Gestión Pública del Perú y el Mundo: DISCREPANCIAS REGULATORIAS EN EL GABINETE y RED MAFIOSA QUE EN EL SENO DEL PODER EJECUTIVO DE EVO MORALES

Es Noticia, DISCREPANCIAS REGULATORIAS EN EL GABINETE - 07/03/2014 14:47:09

" La semana pasada, cuando asumía el gabinete Castilla, digo, Cornejo, existían dos opiniones divergentes sobre el rol que algunos ministros cumplirían en el gabinete. Comencemos por lo que señalaba Rosa María Palacios:
Producción tenía un enfrentamiento abierto con la Sociedad de Pesquería; y en Energía y Minas, las quejas empresariales por la dilación burocrática son harto conocidas. En ambos sectores, Castilla quería hacer cambios hace tiempo con ministros que sean magníficos tecnócratas, pero en la justa alineación con el MEF. La salida de Villanueva ha sido faena redonda para Castilla. Coloca en la PCM a alguien con quien puede trabajar sin problemas. Saca del gabinete a los que daban molestias y coloca tres nuevas caras (Producción, Energía y Minas, Agricultura) controlando todos los sectores productivos.
En el mismo diario, Juan Carlos Tafur anotaba:
Si bien no ha sido un triunfo absoluto de Castilla, porque se le ha puesto al costado a alguien que le va a respirar en la nuca y va a ser un permanente recordaris de que su salida es posible (Piero Ghezzi es un economista no solo de mayores credenciales profesionales sino que ya tuvo un encontrón con el actual titular del MEF), la reiteración de su poder marca una clara definición del Ejecutivo. Y guarda perfecta armonía con el nuevo gabinete.
Pues bien, rápidamente los acentos parecen marcarse en dos de las carteras anotadas por Rosa María, aunque más en el sentido en el que apuntaba el director de Exitosa Diario. Vayamos por partes.
Como sabrán, desde el inicio del actual gobierno, el Ministerio de la Producción - en particular, durante la gestión de Gladys Triveño - comenzó a ajustar la regulación en el tema pesquero. Paralelamente IDL - Reporteros ha sacado una serie de reportajes sobre pesca negra y las presiones de diversas empresas (así como del gremio que las agrupa) para evitar los ajustes regulatorios que dio Triveño.
Cuando la ministra fue relevada por Humala, conversó con Milagros Salazar, periodista de la mencionada página web que trabajó esta serie de reportajes. Y allí le dijo las presiones gremiales y periodísticas que debió afrontar. Aquí unos pasajes de la conversación:
Cuando usted asumió el cargo encontró un ministerio acostumbrado a consultarle a los empresarios y que éstos digan "qué va a salir y qué no", según dijo a IDL-R.
Encontré un gremio empresarial acostumbrado a influir en el ministerio. Y lo único que hemos hecho es diferenciar roles. Ustedes empresarios tienen un rol importante que cumplir, nosotros tenemos que ordenar, regular, defender los intereses de todos los peruanos. No hemos dado concesiones políticas como ellos están acostumbrados. La mejor evidencia es la ley de cuotas, que les regaló las cuotas de pesca. Esas cuotas que valieron 67 millones de dólares por punto porcentual y por las que ahora están ofreciendo 80 millones de dólares. Si el ordenamiento fuera una porquería, esos inversionistas no vendrían al país. Si había un sector económico con una gran desigualdad era el sector pesca. Los recursos del mar peruano están en manos de ocho empresas. Y para los otros no hay forma que la situación cambie porque ellos (los empresarios) se han asegurado que así sea.
(…)
Rafael Rey aprobó la ley de cuotas pagada por las empresas y después fue condecorado por la SNP.
Y como él pueden haber más. O los condecoran o después los convierten en socios o gerentes. Una vez a uno de los representantes de estas empresas le pregunté por qué (esa reacción ante el ordenamiento). Y me dijo: nos había costado tanto tiempo tener la capacidad de influir en el sector, y de pronto tú llegas sin ser una experta y en dos meses nos quitas la capacidad de controlar el sector. Va a ser muy difícil que te lo perdonen.
Probablemente se lo dijo Humberto Speziani (asesor de TASA), quien es el que tiene más experiencia y mostró su desacuerdo con un ataque tan confrontacional contra usted.
Con la experiencia que tiene, él se puede dar licencia para decir lo que piensa. Es uno de los representantes de las empresas con el que he tenido una de las conversaciones más gratas hasta que el mismo gremio se molestó con él por tener contacto con nosotros. Entendí que todo se trataba de rentabilidad porque con el ordenamiento las empresas tenían que invertir más combustible para pescar. Un día en una reunión, uno de los ocho (empresarios) de manera muy ofuscada me dijo: ¡Por qué crees que no bajo! Me cuesta 75 mil dólares bajar mi barco al sur en vez de estar pescando en el norte donde es más fácil y después tengo que pagar más combustible y más a la tripulación. En cambio si puedo pescar en las primeras millas gasto menos. Su lógica es la de la mayor rentabilidad. Así los acostumbraron. Y se trata del aprovechamiento de un recurso renovable por el cual no pagaron nada y por el cual pagan derechos de pesca ridículos.
(…)
¿Cómo cambió la relación con los empresarios luego de que Elena Conterno, una ex ministra de Producción como usted, decidiera saltar al otro lado del escritorio como vocera de la SNP?
Cambió la estrategia. Al inicio publicaban avisos y eso era transparente porque quedaba claro que era algo pagado, pero luego empezaron a sacar editoriales. Fritz Du Bois (director de El Comercio), tendría que decir: Yo he sido director de Austral (una de las empresas pesqueras más importantes del país) y mi esposa Cayetana Aljovín es gerente general de la agencia de comunicación (Llorente&Cuenca) que maneja la cuenta de la SNP. Nunca le dije a Beto Ortiz porque no creo que él haya estado metido en estas gestiones, pero el grupo empresarial Enfoca también es dueña de la pesquera Diamante, y tiene acciones en Frecuencia Latina (canal en el que se invitó a varios voceros que atacaron a Triveño).
Pues bien, con la salida de Triveño, se temía que este tema se perdiera. Pero, sorprendentemente, Piero Ghezzi señaló, en una serie de entrevistas que ha dado en las últimas 24 horas, que mantendrá la política de su antecesora e, incluso, podría ir más allá. Vía (curiosamente) El Comercio:
"Lo que hay que hacer para que se cumpla (el decreto) es dotar de recursos a las unidades que garanticen el cumplimiento de la ley. Eso significa, casi inevitablemente, el aumento de los derechos de la pesca que son muy bajos. La pesca paga una renta pesquera, un derecho de pesca de seis dólares por tonelada métrica, que es bajísimo", sentenció.
