La comisión de Fiscalización del Congreso y El Ministerio de Justicia

Que opina usted? Todas las conexiones del premier Cornejo y su esposa con el Estado - 18/03/2014 14:23:02

"Ayer se salvó el gabinete Cornejo por un calzón pelo.
66 votos a favor, frente a 52 en contra y 9 abstenciones. Ufff.
Pero ni bien sale de una, entra en otra. Hoy día la Comisión de Fiscalización del Congreso abrió una investigación preliminar contra el premier. ¿La razón? Cornejo habría contratado con el Estado, pese a que ya era ministro de Vivienda:
Según el acciopopulista [García Belaunde], el primer ministro recién se desligó totalmente de la Corporación Helios SAC el 25 de octubre del 2012, es decir 15 meses después de ser nombrado titular de Vivienda.
¿Saben cuál es la explicación para esto? Según contó el asesor de Cornejo a Perú21, el premier renunció a Helios en setiembre de 2010; pero, por ""un descuido"", no se inscribió la revocación de poderes hasta 2012. Ya.
Sin embargo, la situación del premier Cornejo es más complicada. Por dos motivos.
Nota de Perú21

Los jueves de patas
Hoy Martín Hidalgo de Perú21 reveló que Cornejo no es la única persona relacionada a la Corporación Helios con chamba en el Estado:
Ana Reátegui: Fundadora de Helios. Actual presidenta del Directorio de Electro Oriente.
Martha Esteves: Fundadora de Helios. Actual miembro del Directorio de PeruPetro.
Hilda Sandoval: Consultora de Helios entre agosto de 2010 y agosto de 2011. Actual viceministra de Vivienda.
A esta lista, Hidalgo también agrega otros nombres que ya no ocupan cargos públicos:
Eduardo Escobal Mc Evoy: Director de proyectos de Helios. Fue jefe de Proyectos Descentralizados en Proinversión cuando Cornejo era el director.
Marita Chang Olivas: Gerente General de Helios. Fue jefe de control de riesgos del Fondo Mivivienda.
Además, todos enseñan u ocupan altos cargos en ESAN.

Mientras Cornejo es investigado por contrataciones con el Estado...su esposa trabaja en la reforma de la Ley de Contrataciones con el Estado
Que Cornejo anunciara el proyecto de la Línea 2 del metro de Lima, donde Helios registra una consultoría a cargo de Proinversión, no es lo único que causa sospechas.
¿Se acuerdan de este cuadro?
Si no se acuerdan, no hay roche. Entren al post.
Por si no lo recuerdan, Aniversario Perú creo un buscador para ver quienes visitan la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). Cuando nos metimos a jugar con el buscador, encontramos que la esposa del premier Cornejo, Araceli Basurco, iba a cada rato a este organismo de trabajo y se reunía con un asesor de Presidencia.
Cuando preguntamos qué hacia la esposa del premier Cornejo visitando la OSCE, nos contestaron que ella asistía como representante de consultora de GIZ, para trabajar en la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Soy el único que ve la incoherencia?
Yo no la veo. Fuente: Peru.com
¿Como es posible que mientras el premier Cornejo es investigado por contratar con el Estado, su esposa (que también estuvo involucrada en Helios) esté chambeando en la reforma de la Ley de Contrataciones con el Estado?
Además, es una señora que también fue denunciada por irregularidad en contrataciones con el Estado, cuando ella era secretaria general del Ministerio de Justicia.
Pucha, no sé. ¿O yo me estoy equivocando y todo bien, fresh?
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Que opina usted? Lanzan propuesta para incorporar atención de lesbianas en protocolos de salud sexual y reproductiva - 14/03/2014 11:43:04

