus Petroleum y Castor Petroleum, de la mano de sus lobistas. Ellos se encargaron de vender por adelantado el crudo ecuatoriano a las refinerías, reservándose una tajada del diferencial por la intermediación. Así las cosas, en el Bill of Lading (conocimiento de embarque) que levanta Petroecuador se establece el puerto de destino del cargamento, definido previamente por Taurus y Castor con la compañía refinadora, principalmente en la costa oeste de Estados Unidos, (Chevron-Texaco). Otros cargamentos de crudo tienen como destino el terminal de almacenamiento de Taurus-Gunvor en Panamá, desde donde revende a consumidores finales, de la costa atlántica. En decenas de facturas y Bills of Lading, entregados por Petroecuador, consta como beneficiaria del crudo la compañía Petrochina International América, domiciliada en Nueva Jersey, Estados Unidos, creada en el paraíso fiscal de Panamá a través de Escritura Pública 24425, inscrita el 29 de diciembre del año 2010 en la Notaría 4, empresa que, según el libro, aparece como una cortina de Petrochina International Company Limited, domiciliada en Beijing, suscriptora de los contratos.
Petrochina América, beneficiaria real del crudo, fue constituida recién en diciembre del 2010 en Panamá, ""sin embargo desde el año 2008 Petroecuador endosó los cargamentos de petróleo a una empresa inexistente"". Así, el petróleo ecuatoriano cargado en Esmeraldas a nombre de Petrochina, cambió de dueño en alta mar. En el Istmo de Panamá también se cambió de dueño del petróleo, utilizando la terminal de almacenamiento controlado por la empresa Petroterminal (PTP) en sociedad con Taurus, Castor y Gunvor. Lo expresado se comprueba en varios Bills of Lading, obtenidos de fuentes internacionales, en los cuales Petrochina América, transfiere la propiedad de los cargamentos de crudos Napo y Oriente a Taurus Petroleum y Castor Petroleum, generándose un segundo Bills of Lading entre Petrochina América y Taurus o Castor, y en algunos casos modificando el destino del crudo. En este punto, el petróleo dejó de ser de Petrochina y pasó a manos de los traders privados, para consumar la triangulación y entregarlo a los refinadores.
En el Bill of Lading de Castor se establece como puerto de embarque del cargamento de crudo Napo, a Chiriquí Grande (Panamá), en la terminal de almacenamiento, pese a que el único país que produce crudo Napo es Ecuador, y su puerto de carga, Balao-Esmeraldas. Según certificación oficial, EP Petroecuador no ha suscrito ningún contrato con Castor Petroleum, ni Taurus Petroleum.
La investigación revela que el principal comprador del petróleo ecuatoriano en Estados Unidos, a través de Taurus y Castor, es Chevron-Texaco, la propia empresa demandada por comunidades en el Ecuador, acusada por Correa de cruel, al haber provocado, según los denunciantes, uno de los mayores impactos sociales y ambientales en la Amazonía y daños irreparables a los pueblos ancestrales, -y sobre la cual pesa una orden de embargo internacional-. Chevron recibe el petróleo ecuatoriano a través de Petrochina.
En los reportes publicados por Taurus y Castor se registran las transferencias: el cargamento de 276 000 barriles de crudo Oriente, embarcado en Esmeraldas en el buque Pichincha de Flopec a nombre de Petrochina, según el Bill of Lading de Petroecuador, fue transferido por Taurus Petroleum a la compañía norteamericana Chevron, registrando en el nuevo Bill of Lading como lugar de carga (Shipper Country) un singular país en alta mar (High Seas). El buque descargó el crudo en California, el 20 de agosto del año 2012. El contenido del reporte de Taurus expresa que en alta mar se cambió la propiedad del petróleo, pero no en cualquier barco, sino en el buque tanque Pichincha, perteneciente a la empresa pública Flopec, de propiedad de la Armada Ecuatoriana.
El informe demuestra que Petrochina revende el crudo ecuatoriano, aplicando un sistema de doble facturación: la primera factura con descuento la hace Petroecuador con Petrochina, mientras Taurus o Castor realiza la segunda a nombre de Petrochina América con el consumidor final a precio de mercado.
En el plano petrolero se produce un intercambio o swap (el petróleo ecuatoriano se revende y en compensación se adquieren volúmenes de crudo para las refinerías chinas, de productores más cercanos, especialmente iraníes) y, en el ámbito financiero se genera un mecanismo de circulación a través de varias cuentas y bancos domiciliados en Estados Unidos, Panamá y otros paraísos fiscales; laberinto en el cual el dinero, sin perder su identidad, se desvanece sin dejar rastro ni permitir seguimientos.
De acuerdo con la estructura de la transacción que integra el Convenio de Cuatro Partes, el Banco de Desarrollo de China (CDB) figura como el ente proveedor del crédito, aunque no se identifique el destino del dinero (dólares americanos), que ingresa al Ministerio de Finanzas de Ecuador, a través del Bladex de Panamá, al menos en uno de los créditos asumió esa ruta en varias transferencias de 200 millones de dólares cada una.
A cambio Petroecuador entrega varios cargamentos mensuales de petróleo a Petrochina, los cuales son revendidos. Esos recursos económicos que Taurus Petroleum y Castor Petroleum reciben cash de los refinadores son manejados en cuentas particulares a las cuales el Estado ecuatoriano no tiene acceso ni controla
De las cuentas de los referidos traders, se transfieren a la cuenta de Petrochina los valores facturados con descuento por Petroecuador. De acuerdo con las cláusulas contractuales, Petrochina tiene hasta 40 días para depositar esos recursos en la cuenta conjunta en el CDB de Nueva York. A esta cuenta llegan los valores expresados en la primera factura, es decir, el precio del crudo descontado. ¿Dónde queda la diferencia entre el precio comprado a Ecuador y el vendido a los refinadores (3 dólares o más por barril)? El siguiente paso es transferir los valores correspondientes al pago de capital e interés a la cuenta del CDB, y la otra parte a la cuenta del Banco Central o de Petroecuador en el Bladex de Panamá, utilizando bancos intermediarios como el JP Morgan o el Wachovia Bank, de Nueva York. Todas las transferencias se realizan en el corazón financiero de EE.UU. ¿Con qué dólares paga Petrochina el crudo a Irán? Esa es la pregunta que provoca dolores de cabeza en Estados Unidos.
Americas Forum for Freedom and prosperity con su conocida actitud injerencista, "interesado en el destino del petróleo ecuatoriano, mediante un comunicado de prensa decía que el petróleo estaba hipotecado a China.
