Gestión Pública del Perú y el Mundo: Megacomisión considera que Alan García cometió delito y Más de 100 casos ante Poder Judicial

Que opina usted? Megacomisión considera que Alan García cometió delito - 27/03/2014 10:54:55

" La megacomisión grupo que investigó el segundo gobierno de Alan García, los cuales serán debatidos en abril próximo en el Pleno del Congreso, recomienda acusar al expresidente por un delito y al menos nueve acusaciones constitucionales, según la documentación oficial.
Esa comisión investigadora concluyó que existen indicios o elementos de juicio suficientes para que García sea denunciado ante las instancias pertinentes por el delito de asociación ilícita para delinquir y también por diferentes infracciones a la Constitución, tales como la afectación al principio de la separación de poderes, abuso de las limitaciones y responsabilidades del mandatario e incumplimiento del deber de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, entre otras figuras.
Las sindicaciones aparentemente más graves se encuentran en los informes de los casos de presunta interferencia política en el asunto Business Track (BTR), de indultos y conmutaciones de pena, del programa Agua para Todos y de la supuesta ilegal venta del aeródromo de Collique, de acuerdo con los documentos oficiales difundidos por la organización civil Justicia Viva.
La "megacomisión" consideró que Alan García, el expremier Jorge del Castillo y los exministros Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo habrían conformado una red delictiva "para obstaculizar la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de los hechos vinculados a las actividades de interceptación telefónica de la empresa BTR", entre los años 2008 y 2009.
Esto, presuntamente con el fin de ocultar la "interferencia de miembros del gobierno y el partido aprista en los contratos de entidades estatales".
Por este caso, se recomendó, a su vez, que el exgobernante fuese acusado por transgredir la Constitución.
A Del Castillo se le añadió el ilícito penal de encubrimiento personal por supuestamente haber facilitado la salida del país de dos exmarinos relacionados con el caso BTR.
Como se recuerda, la compañía BTR fue intervenida luego de la difusión de los llamados "petroaudios" que, al parecer, comprometían a altos funcionarios del régimen presidencial de García. Las investigaciones policiales y judiciales establecieron que personal de esa firma de seguridad participó en actividades de "chuponeo" telefónico.
Luego de investigar la excarcelación de procesados y condenados, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, el grupo de trabajo congresal llegó a la conclusión de que García debería ser denunciado constitucionalmente por conceder, presuntamente de manera irregular, conmutaciones e indultos a sentenciados por el delito de narcotráfico,
Se añadió que se habría constituido en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial.
"El propio expresidente, de puño y letra, incrementó los años conmutados más allá de los recomendados por la comisión, beneficiando a internos por tráfico de drogas", se anotó en el informe final.
Fuente: Perú21
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Que opina usted? Más de 100 casos ante Poder Judicial - 21/03/2014 10:41:15

"El Poder Judicial, a la fecha, investiga más de 100 casos de defraudación tributaria denunciados por el fisco, afirmó el intendente regional de Arequipa de la Sunat, Giovanna Fernández, al realizar un llamado a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones y eviten sanciones, ya que el ente recaudador cuenta con sistemas y herramientas que permiten detectar las actividades ilícitas.
Fue al informar que la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte de Arequipa sentenció a la representante legal de una empresa, a ocho años de prisión efectiva por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado al evadir el pago de sus impuestos.
La sanción también considera el pago de una reparación civil de S/. 10,000 a favor de la Sunat en representación del Estado y una multa equivalente a S/. 10,950 por las irregularidades cometidas al utilizar facturas falsas para justificar actividades comerciales que no se efectuaron.
Diario El Peruano (20/03/2014)
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Que opina usted? Fiscal encubre - 12/03/2014 16:43:28

"A las denuncias que hemos publicado en ediciones pasadas de nuestro semanario sobre la cuestionable actuación de la fiscal provincial penal Mirtha Chenguayén Guevara, tenemos que añadir la que se ha formulado de manera sustentada contra la titular de la vigésima cuarta fiscalía provincial penal de Lima, la doctora Bertha Vilma Velásquez Heredia.
Esta fiscal ha sido denunciada por los delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales y omisión del ejercicio de la acción penal en agravio del Estado.
Hay cada fiscal. Julio Rissoto López es un ciudadano uruguayo que ha hecho público el triste papel que ha jugado la fiscal Velásquez Heredia al archivar una denuncia por el delito de lavado de activos que él presentó, en octubre de 2012, contra Miguel Ángel Carrillo Macazana.
Rissoto denunció a Carrillo Macazana luego de acumular una serie de pruebas que demostraban cómo había incrementado su patrimonio de manera sorprendente, sin explicación lógica ni financiera alguna.
