Noticia, EVO MORALES AL SERVICIO DE UNA IGLESIA IMBECIL Y REACCIONARIA - 25/03/2014 7:27:02
" La semana pasada, justo después de la celebración del día internacional de las mujeres, sucedieron hechos inauditos que denuncian lo poco o nada que el estado boliviano está dispuesto a cumplir con los mandatos constitucionales referidos a los derechos humanos de las mujeres.[1](Bolpress). En primer lugar, la curia católica, envalentonada por la sentencia constitucional Nº 0206/2014 ,que, aunque elimina el requisito de la orden judicial para la práctica médica de abortos por causas no punibles, en la práctica "constitucionaliza" el aborto como delito, convocó a una conferencia de prensa para demandar del estado boliviano la eliminación de la dominada "píldora del día después" de la lista de insumos del SUMI, argumentando que se trata de un medicamento "abortivo". Tal es la ignorancia de la máxima autoridad de los católicos que no sabe o no quiere enterarse (que es lo peor) que el medicamento al que se refieren no es abortivo sino anticonceptivo:
"El término "anticoncepción de emergencia" (AE) se refiere a un conjunto de métodos de anticoncepción que se pueden usar con el objetivo de prevenir un embarazo enseguida después de haber tenido relaciones sexuales. Estos métodos incluyen varios tipos de píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) así como la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU). La anticoncepción de emergencia brinda a las mujeres una segunda e importante oportunidad para prevenir el embarazo cuando falla un método habitual de prevención, o cuando no se ha usado método alguno o cuando una mujer ha sido forzada a tener relaciones sexuales. La AE se debe usar hasta un plazo máximo de 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, pero generalmente es más eficaz cuanto más pronto se use".[2]
Sin embargo, allá ellos, a los obispos no les interesa informarse sobre estos asuntos tan "técnicos" porque su propósito no es otro que el de mantener su control sobre los úteros de las mujeres como mecanismo de dominación patriarcal. A ellos no les interesa la vida, lo que les interesa es sostener su primacía y lo hacen bajo distintas modalidades, entre otras, su empeño en condenar el aborto so pretexto de que están "defendiendo la vida del no-nato". Hasta ahí llegan, porque la vida del nacido les interesa cuatro pepinos, lo que vaya a suceder con la vida de una criatura, después de haber nacido, ya no es asunto de su incumbencia, es algo de lo que las madres (en primer lugar) deberán hacerse cargo, les cueste lo que les cueste, a cualquier precio.
Lo más indignante del asunto es la respuesta más que inmediata de las autoridades de salud del Estado Plurinacional de Bolivia que se apresuraron en "tranquilizar" a la curia anunciando, a través del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes:
"No haremos polémica donde no existe. Por la responsabilidad con el país, el Ministerio de Salud no ha dado ninguna voz oficial sobre la incorporación de la pastilla, no hay nada en nuestro sistema de salud y queremos dar por cerrado esto y no podemos discutir sobre algo que oficialmente el ministerio no ha incorporado", dijo la autoridad en rueda de prensa. Sin embargo, según un reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA[3], por sus siglas en inglés), la entidad ya entregó Bs 1,4 millones en insumos anticonceptivos (entre ellos la Pildora Anticonceptiva de Emergencia PAE) para proyectos pilotos[4].
Estas declaraciones contradicen el anuncio realizado por el propio gobierno el 12 de septiembre de 2013 en sentido que:
"El gobierno boliviano reveló este miércoles que planea distribuir de manera gratuita la denominada ""píldora del día después"" para reducir el número de embarazos no deseados. El viceministro de Salud, Martín Maturano, informó que por año se esperan cerca de 300 mil embarazos de los cuales unos 60 mil corresponden a adolescentes. El plan que entrará en marcha en el 2014 y le demandará al Estado una inversión de dos millones de dólares también prevé la distribución de otros métodos anticonceptivos como condones femeninos e implantes dérmicos"[5].
