UCRANIA: NAZIS EN EL NUEVO GOBIERNO PRO EUROPA y Castilla: Población sentirá mejora de sus ingresos en el 2014

Que opina usted? UCRANIA: NAZIS EN EL NUEVO GOBIERNO PRO EUROPA - 25/03/2014 7:26:58

"La gran mayoría de medios españoles están presentando la situación que ocurre en Ucrania como un alzamiento popular en contra de un gobierno corrupto y sumamente impopular. De ahí que esté generando una simpatía generalizada, favorecida por unos medios que, todavía estancados en la ideología de la Guerra Fría, ven a Rusia como el enemigo. Y puesto que Rusia había apoyado a ese gobierno, mientras que los que se le opusieron favorecían más su conexión con la Unión Europea, se explica la lectura tan favorable de la revuelta popular contra el gobierno, la cual ha acabado deponiéndolo, aun cuando dicho gobierno había sido elegido democráticamente.
Ni que decir tiene que la revuelta contra el gobierno depuesto ha sido una revuelta popular. Pero la realidad es más complicada que la que los medios anuncian. En realidad, no se ha señalado (con la excepción de Rafael Poch, corresponsal de La Vanguardia en Alemania) que hoy Ucrania es el único país de Europa donde existen miembros de un partido nazi en posiciones de gran poder. El partido nazi se llama paradójicamente Libertad (Svoboda) y sus miembros en el gobierno son el ministro de Defensa (Igor Tenyukh), el viceprimer ministro para Asuntos Económicos (Aleksandr Sych, que es el ideólogo del partido que ha presionado, entre otras medidas, para que se prohíba el aborto), el ministro de Agricultura Igor Shvaika (uno de los mayores terratenientes de Ucrania), el ministro de Ecología (Andriy Moknyk, que había sido la persona de contacto con grupos nazis europeos), el director del Consejo Nacional de Seguridad Andry Parubiy (y director de la milicia militar del partido), el Fiscal General del Estado (Oleh Makhnitsky), y el ministro de Educación Serhiy Kvit, entre muchos otros. El poder de este partido condiciona claramente al nuevo gobierno de Ucrania.
Dicho partido fue fundado en 1991, presentándose como el sucesor de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (ONU) fundada por un personaje, Stepan Bandera, clave en la historia reciente de Ucrania. El partido Svoboda lo presenta como su máxima inspiración. Fue definido como un héroe nacional en el año 2010 por el Presidente Victor Yushchenko, más tarde sustituido por el democráticamente elegido Yanukovich, el Presidente del gobierno depuesto como resultado de la revuelta popular. Este último gobierno retiró el honor que se había concedido a Bandera, aunque es más que probable que el nuevo gobierno lo restituya.
Bandera, cuyo homenaje conllevó la protesta de la Tribunal Europeo de Justicia (European Court of Justice), fue el mayor aliado del régimen nazi de Hitler en Ucrania, habiendo dirigido dos batallones que se integraron en las SS nazis alemanas en su lucha contra la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial (según el Centro Simon Wiesenthal, esos batallones detuvieron a 4.000 judíos ucranianos, enviándolos a campos de concentración nazis en Lviv en julio de 1941). En los escritos de la organización fundada y dirigida por Bandera (ONU) se habla explícitamente de la necesidad de limpiar la raza, eliminando a los judíos. El Profesor de Historia de la Tufts University Gary Leupp, en su detallado artículo "Ukraine: The Sovereignty Argument, and the Real Problem of Fascism" (CounterPunch, 10.03.2014), del cual extraigo todos los datos que presento en esta primera parte del artículo, cita textos enteros mostrando el carácter nazi de dicha organización. Cuando la Alemania nazi invadió Ucrania, Bandera declaró su independencia, cuyo gobierno trabajó "muy próximo y hermanado con el nacionalsocialismo de la Gran Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, que está formando una nueva Europa".
El partido dominante en el nuevo gobierno de Ucrania, Svoboda, se considera orgulloso heredero del ONU, y quiere purificar la sociedad ucraniana, persiguiendo violentamente a homosexuales, prohibiendo el aborto, estableciendo un orden jerárquico y disciplinado, enfatizando la masculinidad y la parafernalia militar, llamando a la expulsión de la mafia judía moscovita y eliminando el comunismo, comenzando por la prohibición del Partido Comunista y la persecución de sus miembros o intelectuales afines. Piensa también eliminar más tarde a todos los partidos. En realidad, el programa no puede ser más claro. En el año 2010, la web del partido indicaba "Para crear una Ucrania libre… tendremos que cancelar el Parlamento y el parlamentarismo, prohibir todos los partidos políticos, estatalizar todos los medios, purgar a todo el funcionariado y ejecutar (término que utilizan) a todos los miembros de los partidos políticos antiucranianos". El Congreso Mundial Judío (World Jewish Congress) declaró a este partido como partido neonazi el mayo del año pasado.
¿Cómo es que un partido nazi está gobernando hoy Ucrania?
Las movilizaciones populares que terminaron con el gobierno eran en su mayoría movilizaciones espontaneas, con escasa estructura organizativa. De ahí que un grupo, incluso armado, con apoyo político internacional, pudiera adueñarse fácilmente de aquellas movilizaciones, jugando un papel importante en las etapas finales del movimiento popular. Y, por paradójico que parezca, tanto EEUU como la UE jugaron un papel clave en esta promoción. En realidad, EEUU más que la UE. Fue precisamente Victoria Nuland, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos (una funcionaria de la ultraderecha dura nombrada por el Vicepresidente Cheney durante la Administración Bush, y que sorprendentemente fue mantenida en este cargo por la Administración Obama) la que apoyó más fuertemente y abiertamente al partido Svoboda, pues era el más antiruso de los grupos que existían en esas manifestaciones. Fue este personaje la que utilizó la famosa expresión "¡Que se joda la UE!" ("Fuck the EU!"), insistiendo en que el gobierno tenía que tener en cuenta a Svoboda, por muy mala imagen que ello creara. En realidad, dicho partido, en las últimas elecciones, solo ha recibido un 10% del voto. Pero su enorme influencia no deriva de su apoyo popular, sino de las maquinaciones que han tenido lugar, en las que el gobierno estadounidense y el alemán han jugado un papel central. Ambos desean expandir el área de influencia de la OTAN hacia el este de Europa, y ven la situación de Ucrania como favorable a ello. El miembro de Svoboda que es ministro de Defensa es favorable a la OTAN y ha estudiado en el Pentágono en EEUU.
