Es Noticia, Corrupción con gasolina - 11/03/2014 10:46:04
"Hace unos días, un programa de televisión reveló, con video incluido, el modus operandi para el robo de gasolina en una dependencia policial.Todos los días, personal de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) -esa división policial que nos hizo sentir orgullosos cuando capturaron a Abimael Guzmán- aprovechaba el combustible que se le daba para los vehículos policiales para llenar sus propios bolsillos.
Nadie puede saber con exactitud cuánto es lo que se roba al año al Estado en combustible (ya sea gasolina, petróleo o kerosene).
Cifras conservadoras hablan de que sólo en la Policía Nacional del Perú la cifra puede estar bordeando los 200 millones de soles. Si a eso le sumamos lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, podríamos estar hablando de 500 millones de soles.
Cifra espeluznante tratándose de un país que aún tiene tantas carencias y donde existen millones de peruanos en extrema pobreza.
Nada es reciente. En el 2009, en pleno gobierno de Alan García, un congresista de su propio partido -lo que resultaba inusual-, cuando era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, denunció que anualmente (se refería al año 2008) se robaba aproximadamente 187 millones de soles en combustible y en el rancho de la Policía Nacional del Perú.
El combustible consiste en todo el petróleo y la gasolina que en dinero se le entrega a las diversas dependencias policiales. El rancho es el dinero que se proporciona a toda comisaría o lugar en donde haya efectivos policiales para que se compre alimentos a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que algunos trabajan 24 horas de manera ininterrumpidas.
En ambos casos, cuando se trata de dinero en efectivo, el oficial u oficiales encargados se quedan con parte de lo que reciben, destinando una mínima suma a la finalidad para la que lo recibieron.
En el caso del combustible, se reciben vales para poner en funcionamiento todos los vehículos con que cuenta la PNP a nivel nacional.
La cantidad de vehículos registrados es mucho mayor que los vehículos que funcionan y, de los que funcionan, no todos circulan, de tal manera que si, por ejemplo, se tienen 20 mil vehículos -entre carros, camionetas, camiones, lanchas y motos- sólo la mitad de ellos están en capacidad de funcionar y de esos, la mitad circula y la restante permanece en sus garajes o sus estacionamientos.
Pero aun los que circulan, lo hacen en distancias menores a las que aparecen consignadas en los documentos oficiales. Saque usted la cuenta de lo que realmente se gasta de combustible.
Aparte de la modalidad que se ha podido apreciar de los integrantes de la Dircote, también existe la de cambiar los vales por dinero en efectivo, y ese cambiazo lo hacen algunos grifos en donde el dueño de la estación de combustible paga por el vale 75% u 80% del valor y luego se presenta al Ministerio del Interior para que le paguen el 100%.
De esa manera, lucran tanto el policía que recibió el 75% del vale y se lo guarda en el bolsillo, como el dueño del grifo que gana el 25% restante. El que pierde en un 100%, desde luego, es el Estado peruano.
¿Y las investigaciones? A propósito de la denuncia del 2009, se anunció grandes investigaciones que comprenderían, como tenía que ser, tanto a los malos policías como a los empresarios dueños de estaciones de combustible.
Han pasado 4 años y ni uno ni otro bando ha sido sancionado a pesar de que se tenía la relación de los policías y griferos tramposos.
Uno de los grifos era incluso propiedad de dos altos oficiales de la fuerza armada y de la policía. ¿Será esa la razón por la que no prosperaron las investigaciones? Todo parece indicar que sí.
Pero no es sólo en la Policía Nacional de Perú en donde ocurre el robo de combustible. En enero de 2011, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima ordenó, contrariamente a lo que había opinado un benevolente juez, que se abriera proceso penal contra siete generales del Ejército peruano por el robo de combustible a su institución.
Siete generales, siete coroneles, siete comandantes, tres capitanes, tres mayores y tres tenientes eran responsables de la apropiación y comercialización ilícita del combustible asignado para uso militar.
Es decir, una pequeña tropa que bien pudo haber defendido nuestro territorio de cualquier amenaza, se había dedicado a combatir sus necesidades económicas y para eso cometieron delitos de peculado, apropiación ilícita, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
Uñas largas. La división delictiva tenía entre sus integrantes a dos excomandantes generales: César Reinoso Díaz y Edwin Donayre Gotzch, habiendo éste último sido comandante general del Ejército entre los años 2007 y 2008.
