Gestión Pública del Perú y el Mundo: La extradición y El narcotráfico

Noticia, Aprueban extradición de colombiano acusado de financiar delito de narcotráfico - 20/03/2013 14:56:00

El Consejo de Ministros aprobó hoy la extradición del colombiano Carlos Humberto Suárez Restrepo, supuesto financista y cabecilla de una organización internacional vinculada al tráfico ilícito de drogas, para que sea procesado penalmente en Perú, anunció el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza.
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Que opina? EVO EN EL CORRUPTO LABERINTO DE LA ILEGITIMIDAD - 17/01/2013 7:42:24

" Estamos ante una muy destacada coyuntura en la vida política boliviana. El Gobierno enfrenta un nuevo escándalo de corrupción, que no seria trascendente sino fuera por que devela que la justicia al politizarse se ha convertido en la fuente principal de corrupción y por que por primera vez compromete a tres ministerios (de los 7 u 8 desde el 2006) y desata antagonismos al interior de las filas del MAS, agravando la crisis de legitimidad que ya tenia el Gobierno y todo lo que huela a político.
La red de extorsión en la que están implicados funcionarios de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia y Transparencia ha puesto una vez más en jaque a la actual administración gubernamental que al haber judicializado la política, priorizado el daño al enemigo político por sobre la vida democrática, lo ha conducido a una permisividad de sus funcionarios con imprevisibles consecuencias políticas. Es mas grave la situación si consideramos que hace poco consolido el control del poder judicial con el cuestionado nombramiento de los fiscales y notarios. Mientras el Presidente y Vicepresidente guardaron silencio durante por lo menos una semana, las autoridades mas altas involucradas, los Ministros de Gobierno, de la Presidencia y de Transparencia no solo no han renunciado sino que dicen haberse legitimado por que su actuación es una muestra del combate a la corrupción.
Algunos voceros del MAS señalan que se trata de casos individuales y no de una o mas redes de delincuentes. Otro argumento es que se trata de infiltrados o de meras acusaciones politizadas. Evo se aleja, actúa como Presidente de otro país, continua con su campaña electoral y aterrado por no ser reelecto solo atina a decir que le duele lo que esta ocurriendo. Trata de huir, proteger a sus ministros involucrados, cuidar se filtre información comprometedora, sacrificar algunas fichas hasta que pase la tormenta y cerrar el tema considerándolo como solo un caso marginal.
El silencio inicial de la oposición solo reafirma que la derecha empresarial y gran parte de la derecha política esta satisfecha en su alianza con el ejecutivo y sus procesados por terrorismo prefieren usarlo como instrumento de negociación para terminar con la persecución. Y en la oposición de izquierda, las cosas no están mejor, evidencia que los movimientos han sido fragmentados o controlados por el Gobierno. Otros minimizan los hechos y dicen que la corrupción política siempre ha existido y es cierto, sin embargo, este Gobierno utilizo como emblemas el mandar obedeciendo, transparencia, anticorrupción, honestidad, control social, hasta, retomar los preceptos incaicos: Ama Sua, Ama Quella, Ama Llulla, y por ello muchos votaron y lo apoyaron. Empero, la suma de reacciones podría generar la recomposición de la derecha y de la izquierda. Las fiestas de fin de año constituyen una tregua, después de la cual se cambiaran algunos ministros y se renovara la lucha por la reelección. Incluso, ante la ausencia de una ofensiva política podría ser que el Gobierno se relegitime. Veamos las complejidades.
Evo y la cultura política de corrupción.
El Gobierno que en ocasiones juega a incentivar conflictos para después aparecer como el salvador y seguir en primera plana de la política, esta siendo desbordado por esos embrollos, por el exceso en las acciones punitivas, por las alianzas pre electorales con los mas ambiciosos y oportunistas miembros de partidos, gremios, sindicatos, movimientos y tecnócratas, que lo han llevado a tolerar la corrupción, perdiendo de vista que estaba frente a un monstruo de mil cabezas y que ahora se dan cuenta de que lo puede devorar. No solo hereda una cultura política de la corrupción, también a funcionarios y abogados neoliberales que trabajaron con Banzer o Goni, expertos en los manejos del Estado y que fueron asimilados precisamente por ello. La corrupción se reproduce e interactúa desde afuera y desde dentro del Estado. Las mafias internacionales están en el país y las redes se han multiplicado.
La corrupción de apariencia legal o legalizada es la madre de las otras formas. Las trasnacionales ,como se ha visto a nivel global- son las principales portadoras de esa insuperable herramienta de convencimiento. Y la burguesía, los políticos y militares son los mejores procesadores cuando convocan a la inversión extranjera o a la ayuda militar. Partidos íntegros se han corrompido y en Bolivia encontramos al MAS aliado con la derecha, en unas regiones con el Mir, en otras con el MNR o con los remanentes de ADN en defensa de alcaldes o gobernadores corruptos como en Santa Cruz o Yacuiba, donde también actúo la red Ostreicher defenestrando a los acusadores con ayuda de esta temible red. Evo y los lideres del MAS viven una lógica política donde lo importante es el control del poder a cualquier precio, monopolizarlo y destruir a la oposición.
Si rascamos un poco el clientelismo, el prebendalismo y el patrimonialismo que ya caracterizan al Estado, también son formas de corrupción. De hecho ,como veremos- se sabe que Evo conocía de muchos de los hechos de podredumbre y no hacia nada al respecto. Y como no iba a saber si cada vez son mas los escándalos y hace algunos meses ,en agosto- la propia Ministra de Transparencia señalaba que habían 8000 procesos por corrupción y solo 100 presos. El mismo Ministerio revelo en diciembre de 2010, que entre los años 2006 y 2010 se recibieron 71 denuncias de corrupción que involucran a 568 funcionarios. Por su parte el defensor del Pueblo, Rolando Villena, denuncia que la principal fuente de violación de los derechos humanos proviene de la policía. Las cifras del Ministerio de Transparencia aunque confusas, al menos expresan lo que era voz populi.
