lunes, 14 de abril de 2014

La comisión de 5% el Banco y La voluntad política

Que opina? Deuda externa y corrupción en el oncenio de Leguía.- Sólo en una de sus múltiples coimas, Juan Leguía Swayne, hijo y testaferro de Leguía, fue sobornado con el equivalente de cinco millones de dólares del día de hoy.- La orgía financiera en el Perú entre - 14/12/2013 19:18:27

"Escribe: César Vásquez Bazán
Augusto Bernardino Leguía Salcedo, dictador del Perú entre 1919 y 1930, los años más destacados del denominado "Siglo de Leguía". Sus aduladores lo llamaron el "Gigante del Pacífico", el "Viracocha de la Patria Nueva" y el "Júpiter Presidente". Lo consideraban como el "único hombre capaz de salvar al Perú" (Basadre 1931, 184, 186). Fue el principal responsable de la orgía de endeudamiento externo registrada en el Perú en las primeras décadas del siglo pasado.

"Por singulares que fuesen las dotes de Leguía, lo que no podía atribuírsele era el culto de la moral económica. Cuéntase que, de visita en la casa de uno de los funcionarios [públicos] más conocidos como impúdicos, al ver la esplendidez de los muebles, los adornos, las alfombras y el edificio, observó sarcásticamente: ¡Qué de prisa ha ido éste!"
Jorge Basadre
El análisis del endeudamiento externo y la corrupción durante el Oncenio debe comenzar con un recuento de las magnitudes del crédito público externo del Perú durante el gobierno de Leguía. De acuerdo a las cifras registradas por Gianfranco Bardella, cuando el Gigante del Pacífico llegó al poder, en 1919, la deuda externa ascendía a dos millones y medio de libras peruanas. Una década después, a fines de 1929, la deuda se había multiplicado más de ocho veces, pues el Perú reconocía compromisos con el exterior ascendentes a 22.1 millones de libras.
Tímidamente, la sucesión de créditos leguiístas comenzó en Inglaterra, en diciembre de 1919, con la emisión del empréstito autorizada por la Ley 4013 y justificada en la necesidad de refinanciar un préstamo de seiscientas mil libras esterlinas obtenido ocho años antes. Siguió luego la emisión de los Bonos de Oro de la República del Perú -1920, de los que el Perú recibió 730 mil libras esterlinas.
Tras estos humildes inicios y con el advenimiento de los años veinte, Inglaterra cedió su posición de centro financiero mundial a la nueva hegemonía económica y política representada por Estados Unidos, lo que determinaría el cambio de nuestro principal proveedor financiero. Si bien hasta 1921 el abastecedor por excelencia de fondos del país había sido el mercado londinense, ya en esa fecha era patente el progresivo dominio de Estados Unidos en las finanzas mundiales, consecuencia de su desarrollo económico. No fue ajeno a esa corriente el régimen de la Patria Nueva que en 1922 reinició la contratación de empréstitos en el mercado de Nueva York.
Leguía terminó así con cincuenta y seis años de ausencia peruana en los mercados financieros de Estados Unidos. En 1922 el gobierno peruano pactó con la Guaranty Trust Company ,secundada por el Banco Italiano, hoy Banco de Crédito, una primera emisión de bonos por la suma de dos millones y medio de dólares. Mientras la Guaranty accedía a emitir los papeles a cambio de una módica comisión de 5%, el Banco Italianorecaudaría las rentas del petróleo entregadas como garantía de la operación (1).
En el Perú la noticia de la contratación de este crédito, al que se denominó el Empréstito del Petróleo, fue motivo de regocijo general. El cable de aprobación de la Guaranty ,dirigido a Gino Salocchi, gerente general del Banco Italiano, amerita citarse:
"Salocchi: Sírvanse informar su Excelencia Presidente que la colocación del primer empréstito del Perú en los Estados Unidos ha tenido un éxito señalado".
Al Empréstito del Petróleo seguiría otro por un millón doscientas cincuenta mil libras esterlinas, el último que se contrataría en Londres, esta vez con las casas de J. Henry Schroder y Co. y la célebre Baring Brothers.
