Gestión Pública del Perú y el Mundo: Caravelí el Despojo y Entrevista a Carlos Tapia (22 de noviembre)

Noticia, Caravelí el Despojo - 29/04/2014 17:13:08

"Hace casi cuatro años, el ingeniero Pedro Livschitz Arriaga fue expoliado violentamente de su mina ubicada en esa provincia arequipeña. Alrededor de 25 malhechores fuertemente armados se apoderaron de lo que era suyo.
En esa apropiación ilegal están involucrados el ciudadano sudafricano Stefan Laurentiu Daniel y el peruano Ulises Solís Llapa.
El también consultor minero ha batallado todo este tiempo para recuperar su propiedad, pero artilugios legales y conciencias compradas de policías, jueces y fiscales se lo han impedido.
El empresario e ingeniero Pedro Livschitz Arriaga ha perdido la fe en el Poder Judicial de nuestro país. Luego de ser vilmente despojado por delincuentes armados de su mina ubicada en la ciudad arequipeña de Caravelí, el reconocido consultor minero ha visto impotente como la justicia le ha sido esquiva.
Durante 22 largos años, Livschitz Arriaga se la pasó litigando con titulares y testaferros de derechos mineros, tanto en la vía administrativa y judicial, llegando incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Porque habían logrado cancelar el denuncio minero Erika, supuestamente por falta de pago de los correspondientes derechos de vigencia que se cancelan anualmente para mantener actualizado el derecho minero, y consiguió que se anule dicha cancelación.
Después de una larga y costosísima batalla legal, el ingeniero alcanzó el tan ansiado y esperado título de la concesión minera Erika (de 412.9732 hectáreas) que lo había peticionado el 7 de marzo de 1988 ante la jefatura de minería de Ica, quedando materializado en la resolución de presidencia N° 3381-2010 ,INGEMMET/ PCD/PM del 18 de octubre de 2010.
Empieza la pesadilla. Cuando Pedro Livschitz pensaba que por fin iba a poder usufructuar la posesión y su derecho minero denominado Erika, ubicado en el cerro "Alto Perú" en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí (Arequipa) -lugar bastante conocido por ser uno de los principales centros de acopio de minerales.
Especialmente aurífero- de pronto, el 4 de julio de 2010, en horas de la madrugada, fue despojado de su mina por 25 delincuentes que ingresaron de manera violenta al denuncio minero dirigidos por un tal Zúñiga, contando con la participación del jefe de seguridad de la minera Colibrí y el chofer Nicolás Arias Caballero.
Portando armas de fuego que las tenían camufladas en sus casacas, esos sujetos llegaron en tres combis e irrumpieron en la mina abriendo fuego contra los trabajadores, quienes presas del miedo no tuvieron más opción que correr poniéndose a buen recaudo de las balas que estallaban cerca de ellos buscando refugio en las partes altas de los cerros que circundan el denuncio minero.
Según el propietario, detrás de ese violento operativo de despojo, usurpación y robo estuvieron los representantes de la minera Colibrí S.A.C., Ulises Raúl Solís Llapa y el sudafricano Stefan Laurentiu Daniel.
Quienes constituyeron esa empresa el 18 de enero de 2010 y adquirieron la mina Lucila Maximiliana II, realizando una maniobra legal con la clara intención de apoderase de la mina Erika debido a que, según el documento de compra de esta mina, tendría una extensión de 800 hectáreas, cuando en realidad era de 233 hectáreas.
Fundadas sospechas. Como la mina Erika estaba al lado de Maximiliana II y ante el falso aumento del área, los usurpadores aprovecharon para hacer creer que eran propietarios de ambos denuncios.
Según la Junta General de Accionistas de Colibrí S.A.C., el sudafricano Stefan Laurentiu tiene el 1% de las acciones de esa mina y representa a las empresas The Gold Leaf Trust y Adamastor Resources con el 73% y 25% de cada una, pero el asunto es que ambas empresas no existen legalmente, según el reporte de búsqueda en la Sunarp.