El Gobierno Intentaba superar varios fracasos en el ámbito jurídico y social, uno es frente a la CIDOB y su resistencia a la carretera, imponiendo una anticonstitucional consulta ex post y sobre una supuesta respuesta positiva derogar el DL que le otorga intangibilidad a territorios indígenas, y el otro era como frenar la inseguridad publica, sin confrontarse con aliados institucionales. Las conclusiones de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de DDHH, son tanto o más contundentes que las del defensor del pueblo:
1. El proceso de "consulta" del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales. 2. La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de "libre" y "buena fe". 3. No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS. 4. La consulta giró en torno a la disyuntiva "intangibilidad o desarrollo", presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas. 5. Tampoco se cumplió la condición de "informada", porque no se les presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. 6. La mayoría de las comunidades visitadas rechaza la construcción de la vía Villa Tunari -San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, a la que históricamente se opusieron desde los 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena. 2. Las instituciones judiciales (Jueces, fiscales y Ministerio Publico) y la policía son advertidas por la población como las principales fuentes de abusos, la principal amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos. Su incapacidad de reformar ,pero si someter- al Poder Judicial que cotidianamente se ve abrumado por las la corrupción de jueces, fiscales, policías, militares y funcionarios, marcan las noticias en los medios, aparecen nuevos conflictos propiciados por el intento de consolidar las nuevas formas autoritarias de hacer política auspiciadas desde el Gabinete ministerial.
En efecto, las elecciones ya están en el horizonte y toda la vida política esta marcada por la reelección, los poderes del Estado están controlados, los medios ya están bajo su control y la oposición que queda en este ámbito casi ha desaparecido al beneficiarse de los gastos publicitarios, que se han incrementado enormemente; el censo y las encuestas de opinión se organizan para definir estrategias; miles de millones se gastan en el sexenio en bonos, proyectos rurales, infraestructura y gastos sociales; se intenta controlar la inflación y al fin se perfilan algunas dudosas inversiones en industrialización de los hidrocarburos; la persecución de los enemigos políticos se convierte en política estatal, evitando que aparezca algún contendor que haga peligrar la nueva dominación. Las próximas elecciones en el Departamento del Beni, serán un barómetro de lo que podría después ocurrir en el país. Frente a una derecha cuyo candidato, Lens, aparece favorecido por las encuestas de opinión ya es amenazado por corrupción, una lógica de poder que se ha hecho habitus. El abuso de poder y el miedo están generalizados y con el, la desconfianza en la política y la resistencia cotidiana. Siempre hay quienes demandan honestidad y democratizar las decisiones, no todos se dejan avasallar o comprar con la política clientelar. Movimientos sociales de gremialistas, transportistas, universitarios, trabajadores del sector publico, etc. intelectuales, sindicatos, COB, ONG criticas, CIDOB, CONAMAQ, son algunos de los 100 conflictos mensuales que vive el país.
Detrás de todo esto esta el proyecto de un país extractivista, una economía colonial y una política neoliberal que en la oscuridad viene subastando Bolivia. Y cuando un país se abre a la inversión extranjera convierte en una selva el territorio y los funcionarios son tentados por los inversionistas a los malos manejos. El oriente con petróleo y gas, madera, terratenientes y potencial para alimentos y transgénicos, los valles con la coca y producción de alimentos y los andes con yacimientos mineros son las reales fuentes de corrupción y vienen desde las concesiones empresariales, las actividades económicas que genera, hasta la protección de los lumpen empresarios. Desde la legalización de las grandes propiedades en la constitución, los intentos de expropiar a las TCO, las denuncias de Soliz Rada respecto a la injerencia y manipulación de contratos hidrocarburiferos por los mas altos funcionarios, hasta la instalación de carteles de narcotráfico hay una articulación de procesos a develar.
La coyuntura actual esta fuertemente marcada tres procesos:
1) por el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado preparada por el Poder Ejecutivo por un encargo del Ministro de Gobierno (Romero) a un estudio privado de abogados, según Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados. Apareciendo un fugaz conflicto inédito entre el Ejecutivo y el legislativo. Mas que las disculpas de Romero fueron las convicciones de Delgado que de hecho venia siendo cómplice de la aprobación de incontables leyes inconsultas y no discutidas por los propios congresistas. La importancia de este hecho tiene que ver con múltiples relaciones, con la historia boliviana al poner al descubierto como ha sido y es la acumulación colonial basada en el contrabando, el narcotráfico, las privatizaciones, la apropiación de la tierra, el despojo, la ilegalidad legalizada por un poder judicial privatizado, etc., en lo macroeconómico con la política fiscal y la necesidad de nuevos ingresos; en lo político con la judicialización de la política y la destrucción de los potenciales enemigos electorales y sus financiadores; en lo social con el orden y la construcción de un estado punitivo que domestique totalmente a la población; en lo partidario las ocultas contradicciones en el seno del MAS dirigido por el Gabinete que muestran que el Gobierno esta dividido entre una mayoría de funcionarios y ex lideres obsecuentes, neoliberales y con tendencia represoras y una minoría de personas honestas que aun quedan en la administración.
Ante el rechazo del proyecto del Ejecutivo por transportistas y comerciantes mayoristas y minoristas, trabajadores fabriles, maestros e inmensas capas de pequeños propietarios en enormes marchas callejeras, autocriticado por dirigentes del MAS y cuestionado por abogados constitucionalistas por vulnerar derechos individuales fundamentales como el derecho a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, es aceptada la modificación parcial por la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que estamos hablando de un instrumento legal que penaliza las actividades ilícitas y promueve acciones aceleradas sobre las propiedades adquiridas con recursos ilícitos, otorgando a los imputados un plazo para que presenten descargos y dispone que en caso de flagrancia, la Procuraduría incautará todos aquellos que sean producto del contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción y la adquisición ilícita, Cualquier bien (casas, vehículos, etc.), cuyo propietario no pueda justificar que ha sido adquirido por medios lícitos, será inmediatamente incautado y monetizado en beneficio del Estado. Las duras reacciones ante una norma inconsulta y peligrosa eran de esperarse. La población se siente vulnerable e indefensa y choferes y gremialistas lideran las movilizaciones exigiendo la anulación de la norma por ser inconstitucional y no aceptan la sola revisión de algunos artículos como plantea el gobierno. Realizan marchas, llaman a paralizaciones y amenazan con la huelga general indefinida si el gobierno no anula el proyecto.
