Interesante, San Ignacio: comunidad awajun exige solución a problema de contaminación del río que usan para consumo humano - 13/02/2014 16:03:18
"Por actividades de exploración minera llevada a cabo por la empresa Aguila Dorada SAC que fueron autorizadas violándose el derecho a la consulta previaCOMUNIDAD NATIVA AWUAJUN DE SUPAYACU EXIGE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO CHIRINOS QUE ES UTILIZADO PARA EL CONSUMO HUMANO
Como es de conocimiento público, la Comunidad Nativa Awuajun de Supayacu (ubicada en el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca) viene exigiendo, desde el año 2011 (ya en su informe de julio de 2011 la Defensoría del Pueblo lo considera como conflicto socio-ambiental) que se respete su derecho al territorio, al desarrollo en un ambiente saludable y sostenible, a que se le consulte sobre decisiones gubernamentales que afecten directamente sus derechos, en estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el estado peruano al haber ratificado el Convenio 169 de la OIT y al haber sancionado la Ley No. 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios) y su Reglamento (D.S. 001-2012.MC).
Ello, porque sin haber sido consultados previamente, el Ministerio de Energía y Minas autorizó las actividades de exploración minera formulada por la empresa Aguila Dorada SAC respecto del proyecto "Yaku Entsa", que a la fecha se viene ejecutando por dicha empresa y cuyas actividades vienen contaminando las aguas del Río Chirinos que sirven para el consumo humano directo de los miembros de la Comunidad Nativa Awuajun de Supayacu y para el riego de sus campos.
Frente a ello, los dirigentes y apus de la comunidad nativa aquí citada realizaron una visita a Lima, en octubre del año pasado, para exponer la problemática ante diversas autoridades gubernamentales como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Congreso y la Defensoría del Pueblo, pidiéndoles su intervención a fin de dar solución a este problema socio ambiental generado por la Empresa Minera Águila Dorada, y el propio Estado, comprometiéndose éstas autoridades a brindarles el apoyo para que no se vean violentados en sus derechos fundamentales por dichas actividades mineras.
Ante el inicio de las actividades de exploración minera, el 6 de noviembre de 2013, la Comunidad Nativa de Supayacu y sus organizaciones representativas, contando con la asesoría legal de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz , FEDEPAZ, interpusieron una demanda de amparo contra la resolución de autorización de inicio de actividades de exploración y la resolución de autorización automática de declaración de impacto ambiental presentado por la empresa. Sin embargo, hasta la fecha el Quinto Juzgado Constitucional, con sede en Lima, hasta la fecha no ha notificado la resolución admitiendo o no dicha demanda.
Igualmente, mediante comunicación de fecha 19 de noviembre de 2013, dirigida al Presidente de la República, la Comunidad Nativa Awuajun de Supayacu reiteró el pedido de pronta intervención de las autoridades del gobierno central con el objeto de que se proteja sus derechos fundamentales como pueblo nativo, sin embargo, hasta la fecha, tampoco, existe respuesta alguna a dicha comunicación.
Por el contrario, aprovechando la pasividad de las autoridades del gobierno central y de la resolución de autorización de inicio de actividades, Aguila Dorada SAC ha iniciado y continuado
con sus actividades de exploración minera y de desplazamiento de personal en dichos territorios comunales, sin autorización de la Comunidad Nativa Awuajun de Supayacu, situación, esta última, que ha sido tomada por sus miembros, como actos de provocación contra ellos.
Al respecto, cabe citar que el último de estos hechos ha ocurrido el día del 10 del presente mes, fecha en la cual, según comunicación dirigida por La Comunidad Nativa Awuajun de Supayacu a la Municipalidad Provincial de San Ignacio, el señor Jaime Núñez Fernández, Funcionario de Aguila Dorada SAC, sin permiso ni coordinación previa alguna con las autoridades nativas, ingresó a dichas tierras comunales, siendo retenido por los comuneros conforme a sus prácticas ancestrales y consuetudinarias de seguridad cuando circulan por sus territorios personas desconocidas y que no cuentan con autorización para hacerlo.
Al determinarse, por propio dicho de la persona retenida, de que se trataba de un funcionario de la empresa minera Aguila Dorada SAC, cuya presencia en la zona rechazan, han reiterado sus exigencia respecto a la inmediata presencia de las autoridades del gobierno central para tratar la solución al grave problema de contaminación que se viene presentando en sus territorios.
En ese sentido, FEDEPAZ quiere expresar su condena por el hecho de que algunos medios de prensa en lugar de tratar el tema objetivamente, es decir como un conflicto socio-ambiental no resuelto por la desidia de las autoridades, por el contrario, de manera tendenciosa, vienen señalando falsamente que los comuneros exigen el previo pago de una cantidad millonaria para liberar al funcionario de la empresa retenido.
Desde luego, FEDEPAZ, también, rechaza todo acto que pudiera significar la violación de derechos fundamentales del funcionario de la empresa retenida y tiene la firme esperanza de que pueda volver pronto con su familia sin que medie acto de violencia alguna, pero, igualmente, FEDEPAZ demanda la presencia de las autoridades del gobierno central, en forma inmediata, para darle una pronta solución al problema de contaminación que se denuncia y, desde luego, garantizar la integridad personal de los comuneros y de la persona retenida.