¿Cuál es el futuro de Ucrania?
Hoy las elites gobernantes a los dos lados del Atlántico norte se encuentran en una situación conflictiva. Por un lado, está el complejo militar industrial de EEUU, que está muy a la defensiva (debido a los recortes tan notables del gasto militar del gobierno federal, resultado del hartazgo de la población estadounidense hacia las campañas bélicas que caracterizan la política exterior de EEUU) y que desea reavivar por todos los medios la Guerra Fría para justificar la recuperación de su papel central en el sistema político-económico estadounidense.
Pero esta estrategia choca claramente con los intereses financieros y económicos de la UE y también de EEUU. Rusia es el tercer socio comercial de la UE después de EEUU y China, con un intercambio comercial de más de 500.000 millones de dólares en 2012 (Bob Dreyfuss "Capitalism Will Prevent a Cold War Over Ukraine", The Nation, 10.03.2014). Alrededor del 75% de todas las inversiones extranjeras en Rusia proceden de la UE, siendo Rusia la mayor proveedora de gas de la UE. Y el capital de los grandes oligarcas rusos está en bancos europeos, en su mayor parte en la City de Londres. Hoy, el gran capital financiero e industrial no desea una Guerra Fría. En realidad, gran parte del armamento de Rusia es construido hoy en Suecia y Francia (la última compra es de helicópteros, 1.700 millones de dólares). De ahí que por mucho que se hable de penalizar a Rusia, poca acción militar es probable que ocurra. No estamos en la primera página de la III Guerra Mundial, pero ello no implica que no estemos viendo el resurgimiento del nazismo, apoyado paradójicamente por élites gobernantes a los dos lados del Atlántico norte, que representa la mano dura necesaria para llevar a cabo las políticas de corte neoliberal que el gobierno ucraniano realizará para facilitar su integración en la UE.
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Que opina usted? Luis Castilla: Población sentirá mejora de sus ingresos en el 2014 - 23/12/2013 11:55:00

La población peruana sentirá una mejora de sus ingresos el próximo año debido a la recuperación de la economía nacional e internacional, afirmó el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
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Noticia, Deuda externa y corrupción en el oncenio de Leguía.- Sólo en una de sus múltiples coimas, Juan Leguía Swayne, hijo y testaferro de Leguía, fue sobornado con el equivalente de cinco millones de dólares del día de hoy.- La orgía financiera en el Perú entre - 14/12/2013 19:18:27

"Escribe: César Vásquez Bazán
Augusto Bernardino Leguía Salcedo, dictador del Perú entre 1919 y 1930, los años más destacados del denominado "Siglo de Leguía". Sus aduladores lo llamaron el "Gigante del Pacífico", el "Viracocha de la Patria Nueva" y el "Júpiter Presidente". Lo consideraban como el "único hombre capaz de salvar al Perú" (Basadre 1931, 184, 186). Fue el principal responsable de la orgía de endeudamiento externo registrada en el Perú en las primeras décadas del siglo pasado.

"Por singulares que fuesen las dotes de Leguía, lo que no podía atribuírsele era el culto de la moral económica. Cuéntase que, de visita en la casa de uno de los funcionarios [públicos] más conocidos como impúdicos, al ver la esplendidez de los muebles, los adornos, las alfombras y el edificio, observó sarcásticamente: ¡Qué de prisa ha ido éste!"
Jorge Basadre
El análisis del endeudamiento externo y la corrupción durante el Oncenio debe comenzar con un recuento de las magnitudes del crédito público externo del Perú durante el gobierno de Leguía. De acuerdo a las cifras registradas por Gianfranco Bardella, cuando el Gigante del Pacífico llegó al poder, en 1919, la deuda externa ascendía a dos millones y medio de libras peruanas. Una década después, a fines de 1929, la deuda se había multiplicado más de ocho veces, pues el Perú reconocía compromisos con el exterior ascendentes a 22.1 millones de libras.
Tímidamente, la sucesión de créditos leguiístas comenzó en Inglaterra, en diciembre de 1919, con la emisión del empréstito autorizada por la Ley 4013 y justificada en la necesidad de refinanciar un préstamo de seiscientas mil libras esterlinas obtenido ocho años antes. Siguió luego la emisión de los Bonos de Oro de la República del Perú -1920, de los que el Perú recibió 730 mil libras esterlinas.
Tras estos humildes inicios y con el advenimiento de los años veinte, Inglaterra cedió su posición de centro financiero mundial a la nueva hegemonía económica y política representada por Estados Unidos, lo que determinaría el cambio de nuestro principal proveedor financiero. Si bien hasta 1921 el abastecedor por excelencia de fondos del país había sido el mercado londinense, ya en esa fecha era patente el progresivo dominio de Estados Unidos en las finanzas mundiales, consecuencia de su desarrollo económico. No fue ajeno a esa corriente el régimen de la Patria Nueva que en 1922 reinició la contratación de empréstitos en el mercado de Nueva York.