"Este 12 de marzo, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS) lanzaron un documento que contiene 26 aportes para incorporar la atención de las lesbianas en los protocolos de salud sexual y reproductiva del sector Salud.
La presentación se realizó en el Hotel Bolívar, a las 9 de la mañana, con la presencia de la congresista Rosa Mavila y representantes de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Ministerio de Salud, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del mismo sector, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (del año 2004) están conformadas por ocho módulos que brindan orientación a las y los profesionales de la salud en atención obstétrica, infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer y otros aspectos.
La propuesta es visibilizar las necesidades de salud ginecológica de las lesbianas en los módulos I y VII, por lo que se propone ,por ejemplo, que las y los médicos consideren la orientación sexual de la usuaria durante la realización del examen físico general y que brinden atención, tratamiento y monitoreo a la pareja mujer en caso exista un diagnóstico cuyo manejo es diferente en varones.
"Para la sociedad, el modelo de mujer es el que responde al sistema heterosexual hegemónico. Por ello, no es gratuito que el Estado y el sector Salud no hayan realizado nunca estudios sobre la salud lesbiana o que nos incluyan en sus protocolos de atención", sostiene Ruth Ramos, activista lesbiana y autora de la propuesta.
En las siguientes semanas, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y LIFS continuarán su trabajo de incidencia con el sector Salud y otras instancias a fin de que se logre incorporar su propuesta; propuesta que responde a una demanda del movimiento lésbico feminista peruano de hace más de un cuarto de siglo.
OPINIONES
RUTH RAMOS
Integrante de la Articulación Lesbianas Feministas de Lima
"Hay mucho desconocimiento sobre las lesbianas en una sociedad que pretende ser moderna. Desafortunadamente, esta desinformación se basa en mitos y creencias de un orden machista al cual responden los proveedores de salud".
TAMMY QUINTANILLA
Subgerenta de Servicios Integrales de Protección Frente a la Violencia Basada en Género de la Municipalidad de Lima
"Si tomamos como base este documento, la Gerencia de la Mujer podría elaborar una norma de rango municipal, junto a la Gerencia de Salud. Por lo pronto la publicación nos sirve de mucho pues estamos trabajando una guía de monitoreo y evaluación de los servicios de atención, frente a todas las modalidades de violencia basada en género".
LUCY DEL CARPIO
Equipo técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa)
"Este 2014 podríamos abordar la problemática que nos presentan. Podrían comunicarse con nosotros e informar formalmente que desean colaborar en la adecuación de los módulos de las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. Estamos abiertos a trabajar por el provecho y la salud de todos".
SILVIA QUINTEROS
Directora de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
"Efectivamente, existe necesidad de visibilizar a las mujeres lesbianas y de hacer propuestas de políticas públicas a favor de ellas. Como MIMP, formamos parte del Grupo de Trabajo para Promover los Derechos de las Lesbianas (GTL), integrado también por la Articulación Lesbianas Feministas de Lima. Sin duda, este el espacio donde podríamos trabajar juntas el documento que acaban de presentar".
KARINA PRINCE
Representante de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Minsa
"Hace un par de meses emitimos el Informe No. 13 sobre el acceso a la salud de la población de lesbianas, trans, gays y bisexuales (LTGB). En él hemos recomendado a la Dirección General de Salud de las Personas trabajar lineamientos y políticas en salud a favor de ella. Su decisión es que la sensibilización de los profesionales de la salud en temas de orientación e identidad de género sea obligatoria".
DANTE PONCE DE LEÓN
Representante de la Defensoría del Pueblo
"Este documento debe llegar igualmente a manos de la Comisión Nacional contra la Discriminación, conformado en diciembre del año pasado. En ella participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el Ministerio de Salud".
PATRICIA CARRILLO
Directora General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP
"Este es un ejemplo de una sociedad civil madura que le alcanza al Estado información que desconoce y que además elabora propuestas. Será muy útil para los servicios de salud que desconocen la complejidad de la sexualidad humana".
ROSA MAVILA
Congresista de la República de Acción Popular-Frente Amplio
"Si bien hay más ideas progresistas en la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas [distinta a la Comisión de la Mujer y Familia], no hemos incorporado nada sobre lesbianas por pura ignorancia. Por ello, esta propuesta es oportuna, porque hasta ahora el tratamiento de la homosexualidad es patrimonialista ,como lo demuestra el debate del matrimonio, cuando debería considerarse sobre todo el derecho integral a la salud o la patria potestad".
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Texto: Maribel Reyes.
Fotos: Melissa Merino.