Pero, eso no es todo, enseguida la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados anuncia que tiene previsto elaborar el proyecto de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, para lo cual convocará, entre otros a ¡¡las iglesias evangélica y católica!!"[6] a opinar sobre el tema.
Estos anuncios, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, desconocen deliberadamente el artículo 4 de la CPE que a la letra dice ""El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión"".
En suma, primero, la curia católica, hace una demanda basada en su ignorancia intencional sobre los efectos de la píldora anticonceptiva de emergencia" (PAE); segundo, el poder ejecutivo, primero recibe una donación extraordinaria del UNFPA de insumos anticonceptivos y anuncia que a partir de 2014 pondrá en ejecución proyectos piloto (que incluyen la distribución gratuita de la PAE) con el objetivo de reducir el alarmante incremento de embarazos adolescentes y luego, ante la solicitud inusitada de la Conferencia Episcopal, retrocede ante este anuncio; y, tercero, el poder legislativo se pone al servicio de la misma iglesia convocándola a deliberar sobre un tema que no es de su directa incumbencia.
Si ya en otros temas el estado boliviano ,a través de sus distintos órganos de poder, hegemónicamente cooptados por el MAS, ha encontrado modos de soslayar otros mandatos constitucionales, no es de extrañar que en este tema se ratifique en su posición de desconocimiento de la norma. Entonces, huelga demandarles lo que no están dispuestos a cumplir, salvo en lo que les resulta conveniente. Bajo estas constataciones, considero oportuno un sinceramiento del partido en situación de gobierno en sentido de que la Constitución Política de Estado es nada más que una norma referencial, sujeta a las interpretaciones antojadizas de los operadores eventuales de los órganos del poder, y no la "ley de leyes" que tanto se ufanan en enunciar.
El tema que aquí se está discutiendo va mucho más allá del derecho de toda mujer a decidir si llevar o no a término un embarazo, las medidas de prevención del embarazo y el aborto como solución final, no son el tema central. Lo que aquí se está poniendo en cuestión es, en realidad, la capacidad y el derecho de autodeterminación de todas las mujeres sobre cualquier tema que nos concierne directamente. Curas, médicos, abogados y legisladores se toman la atribución de señalarnos los límites de nuestra autonomía como seres humanas, siguen creyendo que sus mandatos son de obediencia obligatoria, siguen pensando que las mujeres les debemos subordinación, continúan obcecados en su ensoñación decimonónica y utilizan cualquier medio a su alcance para marcarnos esos límites como si nosotras no fuésemos capaces de decidir inteligente y responsablemente sobre nosotras mismas.
Nada le debemos al poder estatal, si de él demandamos algo, lo hacemos en virtud de nuestra condición de ciudadanas de pleno derecho, eso es todo. Nada nos detendrá, nosotras continuaremos denunciando estos atropellos y, a pesar de ellos mismos (y de las propias mujeres que no logran desprenderse de su lugar asignado de sumisión al poder patriarcal), continuaremos avanzando en nuestro camino de emancipación como lo venimos haciendo colectivamente desde hace más de un siglo.Notas:
[1] Ilustración: http://medifamairena.blogspot.com/2012/02/alimentando-mitos-anticoncepcion-de.html
[2] http://www.cecinfo.org/custom-content/uploads/2014/01/ICEC_-QA-for-Decision-Makers_2013-Spanish.pdf
[3] http://bolivia.unfpa.org/content/anticoncepci%C3%B3n-de-emergencia
[4] http://www.la-razon.com/sociedad/Salud-retrocede-descarta-gratuita-despues_0_2013998586.html
[5] http://www.ny1noticias.com/content/mundo/am%C3%A9rica_latina/188225/bolivia-distribuir%C3%A1-gratis-lap%C3%ADldora-del-d%C3%ADa-despu%C3%A9spara-controlar-embarazos;
http://www.fmbolivia.net/noticia21505-bolivia-la-pldora-del-da-despus-es-gratuita-en-centros-de-salud.html
http://noticias.terra.com/america-latina/bolivia/bolivia-dara-gratis-pastillas-del-dia-despues,63c5f605102e0410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
[6] http://www.la-razon.com/sociedad/Comision-verificara-aplicacion-sentencia-aborto_0_2014598543.html (énfasis mío)
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Interesante, Carmen Omonte desmiente haber vulnerado ley por concesión minera - 03/03/2014 10:45:36
" Carmen Omonte, negó haber vulnerado la Ley General de Minería al poseer un porcentaje en una concesión minera e indicó que no existe incompatibilidad entre ello y las labores que ha cumplido en el Estado.Omonte refirió que antes de ser accionista de la empresa Cemento Amazónico S.A.C., hizo la consulta a un estudio de abogados. Este equipo, según contó, concluyó que no existía incompatibilidad entre su función legislativa y la concesión.
