la "paz" no ha servido de nada. Siguen los linchamientos y XXIII FÓRUM REGIONAL "LOS DERECHOS HUMANOS Y UN DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO" EN ICA

Que opina? Guatemala: la "paz" no ha servido de nada. Siguen los linchamientos - 25/03/2014 7:26:48

"En Guatemala hace ya años que se firmó la paz entre Gobierno y movimiento guerrillero. Pero lejos está todavía de poder decirse que el proceso iniciado en ese entonces haya dado los frutos que se esperaba. Más aún: la situación actual nos confronta con un empeoramiento, un retroceso en las causas estructurales que dieron lugar a la guerra civil en la década del 60 del pasado siglo. La guerra hoy día formalmente terminó, pero la violencia sigue presente y se evidencia de otras maneras, tan o más crueles que en los peores años del enfrentamiento armado.
La post guerra que vivimos actualmente está marcada por una suma compleja de problemas, donde la violación a los derechos humanos sigue siendo una constante, si bien no con la intensidad de años atrás, pero con efectos sociales igualmente dañinos. Una herencia trágica -entre otras- de 36 años de conflicto armado está dada por la recurrencia de linchamientos.
Este fenómeno debe abordarse desde una perspectiva multicausal. Participan en él aspectos de diversas naturalezas: sociales, psicológicos, culturales. De hecho no son algo nuevo en la historia; se los conoce desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, no son un patrimonio de la "violencia guatemalteca". Actualmente deben su nombre al juez estadounidense Charles Lynch, quien organizó a contemporáneos suyos para actuar como ley local en un juicio sumario contra unos conspiradores pro-británicos hacia el año 1780. A partir de este hecho relativamente reciente se derivó el verbo linchar, y el sustantivo linchamiento, hoy ya universalmente aceptados.
Lo significativo en Guatemala es no sólo la crueldad de estos actos (con sus características muy propias: es costumbre quemar a la persona linchada), sino su sintomática recurrencia: desde el momento del inicio del proceso de paz hasta la fecha nunca desparecieron. Se dan en las comunidades rurales que fueron escenario del enfrentamiento armado, donde existieron redes de contrainsurgencia paramilitar que nunca se desmantelaron totalmente (y donde muchas veces no hay gasolineras, pero donde nunca falta gasolina para quemar al linchado), así como en áreas urbanas. Incluso -este es un dato que no puede minimizarse- hasta se dio uno, con saldo mortal para uno de los delincuentes linchados (fueron tres) ¡en el estacionamiento de una universidad católica de la ciudad capital, siendo sus estudiantes ¿católicos? quienes lo llevaron a cabo!
Quienes continúan poniendo los muertos siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo que hace de Guatemala un país de enormes contrastes: los indígenas de origen maya, por siempre pobres, o los pobres urbanos, en muchos casos de ascendencia maya, siempre excluidos (de esos sectores urbanos marginados surgen los ladrones que pululan por toda la sociedad, y que pueden robar un teléfono celular, una billetera, una cadenita de oro; nunca se lincha a un funcionario que roba parte del presupuesto, por ejemplo, o un personaje ligado al gran crimen organizado, todos los cuales no vienen de esos sectores marginados y empobrecidos. Y jamás -¡esto es impensable!- se lincharía a un empresario o a un patrón de finca, por más explotadores que sean). De hecho, como símbolo de lo grotescamente patético del asunto, valga decir que vez pasada se linchó a un par de jóvenes en el departamento de Quiché que habían robado… ¡unas zanahorias en un mercado!
De ninguna manera se debe buscar en la historia prehispánica o colonial el origen de los linchamientos. En todo caso sus causas se ligan al contexto particular que vive Guatemala hoy; contexto que, definitivamente, es consecuencia de siglos de historia conflictiva y violenta. Con esto se desvirtúa la opinión -profundamente racista- que los linchamientos son "prácticas de indios" (no debe olvidarse que la población indígena-maya del país es de alrededor del 60%, y la ideología racista dominante ve en ellos un factor de atraso y pobreza). Los linchamientos responden, en todo caso, a un horizonte histórico-social de violencia (de más de cinco siglos, reforzados por una guerra interna de casi cuatro décadas) que ha creado una cultura de violencia, en tanto dimensión de aceptación normal de fenómenos a todas luces violatorios de una coexistencia pacífica. Cultura de violencia que se refleja en un sinnúmero de conductas sociales no cuestionadas, como la aceptación generalizada del uso de armas de fuego, la resolución violenta de los pleitos, la aceptación -tanto por el Estado como por la sociedad civil- de la pena de muerte, la discriminación histórica de la población maya, una dinámica cotidiana de verticalismo y machismo, corrupción e impunidad a niveles escandalosos. Todo lo cual puede dar como resultado que entre un tercio de la población a nivel nacional haya total conformidad para con los linchamientos como una práctica correcta de "ejercicio de la justicia".
