Información: Salas advierte "guerra sucia" contra quienes impulsan investigaciones en Áncash - 28/05/2014 14:02:00
El procurador anticorrupción, Christian Salas, advirtió hoy que habrá "una guerra sucia" para desacreditar aquellas personas que impulsan las investigaciones por supuestos actos de corrupción y crimen organizado ocurrido en la región Áncash.Ver artículo... Fuente Artículo
Interesante, Construir una nueva institucionalidad - 16/03/2011 16:34:21
"Artículo originalmente publicado en DEBATE N°113, marzo-mayo 2001
Entrevista a Jorge Silva Santistevan de Noriega
Construir una nueva institucionalidad
por Gonzalo Quijandría
Dedicado a la actividad privada luego de cinco años de ejercer el cargo de defensor del pueblo y de una campaña trunca para la Presidencia de la República, Jorge Santistevan de Noriega conversó con DEBATE sobre el actual proceso político y el futuro del país.
¿Cómo ve el futuro en términos de gobernabilidad, ahora que sabemos que el Presidente no tendrá mayoría en el Congreso y enfrentará tanto la recesión económica como el creciente descontento?
Hay que sentirse optimistas en el campo político, pero no tanto en el económico. La gobernabilidad: me preocupa esa palabra. Recuerdo que Fujimori hablaba mucho de gobernabilidad e inclusive justificó un golpe de Estado debido al tema de la gobernabilidad. Desde este punto de vista, tenemos que entender que la única gobernabilidad que debemos apoyar es aquella que se base en instituciones democráticas. A mi juicio, lo que necesitamos es preguntarnos cuánta institucionalidad requerimos construir para que nuestro país sea gobernable.
¿Cómo ve el futuro del país después del Gobierno de Transición?
El Perú ha sido capaz de desarrollar una gesta sin precedentes. Aquí se ha desplomado el régimen autoritario que devino en la dictadura de Fujimori. Aquí ha surgido este Gobierno de Transición sin que se dispare un tiro y se ha empezado a investigar la corrupción más grande de la historia. Se ha detenido a los jefes militares en cárceles comunes sin que surja el temor a un golpe de Estado. Se ha impuesto plenamente la civilidad sin grandes amenazas y todo esto ha ocurrido en el contexto de una recesión económica que no tiene cuándo acabar, pero sin corrida de dólares y sin bancos que quiebren debido a la transición. Estamos viviendo una transición inédita, un proceso que en otros países ha costado dolor, trauma, movilizaciones populares y alteraciones. Después de la Marcha de los Cuatro Suyos hay un poco más de reclamo popular pero no se ha presentado una situación que altere el orden público; hemos tenido elecciones limpias demostrando que en el Perú sí podemos asumir la transición. Todo esto indica que existe un espacio para construir una nueva institucionalidad si hay la suficiente madurez y voluntad en los actores políticos. Debemos asumir el momento actual como uno en el que estamos ad portas de forjar un nuevo contrato social para el siglo XXI.
Pero hay la sensación de que no estamos avanzando. Por ejemplo, los dos principales responsables de la corrupción están libres fuera del país.
Es muy difícil extraditar a estas personas cuando a Fujimori lo protege el gobierno de Japón y a Montesinos lo esconde el de Venezuela. Para encontrar al asesor y extraditarlo, tendría que haber una acción mucho más eficaz. En este punto habría que reclamar una mayor participación de la CIA y del gobierno de Estados Unidos. Pero no se puede generalizar afirmando que, porque no se han obtenido ciertos logros, no se ha avanzado en preparar el terreno para fortalecer la institucionalidad.
¿Nuestra clase política está preparada para este proceso?
