Es Noticia, Lanzan propuesta para incorporar atención de lesbianas en protocolos de salud sexual y reproductiva - 14/03/2014 11:43:04
"Este 12 de marzo, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS) lanzaron un documento que contiene 26 aportes para incorporar la atención de las lesbianas en los protocolos de salud sexual y reproductiva del sector Salud.La presentación se realizó en el Hotel Bolívar, a las 9 de la mañana, con la presencia de la congresista Rosa Mavila y representantes de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Ministerio de Salud, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del mismo sector, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (del año 2004) están conformadas por ocho módulos que brindan orientación a las y los profesionales de la salud en atención obstétrica, infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer y otros aspectos.
La propuesta es visibilizar las necesidades de salud ginecológica de las lesbianas en los módulos I y VII, por lo que se propone ,por ejemplo, que las y los médicos consideren la orientación sexual de la usuaria durante la realización del examen físico general y que brinden atención, tratamiento y monitoreo a la pareja mujer en caso exista un diagnóstico cuyo manejo es diferente en varones.
"Para la sociedad, el modelo de mujer es el que responde al sistema heterosexual hegemónico. Por ello, no es gratuito que el Estado y el sector Salud no hayan realizado nunca estudios sobre la salud lesbiana o que nos incluyan en sus protocolos de atención", sostiene Ruth Ramos, activista lesbiana y autora de la propuesta.
En las siguientes semanas, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y LIFS continuarán su trabajo de incidencia con el sector Salud y otras instancias a fin de que se logre incorporar su propuesta; propuesta que responde a una demanda del movimiento lésbico feminista peruano de hace más de un cuarto de siglo.
OPINIONES
RUTH RAMOS
Integrante de la Articulación Lesbianas Feministas de Lima
"Hay mucho desconocimiento sobre las lesbianas en una sociedad que pretende ser moderna. Desafortunadamente, esta desinformación se basa en mitos y creencias de un orden machista al cual responden los proveedores de salud".
TAMMY QUINTANILLA
Subgerenta de Servicios Integrales de Protección Frente a la Violencia Basada en Género de la Municipalidad de Lima
"Si tomamos como base este documento, la Gerencia de la Mujer podría elaborar una norma de rango municipal, junto a la Gerencia de Salud. Por lo pronto la publicación nos sirve de mucho pues estamos trabajando una guía de monitoreo y evaluación de los servicios de atención, frente a todas las modalidades de violencia basada en género".
LUCY DEL CARPIO
Equipo técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa)
"Este 2014 podríamos abordar la problemática que nos presentan. Podrían comunicarse con nosotros e informar formalmente que desean colaborar en la adecuación de los módulos de las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. Estamos abiertos a trabajar por el provecho y la salud de todos".
SILVIA QUINTEROS
Directora de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
"Efectivamente, existe necesidad de visibilizar a las mujeres lesbianas y de hacer propuestas de políticas públicas a favor de ellas. Como MIMP, formamos parte del Grupo de Trabajo para Promover los Derechos de las Lesbianas (GTL), integrado también por la Articulación Lesbianas Feministas de Lima. Sin duda, este el espacio donde podríamos trabajar juntas el documento que acaban de presentar".
KARINA PRINCE
Representante de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Minsa
"Hace un par de meses emitimos el Informe No. 13 sobre el acceso a la salud de la población de lesbianas, trans, gays y bisexuales (LTGB). En él hemos recomendado a la Dirección General de Salud de las Personas trabajar lineamientos y políticas en salud a favor de ella. Su decisión es que la sensibilización de los profesionales de la salud en temas de orientación e identidad de género sea obligatoria".
DANTE PONCE DE LEÓN
Representante de la Defensoría del Pueblo
"Este documento debe llegar igualmente a manos de la Comisión Nacional contra la Discriminación, conformado en diciembre del año pasado. En ella participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el Ministerio de Salud".