Como en todo complejo fenómeno social, no hay "buenos" contra "malos". Las cosas son infinitamente más enrevesadas, más complicadas. En todo caso, los linchamientos están originados en una sumatoria multifacética de causas:
Cultura de violencia vivida por años y asumida ahora como normal Inseguridad pública: violación de los derechos humanos e impunidad Muy bajo impacto del sistema formal de justicia y descrédito de la justicia consuetudinaria maya Ruptura del tejido social, producto de las estrategias contrainsurgentes de la pasada guerra Manipulación política de las poblaciones descontentas Mantenimiento de la ingobernabilidad Pobreza extrema, que redimensiona el valor de los bienes robados (¿linchar por un par de zanahorias?) En algunos casos, fanatismo religioso con mensajes apocalípticos (sectas neoevangélicas, habiéndose dado casos donde pastores de estas denominaciones llamaron a linchar).
Buscando explicaciones
El texto "Guatemala: Nunca Más", presentado en 1998 por la Iglesia Católica como informe final de su arduo Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, el cual estudia la represión vivida en estas pasadas décadas, indica que "el aprendizaje social de la violencia que se ha inducido a través de los grupos paramilitares, las redes de inteligencia y los mecanismos de entrenamiento militar, implican la necesidad de una desmilitarización real que revierta el proceso desarrollado en la guerra. Sin acciones específicas en ese sentido y en un contexto de impunidad y graves problemas económicos en muchos sectores de la población, las consecuencias de la guerra se manifiestan ya en nuevas formas de violencia social" [tal como los linchamientos].
Con la destrucción de las autoridades tradicionales de origen maya también tambalean las normas morales construidas para regular la convivencia cotidiana así como para resolver los conflictos domésticos, intra e intercomunitarios. En esa lógica, los linchamientos vienen a ser la expresión más elocuente -y patéticamente descarnada- de la militarización cultural que ha sufrido la sociedad en estos últimos años, y que se sigue evidenciando de manera dramática.
La psicología colectiva provee elementos para entender el problema; como dice el padre de la Psicología Social, el francés Gustave Le Bon en su ya clásica "Psicología de las multitudes": "La masa no tiene conciencia de sus actos; quedan abolidas ciertas facultades y puede ser llevada a un grado extremo de exaltación. La multitud es extremadamente influenciable y crédula, y carece de sentido crítico". Eso puede apreciarse en cualquier conducta masificada, donde desaparece la conciencia crítica y el individuo se ve transportado por la efusividad de la masa: para ejemplo, la moda, la conducta en un estadio de fútbol, el espíritu patriótico. En los fenómenos de los linchamientos siempre está presente este nivel de lo masivo, de lo tumultuario no racional. En el caso de Guatemala además se da un particular vínculo con la reciente historia de militarización vivida, que ha dejado marcas todavía muy frescas, y que confiere características especiales a la dinámica cotidiana. Durante el conflicto armado interno parte de las estrategias de la intervención contrainsurgente del Ejército fueron las de índole psicológica, junto con las acciones de violencia física. Esa especial metodología trajo consecuencias psicológicas y morales que se evidencian claramente en los linchamientos:
Las estrategias de las políticas contrainsurgentes fueron una escuela de crueldad. Estas acciones violentas permanecen en la memoria histórica de las poblaciones, manifestándose en lo que hoy se implementa en los linchamientos: tortura previa a la muerte, incineración de la víctima, posterior exhibición pública del cadáver. La crueldad de muchas acciones de la delincuencia cotidiana que hoy asola al país (el descuartizamiento, por ejemplo), o de los "honestos ciudadanos" incluso, que pueden quemar vivo a un ladrón capturado para lincharlo, no son connaturales a los guatemaltecos, no vienen en sus genes: son un reflejo de una historia vivida ("se repite activamente lo que se padeció pasivamente", es una enseñanza de la Psicología). Valga decir que Guatemala fue el país de todo el continente americano donde la guerra contrainsurgente alcanzó los niveles más crueles (200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, más de 600 aldeas destruidas en las campañas de "tierra arrasada". Todo eso no pasó en vano: los linchamientos lo remedan.)