Pienso que está preparada y, desde esta perspectiva, considero que se puede establecer con éxito algún tipo de acuerdo de institucionalidad que estabilice la transición. Desde luego, también es importante la propuesta del presidente Paniagua, basada en el pacto de gobernabilidad, de establecer una mesa de diálogo inspirada en la que promovió la OEA, cuya función sería definir cuáles son los puntos clave de la institucionalidad y determinar una agenda de consenso. Todas las fuerzas tienen que estar de acuerdo en que la lucha contra la corrupción debe institucionalizarse. Los avances que se han producido podrían revertirse si, por ejemplo, al próximo ministro de Justicia se le ocurre cambiar al procurador Ugaz o si decide desactivar la Procuraduría, que existe solamente porque el actual ministro la ha creado, pero no se ha institucionalizado. En la lucha contra la corrupción, me parece que hay un campo de consenso definido, que requiere que las fuerzas políticas y los dos candidatos se comprometan ,antes de la segunda vuelta y sin poner condiciones sobre los resultados de ésta, a profundizar lo que se ha iniciado. En segundo lugar está la Comisión de la Verdad, que inclusive está admitida expresamente por las Fuerzas Armadas; ahí no hay ninguna discusión. En tercer lugar, se requiere una reforma constitucional. La Constitución de 1993 fue hecha para Fujimori; hay que aplicarle profundas reformas, por no decir cambiarla toda. En cuarto lugar está la relación civiles-militares, en la que han ocurrido ciertos eventos que nos dan confianza. Aunque las Fuerzas Armadas no han pedido perdón explícitamente, sí han ofrecido satisfacciones por haberse contaminado con el autoritarismo y la corrupción. ¿Cuándo ha ocurrido esto en el Perú? Estas satisfacciones, unidas al reconocimiento del general Hermoza Ríos de la ilegalidad de sus ingresos, son importantes si van seguidas por un efectivo propósito de enmienda. Desde el punto de vista de la madurez política, tengo, pues, fundadas esperanzas. Ojalá que lleguemos a tener un régimen que, al igual que el Gobierno de Transición, "despresidencialice" al Perú, reduzca el protagonismo del Presidente y fortalezca a las instituciones.
Pero el discurso de institucionalidad no ha estado presente en la campaña.
Los discursos de los candidatos están dirigidos a obtener votos, son discursos marketeros. Desgraciadamente, la institucionalidad no vende nada; ni siquiera la lucha contra la corrupción logra hacerlo. Lo único que determina que la gente vote o no es que el candidato explique cómo va a resolver los problemas cotidianos. Al votante, la institucionalidad no le toca de cerca porque lo que lo agobia es la pobreza, la falta de trabajo, la inseguridad, el costo de las medicinas, de los servicios. Si los candidatos quieren ganar votos, es en estas áreas en las que van a centrar sus ofrecimientos, no en el campo de la institucionalidad.
¿No está siendo demasiado optimista?
El pesimismo va por el lado de los problemas cotidianos de la población: trabajo, seguridad, futuro. Estos tres años de recesión han determinado que los peruanos, hombres y mujeres, estén perdiendo su autoestima; los jóvenes nuevamente están tratando de irse al extranjero para buscar mejores horizontes, la gente que tiene ahorros los está poniendo afuera, a buen recaudo. ¿Cómo se va a responder al conjunto de expectativas y demandas acumuladas, embalsadas, retenidas por el proceso electoral? La recesión no está por terminar; en el último trimestre hemos tenido crecimiento cero. Tenemos un contexto internacional desfavorable. El enfriamiento de la economía norteamericana nos afecta. Si Japón no supera el proceso recesivo que también está sufriendo, su crisis va a tener implicancias en todo el mundo y, por supuesto, también en el Perú. Y mientras las especulaciones sobre la bomba de tiempo en Argentina sigan siendo especulaciones estaremos bien, pero si en verdad ésta estalla, nos veremos afectados. El juego económico no va a permitir que los candidatos respondan a las demandas acumuladas ni a las expectativas generadas, pues no hay caja fiscal. El optimismo que tengo por el lado institucional se ve morigerado por el pesimismo que se percibe en los círculos económicos, sobre todo porque sabemos que para avanzar económicamente requerimos inversión extranjera ,además de la que puedan hacer los propios peruanos, y los inversionistas extranjeros no consideran sexy a ninguno de los dos candidatos. Esta situación tiene que determinar una nueva alianza política, distinta de la mesa de diálogo. En el orden económico tiene que producirse otro tipo de concertación, diferente pero igualmente necesaria, porque los años que se vienen no serán fáciles.