PATRICIA CARRILLO
Directora General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP
"Este es un ejemplo de una sociedad civil madura que le alcanza al Estado información que desconoce y que además elabora propuestas. Será muy útil para los servicios de salud que desconocen la complejidad de la sexualidad humana".
ROSA MAVILA
Congresista de la República de Acción Popular-Frente Amplio
"Si bien hay más ideas progresistas en la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas [distinta a la Comisión de la Mujer y Familia], no hemos incorporado nada sobre lesbianas por pura ignorancia. Por ello, esta propuesta es oportuna, porque hasta ahora el tratamiento de la homosexualidad es patrimonialista ,como lo demuestra el debate del matrimonio, cuando debería considerarse sobre todo el derecho integral a la salud o la patria potestad".
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Texto: Maribel Reyes.
Fotos: Melissa Merino.
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Información: Plantean cambios legales para acelerar procesos de desalojo - 22/12/2013 10:19:47
"Como medidas para contrarrestar la lentitud de los procesos de desalojo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso propuso la creación de un registro de arrendatarios morosos en el Poder Judicial y la posibilidad de efectuar el pronto lanzamiento del arrendatario para la restitución del bien por conclusión del contrato de arrendamiento o falta de pago.La iniciativa legislativa consagrada en un dictamen emitido por dicho grupo de trabajo respecto de tres proyectos de ley, puesto a consideración del pleno del Parlamento, modifica en ese sentido los artículos 1 de la Ley Nº 28970 y 594 del Código Procesal Civil.
Contenido
De acuerdo con esta propuesta, el actual registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial se convertiría en el registro de deudores alimentarios y arrendatarios morosos, en que también se inscribirían a los arrendatarios morosos por el solo mérito de haber sido demandados en un proceso de desalojo.
Mientras que el artículo 594 del Código Procesal Civil está referido a la sentencia con condena a futuro. Con el cambio propuesto se establece que en caso de contratos de arrendamiento inscritos acorde con el numeral 6 del artículo 2019 del Código Civil, en los que se incluya una cláusula de allanamiento futuro del arrendatario para la restitución del bien por conclusión del contrato o falta de pago de dos meses y quince días, el juez, interpuesta la demanda, ordenaría el lanzamiento en seis días hábiles.
Esta decisión la adoptaría el correspondiente magistrado de conformidad con el artículo 593 del Código Procesal Civil, quien además bajo el citado supuesto ordenaría la inscripción del demandado en el registro de arrendatarios morosos a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).
A criterio del mencionado grupo legislativo, estas medidas se plantean teniendo en consideración no solo el auge del mercado inmobiliario y su efecto multiplicador en la economía, la cual se dinamiza por la velocidad de rotación de los bienes, sino también, y en especial, teniendo presente el constante perjuicio de los ciudadanos.
Reglamentación pendiente
Correspondería al Poder Ejecutivo adecuar el reglamento de la Ley Nº 28970, que crea el registro de deudores alimentarios morosos, a las modificaciones planteadas en la propuesta legislativa, en un plazo de 180 días a partir de la vigencia de esta como norma. En la iniciativa legislativa se precisa que la actualización del registro de arrendatarios morosos a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se efectuaría cada cinco días hábiles. Para la recomendación de la aprobación de la propuesta, la citada comisión recabó las opiniones de los ministerios de Justicia y del Interior, Poder Judicial y del Consejo del Notariado.
Diario El Peruano (22/12/2013)
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Es Noticia, La CNDDHH señala que recomendaciones del relator especial James Anaya deben ser cumplidas por el Estado - 18/12/2013 16:42:08
" La CNDDHH señala que recomendaciones del relator especial James Anaya deben ser cumplidas por el EstadoLa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saluda la visita oficial al Perú de James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, efectuada del 6 al 13 de diciembre de 2013, y luego de la declaración realizada al término de su visita, resaltamos las recomendaciones preliminares compartidas y expresamos lo siguiente:
1. Destacamos que el relator especial considere como "extremadamente vulnerables" a las poblaciones de "la reserva establecida para proteger a los pueblos indígenas machiguengas, Nahua, y Nanti" que se superpone con el Lote 88; y que en consecuencia recomiende al Gobierno y la empresa actuar con la máxima cautela "y no proceder con la propuesta ampliación sin asegurar previamente y de manera conclusiva la no vulneración de sus derechos humanos".