Ghezzi, además, ha ratificado al viceministro de Pesquería que venía de la gestión Triveño. E indicó a La Mula que la política regulatoria sobre pesca no se va a cambiar. Más claro ni el agua.
Pero si ese anuncio redoblaba las cuotas de valeriana helada en la Sociedad Nacional de Pesquería, ayer, en otro gremio, estaban más bien felices. La Sociedad Nacional de Hidrocarburos presentó su Libro Blanco, con la presencia del nuevo ministro, Eleodoro Mayorga. Y allí se hizo el siguiente anuncio (vía La República):
"Ya existe el Decreto Supremo 054 que reduce los plazos y disminuye los períodos de decisión, que ha sido muy bien recibido por ustedes. Y, además, hoy puedo anunciar que respecto al reglamento ambiental de hidrocarburos ya se han logrado algunos consensos", dijo Mayorga refiriéndose a los avances en el destrabe de inversiones.
Entre los consensos, destacó el acuerdo de eliminar los estudios de impacto ambiental para los sondeos sísmicos de exploración petrolera. "La industria tiene buenas prácticas y estándares internacionales bien establecidos. La idea es pasar de la tramitología a la acción; porque toda compañía que quiere conseguir financiamiento para la exploración y explotación debe cumplirlos", explicó.
A partir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento el ministerio pedirá una declaratoria para que puedan comenzar los trabajos.
El anuncio cayó como un balde de agua fría en diversos sectores. Como registra Spacio Libre:
"Esta decisión política de MINEM en excluir de los EIA a las actividades de exploración petrolera tiene que ver con una direccionalidad en acelerar los proyectos de inversión estancados en los últimos años.
Ahora, la pregunta es; cuánto de estas actividades sísmicas, movimiento de tierra, ingreso de personal, ruidos, etc afectan a las comunidades bióticas y sociales en las zonas de influencia de estos muestreos. Yo creo que al menos se provoca desplazamiento de poblaciones animales y sobre todo, y eso es lo peor, contacto con poblaciones de indígenas en aislamiento voluntarios (al menos en zonas en donde AIDESEP o IBC registran conflicto con actividades petroleras)."
Así lo considera Mirbel Epiquién, past president del Colegio de Biólogos de Amazonas y conocedor de lo que existe en materia de biodiversidad en la amazonía peruana. Epiquién también se preocupa en la parte legal. En contacto con Spacio Libre señala que "teniendo en cuenta el principio precautorio en la gestión ambiental, en donde MINAM es el sector competente, cuánta responsabilidad y quién asumirá las consecuencias de eventuales accidentes ecológicos o sociales (contacto con poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, por ejemplo). Eso debe estar claro, sino todos se lavarán las manos luego", concreta.
Pero quizás la respuesta más contundente es la dada hoy por Claudia Cisneros quien, además de apuntar al ministro Mayorga, le toma cuentas a Beatriz Merino, lideresa del gremio petrolero - gasífero. Aquí los párrafos más importantes:
Vaya coincidencia con el libro Blanco de Beatriz Merino, hoy apoderada de los extractivistas, que dice en su p. 159 ¨Como se aprecia, para el inicio de las actividades de exploración se requiere necesariamente que el proyecto cuente con un EIA aprobado, sin considerar (pese a encontrarse regulado) la posibilidad de presentar tan solo una DIA; incluso en determinadas actividades de exploración, como el caso de la sísmica, que suelen generar impactos ambientales poco significativos.¨
(…)
Pero no solo eso. En la p. 102 dice el libro de Beatriz: ¨Lo señalado permite concluir que el Senace, válidamente debe implementar una Ventanilla Única para los EIA-d. Sin embargo, el rol de las autoridades sectoriales ambientales, debe aspirar a establecer una Ventanilla Única para los otros tipos de licencias ambientales y sociales.¨
En simple, propone Ventanillas Únicas en los sectores ambientales de otros ministerios, claramente en Energía y Minas. Desnaturalizando el concepto de Ventanilla Única del SENACE, órgano autónomo del MINAM, y yendo en contra de lo que ella misma planteó como Defensora del Pueblo en el Informe Extraordinario de Los Conflictos Socioambientales por Actividades Extractivas (2007), acápite 6.1, Recomendaciones para el Estado:
¨Reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental mediante la creación de una autoridad ambiental independiente de los sectores, con peso y responsabilidad política(…) En otras palabras, los ministerios constituyen parte interesada en la realización de actividades económicas de su ámbito, lo cual, en cierta medida, los condiciona al momento de la evaluación ambiental y hace más difícil cumplir con su papel de supervisor y fiscalizador de la observancia de las normas ambientales.¨
Ojo que la norma puede generar varias protestas. Sobre todo en la selva donde, según nos refieren algunas fuentes, ya el ambiente está bastante movido en torno a las inversiones de hidrocarburos. Y aún no se tiene una respuesta del Ministerio del Ambiente al respecto.
Vistas así las cosas, la gran pregunta es: ¿cuál es la coherencia regulatoria en el gabinete Castilla, digo, Cornejo?
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Interesante, RED MAFIOSA QUE EN EL SENO DEL PODER EJECUTIVO DE EVO MORALES - 05/12/2012 9:34:06

"El Presidente Evo Morales enfrenta el peor escándalo de corrupción que enloda a su gobierno desde que asumió el mando en 2006. Se ha descubierto una extensa red de funcionarios públicos de alto rango dedicados a la extorsión y al robo institucionalizado. Evo está "dolido" porque el clan mafioso, con ramificaciones en el Órgano Legislativo y Ministerio Público, operaba desde hace cinco años en las narices de los jerarcas del MAS.
La semana pasada fue desbaratada una banda de funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo y del Órgano Judicial que operaba desde el mismísimo Palacio de Gobierno. Los integrantes de la caterva no son delincuentes comunes sino prominentes abogados de un equipo jurídico del Estado a cargo de importantes procesos judiciales contra ciudadanos acusados de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
El controvertido clan ,integrado por hombres de confianza del entorno palaciego y autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico (Dircabi) , se convirtió en una especie de comando parapolicial dotado de amplios poderes para el matonaje judicial.