Sostenía que el gobierno de Rafael Correa, ha comprometido gran parte del saldo exportable del petróleo ecuatoriano hasta los años 2016 y 2019, para cubrir créditos del orden de $ 7 mil 300 millones, concedidos por el Eximbank y el Banco de Desarrollo de China, con la cobertura de la compañía Petrochina, con intereses onerosos del 7%, y precios del barril de crudo inferiores a los del mercado, según el analista petrolero Fernando Villavicencio. Además, advirtió que el gobierno habría comprometido reservas de campos petroleros como garantía del mega crédito chino de $ 13 mil millones para financiar la Refinería del Pacífico, en el acuerdo alcanzado por los ministros Jorge Glas y Patricio Rivera con la transnacional CNPC (Petrochina), documento calificado de reservado.
El Ecuador ha perdido la soberanía sobre el manejo del comercio externo de los hidrocarburos, asegura Villavicencio, lo cual se confirma en la confesión del ministro venezolano Rafael Ramírez, cuando afirma: "Agarramos su crudo, lo valorizamos bien, se vende y buscamos los productos que ellos necesitan, de las calidades que piden". A confesión de parte relevo de prueba.
Pero, a falta de confesión, sobran las pruebas documentales: centenares de facturas, bill of lading, certificados de origen, y contratos, confirman las denuncias que desde el año 2008, entre un 60, 90 y en algunos meses el 100% del saldo exportable de crudo ha sido entregado sin licitación, con precios descontados, a favor de las empresas estatales: Petrochina, Pdvsa de Venezuela, Ancap de Uruguay, Petrovietnam, quienes actúan como pantallas de los mismos intermediarios de la época de la partidocracia: Trafigura, Glencore y Castor Oil, que siguen acumulando fortunas en los paraísos fiscales. La diversificación de los mercados es otro cuento del Presidente Correa, el crudo no va a China, Uruguay, Vietnam o Venezuela, según los certificados de conocimiento de embarque, el 60% del crudo ecuatoriano tiene como destino EEUU, el resto se distribuye a puertos de Centroamérica, Panamá e incluso Perú, igualmente los mayores volúmenes de combustibles provienen de las refinerías de EEUU, por ello resulta contradictorio que el gobierno se declare antiimperialista, mientras sea el que provea de energía a su enemigo público. Villavicencio, agrega que en la larga noche neoliberal al menos se hacía un amague de licitación para adjudicarles cargamentos de crudo a los traders, pero en la revolución se entrega directamente el petróleo, utilizando la cortina de las empresas estatales, donde los traders siguen ahí, escondidos tras los visillos.
Si Ecuador extrae aproximadamente 182 millones de barriles de petróleo anuales, de los cuales 118 millones en promedio se destinan a la exportación, eso quiere decir que un volumen equivalente a 9 millones de barriles al mes, de crudos Napo y Oriente, son entregados al negocio de los intermediarios, violando la ley, el instructivo de comercialización de Petroecuador y los propios postulados del gobierno, que obligan a comercializar el crudo y los derivados directamente con refinadores, eliminando los intermediarios y diversificando los mercados. En lo que va del gobierno de la revolución ciudadana los intermediarios han manejado 660 millones de barriles de exportación, aproximadamente; si consideramos una diferencia de 2 dólares por barril entre el precio facturado y el real del mercado, hablaríamos de una fortuna superior a 1.300 millones de dólares que se han beneficiado los intermediarios. Solo Petrochina ha comercializado alrededor de 180 millones de barriles.
Los principales perjuicios se expresan en la fijación de diferenciales y premios perjudiciales al interés nacional. Por ejemplo, los premios adjudicados a Petrochina, Pdvsa y Ancap, fueron inferiores a los establecidos por el mercado, igualmente los diferenciales acordados sobre la mesa de los convenios interestatales, difieren en algunos casos en 2 dólares por barril, y en otros, hasta en 8 dólares por barril, frente a los diferenciales determinados por el mercado. Pero, sin duda fue desde el primer trimestre del año 2011 donde se pudo visibilizar esta realidad con más nitidez, cuando los precios de los crudos ecuatorianos Napo y Oriente, superaron al precio del crudo marcador WTI, como consecuencia de un hecho atípico, generado por los conflictos políticos, militares y económicos en Egipto, Libia y Siria. Pese a experimentar efectos positivos para los crudos ecuatorianos, resultó incomprensible e injustificable que el gobierno no haya realizado licitaciones, ni ventas spot para verificar el mercado. Si no hay licitaciones y si se ha venido entregando fuera de concurso, gran parte del saldo exportable de crudo del Estado, a PETROCHINA, ANCAP y PDVSA, significa que EP Petroecuador ha establecido precios y diferenciales con palo de ciego. EP Petroecuador no hace licitaciones porque ese momento se les acaba el negocio a intermediarios como Trafigura, Glencore, Castor Oil, u otros, que operan tras de la uruguaya ANCAP, de la venezolana PDVSA, de la mexicana PMI (PEMEX) y de Petrochina.
Insistentemente varios sectores políticos y ciudadanos han solicitado la intervención de la Fiscalía, de la Contraloría, e incluso se impulsó un juicio político en la Asamblea Nacional, pero ha ganado la impunidad. No es exagerado decir que los más grandes casos de corrupción y perjuicio al país, se registran en el sector petrolero, en particular en el comercio externo de crudo y derivados. Antes de la revolución ciudadana ninguna compañía podía comprar más de 24.000 barriles diarios. En la historia del comercio mundial de petróleo, ningún país ha dejado que una o dos compañías controlen la casi totalidad de sus exportaciones y más aun sin verificar el mercado". Por su parte, el diario El Comercio de Quito, señalaba:
a) De acuerdo a las denuncias documentadas de Fernando Villavicencio, el negocio petrolero con China no es una operación gobierno a gobierno y los intermediarios chino-ecuatorianos (Enrique Cadena y Charlie Pareja) se marginan una tasa de 3-4 dólares por barril, lo que ha ocasionado una pérdida de 1.250 millones de dólares en el periodo 2010-2012
El ministro Wilson Pastor ha justificado este "negociado" informando a los analistas de Petroecuador que la orden viene directamente desde Corondeles y que el dúo Cadena-Pareja son amigos de la presidencia.
b) El diferencial por la tasa de crédito que paga el Ecuador es el más alto de América Latina. En el plano de las comparaciones decía que Portugal colocó 2 500 millones de euros a cinco años y pagando una tasa de interés del 4,89%, nada mal para un país en crisis. España, otro país en crisis, también colocó hace pocos días 7 000 millones de euros en bonos a 10 años y pagando 5,4% de interés. España y Portugal están en el epicentro de la crisis financiera internacional, pero han logrado que sus papeles de deuda tengan gran demanda, pese a que sus indicadores macroeconómicos muestran bajo crecimiento y alto desempleo.