Por su parte, el gerente general de Colibrí S.A.C., Ulises Solís Llapa, es dueño del 0.05% de acciones de la mina del mismo nombre y gerencia doce empresas más de acuerdo a la Sunarp.
Lo extraño es que este aparente hombre de negocios es titular o vive en una propiedad ubicada en un asentamiento humano en Punta Hermosa.
Más sospechoso todavía es que esa minera se creó en el 2001 con un capital de dos mil soles y en menos de un año exportó la suma de 790 mil dólares.
Además, sus múltiples empresas mueven millones de dólares sin estar claro como acopia el mineral.
Por todo eso, se presume que ambos sujetos se dedican al lavado de activos.
Otros interesados en hincarle el diente a la rica mina Erika son los representantes de las concesiones mineras conocidas como Las Bravas 2 , cuyo mayor accionista es el ingeniero Enrique Armando Zapata Martineau y Paco Agustín Solano, gerente de Calipuy. "Erika siempre ha sido codiciada por su potencial de riqueza aurífera", sostiene el consultor minero Pedro Livschitz.
Hurto sistemático. El asalto del 4 de julio de 2010 fue el corolario de una serie de actos de perturbación de la posesión de la mina Erika que empezó seis años antes, combinado con un hurto continuado de minerales auríferos habiéndose extraído miles de toneladas de ese mineral con una ley promedio de 0.16 gramos por TM, cuyo valor estimado es de más de dos millones de dólares aproximadamente.
Es decir, al dueño de esa mina le iban robando sistemáticamente su material no renovable.
El día del desalojo, una vez que lograron controlar a los trabajadores (les apuntaron con sus armas de fuego), los asaltantes juntaron las herramientas, motores y los llevaron hacia la parte del enrejado en la boca mina, colocaron cuatro sacos de anfo y dinamita e hicieron explosionar todos esos objetos y otros bienes.
Ante las explosiones, los restos metálicos de las maquinarias destrozadas se esparcieron por el lugar y al desatarse las ondas explosivas dañaron los bienes del campamento minero.
Creando una situación propicia para que el sujeto apellidado Zúñiga sustraiga una mochila que contenía la documentación personal de la concesión minera, así como la suma de US$ 1,700 y S/. 1,200 de los trabajadores de la prospección minera.
Desde el día del asalto, de manera descarada y con total impunidad, los malhechores vienen extrayendo diariamente la riqueza minera, utilizando las mismas herramientas de la mina Erika.
Así las cosas, el hurto sistemático de minerales preciosos asciende hasta la fecha la suma de US$ 3.500.000.00.
La evidente preocupación del ingeniero Livschitz Arriaga es que este robo se convierta en algo continuado e indefinido, causándole graves perjuicios como titular del derecho legalmente constituido.
Ante esa amenaza, efectuó una serie de denuncias ante las autoridades para recuperar su mina -primero ante la policía y luego ante la fiscalía- solicitando que intervengan de manera rápida y efectiva a efectos de evitar que se causen mayores perjuicios contra la propiedad privada y contra la integridad física de las personas que realizan trabajo de prospección.
No obstante, todo fue inútil pues nunca tuvo el apoyo necesario. Lo evidente es que este asalto se llevó a cabo con la complacencia y la complicidad de las autoridades de la zona quienes sabían perfectamente que el mineral aurífero robado era procesado, mayoritariamente en la planta Doble D de propiedad de la minera Colibrí S.A.C.
Obviamente burlándose del pago al fisco, siempre ante la inacción de las autoridades tanto policiales como de la fiscalía.
Justicia ciega. El colmo de la desvergüenza fue cuando además del hurto sistemático del mineral aurífero, las 500 hectáreas de la mina Erika fueron presentadas como si fueran parte del proyecto aurífero "Chaparra" ante la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) por la minera Calipuy S.A.C.
Subsidiaria de Absolute Resourses Corp y Minera Colorado, ahora en liquidación, timando a los inversionistas para recaudar una millonada de dólares.