El terror tiene manifestaciones y secuelas sociales que no desaparecen automáticamente cuando la violencia desciende, sino que presenta efectos acumulativos y perdurables. A partir de la historia vivida, el terror se convierte en una amenaza que puede ser reactivada en cualquier momento, y el linchamiento es una de las formas de recordarlo. La actual "epidemia de violencia" que vive la sociedad Guatemala -que transforma al país en uno de los más inseguros y violentos del mundo, sin estar técnicamente en guerra- no nace sola. Se juegan ahí historias coaguladas que llevan a la colonia y a la fundación del Estado moderno como monumental opresión de clase justificada en una fenomenal cultura racista.
Se destruyeron los tejidos sociales de solidaridad y participación comunitaria. Lo cual ha dado como resultado una intensificación de la desconfianza contra cualquier desconocido, contra los "extraños", frente a quienes se puede descargar entonces una tensión social, como ocurre en los linchamientos. La cultura de la desconfianza, de la paranoia, tan típicas de la guerra, se ha entronizado, y hoy día cualquiera puede ser sospechoso. Y ni se diga si la sospecha se asienta en estereotipos enraizados: joven con aire de marero, tatuado, con facciones no-blancas, proveniente de las zonas rojas de la ciudad, etc., etc. Es más fácil pedir el inmediato ajusticiamiento del ladrón (ladrón de celulares, claro está, no el del ladrón de millones del presupuesto nacional por ejemplo) que encontrar las causas por las que un joven delinque. La ética en juego es, como alguien dijo acertadamente, una ética de naufragio: "¡sálvese quien pueda!"
Se militarizó la implementación de justicia. La misma, por décadas durante el conflicto interno, se desenvolvió en el marco de una lógica militarizada. La transición a la justicia civil y su aceptación por parte de la población, sobre todo en cuanto al derecho al debido proceso y la correlatividad entre el delito y la pena, será un tránsito que requerirá de un trabajo de desaprender los códigos militarizados y el irrespeto a la vida. Pedir "mano dura" como supuesta solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía no es sino la expresión de esa historia de guerra y de militarización, que incluso va más allá de los 36 años de guerra. La cultura militar anida en el imaginario social que recorre la sociedad: ¿por qué un colegio es "bueno", según el extendido prejuicio que se repite frecuentemente, en tanto tiene mucha "disciplina", mucho "rigor", una excelente banda marcial?
Se buscó uniformar a la población a través de una manipulación maniquea de "nosotros buenos" y "ellos malos". En los linchamientos, al igual que en las dinámicas militarizadas que se vivieron en años pasados, se da una pretendida cohesión de la comunidad considerándola como un todo. Así se instala la impunidad para los ejecutores que se convierten en justicieros, se valora la solidaridad interna de la comunidad que ha sido capaz de "resolver" por sí misma sus problemas, la conciencia de culpa que podrían producir en algunas personas el presenciar o ejecutar actos de crueldad se diluye en la euforia de la solidaridad colectiva y el sentimiento de omnipotencia adquirido en el supuesto triunfo contra la maldad. Con los linchamientos, que ya hace más de una década pasaron a integrarse en la normalidad cotidiana de la población guatemalteca, no se ha resuelto en modo alguno el acuciante problema de la inseguridad ciudadana (al igual que no se ha resuelto con la desproporcionada cantidad de policías privados que pueden encontrarse donde sea: en una panadería de barrio, en una iglesia, en un establecimiento educativo -hay 6 veces más agentes privados que de la Policía Nacional Civil-, pero que sí refuerzan el estereotipo de "ciudadanos buenos" y "sospechosos malignos".