Sin embargo, el artículo 31 de la Ley General de Minería señala textualmente que: "no podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos, el Presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los Ministros de Estado y los funcionarios que tengan este rango".
La dirigente de Perú Posible sostuvo que una forma de demostrar que en ningún momento tuvo intención de vulnerar la ley fue la transparencia con la que abordó el tema en todo momento en el que se le consultó al respecto.
La flamante ministra añadió que la referida concesión minera todavía no tiene actividad.
Además, dijo que su participación como accionista está en evaluación, debido a que se encuentra divorciada de su pareja, quien junto a sus hijos son los accionistas mayoritarios.
Según precisó, la concesión fue adquirida luego de ser elegida congresista, pero aclaró que no ha formado parte activa del diseño ni de las decisiones de la empresa.
Desmintió haber promovido leyes favorables a empresas mineras.
"Me parece sumamente malintencionado o producto del desconocimiento", enfatizó al puntualizar que sus iniciativas legislativas trataban sobre la formalización de los estudios de impacto ambiental y redistribución del canon.
"Están vinculados a los intereses de la población, no de las empresas. Si uno lee qué leyes he apoyado se verá que están al margen de los intereses de cualquier actividad minera", refirió.
Recordó también que, como congresista, no formó parte de la Comisión de Energía y Minas.
Fuente: El Comercio
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Información: Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldados genera grave preocupación en materia de derechos humanos - 14/01/2014 16:52:18
" Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldadosGrave preocupación en materia de derechos humanos
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de las 81 organizaciones que conforman esta institución, ante la promulgación de la Ley 30151 que modifica el Código Penal y exime de responsabilidad a los policías y militares que causen la muerte o lesiones en el cumplimiento de su deber, consideramos que:
1.- La vida e integridad física de las personas son derechos fundamentales que el Estado debe proteger frente a cualquier actor, civil, policial o militar.
2.- Esta ley tiene como antecedente el Decreto Legislativo 982, frente al cual el Tribunal Constitucional declaró la obligación que tienen los fiscales de investigar y la de los jueces de juzgar y sancionar los abusos de los agentes del orden. Afirmamos que a pesar de la reciente modificación del Código Penal, subsiste plenamente la obligación estatal de investigar, sancionar y reparar las acciones de uso abusivo de la fuerza por parte de los policías y militares.
3.- Creemos que esta es una medida efectista, pero por completo ineficaz para combatir la inseguridad ciudadana que aqueja nuestro país. Este grave problema sólo podrá superarse combatiendo la corrupción, asegurando condiciones laborales dignas al trabajador policial y militar, garantizándole dotación logística y entrenamiento adecuado, así como mejorando la articulación con las otras entidades del Estado y la sociedad civil, entre otras medidas.