Carrillo no sólo figuraba con numerosos inmuebles a su nombre, sino que para ocultar su inmenso patrimonio estaría utilizando testaferros para a través de ellos adquirir, con dinero que nadie sabe su procedencia, grandes extensiones de terreno.
La denuncia contra Carrillo Macazana fue presentada en la vigésima cuarta fiscalía que preside Bertha Velásquez Heredia.
La mencionada fiscal remitió la denuncia a la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú para la respectiva investigación.
Para los agentes de esa entidad significó un arduo trabajo de recopilación de información durante más de un año, luego de lo cual y de tomarse decenas de manifestaciones, arribaron, entre otras conclusiones incriminatorias, a lo siguiente:
"De la investigación realizada se ha llegado a establecer que Miguel Ángel Carrillo Macazana, Marcelina Esther Gómez Salazar, Filbert Gerónimo Méndez, Elizabeth Vanessa Carrillo Espichán y Erika Teresa Carrillo Espichán habrían utilizado a terceras personas para el ocultamiento, tenencia y obtención de capitales económicos.
Por los cuales el investigado Miguel Ángel Carrillo Macazana no ha sustentado la procedencia de dichos capitales para la adquisición de bienes e inmuebles, por lo que se predeciría ser presunto autor de la Comisión del Delito de Lavado de Activos.
En agravio del Estado peruano en la modalidad de Actos de Ocultamiento y Tenencia procedente de actividades ilícitas (Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, Estafa, Asociación Ilícita para delinquir, entre otros delitos, que le habrían permitido obtener ganancias ilegales…".
Sorprendentemente, y a pesar de las conclusiones de la policía especializada, tres meses después de recibido el atestado la fiscal Velásquez Heredia archivó la denuncia de manera definitiva, sin dar siquiera la oportunidad a que el Poder Judicial investigue un delito que es perjudicial contra el Estado.
Estado que es el que todos los meses le paga el sueldo a la referida fiscal, sin que ella tenga el más mínimo escrúpulo en defender a quien perjudica a su propio empleador.
Velásquez Heredia ni siquiera le pidió a la Policía una investigación ampliatoria, si es que no estaba convencida de la responsabilidad de Carrillo, como suele suceder en estos casos.
Al archivar la denuncia, la fiscal estaba asegurando que el denunciado era inocente de todos los cargos y sus propiedades las había comprado con el producto de su trabajo, sin que nadie pueda decir en qué consiste ese trabajo, como no sea engañar y usurpar terrenos.
Nada le importa. Carrillo Macazana, a quien la policía encontraba responsable del delito de lavado de activos, no es nuevo en estas lides: se trata de un traficante de terrenos que viene siendo denunciado desde hace por lo menos diez años.
Pero para la fiscal Velásquez Heredia se trata de un angelito al que sus enemigos quieren perjudicar.
Por ejemplo, en el 2009 Carlos Lozano y su abuelo Carlos Mendoza lo denunciaron de haberlos despojado de su terreno en los Huertos de Pachacamac en complicidad con el hijo del entonces congresista Gustavo Espinoza, simulando la venta del terreno entre ellos.
Cuando ninguno de los dos era dueño de las dos hectáreas de las que se querían apropiar. Primero los invitó a una conciliación alegando que su esposa había comprado el terreno a Espinoza cuando apenas tenía doce años.
Como no logró conciliación alguna, los demandó judicialmente y hasta la fecha continúa ese proceso.
Miguel Ángel Carrillo no sólo perjudicaba a gente de modestos recursos que habían demostrado con pruebas contundentes haber comprado el terreno en los años 80.
Sino que también tuvo el atrevimiento de meterse con poderosos para demostrar que estaba respaldado por oscuros intereses y que tenía comprado a jueces y fiscales que fallaban a su favor.
Un año antes de emprenderla contra Carlos Mendoza y su familia, pretendió apropiarse ni más ni menos que del Fundo Mamacona. Para conseguirlo, se hizo pasar por gerente general de la empresa Huertos de Villa e inscribió parte de la propiedad de dicho fundo a nombre de esa empresa a pesar de comprobarse la posesión y propiedad desde 1979 de Luciano Silva Checa.
Ahora, en ese inmueble se ha levantado un complejo turístico con plaza de toros incluida. Carrillo Macazana tiene alrededor de sesenta (60) denuncias por delitos tales como fraude procesal, defraudación, estafa y muchos más.
No obstante tiene la "suerte" de ser ayudado por las autoridades para salir bien librado de sus latrocinios.
El colegio 7078 "Virgen de Chapi" de Lurín también se ha visto en peligro de perder el terreno donde funciona. El Ministerio de Educación ha tenido que librar una dura batalla contra este traficante de terrenos para evitar que cientos de niños se queden sin estudiar por la voracidad de ese inescrupuloso sujeto.