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Interesante, El premier y sus ¿manos limpias? - 04/03/2014 14:57:59

"René Cornejo Díaz, quien acaba de juramentar como nuevo primer ministro del "Gabinete Nadine", es un viejo conocido en la administración pública, a la que ha pertenecido desde 1993 cuando, durante la gestión de Alberto Fujimori, integró el comité de privatización de Electrolima.
El flamante premier tiene, faltaba más, algunos "tapaditos". Conózcalos en esta nota.
Luego de integrar el Comité Especial de Privatización (CEPRI), que vendió en nombre del Estado Peruano la empresa Electrolima, el hoy premier continuó trabajando para la dictadura de Fujimori en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Primero bajo las órdenes de Jorge Camet y luego con Víctor Joy Way, Efraín Goldemberg y Carlos Boloña en la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) de ese ministerio.
El año 2000, al derrumbarse el gobierno de Fujimori, Cornejo pasó al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y se quedó allí hasta el 2002, año en el que se le nombra Secretario Ejecutivo del Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda-MIVIVIENDA- de donde sale el 2004 para integrarse a las filas de PROINVERSION
Hasta que una crítica del entonces presidente García Pérez lo obligó a renunciar.
Como todo astuto funcionario, René Cornejo, que había estudiado Ingeniería Eléctrica, logró reciclarse y volvió a la administración pública con el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, quien contra todo pronóstico designó a Cornejo como ministro de Vivienda, pese a que el hoy primer ministro representaba la privatización de las empresas del Estado que Cosito tanto repudiaba.
Su trayectoria privada. Al salir de la administración pública, René Cornejo fundó su propia empresa a la que llamó pomposamente Corporación Helio S.A., que según su página web tiene como misión "contribuir al crecimiento de sus clientes, brindándoles servicios de asesoría, consultoría y generación de negocios".
Es decir, toda la experiencia que adquirió en la administración pública la volcaría a favor de los particulares que lo buscaran para hacer negocios, utilizando, según las malas lenguas, información privilegiada que había obtenido en PROINVERSION, entidad que sabemos se dedica a buscar inversiones en el Perú y te indica los sectores en donde es mejor hacerlo.
Corporación Helio S.A. nos hace referencia a una gran cartera de clientes muchos de los cuales se sienten atraídos por ser una entidad integrada por personas que tienen la experiencia de haber sido consultores en PROINVERSION y en particular porque el director ejecutivo de esa institución es el factótum de Corporación Helio S.A.
Aunque no es un delito crear una empresa para brindar asesorías a privados para invertir en el país, sí es un dilema ético que conociendo lo que otros no conocen, obtengas clientes.
Pero ¿qué ocurre cuando a Cornejo lo nombran ministro de Vivienda y ahora premier? Las empresas privadas asesoradas por Corporación Helio S.A. desarrollan sus iniciativas privadas y las presentan a PROINVERSION para que esta declare de interés dichas iniciativas.
En el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el jefe de proyectos emite su opinión favorable y se inicia el proceso de convocatoria a Concurso Público.
Corporación Helio S.A. realiza el seguimiento del proceso a nombre de sus clientes inversores y brinda la asesoría para obtener el proyecto con el Estado Peruano, el mismo que está a cargo de PROINVERSION.
Quien hace las observaciones pertinentes, evalúa y finalmente otorga la buena pro, lo que significa que la empresa ganadora le paga sus honorarios de éxito a Corporación Helio S.A., quien distribuye sus utilidades entre sus accionistas (Cornejo incluido).