Vendría luego una sucesión de empréstitos concertados a través de los banqueros estadounidenses Blyth, Witter y Co.y White, Weld y Co.:
, La primera serie del Empréstito de Saneamiento ascendente a siete millones de dólares (1924);
, El segundo Empréstito del Petróleo, por US$7.5 millones (1925);
, La segunda serie del Empréstito de Saneamiento por valor de dos millones de dólares (junio de 1926);
, La primera serie de los Bonos de Oro de la República del Perú - 1926, por US$16 millones, ampliada posteriormente a treinta millones de dólares (agosto de 1926).
El leguiísmo terminó el año 1926 pactando un curioso préstamo con la Electric Boat Company para la adquisición de submarinos, crédito que ascendió a US$4.1 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de nuestros aplicados progresos en el mundo de las finanzas internacionales, lo mejor estaba aún por venir. Con la aparición en el panorama crediticio peruano del sindicato de banqueros dirigido por la firma neoyorquina J. y W. Seligman, el país entraría a jugar en las grandes ligas financieras y pactaría empréstitos por cantidades aún mayores, como lo fueron:
, El Empréstito del Tabaco por quince millones de dólares (1927);
, La primera serie del Empréstito Nacional Peruano por cincuenta millones de dólares, operación en la que también participó el National City Bank (1927);
, La segunda serie del Empréstito Nacional Peruano por veinticinco millones de dólares y dos millones de libras esterlinas (1928);
, Créditos varios a corto plazo por un total de cinco millones de dólares (1929).
El desenfreno financiero leguiísta culminó el 29 de mayo de 1931. En esa fecha, la crisis mundial y la propia situación económica del país obligaron al régimen de la Patria Nueva a declarar la moratoria total sobre las obligaciones externas del país. La orgía crediticia había terminado; la fiesta política también. Meses después de la cesación de pagos caería la dictadura de ViracochaLeguía (2).
La sumisión a los intereses extranjeros
¿Cómo pudo la administración de Leguía endeudar al país de manera tan drástica e irreflexiva habiendo contado entre sus ministros de hacienda con profesionales, académicos, latifundistas y empresarios tan reconocidos e idóneos como Fernando Carlos Fuchs, Abraham Rodríguez Dulanto, Enrique de la Piedra y Manuel G. Masías? Una posible respuesta es que por encima de las capacidades, voluntades y experiencias personales de los sucesivos ministros de hacienda operaban fuerzas económicas y políticas de mayor intensidad: unas empujaban al país a obtener capitales sin interesar las condiciones; las otras impulsaban a los banqueros internacionales a incorporar al Perú en el carrusel financiero que conduciría a la gran crisis de 1929.
El análisis histórico permite obtener algunas conclusiones adicionales. La primera es que el régimen leguiísta supo mantener un excelente nivel de entendimiento con la banca extranjera, en especial con las casas de Nueva York. La confianza de los banqueros se sustentó en la seguridad jurídica que ofrecía la estabilidad política del régimen más sumiso a los Estados Unidos que haya existido en la historia de nuestro país. Como afirma Clayton, ningún líder peruano sobrepasó jamás el pro-americanismo de Leguía (3).
El Gigante del Pacífico supo transmitir a las partes interesadas su decidido sesgo y admiración por el país del norte. Así, al comienzo del Oncenio se entrevistó con el embajador norteamericano y le hizo saber que deseaba encomendar el Perú a la tutela de los Estados Unidos, por lo que le pedía poner en marcha una especie de protectorado norteamericano sobre el país.
El reconocimiento de la dependencia del Perú con respecto a Estados Unidos sería una señal importante para los acreedores externos. Sin embargo, para proporcionar las debidas seguridades a los inversionistas en lo que se refiere a la recuperación de su capital y al puntual pago de los intereses, la voluntad política de sumisión de Leguía necesitaba de expresiones más operativas y funcionales. La primera de ellas fue la creación en marzo de 1922 del Banco Central de Reserva por recomendación de la misión de banqueros de la Guaranty Trust Company dirigidos por Nicholas Kelley e integrada por C. W. Van Law y R. S. Rife.