¿Comparte la posición del presidente Paniagua de que no estamos apreciando los cambios que desde el interior de las Fuerzas Armadas se están produciendo?
El camino recorrido por las Fuerzas Armadas desde el 20 de noviembre hasta hoy es importante y marca una ruptura con el pasado. Hoy existe una voluntad saludable de acercamiento democrático por parte de las Fuerzas Armadas. Éste es un tema de largo alcance que tendrá influencia en los próximos 50 años. Este momento es clave para que se produzca una redefinición de las Fuerzas Armadas, un proceso que deje atrás la teoría de la seguridad nacional que ha tenido como resultado este enclaustramiento en el que se han basado los poderes ocultos que han generado la corrupción. Debe entenderse que, hoy en día, estamos hablando mucho más de seguridad democrática. Hay que definir el papel de las Fuerzas Armadas. Al interior de la institución castrense se ha producido una ruptura: existe una clara disposición a asumir que el fortalecimiento de la democracia constituye la mejor garantía de que las Fuerzas Armadas puedan cumplir su propio papel. Me preocupa, eso sí, que las Fuerzas Armadas solas hagan su propia reestructuración ya que, al igual que el Poder Judicial o el Congreso, son parte esencial de la institucionalidad del país. El siguiente paso es buscar mecanismos de diálogo con la civilidad, porque tiene que encontrarse alguna fórmula que la incluya. Por eso, con todo el respeto que siento por el general Ledesma ,quien está manejando el tema con mucha solvencia,, considero que el Gobierno de Transición ha perdido la oportunidad de tener a un civil como ministro de Defensa. Es evidente que el próximo gobierno, instaurado en elecciones limpias, tiene que colocar a un civil en esa cartera.
Pero todavía nadie ha tocado el bolsillo de los militares…
Sé que el Gobierno de Transición ha reducido una cantidad sustancial del presupuesto de Defensa, así como muchas agregadurías militares, que las había en exceso; la suma recortada está al parecer por encima de los 400 millones de soles, que es mucho dinero. Lo que venga después irá más allá de la reducción del presupuesto. Hasta donde se me ha explicado, en este aspecto no hay mucho por reducir: el 90% son salarios. Entonces, habrá que hacer una reingeniería y preguntarse con objetividad cuáles son las dimensiones de las Fuerzas Armadas que el Perú necesita, cuántos generales son indispensables. El asunto no es tan fácil como decir "ahorremos en Defensa e invirtamos esos fondos en educación". Todo parte por preguntarse cuál es la misión, el mandato, el ámbito de las Fuerzas Armadas que requerimos y, según eso, determinar qué presupuesto les corresponde.
Pero ¿cómo hacer que las Fuerzas Armadas se compenetren con la sociedad civil?
Tiene que darse el voto a los uniformados para que todos partamos de una situación común: todos votamos, todos nos manchamos el dedo con tinta. Porque si los militares no votan, se sienten políticamente tan limpios como para mirar al país desde el balcón e intervenir en cualquier momento. Esto, y la concepción de su papel tutelar ,que habrá que revisar, constituye, a mi juicio, la esencia del intervencionismo militar. En un sistema democrático, todos nos comprometemos. ¿Cómo? Con el voto emitido tanto por uniformados como por civiles.
Se ha propuesto que el Poder Judicial remita al Congreso todos los vladivideos y que éstos puedan ser vistos por la ciudadanía sin discriminación, para que no sigan siendo objeto de especulaciones. ¿Qué opina?