En el caso de Portugal, los papeles de deuda eran considerados como "bonos basura por las calificadoras internacionales. Pese a eso, lo máximo que llegó a pagar por sus papeles de deuda fue 6,4%. Sin ir más lejos, en América Latina se están cosechando los beneficios de la estabilidad económica, lo cual ha motivado el ingreso de grandes flujos de capitales en busca de mejores rendimientos. Paraguay, por ejemplo, debutó en el mercado internacional de deuda al colocar USD 500 millones en bonos soberanos, con un rendimiento de 4,625%. Bolivia lo había hecho a fines del 2012 por un monto similar y pagando una tasa del 4,8%.
Ecuador, en cambio, parece que le sobra la plata y sigue pagando alrededor del 7% de tasa de interés por los créditos contratados con China, la cual, incluso, tiene garantía de petróleo. Los indicadores de Ecuador, según cifras oficiales, muestran mayor empleo, menor pobreza, crecimiento económico sostenido, etc., pero no ha servido para obtener créditos más baratos. La diferencia de la tasa de crédito es del 2.2%, lo que encarece la deuda china en un 6.3% o sea en 63 millones de dólares al año por cada 1000 millones prestados.
c) De acuerdo a la ultima venta de 420.000 barriles de petróleo en licitación abierta, Petrolera Oferto 5,69 USD/ barril sobre el precio internacional y Repsol de 8,41 USD/barril o sea de casi 14 USD/barril más que el precio al que le vendemos a China, a través de los "amigos" de Rafael Correa.
Tan mal huelen los contratos entre Petroecuador y Petrochina que la propia Contraloría General del Estado se ha visto obligada a realizar auditorías. De los exámenes realizados en el pasado mes de marzo, se desprende que el Ecuador dejó de percibir 43.4 millones de dólares de los contratos por fallas en el proceso precontractual. "El primer contrato fue suscrito en julio de 2009 y en este se estableció una venta directa y sin licitación a Petrochina de 8 lotes de mensuales de 360.000 barriles. La Contralaría estableció que se ven dieron seis cargamentos de crudo Oriente con un premio de USD 1.25 por barril, y dos cargamentos de crudo Napo con un premio de 1.30 dólares por barril, que se suma a la cotización del crudo más un diferencial. Este contrato dejó una pérdida de 34.4 millones de dólares.
En un segundo contrato firmado el 31 de agosto de 2010, por el que Petroecuador vendió a Petrochina cinco lotes de 360.000 barriles de crudo Oriente y Napo, la Contraloría estableció que los premios entregados por Petrochina estuvieron por debajo de otras empresas, lo que dejó una pérdida de 4.5 millones de dólares.
Igualmente se estableció que en los contratos se hizo un descuento indebido de 2.58 millones de dólares a Petrochina por calidad y otros dos millones de dólares se dejaron de percibir por no considerar las cotizaciones internacionales que estuvieron vigentes.
Sin duda, el mercado petrolero es tan negro como el crudo. Mientras las corruptelas persisten para que unos cuantos se llenen las faltriqueras y cuentas corrientes y crezcan las fortunas, los desastres ecológicos continúan imparables causando muerte y destrucción entre los pobres y desamparados, debido a derrames de crudo resultantes de variados accidentes incontrolados.
Acción ecológica, pueblos hartos de pobreza mientras el crudo de sus territorios se explotan sin compasión ni medida, y organizaciones que adelantan la campaña: "La Amazonía que nos queda", expresan por ejemplo:
Estamos sumamente preocupados por el futuro de la Amazonía Centro-Sur y el respeto de la forma de vida y la cultura de los pueblos ancestrales del Ecuador. El futuro de la conservación de la Amazonía ecuatoriana, se encuentra actualmente amenazado por la decisión del Estado ecuatoriano de abrir la XI ronda petrolera, a través de la cual se busca licitar los bloques petroleros en el Centro-Sur de la Amazonía. Esos planes afectarán a más de 3 millones de hectáreas de bosque tropical y 7 nacionalidades indígenas. La explotación de estas reservas puede generar altos ingresos en el corto plazo para el Estado y la región, pero conlleva la destrucción irreversible de la biodiversidad, con impactos sobre el clima, tanto en el Ecuador como en el planeta, así como posibles violaciones de derechos humanos.
Con la "Ronda Suroriente", el gobierno busca ampliar la frontera petrolera hacia el Centro-Sur de la Amazonía ecuatoriana. El Centro-Sur no es simplemente 21 bloques petroleros, pero la Amazonía que nos queda: es uno de los últimos bosques tropicales más biodiversos en el mundo, hogar de 7 nacionalidades indígenas.
Es oportuno preguntarnos ¿Qué oportunidades estamos dejando para las futuras generaciones, quiénes vivirán en un país sin ingresos petroleros?
Pero, ¿qué pasará en este país, si ya no recibe créditos de la República Popular China, porque no tendría petróleo con qué pagarlos? ¿Hasta cuándo el pueblo va a tolerar la corrupción que permite la creación de nuevas fortunas o el incremento de las viejas fortunas nacidas de la explotación de los hidrocarburos?
Este sucio negocio permite la violación de las leyes y el engaño al pueblo ecuatoriano. Petrochina América que se lleva la mayor parte de la riqueza petrolera del Ecuador es una empresa domiciliada en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se dice que el petróleo ecuatoriano no va a Estados Unidos. En realidad, tras Petrochina están los dinosaurios Taurus Petroleum, Castor Petroleum o Trafigura, tan voraces e insaciables como enorme es la explotación.
Tribunal Dignidad, Soberanía, Paz contra la guerra - Comité Independencia y Soberanía para América Latina (CISPAL).
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Que opina? APUNTES SOBRE LA PAZ EN COLOMBIA: ¿VOLUNTARISMO O SENTIDO HISTÓRICO? - 11/07/2013 4:07:05

"(Rebelión). "El conflicto que hoy enfrentamos tiene profundas raíces, deviene de años, de siglos, de resistencia (…) Pero sobretodo deviene de la forma en que se construyó el Estado colombiano, a través de la guerra, del exterminio, del despojo (…) por eso decimos que en Colombia existe un conflicto social y armado, social por las causas estructurales y armado porque la guerra es la forma específica en que en los últimos 40 años se construyó, al menos hegemónicamente, la política (…) El conflicto armado no es ajeno a las causas por las cuales luchamos; y aunque la degradación del mismo ha hecho que una parte de la expresión insurgente se rija por las lógicas militaristas y autoritarias, es más perversa la lógica del Estado que ha ubicado en la guerra la justificación de su estrategia para continuar excluyendo la población y arrebatando hoy más que nunca nuestros recursos naturales"
("Memorias de la Tercera Mesa Nacional Indígena de Paz y Derechos Humanos", CNIP, 2006, pp.71-72.)