Leguía hizo saber además que trataría de nombrar a ciudadanos estadounidenses en cada una de las direcciones importantes del gobierno peruano (4). Para Leguía, la designación de extranjeros en cargos públicos, preferentemente norteamericanos, fue una constante de comportamiento político (5). Ya en su primer gobierno don Augusto había designado a diversos ciudadanos yanquis para dirigir el sistema educativo, entre ellos al supervisor de la comisión especial para reorganizar la educación peruana, al señor Harry Edwin Bard como asesor del ministro de educación, al director de la Escuela Normal de Varones, al inspector de las escuelas fiscales de Lima, al inspector de las escuelas femeninas de Lima y Callao, al supervisor de los cursos comerciales de las escuelas fiscales y al rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad (6).
La política de someterse al control de los procónsules estadounidenses se transparenta mejor en las cláusulas de diversos empréstitos en los que Leguía aceptó el derecho de los bancos participantes en la colocación de los bonos para nombrar directores titulares y sustitutos en los directorios de entidades como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Aduanas y la Compañía Recaudadora de Impuestos.
En noviembre de 1921, como resultado de las negociaciones con los banqueros y la Foundation Company, principal contratista de obras públicas del Oncenio, Leguía nombró como Administrador de Aduanas del Perú al ciudadano estadounidense William Wilson Cumberland y como asesores a cuatro súbditos norteamericanos. En abril de 1922 Cumberland dejó Aduanas y pasó a ocupar la gerencia general del recién creado Banco Central de Reserva, puesto en el que permaneció hasta enero de 1923. Fue reemplazado por H. O"Higgins, quien fue designado Inspector de las Aduanas del Perú y Administrador de la Aduana del Callao y por Joseph T. Byrne, investido como Superintendente General de Aduanas.
En 1928, siempre tratando de ofrecer las mejores garantías a los inversionistas extranjeros, el régimen de Leguía creó el Banco Hipotecario y el Crédito Agrícola Intermediario del Perú ,el futuro Banco Agrícola, contratando al estadounidense George H. Stevenson como director ejecutivo. Las actividades de todos los procónsules estadounidenses terminaron tiempo después, sin que se obtuvieran resultados notables en términos de reorganización administrativa pero con el significativo resultado político de haber ganado la confianza de los bancos extranjeros.
La dictadura leguiísta también adoptó medidas de menor importancia aparente, pero que sirvieron como señal clara del rumbo del país. En 1920 Leguía designó al 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, como fiesta nacional en el Perú. Y como para que no quedaran dudas, el retrato del presidente James Monroe ,aquél de la declaración de América para los americanos, fue colocado en una ubicación preferencial del despacho presidencial, engalanando además el salón principal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La alineación leguiísta con el país del norte no se limitó al aspecto económico, educativo o militar. Por el contrario, se extendió a campos como el de la política exterior. En 1927 el régimen de la Patria Nueva se convirtió en el único gobierno latinoamericano que apoyó a los Estados Unidos en su política intervencionista en Nicaragua, justificando la persecución del héroe Cesar Augusto Sandino. Un año después, en diciembre de 1928, con ocasión de la visita al Perú del presidente Herbert Hoover, un vibrante y emocionado Augusto Bernardino Leguía reivindicó la Doctrina Monroe y el panamericanismo de la hora, a los que calificó como "la religión del porvenir". En el mismo discurso fustigó duramente "la grita de los que disputan al coloso del norte su rol director" (7).
Empréstitos y corrupción durante el leguiísmo
Desde la presidencia de la república, Leguía organizó una efectiva y amplia red de corrupción. Sería bastante largo describir los manejos de esa red en los distintos ámbitos de la administración pública. Afortunadamente, Gianfranco Bardella, historiador oficial del Banco de Crédito del Perú, nos proporcionó una evaluación bastante ponderada de la corrupta gestión crediticia de Leguía. Escribió Bardella: "Si bien el número de las operaciones crediticias concertadas durante el Oncenio no pasó de doce, las garantías con que fueron respaldadas y los derechos que se otorgó a los prestamistas nos hablan de una línea de conducta que no despertó mayores recelos en su época pero que en la actualidad sería tildada con razón de entreguista. Y ello sin mencionar el juicio que merecen las condiciones en que esas operaciones fueron estipuladas, tanto acerca de los tipos de interés como de las condiciones de colocación, las comisiones, etc." (Bardella, 245).