Aunque supuestamente los linchamientos constituyen una forma sumaria de hacer justicia, en realidad como procedimiento de presunto orden preventivo respecto a la delincuencia no traen ninguna consecuencia real, en tanto mecanismo disuasivo (al igual que la pena de muerte). Pese a haberse "ajusticiado" a numerosos delincuentes (insistamos: en general más cerca del robo de unas zanahorias que empresarios explotadores, funcionarios corruptos, militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la pasada guerra o connotados representantes del crimen organizado), el índice de criminalidad en todo el país, y en las ex zonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto. Si alguien osara tomarlos como presunta "justicia popular", se equivoca de cabo a rabo.
Los linchamientos significan para la población un recordatorio de quién sigue mandando. Si bien no se puede afirmar categóricamente en la totalidad de casos registrados, al menos en las áreas rurales hay fuertes indicios indicativos de la participación de las estructuras paramilitares contrainsurgentes que tuvieron lugar en la guerra -aún activas, por cierto- que dan su cuota de aporte para la comisión de estos hechos tumultuarios con los que se perpetúa un clima no democrático. Dicho en otros términos: este fenómeno no es sino una expresión -grotesca, y por ello mismo trágica- de la impunidad que aún reina. Y en las áreas urbanas son un indicativo de la permanencia de esa cultura militarizada y de muerte (vale más un teléfono celular que una vida humana, aún para un estudiante de una universidad católica que puede linchar en defensa… ¡de la propiedad privada de un teléfono celular!).
Enfatizamos esta idea: los linchamientos no hablan sólo de una falta de justicia (en ese caso podrían llegar a entenderse entonces como una forma sumaria de justicia popular). Ahí radica el verdadero núcleo del problema: el linchamiento no es justicia sino, por el contrario, refuerza la falta de justicia que campea en este nunca terminado período de post guerra. El linchamiento refuerza la impunidad.
¿Qué hacer ante esto?
Desaprender la violencia, combatir la impunidad, no es fácil; en el caso de Guatemala es trágicamente evidente. Más de cinco siglos de explotación feroz de las grandes mayorías indígenas, y casi cuatro décadas de guerra interna con el resultado de muertos, torturados y desaparecidos más alto en toda América Latina, han dejado marcas. La muerte pasó a ser cosa cotidiana: al que "molesta" hay que sacárselo de encima (dicho sea de paso: hoy un sicario puede matar a alguien por unos escasos centavos, quizá no más de 100 dólares). Los linchamientos no son sino una recreación monstruosa de esa verdad: pobres quemando vivo a otro pobre que se robó algo, alimentando así la cultura de la violencia. Y el ciclo se repite: "el que manda, manda; y si se equivoca vuelve a mandar".
Terminar con los linchamientos significa terminar con la cultura de guerra que aún persiste en el país, la cual, como van las cosas, en vez de ir desapareciendo pareciera que tiende a perpetuarse. Sólo fomentando una profunda y genuina cultura del respeto por el otro, un afianzamiento de la justicia, un combate frontal a la impunidad, pueden ir descendiendo estos fenómenos que nos retrotraen a la lógica del conflicto armado. Para ello es imprescindible que el Estado genere y sostenga, con clara voluntad, políticas a largo plazo encaminadas a ir incidiendo en estos aspectos. Cosa que, preciso es aclararlo, no está sucediendo al día de hoy. Más allá de todas las pomposas declaraciones en torno a la edificación de la paz, hoy día los aplaudidos Acuerdos de Paz de 1996 son, antes bien -como alguien dijera mordazmente- "recuerdos de paz".
De hecho se están desarrollando algunas iniciativas en el ámbito gubernamental tendientes a enfocar este fenómeno; de todos modos, hasta la fecha, en la agenda nacional no están visualizados claramente como un problema de alta prioridad. Son, en todo caso, un elemento más del clima de violencia imperante, pero no algo para lo que se destinan esfuerzos específicos desde las instancias estatales en tanto políticas públicas a largo plazo. En el imaginario colectivo -percepción muchas veces alentada también por los medios de comunicación masivos- pueden ser vistos como "justicia popular"; y desde el Estado poco contribuye a desdecir esa idea.
Por otro lado, desde la sociedad civil -ciertas organizaciones no gubernamentales, algunas iglesias- se han iniciado acciones concretas puntuales, en general enmarcadas en programas de prevención y manejo de la violencia. Su grado de impacto, sin embargo, es relativamente bajo, dado que no existe una estrategia nacional que las promueve y les otorgue real sostenibilidad en el tiempo.
