Gestión Pública del Perú y el Mundo: LOS DEMONIOS DE LA MINERÍA EN AMÉRICA LATINA y Ministerio de Trabajo: ¿cómo va la transferencia?

Es Noticia, LOS DEMONIOS DE LA MINERÍA EN AMÉRICA LATINA - 25/03/2014 7:26:50

"Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.
Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.
La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.
La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.
Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país juega un papel preponderante en esta depredación porque el 60 por ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.
En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.
El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.
El paraíso de las mineras
Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto con más facilidades que en otros centros financieros en el mundo, porque se les exigen menos requisitos como lo son las pautas voluntarias, reportar recursos minerales y menos informes.
Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining Watch Canada, asegura que también que existen ventajas tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.
Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha o interfieren con gobiernos o activistas, uno de ellos en España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez; en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o reformas de una ley minera; en Filipinas y Costa Rica también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.
En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios canadienses fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno canadiense, se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa Blackfire Exploration que se le involucra en el conflicto por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y en los documentos se detalla que sabían de existencia de activista antes de su asesinato.
En Morelos, habla Moore sobre la intervención de la embajadora Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.
Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA), asegunda a Moore en el tema las facilidades ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que este 60 por ciento de empresas, emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil millones de dólares canadienses al ?nanciamiento minero, más de un tercio del total mundial.
La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX.
Relatoría de la ONU y sus asegunes
En el documento ""Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya"", (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año del 2011, hay un reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los territorio del globo terráqueo por la industria extractiva.
Da la razón que: ""los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo"".
En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su territorio ni en sus recursos naturales.
Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos, de 2013.
""En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos naturales"".
Según Silvia Herrera, asesora de proyectos para la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del Estado sea débil o nula.
Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel internacional, en el momento de la instalación de una empresa extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer minerales en América.
Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-Kaiowá en Brasil.
""A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado , y sus consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en América Latina"".
Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial, pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la ""extracción preferida"", para lograr una asociación entre los nativos y las empresas, pues considera que en América Latina no existen las condiciones, al menos en el corto plazo, para que se logre por el sistemático abuso de las negociantes mineras.
Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas ocasiones, considera que el Estado o los gobiernos están obligados a que se realicen informados para ejercer su derecho de libre determinación; pero el último documento expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos toma otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las empresas mineras.
Del informe de Anaya se extrae el fragmento: ""En virtud de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de entablar negociaciones directamente con las empresas si así lo desean. De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los pueblos indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas que respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos oportunidades de promover sus propias prioridades de desarrollo"".
Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere que es el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de los resultados de la consulta.
Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril distinto al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida diligencia. ""Las consultas y el dialogo encaminado a definir el modelo de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe transferirse a otros actores, puesto que esto puede poner en duda la objetividad, la parcialidad y la efectividad de todo el proceso"".
Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería, porque tanto los gobiernos como las empresas efectúan campañas para convencerlos que vendan sus tierras y permitan la extracción de minerales, con prebendas o promesas que no se cumplirán: se les miente a los habitantes de las comunidades.
En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de extracción y en afinar las consultas, la única arma legal para impedir la instalación de un proyecto; la otra es la movilización campesina e indígena en los lugares.
El trabajo en México
Eleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a un minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y ropa adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.
Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando roca fracturada en los pulmones.
Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas que las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse de los geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros. Incluso lo hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio ambiente.
Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis, el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa; pero durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que no cobró una sola quincena hasta que lo despidieron.
Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que hace los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que bajaron de la camioneta de la empresa en una de las calles de Durango.
No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja en claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y su relación con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio laboral. Está esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en alguna cárcel. Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido explotado en una mina serrana sin goce de sueldo.
En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras. Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.
Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), habla de una disputa entre los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por Napoleón Gómez Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para adelgazar los derechos laborales y en los contratos durante la administración federal panista: ""no respetan antigüedad, pagos por accidentes y otras prestaciones que históricamente están vinculadas a los derechos laborales patronales"".
En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita de Galeana en el estado norteño de Durango y en Carrizalillo, en Guerrero. ""Ello genera un ambiente hostil en la contratación de trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del sindicato de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en todo. Pero, por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia normalmente le gana la partida en el tribunal a la empresa y también establece su sección"".
Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra empresas mineras, dice.