La población y mas aun la politizada tiene una profunda desconfianza de todo lo que proviene del gobierno e intuye que este es un instrumento que garantiza las propiedades de sus hoy aliados: las grandes empresas y las transnacionales, que supuestamente operan en la completa legalidad, pero que puede ser muy dura para con los propietarios de la economía informal que podrían ser victimas de la confiscación de su patrimonio en un territorio donde nadie acata la ley y muchos se han enriquecido en la ilegalidad, pues aunque el proyecto de ley determina que el proceso para revertir el derecho propietario solo se activa cuando hay una imputación formal en contra de un presunto narcotraficante, contrabandista o corrupto, el acusado tendrán 15 días para comprobar la procedencia legal de su propiedad.
No olvidemos que muchos masistas son transportistas, comerciantes, gremialistas y creen ser representados por algunos diputados. Las presiones llegaban al poder ejecutivo y Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, fue de algún modo su vocera. Participe de la aprobación de leyes inconsultas, en su inocencia, fue delicada y cauta al admitir que solo algunos artículos del proyecto no concordaban con la Constitución y podían ser objeto de interpretaciones o propiciar arbitrariedades, por lo que recomendó modificar el 60% del texto, acusando de irresponsable al Ministro de Gobierno. El mismo que primero desmintió y después descalifico públicamente señalando que ella no tenia las cualidades académicas ni la trayectoria para llamarle la atención. Lo que le trajo gratas solidaridades. Empero, ella no cuestiono que el parlamento y los otros poderes se han convertido en dependencias del Ejecutivo y que los legisladores del MAS solo levantan la mano aprobando leyes redactadas fuera del hemiciclo.
Para evitar un nuevo estallido social, el Presidente Morales anunció que enviará el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que falle sobre su constitucionalidad en cumplimiento del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado.
Este primer problema coyuntural esta conectado con el que pasaremos a analizar, el despojo de un ciudadano norteamericano, que obliga a dudar y decir a los críticos "imaginemos lo que ocurriría al abrir las trancas para que una DIRCABI cien veces más grande se implante en Bolivia, decomisando las propiedades muebles e inmuebles de ciudadanos que en cinco días no puedan probar a los fiscales y jueces" el origen de sus bienes.
2) El segundo proceso que marca la coyuntura. Es el inaudito caso de Jacob Ostreicher, ciudadano judío norteamericano que es aparente victima de una de las redes de funcionarios públicos de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia, de Justicia, de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), directivos de ingenios arroceros, abogados, etc. Que de no ser asistido por el brillante y laureado actor Sean Penn, por mediación del Gobierno de Venezuela y las presiones de congresistas norteamericanos continuaría preso. Su dinero proviene de los paraísos fiscales y lo mismo que el de su socia, la inversionista colombiana Claudia Rodríguez, no tiene un claro origen económico y social, aunque si legal, lo que difícilmente se llegara a saber algún día. Por algo a los paraísos les llaman lavaderos de dólares. También habrá que ver como responderán a las demandas que se le vienen por los trabajadores de una empresa agropecuaria comprada por él, a quienes ya debe cientos de miles de dólares.
Y es que el constructor Ostreicher y su socio Andrés Solty llegaron a Santa Cruz el 2008, a un país que desde la Presidencia los invitaba a invertir garantizándoles sus actividades; asociados con Claudia Rodríguez invirtieron 27 millones de dólares en Guarayos, la zona norte del departamento en agricultura y ganadería. Ahora se sabe que el ex abogado y asesor del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, habría propiciado que la colombiana Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas. De este modo el astuto Rivera logro que Jacob sea engañado en la compra de 12.000 hectáreas de tierras en el oriente, que pertenecían a Dorado, que había sido deportado a Brasil el año 2011. Jacob, en su confusión, reconoció que Dorado se acerco a él para hacer negocios agrícolas y que ambos terminaron estafados por Rodríguez, pero negó que en alguna oportunidad se haya involucrado en el negocio de las drogas. Además, unos empleados suyos fueron detenidos por narcotráfico y sobre estas bases se construyo la acusación y motivo de su detención. En junio de 2011 es detenido por la policía antidroga, después de haber denunciado a la colombiana Claudia Rodríguez por estafa.
Las declaraciones del abogado de Claudia son esclarecedoras. Indicó que la fiscal Janet Velarde la imputó sin ningún fundamento, porque para sindicarla de legitimación de ganancias ilícitas tendría que haber algún informe que diga que obtuvo dinero de procedencia irregular y ese no existe. El abogado aseveró que el dinero (25 millones de dólares) llegó a Bolivia, después de haber sido desembolsado del banco UBS en Suiza, mediante una transacción legalmente establecida. Sostuvo que Rodríguez tenía un poder pleno y suficiente (de los inversionistas suizos) para invertir en Bolivia, este dinero llegó al país pasando todos los controles internacionales de prevención y detección de lavado de dinero, primero pasó controles suizos, luego de la Unión Europea, de los Estados Unidos y aquí los controles del Banco Central de Bolivia".
Entre 2007 a 2008, cuando se habría hecho toda la transacción de la millonaria suma de dinero, no se detectó ninguna irregularidad. Ratificó que el vínculo con la supuesta actividad del narcotráfico surgió a partir de que el mismo estadounidense Ostreicher acusó a su socia de narcotráfico, y al hacerlo sindicó indirectamente de lo mismo a la millonaria inversión agroindustrial, por consiguiente se acusa él mismo, mas aun si irresponsable y falsamente dijo ser dueño de toda la inversión, entonces "él solito se lanzó esa acusación". Quizás pretendía recuperar lo perdido con el ex coronel y abogado Andrade quien le había cobrado 115 mil dólares por enjuiciar a Claudia y defenderlo.
¿Jacob, en determinado momento habría pretendido encarcelar a la colombiana y quedarse con todo, siendo que el 80% era inversión de los representados por ella? Lo cierto es que finalmente ambos fueron títeres del funcionario Fernando Rivera. Es así que con esta macabra operación de Rivera, que no dejaba rastros ni pruebas, ambos terminan encarcelados Claudia con dos procesos penales y uno civil fue detenida por la Felcn y trasladada a Sucre, por decisión de Régimen Penitenciario. Jacobo, termino en el penal de Palmasola desde junio de 2011 acusado por legitimación de ganancias ilícitas. Les incautaron sus bienes: sus 6 predios, 20.000 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado vacuno de raza. Al menos un 40% del arroz habría sido monetizado (¿a mitad de precio, 3 millones de dólares?) desapareciendo los millonarios ingresos, junto a los conseguidos por las extorsiones, al parecer repartidos entre miembros de la red, entre los que están los fugados operadores de la DIRCABI.