4.- Cabe recordar que solo en lo que va de gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, 29 civiles (incluyendo dos menores de edad[1]) han perdido la vida como consecuencia de la actuación de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Nos preocupa que continúe el aumento de violaciones de derechos humanos en contextos de conflictos sociales frente a la imposición de proyectos de desarrollo e industrias extractivas. No es una preocupación solo del movimiento de derechos humanos, pues esta situación le ha valido al Perú severos cuestionamientos tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
5.- Para superar esta situación, invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a convocar una Comisión para la elaboración de una norma que regule de manera precisa los procedimientos operativos de la Policía para el control de disturbios y deroguen todas las normativas que flexibilizan el uso de la fuerza letal en estos contextos. Esta Comisión deberá incorporar la participación de especialistas en seguridad ciudadana y en derechos humanos.
Lima, 14 de enero del 2014.
[1] Los menores son Carlos Alberto Ramos Carmen y César Medina Aguilar.
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Interesante, BICAMERALIDAD: SI, PERO… - 29/11/2013 10:29:44
" En principio, estoy a favor de la bicameralidad. Creo que la experiencia de los últimos 20 años nos ha probado que mantener una sola cámara en el Perú tiene bastantes perjuicios políticos. Entre 1993 y 2000, los congresos fujimoristas fueron una muestra clara de lo que puede ocurrir en un parlamento con mayoría absoluta y sin contrapesos. Mientras que, entre 2001 y 2013, entre la poca capacidad de hacer consensos para reformas de fondo - salvo excepciones -, leyes con varios errores y los escándalos generados por congresistas de todas las tiendas, la imagen de nuestro Poder Legislativo se deterioró aún más.Sin embargo, creo que la bicameralidad por sí sola no soluciona los problemas de nuestro Congreso y esta medida solo podría funcionar si es que se hacen otras reformas de fondo, tanto en nuestra arquitectura institucional como en el sistema electoral.
Para comenzar, Carlos Meléndez hace dos buenas atingencias: sin un esquema de descentralización firme y sin partidos fuertes, la bicameralidad sería un fracaso. Ello implica, a su vez, dos cuestiones.
La primera, un gran pendiente de esta década, es una evaluación en serio del proceso de descentralización que ha tenido el país. Tenemos 25 regiones en un país donde el número de las mismas debería ser, por lo menos, la mitad (si no es menos). Y la verdad es que este gobierno (como el anterior) ha dejado el tema librado a su suerte. La Secretaría de Descentralización, más allá de algunos documentos producidos sobre la materia, no tiene el peso político suficiente para reintroducir el tema. César Villanueva - quien viene de una presidencia regional - esbozó algunos cambios en su mensaje al Congreso, pero sin tocar la necesidad de una regionalización en serio.
La segunda cuestión, vinculada a los partidos, implica pensar en cuáles son los cambios necesarios para su fortalecimiento. De un lado, tenemos severos problemas de selección de candidatos a puestos públicos, por lo que dichos mecanismos deberían ser rediseñados (lo que implica modificar la Ley de Partidos Políticos). Asimismo, también se requiere modificar el sistema de elección del Congreso de la República, pensando en posibles variables como tener la elección parlamentaria en fecha distinta a la de las elecciones, eliminar el voto preferencial, incrementar el número de parlamentarios en la Cámara Baja sobre la base de distritos electorales más pequeños, establecer la alternancia para impulsar la cuota femenina.
Así planteadas las cosas, la bicameralidad debería llevarnos a cambios de fondo sobre nuestro sistema político. Debate mayor en el que parece que el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, pretende no involucrarse. Más aún, cuando añade a la iniciativa una cuestión controvertida, como la inclusión de los expresidentes como senadores vitalicios.
Finalmente, también queda un sabor a escepticismo en el ambiente. Como varios amigos me comentaron a partir de un reciente artículo de Ricardo Uceda sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, hay un tema de idiosincrasia política que puede petardear cualquier intento de reforma, por más que el diseño sea adecuadamente pensado y reflexionado desde diversos ámbitos. He allí un tema que debería adicionarse a las reflexiones sobre cambios institucionales en el Perú.