Desde el punto de vista de la transparencia y la lucha contra la corrupción, considero que todos los vídeos deben ser de conocimiento público. Pero sí admito que hay problemas legales, pues si hay casos en los que existe delito, la investigación judicial o policial se va a ver influenciada por la opinión pública; por eso en los procesos judiciales se mantiene la reserva. Hay algo más: el derecho a la privacidad determina que toda persona debe saber cuándo está siendo filmada; si la persona no advierte que la están filmando, entonces lo ilegal es la filmación. No obstante, creo que, en las circunstancias por las que está atravesando el Perú, ante la necesidad que tenemos de que se produzca el destape para descubrir la profundidad que alcanzó la corrupción, todos los vídeos deben darse a conocer. Así ocurrió por ejemplo en Alemania, cuando la reunificación. Los archivos del servicio secreto se hicieron públicos y todo el mundo pudo ir a consultarlos. Igual debería hacerse acá. Hasta ahora no sé por qué no me han entregado el vídeo en el que aparezco defendiendo la libertad de los inocentes presos, para hacerlo público.
¿Cómo ve el caso de los empresarios que han declarado que fueron a hablar con Montesinos para salvaguardar los intereses de sus negocios?
¿Qué tiene que ver el Servicio de Inteligencia con las empresas? Algunos amigos me han preguntado por qué el Defensor del Pueblo tuvo que ir a hablar con Montesinos. Yo fui porque el presidente condicionaba la firma de los indultos a una conversación con Montesinos. Además, yo sí admito que el terrorismo es un tema relacionado con Inteligencia, pero no entiendo en qué se basan los empresarios que fueron a hablar con el asesor de Inteligencia para reclamar que su actitud fue pulcra. Eso significa reconocer que las influencias del asesor iban más lejos. Ahí hay una situación que felizmente ha salido a la luz pública, porque lo importante es garantizar que esto no se repita, y eso se logra tomando plena conciencia de que no puede haber un poder oculto de esa naturaleza. Es repudiable la idea de que cada vez que uno necesite hacer negocios, ganar un juicio, ayudar a un familiar a obtener un puesto, ganar una campaña electoral municipal, regional, provincial o nacional, tenga que ir a hablar con los poderes ocultos. Ésa es la radiografía más negra de la historia del Perú. Este afán chantajista que tenía Montesinos, que lo movió a filmarlo todo, hoy en día nos sirve: ha dado pie a que se esté produciendo una catarsis, y esto es bueno.
¿Cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir en el futuro?
Por eso mi insistencia en que haya una institución que promueva la lucha contra la corrupción no solamente para investigar y llevar a los corruptos a la cárcel sino también para difundir una cultura de la legalidad, de los valores éticos, e imponer la transparencia. Hay que buscar que las herramientas de la transparencia estén al alcance de todos los peruanos. Que se sepa que no se pueden ocultar las cosas. Desde este punto de vista, hay que garantizar el acceso a la información en las oficinas públicas, hay que establecer un control civil sobre los servicios secretos y fortalecer a los grupos de la sociedad que estén dispuestos a asumir un papel vigilante. Debemos instituir mecanismos muy claros a través de los cuales se puedan denunciar actos de corrupción para que la ciudadanía pueda mantener una actitud de supervisión social.
¿Y qué hacer para que no aparezca un nuevo Montesinos?
Lo mismo. Montesinos es el producto de habernos creído que se podía dejar de lado la institucionalidad democrática en aras de la eficiencia.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación?
Una de las tareas del próximo gobierno es establecer una alianza con los medios de comunicación para utilizar sus recursos con el fin de irradiar una cultura de la probidad, de la integridad.
La televisión se ha visto envuelta en muchos escándalos. Sin embargo, quienes la dirigen se justifican con el argumento de la irrestricta libertad de expresión.