2. Asimismo, resaltamos su recomendación para que "el Gobierno haga un estudio exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote 88". Esta iniciativa es esencial para tomar cualquier decisión y esperamos que el gobierno la acoja y haga operativa a la brevedad. Apreciamos que el estudio exhaustivo al cual hace referencia el relator sea una condición y un requisito para que el Gobierno pueda realizar "un proceso de consulta con los pueblos indígenas en el área del Lote 88, antes de tomar una decisión sobre la propuesta de ampliación del proyecto de explotación".
3. Asimismo, consideramos que las medidas propuestas por el relator deben adoptarse de manera estricta e integral, con sumo cuidado y responsabilidad, considerando que se trata de pueblos y comunidades "extremadamente vulnerables" y que el Estado peruano "todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios".
4. Cabe anotar que la empresa Pluspetrol ,que lidera el proyecto Camisea, es la misma entidad privada actualmente responsable de la contaminación de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón; y fue multada recientemente en relación a la afectación de la laguna Shanshococha. Estos hechos verificados personalmente por el relator no contribuyen a "un ambiente de confianza mutua" entre el Estado y los pueblos indígenas y este sigue siendo un desafío a superar para implementar el derecho a la consulta previa y respetar el consentimiento previo, libre e informado. Si bien el Estado puede exhibir una normatividad sobre consulta previa aún no está aún en capacidad de exhibir un solo proceso de consulta culminado de manera satisfactoria y de acuerdo a los estándares normativos en materia de industrias extractivas internacionalmente.
5. Resaltamos con expectativa el planteamiento que hace el relator, de realizar un monitoreo del proceso de implementación de la consulta previa en el Perú, pues si bien ha encontrado avances, "aún son incipientes". Asimismo, recogemos su exigencia de que la consulta previa debe realizarse "bajo los estándares internacionales relevantes", y el análisis que hará sobre la realización de consultas previas en el sector minero, donde hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso, y donde nos preocupa que no se aplique a pueblos indígenas que cumplan los criterios establecidos en el Convenio 169 y la Ley de consulta previa.
6. Saludamos y valoramos que el relator considere justa la petición de las comunidades afectadas para que se remedien ambientalmente las áreas contaminadas "como una precondición para entrar en el proceso de la consulta previa del lote 192 que se contempla licitar en 2015".
7. Consideramos sumamente relevante la recomendación al Estado Peruano a fin de fortalecer sus esfuerzos para proporcionar los medios necesarios para que las autoridades competentes escuchen y atiendan las preocupaciones de los Pueblos Indígenas respecto a los proyectos extractivos. Como bien señala la declaración, los Pueblos Indígenas tienen el derecho a oponerse y expresar activamente su oposición a los proyectos extractivos sin que los enjuiciamientos sean empleados como métodos de represión a su libertad de expresión y participación.
8. Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento a la destacada labor realizada por el relator James Anaya en el Perú y hacemos votos por que su informe final recomiende los cambios y reformas necesarias para que el Estado peruano actúe en consonancia con sus obligaciones internacionales de garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas contenidas en el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos y fuentes internacionales.
Lima, 17 de diciembre de 2013
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú
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Noticia, La CNDDHH ante la visita del Relator de Pueblos Indígenas de la ONU al Perú - 06/12/2013 11:16:53
" La CNDDHH ante la visita del Relator de Pueblos Indígenas de la ONULa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saluda la llegada al Perú del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de Pueblos Indígenas, James Anaya, a un país con una población donde cerca del 25% son indígenas. Con razón de su presencia, manifestamos los siguientes temas de preocupación.