Atacar de raíz el problema de los linchamientos debe pasar por una combinación inteligente de políticas nacionales con esfuerzos de base, todos comprometidos, con real voluntad de cambio, en una transformación de las secuelas del conflicto armado y una profundización de la ciudadanía democrática. Si no se modifica la cultura de violencia, si no se combate frontalmente la impunidad, si la justicia no pasa a ser un hecho concreto en la cotidianeidad de la población, es muy probable que los linchamientos persistan.
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Que opina usted? XXIII FÓRUM REGIONAL "LOS DERECHOS HUMANOS Y UN DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO" EN ICA - 11/09/2012 11:18:50

" El Fórum Regional "Democracia para el Desarrollo", iniciativa impulsada hace 23 años por codehica, se convierte para la sociedad civil organizada y la población en general en un espacio de encuentro, información, reflexión crítica y debate sobre la realidad nacional y regional.
Este 2012, a un año del Gobierno de Ollanta Humala, se hace necesario evaluar ¿por qué? este gobierno decidió continuar con las políticas públicas heredadas de gobierno pasados, ocasionando frustración en las poblaciones más pobres del país; las mismas que hoy expresan su descontento movilizándose para exigir ser escuchados y respetados.
La edición vigésima tercera del fórum tiene el objetivo de contribuir al análisis de la situación del país, propiciando el diálogo y el debate desde una perspectiva de los Derechos Humanos y abre un espacio de reflexión en el cual los hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños organizados de la región aporten con propuestas y alternativas para hacer más efectiva la promoción y defensa de los Derechos Fundamentales de todas y todos.
"Los Derechos Humanos y un Desarrollo Humano e Inclusivo" es el tema de esta edición, se espera la participación de unas 300 personas de toda la región. El evento está programado para el 12, 13 y 14 de setiembre en el hotel real Ica, iniciará a las 3 de la tarde, el ingreso es libre y se pueden inscribir en las oficinas de Codehica o el mismo día del evento.
El programa de los tres días analizará el Balance del primer año del gobierno de Ollanta Humala, para el Jueves 13, será Políticas nacionales y regionales sobre recursos y la calidad de vida, y para el cierre el tema de fondo es desarrollo humano e inclusivo planteando propuestas regionales.
Entre los panelistas invitados estarán la Congresista Verónika Mendoza, Jacqueline Fowks Docente de la PUCP, corresponsal diario el País y Glatzer Tuesta director de IDL Radio, entre otros.
La comisión de Derechos Humanos de Ica convoca a las mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños de la región a ser participes del XXIII Fórum Regional Democracia para el Desarrollo: Los Derechos Humanos y un Desarrollo Humano e Inclusivo, se entregarán certificados a los que participen durante los tres días.
Vía CODEHICA

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Interesante, Necesitamos Cambios Urgentes en la Legislación Ambiental - 20/08/2012 12:03:24

"Coalición de organizaciones de la sociedad civil demandan al Estado realizar cambios urgentes en la legislación ambiental.
PRONUNCIAMIENTO
Después de 20 años de una legislación ambiental sectorizada para las inversiones económicas en el país, que ha presentado graves deficiencias en la evaluación y fiscalización ambiental, y ante la perdida de confianza de los ciudadanos así como por la opinión de expertos, de organizaciones de sociedad civil, de la academia, de organizaciones y de movimientos sociales que la cuestionan, se hace imperiosa la reforma de nuestra legislación ambiental.
Esta reforma debe pasar necesariamente por mejorar la gestión socioambiental del país, poner en orden el territorio nacional, respetar los derechos de los pueblos indígenas, de la población local, y de otros actores, fortalecer la presencia estatal en el modelo de desarrollo económico; así como encontrar soluciones permanentes y dialogadas a largo plazo para los conflictos socioambientales.
Muchos de los actuales conflictos no podrán solucionarse si no se encuentran y se realizan cambios a largo plazo en la política ambiental, que coadyuven, en el futuro, a la solución de otros problemas similares en todo el territorio nacional.
En razón de ello, entendemos, el Gobierno Nacional señaló que generaría nuevas reglas para la minería, creando para ello la Comisión Multisectorial (RS 189-2012-PCM) encargada de elaborar propuestas normativas y políticas nacionales orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las relacionadas a las industrias extractivas.