Pronúnciese, fiscal Peláez. ¿Hasta cuándo el Fiscal de la Nación permitirá el comportamiento cómplice de muchos de sus fiscales? ¿Hasta cuándo Dr. Peláez usted cambiará a fiscales probos y apoyará a quienes, como la fiscal Velásquez, permiten que usurpadores de terrenos se salgan con la suya?
¿Cuándo veremos en el Ministerio Público rodar las cabezas de los fiscales prevaricadores?
¿Ha efectuado usted, señor Peláez, un estudio estadístico para determinar cuál es el comportamiento de cada una de las fiscalías a su cargo? ¿Sabe, por ejemplo, que hay fiscales que en sus narices no sólo ocultan expedientes, archivan denuncias, formulan acusaciones sin sustento o que llegan a trabajar a la hora que les da la gana?
¿No le avergüenza que un extranjero se haya atrevido a denunciar a una fiscal que archiva la denuncia contra una persona que desde hace más de diez años se enriquece a costa de timar a pobres campesinos a quienes les roba sus tierras? ¿Puede dormir tranquilo, Dr. Peláez?
Foto: Difusión.
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Es Noticia, CNM ¡Basta ya! - 04/03/2014 17:13:15

"Jueces con pedidos de destitución son mantenidos por el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Tal parece que a los consejeros del CNM no les afecta en absoluto que ese poder del Estado se encuentre tan desprestigiado ante los ojos de la opinión pública.
El Poder Judicial es, lamentablemente, una de las instituciones que tiene el más alto nivel de desaprobación en nuestro país.
Nos hemos preguntado muchas veces cómo cambiar esta situación y la conclusión es que la respuesta solo la tiene el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Lo primero que tiene que hacer esta entidad es no esperar a que los magistrados cumplan los siete años para ser evaluados y ratificados, pues es demasiado tiempo.
Es sumamente innecesario aguardar siete años para ratificarlos mientras algunos de ellos siguen administrando justicia y, en muchos casos, haciendo de las suyas pasando por encima de la ley, de las normas.
Ejemplos de lo antes mencionado abundan, pero en esta ocasión solo trataremos un par de casos.
El fiscal Ciro Sánchez cueva. El nombre del fiscal Ciro Sánchez Cueva apareció en la lista de los 275 magistrados que fueron destituidos en el año 1992 y fue reincorporado al Poder Judicial en marzo del 2005 gracias a una acción de amparo.
Él era juez en Ancash, pero al no estar su plaza vacante fue nombrado Juez Mixto de Bongará, distrito judicial de Amazonas.
Cuando administraba justicia en su nuevo cargo en Amazonas, Sánchez Cueva fue amonestado debido a que en una visita judicial se comprobó que este había vulnerado el debido proceso de un litigante y se excedió en sus potestades, pues había tramitado un proceso civil por materia de alimentos no teniendo su juzgado competencia para tales procesos.
En junio de 2006, el procurador de la Municipalidad Provincial de Utcubamba presentó una denuncia ante el CNM contra el titular del Juzgado Mixto de la provincia de Jumbilla , Bongará, Ciro Alberto Sánchez Cueva, por inconducta funcional al invadir ámbito jurisdiccional judicial que no era de su competencia.
Sánchez Cueva había ordenado la suspensión del arresto domiciliario del ex alcalde de Utcubamba José Luis Novoa Flores, involucrado en varios delitos por malversación de fondos.
Pese a todos esos antecedentes, o quizá porque contaba con un "padrino", en lugar de ser sancionado el juez Ciro Sánchez fue cambiado de distrito judicial.
Para ello, el 26 de octubre de 2007 se publicó en el diario El Peruano "cancelar el título otorgado a favor del doctor Ciro Alberto Sánchez Cueva como Juez Mixto de Bongará, distrito judicial de Amazonas". Y, segundo, "expedir el título a favor del doctor Ciro Alberto Sánchez Cueva como juez del Primer Juzgado Especializado de Familia de Trujillo, distrito judicial de La Libertad".
Haciendo de las suyas. Cuando Sánchez Cueva era juez en Trujillo, la ODECMA le impuso otra medida de multa por haber dictado 45 órdenes de captura sin cumplir con las exigencias mínimas de identificación; es decir, las personas que debían ser capturadas ni siquiera estaban identificadas plenamente.
El magistrado también fue sancionado de debido a que supeditó el hecho de conceder un recurso de apelación en contra de un mandato de detención, que fue ordenado por él mismo, a que el procesado se ponga a derecho de lo contrario no concedía tal recurso.
Además, Fue multado por haber incurrido en retardo en la administración de justicia, pues se tomó dos años para tramitar la realización de una pericia grafológica y de confrontaciones.