Al mismo tiempo, FEDEPAZ expresa su preocupación sobre la posibilidad de que se disponga la intervención por la fuerza de la policía al amparo de la cuestionada Ley No. 30151, en vista de que, dadas las circunstancias, ello no haría más que generar una situación de violencia y vulneración de derechos fundamentales que nadie desea y que, por el contrario, rechazamos enérgicamente.
Lima, 13 de febrero de 2014
Área de Prensa , Fedepaz
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Información: Lo mejor de No Hay Derecho: Entrevista al defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega (14 de noviembre) - 30/12/2011 10:42:34
" El defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, expresó en No Hay Derecho que el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, debe dejar de una vez el cargo porque su permanencia deslegitima la lucha contra la corrupción, en un contexto en que el propio mandatario Ollanta Humala le pidió a Omar Chehade alejarse del Ejecutivo.Eduardo Vega: Chehade debe dejar de una vez la segunda vicepresidencia
Ideeleradio.- El segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, debe dejar de una vez el cargo porque su permanencia deslegitima la lucha contra la corrupción, sostuvo el defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, tras expresar su preocupación por el caso.
"Yo en general he evitado pronunciarme sobre este tema, pero tampoco es ajeno mirar este tema y ver con preocupación lo que se viene produciendo; lo que he señalado con claridad y lo que ha señalado el Presidente en sus intervenciones para mí ha sido bastante claro. Creo que realmente por el bien del país, de la lucha contra la corrupción ,para que no se deslegitime esta lucha, es necesario que el señor Chehade pueda, de alguna manera, ya de una vez dejar el cargo de segundo vicepresidente", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Nosotros hemos sido muy enfáticos en eso, no nos corresponde intervenir, pero frente a la situación, creo que era necesario hacer un pronunciamiento y una preocupación sobre todo de lo que pueda estar significando en el país un tema que no se resuelve del todo", anotó.
El segundo vicepresidente Omar Chehade es investigado en el Ministerio Público por supuesto tráfico de influencias a raíz de las reuniones que sostuvo con generales de la Policía para ver aparentemente el desalojo de la azucarera Andahuasi. Esta mañana, Chehade Moya explicó que no renunció al cargo, tal como se lo sugirió el jefe de Estado, al considerar que es "inocente".
No hay varita mágica para resolver conflictos
El funcionario dijo, en otro momento, que no existe una varita mágica para solucionar los conflictos sociales, al ser consultado por el impulso que le da el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, al reclamo de la población que se opone al proyecto minero Conga.
Precisó, además, que le corresponde tanto al Gobierno Nacional, regional y la población que se pongan de acuerdo y encuentren una solución a esta controversia, bajo la premisa de que es el Poder Ejecutivo el que define la política nacional.
"Es un tema realmente complejo, pero hay que decirlo con mucha claridad, la definición política nacional sobre dinámica de inversión, cuál es el modelo de desarrollo le corresponde principalmente a la autoridad central, esas no son políticas que puedan ser definidas por los gobiernos regionales. […] Los gobiernos regionales están para contribuir en el desarrollo económico y local, en ver competencias de carácter regional, y frente a esa premisa corresponde que tanto el Gobierno Nacional, regional y la población se pongan de acuerdo", argumentó.
"Creo que va a ser un caso muy decisivo, en cómo va a salir de esta situación, no corresponde decir a la Defensoría del Pueblo cuál es la solución, no hay una varita mágica, pero sí es un caso emblemático de cuál va a ser el modelo de política que va a tomar el Ejecutivo para armonizar la actividad extractiva deja muchos beneficios y las necesidades de expectativas de la población y las vinculadas al medioambiente", remarcó.
Estado no armoniza ni fortalece unidad de conflictos de PCM
Vega Luna invocó al Poder Ejecutivo a fortalecer la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, para evitar que se produzcan situaciones como la de Cajamarca, Andahuaylas, Huaraz, donde se comenzó a actuar cuando los conflictos estaban en su fase crítica.
"Un tema central es que el Estado no está cumpliendo con su rol de armonizar y compatibilizar estos dos grandes elementos, el crecimiento económico y las demandas de la ciudadanía. […] En realidad siempre en un conflicto, en el fondo hay una expectativa que tiene la población y, por otra parte, hay también diversos intereses, los intereses legítimos de la población y, por otro lado, también existen intereses ideológicos y que se contraponen a toda inversión minera", refirió.
"Y frente a eso, el reto es que el Estado intervenga fortaleciendo su unidad de conflictos sociales, lo venimos reiterando desde hace tiempo, […] no podemos actuar cuando estos llevan siete u ocho días de paralización o cuando el conflicto entra en su fase crítica, que es lo que está ocurriendo en Cajamarca, en Andahuaylas, en Huaraz", anotó.
Finalmente, detalló que el último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de 217 conflictos, que en este mes significan 17 conflictos nuevos, así como 20 conflictos nuevos en lo que va de este reciente gobierno. Resaltó, igualmente, que haya 82 mesas de diálogo como mecanismo en el que se plantean demandas y que estas sean atendidas.
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