El outsoursing viene a la alza en México, y considera Mijangos que dejan en indefensión a los trabajadores más que si los subcontrataran, porque ahora la empresas buscan a empleados que no sean sindicalizados, y se genera competencia por los espacios desvaneciendo las prestaciones laborales.
Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa, como los sindicatos y los administradores del outsourcing abusen, y si algún trabajador reclama se le despide o lo amenaza despidiendo a amigos o familiares, dice al ejemplificar que así sucede en Carrizalillo, y por esto ya no realizan demandas.
Defender lo sagrado
En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa de Carlos Slim Helú.
Es una zona protegida, la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando aproximadamente 98 mil Fuente Artículo

Interesante, Ministerio de Trabajo: ¿cómo va la transferencia? - 20/07/2011 18:30:06

"Los compañeros de la Comisión de Transferencia del Sector Trabajo y Promoción del Empleo de Gana Perú me alcanzan el primer informe del proceso de transferencia. Desde hace unas semanas se han venido reuniendo con funcionarios de diverso rango e incluso con la Ministra de Trabajo y aquí presentamos para nuestros lectores un informe que señala algunos temas que preocupan de sobremanera -y que habían sido debidamente alertados por este modesto blog- poniendo ante la opinión pública una serie de hechos que demuestran la alianza real y consistente entre el actual gobierno y los intereses empresariales.
¿Qué ha hecho la Ministra de Trabajo?
Lea el informe y tendrá muy buenas pistas.
Entre el 80% y 90% de las multas por infracciones laborales son apeladas y anuladas. Es decir, las inspecciones durante el régimen aprista son una farsa, un teatro para engañar a los trabajadores, pues son poquísimos los empresarios realmente sancionados.
También merece destacar que como señala el Informe de la Comisión de Transferencia, el Ministerio de Trabajo en buena cuenta depende para muchos de sus servicios, de la cooperación internacional, siendo así un simple operador de fondos externos. Una vergüenza.
Todo esto solamente subraya la incapacidad de los empresarios, es decir, del capitalismo peruano para construir un orden normativo y una institucionalidad estatal que regule las relaciones entre capital y trabajo. Pero bueno, dejaré de renegar y las adjunto el Informe completo para que saquen sus propias conclusiones. La primera ya esta cantada: todo esto debe cambiar.
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INFORME DE TRANSFERENCIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE)
Comisión de Transferencia
Sector Trabajo y Promoción del Empleo
1. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha sido tradicionalmente el de menor importancia en el país. El desdén respecto de sus dimensiones presupuestales y de personal, no es fortuito. Refleja una visión de país que considera al trabajo como naturalmente subordinado al capital, y a sus reclamos como una especie de conflicto a ser controlado, sin más concesiones que las estrictamente necesarias. El rol tradicional del Ministerio, fue por eso el control político de la fuerza laboral asalariada.
2. En las últimas décadas, el proyecto liberal ha agravado esta visión negativa y sus efectos institucionales. No solamente por reducir la cantidad de recursos destinados al MTPE, sino también al minimizar su rol político y el alcance de sus decisiones. Con un marco de relaciones laborales tradicional y favorable a las decisiones del empleador, incompetente ante la profusión de abusos e incumplimientos de la ley; con programas de servicios de alcance reducido, este Ministerio ha mantenido un bajo perfil político, limitándose a mantener el estado de cosas heredado del periodo fujimorista, con una administración disminuida e ineficaz para cumplir con sus funciones.
3. Desde la perspectiva de los planteamientos de Gana Perú, esta situación resulta contradictoria y no debería sostenerse. De mantenerse, creemos difícil que el gobierno electo pueda devolverle protagonismo al trabajo ,empleo y salarios, cantidad y precio, dentro de la concepción económica. Bajo las actuales dimensiones e importancia del MTPE, es prácticamente imposible emprender una transformación del rol del trabajo en la economía, sobre todo si la institución que debe promover el empleo y vigilar por la decencia del mismo, cuenta con presupuestos ridículos y funciones disminuidas.
4. Veamos algunos elementos de diagnóstico:
. En el presupuesto por funciones, acumulado 2006-2010, la función Trabajo es la de menor relevancia: apenas 2 milésimos del Presupuesto General de la República, siendo la única partida que ha descendido (al 75 por ciento de su valor corriente al inicio del actual gobierno). El MTPE es la tercera parte de este gasto. Si se duplicara su presupuesto, todos los años del siguiente periodo de gobierno, aumentado 16 veces su dimensión, llegaría a captar el 1 por ciento del presupuesto nacional.