Por otro lado, en un proceso de calumnia citó hasta en diez oportunidades a la audiencia de comparendo sin que haga los apremios o apercibimientos de ordenarse su captura.
En otro proceso, en un caso de desalojo, exigió que el demandante adjunte una tasa judicial por exhorto cuando se trataba de una notificación dentro del mismo distrito judicial.
Ciro Sánchez olvidó que esto procede cuando la notificación es a otro distrito judicial.
Un hecho aún más grave es que en un proceso que se seguía en su despacho por el delito contra la libertad sexual, el magistrado solicitó que le paguen sus viáticos -tanto para él como para su testigo actuario- para que se trasladen al penal de Huancas y llevar acabo la diligencia de sentencia, la misma que nunca se realizó debido a que expidió una sentencia absolutoria.
Cuando esto ocurre, el juez sólo emite la resolución y lo notifica.
En marzo de 2012, la Fiscalía de la Nación autorizó que se denuncie penalmente al Dr. Ciro Alberto Sánchez Cueva por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
El hecho es que el Sexto Juzgado de Familia de Lima dispuso librar exhorto al Juzgado de Familia de Trujillo a fin de que se notifiquen dos resoluciones emitidas por el mencionado juzgado.
Sánchez Cueva dio cuenta del exhorto, lo diligenció, ordenó que se cumpla lo encomendado y dispuso que sea devuelto al juzgado de origen.
Sin embargo, al día siguiente, el 4 de marzo de 2009, lejos de limitarse a cumplir con tramitar la notificación, él mismo -junto a la secretaria judicial Doris Soledad Arriaga Huamán- se constituyó después de las 6 de la tarde a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Privado CEVATUR
Trujillo para realizar un embargo en forma de administración, levantando un acta del mismo y nombrando una administradora judicial.
Asimismo, realizó un inventario de bienes para ser entregados a la administradora recién nombrada. Una vez más, Sánchez Cueva se extralimitó en sus funciones.
Declaraciones juradas. Lo jueces están obligados a presentar anualmente la declaración jurada de sus bienes y rentas y en el caso que nos ocupa, las declaraciones juradas presentadas por el magistrado Sánchez Cueva no guardaban consistencia con sus ingresos.
Por ejemplo, en el 2009 había declarado tener obligaciones de pago por el valor de S/.174,760.87 y en el 2010 declaró la suma de S/102,219.60. O sea, en tan solo un año había disminuido S/.72,541.27, lo que significa que mensualmente pagaba la suma de S/. 6,045.00, lo que no sería acorde con su sueldo.
En el 2011, el juez Ciro Sánchez declaró otra obligación de pago por la suma de S/.144,823.36 y al año siguiente consignó la suma de S/.78,245.48. Es decir, hubo nuevamente una disminución sustancial ascendente a la suma de S/.66,577.88.
No lo ratifican, pero sigue haciendo de las suyas. La última barrabasada en la que estuvo inmerso el juez Sánchez Cueva fue cuando seguía administrando justicia, pese a que el CNM decidió no ratificarlo.
En mayo de 2013, una pareja de esposos fueron asesinados en la entrada del restaurante Rústica de Trujillo, en la avenida Larco, y sus tres menores hijos se encontraban en medio de una disputa familiar que enfrentaba a sus abuelos maternos y paternos.
La pareja de abogados, Rubén Vásquez Pérez y su esposa Luz Mónica González Moran, fueron asesinados a manos de Edward Lama Tinoco, amigo cercano de las víctimas, que ahora purga condena en la cárcel El Milagro.
Posteriormente al crimen que causó conmoción entre los trujillanos, los tres pequeños hijos del matrimonio quedaron al cuidado de sus abuelos y tíos maternos.
Según el abuelo materno, Víctor Manuel Gonzales, el 17 de mayo las dos familias establecieron un acuerdo verbal sobre la tenencia de los tres niños: dos mujeres y un varón.
Sin embargo, el 3 de junio Pedro Vásquez e Ysaura Pérez, los otros abuelos, tramitaron una medida cautelar en la que solicitaban la ejecución anticipada de la tutela de los niños.
En respuesta a esta medida legal, Víctor González interpuso un hábeas corpus.
El juez titular del Primer Juzgado de Familia, Ciro Sánchez Cueva, dispuso la ejecución anticipada de tutela, pero no realizó las evaluaciones correspondientes.
El abogado de la familia González, Alejandro García Lara, se quejó de que Sánchez Cueva no había sido ratificado por el CNM y pese a ello seguía administrando justicia sin realizar los procedimientos necesarios para determinar la tutela de los niños.
Finalmente, después de 5 meses, el 19 de diciembre de 2013 el CNM, decidió declarar Infundado el recurso extraordinario interpuesto por Ciro Sánchez Cueva, contra la Resolución que no lo ratificó. Pero, tardó, como ya parece una mala costumbre, en dejar de lado a un la elemento en el aparato judicial.