La pandilla de abogados del gobierno aterrorizaba a jueces y fiscales en los tribunales; torcía fallos a punta de amenazas, y esquilmaba a litigantes, procesados y detenidos indefensos mediante la exacción y la coacción descarada. El régimen del MAS fue advertido de la existencia del clan mafioso hace más de un año, pero se hizo de la vista gorda, actuó con negligencia y prácticamente fue obligado a investigar por la presión nacional y extranjera.
El escándalo se hizo público luego de que el ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, imputado por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico, denunció serias irregularidades cometidas en el proceso penal que enfrenta en Bolivia, y se declaró víctima de extorsión y robo de parte de burócratas de alto rango de los Ministerios de Gobierno y Presidencia.
Al empresario estadounidense, detenido desde hace 17 meses sin que se haya probado la acusación en su contra, le pidieron 50 mil dólares de coima a cambio de su libertad y posteriormente vendieron irregularmente sus bienes incautados por la oficina de Dircabi en la localidad de Montero. A Ostreicher le robaron 14 mil toneladas de arroz y 273 cabezas de ganado, entre otros bienes, estimó su abogado defensor Jerjes Justiniano. [1]
Ante la inacción del Ejecutivo boliviano, el gobierno de Estados Unidos inició gestiones diplomáticas y protocolares y habría enviado a un agente del FBI para que investigue la situación legal de Ostreicher. Posteriormente llegó al país el congresista republicano Christopher Smith para defender los derechos humanos del empresario; poco después el actor Sean Penn intercedió personalmente a favor de su compatriota; luego un alto funcionario diplomático envió un mensaje electrónico al Presidente para que tome consciencia de la gravedad de asunto, y por fin Evo Morales ordenó investigar en serio las denuncias.
"El Presidente esta conmovido, preocupado y dolido por esta situación, pero absolutamente firme en su decisión de actuar rápido; una vez que le ha llegado la denuncia con indicios importantes, el Presidente dio la instrucción directa" a los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana para que investiguen de manera personal el caso del estadounidense, comunicó la ministra de Comunicación Amanda Dávila.
El ministro Romero aclaró que la investigación comenzó hace siete meses porque "nos llamaba la atención el manejo irregular de bienes incautados a Jacob Ostreicher y el proceso judicial, absolutamente dilatado con muchas audiencias que no se desarrollaban".
Romero instruyó a su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez que atienda personalmente el caso, pero apenas "avanzábamos un trecho la investigación se caía, se perforaba; planificábamos un operativo y se frustraba o abortaba. Otra vez recolectábamos elementos para armar el rompecabezas, estábamos cerca de desarrollar un operativo, y resulta que otra vez se caía, otra vez algo se filtraba o algo no había funcionado", confesó el ministro.
Romero tenía dos opciones: echar a los funcionarios bajo sospecha o dejarlos actuar. "Si los echaba seguro que estaban trabajando en otro Ministerio y tal vez nos estarían persiguiendo ellos; y si los dejaba la idea era que se muevan para que establezcamos donde estaba la red. Eso nos enseñó la Policía, dejar moverse al objeto de la investigación".
El ministro despidió a uno de los acusados y dejó al otro "para ver cómo se movía". "En determinado momento de la investigación, el viceministro Pérez estaba en la mira. Empezaron a circular rumores y calumnias e intrigas contra él; intentaron sacarlo del camino acusándolo de estar interesado en proteger a narcotraficantes. Esa gente que ahora está detenida en su momento trató de alejarlo de la investigación a toda costa, y (ante la presión, Pérez) fue internado porque le reventaron tres úlceras", contó Romero.
Según diversas fuentes, contribuyó a la caída de la banda de extorsionadores el gobierno de Estados Unidos, y se dice que el trabajo del FBI fue clave. "Un agente de la FBI vino a Bolivia e investigó los nexos de los abogados que ahora están detenidos y recogió toda la información sobre la situación jurídica de Jacob Ostreicher", detalló un periodista de la cadena ABC News.
Sin embargo, el ministro Romero asegura que la agencia de inteligencia estadounidense nada tuvo que ver en el proceso de seguimiento, pesquisa y aprehensión de los integrantes de la red, y que el esclarecimiento del caso fue realizado íntegramente por la Policía boliviana. [2]
El clan al descubierto
Se descubrió que lideraban la banda de extorsionadores el director de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y el director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya. En segunda línea figuraban el abogado del Ministerio de Gobierno Denis Rodas Limachi, el asesor de la Fiscalía de Santa Cruz Gustavo Céspedes Rosales y los funcionarios de Dircabi Hugo Franklin Pedraza Suárez, Eduar Stepane Bellido y Ramiro Ordoñez López, entre otros.
Rivera trabajó cerca de seis años en la Contraloría, fue contratado como abogado del Ministerio de Gobierno en la gestión del ex ministro Alfredo Rada (2007-2010), y continuó en funciones en las administraciones de Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).
Antezana Pinaya fungió como abogado del Ministerio de Presidencia desde la gestión de Oscar Coca, y siguió con Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Fue contratado por el ex viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez en octubre de 2008 y llegó a ser director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
"Antezana tenía como función el registro, la sistematización y la estadística de gestión pública de los ministerios. Era un acumulador y organizador de información, y se supone que tenía un trabajo científico, técnico y hasta burocrático. Cuando fui Ministro de la Presidencia ya estaba trabajando; no tengo quejas de él, cuando le pedía informes, me cumplía rápidamente, entonces uno no sospecha que se dedicaba a extorsionar", declaró el ministro Romero a la red Erbol.
"Antezana era un buen funcionario, respondía bien por su trabajo, pero obviamente nadie conocía de la gravedad de los hechos en los que estaba involucrado", rememoró el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce Zaconeta, tras admitir que Antezana es su concuñado. [3]
Aprovechando el enorme poder político que ostentaban en su condición de representantes oficiales del Estado, Rivera, Rodas y Antezana se dedicaban a la persecución política y a la detención irregular de presuntos delincuentes y líderes de la oposición, recurriendo incluso a la manipulación de jueces. Cuentan que la caterva infundía miedo y aterrorizaba a jueces, fiscales y litigantes.
Los miembros de la pandilla gubernamental intervinieron en bullados procesos judiciales, como por ejemplo el caso Caranavi, oportunidad en la que persiguieron penalmente a los abogados de los familiares de dos jóvenes asesinados por la Policía. Además, fueron parte querellante contra los refugiados peruanos Hugo y Williams Minaya, acusados de terrorismo en 2011.