Dado que este artículo se interesa particularmente en los actos de corrupción del régimen leguiísta vinculados con la contratación de empréstitos, nos abstendremos de efectuar comentarios sobre otras materias vinculadas con la inversión extranjera en el Perú y nos centraremos en la presentación de cuatro casos conocidos de corrupción vinculada al manejo de la deuda externa.
El primero de ellos comprende los negociados de Leguía con la banca de inversión J. W. Seligman. De acuerdo a las declaraciones del señor Dennis, representante de esa firma en las sesiones del comité de investigación del Senado de los Estados Unidos en enero de 1932, el principal testaferro del Gigante del Pacífico fue su hijo Juan Leguía Swayne, quien a finales de 1927 recibiera 415,000 dólares en sobornos de los banqueros (8). De acuerdo con las afirmaciones del funcionario de J. W. Seligman, el "trabajo" de Juan Leguía consistió únicamente en no obstruir la contratación del Empréstito Nacional Peruano por cincuenta millones de dólares, que flotaría esa firma y la National City Company (Galbraith, 181). Mediante la recepción de este tipo de sobornos, el delincuente Juan Leguía Swayne pudo enorgullecerse de vivir con un nivel de gasto anual de entre 250 mil a 300 mil dólares.
El segundo ejemplo de las irregularidades en el tratamiento de la deuda externa está constituido por las operaciones de recompra parcial de la deuda pública que tuvieron lugar en 1927. Dicha conversión redimió los bonos de 1924 y 1926 antes de su plazo de extinción, por lo que el gobierno peruano debió pagar hasta 110 soles por bonos cuyo valor nominal era 100. Asimismo, para obtener los 24 millones de dólares necesarios para la transacción fue necesario aceptar tasas de interés más elevadas que las de los bonos que se deseaba convertir.
El tercer ejemplo viene dado por el testimonio de los contadores Carlín y Mederos, recogido por Basadre, y fechado el 7 de enero de 1931, en el que certifican que Leguía entregó al Banco Italiano letras en moneda inglesa por 82,000 libras esterlinas las que representan el producto de algún negocio de Leguía con banqueros o casas comerciales con ramificaciones en el extranjero.
Finalmente, deben señalarse los casos de corrupción promovidos por los contratistas de obras públicas que recibieron una porción importante de los recursos del endeudamiento externo, en especial la firma norteamericana Foundation Company responsable de la ejecución de obras de saneamiento y pavimentación de Lima. Financiada complementariamente por Morgan y Co., Chase Manhattan Bank y el Third National Bank, la Foundationestuvo acostumbrada a cobrar precios exorbitantes y obtener elevadas utilidades en sus negocios en el Perú. Ningún funcionario del gobierno de Leguía protestó ante esos hechos, en buena medida porque muchos de ellos recibieron generosas comisiones por permitir el pago de las abultadas facturas del contratista. Por eso, no le faltó razón a Basadre cuando escribió que durante el Oncenio dominó el afán de ser rico y que "la abundancia de dinero a disposición del Estado hasta 1929 dio lugar a la formación de algunas fortunas vertiginosas".
La Historia tiende a repetirse, más aún cuando los pueblos carecen ,o no quieren tener, conciencia de ella.
Notas
(1) Los banqueros obtuvieron sus ganancias de las comisiones por emitir los empréstitos, de los diferenciales entre los recursos captados por ellos y los efectivamente recibidos por el Perú y del servicio a largo plazo de los bonos. Los análisis de la época permiten deducir que las utilidades obtenidas por los bancos estadounidenses oscilaron entre el 8 y 10% del monto de los empréstitos.
(2) La deuda contratada por Leguía quedó impaga por dos décadas. Entre 1934 y 1937 se renovó sólo parcialmente el servicio de los intereses. En 1947 Perú ofreció llegar a un arreglo siempre y cuando se redujeran los intereses. En 1951, la dictadura de Manuel Apolinario Odría llegó a un arreglo final con los acreedores externos del Perú.
(3) Leguía llegó al poder como producto de uno de esos pronunciamientos que de tiempo en tiempo acostumbran organizar aquellos que tienen a su cargo la defensa (inefectiva) de nuestras fronteras. El golpe de estado tuvo lugar el 4 de julio de 1919, día de la independencia estadounidense y fiesta magna del calendario personal del Júpiter Presidente. A muchos podrá parecerles que la fecha fue casual. Como comprobaremos más adelante, si la ocasión fue un mero accidente, definitivamente no mereció serlo.