Es más, hasta se atrevieron a poner una tranquera en plena carretera de penetración que une a los pueblos de Chaparra y Sifuentes, impidiendo así la circulación por la vía pública y el acceso a la concesión minera Erika.
Esto obligó a que el empresario Pedro Livschitz Arriaga interponga una demanda de amparo contra la empresa minera Calipuy S.A.C. por la violación constitucional del derecho fundamental al libre tránsito y circulación, acción que fue declarada fundada por lo que se notificó a la gente de esa empresa que debían retirar la tranquera.
Sin embargo, hasta la fecha esa tranquera permanece en ese lugar custodiada por matones contratados que portan armas de guerra. No solo eso, pues contrataron personal policial para que controlen el acceso de cualquier persona y vehículo.
Como si eso no fuera suficiente, la fiscalía de Caravelí, pese a las pruebas que acompañaban esa acusación, decidió archivar la denuncia por robo agravado.
El despojo y robo sistemático de minerales auríferos les ha permitido a los usurpadores acumular miles de dólares para comprar las conciencias de policías y fiscales y así con total impunidad puedan seguir robando el costoso material.
Sin duda, lo que han hecho las autoridades en este caso es sentar un nefasto precedente. El denunciante refiere además que la empresa empresa minera canadiense Junior, denominada ABSOLUTE RESOURCES INC., y su filial peruana minera Calipuy S.A.C., gerenciada por Paco Agustín Solano Santiago.
Sujeto que tiene antecedentes por estafa, según lo indica el SIATF del Ministerio Público, impunemente transfieren derechos mineros y venden acciones en la bolsa de Valores de Toronto, lo que les permite no tributar un solo centavo al Estado peruano de lo que reciben (se habla de centenares de miles de dólares).
No pierde la fe. Los delitos en agravio de Pedro Livschitz Arriaga han sido acreditados cuando el 28 de abril de 2010 se levantó el acta de inspección en las tierras del derecho minero Erika, contando con la presencia de la fiscalía de Caravelí, la policía y el gerente regional de Energía y Minas, ingeniero Alberto Butrón Fernández.
Encontrándose en dicha inspección a los usurpadores César Vargas Almirco y José Liver Daga Carhuarica (vigilantes de Las Bravas N° 2), así como a un minicargador manipulado por Pánfilo Laura Velásquez que cargaba un volquete con material aurífero que iba a ser tratado por la minera Colibrí S.A.C.
No obstante, el verdadero propietario de la mina Erika se quejó de la actuación del entonces fiscal adjunto, Dr. Percy Raúl Challco Ccallo, quien participó en la elaboración del acta de inspección, pero se negó a identificar a los sujetos que estaban en la garita de control que servía.
Para retener y cobrar el 10% de las regalías a favor de la minera SRML Las Bravas N° 2 de Ica, sin tener derecho alguno sobre las áreas que le pertenecen a Pedro Livschitz.
Desde que le quitaron lo que era suyo, el ingeniero Livschitz Arriaga no cesa en su empeño por recuperar su mina. Él es un hombre tenaz y perseverante, pero tiene razones suficientes para desconfiar de las autoridades del país.
Porque mientras los usurpadores se benefician explotando su mina y se hacen ricos, él se la ha pasado todo este tiempo tocando las puertas de jueces, policías y fiscales y no ha encontrado justicia.
"Creo en Dios y sé que tarde o temprano la justicia y la ley triunfarán sobre el poder de la corrupción", nos dice el afectado.
Mientras tanto, luego de tres años la 6ta Fiscalia Provincial de Lima ha pedido el archivamiento definitivo del expediente N° 71-2011 que consta de más de ocho mil folios y que nunca se han estudiado las abundantes pruebas allí contenidas.
Por eso, Pedro Livschitz ha presentado la queja respectiva ante la 9na Fiscalía Superior y ahora aguarda que las autoridades actúen conforme a ley y la sentencia le sea favorable.