Leguía terminó así con cincuenta y seis años de ausencia peruana en los mercados financieros de Estados Unidos. En 1922 el gobierno peruano pactó con la Guaranty Trust Company ,secundada por el Banco Italiano, hoy Banco de Crédito, una primera emisión de bonos por la suma de dos millones y medio de dólares. Mientras la Guaranty accedía a emitir los papeles a cambio de una módica comisión de 5%, el Banco Italianorecaudaría las rentas del petróleo entregadas como garantía de la operación (1).
En el Perú la noticia de la contratación de este crédito, al que se denominó el Empréstito del Petróleo, fue motivo de regocijo general. El cable de aprobación de la Guaranty ,dirigido a Gino Salocchi, gerente general del Banco Italiano, amerita citarse:
"Salocchi: Sírvanse informar su Excelencia Presidente que la colocación del primer empréstito del Perú en los Estados Unidos ha tenido un éxito señalado".
Al Empréstito del Petróleo seguiría otro por un millón doscientas cincuenta mil libras esterlinas, el último que se contrataría en Londres, esta vez con las casas de J. Henry Schroder y Co. y la célebre Baring Brothers.
Vendría luego una sucesión de empréstitos concertados a través de los banqueros estadounidenses Blyth, Witter y Co.y White, Weld y Co.:
, La primera serie del Empréstito de Saneamiento ascendente a siete millones de dólares (1924);
, El segundo Empréstito del Petróleo, por US$7.5 millones (1925);
, La segunda serie del Empréstito de Saneamiento por valor de dos millones de dólares (junio de 1926);
, La primera serie de los Bonos de Oro de la República del Perú - 1926, por US$16 millones, ampliada posteriormente a treinta millones de dólares (agosto de 1926).
El leguiísmo terminó el año 1926 pactando un curioso préstamo con la Electric Boat Company para la adquisición de submarinos, crédito que ascendió a US$4.1 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de nuestros aplicados progresos en el mundo de las finanzas internacionales, lo mejor estaba aún por venir. Con la aparición en el panorama crediticio peruano del sindicato de banqueros dirigido por la firma neoyorquina J. y W. Seligman, el país entraría a jugar en las grandes ligas financieras y pactaría empréstitos por cantidades aún mayores, como lo fueron:
, El Empréstito del Tabaco por quince millones de dólares (1927);
, La primera serie del Empréstito Nacional Peruano por cincuenta millones de dólares, operación en la que también participó el National City Bank (1927);
, La segunda serie del Empréstito Nacional Peruano por veinticinco millones de dólares y dos millones de libras esterlinas (1928);
, Créditos varios a corto plazo por un total de cinco millones de dólares (1929).
El desenfreno financiero leguiísta culminó el 29 de mayo de 1931. En esa fecha, la crisis mundial y la propia situación económica del país obligaron al régimen de la Patria Nueva a declarar la moratoria total sobre las obligaciones externas del país. La orgía crediticia había terminado; la fiesta política también. Meses después de la cesación de pagos caería la dictadura de ViracochaLeguía (2).
La sumisión a los intereses extranjeros
¿Cómo pudo la administración de Leguía endeudar al país de manera tan drástica e irreflexiva habiendo contado entre sus ministros de hacienda con profesionales, académicos, latifundistas y empresarios tan reconocidos e idóneos como Fernando Carlos Fuchs, Abraham Rodríguez Dulanto, Enrique de la Piedra y Manuel G. Masías? Una posible respuesta es que por encima de las capacidades, voluntades y experiencias personales de los sucesivos ministros de hacienda operaban fuerzas económicas y políticas de mayor intensidad: unas empujaban al país a obtener capitales sin interesar las condiciones; las otras impulsaban a los banqueros internacionales a incorporar al Perú en el carrusel financiero que conduciría a la gran crisis de 1929.
El análisis histórico permite obtener algunas conclusiones adicionales. La primera es que el régimen leguiísta supo mantener un excelente nivel de entendimiento con la banca extranjera, en especial con las casas de Nueva York. La confianza de los banqueros se sustentó en la seguridad jurídica que ofrecía la estabilidad política del régimen más sumiso a los Estados Unidos que haya existido en la historia de nuestro país. Como afirma Clayton, ningún líder peruano sobrepasó jamás el pro-americanismo de Leguía (3).
El Gigante del Pacífico supo transmitir a las partes interesadas su decidido sesgo y admiración por el país del norte. Así, al comienzo del Oncenio se entrevistó con el embajador norteamericano y le hizo saber que deseaba encomendar el Perú a la tutela de los Estados Unidos, por lo que le pedía poner en marcha una especie de protectorado norteamericano sobre el país.
El reconocimiento de la dependencia del Perú con respecto a Estados Unidos sería una señal importante para los acreedores externos. Sin embargo, para proporcionar las debidas seguridades a los inversionistas en lo que se refiere a la recuperación de su capital y al puntual pago de los intereses, la voluntad política de sumisión de Leguía necesitaba de expresiones más operativas y funcionales. La primera de ellas fue la creación en marzo de 1922 del Banco Central de Reserva por recomendación de la misión de banqueros de la Guaranty Trust Company dirigidos por Nicholas Kelley e integrada por C. W. Van Law y R. S. Rife.
Leguía hizo saber además que trataría de nombrar a ciudadanos estadounidenses en cada una de las direcciones importantes del gobierno peruano (4). Para Leguía, la designación de extranjeros en cargos públicos, preferentemente norteamericanos, fue una constante de comportamiento político (5). Ya en su primer gobierno don Augusto había designado a diversos ciudadanos yanquis para dirigir el sistema educativo, entre ellos al supervisor de la comisión especial para reorganizar la educación peruana, al señor Harry Edwin Bard como asesor del ministro de educación, al director de la Escuela Normal de Varones, al inspector de las escuelas fiscales de Lima, al inspector de las escuelas femeninas de Lima y Callao, al supervisor de los cursos comerciales de las escuelas fiscales y al rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad (6).