(4) Los últimos años en el Perú han sido testigos de situaciones en las que estadounidenses y funcionarios de los banqueros internacionales han sido nombrados ministros o viceministros de economía.
(5) Basadre registra un hecho anecdótico con referencia al asunto de las dobles nacionalidades durante el gobierno de Leguía. Refiere el historiador que en la Cámara de Diputados de 1929 se desempeñó como representante por Yauyos el súbdito inglés Arthur B. Wells. La carrera del británico Wells como representante peruano fue rápida: ese mismo año se había casado con Angélica Leguía y Zevallos, sobrina carnal del Júpiter Presidente.
(6) Leguía también nombró a estadounidenses en el ministerio de marina. La marina del Perú recibió a una misión estadounidense dirigida por el capitán de navío Frank B. Freyer. Desde julio de 1920 los integrantes de dicha misión desempeñaron puestos estratégicos en el ministerio de marina, la comandancia general de la escuadra y la Escuela Naval.
(7) En junio de 1929, Alexander Moore, embajador norteamericano en Lima, reciprocó la sumisión del régimen. Durante un banquete, Moore brindó por Leguía: "Que Dios os conceda muchos años de vida. Por la grandeza del Perú desearía que vivierais para siempre. Os pido, amigos míos aquí congregados, que bebamos a la salud de uno de los hombres más grandes que el mundo haya producido: el Gigante del Pacífico Augusto B. Leguía. Tiempo después, continuando con su agradecimiento, el diplomático del norte llegó a proponer la candidatura de Leguía al Premio Nobel de la Paz.
(8) En moneda de poder adquisitivo del añ0 2011, la coima equivale a cinco millones de dólares, aproximadamente. La cifra ha sido obtenida de acuerdo a la metodología del sitio web Measuring Worth.
Fuentes consultadas
Bardella, Gianfranco. 1989. Un siglo en la vida económica del Perú 1889-1989. Lima: Banco de Crédito del Perú.
Basadre, Jorge. 1931. Perú: Problema y Posibilidad. Ensayo de una síntesis de la evolución histórica del Perú. Lima: Librería Francesa Científica y Casa Editorial E. Rosay.
,,,,,,,,,,. 1968. Historia de la República del Perú 1822-1933, volumen 13. Lima: Editorial Universitaria.
Clayton, Lawrence. 1999. Peru and the United States: The Condor and the Eagle. Athens, Georgia: The University of Georgia Press.
Galbraith, John Kenneth. 1997. The Great Crash 1929. Boston: Houghton Mifflin Company.
Marichal, Carlos. 1989. A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great Depression, 1820-1930. Princeton: Princeton University Press.
Quiroz, Alfonso W. 1993. Domestic and Foreign Finance in Modern Peru, 1850-1950: Financing Visions of Development. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
© César Vásquez Bazán, 2012
Junio 24, 2012
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Información: Agenda de DDHH trasciende polémica designación de Martha Chávez - 15/11/2013 14:37:51

" PRONUNCIAMIENTO
Agenda de DDHH trasciende polémica designación de Martha Chávez
A partir del debate ocurrido en torno a la designación de Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, así como la posterior desactivación de dicho grupo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala lo siguiente:
1. El tema de derechos humanos sufre una gran desatención por parte del gobierno central y de las principales instituciones estatales, al punto de haberse permitido que sectores completamente opuestos a la defensa de los derechos humanos se hayan encontrado cerca de ocupar lugares desde donde bloquear iniciativas, así como impedir que el Estado peruano cumpla sus compromisos nacionales e internacionales en esta materia.
2. Que esta situación debe considerarse como un llamado de atención en primer lugar al Ejecutivo, ya que hay importantes normas que ya deberían estar rigiendo, como el Plan Nacional de Derechos Humanos, o la modificación del DS 051,MIJUS,2011 para el proceso de reparaciones a las víctimas de la violencia.
3. Que el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es hasta el momento bastante precario, luego de 10 años de haberse emitido dicho informe, tal como lo reconoce el Informe Defensorial de la Defensoría del Pueblo[1]. Así, urge la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que responda al reclamo de los familiares de los más de 16 mil peruanos y peruanas desaparecidos, cuya búsqueda de justicia y de verdad supera ya en muchos casos los 30 años.