1. En septiembre del 2011, todos aplaudimos la promulgación de la Ley de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (Ley 29785) como una medida certera para resolver el tema de la conflictividad social, dada la presencia de un conjunto de proyectos extractivos sobre territorios indígenas (80% del territorio de la Amazonía y 24% de la zona andina se encuentra concesionada). Sin embargo, dos años después de promulgada la ley, no se ha concluido ningún proceso de consulta sobre este tema. Por el contrario, se están produciendo un conjunto de normas administrativas que desvirtúan este proceso. Además la reciente base de datos de los pueblos indígenas publicada no incorpora a las comunidades campesinas andinas y costeñas como sujetos de consulta previa. En ese sentido, la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en su artículo 7°, no es explícita en ello puesto que se limita a señalar que "pueden ser identificados" como tales, situación que se evidencia con la publicación de la citada base, donde las organizaciones de pueblos no se encuentran incluidas.
2. Igualmente, nos preocupa que hasta la fecha no exista una institucionalidad indígena donde pueda desarrollarse un diálogo intercultural entre el Estado y los Pueblos Indígenas, donde se puedan formular e implementar políticas y programas para su desarrollo. Una de las propuestas que han hecho llegar las organizaciones de Pueblos Indígenas es la creación de un Ministerio que vea los temas de la agenda indígena. Creemos que esto es muy importante, al igual que la creación de una "Comisión Especial Multisectorial para las comunidades nativas", similar a la que formuló el "Plan de acción para los asuntos prioritarios" elaborado el 2001, durante el gobierno transitorio del Dr. Valentín Paniagua.
3. Respecto de los Pueblos en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI), observamos que a 23 años de la creación de la primera reserva para estos pueblos y a 7 años de la Ley y Reglamento PIACI, el Estado no ha cumplido con generar e implementar las medidas de protección para las Reservas Territoriales dejando en indefensión la vida y la salud de estos pueblos. Esta situación se agrava con la superposición de actividades extractivas como el caso del proceso de ampliación del Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Desarrollo y Exploración del Lote 88.
4. Otro tema particularmente grave para los pueblos indígenas es la criminalización que recae sobre sus líderes y defensores. De los 28 muertos en los conflictos sociales durante el actual gobierno casi la mitad son indígenas y se dieron en el marco de reivindicaciones relacionadas con la vulneración de los derechos de los PPII. Por otro lado, se judicializa a los dirigentes y defensores con acusaciones infundadas y abusivas en el contexto de la conflictividad social, con mandatos de detención que no respetan la excepcionalidad de estas medidas, traslados de competencia injustificados, entre otros problemas. Cabe mencionar los casos particulares de tres indígenas que desde el 2009 están procesados y en prisión de manera irregular por los hechos del Baguazo: consideramos urgente que ellos recobren su libertad.
Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Lima, 5 de diciembre de 2013.
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Que opina? "El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas como sujeto de derechos" - 29/11/2013 17:17:32
"En diálogo Estado-sociedad civil se reflexionó sobre Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad, dirigiéndose a representantes de la sociedad civil. (Foto: Servindi)
Por Servindi
"El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas sino de comunidades" afirmó la viceministra de Interculturalidad Patricia Balbuena, en un desayuno de trabajo con asociaciones de la sociedad civil, realizado el jueves 28 de noviembre.
El Estado peruano nunca ha tomado decisiones pensando en el sujeto de derechos "pueblo indígena". Por tal motivo, nunca ha recolectado información específica pensando en el sujeto "pueblos indígenas" sino solo como comunidades.
Cuando el Estado empiece a hablar del sujeto pueblo indígena lograremos uno de los avances más importantes y este es uno de los desafíos del próximo censo que organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), agregó Balbuena.
La funcionaria reconoció que los espacios de diálogo son los mejores para disentir pero también para llegar a acuerdos. Y estos son aún más necesarios ahora que se cuenta con una dirección de Pueblos Indígenas que necesita trabajar con otros sectores y la sociedad civil.