. La mayor parte de servicios, especialmente en materia de programas de empleo, proviene de la cooperación técnica, de manera que es muy frecuente que el MTPE funcione más como un organismo de desarrollo dependiente de los fondos obtenidos en negociaciones con agencias de cooperación, que como parte de las políticas de Estado con iniciativas y funcionamiento autónomo.
. Las multas que los servicios de inspección imponen ,aún en casos de reincidencia, son apeladas y anuladas en 80-90 por ciento. Paralelamente, la cantidad de abusos cometidos en contra de los trabajadores es amplia y, sobre todo, desatendida a pesar de su visibilidad. Hay casos paradigmáticos ,trabajadores de Ripley, Topy Top, Shougang, los talleres de Gamarra, la explotación infantil en Madre de Dios y las ladrilleras, los accidentes de trabajo y el crimen organizado en Construcción Civil, que parecen insolubles, y determinan una visión de los trabajadores como ciudadanos de segunda clase, insensibles al abuso y faltos de reacción frente a él ,"chamba es chamba", como parte natural de nuestro funcionamiento social.
. El servicio de colocaciones (Bolsa de Trabajo) como los de formación/empleo (Projoven, Revalora), o programas de empleo temporal masivo como Construyendo Perú, a pesar de su buen diseño original y el esfuerzo desplegado por los cuadros técnicos, han sufrido variaciones periódicas derivadas de su manipulación política y tienen dimensiones poco significativas, cuando debieran ser un frente esencial de la lucha por mejora del empleo en el país.
. La legislación ha sido prácticamente abandonada o tergiversada en sus finalidades protectoras del trabajador. El proyecto de Código o Ley General de Trabajo, consensuado por un grupo de profesionales laboralistas de todas las tendencias en el 2001, ha cumplido 10 años sin que se le apruebe, pudiendo estar ya desfasado. El derecho laboral se rige por la legislación antilaboral de los años noventa, algunas decisiones del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia en general, mientras una nueva ley de micro y pequeña empresa ,aprobada inicialmente por el gobierno de Toledo y ampliada por el actual gobierno aprista, extiende la definición de la pequeña empresa hasta abarcar el 95 por ciento de las unidades económicas. La defensa sindical y la negociación colectiva han llegado a niveles mínimos, y esta circunstancia abona en los bajos niveles salariales promedio a pesar del periodo de crecimiento económico experimentado desde el 2002.
. Una de las mayores manifestaciones del abuso laboral en el Perú se expresa en el bajo nivel de las remuneraciones. El argumento de la productividad baja es insostenible para niveles tan reducidos de remuneración en la mayoría de trabajadores. Al extremo que una remuneración mínima de 20 soles diarios ,equivalente a un menú de un restaurante de calidad mediana, o a un kilogramo de carne, o al precio del ingreso a nuestro más conocido festival gastronómico, es considerada por algunos "analistas económicos" como elevado, y su aumento como una tragedia empresarial.
. Los grandes sectores de empleo, especialmente el autoempleo campesino y el informal urbano, carecen de normas efectivas y de protección social, además de falta de acceso a financiamiento que podrían impulsarlos, restringiéndose al espacio financiero del microcrédito, prácticamente artesanal, sin efectos importantes.
. En el caso de los trabajadores del Estado, en donde la competencia del MTPE se reduce al registro sindical, no hay mecanismos de vigilancia de los derechos laborales. En este sector, tanto la contratación como las condiciones de trabajo, además de altamente heterogéneas muestran extendidas manifestaciones de maltrato. Un caso típico es la creación del sistema de CAS, que genera en la administración pública un sistema de contratación inestable con derechos laborales restringidos.
. Se ha debilitado, desde la propia Autoridad del Trabajo, la función inspectiva al propiciar un conflicto laboral con el Sindicato de Inspectores del Ministerio, y forzar la transferencia de competencias y traslado de funcionarios a las regiones sin que existan las condiciones legales y materiales para su nueva ubicación territorial y el desempeño de sus funciones, representa, en la práctica, el desmembramiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Inspecciones.
5. ¿Qué podría hacer el MTPE, bien conducido, con un presupuesto significativamente mayor y poder de decisión creciente?