Rostros conocidos. Desde que Cornejo asumió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, muchos de los funcionarios de la Corporación Helio S.A. han pasado a integrar entidades del Estado y, en algunos casos, sin dejar de participar en esa empresa.
Por ejemplo, Ana Inés Reátegui Vela quien aparece como socia fundadora de la Corporación Helio S.A. junto con René Helbert Cornejo Díaz (el premier) la encontramos también como presidenta del directorio de Electro Oriente, cargo para el que ha tenido que ser nombrada por el Gobierno, que integra precisamente su socio fundador.
Incluso, Reátegui Vela en algunos documentos figura como la gerente general de Corporación Helios S.A.
No obstante, ese no es el primer cargo que ha ocupado Reátegui Vela en el aparato estatal.
La socia de Cornejo también ha trabajado en MIVIVIENDA (2001- 2002), precisamente en la misma época en que trabajaba también en ese organismo René Cornejo.
Lo mismo ocurrió, y ya no parece casualidad, en PROINVERSION, donde en el 2004 ocupó el cargo de gerente de Promoción y Apoyo al Inversionista Privado 2004.
Adivinen quién estaba en ese mismo organismo público. Sí, René Cornejo Díaz.
La cosa no queda allí, pues mucho más personal de la Corporación Helio S.A. están estratégicamente ubicados en entidades tales como Sedapal, Banco de Materiales, Electro Oriente, Electro Ucayali y Ministerio de Vivienda.
Todo esto sucedió cuando Cornejo tenía a su cargo la cartera de Vivienda.
En el sector saneamiento, los funcionarios que estuvieron a cargo de los procesos de concesión de Sedapal fueron Eduardo Escobal Mc Evoy como jefe de Proyectos de Saneamiento y Rossina Manché Mantero, quien también ocupó en PROINVERSION.
El mismo cargo que Escobal, quien luego pasó a ser consultor y gerente general de Corporación Helios S.A sin dejar de ser también asesor del ministro.
René Cornejo como ministro de Vivienda era director de PROINVERSION y FONAFE, lo que significaba que tenía bajo su control las empresas del Estado que tienen procesos de concesión en marcha y a futuro.
Todo queda en familia. Por si fuera poco, es preciso señalar que la esposa del flamante primer ministro también ha pertenecido a la burocracia estatal: la abogada Araceli Rita Basurco Neumann fue secretaria general del Ministerio de Justicia en el último tramo de la gestión aprista.
En ese sentido hay un dato inquietante, pues durante el tiempo que Basurco Neumann estuvo en esa dependencia pública, la gerente de Corporación Helio S.A. Ana Reátegui consignó en su CV que fue "asesora financiera en el servicio de asesor de transacción en el proceso de la primera concesión en el Perú de un establecimiento penitenciario incluyendo la promoción entre potenciales inversionistas (setiembre 2009-noviembre 2010)".
También coincidió con la cónyuge del premier Cornejo en el Ministerio de Justicia la Dra. Mary Ramos Barrientos, quien ocupa hoy el cargo de secretaria general de la Superintendencia de Bienes Estatales, pero que viene a ser en la práctica la jefa de esa importante entidad del Estado.
¿La habrá recomendado a su esposo para que la nombre al corresponderle precisamente al ministro de Vivienda la designación de esos funcionarios?
Habrá mucha atención en la gestión de este nuevo primer ministro (el quinto de la administración Humala).
Se espera que haga bien su trabajo y, además, que no chuponee a los funcionarios cuando aparezcan informaciones comprometedoras.
Foto: Difusión.
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Noticia, 3 datitos (y una yapa) que Nadine no quiere que sepas sobre su nuevo Primer Ministro - 27/02/2014 13:22:40

