Interesante, Amnistia Internacional: Miles de casos sobre esterilizaciones forzadas quedarían en la impunidad - 29/01/2014 12:28:40
"AMNISTÍA INTERNACIONALDeclaración pública
Número de índice: AMR 46/002/2014
29 de enero de 2014
Perú: Miles de casos sobre esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas quedarían en la impunidad
Después de casi diez años de espera, más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de los 90s ven ahora su derecho a la justicia negado, tras la decisión de la Fiscalía penal Supraprovincial de Lima el pasado 22 de enero de presentar denuncia formal en tan sólo uno de estos casos. Ya estas 2.000 víctimas incluidas en la investigación fiscal representan sólo una pequeña parte de las más de 200,000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante esos años, en su gran mayoría sin que hubieran dado el debido consentimiento. Con esta decisión se reafirma que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años.
La fiscalía ha decidido proseguir únicamente con una denuncia contra el personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez a consecuencia de una esterilización forzada en 1998. Ni siquiera en este caso emblemático se ha acusado a quienes habrían ideado, promovido o permitido esta nefasta práctica que afectó principalmente a mujeres indígenas y campesinas en situación de vulnerabilidad.
Es una tragedia que miles de indígenas y campesinas que acudieron a los servicios de salud fueran esterilizadas sin haber sido informadas o bajo fuertes presiones. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se implementó un programa de planificación familiar que habría formado parte de una política de control demográfico orientada a los sectores más pobres. El personal médico habría estado presionado a cumplir con cierto número de esterilizaciones y muchas de estas mujeres y sus familiares fueron amenazados con multas, prisión o con el retiro del apoyo alimentario del Estado si no se sometían a estas operaciones. Además, muchas no habrían recibido el cuidado postoperatorio necesario y sufrieron como consecuencia problemas de salud y 18 de ellas perdieron la vida.
Es lamentable que con esta deplorable decisión se hayan cerrado más las posibilidades de justicia para estas mujeres y para la sociedad peruana en su conjunto. Ya en 2002 una Comisión del Congreso de la República estableció que se realizaron esterilizaciones "sin el consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico". Además determinó que hubo injerencia del Ejecutivo para la aplicación compulsiva de esterilizaciones. En base a estas conclusiones se decidieron formular denuncias penales contra varios miembros del ejecutivo, incluido el entonces Presidente, los entonces ministros y viceministro de salud y varios asesores del ministerio de salud.
La investigación fiscal sobre el uso de esterilizaciones forzadas comenzó en 2004 y fue inicialmente archivada en 2009. En octubre de 2011 fue reabierta de nuevo, pero las organizaciones que representan a las víctimas manifestaron en varias ocasiones sus preocupaciones sobre la inacción y la falta de recursos destinados a esclarecer los hechos y depurar todas las responsabilidades.
Para Amnistía Internacional es lamentable ver que después de tan larga espera, la fiscalía haya tomado la decisión de acusar formalmente al personal médico que habría estado implicado en sólo uno de los casos, sin esclarecer todas las responsabilidades y a todos los niveles, no sólo en éste, sino en los más de 2.000 casos que estaban siendo investigados.
En 2003 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación determinó que las personas más afectadas por los abusos de derechos humanos fueron aquellos que pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres indígenas y campesinas; y concluyó que sólo cuando se garantice los derechos de todos y todas en el Perú, sin discriminación, se podrá abrir el camino hacia un país donde los horrores del pasado no puedan ser repetidos.
Es urgente que las autoridades del Perú revisen esta aberrante decisión y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como que se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas estas mujeres y sus familiares. El Estado debe asimismo mandar una señal clara de que esta discriminación contra mujeres indígenas y campesinas es totalmente inaceptable.