La política de someterse al control de los procónsules estadounidenses se transparenta mejor en las cláusulas de diversos empréstitos en los que Leguía aceptó el derecho de los bancos participantes en la colocación de los bonos para nombrar directores titulares y sustitutos en los directorios de entidades como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Aduanas y la Compañía Recaudadora de Impuestos.
En noviembre de 1921, como resultado de las negociaciones con los banqueros y la Foundation Company, principal contratista de obras públicas del Oncenio, Leguía nombró como Administrador de Aduanas del Perú al ciudadano estadounidense William Wilson Cumberland y como asesores a cuatro súbditos norteamericanos. En abril de 1922 Cumberland dejó Aduanas y pasó a ocupar la gerencia general del recién creado Banco Central de Reserva, puesto en el que permaneció hasta enero de 1923. Fue reemplazado por H. O"Higgins, quien fue designado Inspector de las Aduanas del Perú y Administrador de la Aduana del Callao y por Joseph T. Byrne, investido como Superintendente General de Aduanas.
En 1928, siempre tratando de ofrecer las mejores garantías a los inversionistas extranjeros, el régimen de Leguía creó el Banco Hipotecario y el Crédito Agrícola Intermediario del Perú ,el futuro Banco Agrícola, contratando al estadounidense George H. Stevenson como director ejecutivo. Las actividades de todos los procónsules estadounidenses terminaron tiempo después, sin que se obtuvieran resultados notables en términos de reorganización administrativa pero con el significativo resultado político de haber ganado la confianza de los bancos extranjeros.
La dictadura leguiísta también adoptó medidas de menor importancia aparente, pero que sirvieron como señal clara del rumbo del país. En 1920 Leguía designó al 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, como fiesta nacional en el Perú. Y como para que no quedaran dudas, el retrato del presidente James Monroe ,aquél de la declaración de América para los americanos, fue colocado en una ubicación preferencial del despacho presidencial, engalanando además el salón principal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La alineación leguiísta con el país del norte no se limitó al aspecto económico, educativo o militar. Por el contrario, se extendió a campos como el de la política exterior. En 1927 el régimen de la Patria Nueva se convirtió en el único gobierno latinoamericano que apoyó a los Estados Unidos en su política intervencionista en Nicaragua, justificando la persecución del héroe Cesar Augusto Sandino. Un año después, en diciembre de 1928, con ocasión de la visita al Perú del presidente Herbert Hoover, un vibrante y emocionado Augusto Bernardino Leguía reivindicó la Doctrina Monroe y el panamericanismo de la hora, a los que calificó como "la religión del porvenir". En el mismo discurso fustigó duramente "la grita de los que disputan al coloso del norte su rol director" (7).
Empréstitos y corrupción durante el leguiísmo
Desde la presidencia de la república, Leguía organizó una efectiva y amplia red de corrupción. Sería bastante largo describir los manejos de esa red en los distintos ámbitos de la administración pública. Afortunadamente, Gianfranco Bardella, historiador oficial del Banco de Crédito del Perú, nos proporcionó una evaluación bastante ponderada de la corrupta gestión crediticia de Leguía. Escribió Bardella: "Si bien el número de las operaciones crediticias concertadas durante el Oncenio no pasó de doce, las garantías con que fueron respaldadas y los derechos que se otorgó a los prestamistas nos hablan de una línea de conducta que no despertó mayores recelos en su época pero que en la actualidad sería tildada con razón de entreguista. Y ello sin mencionar el juicio que merecen las condiciones en que esas operaciones fueron estipuladas, tanto acerca de los tipos de interés como de las condiciones de colocación, las comisiones, etc." (Bardella, 245).
Dado que este artículo se interesa particularmente en los actos de corrupción del régimen leguiísta vinculados con la contratación de empréstitos, nos abstendremos de efectuar comentarios sobre otras materias vinculadas con la inversión extranjera en el Perú y nos centraremos en la presentación de cuatro casos conocidos de corrupción vinculada al manejo de la deuda externa.
El primero de ellos comprende los negociados de Leguía con la banca de inversión J. W. Seligman. De acuerdo a las declaraciones del señor Dennis, representante de esa firma en las sesiones del comité de investigación del Senado de los Estados Unidos en enero de 1932, el principal testaferro del Gigante del Pacífico fue su hijo Juan Leguía Swayne, quien a finales de 1927 recibiera 415,000 dólares en sobornos de los banqueros (8). De acuerdo con las afirmaciones del funcionario de J. W. Seligman, el "trabajo" de Juan Leguía consistió únicamente en no obstruir la contratación del Empréstito Nacional Peruano por cincuenta millones de dólares, que flotaría esa firma y la National City Company (Galbraith, 181). Mediante la recepción de este tipo de sobornos, el delincuente Juan Leguía Swayne pudo enorgullecerse de vivir con un nivel de gasto anual de entre 250 mil a 300 mil dólares.
El segundo ejemplo de las irregularidades en el tratamiento de la deuda externa está constituido por las operaciones de recompra parcial de la deuda pública que tuvieron lugar en 1927. Dicha conversión redimió los bonos de 1924 y 1926 antes de su plazo de extinción, por lo que el gobierno peruano debió pagar hasta 110 soles por bonos cuyo valor nominal era 100. Asimismo, para obtener los 24 millones de dólares necesarios para la transacción fue necesario aceptar tasas de interés más elevadas que las de los bonos que se deseaba convertir.
El tercer ejemplo viene dado por el testimonio de los contadores Carlín y Mederos, recogido por Basadre, y fechado el 7 de enero de 1931, en el que certifican que Leguía entregó al Banco Italiano letras en moneda inglesa por 82,000 libras esterlinas las que representan el producto de algún negocio de Leguía con banqueros o casas comerciales con ramificaciones en el extranjero.