"El nuevo fusible felpudo títere ARGH Primer Ministro, René Cornejo declaró hoy día en un tono muy distinto al de sus antecesores. Según él, como Nadine es la presidenta del Partido Nacionalista (desde este año nomás pero no importa) ella no sólo puede sino que debe meterse en lo que le dé la gana:
Ese es un tema absolutamente natural, el presidente de un partido por supuesto que tiene la vocería política y por supuesto que no solo tiene el derecho sino la obligación de opinar.
Ay.
Ayayay
Pero... ¿de dónde ha salido este señor Cornejo que resulta tan cómodo para la Jefa de Gobierno? Ya te presentamos 3 datos que tienes que saber sobre el nuevo Primer Ministro. Ahora nos actualizamos con lo que, quizás, Nadine no quisiera que sepas de su nuevo cheerleader:

1. Fue involucrado en ventajas irregulares para Odebrecht
El caso fue revelado por Emilio Camacho para IDL-Reporteros. El resumen del caso es bastante explícito:
Un informe de Contraloría revela que Odebrecht tuvo privilegios en el concurso en el que se adjudicó la carretera IIRSA Norte. El hoy ministro de Vivienda y director de Proinversión cuando se dio la concesión, René Cornejo, niega tales ventajas. Lo cierto es que el concurso se resolvió a última hora en medio de sospechosas decisiones.
Estamos hablando de una carretera de casi mil kilómetros y que en el 2011 valía 359 millones de dólares. Un proyecto así, según la investigación, se decidió en sólo tres días.
Para que alucinen el largo de la carretera.
Sólo para que quede claro su currículo: Cornejo fue el director de ProInversión entre 2004 y 2007, es decir, entre los gobiernos de Toledo y García.