Referirse a la historia del conflicto social y armado es algo a lo que la oligarquía colombiana tiene verdadera repugnancia. Esta discusión ha sido erradicada de los curriculums escolares y los medios reproducen una visión según la cual el presente no tiene relación alguna con el pasado. Las insurgencias "alguna vez" tuvieron ideología o respondieron a las dinámicas de la lucha del campesinado; ahora es diferente, son "bandoleros", "narcoterroristas". Afirmaciones que son dadas de antemano como ciertas, incuestionables, machacadas hasta la saciedad. Así vivimos en un presente sin pasado, en una realidad de "generación espontánea"; o en el mejor de los casos, vivimos en un presente, que, curiosamente, no se explica por su pasado, el cual sería ajeno y distante.
¿Puede abordarse la discusión del conflicto (y consecuentemente de la paz) de manera ahistórica? Pues lo vemos muy difícil. Porque al centrarse en un presente sin pasado desconectamos la violencia política y social de Colombia de sus raíces. Lo cual obstaculiza la identificación de las causas estructurales que la ocasionaron ,acto totalmente necesario para identificar, a su vez, las transformaciones estructurales que se precisan para poder superarlas. La paradoja que tenemos es que hay un proceso de paz andando, lo cual de por sí debería ser un reconocimiento de que hay cosas que andan muy mal en el país de hace mucho tiempo, pero en el cual no se toca en el discurso de la oligarquía ni de los medios, las "causas" de la rebelión de los insurgentes. La discusión de la agenda de paz se pretende mantener en temas meramente técnicos, para lograr así lo que se llama una paz exprés. Como si un conflicto de seis décadas se solucionara con formulitas mágicas sacadas de la manga.
Desde el punto de vista popular, el conflicto tiene un origen, tiene causas estructurales, y tiene una trayectoria. Su pasado se concatena necesariamente con el presente. En el pueblo de Macondo, son elementos del pueblo, irreductibles, los que recuerdan las insurrecciones del coronel Aureliano Buendía y la masacre de los trabajadores bananeros, mientras desde la institucionalidad se inocula la plaga de la amnesia.
Es fundamental traer al debate dos elementos cuando se trata de hablar del conflicto social y armado, y consecuentemente, de las posibilidades de superarlo. El primero, son los orígenes sociales del conflicto en la lucha agraria y en la dinámica concreta de acumulación por despojo violento por parte de los poderosos. El segundo elemento, es la tradición secular de exclusión y represión como respuesta privilegiada (casi exclusiva) a las demandas populares desde el aparato del Estado. Estos dos elementos son claves a la hora de explorar las posibilidades de terminar el conflicto armado y no es casual que se hayan convertido en ejes centrales dentro de la agenda de La Habana (los ejes agrario y de participación política). Estos elementos, conjuntamente con el de las garantías para la insurgencia una vez desmovilizada, deben ser abordados con sentido histórico y no desde una óptica puramente voluntarista. Es decir, no se trata de que la oligarquía asuma "compromisos" sino de desmontar las estructuras sociales que producen y reproducen la violencia oligárquica en Colombia.
Paz ¿con justicia social? Lucha de clases y despojo
Es importante precisar que cuando hablamos de paz con justicia social, no queremos decir que estos dos son elementos que existen en paralelo. No queremos decir que, aparte de querer la paz, también sería chévere tener justicia social. Ni tampoco queremos decir que una vez alcanzada la paz, la justicia social caerá mágicamente como maná del cielo. Lo que queremos decir es algo muy diferente: es que para que haya paz, debe haber justicia social, es decir una transformación profunda de las estructuras de la sociedad en beneficio de los sectores tradicionalmente marginados, explotados, oprimidos y violentados. Esta concepción de la paz no es una particularidad del izquierdismo criollo sino que se asienta en una larga tradición filosófica y política. El mismo Ghandi decía que la pobreza es la peor forma de violencia, una violencia de carácter estructural. Sin embargo, en Colombia esta definición de paz no tiene asiento exclusivamente en preferencias de corte filosófico sino que en la realidad concreta de la lucha de clases.
Desde luego, los socialbacanos de todos los pelajes nos dirán que una cosa no lleva a la otra. Que la existencia de pobreza, desigualdad y miseria no significa mecánicamente que haya conflicto armado. ¿No se cansan de señalarnos que en toda América Latina hay miseria y que solamente en Colombia persiste, tan intensamente, el conflicto armado?
Y tienen razón; en nuestra sociedad nada es mecánico. Pero la socialbacanería revela, en la manera en que formula su argumentación, su falta de sentido histórico así como su nula consideración de las realidades concretas de Colombia, las que ignoran olímpicamente, prefiriendo basar sus juicios en generalidades jurídico-legales. Más allá de lo cuestionable que puede ser disociar tajantemente (contra toda evidencia empírica) desigualdad y pobreza de violencia (la cual no es reducible al componente armado), lo preocupante es su ignorancia deliberada sobre las causas estructurales del conflicto armado: particularmente, sobre la dinámica del despojo.
No hay excusas para esta ignorancia deliberada y consciente. No la hay, porque no estamos ante un fenómeno ignoto, oculto, sino a una dinámica que ha sido suficientemente estudiada y analizada por múltiples académicos e investigadores. Se ha escrito volumen tras volumen sobre este proceso de acumulación por despojo, incluidos trabajos magistrales por parte de Alfredo Molano, Catherine Legrand, Nazih Richani y muchos más, que han analizado esta dinámica a nivel tanto nacional como regional. Es bien conocido el ciclo de despojo de tierras propiciado mediante la violencia hacendada, que utilizó para tal fin las fuerzas del Estado, tropas paramilitares y el enfrentamiento entre campesinos mediante la agitación de la confrontación interpartidista liberal-conservadora. Es bien conocido que este proceso implicó que millones de personas fueron expulsadas de sus tierras, las cuales se desvalorizaron y luego re-valorizaron, mientras que, a la vez, otros tantos ampliaron la frontera agrícola como colonos. Después como continuación del ciclo permanente de despojo, los grandes propietarios y ganaderos les arrebataron las tierras a los colonos, mediante artimañas legales o mediante la violencia directa.