O sea, acababa de ocupar el más alto cargo al que aspira un oficial de nuestro glorioso ejército sucumbiendo ante la tentación del gasolinazo.
No moría en batalla, una resolución judicial lo sacaba del combate acusándolo de robar combustible. El juez que inicialmente investigó el caso del cuarto Juzgado anticorrupción, don Rafael Vela Barba, había querido archivar el caso señalando que no habían cometido los delitos de los que se les acusaba.
Pero la Sala presidida por Jorge Egoavil Abad consideró que sí existían los delitos y por ello ordenó que se inicie el proceso judicial contra ellos.
Según la Sala que ordenó se procesara a los militares, los oficiales de manera concertada fabricaron las supuestas necesidades del uso de mayor cantidad de combustible y mediante esas necesidades ficticias hacían aprobar partidas extraordinarias, sin siquiera dar las especificaciones de en qué vehículos y para qué actividades se usaría esa mayor cantidad de gasolina o petróleo.
Al verse abrumados por los cargos, algunos entre los cuales se menciona a Donayre, presentaron documentos falsos, lo que no hizo otra cosa que agravar sus responsabilidades.
Han pasado cuatro años desde que se ordenó procesar a estos malos militares. ¿Qué ha ocurrido con ese proceso? No se sabe mucho, pues el Poder Judicial no proporciona información y es probable que, como tantas veces sucede en el Perú, caiga sobre ese caso el manto de la impunidad como telón de fondo y se cierre ese capítulo de vergüenza para una gloriosa institución.
Es una pena que quienes juraron ser los herederos de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres sean procesados por robarle al propio ejército al que pertenecieron más de treinta años y que seguramente les sigue pagando sus pensiones.
De manera religiosa, sin que hayan devuelto al Estado peruano ni un centavo de lo que se apropiaron indebidamente.
Quienes sí pueden sentirse orgullosos de vestir el uniforme son los integrantes de la Inspectoría General del Ejército, quienes a pesar de las presiones sufridas, formularon las denuncias respectivas.
Por otro lado, no hay que olvidar que Edwin Donayre -sí el mismo que dijo que "chileno que entra (al país) ya no sale. O sale en cajón. Y si no hay los suficientes cajones, saldrán en bolsas plásticas"- ha confirmado su candidatura para la presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho en las próximas elecciones por el Movimiento Desarrollo Integral de Ayacucho.
Según nuestras fuentes, el exc omandante del Ejército del Perú tiene grandes posibilidades de ganar. O sea.
¿Qué hacer? En primer lugar se debería saber con exactitud el monto de lo defraudado. Se especula con varias cifras sin que el titular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tan rápido para aumentarse el sueldo y el de sus colegas ministros, diga algo al respecto.
Otro punto a determinar es la antigüedad de esta mala costumbre, por llamar eufemísticamente así a lo que es un robo descarado.
Muchos hablan de 30 años, otros dicen que el tema del combustible es de mayor antigüedad, remontándose incluso a los primeros vehículos que adquirieron nuestras instituciones.
¿Esto solo sucede en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? El caso de Alejandro Toledo, a quien se le da una dotación de gasolina de cinco mil soles mensuales, pero que vive en el extranjero, demuestra que esta maldita práctica alcanza a muchos más sectores de la administración pública.
Sería redundante decir que hay que ejercer un debido control. La Contraloría General de la República, y las instituciones deben tener un mecanismo para controlar, en primer lugar, el número de vehículos operativos con que cuenta la administración pública.
El examen de los signos exteriores de riqueza de los funcionarios públicos es algo plasmado en muchas normas, pero que resultan letra muerta.
Finalmente, mientras se sigan nombrando en los ministerios de Defensa y del Interior a personas que tienen que esperar la luz verde -de Nadine, desde luego- para poder actuar demostrando falta de liderazgo, será muy difícil que puedan ni siquiera saber lo que está ocurriendo en sus sectores.
