domingo, 6 de abril de 2014

EL CASO GAGO y Freno a corruptos

Interesante, EL CASO GAGO - 03/03/2014 12:05:48

" Julio Gagó era conocido, hasta hace pocos años, por imágenes como la que vemos arriba. Sus infomerciales, puestos en horarios para insomnes, lo hicieron conocido a nivel nacional. Y su popularidad explica, junto a su postulación con el fujimorismo, que ahora sea congresista de la República.
Desde hace algunos años, Jonathan Castro ha seguido la pista de Gagó, principalmente, en dos vías: división de la empresa Jaamsa en varios compartimentos para evitar el pago de beneficios sociales a sus trabajadores - paradójicamente, el congresista incluso ha sido presidente de la Comisión de Trabajo - y contratos de las subsidiarias con el Estado para evadir la Ley de Contrataciones.
Diario 16 siguió la pista y encontró que tres familiares de Gagó habían tenido contratos con el Estado. ¿El resultado? Una querella interpuesta por el congresista por un millón de soles. Mientras que la Comisión de Ética del Congreso archivaba las investigaciones en contra del parlamentario fujimorista.
Pues bien, desde hace dos domingos Castro ha redondeado las indagaciones y ha logrado confirmar que a) Gagó fragmentaba a su empresa para no pagar beneficios sociales a sus trabajadores, b) las mismas subsidiarias de su imperio de fotocopiadoras contrataban con el Estado y seguían vinculadas a él y c) las empresas nuevas eran, en realidad, una simulación, pues él seguía siendo el dueño real del kiosko. Aquí los dos reportajes presentados en Sin Medias Tintas:
En el segundo informe, destacan las siguientes frases célebres, que no solo llevarán a la posteridad a Gagó, sino que también lo pueden conducir a un juzgado anticorrupción:
- "Ya no se va a vender nada por Maquinarias Jaamsa ni por Faga, Faga Motors también está ganando procesos por Copy Depot. Ahora ¿quién es Copy Depot? Copy Depot va a ser nuestra empresa mayorista para el Estado".
- "Acá no hay historia escondida. Acá solamente soy congresista, yo no puedo facturar. Tiene que haber otra empresa. Así de sencillo"
- "Copy Depot es la compañía que va a vender. Es una compañía asociada a nosotros. Es una compañía que no somos dueños, es una compañía que tiene su propia contabilidad".
- "Hay que hacerlo mejor con Copy Depot para evitar todo este tipo de problemas (…) y también de esa forma nos permite a nosotros saber ahora sí exactamente más rápido (…) cuánto le vendemos al Estado".
- "Copy Depot es una empresa la cual solamente va a vender al Estado porquenosotros no podemos vender al Estado, ya saben por qué. Si son chismosos saben, porque soy congresista de la República. Acá no hay nada oculto y no se fantaseen con eso de congresista de la República. Así como yo hay más de 80% de parla(mentarios) no vayan a pensar que soy el único. De los 130, más de 100 son empresarios y más de 100 hacen lo mismo".
Paralelamente, La República y Diario 16 han continuado con sus indagaciones y han encontrado tanto a testigos (extrabajadores, sobre todo) dispuestos a hablar, así como documentos que confirman sus anteriores reportajes. Ya existe una indagación en el Ministerio Público sobre el caso y la Procuraduría Anticorrupción ha hecho suya la evidencia periodística, a fin de redondear la investigación en las instancias pertinentes.
Frente a este caso, ¿qué ha dicho Keiko Fujimori? Reseña Diario 16:
"Julio Gagó ya ha sido investigado anteriormente en la Comisión de Ética justamente por la denuncia que hoy estamos viendo. En nuestro grupo político no blindamos a nadie, nosotros fomentamos siempre que se conozca la verdad", manifestó a RPP.
Sin embargo, antes no existían los audios que confirman que el parlamentario fujimorista maneja, en la práctica, la empresa Copy Depot S.A., la cual le vende millones de soles al Estado.
En ese sentido, la excandidata presidencial indicó que Gagó Pérez "tiene la confianza del grupo. Si en algún momento esta confianza se quebrara, se tomaría una decisión al respecto".
Lástima que la señora Fujimori, que pretende deslindar del pasado de los años noventa, sea tan tímida - siendo elegantes con el término - con un caso de corrupción que nos hace recordar a las triquiñuelas de la banda que su padre lideró. ¿Dirá algo con la nueva evidencia?
(Foto: Velaverde)
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Información: Freno a corruptos - 21/01/2014 9:43:29