2. Trabajó con Alan y con Ollanta... y su empresa ganó con Alan y con Ollanta
Esto lo puso el periodista de investigación Ángel Páez en su Facebook y no entiendo cómo es que no ha generado una, al menos, respuesta del Primer Ministro:
Ojo que los conflictos de intereses no están limitados al mismo Cornejo, sino también a su esposa, funcionaria del gobierno de García. Esto publicó La Primera en el 2011, aún durante el gobierno de García:
Destituida
La hasta hace pocas horas secretaria general del Ministerio de Justicia, Araceli Rita Basurco Neumann, estaba incursa en un serio conflicto de intereses, luego que se conociera que la empresa de su esposo, el exjefe de ProInversión, René Cornejo Díaz, denominada Corporación Helios S.A., ganó una asesoría para la licitación de un penal.
Por la familia
ProInversión contrató a la Corporación Helios S.A. por un monto de 750 mil soles más un ?honorario de éxito? de hasta 300 mil soles. Los servicios que prestó la corporación fueron para satisfacer un requerimiento del sector Justicia, en el cual ProInversión actúa como agente intermediario.
Lo sabía
En su calidad de secretaria general del ministerio, Araceli Basurco Neumann estuvo enterada de todas las gestiones y tuvo pleno conocimiento de las acciones que realizaba ProInversión para lograr la concesión del penal de la región Lima, incluyendo la contratación de la empresa de su esposo, Corporación Helios S.A.
Otra más: el ciudadano José Gómez denunció a Ana Reátegui, presidenta del directorio de Electro Oriente y fundadora de Corporación Helios por asociación ilícita, abuso de autoridad, colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La historia completa, que involucra a Cornejo, aquí.

3. La Corporación Helios se salvó de la Megacomisión
¿Cómo? Hace años, Hildebrandt denunció que Corporación Helios había ganado 510 mil soles por vender palcos y estacionamientos en el remodelado Estadio Nacional. La inflada remodelación del Estadio Nacional fue investigada por la Comisión de Educación del Congreso. Sin embargo, cuando se hizo evidente que el caso era bastante grande, se discutió la posibilidad de pasárselo a la Megacomisión. El mismo Sergio Tejada dijo que, si eso sucediera, Cornejo tendría que ser citado al Congreso para que explique lo que pasó.
Pero nada de esto nunca ocurrió. No se investigó lo de Helios y el Estadio. Cornejo no fue citado. Y ahora es Primer Ministro.
La remodelación fue exonerada de todo proceso de selección y licitación gracias a un decreto de Alan. Foto: El Comercio
Yapita:
Este no es un dato, sino el análisis del periodista económico Luis Davelouis. La pregunta es: ¿está Cornejo listo para asumir las responsabilidades de un Primer Ministro? La respuesta en el blog de Davelouis, pero aquí tienen un adelanto:
¿Piensa alguien que con el perfil de agente encubierto que ha mantenido hasta ahora, Cornejo va a poder asentar las políticas que se diseñen en el seno del flamante y brillante Consejo de Ministros con sus cinco PhD? Porque sí, eso hay que felicitarlo, el gobierno tiene los cuadros necesarios y gente brillante en cantidades nunca vistas, excelente, pero ¿quién va a ir a Celendín a convencer a los pobladores de que lo que el Ejecutivo ha diseñado en su pizarra es lo que más les conviene? ¿El mismo René Cornejo que a duras penas enfrentaba a la prensa para comentar buenas noticias como el boom inmobiliario? ¿Es Cornejo, para alguien más o menos enterado y fogueado entre los gobiernos sub nacionales y los gremios que hacen bochinche, un interlocutor válido? Hasta el menos pintado de los líderes regionales lo devolvería.
Se vienen tiempos interesantes.
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Interesante, Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú - 21/01/2014 12:26:13