Ostreicher denunció reiteradamente ser víctima de injusticia, mientras las cortes en varias audiencias le negaron la libertad, argumentando aspectos formales como la supuesta falta de una dirección domiciliaria o de prueba de trabajo, según manda el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Ahora ya se sabe que esa decisión fue tomada por presión ejercida por altos funcionarios del Gobierno. Confiados en que los procesos se inscribían en la lucha contra el narcotráfico y en el antinorteamericanismo del Gobierno y en posesión de elementos condenatorios para Jacob se expusieron demasiado, desafiando incluso, las presiones del Gobierno estadounidense, sin advertir el peso potencial que tiene un ciudadano norteamericano, Pero como veremos mas adelante su confianza en la impunidad también provenía de su información privilegiada y de que se consideraban indispensables en procesos judiciales emprendidos por el Gobierno contra la oposición de derecha y de izquierda. El hallazgo y la persecución de narcotraficantes y sus bienes se habría convertido en una mina a explotar usando sus poderes extraordinarios.
Este año, en noviembre, Sean Penn viajo Bolivia, visito a Jacob y comprobó que en Bolivia no se respetaban los derechos de su compatriota. El actor estadounidense intercedió por él ante el propio Presidente negociando un debido proceso a cambio de actuar como embajador de buena voluntad para llevar adelante la reivindicación marítima, la despenalización del masticado de la hoja de coca y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes, el Senador de Estados Unidos, Christopher Smith, denunció vulneración a los derechos humanos en una campaña de solidaridad, otros congresistas mas exigieron justicia. y el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Larry Memmot, exigió definir la situación legal. El cerco apretaba a la banda pero no obstante estas poderosas mediaciones, la jueza Eneas Genitile y otros jueces continuaban declarando improcedentes los nuevos recursos de cesación de libertad debido a que Ostreicher carecía de familia constituida, trabajo y vivienda conocidos en Bolivia. El 11 de diciembre ultimo los jueces Sigfrido Soleto y Édgar Carrasco, en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra negaron otra vez la solicitud de revocatoria de la detención preventiva de Jacob Ostreicher, dispuesta por la mencionada jueza Gentile. Llevando a pensar que la red sigue viva defendiendo sus intereses. Sean Penn, no obstante su solidaridad con el proceso de cambio, anuncio con llevar el caso a tribunales internacionales.
Oficialmente y sin confirmar declararon que el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) trabajo en el accionar de la banda de extorsionadores desde hace siete meses sospechaba que la pandilla era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya que actuó en los últimos cinco años y medio en siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno. ¿Qué y quienes permitieron que permanezcan en esos lugares estratégicos?. Lo cierto es que Fernando Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, con activa participación jurídica en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, teniente Julio Navia y mas. Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder notarial especial otorgado por el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti el 2011 y aparentemente refrendado por el actual Ministro, con el representaban al Ministerio de Gobierno e incluso al Estado en audiencias judiciales y diferentes procesos. ¿Quién y Por qué les otorgaron poderes mayores a los del propio Presidente?. Otro implicado es José Manuel Antezana Pinaya, pariente del ex Vice ministro y hoy diputado por el MAS, Héctor Arce, empezó a trabajar como funcionario de planta con el puesto de "responsable de Gestión Pública el 11 de abril de 2008, dos meses antes de que Arce deje el cargo. Un año y medio después, ascendió a directivo, como funcionario del Palacio de Gobierno, fue aprehendido en La Paz, acusado de comercializar arroz incautado al norteamericano Jacob, cuando ejercía el cargo de Director Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Gobierno, también era miembro del directorio de la empresa Cartonbol en representación del Ministerio de la Presidencia. Otro acusado es Boris Villegas, ex director Jurídico del Ministerio de Gobierno. La Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, rompió el silencio e intento frenar la ola de denuncias y en un comunicado, pidió a la Fiscalía General iniciar de oficio procesos contra quienes hayan sido víctimas de extorsión, pues aceptar la extorsión constituiría un delito, tipificado como cohecho activo. La ministra estaba cuestionada mucho antes por varias denuncias que algunos poderosos se encargaron de ocultar y silenciar. El propio Ministerio de Gobierno la criticó y calificó como un "exabrupto" el comunicado que ella emitió.
La detención de Rivera, acusador del Gobierno nacional impacto en el juicio oral que se reinició en Tarija por presunto terrorismo y alzamiento armado, otro tortuoso caso nunca totalmente esclarecido. Un juicio que ya venia contaminado por que Ignacio Villa Vargas, "el Viejo, antes testigo "clave" para el Gobierno, acusó a personeros del Ministerio de Gobierno y de Inteligencia de la Policía de haber perpetrado los atentados con explosivos en los domicilios del concejal masista Saúl Ávalos y del cardenal Julio Terrazas, días antes del operativo en el hotel Las Américas, en el que fueron abatidos Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer. Villa Vargas reveló además que recibía Bs 7.000 mensuales de Luis Nolberto Clavijo, agente del Ministerio de Gobierno, mientras estuvo infiltrado en el grupo de Rózsa, y que acompañó como conductor a los agentes de Inteligencia Wálter Andrade y Marilyn Vargas (con seudónimo "Karen) cuando estos colocaron explosivos para inculpar al grupo de Rózsa. Además, Villa denuncio que fue torturado para que incrimine a la dirigencia cruceña con el supuesto plan separatista y mencionó al exministro de Gobierno Alfredo Rada de estar involucrado en la trama.
Otra fuente de la Fiscalía aseveró que otro caso es el de Terrorismo II, que indaga a los financiadores del grupo presuntamente secesionista de Eduardo Rozsa. "Lograron sacar millones para que algunos ganaderos no sean investigados y que se desvíe la pesquisa hacia otras personas". Explicó que en la mayoría de los casos, las parejas de los abogados Rivera y Rodas tomaban contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían en el momento de intentar cobrar. En el caso de Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico y poseedor de 10 millones de dólares, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola. Y siguen apareciendo decenas de denuncias, que comienzan a ser procesadas, agravándose la credibilidad gubernamental. Al 21 de diciembre ya sumaban 80, según el Ministro Romero.
Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi actuaban como mercenarios jurídicos y así como servían para montajes contra la derecha también lo hacían contra dirigentes indígenas y populares. Son los que presentaron, en 2011, la denuncia contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca; acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno. Cuando el Gobierno ha tenido problemas sociales o políticos Juan Ramón Quintana, capitán dado de baja y sin embargo, egresado de la Escuela de Las Américas y experto en inteligencia, en cargos clave como nada menos que el Ministerio de la Presidencia, se habría encargado de deshacer entuertos. Fue Asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez (en el periodo 1999 - 2002) Soliz Rada hace algunos años lo conmino a que explicara de manera pública el financiamiento que recibió, antes de integrar el gabinete, de la Open Society (de Soros) para su Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Soros es uno de los principales accionistas (20%) de la compañía Apex Silver Mines Limited, matriz de la empresa minera San Cristóbal SA, que el último trimestre del 2007 comenzó a operar en la zona de los Lípez, en Potosí, explotando plata a cielo abierto con expectativas de exportación de 200 millones de dólares anuales. Mas tarde, el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún ( Empresa Siderúrgica del Estado Boliviano), Walter Chávez, involucra a Quintana con la Empresa Siderúrgica Jindal, de la India acusándolo de abuso de poder y traición a la Patria al querer obligarlo a cambiar el contrato internacional entre la Jindal y el Gobierno Boliviano para satisfacer intereses extranjeros. Y finalmente en Red Uno TV Rafael Quispe, dirigente de Conamaq, denuncio que El Ministro Quintana y el Senador Isac Avalos se habrían apropiado de 5 millones de dólares.
Página Siete señala que según fuentes de la Fiscalía de La Paz el mismo grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio. El ex Vicemisnistro Gustavo Torrico, antes defenestrado por supuesta corrupción, pidió se investigue a Boris Villegas, ex jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno (2007-2012) y después funcionario del Ministerio de Transparencia y se revisen los casos de corrupción en decenas de Bingos extorsionados para permitirles funcionar clandestinamente y otros casos que se dejaron en la oscuridad.
De los archivos de noticias, Radiofides.com hace un repaso de los casos más sonados que el Gobierno tuvo que enfrentar por acusaciones de corrupción, nosotros resaltamos solo los que nos parecen mas significativos, de los cuales algunos simplemente fueron institucionalizados y otros silenciados y archivados : El primer caso públicamente conocido en el Gobierno de Evo Morales; en agosto de 2006 la Cancillería denunció la falsificación de documentos para visados chinos, se implicó en el caso a los entonces senadores del MAS, Santos Ramírez y Guido Guardia. Luego se denuncio el caso la desaparición de tractores y maquinaria agrícola donada. Mas tarde, el 27 de julio de 2008, un convoy de 33 camiones con contrabando evadieron el puesto de control fronterizo en Pando, los propietarios argumentaron que tenían permiso del ministro Quintana. Los vehículos fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, donde tras permanecer un mes rebasaron al Control Aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando.
El caso fue denunciado por el entonces presidente de la Aduana, César López. El 27 de enero de 2009 la muerte violenta del empresario Jorge O Connor destapó el mayor escándalo de corrupción en YPFB, el atraco y robo de 450 mil dólares destapó una red de corrupción en la que estaba implicado directamente el ex presidente del Senado y alto dirigente del MAS, Santos Ramírez, que en la ocasión era titular de la estatal petrolera. El pago de coimas, la creación de millonarias empresas fantasmas y adjudicaciones irregulares fueron descubiertas, hoy el principal involucrado cumple una condena de 12 años de cárcel. A inicios de 2010, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya descubrió que sus antecesores habían montado una red de corrupción que incluía sobresueldos, designaciones irregulares, viajes de lujo, ampliación de mandato de los directores e incluso la construcción de una alcoba de ""cinco estrellas"" en las propias oficinas de esta entidad.
En septiembre de 2010 se destapó un escándalo de corrupción en Vías Bolivia, tras descubrirse que se habían vendido boletas de peaje sin numeración, provocando un daño económico considerable al Estado. Este caso provocó el alejamiento del cargo del director de la institución, Juan Enrique Jurado. En junio de 2012, Gerson Rojas el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos fue destituido tras destaparse presuntas irregularidades en los procesos de licitación de la planta de Río Grande, en el caso además se implicó a otro de los miembros de la comisión calificadora de YPFB, Agustín Javier Ugarte, se calculan daños cercanos al medio millón de dólares, lo que sigue siendo investigado. En este caso, está en cuestión la legalidad de la adjudicación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande a la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA), valuada en 159 millones de dólares, por existir indicios de una presunta coima en el proceso de contratación. La investigación develó que la AESA realizó el estudio de cotización para la construcción de la Planta y con este antecedente YPFB le adjudicó la obra y contrató a una empresa socia de AESA, BOLPEGAS (Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL) para que realice la fiscalización de la obra.
Otro caso destacado es el de la construcción de la fábrica de papel Papelbol, un daño económico al Estado por 13.571.010 millones de dólares y el principal sospechoso es el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado. Según la evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers, el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6.118.000 dólares, lo que revela un sobreprecio de 7.453.010 dólares. El Fiscal de Materia de la División de Corrupción Pública, Aldo Ortiz, que ordenó la aprehensión del exgerente General de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, con la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El abogado del ex gerente de Enabol, Moisés Ponce de León, acusó al ministro de Defensa de la inversión de los 28,9 millones de dólares y pidió que sea investigado. "Tiene que ser investigado el ministro de Defensa y tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, tiene que explicar al pueblo boliviano por qué ha incumplido sus deberes como presidente del directorio de Enabol", dijo Ponce de León a radio FIDES. Finalmente, el Viceministro Pérez dice estar investigando la denuncia de un negociado por 3 millones de dólares en madera supuestamente de contrabando realizado con ayuda del ex viceministro Marcos Farfán y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas, y con la participación de Denis Rodas, detenido actualmente en el penal de Palmasola.