Rivera, Rodas y otros integrantes de la red mafiosa también se vieron involucrados en la brutal represión a la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, y representaron al Ministerio de Gobierno en el juicio que le inició Carlos Romero a la diputada del Movimiento sin Miedo (MSM) Marcela Revollo por los supuestos delitos de instigación a delinquir y sedición. [4]
Por otro lado, el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico aseguró que uno de los principales articuladores de la red mafiosa es Boris Villegas, ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y actual funcionario del Ministerio de Transparencia. [5]
Reportes de inteligencia apuntan a Villegas como parte de la organización delictiva, ya que trabajó con Rivera y Rodas en varios casos irregulares, como el del ciudadano peruano José Cantoral, corroboró el viceministro Jorge Pérez. Franz Bustos Gutiérrez, abogado defensor de los peruanos Minaya, confirmó que Villegas, quien fungía como director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, intentó extorsionar a sus clientes y lo amenazó de muerte en una audiencia de medidas cautelares. [6]
Desde que se conocieron las incidencias de la escandalosa extorsión a Jacob Ostreicher en una clínica en Santa Cruz [7] proliferan las denuncias. Se supo que la red mafiosa pidió 30 mil dólares a la colombiana Claudia Rodríguez, socia de Ostreicher, a cambio de que no sea trasladada del penal de Palmasola al Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz. [8]
Además, la hija del ex ministro de Gobierno Guillermo Fortún (+), procesado por recibir dinero de gastos reservados en el gobierno de Hugo Banzer, dijo haber pagado al menos 20 mil dólares a la red de extorsionadores liderada por Rivera y Rodas.
Con esos antecedentes, los fiscales del Ministerio Público acusaron a los miembros de la banda de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz José Zubieta ordenó la detención de Fernando Rivera y Dennis Rodas en celdas de la FELCC, y envió a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz a José Manuel Antezana y a Gustavo Céspedes Rosales. Los ex funcionarios de Dircabi Erland Bellido y Franklin Pedraza fueron favorecidos con medidas sustitutivas.
Céspedes reveló que el fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez se reunió en varias oportunidades con Rivera y Rodas en el despacho de la Fiscalía de Distrito para planear actos delictivos. Rivera y Rodas "tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar a los jueces", y los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo obedecían sus instrucciones y emitían fallos "de acuerdo a su conveniencia", denunció Céspedes, uno de los primeros detenidos en Palmasola. [9]
En cuestión de días Isabelino Gómez pasó de testigo a denunciado, y el fiscal general del Estado Ramiro José Guerrero Peñaranda instruyó la apertura de un proceso disciplinario y otro penal en su contra, y ordenó investigar a otros fiscales sospechosos. Resultaron involucrados los fiscales Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, Lumia Acho Pinto, Ángelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo, todos denunciados por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, peculado y uso indebido de influencias.
El 3 de diciembre el ex fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez fue detenido en Sucre y posteriormente recluido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de Santa Cruz, acusado de influir en una decisión judicial para mantener tras las rejas a Ostreicher. (ABI)
El estadounidense Ostreicher parece ser una de las últimas víctimas de la red mafiosa, y hasta el momento se sabe que están involucrados ex funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, además de ex empleados de Dircabi, jueces y fiscales. No obstante, "los más altos niveles del gobierno deben informar a la población hasta donde extendió sus tentáculos esta organización mafiosa; el país necesita saber si hay gente de otros niveles o de otras instancias que están involucradas", exigió el dirigente nacional del MSM Edwin Herrera.
El ministro Romero aseguró que la lista de las nueve personas involucradas no está cerrada y la investigación continúa: "La lista se irá completando a medida que la investigación avance… De repente un primer capítulo se ha esclarecido con la participación de funcionarios públicos del Ejecutivo, pero no se cierra todo el círculo, y podría haber alguien más… Otro capítlo se inicia ahora, y posiblemente será más tenebroso y generará más terremoto que la anterior semana… Sé que nos metimos en algo grande…".
La moraleja
El descubrimiento de la red mafiosa que operaba en el seno mismo del Poder Ejecutivo, además de sacudir a la opinión pública nacional, puso al descubierto el talante moral del gobierno y de la justicia boliviana y evidenció que los "socialistas plurinacionales" son tan o más corruptos que los "neoliberales pro imperialistas".
En primer lugar, resulta difícil creer que "cuatro ministros de gobierno que tienen a sus asesores directos involucrados en extorsión indiquen que "no conocían el caso. Entonces Romero no manejaba su ministerio, como sucedió con Llorenti y Quintana, quienes más bien fueron premiados. No vaya a ser que Romero acabe como embajador en algún país", ironizó el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz Roly Aguilera.
"Al parecer, la inteligencia del Ministerio de Gobierno está lejos de esta repartición de Estado porque ha sido incapaz de detectar la actuación delictiva de sus funcionarios durante más de cinco años. ¿Incapacidad o complicidad?", cuestionó el diputado de Convergencia Nacional (CN) Alex Orozco.
No hay que olvidar que Fernando Rivera, entre otros miembros de la red mafiosa, "no actuaba por su propia ocurrencia personal; él lo hacía apadrinado por el gobierno y eso es lo que hay que desnudar. Cuando el gobierno sale y dice "los estamos poniendo en la picota a estos corruptos, en realidad esos corruptos de los cuales ellos quieren rasgarse las vestiduras son sus hijos que fueron avalados por ellos", juzgó el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín. [10]
En segundo lugar, subrayó Albarracín, "más allá del hecho de corrupción están las múltiples denuncias sobre cómo los funcionarios del Ministerio de Gobierno dirigían el curso de las audiencias en los tribunales de justicia, con la anuencia del gobierno; ha quedado al descubierto que quien administra justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino por decisión gubernamental".
Para Aguilera "lo que está claro es que el proceso judicial contra supuestos terroristas (líderes autonomistas de Santa Cruz) se ha convertido en terrorismo de Estado; el caso Ostreicher demuestra que todo es un montaje y que los procesos han servido para llenar de dinero las arcas de funcionarios del gobierno... Queda comprobado el mecanismo y el sistema implantado por altos funcionarios del gobierno para extorsionar sistemáticamente a los ciudadanos".
Con estos antecedentes, la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, que está siendo analizada en el Tribunal Constitucional, solo serviría para que funcionarios de gobierno hagan "uso y abuso" de los bienes incautados, consideró el jefe de la Bancada de CN en Diputados Luís Felipe Dorado.
La tercera lección que deja este bochornoso suceso es que la tan mentada cacería de corruptos, "caiga quien caiga", es un eslogan más de un gobierno acostumbrado a obrar de manera totalmente contraria a lo que predica.