"Una nueva medida frente a un gran vacío en la legislación de funcionarios públicos ha tomado la Comisión de Justicia del Congreso de la República.
Se trata de un paquete de normas que están orientadas a evitar y sancionar a los malos funcionarios que llegan al Estado o a empresas de sociedades de economía mixta, considerándolos pasibles de sanción penal en caso de corrupción.
Entre las iniciativas aprobadas destaca la Ley 30111 que incorpora la pena de multa en los delitos de corrupción y la Ley 30124 que modifica el concepto de funcionario público haciéndolos pasibles de sanción penal.
Asimismo, la Ley 30077 sobre crimen organizado que fija reglas y procedimientos muy puntuales y específicos en las etapas de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales y la Ley 30133 que modifica la Ley de Crimen Organizado.
Por otro lado, se destaca la importancia de acceder a la declaración jurada detallada mediante los portales en la web de los funcionarios del Estado y la accesibilidad pública a esta en amparo de la ley de transparencia.
De esta forma el ciudadano de a pie puede ir monitoreando la evolución del patrimonio de los servidores públicos, inclusive patrimonio registrado en el exterior.
Pues es habitual que como se declara en el extranjero una actividad económica, ya sea de bienes inmuebles o societarios, no se declare en nuestro país siendo susceptible de un probable caso de Lavado de Activos.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? Ugaz investigado por lavado - 21/03/2013 16:51:58