El juez carlos o"donova blanco. JUEZ JUSTO advirtió hace varios años sobre el mal comportamiento de Carlos O"Donova Blanco, Juez de Paz Letrado de Lurín.
El mencionado magistrado había sido denunciado en innumerables ocasiones porque en su Juzgado se podía tramitar cualquier cosa, desde ejecuciones de actas de conciliación para desalojos, sin que la parte a ser desalojada sea siquiera notificada, hasta embargos con títulos de ejecución (letras de cambio) falsos.
Otro hecho escandaloso en la trayectoria de O"Donova Blanco es la resolución que emitió ante el pedido de autorización para disponer de bien de menor, en la que autorizaba a los padres de un menor que dispongan de los derechos y acciones de un inmueble de propiedad del menor y lo peor de todo es que ninguno tenía domicilio en Lurín, pues el padre domiciliaba en Magdalena del Mar, la madre en Santiago de Surco y además la propiedad se encontraba también en Surco.
Es decir, el juez no tenía jurisdicción ni competencia para tramitar la demanda, porque eso lo resuelve un juzgado de familia.
Lo peor de todo es que gracias a esa decisión se inscribió en los registros públicos y eso permitió la venta del bien, perjudicando obviamente al menor que aún no tiene capacidad de decisión.
Destituido. Otro ejemplo de su acción contraria a la ley y las normas es que dispuso la protocolización de una escritura imperfecta y ordenó la inscripción de un acto jurídico de compra ,venta de un terreno de 20 hectáreas pese a las observaciones que le hizo el registrador público hasta en dos oportunidades, pues el vendedor no tenía registrado ningún derecho de propiedad sobre el inmueble.
El mismo CNM ha determinado que la conducta del magistrado se podía calificar como el no respeto a la ley y a los procedimientos establecidos.
En su entrevista, Carlos O"Donova, trató de justificar su actuación señalando que él era especialista en derecho constitucional.
La resolución que determina su no ratificación señala que la conducta del juez evidencia una actitud temeraria, pues pese a ser advertido de los defectos de su decisión, por lo mismos registradores públicos que observaron los títulos registrales, este, utilizando el poder coercitivo a que lo faculta el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reiteró las ordenes de inscripción para la ejecución de sus decisiones.
Patrimonio. Carlos O"Donova declaró tener tres inmuebles, pero lo que llamó poderosamente la atención es el incremento sustantivo de los mismos: de un año a otro, por ejemplo, uno de ellos, ubicado en la Mz F Lote 4, en el 2006 declaró que su valor era de S/. 7,626.72 y al siguiente año declaró que el mismo inmueble estaba valorizado en S/.56,030.30.
Del mismo modo, otro inmueble que en el 2008 declaró que su valor era de S/.11,000.00, al año siguiente consignó que se había incrementado a S/.120,000.00.
Otro detalle que también llamó la atención es que adquirió otro inmueble por la suma de US$ 9,000.00, siendo este un lote en donde se había edificado 4 pisos y una azotea.
Finalmente, el CNM decidió no ratificarlo, pero nuevamente volvemos a lo mismo: ¿por qué se permite que estos magistrados terminen haciendo de la suyas? ¿Y por qué a pesar de todas las irregularidades que se les conoce continúan en sus cargos?
En muchos casos subsisten a los pedidos de destitución, pero el CNM no hace nada. Antes bien, los ciudadanos deben esperar siete años para que esos malos elementos del aparato judicial sean separados de sus cargos.
Los litigantes, abogados y todos quienes están involucrados en asuntos judiciales no pueden esperar a que un cuestionado magistrado cumpla siete años en su cargo para recién decidir su destino.
Pese a que muchos tienen amonestaciones, multas y hasta denuncias penales, el CNM no hace absolutamente nada para destituirlos. ¡Ya basta de tanta ineficacia, señores consejeros del CNM! ¡Hagan algo para mejorar la mermada imagen del Poder Judicial! .
Foto: Difusión.
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Es Noticia, Ocma: Juez de Ucayali suspendido - 04/03/2014 14:40:13

"El magistrado Christian Venegas Calle favoreció de manera dolosa a dos traficantes de drogas al variar, sin motivo aparente, el mandato de detención por el de comparecencia restringida.
Con Resolución Nº34 del 31 de enero de 2014, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) resolvió imponer la medida disciplinaria de suspensión de 30 días al magistrado Christian Eduardo Venegas Calle, juez del Juzgado Especializado en lo Penal de Emergencia de la Provincia de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Al magistrado sancionado se le responsabiliza de haber emitido la resolución N° 21 del 10 de febrero de 2011 que declaró procedentes las solicitudes de variación de mandato de detención por el de comparecencia restringida del brasileño Moisés Da Silva Reboucas y del peruano Rafael Gamarra Cajalín.