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Que opina? LOS DERECHOS HUMANOS HOY - 10/11/2013 12:58:32
" Mientras Martha Chávez hacía gala de sus peores adjetivos y Alberto Fujimori demostraba que el indulto implicaba su vuelta a la carrera política, el impulso para el respeto a los derechos humanos en el Perú continuaba, en varias de sus facetas. Aquí una breve muestra de varias luchas.Esta semana, se exhibió - a sala llena en todas sus funciones - La Espera, documental sobre los sucesos de Bagua. Como ya lo comentamos en este blog, la cinta muestra tanto la lucha de los pueblos indígenas para el reconocimiento de su derecho a la consulta, como el drama de las familias de los policías que aún no pueden saber toda la verdad sobre el operativo más trágico de la institución en toda su historia. Dos grupos de peruanos que hasta ahora no alcanzan justicia.
Durante el feriado largo, representantes del IDEHPUCP (disclaimer, donde trabajo) y del Estado peruano se presentaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para debatir sobre un tópico de reciente interés: los derechos de las personas con discapacidad. En particular, se discutió sobre los avances y tareas pendientes que existen a partir de la promulgación de la Ley General de Personas con Discapacidad, sobre todo, en torno a las personas con discapacidad mental e intelectual, quienes no pueden ejercer todos sus derechos.
Esta semana se debió iniciar el proceso judicial contra los asesinos de Walter Oyarce, luego de dos años que sujetos que no merecen considerarse como hinchas lo aventaran desde un palco del Estadio Monumental. Sin embargo, debido al paro encubierto en el Poder Judicial, solo pudo instalarse el juicio en una audiencia breve. Esperemos que en este caso, la justicia no tarde, como ha ocurrido en otros casos. Hace algunas semanas, los familiares de Gerson Falla - ciudadano víctima de tortura en la comisaría de San Borja - y de Felipe Bazán - policía desaparecido durante el Baguazo - conformaron una asociación que velara por todos aquellos que esperan que el sistema de justicia los atienda.
El mismo clamor de justicia se encuentra en las víctimas del conflicto más duro que nos tocó vivir. Esta semana, fueron absueltos los presuntos responsables de desapariciones forzadas en el cuartel Los Laureles (Tingo María) ocurridas en 1990. Ello a pesar que, como señala Carlos Rivera, abogado de las víctimas, al menos uno de los implicados ha admitido en el juicio que dichas personas fueron desaparecidas. En el Poder Judicial, los criterios para evaluar estos casos, en la mayoría de hechos, terminan trastocados: admiten la existencia de delitos, pero no sancionan a los culpables.
Luego de siete años de trabajo, el Consejo de Reparaciones, entidad encargada de registrar a las víctimas del periodo de violencia, hizo públicas algunas de sus cifras: 182,350 personas están inscritas en el Registro Único de Víctimas, incluyendo a policías, militares y miembros de comités de autodefensa. Sin embargo, como alerta el propio Consejo, aún existen cientos de casos por atender e inscribir en todo el país, sobre todo, en las zonas más alejadas, así como avanzar en la implementación de programas de reparaciones que lleguen a todos los beneficiarios, tarea a cargo de la CMAN.
Otra lista importante ha salido en estas semanas: la base de datos de pueblos indígenas, elaborada desde el Ministerio de Cultura. La misma resulta importante, pues a partir de ella se podrán identificar a los sujetos colectivos que tendrán derecho a la consulta previa. Sin embargo, como anota el exviceministro Iván Lanegra, existen aún puntos controvertidos por resolver, a fin de beneficiar a la mayor cantidad de compatriotas en esta condición.
Mientras tanto, como recordó esta semana en su columna Patricia del Río:
Recuerdo, por ejemplo, que cuando leí el libro "La muerte a diario" del antropólogo forense José Pablo Baraybar más que la crudeza de las matanzas que describía o la irracionalidad de la que daba cuenta con la que se había intentado aniquilar pueblos enteros, me sorprendió el agotamiento que le producían los sobrevivientes. A Baraybar lo hastiaban las autoridades que se aprovechan de la desgracia ajena para salir en la foto, los fanáticos religiosos o políticos siempre dispuestos a negar lo evidente, la frivolidad de determinadas causas en pro de las víctimas, y los discursos vacíos.