"Espero que esta vez la 9na Fiscalía Superior no haga causa común con la fiscalía de origen y los magistrados procedan con honestidad y transparencia", culmina el ingeniero.
Foto: Difusión.
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Que opina? Lo mejor de No Hay Derecho: Entrevista a Carlos Tapia (22 de noviembre) - 30/12/2011 10:53:03

" El entonces asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Tapia, visitó los estudios del programa No Hay Derecho y sostuvo que más que los inversores extranjeros, son los felipillos del país los que buscan condiciones exageradamente favorables para las empresas.
Tapia: Felipillos buscan condiciones demasiado favorables para la minería
Ideeleradio.- En el Perú no puede continuarse con una explotación minera como se ha venido haciendo en los últimos veinte años, donde más que los inversores extranjeros, son los felipillos del país los que buscan condiciones exageradamente favorables para las empresas, afirmó Carlos Tapia, asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros.
"Más que los inversores extranjeros, son los felipillos de acá que buscan negociar condiciones exageradamente favorables a la minería y no se detienen ante los hechos de corrupción, coimeo. […] Una inversión sin ningún tipo de reglamentación, abriéndose todas las puertas legales e ilegales no favorece ni al desarrollo ni a la democracia", aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"No puede continuarse una explotación minera como se ha venido haciendo en los últimos veinte años en el Perú, porque está demostrado que en los estudios de impacto ambiental, lobby que se hacen, la corrupción vigente, en la cual muchos felipillos de las empresas mineras, son portavoces, y por lo tanto, creen que llegando a acuerdos con dos, tres o cuatro funcionarios y cumpliendo tales y cuales trámites burocráticos, tienen legitimidad para pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía para que definan sus intereses malamente conseguidos, eso tiene que terminar", apuntó.
Comentó, en ese sentido, que las empresas tienen que respetar el medioambiente y la normatividad vigente y que la población tiene que confiar en que el Estado será una autoridad neutral que vela por los intereses nacionales.
"Tiene que terminar también que las empresas mineras no respeten de verdad los intereses del agua de la población campesina, los intereses del medio ambiente y de la población circundante en fin; y de parte de la población tiene que demostrarse que no es posible simplemente una actitud protestataria violenta para conseguir sus objetivos, que para eso existe el Estado como autoridad neutral, que vela por los intereses nacionales y que la población se sienta reflejada en esa defensa", declaró.
"Lo que pasa es que la población hasta por lo menos, no ha sentido que el Estado lo defiende pues, sino que el Estado patea mucho más cerca a los intereses de la minería que a los intereses de la población. Con lo que el presidente Humala viene señalando, creo que podemos tener una gran oportunidad, que a mí me duele mucho que se pierda por la intransigencia de sectores extremistas", puntualizó.
Conga debe ser el símbolo del acuerdo
Indicó que antes o después del paro de Cajamarca convocado para el 24 de noviembre, las autoridades locales de esta región deben responder al llamado del diálogo del Poder Ejecutivo. Dijo esperar que la movilización no se convierta en una huelga indefinida que lleve a un extremo el enfrentamiento y dificulte el diálogo.
"Creo que la misma propuesta del presidente del Consejo de Ministros de llamar a los alcaldes para conversar, sino se puede ahora porque se señala que no van a venir muchos alcaldes porque están preparando el paro, que se sea después del paro, pero que haya ese evento, pero que no se suscriba únicamente a Conga, que Conga sea el símbolo de que por fin los peruanos, el Estado y las empresas mineras nos ponemos de acuerdo para llevar a buen curso las potencialidades de la minería en el Perú y en el desarrollo de los pueblos", señaló.
"[Que] el Estado verdaderamente ponga por delante sus intereses nacionales, los intereses nacionales son aquellos que no pueden ser contrarios a los intereses de la población, no puede ser. Tiene que también que respetarse los intereses legítimos de conseguir ganancias de las empresas que invierten en el Perú, porque sino no van a invertir en el Perú", advirtió.