Soy partidario de la libertad de expresión como garantía de la democracia. Creo que los medios de comunicación son el canal que debe utilizar la ciudadanía para realizar su labor de vigilancia. Por ejemplo, estoy más preocupado porque la libertad de expresión funcione bien que porque el Congreso funcione bien. Entiendo que el derecho a la información y la libertad de expresión suponen la libertad de empresa; dudo ,y en el Perú se ha demostrado que es así, que pueda existir una palabra libre y plural en medios controlados por el Estado. En prensa escrita, esto es muy claro: si quiero tener un medio escrito, simplemente lo edito sin pedirle permiso a nadie. Si pensamos en los medios electrónicos, nos percatamos de que esta identificación entre libertad de empresa y libertad de información nos lleva a olvidar que, cuando esto no ocurre en un contexto democrático, pueden producirse distorsiones. El Estado necesariamente interviene en los medios electrónicos porque él es el dueño de un espacio que otorga en concesión. Por eso la Constitución se refiere al deber de los medios de comunicación de colaborar con el Estado en la formación cultural y moral de la nación. Como defensor de la libertad de información, he sentido profunda vergüenza cuando he visto a los empresarios de los medios acudiendo donde Montesinos para vender la libertad de expresión. Hay que estar alertas porque aquí hay un problema: negocio y libertad de información no son lo mismo; ambas dimensiones tienen que interactuar en función de la institucionalidad y la democracia. Considero que esto da pie para una reflexión importante y para una exigencia impostergable: hoy en día, los medios son demasiado poderosos. Se ha propuesto un mecanismo que determine que las licencias de radio y televisión no se entreguen a perpetuidad y establezca la posibilidad de que el acceso a los medios pueda ser objeto de una competencia en la que participen varios postores. El tema por lo menos debería considerarse, sopesando la enorme inversión que implica sostener un medio televisivo y el peligro de que, por su envergadura, ésta solamente sea accesible a empresas extranjeras, lo que me parece más delicado. Además, es indispensable que se busquen mecanismos de participación de la sociedad civil que canalicen el interés del público hacia los medios, como por ejemplo la Veeduría Ciudadana, que confío en que se vaya fortaleciendo.
Por lo menos pedirles que no se vendan al gobierno, ya que la concesión sí fue otorgada por el Estado.
Confieso que los vídeos me han cambiado esquemas con respecto a la libertad de expresión. Mi primera conclusión es que a los medios electrónicos no se les debe aplicar los criterios tradicionales de libertad de prensa y de empresa. Hay muchos peligros que pueden determinar que la libertad de expresión quede capturada con malas artes como en los tiempos de Montesinos. Acabamos de ver el caso de Telefónica y Cable Canal de Noticias, que es una monstruosidad. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que, en los valores constitucionales, tiene prioridad el derecho a la información.
¿Cómo interpreta los resultados de la primera vuelta?
No puedo hablar de los resultados sin destacar que las elecciones han sido limpias, han marchado bien, y decir esto en el Perú es realmente satisfactorio. El resultado es la dispersión, la fragmentación en el Congreso. Esto no es necesariamente malo porque ya sabemos cuáles son los efectos de las mayorías sumisas, que no fiscalizan, o lo que pasa cuando, para obtener la mayoría, se compran congresistas. Me parece mucho más sano que, con toda responsabilidad, asumamos que tenemos un Congreso con distintas fuerzas representadas. Ello obliga irremediablemente al consenso, al balance y, si los métodos son democráticos, aprenderemos a ser constructivos en la diversidad. Eso es buena política. Con respecto a los resultados, cómo será el estado de desencanto y desesperación de la ciudadanía que los candidatos que han obtenido la votación más alta son aquellos que más han cuestionado el manejo económico. Particularmente, cómo ha subido Alan García. Esto representa una voz de alarma que no es ajena a los cambios que se están produciendo a escala mundial y a los cuestionamientos a la globalización que se están escuchando en todo el mundo, aunque yo siga creyendo en una economía social de mercado y en la necesidad de que los países pobres como el nuestro saquen provecho de la interacción en la aldea global.