Al respecto anunció que el sector Cultura viene analizando la creación de dos espacios de trabajo dedicados a los pueblos indígenas: una comisión sectorial y otra comisión multisectorial de carácter permanente, que haga seguimiento al cumlimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sobre el tema institucional Balbuena planteó como un asunto de fondo definir qué es lo que necesitamos como Estado para atender a los pueblos indígenas y cómo se reflejaría esto en la estructura del Estado peruano.
Informe Alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH. Clic a la imagen para acceder a la publicación en PDF.
Respecto al proceso de consulta previa Balbuena reconoció que se trata de un asunto muy complejo, que plantea enormes desafíos y cambios en la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Existe una pregunta de fondo: ¿Tiene el Estado la capacidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? Se trata de un desafío enorme y complejo que requiere mucho tiempo y tenemos que esforzanos por acelerar estos procesos.
Por ejemplo, destacó, el enfoque intercultural no es algo que se aprende en un par de capacitaciones. Por esta razón, tenemos que superar desconfianzas y fortalecer capacidades en ambas partes, en referencia al sector público y la sociedad civil.
La ley de consulta previa y su reglamento no son suficientes para los procesos de consulta. El problema es cómo hacer la consulta y falta un desarrollo normativo administrativo, sentenció.
Expectativas de la sociedad civil organizada
El desayuno de trabajo fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y al mismo acudieron funcionarios de Cultura, Educación, Justicia y Energía y Minas, entre otros.
La finalidad fue presentar y dialogar en torno al informe alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH y que es enviado a la Comisión de Expertos de la OIT a fin de contribuir a evaluar el cumplimiento de dicho convenio.
Javier Jahncke expuso las limitaciones del marco legal del proceso de consulta previa normativas e hizo especial hincapié en la guía y deficiencias de la guía metodológica de consulta que restringe el reconocimiento a los pueblos imponiendo los requisitos de lengua y territorio.
Representantes del Ejecutivo. (Foto: Servindi)
Jahncke, representante de la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), expresó su preocupación por que la modalidad desconcentrada de los procesos de consulta están a cargo de las mismas instancias públicas que promueven las medidas a ser consultadas.
Ello no brinda garantías de imparcialidad y transparencia, especialmente en lo que concierne al sector Energía y Minas.
A ello se aúna que las consulta se programan después de haberse aprobado los estudios de impacto ambiental (EIA); y existen mecanismos de participación ciudadana que se sobreponen y desvirtúan los procesos de consulta previa, que tienen una naturaleza jurídica distinta.
Jahcke y Miguel Jugo, refirieron asimismo cómo voceros del gobierno se refieren al derecho a la consulta previa como una "traba" para el desarrollo, a pesar que fue la primera medida legal del gobierno a raíz de un fuerte compromiso político surgido por los sucesos de Bagua.
Criminalización en debate
Mar Perez, de la CNDDHH, explicó la coerción del Estado mediante el uso abusivo de la fuerza y que ha ocasionado 29 civiles fallecidos en el periodo del actual gobierno de Ollanta Humala.
El 86 por ciento de los fallecidos fue por proyectil de arma de fuego, el 10 por ciento menores de edad y el 45 por ciento son indígenas o en protesta relacionada a derechos de los pueblos indígenas, precisó Mar.
A ello se suman los procesos infundados, las denuncias preventivas, los mandatos de detención, el uso injustificado de la autoría mediata, los traslados arbitrarios de jurisdicción y los múltiples procesos por los mismos hechos.
Destacó el caso injusto, inhumano e ilegal de tres indígenas privados de libertad desde el año 2009 por los sucesos de Bagua para los cuales solicitó libertad inmediata o arresto en su propia comunidad.
Mar Pérez, de la CNDDHH. (Foto: Servindi)
José Coloma, representante del Poder Judicial, calificó de exagerada el calificativo de "criminalización" de la protesta social porque según su criterio no existe una política deliberada de criminalización, aunque admitió que las situaciones anómales se repiten en otros procesos y constituyen un lastre a superar.
David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) reafirmó la situación de criminalización y brindó ejemplos como la instrumentalización del derecho, las campañas para demoler honras y la afectación a la vida e integridad personal.