Otros asuntos han sido los relacionados con narcotráfico que también tocan a gente del oficialismo. El primer caso conocido fue el del mallku que posesiono a Evo en 2006 que fue encontrado con cerca de 300 kilos de cocaína. En diciembre de 2010, el juez de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, envió a la cárcel al ex alcalde masista de Catacora (Pacajes-La Paz), Justo Zanga, quien fue detenido en una operativo antidroga, junto a una colombiana, con 190 paquetes de cocaína. El 2011, el alcalde del MAS en Calamarca (Aroma-La Paz), Luis Mamani, también fue detenido en posesión de 2.098 gramos de cocaína. Un último suceso involucra al ex jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, general René Sanabria; trasladado a Estados Unidos, desde Panamá, por cargos de narcotráfico.
Incluso el BID fue atracado por los funcionarios del MAS, este banco en su informe anual 2010, notifica que entre los años 2007 y 2010, sancionó 72 veces a Bolivia por corrupción, fraude y colusión, debido al mal manejo de los créditos otorgados por la institución. Un proceso que falta esclarecer es el del alemán Dirk Schmidt, auto calificado de internacionalista que apoyaba el proceso, y que colaboro comandando un grupo de funcionarios del Gobierno para investigar extorsiones a menonitas y que termino preso en julio de 2010 junto al ex Viceministro Gustavo Torrico, que además fue destituido, ambos acusados de lo que ellos detectaron que hacían los funcionarios del Ministerio de Gobierno.
Estos son solo algunos destacados ejemplos, pues en realidad estamos ante un conjunto de redes nacionales que se van descubriendo en la medida en que estas exceden los limites de la ambición. No seria exagerado decir que hay mafias o hechos de corrupción en todas las actividades económicas y en todas las dependencias publicas. La burguesía pequeña busca ser burguesía media y para eso sirven las profesiones y postgrados. Desarrollan la capacidad para detectar de donde viene el dinero y apropiarse del mismo. Pero también están los políticos, maestros desde la experiencia, que trasmiten el acervo acumulado. Se trata de un viejo sistema de corrupción permanentemente renovado y naturalizado por cada nueva administración. Basta visitar la Felcn, tramitar una licencia, constancias, migraciones, bienes reales, cárceles, colegios, hospitales, etc.
Estamos hablando de un problema que se puede generalizar, es decir es parte de la herencia cultural colonial, de un pensamiento colonial que marca la memoria. Bolivia, antes lugar de refugio de cowboys (Butch Cassidy y Sundance Kid llegaron a Tupiza en agosto de 1908) y nazis (Klaus Barbie el "carnicero de Lyon) ahora de narcos de Brasil (Se calcula que el 70% de la coca es para el mercado de Brasil) Colombia y de varios países europeos. La mayor organización criminal brasileña, el Primer Comando de la Capital PCC), Colombia (La red ya penetró a alcaldes, como el de la ciudad de Warnes, y a oficiales del Ejército, como el ya citado general (r.) René Sanabria, cabeza de la lucha antidrogas de Evo Morales), mafias europeas de Italia y Rusia, inversionistas brasileros y muchos otros compradores de fincas provenientes del narco y/o de paraísos fiscales que buscan invertir en comodities ligados a la producción de minerales o alimentos. La idea de capitalismo andino esta en todo, es la demanda de la vieja y nueva lumpen burguesía intermedia que quiere también enriquecerse como lo hicieron los qaras de la oligarquía. Los terratenientes consiguieron serlo avasallando y asesinando, la burguesía endeudando al propio Estado. Es la acumulación por despojo que inicia un nuevo ciclo y se expresa en toda la economía.
El contrabando, el narcotráfico, las mafias, concesiones a trasnacionales extractivistas, invitación a la inversión provenga de donde provenga, etc. es un sistema mantenido por el Gobierno e involucra a los nuevos militantes del MAS que provienen de la derecha y los viejos dirigentes masistas ubicados en cargos que ven la oportunidad de enriquecerse. Respuesta practica a la pregunta ¿por que ellos son ricos y no podemos serlo nosotros?. Y es que no se ha roto con esa forma de capitalismo y mas bien se esta fortaleciendo. Hay muchos casos desconocidos y otros denunciados que han terminado siendo ocultados o minimizados: barcazas, tractores, papel bond, cooperativas San Luis, Ingenios, empresas eléctricas (Guaracachi), las filmaciones por funcionarios, hoy desempleados, del Ministerio de Gobierno, sobre los intentos de soborno a "El Viejo" para que no preste declaraciones ante la justicia en el caso Rózsa o las reiteradas denuncias sobre supuestos encuentros de algunas autoridades con un presunto narcotraficante brasileño. En todos estos casos prima la impunidad. También comprende a los profesionales e intelectuales, están a la búsqueda de cotos de caza de la ayuda internacional, a los cuales sirve la calificación de país sumido en la miseria, para que aparezcan fondos de los que apropiarse y para ello se organizan en consorcios de abogados, ONG, fundaciones, etc.
Esta red da muestras de involucrar a la mayoría de fiscales y muchos jueces, a tal grado que los que hoy procesan también son sospechosos de pertenecer a la red. Lo ocurrido ha podido evidenciar lo que es la oposición de derecha en la actualidad. El Comité Cívico de Santa Cruz en boca de su presidente felicitó al Gobierno por la destitución de funcionarios y la lucha contra la corrupción. Otros opositores quedaron en silencio. Muy pocos asociaron la ley de extinción de dominio con el caso Ostreicher. Solo un analista dijo que probablemente de lo que se trataba era de promulgar la ley para legalizar inmediatamente la expropiación y monetización de los bienes del ciudadano norteamericano y liberar al preso sin derecho a sus bienes. Si hubiese una derecha amenazante hubiesen pedido el cese inmediato de por lo menos tres ministros: Gobierno, Transparencia y de la Presidencia. Quizás también que unos fiscales y jueces no juzguen a sus colegas o amigos. No es posible que las altas esferas no supieses lo que ocurría con las autoridades de su despacho.
3) Por ultimo el intento de asesinato del periodista Fernando Vidal de Yacuiba-Tarija es una muestra de lo anteriormente dicho en un microespacio. Es una expresión micro de las redes que vienen extendiéndose en todo el país con la corrupción en Gobiernos departamentales y locales. El periodista al que le incendiaron la estación de radio con el adentro, fue trasladado hasta Salta (Argentina) donde será atendido en el Hospital del Quemado de manera gratuita, ya que los recursos para continuar su tratamiento no le alcanzaban. Desde Argentina pudo denunciar con mas libertad a Radio Mitre lo ocurrido.