Por ello es que el día de hoy, lejos de resaltar las bravatas de Martha Chávez, resulta indispensable rescatar algunas de estas historias de lucha y de perseverancia por los derechos de todos los peruanos. Es cierto, como dicen varios, que los derechos humanos no debe ser una causa que sea patrimonio solo de algunos, pero si todos no nos comprometemos en su defensa y seguimos indiferentes ante realidades duras, el Perú seguirá sin ser un país desarrollado, pero de verdad.
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Que opina usted? Las FFAA deben pedir perdón - 03/09/2013 10:54:51
"Por Rocío Silva Santisteban"Es la locura del perdón la que me motiva a seguir el camino del perdón" ha escrito Lorenzo Ruiz de la Vega, ayacuchano, quechuahablante, afectado por la violencia política, hoy estudiante de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya gracias a una beca de los jesuitas. Lorenzo, como tantos otros, ha tenido que "aprender a hacer memoria" para poder atravesar su propio estrés postraumático y manejar sus propios recuerdos para "que no logren controlar mi vida". Luego de un largo aprendizaje en una de las Escuelas de Perdón y Reconciliación ha podido escribir su testimonio y sostener que "el proceso del perdón lleva a redescubrir, a recuperar, el aliento del amor".
Pero ¿qué es el perdón? Es un acto gratuito que se instituye en la confianza en el ser humano, en que el mal cometido no abarca todo el ser del otro, y que, como dice Alberto Simons en su "Antropología del perdón", hay que diferenciar claramente entre mal y malhechor. Dice: "El perdón, tanto en lo personal como en lo social, conserva la memoria de la falta, pero no vincula todo el destino de un hombre o de una comunidad a los daños causados […] aunque la falta sea imperdonable, el culpable es perdonable puesto que no se reduce a la falta cometida". Para que se dé la reconciliación es, pues, preciso pedir perdón porque no se puede perdonar a otra persona si ella no nos solicita y requiere ese perdón. Como sostiene Emmanuel Levinas para que se dé el perdón es necesario el arrepentimiento del ofensor y la misericordia del ofendido.
La semana pasada en Abancay fui testigo de un hecho sumamente importante para la búsqueda de una cultura de paz: el viceministro de Derechos Humanos, José Avila, en medio de una asamblea de consulta a familiares y afectados de la violencia política, se acercó donde una mamacha, sencilla, humilde, quechuahablante, y se agachó y le pidió perdón en nombre del Estado. Para algunos habrá sido un acto banal o políticamente calculado. Para mí no: yo creo que fue un acto que dignificó a esa mujer que había perdido a su hijo y que a pesar de las decenas de fosas comunes exhumadas, aún no lo ha encontrado. Esa acción, en una sala pequeña de Abancay, delante de unas cuantas personas, pudo hacer un nexo entre esa ciudadana peruana, su dolor y su ansiedad de justicia, y un miembro del Estado que reconoce la necesidad del perdón para restituir el lazo social.
Considero que de las recomendaciones del IF de la CVR hemos avanzado poco en las que se refieren a la reconciliación porque, para que se dé una auténtica reconciliación, es preciso que los agredidos reciban justicia. Como sostiene el citado Alberto Simons "un sistema en el que ya no hay culpables ni responsables claramente identificables […] es un sistema que se revela como maléfico. El mal a este nivel escapa tanto a la justicia como al perdón". Por eso, para que se dé una reconciliación cuya puerta sea el perdón es preciso que se sancione a los culpables y, asimismo, es necesario que los responsables institucionales soliciten ese perdón a las víctimas. Por eso, insisto y persisto en que las FFAA y las FFPP deben de pedir perdón a las víctimas, como instituciones del Estado que debieron proteger y no dañar. Sólo a partir de ese gesto puede restituirse la integridad de los ninguneados de una nación que, a pesar de lo que digan muchos, no solo luchó contra los terroristas de SL y el MRTA sino contra sus propios soldados y policías.