¿Cree que hubo guerra sucia en la campaña de la primera vuelta?
No soy partidario de explicarlo todo a la luz del argumento de la guerra sucia. Si el gobierno usa sus armas ,la Inteligencia, la información de la Sunat, contra uno de los candidatos, me parece reprobable; pero que uno de los candidatos investigue la vida de su contendor, no me parece guerra sucia. Tal vez esto no se produzca en las elecciones para la municipalidad de Mónaco, pero por ejemplo en México ,donde he vivido,, en las últimas elecciones hubo enfrentamientos verbales con ajos y cebollas entre Labastida y Fox. Lo que sí me ha disgustado es que aquí se hayan tocado con mucha superficialidad aspectos lindantes con el racismo, pero no que se investigue la vida de los candidatos, pues creo que, efectivamente, las personas públicas no tienen privacidad. Alguien dijo que lo único que un candidato puede reivindicar como vida privada es el gemido de la alcoba, pero no con quién gime. Claro que es feo que eso haya sido más importante que el programa, que la propuesta. Lo criticable es que nos hayamos detenido mucho en las peleas personales, pero ha sido más bien una campaña en la cual los candidatos han participado de un mercado de ofertas que no sé si vayan a cumplir. Parece que en la segunda vuelta eso ya no va a ser así, una vez superadas las objeciones de carácter ético que Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bayly han planteado a la candidatura de Alejandro Toledo. Por lo pronto, creo que nadie va a volver a tocar los temas raciales.
¿Que opina del resultado en sí?
El hecho de que una persona se ampare en la prescripción y quede en segundo puesto sin haber dado siquiera una explicación pública sobre los cargos que se le imputan nos indica que somos un país desmemoriado y desprolijo en valores morales. Pero también somos desagradecidos, porque no recordamos lo que hicieron Toledo y Lourdes Flores ,cuyo papel fue importantísimo aunque tal vez menos vistoso, para contribuir a la caída del régimen anterior ni la contribución de Fernando Olivera, quien hizo detonar la primera carga que permitió la implosión del régimen de Fujimori.
¿Qué opina de la campaña por el voto en blanco?
Los franceses, que inventaron el ballotage o segunda vuelta, dicen que "en la primera vota el corazón; en la segunda, la cabeza". Me parece que la campaña del voto en blanco, que se inició por Internet, corresponde todavía a la primera vuelta. Sin embargo, si alguien con la cabeza fría opta por la exclusión o la protesta a través del voto en blanco o viciado, está ejerciendo un derecho que puede resultar explicable en un contexto como el nuestro en el que, como sabemos, el voto es obligatorio.
¿Cree que éste o el próximo Congreso debe elegir al nuevo defensor del pueblo?
Pienso que la elección del nuevo defensor debe corresponder al próximo Congreso, por una razón principalmente de oportunidad. Se ha querido decir que al actual Congreso le falta legitimidad de origen para ello, lo que no es defendible pues se trata del mismo Congreso que ha ungido a Paniagua presidente y ha iniciado, a través de la Comisión Waisman, el destape de la corrupción. Pero no me parece que, en medio de elecciones presidenciales, se proceda a elegir al segundo defensor. Estoy abiertamente a favor de que esta tarea quede pendiente para después del 28 de julio.
¿Qué opina con relación al comentario de que se extrañó su voz como defensor durante la pasada campaña?
Yo creo que la Defensoría del Pueblo ha estado presente a su medida. Lo que ocurre es que su protagonismo en el proceso de transición es muy diferente. A veces, cuando escucho al ministro García Sayán o al presidente Paniagua, me digo: "Pero si están diciendo lo que decía el defensor".
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