"Human Rights Watch (HRW) presentó hoy en Berlín su Informe Mundial sobre Derechos Humanos y en la presentación de Sao Paulo hizo hincapié sobre los problemas que afrontan los países de América Latina y sus desafíos para 2014.
La edición latinoamericana analiza los países de la región, entre los que figura nuestro país. A continuación el capítulo referente a Perú.
Human Rights Watch
Informe Mundial 2014: Perú
En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal.
A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados.
Muertes durante protestas
Según datos obtenidos hasta septiembre de 2013, un total de 27 civiles habían muerto durante protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011. La cantidad de muertos por armas de fuego en estos sucesos se redujo de 18 en los primeros ocho meses de 2012 a tres en el mismo período de 2013. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un organismo gubernamental creado en agosto de 2012, ha impulsado iniciativas de diálogo para fomentar la resolución pacífica de conflictos sociales que provocan protestas. No obstante, sólo se ha avanzado moderadamente en la determinación de las circunstancias en las cuales se produjeron las muertes y el juzgamiento de policías o militares que aplicaron la fuerza en forma ilegítima.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y 2000. Muchas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, mientras que otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En 2009, el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y varios miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones forzadas. En junio de 2013, el Presidente Humala rechazó un pedido presentado por familiares de Fujimori para que se le conceda el indulto presidencial por motivos de salud. Según trascendió en los medios, una Comisión de Gracias Presidenciales había determinado que Fujimori no sufría una enfermedad terminal o degenerativa ni trastornos psicológicos graves.
La investigación judicial en otras causas ha sufrido extensas demoras y permitido tan sólo unas pocas condenas. En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había implementado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2013, de los 194 casos que supervisaba, 113 habían sido cerrados o se encontraban en las primeras etapas de investigación, y solamente en 32 se había dictado sentencia.
En junio de 2013, el Tribunal Constitucional determinó que una masacre ocurrida en 1986 en la cárcel El Frontón durante el primer gobierno del ex Presidente Alan García, y en la cual perdieron la vida al menos 130 internos, estaba sujeta a prescripción debido a que no constituía un delito de lesa humanidad. La opinión del tribunal desconoció una sentencia dictada en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en la cual se ordenó que Perú investigara estos sucesos y juzgara a los responsables. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional que modificara la sentencia en razón de que la mayoría de los jueces había desestimado el argumento de los reclamantes sobre inconstitucionalidad del proceso en el caso El Frontón, y no se había solicitado al tribunal que estableciera si los delitos constituían crímenes de lesa humanidad. Hasta octubre de 2013, el tribunal no se había pronunciado.
Jurisdicción militar
Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo resueltos por tribunales militares. El Decreto Legislativo N.° 1095, adoptado en 2010 por el gobierno del Presidente García, permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse de abusos contra civiles a miembros de esta fuerza que intervinieron en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado insistentemente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos en la región. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.
Tortura
La tortura representa un problema crónico. Un tercio de las 144 víctimas cuyos casos han sido monitoreados en la última década por la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) murieron o sufrieron incapacidad física permanente debido a torturas, en su mayoría cometidas presuntamente por policías.
Libertad de expresión
En agosto de 2012, en respuesta a la progresiva presencia pública de un grupo reducido que exige la amnistía de presos de Sendero Luminoso, el Presidente Humala presentó un proyecto legislativo que arremete contra la libertad de expresión al tipificar el "negacionismo" de delitos cometidos por organizaciones terroristas. El proyecto, tras las modificaciones en el Congreso, establecería penas de prisión de entre 6 y 12 años a quienes "nieguen" tales delitos o la participación de personas en ellos, cuando exista una sentencia definitiva que establezca tal participación. Establece como condición que la expresión tenga la "finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Cuando la negación se realice a través de medios sociales o tecnologías de la información, la pena se incrementaría hasta 15 años. Hasta octubre de 2013, el proyecto aún no había recibido aprobación definitiva en el Congreso.
Los periodistas siguen estando expuestos a la imposición de penas de prisión en suspenso y multas por difamación. Por ejemplo, en mayo de 2013, un juez en Huaraz, Ancash, aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso al periodista Alcides Peñaranda, director de la revista Integración, por haber difamado al presidente regional de Ancash, César Álvarez, y dispuso que debía pagar una indemnización. Esta acusación estuvo vinculada con un artículo de Integración en el cual se indicaba que existía corrupción en el gobierno regional y se hacía referencia a un artículo publicado en una revista de Lima por César Hildebrandt, un renombrado periodista de investigación. Álvarez demandó por separado a Hildebrandt y a su colega Melissa Pérez. Un tribunal de Lima los absolvió, invocando una sentencia de la Corte Suprema que asignaba a las personalidades públicas una mayor carga de la prueba en casos de difamación en los cuales estuviera afectado un interés público.
Aún está siendo analizado en el Congreso un proyecto que reemplazaría las penas de prisión para el delito de difamación por multas y tareas comunitarias. Si bien el Congreso aprobó el proyecto en julio de 2011, el Presidente García objetó algunas disposiciones y la versión reformada nunca se aprobó.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre. No obstante, el país carece de protocolos claros que permitan a proveedores de salud determinar en qué circunstancias concretas resultaría lícito el aborto. Numerosos organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Perú a adoptar estos protocolos y a legalizar el aborto en casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Al momento de elaboración de este informe, el gobierno no había cumplido las recomendaciones.
Derechos de discapacidad
El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente "incapaces" y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción o tutela judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Perú, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al país "eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad" y "redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura". También instó a Perú a adoptar legislación que prohíba la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, a permitir el aborto en casos de violación sexual y a adoptar "rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico".
En septiembre de 2013, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó 26 cárceles y dependencias policiales en distintas regiones de Perú. Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. El vicepresidente del subcomité expresó su expectativa de que a fines de 2013 Perú hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura y el maltrato con fondos suficientes para que funcionara adecuadamente.
En tanto miembro relativamente reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha tenido un rol positivo en la votación de diversas resoluciones destinadas a abordar violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Bielorrusia e Irán. No obstante, Perú adoptó una medida regresiva al determinar que ya no patrocinará resoluciones sobre países individuales en la ONU.
Ver:
Informe Mundial 2014 , versión completa
Capítulo Perú