" El 28 de noviembre del 2012 ingresó a la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima una denuncia en contra de José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, César Ulises Benites Mendoza y Hugo Alfieri Forno Flórez, los socios del estudio Benites, Forno&Ugaz, por el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado.
Carlos Alberto Samamé González, abogado de los denunciados, puso el grito en el cielo y solicitó declarar nula la resolución fiscal que el 4 de enero último disponía se investigara a los miembros de ese estudio de abogados. Su recurso lejos de levantar los cargos formulados por Lavado de Activos, trata de involucrar a la revista Juez Justo atribuyéndole la autoría de la denuncia como si tendríamos algo que ver con sus manejos económicos hoy investigados.
El pedido de Samamé fue rechazado por la Fiscalía el 18 de febrero y dispone continuar con la investigación contra todos los miembros del estudio Benites, Forno&Ugaz. La fundamentación efectuada por el abogado de los denunciados, no ha sido tomada en cuenta por la fiscalía, por considerarla carente de sustento legal y una maniobra para impedir la continuación del proceso a cargo de la policía especializada en este tipo de delitos.
En el Perú se considera el delito de Lavado de Activos al conjunto de operaciones realizadas con el objetivo de darle legitimidad a recursos obtenidos como consecuencia de la realización de diveros delitos. En buena cuenta, se trata de ocultar el origen ilícito del dinero aparentando actividades lícitas y formales. La fiscalía ha considerado que es necesario investigar la procedencia del dinero y bienes de los denunciados, a fin de esclarecer su origen. Es por ello que el 17 de diciembre dispuso abrirles una investigación policial a los acciones del estudio Ugaz. Una vez que el fiscal ordenó que la División de Lavado de activos de la Policía Nacional del Perú se haga cargo del caso y les puso un plazo de 30 días, se ha dispuesto que todos los denunciados se presenten a declarar y que se haga un peritaje contable sobre el patrimonio del estudio.
Mal paso
Esta denuncia se suma a otra hecha pública en setiembre del 2012. Mientras las pasadas profecías del fin del mundo causaban miedo en masas, una noticia puso nuevamente en el ojo de la tormenta al ex procurador. María Pía Uriarte Espejo, una joven de 25 años denunció haber sido víctima de Ugaz Sánchez- Moreno.
Según el relato de Uriarte, ella tomó un taxi cuando de pronto, el auto Hyundai, conducido a gran velocidad por Ugaz, ocasionó un triple choque en el cruce de las avenidas Grau y El Sol, en Barranco. La fuerte colisión le causó traumatismos múltiples en el cuerpo. "Me encontraba a punto de cerrar la puerta del taxi donde prácticamente estaba sentada cuando de repente sentí un fuerte golpe y salí disparada y me estrellé contra el suelo. Pese a estar golpeada me acerqué al conductor que vehículo que nos había chocado, le toqué la ventana, le dije que me prestara el celular para hacer una llamada a un familiar y ni eso quiso. Se negó a dar el SOAT. Hasta el taxista me ayudó, pero (Ugaz) ni me habló, ni miró", declaró en un medio de comunicación, después de salir de la clínica Good Hope, en Miraflores, donde estuvo internada por 24 horas.
La noticia de que Ugaz ocasionó el accidente en estado de ebriedad fue publicada en las redes sociales y, por ese mismo medio, intentó defenderse a capa y espada. "Ni ebrio, ni fugado, ni desaparecido. Solo espero que mis tweets aclaren las cosas, le deseo lo mejor a la Srta. El accidente fue a plena luz y sin una gota de alcohol. Un accidente del que asumo responsabilidad plena", dice a la letra uno de los tweets publicados. Sin embargo, un policía de la comisaría de Barranco, entrevistado por un redactor del diario Expreso desmintió al ex procurador. "Estaba ebrio, durante la intervención donde se le hizodosaje etílico, el resultado cualitativo arrojó positivo", afirmó. Esta versión fue corroborada con el resultado del examen que emitió la Policía Nacional, donde se pone de manifiesto que Ugaz Sánchez Moreno conducía en ebriedad absoluta. El dosaje etílico arrojó 1.75 centígrados de alcohol por cada litro de sangre, un porcentaje muy por encima del máximo permitido por ley.
Cualquier persona con esa cantidad de alcohol en la sangre (1.75%) es un peligro público. Por eso, no solo se le abrió proceso penal por el delito de peligro común, que nuestro código penal sanciona en su artículo 274, hasta con dos años de prisión y trabajo comunitario. Además se le incautó el brevete para que no continúe causando estragos en la sociedad.
Lazos con Comunicore
Mucho más antes Ugaz Sánchez-Moreno estuvo involucrado en el escándalo del caso Comunicore. La historia se empezó a tejer en diciembre del 2009, cuando el entonces periodista de Perú 21, Daniel Yovera, denunció que en setiembre del 2005 el municipio de Lima se comprometió a pagar una deuda de 35 millones de soles, en un plazo de 10 años a Relima, una empresa que se encargaba de la limpieza de la capital.
Todo hacía indicar que las condiciones de pago se habían formalizado hasta que el 20 de diciembre de ese mismo año, la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) compró la deuda a Relima por un poco más 14 millones de soles. Lo extraño fue que en enero del 2006 la comuna limeña canceló en una sola cuota la deuda y Comunicore desapareció, como si habría sido creada exclusivamente para ese procedimiento. Días posteriores al destape, el diario El Comercio informó que el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de dicha compañía se cambió al nombre de Grupo Esaróstica Contratistas Generales S.A. y, sospechosamente, la gerente general era una mujer iletrada.
En los siguientes días se descubrió que la familia del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, estaba involucrada en el caso y Daniel Yovera confirmó el cambio de nombre de Comunicore. Además, señaló que el cambalache fue realizado en La Oroya y que tres de los directivos nombrados eran de condición humilde. Lo peor de todo era que no estaban enterados de su participación en el caso. Con estos datos se inició una investigación promovida por ocho regidores.
En mayo del 2011 la revista Juez Justo reveló que el estudio de abogados, Benites de Las Casas, Forno&Ugaz, brindó asesoría jurídica a la empresa Comunicore, exactamente en los meses en que se negociaba el pago de la deuda con el municipio de Lima.
En la factura que fue emitida el 10 de enero del 2006 el estudio de abogados cobró 8 mil dólares por concepto de honorarios. Resultó extraño entonces que el conocido abogado supuestamente "cazacorruptos" se vea envuelto en un caso de corrupción.
Según los datos presentados, Comunicore empezó a pagarle al estudio donde Ugaz es socio, desde agosto del 2005 y hasta enero del 2006. El pago total habría sumado más de 70 mil soles.
Un poco de Historia
La fama de Ugaz como penalista ya había cruzado la valla política cuando Alberto Fujimori, mediante una Resolución Suprema y, sin especificar cuál sería su salario, designó
a Ugaz como procurador el 3 de noviembre del 2000, para defender al Estado en el caso Montesinos. Meses después, al ser acusado de recibir 29 mil dólares sin tener contrato, Ugaz confirmó lo que se decía ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República presidida, en ese entonces, por Mauricio Mulder. Sin embargo, desmintió que el dinero fue recibido por él y para él. "Es una infamia sostener que ese dinero ha ido a mis bolsillos. Fue aplicado en cien por ciento a gastos del Estado", dijo.
Luego, en marzo del 2011, los medios informaron que su vasta experiencia como abogado lo llevó al frente de casos como el de Edwin Martínez Moreno, más conocido como "Olluquito Jr.", un procesado por tráfico ilícito de drogas quien presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que no había sido juzgado dentro de un plazo razonable.
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Información: Negociado en la compra de los monitores "Manco Cápac" y "Atahualpa".- Así se enriqueció esa bazofia llamada Mariano Ignacio Prado - 19/10/2012 23:55:38