Utilizando una motivación aparente ya que nunca hubo nuevos actos investigatorios que pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que vinculan a los procesados con la comisión de un delito doloso.
Además, tampoco hubo nuevo actos de investigación que determinen la variación de la pena probable por debajo de los 4 años de pena privativa de la libertad y menos la presencia de nuevos actos de investigación que pongan en cuestionamiento la suficiencia de pruebas sobre el peligro procesal.
Todo ello son presupuestos señalados en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 135 del Código Procesal Penal.
Flacos argumentos. Cuando varió la medida coercitiva de detención por la de comparecencia restringida de dos narcotraficantes dedicados al trasiego de insumos y productos químicos para la producción de pasta básica de cocaína.
Para el despistado magistrado Venegas Calle no existía peligro procesal, sin motivar debidamente su resolución ni dar cuenta de las razones mínimas que sustentan su decisión o se ampara en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
El magistrado suspendido nunca tomó en cuenta que existían suficientes elementos probatorios de la comisión del delito de tráfico de insumos y productos químicos destinados a la elaboración de PBC, que la sanción a imponerse es superior a un año de pena privativa de la libertad.
Y que existía suficientes elementos para concluir que los procesados intentaban eludir la acción de la justicia, más aún que uno de ellos es brasileño y tenía intenciones de abandonar el país por la frontera peruana-brasileña.
En la investigación preliminar se había determinado que los denunciados no tenían ocupación conocida, no habían demostrado poseer bienes, vínculos familiares, ni se le conocía trabajo lícito que les permitieran subsistir.
O sea, estaban en peligro procesal, pero nada de ello le importó al juez de Ucayali.
Fue particularmente increíble la actitud del juez Christian Venegas en cuanto al traficante de nacionalidad brasileña, pues sin mayores elementos de convicción en su resolución del 10 de febrero del 2011, en donde le cambia el mandato de detención por el de comparencia restringida.
Aduce que está convencido de que estando en libertad el imputado no pondrá en serio riesgo la investigación y los fines del proceso.
Bye bye, Perú. Como era de esperarse, apenas se le cambió la medida cautelar de detención por el de comparecencia, el brasileño se hizo humo.
La OCMA se sorprende de la ingenuidad del magistrado debido a que basó su decisión en la declaración de dos testigos respecto al ofrecimiento de trabajo y domicilio para descartar el peligro procesal.
Este cambio de actitud del juez puede ser tomado como algo sospechoso porque nadie que tenga dos centímetros de cerebro puede tomar decisiones de esta naturaleza.
Como es la de catalogar nuevos actos de investigación a circunstancias personales de los procesados como que carecían de antecedentes penales, policiales, requisitorias y movimiento migratorio.
Esta sanción de la OCMA servirá de lección a los jueces para que antes de tomar este tipo de decisiones sin motivación aparente deban constatar que existan nuevos actos de investigación que justifique razonablemente y de modo suficiente la variación de la situación jurídica de dos narcotraficantes que a estas alturas deben estar a buen recaudo, lejos de las manos de la justicia.
No se puede descartar que la actitud del magistrado haya estado influenciada por medios externos o ajenos al proceso a cambio de un beneficio económico o de otro tipo. Por otro lado, causa extrañeza que la OCMA no hubiese sancionado al juez Christian Eduardo Venegas Calle y a su secretaria, Sharon Carmen
Arribasplata Cohaguila, con medidas disciplinarias más severas, por las condiciones de los imputados (traficantes de insumos y productos químicos fiscalizados utilizados para elaborar PBC) y la alta lesividad del delito Contra la Salud Pública.
Foto: Difusión.
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Es Noticia, La herencia del Camal Yerbateros 2 - 26/02/2014 11:08:33

"La agonía del camal de yerbateros. Como lo mencionamos en la edición anterior, la perita dulce de la discordia entre los hermanastros Paredes es el camal de Yerbateros, ubicado en la Av. Nicolás Ayllón Nº 1215 , 1211, en Ate Vitarte.
El camal estaba valorizado en el 2010 (tasación comercial realizado por el Ing. Enrique Tello Rojas, miembro del cuerpo técnico de tasaciones del Perú, Reg. Nº 324, a solicitud de Blanca Paredes) en US$ 16, 336,615.00 (valor de la edificación y obras complementarias).
Sin embargo, las maniobras fraudulentas de Giovanni Paredes, Gregory Paredes y su tía René Perpetua Cueva, hicieron que las arcas del camal fueran durante muchos años prácticamente saqueadas y la empresa, como era de esperarse, entró en franca falencia, agobiada por las deudas.