4. Del mismo modo, sigue pendiente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Examen Periódico Universal (EPU) y las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, así como el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resaltamos, en esta línea, que tanto en el Congreso como en el Ejecutivo sigue pendiente la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y la adecuación de nuestro Código Penal al Estatuto de Roma.
5. Por último, la falta de procesos de consulta efectiva a los pueblos indígenas en el marco y total respeto del Convenio 169 de la OIT, sobre todo para los proyectos extractivos cuya área de influencia, ya sea directa o indirecta, alcanza sus territorios.
La agenda de derechos humanos es muy amplia y se necesita una voluntad política genuina para sacar adelante estos temas. Por ello, desde las 81 organizaciones que conforman la CNDDHH ratificamos nuestra decisión de continuar nuestro trabajo por la vigencia de los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas, y al mismo tiempo exigimos a las principales instituciones del Estado peruano el respeto irrestricto de los derechos humanos, como un elemento fundamental de la democracia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
[1] Ver: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-DEFENSORIAL-162.pdf

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Que opina? Plantean ver caso Urtecho en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales - 07/10/2013 13:16:00

El caso del congresista Michael Urtecho debería ser absorbido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, si existiera voluntad política el tema, podría ser visto y resuelto en menos de un mes, aseveró hoy el exprocurador anticorrupción, Iván Montoya.
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Noticia, Gobierno y empresas contra el contrabando - 05/07/2013 11:19:18

"El Gobierno y el sector privado vienen sumando esfuerzos para luchar contra el contrabando, mediante la implementación de una estrategia que a la fecha reporta resultados alentadores.
Para el presidente del Comité de lucha contra el contrabando, de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Raúl Saldías, los primeros seis meses del año se caracterizan por una participación más activa de las autoridades en su accionar para detener esa práctica ilegal en comparación con otros años.
"Ello se evidencia en el número de operativos y en la cantidad de incautaciones realizados durante el ejercicio pasado que, prácticamente, duplican lo registrado en 2011", declaró al Diario Oficial El Peruano.
En tal sentido, enfatizó que la estrategia aplicada por las autoridades hasta la fecha,emite una señal clara de que hay voluntad política para luchar contra el contrabando.
Impacto negativo
La lucha frontal contra el contrabando se debe a sus efectos negativos en la economía. Saldías prevé que anualmente se pierden alrededor de 200,000 puestos de trabajo en la industria nacional, entre directos e indirectos, como resultado del contrabando proveniente de diversos países.
"Esta práctica impide que la producción de los bienes que ingresan ilegalmente al país se traduzca en empleo formal para el mercado local."
Los sectores de confecciones y de tabacos son tradicionalmente los más afectados por el contrabando que se realiza en el país. Asimismo, los derivados del petróleo, como la gasolina y el gas licuado de petróleo, que provienen de Bolivia y de Ecuador.
Estrategia renovada
La estrategia de lucha contra el contrabando está pasando por una etapa de renovación. Ahora se le da un mayor peso a las labores de inteligencia y a la incorporación de la tecnología, reveló el intendente de prevención del contrabando y fiscalización aduanera de la Sunat, Gustavo Romero Murga. Dijo que el objetivo es lograr un trabajo más eficiente que reporte mejores resultados para el país. En este sentido, destacó el aporte del sector privado que se canaliza mediante la participación de los gremios empresariales en la Comisión de Lucha contra los delitos aduaneros y la piratería, instancia presidida por la viceministra de Industria, Magali Silva. "Ellos aportan información y participan de la elaboración de los mecanismos normativos", dijo. Comentó que recientemente se realizaron operativos conjuntos con Ecuador en los principales pasos de mercadería de contrabando, con resultados bastante auspiciosos. "En este foro también se coordinan acciones similares con la Aduana de Bolivia, a fin de combatir el contrabando en el sur del país."
Datos
El presidente de la Corte Suprema aseguró que en el presupuesto de 2014 se considerará crear tres juzgados especializados para atender los delitos aduaneros, con jurisdicción nacional.
Habrá más operativos y el Estado tendrá un mayor margen de acción para luchar contra ese flagelo.