Gregorio Santos se ha puesto casi al filo de la legalidad
Consideró que lo que debemos hacer todos los peruanos es buscar un espacio de negociación entre el Estado y la población. Comentó que el presidente regional Gregorio Santos se ha puesto casi al filo de la legalidad y que "se sube sobre una justa y protestataria reivindicación".
"Ojalá que no sea una huelga indefinida la que lleve a un extremo el enfrentamiento que haga imposible el diálogo y en el caso del presidente de Cajamarca, yo modestamente como analista un poco lejano de los acontecimientos, uno puede percibir que el presidente regional de Cajamarca se sube sobre una justa y protestataria reivindicación porque no es uno de los mejores presidentes regionales en su actitud gubernamental, no cierto", aseveró.
"Pero es verdad, que ahora se ha puesto como autoridad regional al mando, poniéndose al filo de la legalidad, lo que debemos hacer todos los peruanos es buscar que haya un espacio de negociación entre el Estado, la población que sufre los efectos negativos de la minería y las empresa mineras", remarcó.
Por algo se formó el Ministerio del Ambiente
Resaltó la intención del jefe de Estado de fortalecer, centralizar y calificar de mejor manera todo el trabajo del Estado en materia medioambiental, aunque reconoció que existe la posibilidad de que la nueva oficina que dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tenga un poder interno muy grande.
"[Hay un riesgo] que se le dé tal importancia a esa nueva oficina, […] que tiene que ver con todos los aspectos del Estado en la normalización de la explotación minera, que fuera un poder interno muy grande, pero por algo se formó el Ministerio del Ambiente", manifestó.
"En todo caso la intención presidencial es de fortalecer, centralizar y calificar de mejor manera todo el trabajo del Estado en relación al despliegue de las iniciativas para que la minería esté regulada en función de los intereses de la defensa del medio ambiente, de la defensa del agua y que a la vez sirva para facilitar los recursos para el desarrollo nacional", añadió.
Existirá fondo de garantía de fideicomiso a favor de pobladores
Recordó que el propio mandatario propuso la existencia de un fondo de fideicomiso de las empresas mineras, para que se les retribuya económicamente a aquellas comunidades que se vean dañadas con las actividades de explotación, que han sido avaladas por el Estudio de Impacto Ambiental, así como la resolución del problema. Sin embargo, estimó que el proyecto Conga no se podrá suspender y que el Estado deberá fiscalizarlo.
"También el presidente Ollanta planteó algo significativo, que hubiera un fondo de la empresa minera de garantía de fideicomiso para que en caso de que las expectativas que se presentaban y las previsiones que se señalaban en el plan de explotación, garantizado por el Estudio de Impacto Ambiental, no se cumpliera, la población tuviera la garantía de que entonces esa empresa minera resolvería los daños que la población considera que se hubieran producido en situaciones excepcionales", aseveró.
"Yo creo que no [se podrá paralizar Conga], pero lo que sí creo que es posible, [es que] en la negociación, se logre que los intereses de la empresa Yanacocha sean compatibles con los intereses de los pobladores afectados previsiblemente por los efectos secundarios de la explotación minera se llegue a un acuerdo y creo que el Estado sea un árbitro, el Estado no puede tomar parte, sino pierde credibilidad", puntualizó.
Ultimátum de Humala también es para los inversores mineros
Opinó, finalmente, que el ultimátum que dio el presidente Humala de que "no aceptará ningún chantaje por parte de nadie", no solo está dirigido a los actores extremistas que no quieren minería, sino también a aquellos empresarios mineros que están acostumbrados a realizar las acciones que deseen, sin tener en cuenta el marco legal ni ambiental.
"El ultimátum no puede ser solo dado a los sectores extremistas, que no quieren minería sea cual fuera la condición, sino también entiendo que es para el otro lado [sector minero], que no puede continuar con la soberbia que ahora viene desarrollando, producto de su experiencia pasada de que siempre hacen lo que ellos quieren", concluyó.
Ver artículo...
" Fuente Artículo