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Noticia, Julio Gagó será denunciado por injerencia en Poder Judicial - 20/09/2013 14:20:05
"Por una presunta interferencia política en el Poder Judicial, al solicitar el impedimento de salida del país del ex presidente Alejandro Toledo, la bancada de Perú Posible denunciará al congresista fujimorista Julio Gagó ante la Comisión de Ética Parlamentaria, afirmó el vocero de la primera agrupación , José León.En tanto, el artículo 139 de la Constitución señala que dicha falta representa una infracción constitucional, "eso es una clarísima interferencia del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial eso está prohibido", denunció el congresista.
"La bancada está evaluando la presentación de una denuncia ante la Comisión de Ética, probablemente la Comisión de Constitución y otras instancias", subrayó José León.
"No está bien que el congresista Gagó quiera hacer ahora lo que en su momento hacía Vladimiro Montesinos, que le decía a los políticos que ordenen a los jueces lo que debían hacer, hay que respetar el estado de derecho", increpó el parlamentario de Perú Posible.
(Emilio Gonzales) Foto: Difusión.
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Que opina usted? Congreso levantará secreto de las comunicaciones a Alejandro Toledo - 05/09/2013 11:01:50
" El Congreso aprobó el levantamiento del secreto de las comunicaciones al ex presidente Alejandro Toledo y a su esposa, Eliane Karp, medida correspondiente a las investigaciones en torno al Caso Ecoteva. Esto responde al pedido hecho por el legislador fujimorista Pedro Spadaro y comprende, además de Toledo Manrique, a la madre de Karp, Eva Fernenbug, al empresario Yosef Maiman, al ex jefe de seguridad del líder chacano, Avi Dan On, al abogado David Eskenazi, y al corredor de inmuebles Paul Allemant.En tanto, los parlamentarios Juan José Díaz Dios y Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) solicitaron hoy ante el referido grupo de trabajo que Toledo sea citado el miércoles 18 de setiembre. Ello luego de que el ex mandatario anunciara que regresará a Lima en "menos de dos semanas".
"Le tomamos la palabra a Toledo. Que venga a la Comisión de Fiscalización el 18 de setiembre", escribió el ex vocero fujimorista en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el legislador aprista Mauricio Mulder, se opuso, al considerar que una nueva convocatoria no contribuiría con la investigación, dadas las contradicciones en las que ha caído el ex presidente.
La discusión de este tema debió suspenderse para dar paso a la exposición que el contralor general de la República Fuad Khoury realizó respecto de la gestión desarrollada en los últimos doce meses.
Antes de esto, según señaló Aguinaga, los legisladores de Perú Posible presentaron un recurso para dejar sin efecto el levantamiento del secreto bancario y tributario de Toledo.
"Escandaloso blindaje de los chacanos a Toledo. Piden que no se levante su secreto bancario. El Perú merece saber la verdad", refirió.
Por su parte, el legislador fujimorista Pedro Spadaro hizo oficial su solicitud para que la comisión formule al Ministerio Público un pedido para levantar el secreto de las telecomunicaciones del ex mandatario, su esposa Eliane Karp, la madre de esta, Eva Fernembug, Yosef Maiman y Avram Dan On.
De otro lado, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso a fin de dar detalles sobre el informe emitido por esta entidad sobre el Caso Ecoteva.
"Nos alcanzará su información de manera integral", señaló el presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario Vicente Zeballos, durante la sesión que viene realizando este grupo en la sede del Poder Legislativo.
Según un informe de la UIF, las casas del ex presidente en el distrito de La Molina, en Lima; y la de Punta Sal, en Tumbes, fueron adquiridos con fondos provenientes de la empresa Ecoteva, hecho que según diversos sectores, contradice la versión inicial dada por Toledo sobre este tema.
Fuente: El Comercio
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