En la fase de la globalización neoliberal, esta misma lógica del despojo va de la mano de la agroindustria y de los megaproyectos, sobre todo los minero-energéticos-extractivistas. Esta dinámica de la acumulación por despojo violento que el Capital multinacional ha comenzado a implementar en numerosas comunidades rurales en la lucha mundial por recursos cada vez más escasos, tiene una larga trayectoria en Colombia, en donde ha habido un continuum entre el modelo rural hacendado y los intentos de modernización oligárquicos. Aunque se modifiquen algunos actores, la lógica permanece y, con ello, se mantiene la dinámica íntima de despojo y resistencia que subyace al conflicto social y armado en Colombia. Romper esta lógica de acumulación y despojo, es el sentido preciso que tiene la justicia social que frecuentemente acompaña al vocablo "paz" en Colombia. En pocas palabras, como la lógica de acumulación violenta tiene bases materiales, es indispensable trastocar al latifundismo que está en su misma raíz.
La violencia como respuesta privilegiada del Estado a las demandas populares
El poder de esta clase latifundista y la dinámica de acumulación por despojo han dado origen a un determinado tipo de Estado, cuya marca es la exclusión. Por esta razón, se ha establecido como pauta el rechazo a cualquier demanda popular, las que en lugar de ser solucionadas o acomodadas, son respondidas con una violencia extrema, en la que actúan fuerzas oficiales o paraestatales. Bien es cierto que todo Estado es un aparato de dominación de clase y no fruto de un idílico pacto social, como lo afirma engañosamente la teoría liberal del derecho; como tal, todo Estado reprime y representa el punto nodal de las fuerzas represivas al servicio de la clase dominante. En el caso colombiano, la represión, sin embargo, se ha vuelto rutinaria y ha bloqueado incluso el desarrollo de reformas que en la mayor parte del mundo han sido logradas por medios pacíficos, precisamente, porque no ponen en riesgo la existencia del modelo económico capitalista. El Estado colombiano, hecho a imagen y semejanza de la oligarquía que lo parió, es manejado como una hacienda, donde el patrón manda fusta en mano y gruñe cuando escucha algo que no es de su agrado. Por ello, la violencia en Colombia (en su dimensión tanto real como simbólica) no es un factor excepcional sino cotidiano que atraviesa todas las esferas de la vida social.
El bloqueo de los canales para la reforma social y el privilegio al uso la fuerza en el ejercicio del poder lo constatamos a diario, en cada protesta social, por inofensiva que ésta sea. Esta dinámica represiva es un elemento fundamental para entender el surgimiento de la resistencia armada en Colombia, a partir de grupos de autodefensa campesina que se organizaron para enfrentar los atropellos constantes del régimen y de los hacendados. Dentro del revisionismo histórico propiciado por los grupos en el poder, esta historia -necesaria para entender el presente- es puesta de cabeza y a los grupos paramilitares (al servicio del régimen y de los hacendados) se les ha investido maliciosamente con el título de "autodefensas": el victimario ha terminado haciéndose pasar por víctima. En realidad son los actuales movimientos guerrilleros los que tienen su origen firmemente clavado en los grupos de autodefensa campesinos de los "40 y "50.
Sin ir más lejos, en estos momentos se puede constatar la respuesta brutal del ESMAD y del Ejército a la protesta legal, pacífica y constitucional de los campesinos del Catatumbo. Este hecho nos da una lección clarísima de las fuerzas sociales y de la dinámica de violencia oficial que ha impulsado a sectores del campesinado a la violencia revolucionaria, sea espontáneamente o mediante la vinculación a las filas insurgentes. ¿Qué puede ser más legítimo que el pliego petitorio de los campesinos de Catatumbo? ¿Cómo justificar ese ejercicio cruel y desmedido de la violencia del Estado, sino mediante temerarios e infundados señalamientos? El padre Javier Giraldo relata un diálogo que sostuvo en Santander, cerca de Barrancabermeja, con un campesino, quien le confesaba que después de sistemáticos abusos y vejaciones del ejército, y ante la inacción de las autoridades, "había tomado la decisión irreversible se sumarse a la guerrilla". Relata Giraldo de manera reflexiva:
"Me encontraba ante un hombre que había pagado elevadas cuotas de sacrificio para demostrar el valor de las luchas no violentas pero ahora su esperanza estaba destrozada. ¿Qué alternativa presentarle de lucha, que él ya no hubiera intentado con resultados frustrantes? Quise hacerle ver que tampoco en la guerrilla iba a experimentar éxito alguno y más bien le esperarían profundos sufrimientos y sinsabores. Él me respondió que eso bien lo sabía, pero que sólo buscaba morir con dignidad, pues de todas maneras lo iban a matar" [1].
No es saludable, más aún en medio de una negociación de paz, ignorar la violencia institucional que impulsa al campesinado a la respuesta violenta, primero como mera autodefensa, después (ante la persecución por parte del Estado hacia sus refugios en Riochiquito, El Pato, Guayabero y Marquetalia), con el fin estratégico de presionar transformaciones sociales. Ello sólo beneficia a los que usufructúan del ejercicio exclusivo del poder a la vez que esgrimen el argumento falaz de la "democracia" asediada. Mientras tanto, desde los medios de comunicación condenan la supuesta "irracionalidad" de unos alzados en armas que no tienen de su lado, supuestamente, ninguna razón, ni más motivación que su maldad congénita o una inclinación criminal innata. Lo cierto es que no hay tal irracionalidad: la razón de los alzados en armas es la racionalidad maquiavélica de quienes detentan el poder mediante el ejercicio casi exclusivo de la fuerza.
La cuestión de las garantías (o el cuento del sapito y el escorpión)
Un elemento clave que ronda las negociaciones es el tema de las garantías para la participación política de la insurgencia. ¿Es suficiente un compromiso del Estado de no eliminar a los insurgentes o a los miembros de la oposición? ¿De qué sirvió ese compromiso en 1986 cuando se desencadenó el genocidio de la Unión Patriótica mediante la operación "Baile Rojo", orquestada desde las altas cúpulas de las fuerzas represivas del Estado? ¿De qué sirvieron las garantías cuando se consumó, por parte del Ejército y las AUC, la matanza espantosa contra organizaciones y personas que participaron, de buena fe, en las audiencias públicas del Caguán durante el proceso de paz de 1998-2002? ¿De qué sirven hoy las promesas del gobierno nacional cuando desde ya estamos viendo que a las organizaciones y personas participantes en los Foros Agrario y de Participación Política, auspiciados por la mesa de negociaciones de la Habana y el PNUD, se les ataca, persigue, estigmatiza, asesina y desaparece?