El diputado de CN Roy Moroni propuso conformar una comisión legislativa multipartidaria para recolectar denuncias e investigar a los funcionarios públicos acusados de corrupción, pero el jefe de bancada del MAS Roberto Rojas y el senador oficialista Adolfo Mendoza descartaron esa posibilidad con el argumento de que "podría entorpecer" la labor del Órgano Judicial y "politizar" la pesquiza.
El 29 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación recomendando al Fiscal General iniciar una investigación "diligente, pronta y oportuna, sin favoritismo de ninguna naturaleza", con el fin de identificar a todos los implicados en el hecho delictivo. Los diputados instaron a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo a coadyuvar en todas las investigaciones.
Quintana informó que el Ministerio de la Presidencia recibirá denuncias sobre las actividades ilegales y el tráfico de influencias de la red delictiva en Santa Cruz, mientras que el Ministerio de Gobierno también convocó a los afectados a presentar sus denuncias en la Unidad de Transparencia de esta Cartera de Estado. Romero recalcó que su intención no es suplantar las funciones de la ministra Suxo, sino colaborar en la investigación.
Resulta que la zarina anticorrupción, que ni siquiera se enteró de que un clan mafioso se enriquecía en las narices del Presidente, ahora amenaza con procesar por "cohecho" a las nuevas víctimas de la pandilla gubernamental que se animen a contar su verdad. Lo que pasa es que la ministra Suxo está vinculada al clan mafioso, afirmó el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, condenado a 12 años de prisión por corrupción, en una entrevista con la red Erbol.
Al parecer, los cabecillas de la red de corrupción y extorsión tienen padrinos muy poderosos en el Ejecutivo y, como dice el ministro Romero, "mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia", ya que las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales asignados al caso develan su intención de favorecer a los acusados.
En la madrugada del 1 de diciembre, el juez cautelar de la causa dictaminó en primera instancia que los cabecillas de la red mafiosa Fernando Rivera y Denis Rodas sean trasladados a la cárcel de Palmasola, pero, a pedido de los acusados y de manera expedita, determinó su reclusión en celdas de la FELCC, supuestamente para precautelar su integridad física.
Además, el juez favoreció con medidas sustitutivas al ex director de Dicarbi, pese a que estaba claramente comprometido con la red, y dejó sin efecto la imputación de organización criminal contra los cabecillas de la banda, alivianando enormemente la labor de su defensa.
El 4 de diciembre, el juez Juan José Zubieta dejó en libertad al fiscal de Sustancias Controladas de Beni Roberto Carlos Achá, quien habría forzado la acusación contra Jacob Ostraicher, además de obligar a un juez a cambiar una sentencia de libertad que favorecía al ciudadano estadounidense.
Según Romero, los jueces y fiscales asignados al caso Ostreicher enviaron "sin empacho" a la cárcel a ex funcionarios administrativos de Dircabi de mando medio, y "resulta que ahora a Palmasola no van los principales acusados que son tratados con mucho beneplácito".
"Esto no puede ser, esto no puede volver a pasar, la justicia en el país debe dar sanciones drásticas como ejemplo para que esta situación no se repita. La justicia ya estaba mal desde hace mucho, pero hoy lamentamos que sigue mal, que no va con ese ritmo de cambio histórico que vive el país; elegimos a nuestras autoridades judiciales, pero todavía falta cambiar ese entorno malicioso", vociferó el Vicepresidente Álvaro García Linera.
El Vice y Romero arremeten sin piedad contra los administradores del Órgano Judicial ,que supuestamente iban a revolucionar la justicia boliviana por el solo hecho de vestir polleras, calzar ojotas y haber sido elegidos por el voto popular,, y deliberadamente desvían la atención y ocultan lo más escandaloso del caso: Los jefes de la mafia no son jueces sino hombres de confianza del "entorno" más íntimo del Poder Ejecutivo.
La propia ministra de Comunicación Amanda Dávila reconoció que los mafiosos se infiltraron en altas esferas gubernamentales porque no existe un sistema de control e investigación para la contratación de funcionarios de alto rango en los diferentes ministerios. Recién ahora Suxo quiere confeccionar una base de datos de burócratas procesados por corrupción o por deudas.
Hasta hace poco se creía que Evo Morales era solo una víctima inocente del complot permanente de los "entornos" palaciegos, pero cada día surgen nuevas denuncias y el Presidente se enreda más en la telaraña de la mega corrupción. Lo último que se supo es que el Mandatario estaba enterado de las tropelías de sus abogados, pero, como se dice vulgarmente, se hizo el loco.
En agosto de este año, el alcalde de Warnes Mario Cronembold (MAS) informó personalmente al Presidente que Rodas y Rivera lo extorsionaron "usando un poder ratificado por el ministro Carlos Romero el 3 de febrero; el 20 de julio se querellaron contra mi persona y me acusaron (por legitimación de ganancias ilícitas); le pidieron a mi esposa 50 mil dólares, no lograron sacarme plata y me metieron preso". [11]
Cronembold reclamó al Presidente Morales y al ministro Romero: "Me siguen extorsionando, hasta cuándo voy a estar con esto; por último le dije al Presidente: "si soy culpable que me vuelvan meter preso; y el Presidente me respondió: "Aguante, yo aguanté 17 años de juicios y presiones y aquí me tienes de Presidente; y entonces, yo aguanté".
Notas:
[1] El 9 de septiembre de 2011, por orden judicial se incautó 20 mil toneladas de arroz depositadas en los ingenios arroceros San Jorge, Renacer, Oriental y Gonzales de Montero, pero ahora "sólo quedan seis mil toneladas. Además, el 8 de noviembre de 2011 el jefe departamental de Dircabi Juan Ríos Ocampo y el subteniente Ariel Ocampo vendieron 273 cabezas de ganado por 125 mil dólares. También hay que tomar en cuenta las propiedades y las fanegadoras. Ya todo está perdido", denunció Justiniano.
Miguel Ángel Gutiérrez Soliz se presentaba en los ingenios arroceros como responsable de Bienes incautados, "acompañado por Jorge Vaca Justiniano, Jorge Henry Chávez Medina, portando credenciales del Ministerio de Gobierno) y el abogado Redy Edwin Villarroel. Llevaban consigo una orden de cambio de depositario judicial del arroz a favor del señor Jorge Vaca Justiniano, quienes monetizaban el arroz en millonarias sumas de dinero", detalla un documento oficial al que accedió la red Erbol.