Un intento de homicidio que de acuerdo a denuncias del propio periodista y de sus familiares, los presuntos culpables son políticos que tienen el poder local en Yacuiba, Gran Chaco y Tarija, aliados del actual "gobierno del cambio". Denunció desde una clínica en Santa Cruz: aquí son tres grupos de poder que están detrás del intento de asesinato y todo esto es por dinero de las regalías por hidrocarburos que percibe Yacuiba. Uno de esos grupos son los intelectuales que se gastaron 200.000 dólares para intentar callarme y esto tiene relación con Poder Autonómico Nacional y el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru.
No acusó de manera directa al alcalde pero él debe saber lo que hace su gente"", ""Deben investigar a todos los de PAN. Este año va a tener 600 millones, más 700 millones de la subgobernación, caramba es mucha plata. Cualquiera, si hay que matar a Cristo 10 veces más. Pero yo no puedo decir es fulano o sutano que la Contraloría investigue, que el Ministerio de Transparencia investigue"", reflexionó el periodista.?Poder Autonómico Nacional (PAN) es un ramal de los partidos neoliberales Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) y actualmente es aliado del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). A sus 70 años, es una personalidad reconocida en Yacuiba donde fue alcalde y dirigente cívico. "Este ataque está originado por mis permanentes denuncias a políticos y funcionarios subalternos y los llamados ""empresarios que se están haciendo ricos con la ejecución de obras públicas", señaló.
"Este cuento de la autonomía les ha permitido ganar las elecciones a estas personas bajo la bandera del poder autonómico nacional y de ese modo manejar de manera irrestricta cantidades millonarias de dinero que provienen de las regalías gasíferas sin un programa regional de desarrollo. Es un engaño al pueblo, que sigue pasando necesidades. El Gobierno del presidente Evo Morales sabe que son unos ladrones, pero también sabe que no los puede echar porque de esa manera puede gobernar tranquilo", indicó. Luego agregó: "A mí no me atacaron los narcos ni los contrabandistas. Ellos están en otra cosa. Hacen su negocio y no se meten ni polemizan con la prensa. Yo fui víctima de los que se están enriqueciendo con los dineros públicos. Y eso lo debe investigar el Gobierno, pero no lo hace. En este contexto hacer periodismo en Bolivia es un suicidio; estas autoridades se burlan de los periodistas; si te portás bien te pago bien, si te portás mal, te pago mal, mientras te corriges. Los medios de comunicación en Yacuiba están todos controlados. Cuando yo toqué la columna vertebral de esta gente me transformé en alguien peligroso y me mandaron a matar", afirmó el periodista. ""Hoy las cosas han cambiado, porque en siete años en el gobierno del MAS ha aflorado un estado de corrupción salvaje"", explicó en diálogo con Radio Mitre.
Rolando Carbajal, conocedor de las intimidades del poder en Bolivia impacta con sus observaciones. Señala que en el plano de la política criolla, en agosto de 2012 se corrió la voz del mayor acercamiento Paz Zamora-Morales al punto de colocar a Rodrigo Paz como vicepresidenciable, una vez confirmado el desplazamiento de García Linera y se abran las compuertas visibles de mayores divergencias oficialistas a propósito de una alianza con el viejo MIR. Para reproducir el poder, "todo sirve". "La apariciones de Evo con el ex presidente habrían proclamado lo ineludible de la alianza electoral con el MIR a fin de disponer de las ingentes regalías tarijeñas y alcanzar al menos el 40 % del electorado evitando una eventual segunda vuelta en las elecciones y dificultades para controlar el Senado 201". Con la degeneración política del Gobierno, todo parece plausible.
La creciente ilegitimidad entre los sectores populares especialmente entre los indígenas del oriente y los trabajadores públicos, va de la mano con el aumento de la legitimidad entre los empresarios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a quienes les ha concedido: 1. A mediados del 2011 la legalización de cultivos y semillas transgénicas, base del negocio de la soya y del etanol, 2. la paralización por cinco años de la verificación de la función económico social (fes) para la tenencia de la propiedad agraria y 3. Ampliación de la frontera agrícola hasta cinco veces, a 11 millones de hectáreas.
Raúl Prada explica lo que viene ocurriendo señalando entre otras causas: "Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes se sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales." Y agrega otra: "Ni en la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices."
Es un buen momento para el cuestionamiento del Estado colonial y de las formas perversas de gobernar de un poder usurpador de la voluntad popular, verticalista, concentrador y centralista; es una gran ocasión para la exploración del ejercicio desde abajo de practicas solidarias, participativas, transparentes y de control social. La sociedad solo así podrá erradicar grupos y redes mafiosas, que van convirtiendo a la sociedad en victima y rehén del Estado y sus redes de execrables formas de poder, que ignoran los derechos fundamentales de indígenas y del pueblo en general.
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Es Noticia, Columna de reporteros - 30/11/2012 20:12:34

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)
Reproducción de la columna "Las Palabras" publicada en la edición 2260 de la revista "Caretas".
Los dos capitalismos

INTEGRAR el Hemisferio ha sido un persistente objetivo común desde el Congreso Anfictiónico de Panamá. Eventualmente, lo que no logró hacer la política lo consumó la economía. Pero pocos recuerdan que la primera integración vertical en el comercio hemisférico fue hecha por la economía ilegal del poderoso y sangriento narcotráfico.
Eso empezó en tiempos todavía cepalianos y fue el primer ejercicio del libre comercio llevado a cabo por un capitalismo primitivo y brutal, pero enormemente dinámico y lucrativo ,un incómodo precursor del consenso de Washington, que remeció al Hemisferio entero con una fuerza subversiva basada no en ideologías sino en contabilidades,.
Dicho comienzo ,la era de los cowboys de la cocaína, de Carlos Lehder, Pablo Escobar, los Ochoa y los Rodríguez Orejuela, casi coincidió con el principio del fin de la era de insurrecciones guerrilleras de izquierda en América Latina. (Salvo dos excepciones importantes, y ambas atípicas: Sendero Luminoso en nuestro país; y las FARC en Colombia).
En ese lapso de treinta años hubo complejas dinámicas: el comercio y las economías legales crecieron en forma desigual pero considerable; a la vez, la economía ilegal del crimen organizado se expandió, evolucionó y se diversificó. La relación entre ambos capitalismos fue, es, parcialmente, la que se da entre lobos de cercanía y canes de frontera. Se enfrentan pero también, en ocasión, se aparean.