Publicado en La República, martes 03/09/2013
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Información: Preparan plan nacional de búsqueda de desaparecidos entre 1980-2000 - 29/08/2013 15:29:00
El Gobierno prepara un proyecto de ley para establecer una política de búsqueda de personas desaparecidas durante la violencia vivida en 1980-2000, como parte de su compromiso para cumplir con laa recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), informó el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila Herrera.Ver artículo... Fuente Artículo
Información: Diez años después del informe de la CVR: "Nunca olvidamos, nunca callamos" - 29/08/2013 11:39:48
"Cientos de deudos y víctimas llegaron hasta la capital para reclamar mayor atención del gobierno. Estuvieron en "El Ojo que Llora", en el municipio de Lima y en el Congreso de la República.La escultura "El Ojo que Llora" los juntó ayer: a los asesinados por Sendero Luminoso a machetazos en Lucanamarca, a Pedro Huilca, baleado vilmente por los agentes del Grupo Colina, a los masacrados por militares en Raccaya, a los miles de policías y militares ejecutados por Sendero, y a los miles de desaparecidos. Sus rostros aparecieron en la memoria de las casi mil personas que se reunieron alrededor de la escultura y que, al igual que la piedra de la cual brota agua, derramaron lágrimas. Se reunieron alrededor de "El Ojo que Llora" para recordar a los que ya no están, pero están. Una de los presentes es Mercedes Leiva Gálvez, quien busca a su esposo Modesto Huamaní Cosinga desde el 17 de marzo de 1990, cuando los militares se lo llevaron de su casa en la comunidad huancavelicana de Carcosi, dejando sin padre a diez niños.
PARA NO OLVIDARLOS
Han pasado diez años desde la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El 28 de agosto del 2003 el presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, y los miembros de ese grupo de trabajo presentaron los nueve tomos de este documento ante el presidente Alejandro Toledo. Desde entonces las historias de dolor perduran, las heridas no han cerrado y tampoco se ha logrado la reconciliación nacional aunque la construcción de la memoria se mantiene vigente. En la víspera, deudos de las víctimas del conflicto interno que azotó al país entre 1980-2000 llegaron desde diversos rincones del país al monumento "El Ojo que Llora", en Jesús María.
Desde ese lugar, un grupo se dirigió a la Municipalidad de Lima, donde se realizó una sesión solemne en la que se entregó la Orden de Mérito Municipal en el Grado de Gran Cruz a Angélica Mendoza de Ascarza, conocida cariñosamente como "Mamá Angélica", una mujer que viene luchando desde hace 30 años para encontrar a su hijo desaparecido en los primeros años del terrorismo. Los presentes se pusieron de pie ante la madre símbolo de las víctimas del terrorismo, mientras la alcaldesa Susana Villarán le otorgaba el reconocimiento. Los aplausos fueron interminables; entre los invitados se encontraban regidores, ex miembros de la CVR, monseñor Luis Bambarén, y otras autoridades.
"Nunca sabemos dónde están los restos de tantos desaparecidos, pero hemos recibido ayuda. Por eso agradezco a las autoridades en la capital, porque en Ayacucho no encontramos apoyo", manifestó Angélica Mendoza.
Con más de 80 años de edad, "Mama Angélica", madre de ocho hijos, se ha convertido en uno de los tantos ejemplos de fortaleza que dejó este doloroso conflicto. La noche del 2 de julio de 1983 su vida cambió completamente: efectivos del cuartel Los Cabitos, en Ayacucho, entraron a su casa y arrancaron a su hijo Arquímedes de sus brazos.
A la mañana siguiente acudió al cuartel y ahí comenzó su calvario. Hasta hoy no sabe dónde está. Pero no pierde las esperanzas. Ella y otros deudos fundaron la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), que el próximo 2 de setiembre cumplirá 30 años de existencia.
RECOMENDACIONES
El informe de la CVR causó un fuerte impacto en la opinión pública, y aún hoy genera debate y polémica en diversos sectores de la sociedad, al establecer que durante 20 años la cifra de víctimas suma 69,280, cuando hasta antes de su presentación los balances oficiales señalaban hasta unas 25.000 víctimas.