En otras palabras, mientras sigan en sus cargos Pedro Cateriano y Walter Albán no se puede esperar ningún cambio trascendental.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? Ofrecen títulos universitarios bamba frente al Poder Judicial del Callao - 11/08/2013 22:43:35
Un abogado, identificado como Miguel Porta, ofrece documentos falsos de las universidades de Los Ángeles, de Chimbote, y de Los Pueblos de Europa, de España.Ver artículo... Fuente Artículo
Información: Minuto a Minuto: Camiones entran al país con documentos falsos - 07/05/2013 8:11:00
" Mafia los inscribe en registros con ayuda de funcionariosEfectivos de inteligencia de la Policía Fiscal confiscaron cinco de los 200 camiones tráiler que ingresaron por la frontera sur (Tacna y Puno) y descubrieron que habían sido inscritos con documentación falsa en los Registros Públicos de Lima, Cerro de Pasco y Tarapoto. ""Es una organización delictiva que no solo incluye a las personas que los traen, sino también a funcionarios públicos, pues utilizan sentencias judiciales fraudulentas con sellos verdaderos"", reveló el jefe de esa unidad policial, general PNP Carlos Gómez Cahuas. Refirió que los cinco camiones tráiler, valorizados en 60 a 80 mil dólares, son adquiridos en Iquique (Chile) o Bolivia bajo la modalidad de contrabando, certificado internacional temporal o ingreso de turista. Una vez que son internados al Perú bajo las dos primeras modalidades son inscritos en las oficinas de los Registros Públicos con la presentación de documentación fraudulenta, a fin de darles apariencia legal y poder comercializarlos.Entre los documentos fraguados se usan declaraciones aduaneras con actas de adjudicación, actas de remate y sentencias judiciales verdaderas, pero con documentación fraudulenta. Indicó que hasta el momento se detuvo a ocho personas. Asimismo, refirió que los cinco camiones incautados serán enviados a los almacenes de Aduanas. Ante esta situación, Gómez informó que la inteligencia policial inició la investigación y espera la colaboración del Poder Judicial y Registros Públicos.""Tenemos falsificaciones burdas. No entendemos cómo fueron inscritos en Registros Públicos. También investigaremos en los juzgados. Hay documentos falsos con sentencias verdaderas. Para todo eso se debió contar con la complicidad de funcionarios de Registros Públicos"", enfatizó.
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Interesante, Inés Tello: Ningún agente del grupo Colina planteó nulidad por asociación ilícita - 24/07/2012 16:49:42
" Ideeleradio.- Ninguno de los integrantes del grupo Colina, destacamento militar que se vinculó a la comisión de crímenes como el caso de la matanza de Barrios Altos, planteó en su momento la nulidad por el delito de asociación ilícita para delinquir, afirmó Inés Tello de Ñecco, presidenta de la Primera Sala Penal Liquidadora."Hay que precisar que en la fase instructiva, se realizan lo que los abogados llamamos actos de investigación y en el juicio oral es donde se actúa la prueba. Relato lo que sucedió a nivel de instrucción, ningún procesado formuló una objeción, pidió nulidad e impugnó las decisiones. Todos la aceptaron porque se habían defendido por ese delito", aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Tanto es así que cuando el fiscal Pablo Sánchez acusa por asociación ilícita, hay una defensa que plantea una excepción de cosa juzgada, y la defensa del sentenciado [exasesor Vladimiro] Montesinos Torres dice que él ya ha sido sentenciado por asociación ilícita, o sea estaban pronunciándose y discutiendo este tema", añadió.
Sí hubo denuncia por asociación ilícita
La magistrada dijo, en ese sentido, que es falso que se diga que los procesados fueron condenados sin que se haya presentado una denuncia por ese delito y refirió que quien vio el tema a nivel de instrucción fue la jueza Victoria Sánchez.
"El 7 de abril del 2001 la doctora Victoria Sánchez, una magistrada a la cual le tengo mucho respeto [y que está denunciada por el fallo de la Sala Permanente], abre instrucción por asociación ilícita y el día 10 de abril la fiscal le pide una ampliación para comprender por ese mismo delito a otros procesados. Si bien es cierto, la denuncia no se mencionaba la asociación ilícita, la jueza razona, lo considera y la fiscal lo convalida con esta ampliación", detalló.
"Efectivamente, el fiscal Pablo Sánchez cuando llega el expediente para que él pueda acusar, advierte esta omisión y nos plantea la nulidad, para que ese delito sea visto y que se devuelva por 15 días también para que el señor fiscal investigue este delito", relató.
La magistrada recordó, del mismo modo, que por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pudo reactivar el proceso al grupo Colina en el 2001 y que por parte del Poder Judicial no hubo intención alguna de demorar dicho proceso.