Por lo que no se tuvo otro camino que someterla a un proceso concursal ante INDECOPI.
Astutamente, al enterarse de ese proceso concursal, Giovanni Paredes solicitó su suspensión ante la SUNAT, arguyendo que existían juicios pendientes sobre la empresa en el Poder Judicial.
INDECOPI, sorpresivamente, aceptó el pedido y la SUNAT, el principal acreedor, calló sin explicación alguna. ¿Qué poder intervino? se sospecha que ese poder pudo provenir del ala protectora de un padrino que es un reconocido político "figuretti".
Drogas y victimización. Lo mismo ocurrió con la denuncia por TID contra Giovanni que estuvo en la 3° Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita a cargo del Fiscal, César Andrés Espinoza Huaraca, quien a pesar de las pruebas encontradas no denunció el hecho.
¿Intervino otra vez ese poder detrás de la sombra? La segunda vez que Blanca Paredes ingresó como administradora del Camal de Yerbateros fue el 17 de junio de 2011, gracias a una medida cautelar emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este.
Durante el operativo para recuperar el inmueble, en una de las gavetas de la oficina de Giovanni se halló una bolsa que contenía cinco envolturas pequeñas y transparentes llenas de un polvo blanquecino y cristalino.
Testigos de eso fueron el personal policial y la secretaria judicial Alejandra Ludeña Makuri.
El resultado del análisis arrojó que esa sustancia era cocaína, con un peso de 48.5 gramos.
Ese hallazgo fue denunciado por Blanca Paredes, ingresando a la 11° Fiscalía Provincial de Lima, en que se le hacía conocer a la fiscalía que las oficinas administrativas del camal de Yerbateros fueron mudos testigos de tremendos bacanales de Giovanni Paredes con sus amigos por las orgías de sexo, alcohol y drogas.
La investigación la realizó personal policial de la Comisaría de Yerbateros. Giovanni fue notificado hasta en cuatro oportunidades pero no se presentó a deslindar su responsabilidad sobre el hallazgo de loa droga en su oficina y quedó sujeto como imputado en el atestado No. 162-2011-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE2-CYSEINCRI,
Conjuntamente con el abogado Harold Castillo Veintimilla, Marco Medina Velasco, Gregory Paredes Vergaray, Gustavo Vergaray Núñez y las hermanas Julissa y Rosa Angeludis Tomassini.
Mi fiscal preferido. En la 3° Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, Giovanni aplicó la estrategia de denunciar a su media hermana, Blanca, y los policías que intervinieron en el operativo.
Incluso, involucró en la denuncia a la secretaria Alejandra Ludeña, por los presuntos delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios y de auxiliares jurisdiccionales.
Con esa maniobra logró victimizarse, aduciendo que le habrían "sembrado" la droga encontrada en su oficina. El displicente fiscal César Espinoza, quien en todo momento demostró complacencia con el inefable Giovanni Paredes.
Después de cien días de investigación decidió acumular la pesquisa con otra denuncia ingresada el 4 de octubre de 2011 y hasta ahora ese caso duerme el sueño de los justos.
Esta situación obligó a Blanca Paredes a quejar al fiscal Espinoza por conducta irregular el 29 de diciembre 2012; queja que motiva que la doctora Lourdes Téllez Pérez, Fiscal Superior de Lima y Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, el 4 de julio de 2012 disponga abrir investigación disciplinaria contra el fiscal pidiéndole un informe de descargo.
La fiscal Téllez, apropiándose de la máxima de los congresistas de que "otorongo no come otorongo", declaró improcedente la apertura de investigación contra Espinoza y ordenó el archivo definitivo de la queja.
Lavado de activos. El 23 Junio de 2011,Blanca Paredes, en su condición de presidente del Directorio y Gerente General de SACIP, interpuso denuncia por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero proveniente del delito de defraudación tributaria ,en agravio de la Sociedad Anónima Comercial Industrial Peruana (SACIP).
La sociedad indivisa de Mario Paredes y el Estado en contra Giovanni Paredes, René Paredes Cueva y Gregory Paredes Vergaray, haciendo conocer a la Sunat que se había aperturado una investigación (Ingreso Nº 36-2010) ante la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios contra Giovanni y su tía Rene Perpetua por la comisión de delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación tributaria por S/. 3"417,062, en agravio del Estado.
La denuncia se sustentaba en que Giovanni y su grupo habría utilizado artificios como la creación de las empresas Frigoríficos Industriales SAC (FRILISAC), Agropecuaria Denisse Paredes SAC, entre otras.