El ex presidente de la CVR Salomón Lerner Febres también recibió la Orden de Gran Cruz del municipio metropolitano. Con el lema "Nunca olvidamos, nunca callamos" Lerner Febres inició su discurso, tras recibir este reconocimiento, reafirmando su compromiso para que haya más avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión. "Diez años después de este informe es mucho lo que se ha logrado en la preservación de la memoria. Al aceptar esta medalla, reitero el compromiso asumido hace ya doce años. Hoy me permito solicitar que se unan en esta tarea de preservar esta memoria", expresó.
Uno de los grandes temas pendientes ,dijo Lerner Febres, es el caso de las víctimas desaparecidas donde "se ha avanzado poquísimo, es un tema con una carga muy fuerte" sobre la labor del Estado peruano para ubicar a los más de 13,000 desaparecidos que se presume estarían sepultados clandestinamente en unas 4,000 fosas comunes.
A su turno, Villarán se comprometió a que antes de dejar la alcaldía de Lima todas las escuelas tengan una copia del informe. "La impunidad no es compatible con la democracia, (…) por ello tenemos que identificar a los responsables para alcanzar la reconciliación, determinar las sanciones a los mismos resulta imprescindible, esclarecer la verdad es necesaria, así como reparar a todas las víctimas sin distinción. Es un deber moral impostergable", señaló.
VISITA AL CONGRESO
Mientras un grupo recibía el homenaje de la Municipalidad de Lima, una delegación de deudos llegó hasta el Congreso de la República, donde se reunieron con el presidente Fredy Otárola, ante quien reiteraron su pedido para un pronto cumplimiento del plan de reparaciones económicas, en educación, en salud y en vivienda.
Momentos antes, la delegación fue recibida por los congresistas José Urquizo Maggia y Jhon Reynaga Soto, en cuya reunión solicitaron que se declare todos los 28 de agosto como el "Día Nacional de las Víctimas de la Violencia".
El presidente de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia, José Sayán, afirmó que ello servirá para que todos los peruanos recuerden ese día los episodios nefastos de nuestra historia nacional reciente.
CEREMONIA DE RECUERDO
En la tarde, cientos de deudos de las víctimas volvieron a "El Ojo que Llora" para la ceremonia conmemorativa. Muchos habían llegado con sus vestimentas típicas desde pueblos alejados de Ayacucho, Huancavelica o Cusco. En total fueron delegaciones de 18 regiones del interior del país unidas por el mismo dolor.
En el lugar, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, lamentó la ausencia de representantes del Ejecutivo y reiteró el pedido para que el Estado repare a todos los deudos.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recalcó que su institución seguirá luchando para que el Estado cumpla con las reparaciones. Indicó que el gobierno ha avanzado en las reparaciones colectivas del 33% de las víctimas, lo que representarían cerca de 29 mil víctimas.
No obstante, resaltó que respecto a la búsqueda de desaparecidos "no tenemos un plan de investigaciones" que permita la recuperación de estos restos y de entrega que tenga "un sentido más humanitario".
En el acto también se hicieron presentes los representantes de los deudos, quienes, en castellano y quechua, pidieron que el gobierno cumpla con atenderlos.
La demanda era de todos pese a que el viceministro de Justicia, José Ávila, recordara en la mañana que el gobierno invirtió más de 160 millones de soles para las reparaciones. "Hasta el momento, son 29 mil 392 beneficiarios; cada lista tuvo diferentes cantidades. Las listas 1 y 2, gestionadas en el gobierno de Alan García, fueron de 5 millones de soles, mientras que de la 3 a la 9 durante el mandato del presidente Ollanta Humala", apuntó el viceministro José Ávila.
Culminada la ceremonia en "El Ojo que Llora", los deudos iniciaron una marcha hasta la Plaza San Martín, en donde la municipalidad de Lima rindió un homenaje. Con antorchas en forma de cruz y con el canto de Manuelcha Prado recordando los nombres de los desaparecidos, todos ingresaron a la plaza. Ayer, en esa plaza estuvieron presentes las 69 mil almas que registró la CVR. No faltó ninguna.