Finalmente, deben señalarse los casos de corrupción promovidos por los contratistas de obras públicas que recibieron una porción importante de los recursos del endeudamiento externo, en especial la firma norteamericana Foundation Company responsable de la ejecución de obras de saneamiento y pavimentación de Lima. Financiada complementariamente por Morgan y Co., Chase Manhattan Bank y el Third National Bank, la Foundationestuvo acostumbrada a cobrar precios exorbitantes y obtener elevadas utilidades en sus negocios en el Perú. Ningún funcionario del gobierno de Leguía protestó ante esos hechos, en buena medida porque muchos de ellos recibieron generosas comisiones por permitir el pago de las abultadas facturas del contratista. Por eso, no le faltó razón a Basadre cuando escribió que durante el Oncenio dominó el afán de ser rico y que "la abundancia de dinero a disposición del Estado hasta 1929 dio lugar a la formación de algunas fortunas vertiginosas".
La Historia tiende a repetirse, más aún cuando los pueblos carecen ,o no quieren tener, conciencia de ella.
Notas
(1) Los banqueros obtuvieron sus ganancias de las comisiones por emitir los empréstitos, de los diferenciales entre los recursos captados por ellos y los efectivamente recibidos por el Perú y del servicio a largo plazo de los bonos. Los análisis de la época permiten deducir que las utilidades obtenidas por los bancos estadounidenses oscilaron entre el 8 y 10% del monto de los empréstitos.
(2) La deuda contratada por Leguía quedó impaga por dos décadas. Entre 1934 y 1937 se renovó sólo parcialmente el servicio de los intereses. En 1947 Perú ofreció llegar a un arreglo siempre y cuando se redujeran los intereses. En 1951, la dictadura de Manuel Apolinario Odría llegó a un arreglo final con los acreedores externos del Perú.
(3) Leguía llegó al poder como producto de uno de esos pronunciamientos que de tiempo en tiempo acostumbran organizar aquellos que tienen a su cargo la defensa (inefectiva) de nuestras fronteras. El golpe de estado tuvo lugar el 4 de julio de 1919, día de la independencia estadounidense y fiesta magna del calendario personal del Júpiter Presidente. A muchos podrá parecerles que la fecha fue casual. Como comprobaremos más adelante, si la ocasión fue un mero accidente, definitivamente no mereció serlo.
(4) Los últimos años en el Perú han sido testigos de situaciones en las que estadounidenses y funcionarios de los banqueros internacionales han sido nombrados ministros o viceministros de economía.
(5) Basadre registra un hecho anecdótico con referencia al asunto de las dobles nacionalidades durante el gobierno de Leguía. Refiere el historiador que en la Cámara de Diputados de 1929 se desempeñó como representante por Yauyos el súbdito inglés Arthur B. Wells. La carrera del británico Wells como representante peruano fue rápida: ese mismo año se había casado con Angélica Leguía y Zevallos, sobrina carnal del Júpiter Presidente.
(6) Leguía también nombró a estadounidenses en el ministerio de marina. La marina del Perú recibió a una misión estadounidense dirigida por el capitán de navío Frank B. Freyer. Desde julio de 1920 los integrantes de dicha misión desempeñaron puestos estratégicos en el ministerio de marina, la comandancia general de la escuadra y la Escuela Naval.
(7) En junio de 1929, Alexander Moore, embajador norteamericano en Lima, reciprocó la sumisión del régimen. Durante un banquete, Moore brindó por Leguía: "Que Dios os conceda muchos años de vida. Por la grandeza del Perú desearía que vivierais para siempre. Os pido, amigos míos aquí congregados, que bebamos a la salud de uno de los hombres más grandes que el mundo haya producido: el Gigante del Pacífico Augusto B. Leguía. Tiempo después, continuando con su agradecimiento, el diplomático del norte llegó a proponer la candidatura de Leguía al Premio Nobel de la Paz.
(8) En moneda de poder adquisitivo del añ0 2011, la coima equivale a cinco millones de dólares, aproximadamente. La cifra ha sido obtenida de acuerdo a la metodología del sitio web Measuring Worth.
Fuentes consultadas
Bardella, Gianfranco. 1989. Un siglo en la vida económica del Perú 1889-1989. Lima: Banco de Crédito del Perú.
Basadre, Jorge. 1931. Perú: Problema y Posibilidad. Ensayo de una síntesis de la evolución histórica del Perú. Lima: Librería Francesa Científica y Casa Editorial E. Rosay.
,,,,,,,,,,. 1968. Historia de la República del Perú 1822-1933, volumen 13. Lima: Editorial Universitaria.
Clayton, Lawrence. 1999. Peru and the United States: The Condor and the Eagle. Athens, Georgia: The University of Georgia Press.
Galbraith, John Kenneth. 1997. The Great Crash 1929. Boston: Houghton Mifflin Company.
Marichal, Carlos. 1989. A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great Depression, 1820-1930. Princeton: Princeton University Press.
Quiroz, Alfonso W. 1993. Domestic and Foreign Finance in Modern Peru, 1850-1950: Financing Visions of Development. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
© César Vásquez Bazán, 2012
Junio 24, 2012
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Interesante, ¿Por qué los "socialistas del siglo XXI" se parecen cada vez más a los liberales de extrema derecha? - 11/07/2013 4:07:08

"(Bolpress). Los pueblos indígenas del continente aún sufren discriminación extrema, son desplazados de sus tierras y no participan efectivamente en la toma de decisiones políticas y económicas. Los organismos internacionales están muy preocupados por la continua vulneración del derecho indígena a la consulta previa en Bolivia, donde gobierna el "primer presidente indígena" de la región.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha dedicado dos Decenios Internacionales consecutivos al análisis de la situación de los Pueblos Indígenas del mundo. En el primer decenio 1995-2004 creó el Consejo Económico y Social y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) con el mandato de examinar los problemas relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos originarios.