La SNI calculaba el contrabando en 1,500 millones de dólares, pero ,según los sondeos realizados, debe estar en 2,000 millones de dólares al año.
Diario El Peruano (05/07/2013)
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Es Noticia, Gobierno no priorizará debate del proyecto de la Ley de Trabajo - 01/07/2013 10:44:41

"Primera versión de la iniciativa cumplirá casi doce años desde su presentación. El Consejo Nacional del Trabajo tiene hoy como prioridades la elaboración del reglamento de la ley de relaciones colectivas.
El proyecto de la Ley General del Trabajo cumplirá casi 12 años desde su primera iniciativa (en noviembre del 2013). Actualmente, se encuentra pendiente la entrega de un Informe Técnico Económico que precise sus alcances y posibles efectos al Consejo Nacional de Trabajo (CNT), para que se debata y luego se remita al congreso una propuesta consensuada.
Sin embargo, aún no se ha entregado dicho informe ni esta en agenda su debate, reveló a Gestión, la ministra de Trabajo, Nancy Laos.
El CNT, dijo Laos, priorizará otros debates como el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas y otros. Por ello, no aseguró que este año se debata el proyecto de la ley general del trabajo.
Historia
El Ejecutivo en septiembre del 2011, reactivó el proyecto de la ley general del trabajo y encargó a una comisión de expertos revisar y actualizar dicho proyecto. El texto final fue presentado en diciembre de dicho año.
Paralelamente, en la comisión de Trabajo del Congreso, también se reactivó el documento original del proyecto, ocasionando que dos proyectos,se trabajen por separado. El resultado a la fecha, ni el Congreso o el Ejecutivo, lo tienen en agenda.
Discrepancias
Ambos el proyecto de la ley general del trabajo. tenían un consenso del 85% de sus normas (más de 420 artículos); sin embargo, ni centrales sindicales ni gremios empresariales se ponen de acuerdo en el porcentaje restante.
Uno de los mayores puntos de desacuerdo entre las empresas y los trabajadores es la elevación del tope de la indemnización por despido injustificado, que hoy se regula en 12 años hasta 16 años en el caso del proyecto del Ejecutivo o de 24 años en el del Congreso (ambos con fórmulas progresivas).
También hay diferencias sobre la reducción de los tipos de contratos temporales (a plazo fijo), hoy se regulan nueve con un máximo de cinco años de duración. El proyecto de la ley general del trabajo regula seis tipos y un máximo de 18 meses o 2 años.
Asimismo, existe controversia porque el proyecto considera incorporar como causa de despido nulo (con la posibilidad de reposición en el trabajo y de pago de remuneraciones devengadas) a los casos creados por el Tribunal Constitucional: despido incausado, fraudulento y lesivo de los derechos fundamentales.
Se modificará la pena de cárcel para el Gerente
De otro lado, la ministra de Trabajo, Nancy Laos, adelantó que la sanción penal aplicada a los gerentes generales que no adopten medidas preventivas necesarias para que los trabajadores no pongan en riesgo su vida, salud o integridad física, será modificada.
La propuesta se debatirá en julio en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud, y se presentará un proyecto consensuado al Ejecutivo, para su modificación, aseguró.
Cabe recordar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificó el Código Penal creando un nuevo delito que sanciona con cárcel al Gerente General de una empresa de dos a cinco años por el incumplimiento simple de las normas de seguridad, y hasta diez años, cuando exista muerte o lesiones graves de trabajadores o terceros.
Análisis
Hace falta voluntad política
Jaime Zavala Costa
EX MINISTRO DE TRABAJO
Este proyecto fue revisado por una comisión de seis miembros que respetó el alto grado de consenso acordado por las centrales sindicales y los gremios empresariales en el Consejo Nacional de Trabajo y buscó garantizar un balance para que el proyecto de Ley General de Trabajo (PLGT) tenga sostenibilidad en el tiempo y legitimidad; y no se revise por cada gobierno de turno.
Lamentablemente el PLGT está congelado más de 10 años, por prejuicios, diferencias ideológicas y otros. No se advierte una voluntad política para aprobarlo aunque curiosamente esa aprobación se fijó en el plan de gobierno de Gana Perú y de Perú Posible.