Esta comisión debería haber presentado sus recomendaciones para mejorar el marco legal actual a inicios de agosto, desafortunadamente, hasta la fecha, esto no ha ocurrido, evidenciándose en el Gobierno poco interés real en el tema. Asimismo, lamentamos que dicha Comisión, no haya convocado a un debate público, ni haya solicitado aportes desde la sociedad civil y población en general, para ser considerados en la elaboración de dichas recomendaciones.
Preocupados por esta situación, las distintas organizaciones de la sociedad civil demandamos que el Estado Peruano reforme el marco legal ambiental de la siguiente manera:
1. Impulsar el Ordenamiento Territorial a nivel nacional, con la creación de una autoridad autónoma cuya función será promover, impulsar, diseñar e implementar planes de ordenamiento territorial, desde un enfoque intercultural y respetando la pluralidad de visiones, de género, de manera participativa, en consulta con los pueblos indígenas cuando así corresponda, conjuntamente con los Gobiernos Regionales y Locales, para definir donde se harán y dónde no actividades extractivas;
2. Promover un modelo de gobernanza de las inversiones en el territorio nacional que defina un mejor esquema de otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (concesiones, licencias, permisos, contratos, autorizaciones), mediante mecanismos de participación en la decisión de otorgamiento de derechos con la población local posiblemente afectada, gobiernos regionales y locales;
3. Mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones del país, a través de las correcciones y cambios necesarios en el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo su carácter previo al otorgamiento de derechos, así como definitorio de la factibilidad de los proyectos. De igual modo, exigencias más claras y que permitan internalizar correctamente los costos ambientales y sociales de las inversiones públicas y privadas en el país.
4. Generar y mantener la confianza en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las inversiones mediante la creación de una entidad autónoma que certifique y apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de megaproyectos y que ésta sea parte del Ministerio del Ambiente.
5. Reformular el marco legal sobre consulta previa en el proceso de otorgamiento de derechos para aprovechar recursos naturales, adecuando la legislación sectorizada y ambiental al Convenio 169. Asimismo, se debe invertir en mejorar los mecanismos de participación ciudadana en todo el proceso de inversiones, especialmente para integrar la fiscalización ambiental realizada por el Estado con la vigilanca ciudadana o monitoreo ambiental que realizan los pueblos indígenas o población local.
En ese sentido, resulta necesario que prontamente este Gobierno de una clara señal de su compromiso con el desarrollo sostenible en el país, pues los actuales conflictos socioambientales así lo demandan.
Lima, 19 de agosto de 2012.
Firmas institucionales:
APORVIDHA
APRODEH
Asociación Civil Labor
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
CEDET
Central Ashaninka de Río Ene (CARE)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)
Centro para el Desarrollo Humano , Apurímac
Cepes
COMISEDH
Comisión de DDHH del Vicariato San José del Amazonas
CooperAcción
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
DEMUS
Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Derechos Humanos y Medio Ambiente
EPAF
Forum Solidaridad Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Global Witness
GRUFIDES
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto del Bien Común (IBC)
Instituto RUNA
Manuela Ramos
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho
Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)
Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte
Pastoral Social de Dignidad Humana PASSDIH del Arzobispado de Huancayo
Paz y Esperanza
Programa Democracia y Transformación Global
Proyecto Amigo , Huamachuco
Red Muqui
REDINFA
Servicios en Comunicación Intercultural Servindi

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Es Noticia, Pronunciamiento respecto a la Institucionalidad de los Pueblos Indígenas en el Perú - 19/10/2010 16:37:19

"El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestamos nuestra preocupación por la inminente afectación a la Institucionalidad de los Pueblos Indígenas.
Las organizaciones indígenas del Perú han exigido durante años que se establezca un Organismo Público con autonomía administrativa y financiera para desarrollar políticas a favor de los pueblos indígenas que garantice el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas
En respuesta a esta demanda, en el año 2005, mediante Ley Nº 28495, se creó el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), como un Organismo Público Descentralizado de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa y presupuestal. Esta institución fue creada para fortalecer la institucionalidad indígena toda vez que su mandato principal es el de proponer políticas nacionales dirigidas a la promoción, defensa, afirmación e investigación de los derechos de los pueblos indígenas y afroperuano, a fin de lograr su desarrollo respetando su identidad y sus instituciones. Asimismo, se le asignó la labor de supervisar el cumplimiento de estas políticas y articular el conjunto de programas y acciones específicas del Estado en función de ellas.