"Consideramos que no había nulidad [al delito de asociación ilícita], pero sí le dimos 15 días al fiscal para que revise, 15 días en los cuáles el fiscal pudo decir, no va este delito, y él dijo, sí y lo integró. Este proceso contra los colinas es acumulado, se trabajó Barrios Altos, Santa y [Pedro] Yauri y, en este último, sí había denuncia por asociación ilícita desde el inicio. Entonces, el delito de asociación ilícita sí se tramitaba; en Yauri, sí lo tuvimos en el inicio del proceso", remarcó.
Explicó que recién durante los alegatos finales, se pidió la nulidad del juicio oral y que las magistradas explicaron que no correspondía este pedio en dicha etapa.
"Cuando vienen los alegatos finales, la defensa plantea la nulidad del juicio oral retrotrayendo las cosa a lo que se había omitido en la denuncia ¿Y qué le dijo la Sala? Le explicó usted en primera instancia, conoció y no impugnó, ni planteó nulidad y en esta otra etapa no corresponde y usted durante todo el juicio se ha defendido de esta acusación de este tema, que no se diga que no hubo discusión", manifestó.
Condenamos al grupo Colina por asesinato con la máxima pena
Por otro lado, aclaró que sentenciaron a los miembros del grupo Colina por el delito de asesinato y que les aplicaron la máxima pena que correspondía. Dijo que el magistrado trabaja con la pena más grave y que en este periodo el sistema judicial no permitía la sumatoria de delitos.
"Consideramos que la pena máxima era la del asesinato por el cual lo sentenciamos [a los colinas]. Obviamente que se tenga presente que nosotros archivamos secuestro agravado y la asociación ilícita que tanto se discute y se subsumió en la pena mayor. Nosotros no le sumamos a los 15 o 20 la pena asociación ilícita, trabajamos con la pena más alta que era asesinato", refirió.
"Nosotros no sumamos las penas, trabajamos con la pena y en cuanto al delito de asociación ilícita por el cual se discute y denuncia, quiero señalar como magistrada ponente conozco la sentencia, e inclusive ha sido motivo de debate por un voto", rebatió.
La defensa buscaba dilatar el juicio
Finalmente, denunció que el proceso estuvo plagado de un tipo de defensa que no buscaba celeridad, sino dilaciones durante el juicio. Dijo, igualmente, que para un juez no es grato prolongar las investigaciones.
"¿Cree alguien que a un juez le es grato y cómodo prolongar un proceso? No es así porque cada sesión, cada expediente uno trata de solucionar. No estamos para hacer problemas, sino para solucionar. Era de nuestro interés respetar los derechos de los procesados como Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, quienes quisieron expresar sus alegatos y había que escucharlos. No se nos diga que es responsabilidad y negligencia", señaló.
"El señor [Julio] Salazar Monroe para decir su última palabra demoró dos meses y todavía presentó documentos falsos. La sala entera se traslado al penal, se hizo un costo y no salió [del penal], lo que motivó que se le convocara de grado o fuerza. Llegó a la sala y dijo hoy no [declaro]. Señores hay que hacer respetar la ley y exigimos que se nos respeto y por eso pasamos a otra personas y los documentos que presentaron fueron falsos", concluyó.
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Interesante, Investigan a candidato a Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez - 14/06/2011 8:21:21
" Es candidato a Defensor del Pueblo. Además, tiene un juicio por difamación y calumnia pendiente de decisión final en el Quinto Juzgado Penal de Lima.César Romero C.
El candidato único a Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez Camacho tiene dos investigaciones en trámite desde el 2007 en la 24ª y 55ª Fiscalía Penal de Lima, según los reportes de la mesa de partes del Ministerio Público. Además, enfrenta un proceso, pendiente de apelación, por presunta difamación y calumnia en el Quinto Juzgado Penal de Lima.
Según los descargos que presentó a la Comisión Evaluadora del Congreso, Gutiérrez Camacho considera que ambas investigaciones son maliciosas y tienen un carácter político. Las dos investigaciones fiscales tiene un origen único: una denuncia de la abogada Luz Áurea Sáenz contra Gutiérrez por presunto fraude en las elecciones del 2007 por el decanato del Colegio de Abogados de Lima.