La discusión de las garantías debe ser sacada de esa matriz voluntarista según la cual basta que el Estado más criminal del hemisferio, sencillamente, prometa, cruz pal cielo, que ahora sí, ya no matará más opositores ni ex guerrilleros, como lo hicieron en los 50, en los 90, es decir, en todos los procesos de negociación previos.
Entender el problema de las garantías de esta manera, es una burla porque se parte de la base de que en Colombia existe una "democracia", con defectos, pero democracia a fin de cuentas. Una democracia en la que las estructuras están bien, pero la gente ha hecho "vainas malucas" sólo porque estamos en guerra. En una democracia no existen leyes que criminalizan la protesta social, ni semejante despropósito como el fuero militar que permite la agresión letal e indiscriminada contra la población, ni mucho menos, se exterminan partidos, sindicatos y movimientos completos. En una democracia, no se espía, vigila y controla a los ciudadanos con una red de informantes de cerca de dos millones y medio de personas, red que hasta tiene alcance internacional. En Colombia, aún en presencia de ciertos formalismos democráticos, no hay tal cosa, ni siquiera en el sentido más conservador y burgués del término. Lo que existe es un régimen excluyente, de fuerza, que ha privilegiado históricamente la violencia como respuesta única a la menor protesta. Un régimen inflexible, incapaz de asumir la menor reforma, y cuyo cambio más significativo en las últimas décadas fue su mutación de una república oligárquica tradicional en un régimen mafioso y paramilitarizado.
Teniendo esta perspectiva, ¿puede considerarse el tema de las garantías para la participación política, como un asunto de mera voluntad de la clase dominante? ¡Como si la cuestión fuera un asunto de voluntad! No me cabe la menor duda que aún entre lo más rancio de esta oligarquía genocida, hay personas de buena voluntad. El carácter criminal de esta oligarquía no depende de las inclinaciones más o menos psicopáticas de tal o cual oligarca matón. Depende de la misma dinámica de la acumulación por despojo que ya hemos descrito. Por ello discutir las "garantías" es una cuestión hasta casi que superflua. Lo que se debe discutir es la apertura de espacios políticos, transformaciones profundas al ejercicio y las estructuras de poder, el desmonte del latifundio ,base material del paramilitarismo y de la república oligárquica-, etc.
Si no es así, aunque tengamos todas las garantías, compromisos y actas de buena fe por parte del Estado colombiano, se volverá a repetir el ciclo de genocidio que ya conocemos. Es como el cuento del sapito y del escorpión: se trata de la naturaleza de los actores en este proceso. Es por ello que los cambios de fondo no son algo que, algún día en un lejano futuro, se producirá cuando haya paz y la insurgencia se haya incorporado al actual sistema "democrático". El momento de los cambios es y debe ser ahora, y el pueblo movilizado debe ser la columna vertebral que articule este proyecto de transformación radical que necesita el pueblo colombiano. Y que si no es radical, servirá de bien poco. Pues como se dice en criollo, el cáncer no se cura con aspirinas.
NOTAS: [1] Javier Giraldo sj. "Colombia, esta democracia genocida", 1994, Ed. Cristianisme i Justícia, p.38.
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de ""Problemas e Possibilidades do Anarquismo"" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro ""Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina"" (Quimantú ed. 2010).
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Información: Sucesión del CEO: Lineamientos a seguir - 26/02/2013 0:14:17

" Participando en "Advanced Human Resources Executive Program" en la Universidad de Michigan con Chiefs Human Resources Officers (CHRO), Vicepresidentes y Directores de Recursos Humanos de empresas emergentes y multinacionales de todo el mundo, surgió la pregunta, por parte de Dave Ulrich, gurú en recursos humanos, de cómo veníamos acompañando la implementación de los programas de sucesión para las posiciones de nivel C-suite. La sorpresa fue grande cuando encontramos que incluso muchas empresas del Fortune 500 no tenían establecido un programa específico para la sucesión de su CEO.
Este dato no es para sorprenderse, según la consultora Korn Ferry internacional, casi el 66% de las empresas no tiene un proceso sólido de sucesión debido a que no se le dedica el tiempo ni el esfuerzo necesario para planear la sucesión del líder máximo de la organización. Este proceso es uno de los más importantes asignados al Directorio y a la misma vez el más complejo en dirigir ya que el éxito de la organización depende de la efectividad de como el CEO define la estrategia corporativa. Así mismo, la decisión de encontrar al sucesor también tendrá un impacto determinante en el desempeño, valor y en el clima organizacional de la compañía.
Tomando como base este contexto, de acuerdo a la consultora Russell Reynolds Associates, la planificación de la sucesión suele este dirigida por parte del Directorio o por un Comité creado especialmente para esto; en ese sentido, la participación del CEO varía (dependiendo si la sucesión se ha previsto o es imprevista).
Este proceso implica plasmar por escrito la forma de elección y sustitución de ejecutivos de una compañía, adicionalmente dicho plan debe ser revisado por lo menos dos veces al año y llevar a cabo un análisis detallado de las capacidades básicas, perfiles, habilidades personales, conocimientos, experiencia y características que se le exigirán al próximo CEO tomando como base la estrategia de la empresa a largo plazo. Adicionalmente, este proceso permitirá tener un patrón determinado de referencia y poder evaluar a los ejecutivos bajo un mismo estándar objetivo.
Este proceso de análisis permitirá al Directorio tener bases estructuradas y herramientas de evaluación de ejecutivos para identificar si la organización cuenta con un proceso de sucesión efectivo y si el candidato potencial puede venir de las canteras de la organización.
Tradicionalmente, una práctica muy usada es que el mismo CEO elabore una lista de candidatos potenciales y sea el directorio el que discuta y evalué las candidaturas sugeridas. El problema de este enfoque práctico y subjetivo es que el CEO actual busque candidatos muy cercanos a su estilo de liderazgo o actuar personal, en consecuencia no sería sorpresa que este modelo de sucesión este cargado de errores en la definición de los candidatos finalistas. Lo importante en este proceso, en una etapa inicial, es separar persona - puesto e identificar el perfil del CEO de la compañía eliminando el factor subjetivo en el proceso de evaluación. Una vez más, hacer del proceso lo más objetivo posible con herramientas de evaluación del perfil ejecutivo y mirar lo que sucede en el mercado incrementa las posibilidades de encontrar al candidato ideal para la organización.
Recursos Humanos acompaña este proceso brindando la estructura de evaluación, información de candidatos, esquema de comunicación y plan de sucesión necesaria para los movimientos que se puedan generar producto de la elección del CEO. El Directorio debe estar informado anualmente y estar en contacto con los aspirantes internos a través de presentaciones. Se revisa el plan de desarrollo de cada candidato, según sea necesario en cada caso, revisando posibles avances y deficiencias que se produzcan. El Directorio debe decidir si las candidaturas internas son suficientes o debe acudir al mercado a buscar candidatos.