[2] Según Romero, el único antecedente del FBI relacionado con la indagación es un informe difundido en el blog de Jacob Ostreicher, redactado por el ex agente del FBI Stephen Moore, retirado de esa agencia en 2008. El ex agente compara a Evo Morales con Al Capone en los siguientes términos:" En 1928 en la ciudad estadounidense de Chicago, Al Capone controlaba casi todos los negocios con violencia e intimidación. Por ejemplo, uno de esos negocios bajo su control era la reparación de vehículos. Si un mecánico se mudaba a Chicago y abría un negocio sin la aprobación de Capone, había violado una norma muy seria. Y si el negocio era exitoso, las cosas eran aún peores para los propietarios. Si un negocio se abría en la ciudad y era exitoso, los negocios de Capone hacían menos dinero, y el jefe perdía los pagos que necesitaba. También, la sola existencia del nuevo negocio motivaba a los otros negocios a pagar dinero por la protección. ¿Qué hubiera hecho Capone? Hubiera destruido el negocio y al mecánico. Morales opera de la misma manera con emprendimientos capitalistas que ponen en peligro sus ideas socialistas. Él ha destruido muchas empresas y a sus ejecutivos por esa misma razón, una de esas empresas es COLIAGRO y Jacob Ostreicher".
[3] Héctor Arce reconoció que Antezana está casado con la hermana de su esposa, pero "no es ni pariente mío ni pariente de mi esposa, sino vendría a ser casado con una hermana de mi esposa". El diputado del MAS recalcó que nunca tuvo relación con Antezana, pero sí contrató a su hermano, Juan Manuel Antezana, cuando fungió como presidente de la Cámara de Diputados. (Ver planilla de sueldos adjunta).
[4] El país tiene que saber que los presuntos delincuentes y miembros de la red de corrupción fueron quienes iniciaron un proceso ante el Ministerio Público contra mi persona, usando grabaciones ilegalmente obtenidas, denunció Revollo. Paradójicamente, en el proceso que activó la diputada contra Romero y sus abogados por espionaje político, ninguno de ellos fue convocado a declarar.
[5] Ya se detectaron indicios de irregularidades en el accionar de los abogados, sobre todo Boris y Denis, durante las investigaciones del caso terrorismo y el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti fue alertado del caso, pero no le dio importancia, reveló Torrico a la red Erbol.
[6] Cuando llegué a la audiencia y los matones de Boris Villegas no me dejaban entrar para que mis defendidos estén sin abogado, hice un escando y salió Villegas. Yo lo conocía de vista, pero no tenía consciencia del poder que ostentaba; me dijo: "vos no sabes quién soy yo; exaltado le contesté de forma grosera y me amenazó: "Sin mover un dedo te puedo hacer aparecer muerto", relató Bustos a la red Erbol.
[7] Antezana fue el operador directo y cobró casi 10 mil dólares por la venta irregular del arroz decomisado al empresario norteamericano.
[8] Rodríguez no pagó la coima y fue trasladada a la ciudad de La Paz, donde sufrió tres paros cardíacos, denunció su abogado defensor Fabio Jofré.
[9] Diario El Deber de Santa Cruz.
[10] Red Erbol.
[11] Cronembold reveló en una entrevista concedida a la red Erbol que después de salir de la cárcel de Palmasola, se quejó al Presidente y al ministro Romero en un encuentro de alcaldes celebrado en agosto de 2012 en el Hotel Casa Blanca de Santa Cruz.
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Interesante, La temprana militarización de gobierno de Humala - 15/12/2011 14:32:32

" Allá los que no quieren ver, decía en un artículo mío publicado en Diario 16. Los signos de militarización del actual gobierno son evidentes. Para contrarrestarlos cuenta con áulicos y desinformadores por encargo que intentan negar lo innegable.Caretas, el semanario que dirigen Enrique y Marco Zileri, nos trae una crónica contundente escrita por Enrique Chávez. En ella nos da cuenta de la forma como se tejió, traicioneramente desde mi punto de vista, la salida de la izquierda y del propio Salomón Lerner así como los hechos concretos que llevan a señalar a Caretas que hay una ""temprana impronta militar del gobierno"". A continuación la crónica:
GALONES, SUDOR Y LÁGRIMAS
El sello militar, la cronología y los entretelones del recambio ministerial, las consecuencias congresales del distanciamiento con Toledo y detalles del pasado del premier Valdés Dancuart.Fue una de esas ocasiones en las que el grado de la crisis se mide por el punto de la conversación. Eran el carro y la seguridad del presidente Ollanta Humala aparcados en la entrada de la casa del premier Salomón Lerner en San Isidro, y no al revés. Rozaban las diez de la noche del viernes 9.Humala se sintió movido a visitar a Lerner, pero lo más probable es que buscara una última bocanada de oxígeno político que le permitiera al gabinete llegar al Año Nuevo. Bajo la manga, y la de su esposa Nadine, ya guardaba los nombres de los posibles recambios.Lerner había entregado esa tarde su carta de renuncia, consensuada con sus asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sinesio López, Manuel Dammert, Cecilia Israel y César Valega asistieron al almuerzo de emergencia convocado por Lerner.En su casa, Lerner le hizo los últimos reclamos al Presidente. Corría fuerte el rumor de un vídeo en el que se observaba a López, Dammert y Carlos Tapia, el otro asesor defenestrado en medio de una guerra de tuits con el misterioso Luis Favre, en conversaciones con la dirigencia de Patria Roja. Lerner se quejó. Él mismo les encomendó la misión. Era parte de la estrategia para aislar a Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, militante de PR y protagonista del lío del proyecto minero Conga.
Esta antesala del final transmite el nudo de tensión que terminó por tumbarse al gabinete Lerner. El premier sentía cada vez más que un aparato político alterno cercano al presidente recortaba su cancha de acción, al punto de hacerles seguimientos de Inteligencia a sus propios asesores.Como Lerner lo comentó entre amigos los días previos, ocurría lo que en una empresa cuando el presidente del directorio no le deja las riendas del día a día al gerente general. En parte, es la compleja relación entre los presidentes, o jefes de Estado, y sus primeros ministros, las cabezas constitucionales de gobierno.
Pero el recelo, que esta vez explotó tan rápido, conlleva aquí consecuencias todavía imprevisibles. Humala tuvo al nuevo premier, Óscar Valdés, como instructor durante sus días en el Ejército. Pero como el segundo lo reconoció, recién se reconectaron durante un viaje aéreo en el que coincidieron el año pasado y Valdés ni siquiera aceptó integrar su lista parlamentaria. Lerner, en cambio, fue el mentor y principal soporte político de Humala desde la campaña de 2006.