La máxima instancia de la ONU adoptó un plan de acción para el segundo decenio 2005-2014 que busca promover la inclusión de los derechos de pueblos originarios en legislaciones internacionales, regionales y nacionales relativas a políticas de desarrollo y recursos naturales.
En 2007 la ONU aprobó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, un instrumento complementario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que legitima los derechos de esos pueblos al uso y acceso a la tierra, agua, océanos y humedales, y a los beneficios generados por la explotación de recursos naturales.
La Declaración de la ONU legitima el derecho indígena a mantener y fortalecer su relación espiritual con la tierra; a controlar sus territorios y patrimonio cultural, y a adoptar planes de desarrollo coherentes con sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Además, reafirma la necesidad de que los Estados reconozcan legalmente las tradiciones, costumbres y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos originarios; y que asuman la responsabilidad de restituirles los territorios y recursos confiscados, tomados u ocupados.
Pese a que una gran mayoría de países del continente son signatarios del Convenio 169 y de la Declaración sobre los Derechos Indígenas, muchos Estados vulneran el derecho a la consulta previa, reconocidos por esos instrumentos jurídicos, y además reprimen a los indígenas que se atreven a reclamar.
"Tenemos motivos para celebrar el progreso alcanzado; sin embargo no podemos conformarnos ya que aún existe una amplia brecha entre la realidad y los principios de la Declaración", admitió la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto de 2010.
Pillay afirmó que las "continuas violaciones" de los derechos indígenas en todas las regiones del mundo "merecen nuestra máxima atención y acción". Y es que "la situación ha empeorado inclusive en los Estados donde hubo mayores avances", como Bolivia y Ecuador, lamentó Bartolomé Clavero miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas.
A Clavero le sorprendieron los cambios políticos en gobiernos de "centro derecha y centro izquierda" que empezaron a "infravalorar la presencia indígena", y en la actualidad abren los territorios indígenas a las corporaciones extranjeras en nombre del "desarrollo económico" y del "interés general". Con ese argumento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa una Ley en Honduras que vulnera los preceptos del Convenio 169.
El eje del problema es el modelo de desarrollo imperante que antepone los intereses de las corporaciones transnacionales a los derechos humanos de los originarios. El relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya ha documentado innumerables casos en el último año.
Muchos pueblos originarios de la región se han visto obligados a abandonar sus tierras y han perdido sus medios de subsistencia como consecuencia directa de la explotación de petróleo, gas y minerales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la continuidad de prácticas violatorias de derechos, tales como la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo su supervivencia. ([1])
Anaya y la CIDH han emplazado a los Estados a cumplir con su obligación de consultar de buena fe a los pueblos originarios, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar y ejecutar cualquier proyecto en sus territorios ancestrales. Es así que la CIDH instó al gobierno de Brasil a detener las obras de construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte hasta tanto no se consulte a los indígenas que habitan el Rió Xingu.
La medida cautelar está respaldada por el derecho internacional, pero el gobierno brasileño la calificó de "injustificada y precipitada". El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza recomendó a la CIDH "asesorar" a los Estados en vez de tratarlos como violadores de derechos humanos.
Insulza insinuó que la vulneración de los derechos indígenas no es tan grave como la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones de derechos humanos. Estas "desafortunadas declaraciones constituirían una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos", criticó Amnistía Internacional (AI).
Las normas internacionales de derechos humanos debieran protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales frente a las nuevas amenazas para la región, en particular los impactos de los planes de desarrollo económico. Los megaproyectos como la represa Belo Monte en Brasil o la mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades, argumentaron AI y decenas de organizaciones sociales del continente.
Conflictos socioambientales en Bolivia
Desde 2010 se registran innumerables conflictos socioambientales en Bolivia, protagonizados por pueblos indígenas que no se sienten representados ni beneficiados por el nuevo Estado Plurinacional. Y es que el plan de desarrollo extractivista del gobierno de Evo Morales impacta negativamente en sus sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales.
Según el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas está sujeta a un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio, la cual debe ser convocada por el Estado, respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos afectados.
Sin embargo, la política económica del gobierno de Evo Morales ha entrado en franca contradicción con los preceptos de la Constitución y de los convenios internacionales. El Ejecutivo impone proyectos de desarrollo industrial vulnerando el derecho a la consulta previa y causando graves daños ambientales en territorios indígenas y campesinos.
Por ejemplo, las comunidades del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que parte en dos a su TCO; mientras que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba está en contra de la exploración de yacimientos de petróleo en la reserva acuífera de Aguaragüe al sur del país. [2]
En 2009 los pueblos indígenas leco y mosetén del norte de La Paz denunciaron que YPFB inició actividades petroleras en su territorio sin consultar antes a sus ocupantes. Se trató del primer reclamo público, que luego desencadenó protestas en varias comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales.
Los pueblos indígenas de la Amazonía y del Chaco comenzaron a denunciar la vulneración de su derecho a la consulta previa en el segundo semestre de 2009. El primer conflicto estalló entre mayo y julio de 2009 a raíz de la licencia concedida a Petroandina para la explotación de hidrocarburos en el norte de La Paz, en perjuicio de los pueblos mosetén, leco, tacana y chimán. [3]
En agosto de 2008 comenzaron las negociaciones con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que aglutina a ocho organizaciones. ([4]) La empresa negoció rápidamente con los gremios campesinos y suscribió un acuerdo, pero no pudo convencer a los grupos indígenas.
Los indígenas pidieron garantías de seguridad para sus territorios y sobre todo la titulación de TCOs pendientes. Los debates se estancaron y la empresa prefirió continuar negociando directamente con las comunidades de Tomachi, Ullapi y San Juanito, por donde pasan las líneas sísmicas, desautorizando de esta manera a sus organizaciones matrices CPILAP, OPIM y PILCOL.