"Escribe: César Vásquez Bazán
El monitor de río "Manco Cápac", adquirido fraudulentamente por Mariano Ignacio Prado en 1867, en lo que representa el mayor caso de corrupción en la compra de armamento por el Perú en el siglo XIX.
Aduciendo que Perú aún se encontraba en guerra con España y que el país necesitaba reforzar su escuadra, Mariano Ignacio Prado contrató apuradamente la compra de los monitores fluviales Oneoto y Catawba. La adquisición fue concertada con la firma estadounidense de Alexander Swift y Co. El trato fue suscrito en Lima, el 4 de octubre de 1867, cuando a Prado sólo le faltaban ocho días para dejar de ser presidente de la república.
Ambas naves habían sido construidas para monitorear las aguas del río Mississippi ,no para la navegación marítima, y habían sido dadas de baja a la finalización de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Incorporadas en la marina peruana, la primera tomaría el nombre de Manco Cápac, en tanto que la segunda sería bautizada como Atahualpa.
Desde su gestación, la compra de los monitores fue una operación fraudulenta. El 4 de octubre de 1867, fecha del contrato, el propietario legal de las embarcaciones era el Gobierno de los Estados Unidos y no la firma vendedora Swift y Co. Sin constatar si el propietario de las naves era quien decía serlo, y más interesado en formalizar la operación rápidamente, Prado hizo venir a Lima a Gustavus Ricker, representante de la firma Alexander Swift y Co., y ordenó firmar en la capital peruana el contrato de adquisición al ministro de Guerra y Marina Mariano Pío Cornejo.
En transacción ostensiblemente sobrevaluada, el Perú pagó por los blindados la suma de dos millones de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Dicha cantidad fue bastante mayor que la suma de 1,242,850 dólares, costo original de ambas naves (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). Más aún, el 18 de febrero de 1868 la Comisión de la Marina de los Estados Unidos encargada de la tasación de ambos monitores los avaluó en 755,000 dólares (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). El negociado dejó a la firma vendedora una ganancia estimada en más de un millón doscientos mil dólares.
Las anteriores irregularidades no fueron las únicas detectadas en el proceso de adquisición. Señalaremos además que el contrato firmado por el gobierno de Prado con Alexander Swift y Co. no fijó fecha de entrega de las naves al Perú (Congreso de Estados Unidos 1869, 189). A pesar que en febrero de 1868 los monitores habían sido íntegramente pagados, en esa misma fecha el Gobierno de los Estados Unidos seguía siendo dueño legal de ambos. Alexander Swift and Co. ni siquiera los tenía en su poder.
Conservadoramente, se estima que Prado percibió como cohecho por esta operación entre el 10% y el 20% del importe total de la misma, es decir 200,000 y 400,000 dólares (entre 4.5 y 9 millones de dólares del día de hoy). El propio Gustavus Ricker reconoció haber tenido que efectuar entregas irregulares a los gobernantes peruanos. Interrogado por la comisión investigadora del Congreso de los EE.UU., Ricker contestó textualmente: "Nosotros tuvimos que pagar algo en el extranjero [es decir, en el Perú]" (Congreso de Estados Unidos 1869, 248).
La adquisición de los monitores Manco Cápac y Atahualpa también posibilitó el primer negociado de Prado con William R. Grace, que en ese año aún operaba bajo la razón social de Bryce, Grace, and Co. José Antonio García y García, futuro presidente del Senado y ministro de Relaciones Exteriores, fue nombrado enviado extraordinario para finalizar el irregular trato de los monitores. García y García viajó a los Estados Unidos y encargó directamente a Grace el reclutamiento de las tripulaciones, la compra de provisiones y municiones, la adquisición y reacondicionamiento de vapores auxiliares y el reclutamiento de personal y provisión de suministros para dichos vapores (James 1993, 55).
En cuanto a las naves adquiridas a tan elevado precio, éstas no cumplieron funciones como monitores en razón a que no fueron diseñadas para navegar en el mar. Durante la guerra con Chile, el Manco Cápac fue usado como batería flotante en la defensa de Arica, por lo que tuvo que ser remolcado hasta dicho puerto. El Atahualpa permaneció anclado en el Callao debido a que no podía hacerse a la mar por el deterioro de sus calderas. Ambos monitores de río fueron hundidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas.
Como escribió Basadre (1968-70, VI: 62), "no se llega a comprender cuáles fueron los beneficios aportados al país con la adquisición del Manco Capac y el Atahualpa". Quien sí entendió el negocio, y bastante bien, fue don Mariano Ignacio Prado.
Obras citadas
Basadre, Jorge. 1968-70. Historia de la República del Perú. 6ta. ed. Lima: Editorial Universitaria.
Congreso de Estados Unidos. 1869. Investigación sobre la venta hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de los monitores Oneoto y Catawba, hoy Manco-Capac y Atahualpa. Lima: Imprenta de "El Nacional".
James, Marquis. 1993. Merchant Adventurer. The Story of W. R. Grace. Wilmington: SR Books.
© César Vásquez Bazán, 2010
Septiembre 9, 2010
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Que opina? Impacto: "Es caso de corrupción anunciada" - 21/08/2012 21:49:00