La creación del INDEPA significó un gran avance, pero sólo a nivel formal, ya que dicha institución no garantizó los derechos colectivos de los pueblos indígenas incumpliendo constantemente el mandato conferido.
El INDEPA ha ido perdiendo autonomía funcional y su carácter transectorial, pasando de la Presidencia de Consejo de Ministros, al Ministerio de la Mujer y hoy adscrito y fusionado por absorción al nuevo Ministerio de la Cultura, dependiendo del Viceministerio de Interculturalidad. Como observamos en la siguiente línea de tiempo:
Abril de 2005: La Ley Nº 28495 crea el INDEPA como un Organismo Público Descentralizado de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa y presupuestal.
Febrero de 2007: el Estado convierte al INDEPA en una sub-unidad del MIMDES, perdiendo su autonomía y su carácter transectorial.
Diciembre de 2007: Se reintegra a INDEPA su autonomía funcional, pero no recobra su carácter transectorial.
Febrero de 2010: INDEPA recupera su carácter transectorial como Unidad Técnica especializada adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Junio de 2010: INDEPA vuelve a perder su autonomía y carácter transectorial, convirtiéndose en una unidad adscrita al nuevo Ministerio de la Cultura.
Septiembre de 2010: Se aprueba la fusión por absorción del INDEPA con el Ministerio de la Cultura.
Si bien el Viceministerio de Interculturalidad, tiene entre sus funciones el "Promover y garantizar el sentido de la igualdad social y respeto de los derechos de los pueblos del país de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas", la fusión del INDEPA con el Ministerio de Cultura los desnaturaliza y constituye un nuevo atentado a la institucionalidad indígena por las siguientes razones:
Afecta el objeto de creación de INDEPA: Las competencias del Ministerio de Cultura se refieren a la promoción, inclusión y protección del patrimonio cultural que aportan los pueblos indígenas, mas no se establece su competencia para defender los derechos de los pueblos indígenas, como establecía la definición de INDEPA en la ley que lo crea.
- Pierde su autonomía: Una institución con el mandato del INDEPA debe gozar de autonomía, que incorpore dentro de su estructura la participación indígena y con la posibilidad de que sus representantes participen en el Consejo de Ministros.
Con esta nueva estructura se elimina el Consejo Directivo con representación indígena, tal como lo establecía la norma de creación del INDEPA.
Asimismo, las políticas, planes y programas relacionados a los Pueblos Indígenas estarán supeditados a las áreas programáticas de acción del Ministerio de la Cultura: (i) Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial; (ii) creación cultural contemporánea y artes vivas; (iii) gestión cultural e industrias culturales; (iv) pluralidad étnica y cultural de la Nación.
- Pierde su carácter transectorial: Una institución con el mandato del INDEPA debe tener un carácter transectorial, de tal manera que vincule a todos los sectores del Estado, con capacidades efectivas para elaborar políticas públicas intersectoriales, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta y para emitir opiniones vinculantes sobre todas aquellas materias que afecten a los pueblos indígenas, incluidos proyectos de desarrollo en sus territorios.
Por ello no puede pertenecer o formar parte de un sector en particular, por su naturaleza debería formar parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, tal como fue concebida donde se establezca claramente la relación Estado- Pueblos Indígenas.
- La fusión de INDEPA al Ministerio de Cultura fue aprobada sin consulta a los Pueblos Indígenas: El INDEPA debe ser la institución encargada de la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, cualquier afectación que deba sufrir debe ser consultada a estos pueblos. Este acto fue aprobado sin hacerles la consulta respectiva, incumpliendo con los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT, de obligatorio cumplimiento para el Perú desde hace más de 15 años.
Así, el presidente de esta institución debe ser nombrado con el respaldo de las organizaciones indígenas representadas en el Comité Directivo.
Es por ello, exhortamos al Estado Peruano para que cumpla con lo establecido en el artículo 33º del Convenio 169 de la OIT y desarrolle acciones encaminadas a resarcir las observaciones antes mencionadas y se cuente con una Institucionalidad Estatal en materia indígena.
Lima, octubre 2010
Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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