Brindó ejemplos concretos, como los trescientos procesados en torno al proyecto Conga y una cantidad mucho mayor en el caso del proyecto Río Blanco, en Piura.
Institucionalidad y participación
Iris Olivera, de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), enfatizó en la diferencia entre participación ciudadana y el derecho a la participación de los pueblos indígenas que es un derecho distinto y que no se ha desarrollado en el país.
De acuerdo al Convenio 169 de la OIT se trata de asegurar el derecho a participar en la toma de decisiones.
Sobre la institucionalidad pública para pueblos indígenas sostuvo que ésta se ha venido debilitando cada vez más y actualmente existe un candado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
Recordó que existen compromisos de una mesa de trabajo y existe la demanda de las organizaciones indígenas porque se cree un Ministerio de Pueblos Indígenas.
Estado y sociedad civil en diálogo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. (Foto: Servindi)
Avances en justicia intercultural
Jaime Escobedo, asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de interculturalidad, enfatizó que el Estado peruano no tiene vocación de litigio con los pueblos indígenas.
Hay una hoja de ruta de trabajo en el Poder Judicial sobre el tema de interculturalidad y un proceso muy activo y dinámico con las organizaciones indígenas, una de cuyas expresiones es el proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, aprobado por la Comisión de Pueblos del Congreso y que será sometida a un proceso de consulta pre legislativa.
Finalmente, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, sostuvo que la construcción y afirmación social de un sujeto indígena es un reto para todos y especialmente para quienes estan formados de una manera tradicional.
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Es Noticia, Agenda de DDHH trasciende polémica designación de Martha Chávez - 15/11/2013 14:37:51
" PRONUNCIAMIENTOAgenda de DDHH trasciende polémica designación de Martha Chávez
A partir del debate ocurrido en torno a la designación de Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, así como la posterior desactivación de dicho grupo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala lo siguiente:
1. El tema de derechos humanos sufre una gran desatención por parte del gobierno central y de las principales instituciones estatales, al punto de haberse permitido que sectores completamente opuestos a la defensa de los derechos humanos se hayan encontrado cerca de ocupar lugares desde donde bloquear iniciativas, así como impedir que el Estado peruano cumpla sus compromisos nacionales e internacionales en esta materia.
2. Que esta situación debe considerarse como un llamado de atención en primer lugar al Ejecutivo, ya que hay importantes normas que ya deberían estar rigiendo, como el Plan Nacional de Derechos Humanos, o la modificación del DS 051,MIJUS,2011 para el proceso de reparaciones a las víctimas de la violencia.
3. Que el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es hasta el momento bastante precario, luego de 10 años de haberse emitido dicho informe, tal como lo reconoce el Informe Defensorial de la Defensoría del Pueblo[1]. Así, urge la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que responda al reclamo de los familiares de los más de 16 mil peruanos y peruanas desaparecidos, cuya búsqueda de justicia y de verdad supera ya en muchos casos los 30 años.
4. Del mismo modo, sigue pendiente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Examen Periódico Universal (EPU) y las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, así como el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resaltamos, en esta línea, que tanto en el Congreso como en el Ejecutivo sigue pendiente la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y la adecuación de nuestro Código Penal al Estatuto de Roma.
5. Por último, la falta de procesos de consulta efectiva a los pueblos indígenas en el marco y total respeto del Convenio 169 de la OIT, sobre todo para los proyectos extractivos cuya área de influencia, ya sea directa o indirecta, alcanza sus territorios.
La agenda de derechos humanos es muy amplia y se necesita una voluntad política genuina para sacar adelante estos temas. Por ello, desde las 81 organizaciones que conforman la CNDDHH ratificamos nuestra decisión de continuar nuestro trabajo por la vigencia de los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas, y al mismo tiempo exigimos a las principales instituciones del Estado peruano el respeto irrestricto de los derechos humanos, como un elemento fundamental de la democracia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
[1] Ver: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-DEFENSORIAL-162.pdf
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