Entrevistada por CARETAS ese año, Nadine Heredia le asignaba un "papel importante" dentro de un grupo de cinco fundadores del que solo queda Daniel Abugattas.Era Lerner señalado como el concertador del gobierno, un empresario que tranquilizó al capital y tendía la mano a los actores de izquierda.CRONOLOGÍA DEL RECAMBIOTras la crisis generada con la renuncia de Tapia, Lerner le propuso a Humala una suerte de "segundo debut" en la PCM, con relevos ministeriales y su permanencia en el cargo. Apuntaban como fecha entre enero y febrero.
El Presidente aceptó pero donde no llegaron a un acuerdo fue en las carteras a renovar. Lerner puso sobre la mesa los despachos de Agricultura (Miguel Caillaux), Cultura (Susana Baca), Energía y Minas (Guillermo Herrera Descalzi) y Ambiente (Ricardo Giesecke). Humala quería despachos que habían tenido tintes más políticos, como Justicia (Francisco Eguiguren), Producción (Kurt Burneo), Mujer (Aída García Naranjo) y Trabajo (Rudecindo Vega).
Lerner no transó. Se comenzaba a vislumbrar su salida del gabinete. Luego llegó el desenlace de Cajamarca. Fue un acuerdo tomado en el gabinete de crisis que, agotada la vía del diálogo político, se imponía la salida de declarar el Estado de Emergencia. Pero a Lerner le quedó la sensación de que no se había jugado lealmente la primera posibilidad.La influencia de los aparatos de seguridad e Inteligencia se dejó sentir en Cajamarca.
En la mañana del domingo 4 el premier se dio con la sorpresa de que participaría en un desfile militar en la Plaza de Armas. Al momento de la negociación trunca, no solo Valdés ejerció una presión protagónica (CARETAS 2210) sino que también el presidente Humala era informado del desarrollo de las discusiones en tiempo real, de nuevo sin el concurso de Lerner, y ordenaba que se respondiera de tal o cual forma. CARETAS 2210 apareció el miércoles 7 con una premonitoria carátula que daba cuenta de la estrella ascendente del ministro Valdés. Ya su nombre era voceado como el próximo PCM entre el compacto círculo que rodea al primer mandatario.
En aquellos días se produjeron dos hechos adicionales que precipitaron la decepción del primer ministro: la detención preventiva del dirigente Gerardo Saavedra y el congelamiento de las cuentas del gobierno regional. En ninguna de las decisiones fue consultado Lerner y en ambas tuvo mucho que ver Valdés. Con respecto a las cuentas, el propio Luis Miguel Castilla, titular del MEF, reconoció que su sector tomó la decisión en respuesta a un informe enviado por el Ministerio del Interior.
Lerner ordenó revertir la situación pero ya había llegado a un acuerdo con Humala sobre su salida.Saldría de vacaciones desde el 20 de diciembre hasta fin de año. Luego, al volver, presentaría su renuncia los primeros días de enero.Todo indica que terminó por adelantar su decisión debido a que se enteró de que Humala se encontraba desde semanas atrás en pleno sondeo para encontrar nuevos miembros del gabinete. Luego de oficializar su renuncia convocó a una reunión de emergencia con los ministros para la mañana del sábado 9.Ahí les pidió a todos proceder con cautela y expresó su agradecimiento al Presidente.
A diferencia de Tapia, no se iría con un portazo. Humala le ha reiterado la posibilidad de que vuelva al Ejecutivo en un futuro. En conversaciones privadas, Lerner ha señalado que el gobierno ha tomado un rumbo que podría, o no, tener éxito. Tampoco descarta su retorno si el experimento termina en fracaso.
LA SALIDA DE TOLEDO
Uno de los rebotes más trascendentes con el cambio de once carteras se encuentra en el Congreso. Con Perú Posible fuera de juego se abre un gran signo de interrogación sobre el balance de poderes en Pasos Perdidos (ver Mar de Fondo).Alejandro Toledo ha insistido en que él no demandó ministerios para continuar con el apoyo al Ejecutivo.
Humala lo llamó el sábado para comunicarle de la recomposición del gabinete. Versiones provenientes de Palacio y del equipo saliente de la PCM coinciden en afirmar que fue el propio Daniel Abugattas, presidente del Legislativo, quien visitó a Toledo bien entrada la noche del sábado 10 en su residencia de Camacho. Es comprensible que el nacionalista viera con mucha preocupación la posibilidad de perder a un aliado fundamental pero no queda claro si afinó bien su coordinación con Humala. También es concurrente la versión del ofrecimiento de cinco despachos, lo que se antoja desproporcionado para los verdaderos planes del Presidente.
En la mañana del domingo Toledo se reunió con el estado mayor de Perú Posible (Carlos Ferrero, Juan Sheput, Marcial Ayaipoma, Carmen Omonte) e integrantes de la bancada de Alianza Parlamentaria como los acciopopulistas Víctor Andrés García Belaunde y Manuel Merino. Luego de más de una hora de debate decidieron terminar su identificación con el Ejecutivo. En la chakana reiteran que, por encima de la discusión sobre los ministerios, primó el criterio de no asumir el riesgo político que entraña el golpe de timón del gobierno.
El miércoles 30, Toledo y Lerner cenaron en el restaurante La Gloria y el entonces premier ya había mostrado su incomodidad con la influencia creciente de Valdés, el asesor Adrián Villafuerte y los organismos de Inteligencia. Días después, en Madrid, donde hacía escala en su retorno de Marruecos, Toledo declaró a la prensa sobre su preocupación en torno al Estado de Emergencia. Humala lo llamó para tranquilizarlo y le aseguró que el papel de los militares se limitaría al apoyo a la Policía.
LOS SOCRÁTICOS
El viernes 9, horas antes de que el gabinete hiciera implosión, Humala pronunció su discurso por el aniversario de la Batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinua. "Necesitamos revisar, para no politizar a nuestras Fuerzas Armadas, si se debe mantener el voto al personal militar", dijo. "Porque si votan, también tienen derecho a recibir visitas de políticos". También instó a "alejar a los guardianes socráticos de la nación, de la República, de lo que es la política del día a día, porque la tarea del soldado es superior… El soldado es como un sacerdote, que está más allá del bien y del mal; su único objetivo es mantener la tierra, nuestra tierra, por la que muchos han muerto".Tampoco hay que magnificar los términos bajo una lupa. En octubre último también se refirió a los periodistas como "guardianes socráticos" y los comparó, igualmente, con los religiosos.