El 19 de mayo de 2009, YPFB-Petroandina SAM obtuvo la licencia ambiental para iniciar trabajos de exploración en el bloque Liquimuni de 675 mil hectáreas, ubicado en Caranavi; y el 1 de julio los Ministerios de Hidrocarburos y Medio Ambiente oficializaron la licencia para el tendido de líneas sísmicas en territorios de algunas comunidades afiliadas a la OPIM y PILCOL.
El 2 de julio, el presidente de la CPILAP José Ortiz y representantes de la OPIM y PILCOL impugnaron la licencia ambiental concedida a Petroandina, alegando que el proceso de consulta fue irregular. Los dirigentes denunciaron que el Ministerio de Hidrocarburos y sus técnicos manipularon la consulta y pasaron por encima de las organizaciones locales. No brindaron información necesaria, no dieron suficiente tiempo a los dirigentes para planificar un mecanismo de consulta democrático, e inclusive falsearon acuerdos recabando firmas de niños.
Lo peor de todo fue que la petrolera dividió a las organizaciones sobornando a caciques de Covendo, Villa y San Pedro de Cogotay. Petroandina SAM "nos ha dividido orgánicamente comprando al compañero José Tupa Gonzales y a otros ex dirigentes", denunció el presidente de PILCOL Walter Pinto.
El cacique mosetén de Covendo Enrique Romero se puso de lado del Ministro de Hidrocarburos, dijo que su comunidad estaba de acuerdo "con el desarrollo del norte de La Paz", y denunció el 29 de julio que algunas ONG como el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) "tienen intereses ocultos".
El cacique de Simay Daniel Gigasi reveló que una de las primeras consecuencias de la avanzada petrolera fue el "rompimiento de la estructura dentro de la comunidad y de la organización a nivel local, regional y la nacional". Se generalizaron sentimientos de desconfianza entre vecinos, familiares y compañeros; los dirigentes perdieron autoridad, y las organizaciones comunitarias comenzaron a debilitarse. Prueba de ello fue la creación del Consejo Regional Indígena Leco Larecaja (CRIL), una asociación paralela a la PILCOL que obtuvo muy rápido su personería jurídica.
Petroandina no cumplió ni siquiera compromisos mínimos y no atendió las mayores preocupaciones de las organizaciones indígenas, como por ejemplo la apertura de sendas, el desmonte del bosque para instalar campamentos y la invasión de extraños a su territorio. La petrolera contrató a "consultores ambientalistas" en las mismas comunidades, dizque para que vigilen las obras y cuiden los recursos naturales y ojos de agua; pero en realidad los contrató para que abran sendas. Todo fue una mentira.
El segundo conflicto fue protagonizado por pueblos indígenas guaranís y weenhayek, quienes advirtieron que no permitirán el inicio de operaciones de Petrobras y de la británica British Gas (BG) en el Chaco de Tarija mientras no se desarrollen proyectos productivos y se generen empleos locales. El pueblo weenhayek exigió 11 millones de dólares como compensación a BG Bolivia y finalmente firmó un acuerdo por 2 millones de dólares.
El director general de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos Omar Quiroga informó que en 2007 se realizaron cinco procesos de consulta previa; cuatro en 2008 y cinco en 2009, haciendo un total de 14 procesos concluidos en tres años. Aseguró que en 2010 al menos tres comisiones de funcionarios de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (DGGSA) visitaron Camiri, Montegaudo y Yacuiba con el fin de concretar procesos de consulta y participación para los proyectos Sísmica 2D del Bloque Iñau, la Sísmica 3D del Bloque San Antonio y el Gasoducto de Integración Juana Azurduy.
Según la autoridad, la gestión 2010 marcó un punto alto en la labor de informar a las comunidades campesinas y tierras comunitarias de origen sobre el impacto de los proyectos de hidrocarburos o electricidad en sus territorios. Ese año se completaron siete procesos de consulta, para sumar un total de 21 procesos concluidos.
Para 2011, la DGGSA tiene planificados 12 procesos de consulta y participación, además de ocho consultas anunciadas, sumando un total de 20 procesos. "El desafío de este año es extremadamente grande, ya que con 20 procesos estaríamos prácticamente duplicando la cantidad de consultas de los cuatro años anteriores" destacó Quiroga. [5]
El gobierno "antiindígena"
Los hechos demuestran que el derecho a la consulta previa no tiene plena vigencia en Bolivia. En realidad, el propio Estado considera que la consulta previa es un obstáculo para las inversiones, y por ello ha decidido "reglamentar" ese derecho con el fin de acelerar la explotación de hidrocarburos y minerales.
Durante la declaratoria del nuevo reservorio de Aquío X-1001 en Caraparicito, Santa Cruz, el Presidente Morales dijo que ""a veces las consultas ya no son tanto para conservar el medioambiente, sino son un chantaje y hasta una extorsión a las empresas, al Estado o a Yacimientos".
Tiempo después, Morales criticó a "algunas ONG que se pronuncian por una "Amazonía sin petróleo, lo que quiere decir que no habrá gas ni petróleo para los bolivianos. ¿De qué vivirá Bolivia si algunas organizaciones dicen Amazonía sin petróleo? Están diciendo en otras palabras que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH (impuestos), que no haya regalías".
El 14 de julio de 2010, el presidente de YPFB Carlos Villegas acusó a algunas ONGs de "asumir una actitud hostil y una postura no acorde con la realidad del país"; y el 21 de septiembre fustigó a los indígenas que reclaman "indemnizaciones y compensaciones sobredimensionadas, que en muchos casos exceden con creces la disponibilidad de la empresa".