Diario Gestión (01/07/2013)
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Que opina usted? Piden marco legal sobre desaparecidos y banco de datos genético para víctimas de la violencia - 27/05/2013 16:17:21

" Ideeleradio.- El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) plantea la implementación de un marco legal para la búsqueda de personas desaparecidas y un banco de datos genético que permita la identificación de las víctimas de la violencia, informó Gisela Ortiz, a directora de Operaciones de esa institución.
"Nosotros, como parte del Equipo Peruano de Antropología Forense, veníamos planteando de hace tres años atrás, todo este tema de las exhumaciones por razones humanitarias. Es por eso que planteábamos este tema del paraguas humanitario, estas exhumaciones y búsqueda de desaparecidos desde un marco legal, una ley de búsqueda de personas desaparecidas que impulse más el lado humanitario", indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Es decir, vamos encontrando a las víctimas, vamos identificándolas, restituyendo a su familia de manera paralela a lo que hace la justicia, no sobreponiendo una cosa sobre otra, sino pensando más en las miles de madres y padres ancianos que están muriendo y que con ellos muere gran parte de la información genética, que nunca vamos a tener para poder luego identificar a las víctimas", anotó.
Ortiz Perea remarcó que la única manera de intervenir antropológicamente y desde el punto de vista forense es a través de la justicia. Señaló que hay que realizar una denuncia y es el fiscal quien determina todo el proceso de intervención.
"También hay una carencia de información genética, no tenemos un banco de datos genético. Ya en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado Peruano la implementación de un banco de datos, de tal manera que más allá de la propia existencia de los familiares, sea un proceso que culmine con la identificación de las víctimas , y esto tampoco se está haciendo", aseveró.
Depende del Minjus implementar mecanismo
La directora de Operaciones de EPAF dijo, en ese sentido, que hay una falta de voluntad política desde el Gobierno para que se impulse un mecanismo conjunto con la sociedad civil y las organizaciones de familiares y víctimas. Subrayó que depende del Ministerio de Justicia que se pueda implementar este tipo de mecanismos.
"[¿De quién depende estos mecanismos?] Del Ministerio de Justicia que pueda implementar este mecanismo legal de búsqueda de las personas desaparecidas, además también cómo atendemos este proceso de la restitución, como parte de un derecho a la identidad de la propia víctima", puntualizó.
Nadie asume traslado de cuerpos y construcción de nichos
Por otro lado, señaló que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se encarga de entregar los ataúdes para un entierro digno a los familiares de las víctimas, pero lamentó que nadie asuma el traslado de los cuerpos ni la construcción de los nichos.
"Hace un mes estamos solicitando a la Municipalidad de Huancapi [Ayacucho] la construcción de 11 nichos para Huamanquiqui. En los próximos meses va a haber una restitución de cuerpos, y no hay donde enterrar a las víctimas. El familiar no puede preocuparse en movilizarse hasta la región Ayacucho, recuperar el cuerpo del familiar para luego llevarlo guardarlo a su casa. Hay que pensar en el problema de manera integral, con todas las aristas que tiene", subrayó.
"Otro tema es el acompañamiento psicosocial. Las víctimas vivimos con un trauma producto de esta experiencia dolorosa que nos es difícil manejar muchas veces. Hay personas que tienen problemas de ansiedad, depresión, esquizofrenia y no hay que acentuar mucho más ese daño, entonces hay que ver desde el Estado, desde el Ministerio de Salud cómo vamos acompañar este proceso, personal y calificado para que este reconocimiento de las víctimas sea el final de un ciclo doloroso y no una revictimización", acotó.
Hay 16 mil desaparecidos
Finalmente, informó que las estadísticas respecto a las personas desaparecidas se han ido incrementando y que, actualmente, existen 16 mil en esta condición. Recalcó que las cifras son el doble de lo que señaló la Comisión de la Verdad (CVR).
"El problema es grande, las estadísticas se han ido incrementando y, actualmente, estamos hablando de 16 mil desaparecidos. Son estadísticas del propio Ministerio Público y es el doble de lo que nos dijo la CVR en el año 2003. El problema es mucho mayor, hay que tener voluntad para llamar a todos los actores y ver de qué manera resolveremos este tema. Lamentablemente, hemos perdido muchísimo tiempo", concluyó
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