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Interesante, "El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas como sujeto de derechos" - 29/11/2013 17:17:32

"En diálogo Estado-sociedad civil se reflexionó sobre Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad, dirigiéndose a representantes de la sociedad civil. (Foto: Servindi)
Por Servindi
"El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas sino de comunidades" afirmó la viceministra de Interculturalidad Patricia Balbuena, en un desayuno de trabajo con asociaciones de la sociedad civil, realizado el jueves 28 de noviembre.
El Estado peruano nunca ha tomado decisiones pensando en el sujeto de derechos "pueblo indígena". Por tal motivo, nunca ha recolectado información específica pensando en el sujeto "pueblos indígenas" sino solo como comunidades.
Cuando el Estado empiece a hablar del sujeto pueblo indígena lograremos uno de los avances más importantes y este es uno de los desafíos del próximo censo que organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), agregó Balbuena.
La funcionaria reconoció que los espacios de diálogo son los mejores para disentir pero también para llegar a acuerdos. Y estos son aún más necesarios ahora que se cuenta con una dirección de Pueblos Indígenas que necesita trabajar con otros sectores y la sociedad civil.
Al respecto anunció que el sector Cultura viene analizando la creación de dos espacios de trabajo dedicados a los pueblos indígenas: una comisión sectorial y otra comisión multisectorial de carácter permanente, que haga seguimiento al cumlimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sobre el tema institucional Balbuena planteó como un asunto de fondo definir qué es lo que necesitamos como Estado para atender a los pueblos indígenas y cómo se reflejaría esto en la estructura del Estado peruano.
Informe Alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH. Clic a la imagen para acceder a la publicación en PDF.
Respecto al proceso de consulta previa Balbuena reconoció que se trata de un asunto muy complejo, que plantea enormes desafíos y cambios en la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Existe una pregunta de fondo: ¿Tiene el Estado la capacidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? Se trata de un desafío enorme y complejo que requiere mucho tiempo y tenemos que esforzanos por acelerar estos procesos.
Por ejemplo, destacó, el enfoque intercultural no es algo que se aprende en un par de capacitaciones. Por esta razón, tenemos que superar desconfianzas y fortalecer capacidades en ambas partes, en referencia al sector público y la sociedad civil.
La ley de consulta previa y su reglamento no son suficientes para los procesos de consulta. El problema es cómo hacer la consulta y falta un desarrollo normativo administrativo, sentenció.
Expectativas de la sociedad civil organizada
El desayuno de trabajo fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y al mismo acudieron funcionarios de Cultura, Educación, Justicia y Energía y Minas, entre otros.
La finalidad fue presentar y dialogar en torno al informe alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH y que es enviado a la Comisión de Expertos de la OIT a fin de contribuir a evaluar el cumplimiento de dicho convenio.
Javier Jahncke expuso las limitaciones del marco legal del proceso de consulta previa normativas e hizo especial hincapié en la guía y deficiencias de la guía metodológica de consulta que restringe el reconocimiento a los pueblos imponiendo los requisitos de lengua y territorio.
Representantes del Ejecutivo. (Foto: Servindi)
Jahncke, representante de la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), expresó su preocupación por que la modalidad desconcentrada de los procesos de consulta están a cargo de las mismas instancias públicas que promueven las medidas a ser consultadas.
Ello no brinda garantías de imparcialidad y transparencia, especialmente en lo que concierne al sector Energía y Minas.
A ello se aúna que las consulta se programan después de haberse aprobado los estudios de impacto ambiental (EIA); y existen mecanismos de participación ciudadana que se sobreponen y desvirtúan los procesos de consulta previa, que tienen una naturaleza jurídica distinta.
Jahcke y Miguel Jugo, refirieron asimismo cómo voceros del gobierno se refieren al derecho a la consulta previa como una "traba" para el desarrollo, a pesar que fue la primera medida legal del gobierno a raíz de un fuerte compromiso político surgido por los sucesos de Bagua.
Criminalización en debate
Mar Perez, de la CNDDHH, explicó la coerción del Estado mediante el uso abusivo de la fuerza y que ha ocasionado 29 civiles fallecidos en el periodo del actual gobierno de Ollanta Humala.
El 86 por ciento de los fallecidos fue por proyectil de arma de fuego, el 10 por ciento menores de edad y el 45 por ciento son indígenas o en protesta relacionada a derechos de los pueblos indígenas, precisó Mar.
A ello se suman los procesos infundados, las denuncias preventivas, los mandatos de detención, el uso injustificado de la autoría mediata, los traslados arbitrarios de jurisdicción y los múltiples procesos por los mismos hechos.
Destacó el caso injusto, inhumano e ilegal de tres indígenas privados de libertad desde el año 2009 por los sucesos de Bagua para los cuales solicitó libertad inmediata o arresto en su propia comunidad.
Mar Pérez, de la CNDDHH. (Foto: Servindi)
José Coloma, representante del Poder Judicial, calificó de exagerada el calificativo de "criminalización" de la protesta social porque según su criterio no existe una política deliberada de criminalización, aunque admitió que las situaciones anómales se repiten en otros procesos y constituyen un lastre a superar.
David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) reafirmó la situación de criminalización y brindó ejemplos como la instrumentalización del derecho, las campañas para demoler honras y la afectación a la vida e integridad personal.
Brindó ejemplos concretos, como los trescientos procesados en torno al proyecto Conga y una cantidad mucho mayor en el caso del proyecto Río Blanco, en Piura.
Institucionalidad y participación
Iris Olivera, de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), enfatizó en la diferencia entre participación ciudadana y el derecho a la participación de los pueblos indígenas que es un derecho distinto y que no se ha desarrollado en el país.
De acuerdo al Convenio 169 de la OIT se trata de asegurar el derecho a participar en la toma de decisiones.
Sobre la institucionalidad pública para pueblos indígenas sostuvo que ésta se ha venido debilitando cada vez más y actualmente existe un candado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
Recordó que existen compromisos de una mesa de trabajo y existe la demanda de las organizaciones indígenas porque se cree un Ministerio de Pueblos Indígenas.
Estado y sociedad civil en diálogo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. (Foto: Servindi)
Avances en justicia intercultural
Jaime Escobedo, asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de interculturalidad, enfatizó que el Estado peruano no tiene vocación de litigio con los pueblos indígenas.
Hay una hoja de ruta de trabajo en el Poder Judicial sobre el tema de interculturalidad y un proceso muy activo y dinámico con las organizaciones indígenas, una de cuyas expresiones es el proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, aprobado por la Comisión de Pueblos del Congreso y que será sometida a un proceso de consulta pre legislativa.
Finalmente, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, sostuvo que la construcción y afirmación social de un sujeto indígena es un reto para todos y especialmente para quienes estan formados de una manera tradicional.

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