Finalmente sugiero seguir los 5 pasos establecidos por la consultora Mercer al momento establecer el programa de sucesión para el CEO.

Contexto estratégico. Entendiendo que el proceso de sucesión es complejo, el primer paso es entender que es lo que los CEOs de la industria o mercado en general vienen preparando en el corto y largo plazo no solo en términos de iniciativas de negocio sino también sobre actuales y futuras habilidades de liderazgo, nuevos roles, cultura y cambios en las estructuras organizacionales entre otros factores.
Diseño. Consiste en la definición del proceso de planeamiento para encontrar a los candidatos a CEO. Esto implica definir y/o validar el tipo de evaluaciones a seguir, perfil, lista larga de posibles candidatos sucesores y responsabilidades del directorio así como del CEO. Así mismo se deberá establecer un cronograma de seguimiento con el fin de darle seguimiento al programa de sucesión
Formar candidatos sucesores. El factor clave para planear la sucesión del CEO es enfocarse en diseñar planes individuales de desarrollo para cada uno de los miembros de su Comité Ejecutivo, evaluando constante sus resultados y monitoreando el fortalecimiento de sus competencias. Es aquí donde una consultora especializada puede ayudar en el proceso de evaluación.
Pre-Test de candidatos. Es la etapa en la cual se "pone a prueba" o se hace vivir "experiencias críticas" a cada uno de los candidatos internos través de nuevas asignaciones, roles o extensión de responsabilidades para demostrarle al Directorio que son candidaturas sólidas para reemplazar al CEO actual. En este proceso se evalúa talento y capacidades de cada uno de los candidatos.
Preparar la transición. Una vez seleccionado el candidato es clave desarrollar un plan de transición detallado, para que el nuevo CEO se beneficie de un buen comienzo. Para que esta etapa sea solida se deberá lleva a cabo a lo largo de un año.
Espero que el artículo sea de su ayuda y bienvenidos sus comentarios.
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Que opina? MALI: OPERACIÓN ESPECIAL PARA LA RECOLONIZACIÓN DE ÁFRICA - 15/02/2013 4:40:15

" Traducido para el CEPRID (www.nodo50.org/ceprid) por María Valdés
La operación militar lanzada en Malí el 11 de enero es otro claro ejemplo de actividades especiales dirigidas a la recolonización del continente africano. Se trata de una captura ordenada y coherente de los nuevos territorios de África por las potencias occidentales. Se han apoderado de Sudán desmembrándola (quitando al país la mayor parte de los depósitos de petróleo), los campos petrolíferos de Nigeria han sido capturados [por Occidente] de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia (1), Libia está en su poder como como resultado de la intervención militar directa, Costa de Marfil ha sido conquistada gracias a una acción militar a pequeña escala llevada a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Son diferentes maneras de hacer las cosas, pero el resultado es el mismo. El proceso de recolonización toma impulso en África ...
Los errores de las anteriores acciones agresivas se han tenido en cuenta al ocupar Malí. Hoy todo el mundo está seguro de que Occidente está defendiendo la soberanía de Malí y la integridad territorial. No es exactamente así. En realidad no fue en 2011-2012 cuando los grupos terroristas aparecieron en el norte del país. Habían estado organizando y realizando actividades allí durante decenas de años (2). La situación estalló porque las armas libias fueron capturadas [por los salafistas] después de la caída de Gadafi. Los materiales militares no llegaron a Mali por sí mismos, hay hechos que prueban que Francia participó en su traslado desde Libia.
La propia lógica de los acontecimientos en el norte de Malí en 2012 demuestra que es un espectáculo muy bien orquestado dirigida a preparar a la opinión pública para ""el imperativo de la intervención militar"". Así es como se dispuso que las armas libias se extendieran por toda la zona y acabaran en las manos de los tuaregs. Se incitó a las acciones militares. Pero muy pronto los tuaregs entendieron que se les estaba utilizando y comenzaron a desvincularse de la independencia que habían declarado previamente. El Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) dijo que la declaración de independencia fue ""un intento de llamar la atención internacional sobre la difícil situación de la población en el norte"", y expresó su voluntad de dialogar. (3) De inmediato fue atacado por los verdaderos responsables de la provocación , Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y los islamistas del Movimiento por la Unidad y la Yihad en el Oeste de África (MUJWA o MUJAO). Ansar Dine dijo que estaba listo para unirse sin demora. En la reunión de noviembre en Ouagadougou, Burkina Faso, el grupo dijo que rechazaba la violencia, el extremismo y el terrorismo y asumió la responsabilidad de la lucha contra el crimen organizado en la frontera (4). En las acciones de combate que se desataron en noviembre de 2012, el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad luchó contra la estas organizaciones islamistas en la parte occidental de Tombuctú.
Todo era parte de la estrategia encaminada a la desestabilización de Mali. Todos los eventos descritos aquí tienen lugar en el contexto de la yihad y los grupos terroristas que vienen al norte de Mali para reforzar las formaciones armadas (5). A esta zona han acudido militantes internacionales y cuentan con el apoyo de todas las principales fuerzas terroristas en la región, entre ellos el conocido Boco Harum nigeriano.
Según estimaciones del Secretario General de las Naciones Unidas, la captura de la parte norte del país causó cerca de medio millón de refugiados y migrantes hacia el interior del país. El desastre humanitario se extendió a todos los países vecinos. Ese era el objetivo. Todos los santuarios musulmanes en Tombuctú y otros antiguos centros históricos del Sahara fueron destruidos para reforzar el efecto. Las acciones no tenían otra misión sino provocar un ""shock"" en la comunidad internacional y hacer ver que una intervención militar era un ""imperativo"". Ese es el contexto adecuado para la extensión de lo que estaba detrás del golpe de estado que tuvo lugar en Malí en marzo de 2012, pocos días antes de la elección presidencial, cuando el presidente Amadou Toumani Touré fue derrocado. No parecía haber ninguna lógica en la organización del golpe (que derrocó a un presidente que no era un candidato para el próximo período), pero puede ser fácilmente explicada por el hecho de que el Presidente y los ganadores más probables eran opositores a la intervención militar occidental. Después del golpe, la idea de la intervención extranjera recibió un fuerte impulso.