TESTIMONIO
Alfredo García. El 4 de setiembre de 1983 los terroristas llegaron a mi casa, en la comunidad campesina de Raccay, en Canarias, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho. En eso buscaron a mi papá Gonzalo García Aroquinco, que tenía 52 años; éramos cinco hermanos y yo estudiaba en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Los terroristas obligaban a todos a reunirse en la plaza para que les hablen, pero mi papá no les quiso hacer caso. Él había sido juez y gobernador. Los terroristas se amargaron y lo sacaron a la fuerza y lo mataron a pedradas delante de mi mamá y mis hermanos, a pesar de que les pedimos que no lo hagan. Solo me enteré de su muerte después de veinte días, porque en esos años la comunicación era difícil. Todos tuvimos miedo a los terroristas, pero también al Ejército. Por eso nos vinimos a Lima, dejamos nuestra casa, animales y chacra. Después, cuando los terroristas volvieron, incendiaron todas nuestras cosas.
Fuente: La República
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Que opina? Anfasep: Sería importante que Humala visite Ayacucho y declare La Hoyada como Santuario de la Memoria - 28/08/2013 15:39:51
" Ideeleradio.- Sería un gesto importante que el presidente de la República, Ollanta Humala, visite Ayacucho y declare la zona de La Hoyada como Santuario de la Memoria, sostuvo la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos Y Desaparecidos (Anfasep), Adelina García.Fue al comentar las declaraciones del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila, quien no descartó la posibilidad de que el mismo Ollanta Humala exprese, a nombre del Estado, las disculpas públicas a las víctimas de la violencia que afectó el país entre 1980 y el 2000.
"Ojalá que el presidente de la República, Ollanta Humala, visite Ayacucho y declare a la zona de La Hoyada como Santuario de la Memoria. Eso sería muy importante para los familiares porque nosotros mismos hemos encontrado los restos de nuestros familiares, ni para siquiera darle cristiana sepultura y muchas mamás ,sin saber nada de sus hijos y siempre preguntando por ellos, han fallecido", declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Entonces, sería una reparación tan grande para nosotros que se declare Santuario de la Memoria ese sitio, sería algo simbólico. El Gobierno de repente con eso, ya nosotros nos daríamos cuenta que sí está con nosotros, que sí está con las víctimas, pero ahora que nos da la espalda, siempre estamos pensando que estamos discriminados como personas quechuahablantes, entonces ojalá que se haga esto", manifestó.
Queremos recordar a nuestros familiares
En otro momento, resaltó la importancia que tendría para las víctimas de la violencia interna en Ayacucho que se declare La Hoyada como Santuario de la Memoria. Informó que días atrás su organización hizo en esa zona un acto simbólico.
"Nosotros queremos que se haga este santuario para ahí llevar un ramo de flores en nombre de nuestros familiares desaparecidos, porque muchas personas sabíamos que estaban detenidos en el cuartel, entonces de ahí lo desaparecieron. Allí en La Hoyada había un horno, había muchas fosas comunes en donde muchas familias han hecho sus casas, quizás algunos nunca vamos a encontrar ni siquiera los restos de nuestros seres queridos, ¿cuántas personas sabe Dios habrán sido quemadas? Es esta razón es que reclamamos este Santuario de la Memoria en La Hoyada", subrayó.
"Anteayer todas las victimas hemos ido a La Hoyada. Todas las víctimas que hemos participado en el encuentro internacional que hemos realizado, simbólicamente hemos declarado como Santuario de la Memoria [La Hoyada], pero nosotros necesitamos palabras del Gobierno del Estado", enfatizó.
Esperamos que nos reciba Fredy Otárola y no sus asesores
Finalmente hizo una invocación para que sea el mismo presidente del Parlamento, Fredy Otárola el que los reciba hoy en el Congreso de la República y no algún personal alterno.
"El presidente del Congreso de la República, Fredy Otárola, va a recibir a una delegación en el Congreso, ojalá que se haga realidad, porque a veces nos dice que nos van a recibir y a veces nos mandan a sus representantes, nada más o algún asesor", concluyó.
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