Áurea Sáenz acusó a Gutiérrez de haber sobornado a la presidenta del comité electoral del Colegio de abogados en el 2007, Vania Torres, para lograr su elección. Los delitos imputados fueron tráfico de influencias, cohecho, alteración de proceso electoral, falsificación y uso de documentos falsos y falsedad genérica.
El 2007, la dirección de investigación criminal concluyó que no se encontraron pruebas ni evidencias de la comisión de los delitos imputados, por lo que la 55ª fiscalía archivó el caso.
Sin embargo, Sáenz apeló y el año pasado la Segunda Fiscalía Superior en lo penal de Lima dispuso reabrir el caso para "diligencias complementarias, que fueron asumidas por la 2ª Fiscalía Especial Anticorrupción que nuevamente archivó el caso, lo que otra vez fue apelado, estando pendiente la resolución final.
Querella
El proceso que se ventila en el Poder Judicial es más complejo. Fue presentado por el ex trabajador de la Gaceta Jurídica Luis Murillo Chacón. Murillo aduce que se crearon pruebas falsas, un informe que lo acusa de haberse apropiado de unas cobranzas, con el objetivo de despedirlo, y no pagarle sus comisiones.
El 27 de julio del 2010, el 5to Juzgado Penal de Lima absolvió a Gutiérrez, pero la apelación de Murillo recién fue revisada el 3 de mayo último, por lo que el caso sigue abierto.
El dato
Votación. El Congreso puso en agenda, para hoy a las 4 de la tarde, volver a votar la candidatura de Walter Gutiérrez a nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, anoche trascendió que la crucial elección se podría postergar hasta el miércoles. Gutiérrez requiere 80 votos para ser elegido y la primera votación logró 77 votos.
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Interesante, Investigan a Gutiérrez por elecciones en CAL el 2007 - 14/06/2011 5:00:00
"En trámite. Es candidato a Defensor del Pueblo. Además, tiene un juicio por difamación y calumnia pendiente de decisión final en el Quinto Juzgado Penal de Lima.César Romero C.
El candidato único a Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez Camacho tiene dos investigaciones en trámite desde el 2007 en la 24ª y 55ª Fiscalía Penal de Lima, según los reportes de la mesa de partes del Ministerio Público. Además, enfrenta un proceso, pendiente de apelación, por presunta difamación y calumnia en el Quinto Juzgado Penal de Lima.
Según los descargos que presentó a la Comisión Evaluadora del Congreso, Gutiérrez Camacho considera que ambas investigaciones son maliciosas y tienen un carácter político. Las dos investigaciones fiscales tiene un origen único: una denuncia de la abogada Luz Áurea Sáenz contra Gutiérrez por presunto fraude en las elecciones del 2007 por el decanato del Colegio de Abogados de Lima.
Áurea Sáenz acusó a Gutiérrez de haber sobornado a la presidenta del comité electoral del Colegio de abogados en el 2007, Vania Torres, para lograr su elección. Los delitos imputados fueron tráfico de influencias, cohecho, alteración de proceso electoral, falsificación y uso de documentos falsos y falsedad genérica.
El 2007, la dirección de investigación criminal concluyó que no se encontraron pruebas ni evidencias de la comisión de los delitos imputados, por lo que la 55ª fiscalía archivó el caso.
Sin embargo, Sáenz apeló y el año pasado la Segunda Fiscalía Superior en lo penal de Lima dispuso reabrir el caso para "diligencias complementarias, que fueron asumidas por la 2ª Fiscalía Especial Anticorrupción que nuevamente archivó el caso, lo que otra vez fue apelado, estando pendiente la resolución final.
Querella
El proceso que se ventila en el Poder Judicial es más complejo. Fue presentado por el ex trabajador de la Gaceta Jurídica Luis Murillo Chacón. Murillo aduce que se crearon pruebas falsas, un informe que lo acusa de haberse apropiado de unas cobranzas, con el objetivo de despedirlo, y no pagarle sus comisiones.
El 27 de julio del 2010, el 5to Juzgado Penal de Lima absolvió a Gutiérrez, pero la apelación de Murillo recién fue revisada el 3 de mayo último, por lo que el caso sigue abierto.
El dato
Votación. El Congreso puso en agenda, para hoy a las 4 de la tarde, volver a votar la candidatura de Walter Gutiérrez a nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, anoche trascendió que la crucial elección se podría postergar hasta el miércoles. Gutiérrez requiere 80 votos para ser elegido y la primera votación logró 77 votos.
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