" Oposición arremete
El caso Alexis Humala desde un principio fue indicio de ""corrupcipon anunciada"", dijo el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) al tomar conocimiento del ""faenón"" del hermano menor del presidente de la República y recordar el tráfico de influencias en Rusia.
Alejandro Aguinaga (F2011) recordó que su bancada presentó hace un año una denuncia sobre el viaje a Rusia en la Comisión de Fiscalización delCongreso, pero no se hizo nada. ""¿Esta es la inclusión social o la inclusion familiar?"", preguntó.
Sin embargo, el caso no es sóloAlexis. Para Aguinaga y Javier Velásquez (CP), la responsabilidad está¿ también en la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) y funcionarios de los sectores que negociaron con Alexis. Por ejemplo, dijo Luis Iberico (APGC), es inaudito que Krasny haya estado inscrita por más de un año en el Registro Nacional de Proveedores. Julio Gagó (F2011) advirtió, además, que durante su inspección al local de Krasny Perú pudieron ver una camioneta del Ministerio de Salud en el frontis.
Velasquez recordó, por su parte, que semanas atrás se vio a Alexis Humala tomando desayuno con el gerente general de EsSalud.
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Que opina? INTERESES PARTICULARES, INTERESES ESTATALES - 20/10/2011 9:17:33

" Hace tres años estalló el escándalo de los Petroaudios, con consecuencias políticas para los apristas y cárcel para los chuponeadores, mientras que esta semana un implicado en el caso de corrupción violó su arresto domiciliario.
Sin embargo, un punto en el que no se ha incidido lo suficiente es en la otra revelación significativa de este caso. Quedó al desnudo la forma como algunos empresarios , remarco, algunos , hacen sus negocios en nuestro país: uso de gestores de intereses no inscritos, empleo de periodistas con intereses en consultoras de imagen, reuniones de funcionarios estatales fuera de oficina y sin agenda conocida, así como el espionaje industrial al competidor de turno.
En las últimas semanas, algunos actos nos indican que no hemos comprendido bien todas las dimensiones de esta forma de hacer negocios y cómo algunos funcionarios públicos confunden los intereses privados de determinadas personas y empresas con políticas de Estado.
La mayoría de los congresistas denunciados en estas semanas ante la Comisión de Ética comparten un destino común: se trata de personajes con éxito económico en su región y/o defensores de prácticas ilegales con impacto en su zona de origen. Como señaló Mirko Lauer en una reciente columna, estos personajes buscan llegar al Congreso por tres motivos: inmunidad parlamentaria, mejores oportunidades de negocio y alcanzar un status respetable. Todo ello con la anuencia de un sistema electoral complaciente y partidos políticos que otorgan puestos en la lista a cambio de aportes económicos.
Lo ocurrido con Omar Chehade va en camino similar. Las versiones brindadas por él sobre la célebre cena en el Brujas de Cachiche terminan confundiendo intereses privados con asuntos públicos dado que, según el vicepresidente, el ágape se produjo como agradecimiento a un alto mando policial que lo apoyó en su seguridad personal vía un telefonazo, así como para tratar un caso en el que la víctima era conocido suyo. Y si se termina comprobando la versión de IDL-Reporteros, la cosa puede ser peor: posible incidencia en un caso judicial sobre una empresa azucarera codiciada. Mientras tanto, el grupo Wong hace mutis y pierde en prestigio.
Es cierto que los actos de corrupción o de faltas a la ética pública pueden suscitarse en cualquier gobierno. Sin embargo, la diferencia está en la forma como se enfrentan. Y Humala, luego de evaluar toda la situación, pero más temprano que tarde, deberá decir algo que vaya más allá de un tuit.
(Columna publicada en Diario 16 el 20.10.2011)
MAS SOBRE EL TEMA:
Tercera parte del reportaje de IDL-Reporteros: Capitán PNP confirma que Miguel Chehade y Miguel León Barandiarán fueron a cuartel El Potao
Las opiniones de Augusto Álvarez Rodrich, Javier Torres Seoane, Carlos Basombrío y Gustavo Gorriti
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Cine y Television

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