Villegas culpó a los indígenas de la postergación de planes de inversión, y anunció que el Ministerio de Hidrocarburos elabora una disposición legal que permita que los reclamos sociales "ya no sean un obstáculo para la inversión".
El gobierno de Morales continúa negociando contratos para la explotación de hidrocarburos sin consultar a las comunidades afectadas, y comenzó a elaborar nuevas normas y reglamentos que restringen el derecho a la consulta previa, amplían las concesiones y flexibilizan las normas ambientales.
La protesta de los originarios recrudeció y alcanzó repercusión internacional luego de la emblemática marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a mediados de 2010. Pero el gobierno no escucha los reclamos y prefiere estigmatizar cualquier expresión de descontento. [6]
El Ejecutivo despliega una furiosa campaña mediática para desprestigiar al movimiento indígena e intimida a sus dirigentes. El ex prefecto oficialista del departamento de La Paz Pablo Ramos fue uno de los encargados de hacer callar al indio más rebelde, el mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.
"Cuando empezó el (problema minero) de Corocoro, Pablo Ramos me dijo "por qué tanto reclamas por los medios de comunicación; nos sentaremos en el hotel Europa y hablaremos con el jefe (Evo Morales) para que ya no molestes sobre este tema", reveló Quispe a la Red Erbol.
De manera simultánea, el oficialismo intenta fracturar a las organizaciones repartiendo ingentes cantidades de dinero. El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez reiteró que el Ejecutivo y YPFB compran a dirigentes para que autoricen la explotación de recursos naturales en sus territorios.
Quispe denunció que el gobierno de Morales soborna a algunos dirigentes de las organizaciones sociales con fondos de la Cooperación Española administrados por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol).
"Coincabol es un apéndice del Fondo Indígena, encabezando por el señor Freddy Condo y de ahí viene el control político", aseveró Quispe e señaló que los operadores del gobierno son los senadores Isaac Ávalos y Fidel Surco, ex dirigentes campesinos.
El diputado opositor Adrián Oliva denunció que seis días antes del frustrado gasolinazo de diciembre de 2010, la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo entregó 1.400 millones de bolivianos al Pacto de Unidad integrado por gremios campesinos afines al MAS.
Pisotean los derechos indígenas en todo el continente
El 25 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció tres casos de violación del derecho de los pueblos indígenas en una audiencia regional titulada "Jurisdicción indígena y derechos humanos". El organismo resaltó que la violación del derecho a la jurisdicción indígena, reconocido en el derecho internacional, constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar sus instituciones y formas de vida, su derecho consuetudinario y sus métodos de control de delitos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) reconoce que los sistemas jurídicos indígenas son parte de su autonomía o libre determinación.
Sin embargo, las rondas campesinas del Perú, una forma de administración de justicia y solución de conflictos de familia, robo, abigeato, homicidios, contaminación ambiental, entre otros casos, han sido denunciadas ante las autoridades como delito de secuestro, usurpación de funciones u otros, habiendo más de mil autoridades ronderas y miembros de comunidades criminalizados.
Otro ataque a la jurisdicción indígena en Perú es el de la Comunidad nativa "Tres Islas", conformada por familias del pueblo Shipibo y Ese"eja en el departamento de Madre de Dios. La comunidad decidió controlar el ingreso de taladores y mineros a su territorio. Empresas transportistas respondieron presentando un hábeas corpus por libertad de tránsito.
A fines de 2010, el Ministerio de Energía y Minas de Perú adjudicó 14 nuevos lotes de potencial petrolífero en la Amazonía a transnacionales, sin tener en cuenta los criterios de los nativos, con el argumento de que la Ley de Consulta Previa no había entrado en vigor.
En Venezuela, la lucha por territorio de las comunidades Yukpa en la Sierra de Perijá ha merecido una violenta ofensiva gubernamental y de sectores ganaderos. A pesar de que el caso tuvo lugar en territorio indígena y que las dos partes involucradas han invocado el respeto a la jurisdicción indígena, establecida en la Constitución y la ley, las autoridades venezolanas han vulnerado este derecho.
Se denunció que los dirigentes del movimiento Sabino Romero, Alexander Fernández y varios de sus familiares han sido torturados y sometidos a tratos degradantes por parte de efectivos militares y policiales. El 5 de mayo, el Grupo Venezuela dentro del Parlamento Indígena de América analizó un plan de trabajo para atender las demandas puntuales de los pueblos originarios. Los recién designados presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes acordaron acelerar la funcionalidad del ente que por varias razones no había sesionado antes.
El gobierno Venezolano decidió aprobar una reforma parcial del decreto presidencial 7855, que adscribió a la Vicepresidencia de la República la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas. La normativa establece que el despacho del vicepresidente Elías Jaua dirigirá el trabajo del equipo, destinado a garantizar la conservación y el reconocimiento de las formas de vida de los pueblos originarios.
Por otro lado, el 21 de abril de 2011 la CIDH solicitó al gobierno de Argentina que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad indígena qom, para garantizar "la integridad física" de sus miembros, así como también el regreso de su cacique Félix Díaz a su hogar. (Página 12)
La intervención del organismo internacional fue requerida por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre del año pasado, tras la represión que sufrió el pueblo originario el 23 de noviembre de 2010, cuando murieron el indígena Roberto López y el policía Heber Falcón. Los originarios fueron desalojados y reprimidos cuando se manifestaban en la ruta 86 por la recuperación de 1.300 hectáreas de territorios ancestrales.
La CIDH pidió al gobierno argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
De otra parte, la CIDH de la OEA solicitó al gobierno de Brasil la suspensión inmediata del licenciamiento y construcción de la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades de la cuenca del río Xingú.
El 1 de abril la CIDH emitió la Medida Cautelar 382/10 a favor de los indígenas de Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del ""Kilómetro 17""; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Karara
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