Para apropiarse sistemáticamente de gran parte de los bienes que formaban parte de la herencia paterna y así operar con los bienes de SACIP S.A.C., en el mismo inmueble, todo ello con la finalidad de perjudicar a todos los miembros de la sucesión Paredes Cueva , a sus trabajadores, acreedores , a la Sunat , Essalud y la ONP.
Giovanni en su defensa dijo que el predio donde funciona el camal de Yerbateros lo había adquirido con dinero de su propiedad, pero
nunca explicó la procedencia de dichos fondos, pues cómo un joven de corta edad, sin empleo conocido, pudo obtener tanto dinero.
Asimismo, tampoco pudo explicar el origen de los recursos para la adquisición de otras propiedades en Lurín y San Luís que eran parte del patrimonio de la herencia paterna.
La denuncia penal presentada por Blanca Paredes se refería, además, sobre la adquisición irregular del terreno donde funciona el camal de Yerbateros.
En la década de los 90, Mario Paredes Cueva contrajo una deuda de más de un millón de dólares con Alfonso De Souza Ferreyra, la misma que se vino pagando por cuotas.
Sin embargo, durante la administración de Giovanni esta deuda reaparece como por arte de magia y De Souza Ferreyra entabla una acción judicial por incumplimiento de pago de deuda, logrando que un juez sentencie a su favor.
Cuando el inmueble iba a ser rematado, la supuesta acreencia cambió de propietario por una suma bastante considerable de 700 mil dólares.
¿Quién era el nuevo dueño? Con la acreencia en sus manos, Giovanni se apersonó al proceso y pidió el remate del predio que le fue adjudicado el 16 de mayo del 2006 por la suma de US1"197,176.
En esa oportunidad, también quedó en duda el hecho de que nadie sabía de dónde obtuvo Giovanni tanto dinero para comprar la acreencia.
Al parecer, similar procedimiento se dio en un terreno en San Luís, parcela 10500 del predio rústico Buenavista ,Lurín, predio que también era del patriarca, pero que en el año 1997 se hipotecó al Banco de la Nación.
Durante este proceso, Giovanni simuló la transferencia del predio a Percy Alberto Arata Carbonero, una especie de "testa", por un valor
de venta de 20 mil dólares. Este sujeto accedió a prestar su nombre para esta maniobra, pero cuando se decidió rematar el predio, aparece como postor Giovanni Paredes, quien sólo pagó la suma de US$ 33,000.00 dólares, cuando el precio real de este terreno era US $177,000.00 dólares.
Otro caso similar fue el traspaso de toda la maquinaria del camal de Yerbateros, cuando estuvo la gerencia a cargo de la tía René Perpetua.
Se simuló un supuesto préstamo del Consorcio Denisse (propiedad de Giovanni), que nunca apareció en los libros contables de SACIP S.A.C. y después de un tiempo, el presunto préstamo comenzó a ser saldado con las máquinas del camal.
En el 2009, cuando Blanca Paredes asume por primera vez la administración del Camal de Yerbateros, descubre la existencia de las empresas creadas por su medio hermano y tuvo acceso a contratos y convenios firmados por estas empresas con SACIP S.A.C., a las cuales se les fue transfiriendo "en dación de pago" los bienes de esa compañía.
En buena cuenta, con el compromiso firmado en los convenios y asociaciones, las empresas de Giovanni debían pagar la obligación tributaria de SACIP S.A.C. en el periodo fiscal del 2002 al 2003 pero que nunca lo hicieron y durante meses SACIP S.A.C. facturó por ingresos que no se destinaban a sus arcas, llegando al extremo de que al vender sus activos.
Los créditos fiscales iban a Consorcio Denisse, propiedad de Giovanni.
Soy su padrino, pero no sé nada. De las investigaciones realizadas por este semanario, se llegó a conocer las vinculaciones del congresista Víctor Andrés García Belaúnde con Giovanni Paredes, quien es su ahijado de bautizo.
Una vez le preguntaron a "Vitocho" sobre la deuda millonaria que tenía su ahijado con la SUNAT y la sospecha del tráfico de influencias.
El parlamentario dio a entender que era su padrino pero no sabía nada.
Sin embargo, esa afirmación distaba mucho de la realidad pues su hermano Domingo había presentado escritos ante el Poder Judicial a favor de Giovanni, como el Hábeas Corpus que interpuso y sustentó ante el Juzgado de Chimbote para lograr la liberación del ahijado de su hermano.
En el 2009, cuando fue preso por una denuncia por fraude procesal promovida por uno de los acreedores de SACIP S.A.C., Rafael Samaniego Araujo.
Amanera de corolario. Las investigaciones llevan a determinar que Giovanni Paredes y otros personajes de su entorno familiar y amical, utilizaron una modalidad delictiva a través de la creación de "empresas clones" para apropiarse de los fondos y de los bienes de la empresa madre, dejándola en q Fuente Artículo

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