La Comisión de Transferencia propone las siguientes líneas de acción para la nueva administración del Ministerio:
. Restituir en primer lugar el respeto a los trabajadores del Perú, en un plazo muy corto, con cambios administrativos y legales de emergencia. Esto supone comenzar por ampliar la capacidad de vigilancia del MTPE, mediante el reforzamiento del Sistema Nacional de Inspecciones ,no es necesario multiplicar abusivamente la cantidad de inspectores ni menos crear Superintendencias que más bien debilitarían abiertamente al Ministerio,, sino más bien la utilización de los servicios inspectivos del conjunto del aparato público , especialmente SUNAT y los gobiernos locales, para la certificación simple de derechos laborales elementales, como la, pertenencia a planillas, el pago de la seguridad social, la remuneración mínima y el pago de horas extras. Sin generar un sistema de inspecciones punitivo, se debe establecer firmemente el cumplimiento de derechos elementales.
. Algunas medidas legales de emergencia deberían facilitar este fomento del respeto laboral. Se debe restituir la exhibición pública y ampliamente visible en cada centro de trabajo de los derechos fundamentales del trabajador. Facilitar el arbitraje en la negociación colectiva a pedido de la parte laboral, cuando la parte empresarial se resiste a negociar. Eliminar los mecanismos impropios de intermediación. Premiar a las empresas con buenas prácticas laborales. Facilitar al máximo la atención de los servicios actuales de consulta y de denuncias, así como su atención.
. Un punto también esencial y urgente es la reducción al máximo de la tercerización laboral en el sector público y privado, eliminándose el alquiler de fuerza de trabajo como sistema de ganancias. Igualmente, regularizar la situación del CAS, por ser un sistema de incumplimiento laboral administrado por el propio Estado.
. La principal defensa de los trabajadores, sin embargo, es su propia actividad al interior del derecho colectivo. Debe reforzarse la sindicalización y la negociación colectiva y el ejercicio democrático del derecho de huelga. Esta tarea implica también el protagonismo de la libertad sindical y la afiliación directa universal de los trabajadores, salvo declaración en contrario, o el pago de cuotas sindicales mediante descuentos de planilla.
. Lo anterior debe ser sucedido por una legislación renovadora e inclusiva. Una nueva Ley General de Trabajo, debería ser literalmente general ,incluir una nueva legislación sobre la pequeña empresa y los temas de protección social para todo trabajador ocupado, y poner las bases de nuevas relaciones laborales en un plano superior al del simple enfrentamiento entre trabajadores y empleadores y su mediación. Temas como la necesidad de instancias de solución de conflictos al interior de las empresas, la extensión del diálogo social, la inclusión de cláusulas de productividad y metas de producción en la negociación colectiva, la extensión de la sindicalización directa a las centrales sindicales, deberían ahora ser incorporados, afirmando la intención de renovar las relaciones laborales.
. En cuanto a las medidas activas de empleo, es necesario incorporarlas como una política central del estado, antes que un ejercicio casi anecdótico. Los servicios de empleo, incluyendo las mejoras de productividad en el empleo campesino y las microempresas urbanas, además de los servicios de colocaciones en todo el país y los programas de empleo masivo con fines productivos, se deben elevar sustancialmente y ser parte de una política social mucho más renovada, desprovista de asistencialismo y ligada a la capacitación y la productividad.
. El reforzamiento institucional debe estar atado a estas tareas. No se trata de un problema solamente presupuestal para mejorar las remuneraciones atrasadas del sector y cubrir sus vacíos de personal. Se trata de hacer verdad los propósitos de una Gran Transformación, en especial, de su vocación para hacer del trabajo el eje transformador del futuro peruano.
6. Para el fin del periodo presidencial, hacia el 2016, los miembros de esta Comisión de Transferencia esperan que se haya dado un cambio trascendente en la situación de los trabajadores, dentro de los marcos de la justicia y por métodos democráticos. Que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deje de ser un instrumento accesorio para mantener el estado de cosas de los últimos decenios y sea más bien el gestor de este cambio, en magnitudes históricas, que reivindiquen el trabajo en el Perú.
Martes, 18 de julio 2011
Comisión de Transferencia
Sector Trabajo y Promoción del Empleo
GANA PERÚ
Jorge Bernedo (Coordinador)
Carlos Alonso Bedoya
Pablo Checa Ledesma
Enrique Fernández-Maldonado
Julio Gamero
Brindis Ochoa
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Este informe debe ser leído cuidadosamente por los sindicalistas. Lea y difunda, compa!!
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