Pero proponer eliminar el voto a los uniformados otorgado hace apenas seis años y volver al servicio militar obligatorio sí extiende la impronta castrense en el ejercicio del gobierno.La composición del nuevo gabinete no es un indicativo. Nadie podría escatimar las credenciales democráticas de nuevos ministros como Juan Jiménez (Justicia) y Luis Peirano (Cultura).
También se ha hecho notar que dos puestos antes ocupados por militares en retiro, Interior y Defensa, están ahora en manos de los civiles Daniel Lozada y Alberto Otárola. Ambos, claro está, hombres de confianza del premier, que es un militar retirado. Lozada, economista y empresario, era jefe del gabinete de asesores de Valdés en Córpac. Y Otárola era su viceministro.Como ocurrió en la pampa ayacuchana, la militarización puede medirse en un talante y un estilo.
La izquierda como jugadora en el procesamiento de los conflictos sociales ha sido descartada. Óscar Valdés Dancuart tiene experiencia como el llamado a poner orden. Su suegra, Vera Trebse de De Col, recurrió a él a mediados de los 90 para cumplir con esa tarea en la corporación ADC que, como tantas empresas familiares, experimenta períodos de desajuste. Valdés enderezó el conglomerado que se originó con minas, pero hoy tiene su fuerte en las molineras y fábricas de fideos. Luego, en su trabajo al frente de la Cámara de Comercio de Tacna y su posterior candidatura a la presidencia regional, mantuvo una tensa relación con los sectores de la zurda.
Ya como ministro, Valdés se esmeró en tomar el control de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) que, después de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a su vez muy próxima al presidente, es el órgano de inteligencia más poderoso del Perú. Rompiendo con la tradición policial, Valdés puso al frente de la Digimin a otro militar retirado, el coronel EP (r) Eduardo Arbulú Gonzales. A inicios de este mes, Arbulú presentó un informe a Valdés que implicaba al jefe de la Oficina de Administración de Palacio de Gobierno, coronel PNP Belermino Vásquez Guevara, en un sistemático robo del combustible asignado a los vehículos de la familia presidencial. Acompañó su informe con videos y fotografías de seguimiento.El pasado jueves 6, el diario La República reveló que Valdés ordenó la destitución de Vásquez. Este argumentó al mismo diario que el asesor presidencial Adrián Villafuerte, también militar retirado, utilizó la denuncia como un pretexto para reemplazar a los policías del resguardo presidencial con militares. Humala acaba de incorporar a personal de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en su custodia personal, pero todavía mantiene a un grupo de Seguridad de Dignatarios de la Policía.
Algunos personajes cercanos al Presidente observan todos los cambios con incertidumbre. En un país de complejidades peruanas, donde las demandas sociales se entremezclan con agendas radicales ,y el actual presidente fue quien más se aprovechó del escenario, es un trayecto casi natural para un gobierno pasar de la apertura política al ajuste del diálogo. Pero aquí las etapas parecen quemarse demasiado rápido, más por las ansias de resolver problemas casi inherentes al crecimiento que por un calculado diseño ideológico. El ruido de la calle y los números de las encuestas esbozarán las primeras respuestas. (Enrique Chávez) La Brigada de OllantaHumala acaba de incorporar a personal de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en su custodia personal, pero todavía mantiene a un grupo de Seguridad de Dignatarios de la Policía. El hecho ocurrió después de que la Digimin descubriera que el jefe de la Oficina de Administración de Palacio de Gobierno, coronel PNP Belermino Vásquez, estaba involucrado en un sistemático robo del combustible asignado a los vehículos de la familia presidencial.
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Interesante, Impacto: Pataleta roja contra Ollanta - 23/07/2011 22:19:00

" Patria Roja y Diez Canseco critican designación de Castilla en MEF
A sólo cinco días de asumir Ollanta Humala la presidencia del Perú, los sectores radicales e intelectuales de Gana Perú no dejan de expresar su histeria por la designación de algunos ministros de parte de su líder, como la de Luis Miguel Castilla en Economía y Finanzas. Hasta el Apra se sumó a críticas con ironía.
Y es que las credenciales del ex viceministro de Hacienda del gobierno aprista, como alto funcionario del Banco Mundial y ser promotor del D.S. 012, que produjo el ""frenazo económico"", pone los pelos de punta a sectores como Patria Roja, cuyo dirigente César Barrera ya demandó un compromiso público de que se cumplirá la hoja de ruta.
Sostuvo que la designación de Castilla sólo ha ""generado caras alegres"" en el sector empresarial.
El socialista Javier Diez Canseco (GP) dijo que hubiera preferido alguien con un mayor compromiso social. Sostuvo, además, que Castilla enfrenta el ""problema"" de intentar demostrar ""si se han dejado bombas de tiempo en el gobierno aprista o un paraíso terrenal"".
El historiador Nelson Manrique advirtió un ""conflicto abierto"" a la hora de aprobar Pensión 65 o Cuna Más, toda vez que el MEF tiene derecho a veto y son conocidos los antecedentes de ""duro"" de Castilla.
Mauricio Mulder (Apra) coincidió en esa posición al indicar que Castila es un ""ortodoxo de la economía"" y como ""cajero"" puede decidir ""no"". Y ""en eso, él es experto"", anotó.
Castilla aseguró que su designación es para darle prioridad a temas de inclusión social.
""Estamos trabajando en programas sociales para que sean congruentes con el crecimiento y estabilidad macroeconómica (...) El reto es mantener un crecimiento por encima del 6 por ciento"".
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Noticia, Viettel pide más tiempo para ingresar al mercado celular - 01/04/2011 10:49:24

"Viettel, la empresa ganadora de la licitación por la banda del.900 MHz, y que se convertirá en el cuarto operador móvil del país, ha solicitado un plazo adicional para firmar el contrato de concesión correspondiente. El viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, informó que la empresa originaria de Vietnam ha pedido postergar la firma hasta el 15 de junio al ente concedente en este concurso, vale decir, el Ministerio de Transporte y Comunica-dones (MTC). Hasta el martes de esta semana, se pudo confirmar que la empresa no había realizado gestiones ante Registros Públicos. Asu vez, en Osiptel indicaron que tampoco ha presentado credenciales como nuevo operador.
El Comercio-Negocios-B3
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