El nuevo gobierno de Malí pide a las Naciones Unidas ayuda militar y lanza una queja a la Corte Penal Internacional. Pero el concepto de la intervención militar era todavía un tema de conflicto interno entre los partidarios de la ""asistencia"" occidental y la misión militar interafricana. Probablemente estos dos enfoques diferentes fueron la razón principal del fracaso del intento de golpe al final de abril (6) y luego del nuevo golpe militar que arrasó el Primer Ministro Modibo Diarra.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no condenó en ninguna ocasión firmemente estos golpes, aunque expresó su disposición a abordar la cuestión de la imposición de sanciones contra aquellos que violasen el orden constitucional. Por lo tanto, no son los líderes de Al Qaeda, sino más bien el ejército de Malí que fue amenazado con las sanciones del Consejo de Seguridad.
Por último, la resolución del Consejo de Seguridad 2085 fue aprobada el 20 de diciembre 2012 y se autoriza la intervención militar en el país (7). La Misión Africana encabezada por el apoyo internacional a Malí (AFISMA) se desplegará. La fuerza es incluir 5.000 malienses y 3.300 soldados de una fuerza multinacional. El concepto fue elaborado por las autoridades malienses junto con ""socios"" y aprobado por la Unión Africana y la CEDEAO. Ahora bien, ¿quiénes son los socios de Malí? Los EEUU, Francia, Alemania, Canadá, Argelia, Mauritania y Níger. A principios de enero, las fuerzas de Al Qaeda en el norte del país adoptadaron un comportamiento que es contrario a la lógica, lanzando una ofensiva hacia el sur. La ciudad de Kona fue capturada el 7 de enero. Desde el punto de vista geográfico, la ciudad es de importancia crítica, situada en la frontera entre el norte y el sur, así que la acción realmente significó el comienzo de la ofensiva contra el territorio donde reside la mayor parte de la población del país. En ese momento se puso en marcha inmediatamente la decisión sobre la operación militar internacional. . En la noche del 10 de enero el presidente provisional de Malí, Dionkunda Traore, declaró la movilización total y el estado de emergencia (8).
El 11 de enero las tropas francesas desembarcaron en Mali. Agencias de información mencionaron otros participantes de la operación (Senegal, Níger); todo el mundo sabe quien interpreta el papel principal. Por cierto, se puso de manifiesto el mismo día de la adopción de la resolución 2085, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de Malí dio las gracias entre otras cosas a todos los miembros del Consejo de Seguridad, pero expresó su especial gratitud a Francia (9). Debe tenerse en cuenta que la información sobre la decisión de la CEDEAO de iniciar el despliegue inmediato de tropas se realizó después de la noticia de que el ejército francés estaba en camino. Francia comenzó la operación antes de la llegada física de las tropas africanas.
La campaña propagandística sobre la ""intervención internacional en Malí"" tiene un inconveniente: no hay una explicación razonable de lo que está detrás de las acciones de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Hoy en día se habla de los intentos de hacer la parte norte de Malí una base permanente de operaciones. Pero Al Qaeda lo había estado haciendo durante la última docena de años sin llamar la atención. En realidad las acciones del actual AQMI tienen una flagrante provocación destinada a dar un pretexto para la intervención extranjera.
Por lo tanto, una operación especial destinada a la recolonización de África tuvo lugar a principios de año. Hay una rivalidad entre los tres actores principales, que son los Estados Unidos, Francia y China. China recurre a la expansión económica, mientras que las dos naciones occidentales se basan en la intervención militar. Mientras que en Libia y Costa de Marfil se cometieron errores de información, ahora, en enero de 2013, la conquista de estos países se explica por razones ""humanitarias"", pero de una manera torpe y poco convincente. Hoy la comunidad internacional está alabando la invasión francesa para liberar a Mali. Al parecer, se necesita una misión militar. Pero el país se enfrenta a una difícil elección: los islamistas o de las tropas francesas.
De cualquier manera Malí tendrá que pagar un alto precio por la libertad: regalando su soberanía, los enormes recursos minerales y la pérdida de independencia por muchos años. Según el presidente de Francia, Francois Hollande, las tropas francesas se quedarán en Malí, siempre y cuando sea necesario (10). No es en vano que el derrocado presidente Amadou Touré decía que París es más peligroso que Tombuctú. África siempre ha sido y sigue siendo un campo de pruebas para los diferentes escenarios políticos y militares occidentales (11). No sólo los estados africanos, Rusia también debe seguir con atención la forma en que la intervención militar es elaborada e implementada (con éxito hasta el momento) mientras persigue el objetivo declarado de ""garantizar la libertad frente a los islamistas"". Tiene especial importancia teniendo en cuenta los intentos de Occidente para desacreditar el poder en Rusia mientras alienta las actividades islamistas en el territorio de la Federación Rusa.
Notas:
(1) Camerún contra Nigeria. Naciones Unidas Corte Internacional de Justicia, 10 de octubre de 2002, / / Corte Internacional de Justicia sitio web oficial: http://www.icj-cij.org/docket/files/94/7453.pdf.
(2) Aquí, es interesante ver una película de Idrissa Ouedraogo de 2002 contando la historia de unos niños que siguen el rastro de Bin Laden en Burkina Faso (un estado vecino al norte de Malí). Entonces la película fue percibida como una comedia.
(3) Representante del MNLA en la televisión francesa. https://www.youtube.com/watch?v=RLHbrXBJ2Hw.
(4) Informe del Secretario General sobre la situación en Malí, 29 de noviembre de 2012. / / Documento de la ONU S/2012/894, p.11.
(5) Informe de la reunión del CSONU, 5 de diciembre de 2012, / / UN documento S/PV.6879, p.2.
(6) El golpe de Estado en respuesta a los intentos del golpe de Estado del 22 de marzo de 2012, cuando el presidente Amadou Toumani Touré fue derrocado.
(7) Nueve miembros del CSONU fueron los autores del proyecto de resolución, entre ellos Alemania, Colombia, Marruecos, Portugal, Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, Togo, Francia y Sudáfrica. Luxemburgo, que no es miembro, fue uno de los autores también.
(8) Dirección Nacional Interina de Mali, https://www.youtube.com/watch?v=FTyH64p_7bQ.
(9) CSONU, actas taquigráficas, 20 de diciembre de 2012. En realidad, el Ministro de Relaciones Exteriores de Malí hizo saber que Francia estaba detrás de la aprobación de la resolución.
(10) http://www.fondsk.ru/news/2013/01/12/v-mali-objavlena-vseobschaja-mobilizacija.html
(11) Ver mi artículo "África como un campo de pruebas para la Nueva Ley Internacional"" en el Instituto de Estudios Africanos de la Academia de Ciencias de Rusia. - 2005 - páginas 10-11.
(Fundación de la Cultura Estratégica)
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