Los une el método del lucro, y los separa su relación con el Estado. Mientras el capitalismo legal más exitoso ha amansado al Estado en Latinoamérica y lo ha puesto más o menos discretamente a su servicio, el capitalismo ilegal del crimen organizado se ha convertido ,sobre todo en las naciones económicamente más importantes de América Latina: México y Brasil, en una fuerza subversiva, en varios casos insurgente, que combate, infiltra o coopta al Estado. Que lo convierte, a través de la corrupción, en enemigo de si mismo; y cuando no puede hacerlo, lo ataca.
¿Cómo afecta ese proceso de treinta años, de mucha plata y mucha muerte, a Latinoamérica, en el día a día?
Me puse a ver las noticias significativas del crimen organizado esta semana y busqué seleccionar las que ayudaran a entender el conjunto. Aquí va la arbitraria pero creo que reveladora selección de hechos.
En Brasil.- "No es un buen momento para ser un policía en Sao Paulo" escribe Will Smale, de la BBC, en el lead de su artículo sobre la violencia criminal en la más grande ciudad de Brasil.
Solo este año, apunta, 95 policías han sido asesinados en Sao Paulo. El año pasado fueron 47. En casi todos los casos se culpa por las muertes a la organización criminal más poderosa en la región: el PCC o Primeiro Comando da Capital. Esta ofensiva, que algunos describen como "una guerra no declarada", empezó en mayo pasado, luego de la muerte de seis miembros del PCC en una operación policial antinarcóticos.
PARA muchos brasileños, el impacto del crimen organizado, pese a su letal violencia, es limitado a ciertas áreas, sectores y colisiones ocupacionales, como las que ocurren entre policías y ladrones. Pero en el pasado el PCC llegó a paralizar virtualmente a Sao Paulo. Y hoy, aunque eso no ocurre, la violencia puede tener un efecto negativo sobre la Copa Mundial de fútbol, pese a que la situación de seguridad en Rio parece haber mejorado.
Sin embargo, el propio fútbol ha sido remecido por las revelaciones de una notable investigación periodística de Folha de Sao Paulo. La investigación, galardonada con el Gran Premio Esso de Periodismo 2012, demostró acciones corruptas del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Texeira y lo llevó a renunciar a la presidencia de la CBF.
En Argentina.- Según una investigación de "Clarín" la ruta 34, que empieza en Salta, en la frontera con Bolivia y llega hasta Rosario, es conocida como "la carretera blanca" porque por ella pasa la mayor parte de la cocaína que ingresa al país. En la reseña de InSight Crime al reportaje de "Clarín", se indica que, de acuerdo con las Naciones Unidas, el mercado argentino recibe el 25% de toda la demanda doméstica de cocaína en América Latina. Después de Brasil, es el mercado más importante.
Pese al intenso transporte de droga, la ruta 34 tiene poca vigilancia, según comprobaron los reporteros de "Clarín". Existe además un grado importante de corrupción policial.
En Colombia.- La experiencia enseña que cuando un capo mafioso es capturado y tratado humanamente luego de sentirse en peligro inminente de muerte o de tortura, y cuando además comparte un vuelo, dicho capo tendrá una locuacidad casi compulsiva. Sucedió con Vladimiro Montesinos en su vuelo Caracas-Lima; y sucedió hace poco en el vuelo que llevó al narcotraficante Daniel "el Loco" Barrera, capturado en Venezuela, a Colombia, como destino intermedio hacia una probable extradición a Estados Unidos.
En el vuelo, convenientemente provisto con micrófonos y cámaras espías, Barrera ,un narcotraficante comparado en su momento de mayor fuerza con Pablo Escobar, cuenta sobre lo fácil que le era el negocio de exportación de cocaína y describe a sus enemigos dentro del narcotráfico. A uno de ellos, Darío Usuga, "Otoniel", lo llama reiteradamente, "un animal" por la crueldad indiscriminada que, según Barrera, tiene. "Semana" ha publicado varios de los audios de interrogatorios previos que, todo indica, le fueron alcanzados por las autoridades. Dentro de ellos no está ninguno en el que Barrera hable sobre sus contactos corruptos dentro del Gobierno y las fuerzas de seguridad.
En México.- Una investigación de "Milenio" reveló que casi la mitad de los 60 mil muertos en la "guerra" contra el crimen organizado en México durante los últimos seis años, no ha sido identificada. 24 mil 102 víctimas continúan siendo NN, un ejército de víctimas sin nombre.
COMO indica el análisis de Insight Crime, la investigación muestra la pobre capacidad del gobierno mexicano de funcionar como tal. "El número de víctimas sin identificar es una reflexión de la escasa evidencia forense recolectada y de la poca capacidad o interés del gobierno en recolectar evidencia".
En Estados Unidos.- La reciente legalización, por votación popular, de la marihuana en los estados de Colorado y Washington ya ha tenido reverberaciones importantes en todo el continente y, por cierto, en Estados Unidos.
A partir de diciembre, cada hogar podrá cultivar hasta seis plantas de marihuana en casa y llevar hasta 28 gramos de la droga de manera completamente legal en Colorado. Habrá problemas de choque con las leyes y disposiciones federales, pero lo más importante es el efecto que ello tendrá sobre la percepción pública del problema.
En un reciente debate organizado por National Public Radio entre prominentes defensores y opositores de la legalización de "drogas recreativas", la audiencia votó antes y después de la polémica. Antes de debatir, un 45% estuvo a favor de la posición de "legalizar las drogas". 23% se opuso y el 32% se declaró indeciso.
Luego del debate, que contrapuso a Paul Butler (un especialista en ley penal) y Nick Gillespie (un editor libertario), a favor de la moción; y a Asa Hutchison (un exjefe de la DEA) y Theodore Dalrymple (un médico psiquiatra) en contra; la audiencia volvió a votar: 58% votó a favor de la legalización y 30% en contra.
Quizá estos eventos sean los más importantes. En un año ha habido más avances en la discusión pública sobre estrategias alternativas en la "guerra contra las drogas" que en los 30 años precedentes. La mitad de los cadáveres mexicanos sigue sin nombre, pero esa matanza cotidiana debe haber sido una de las razones principales para que algunos gobernantes, varios intelectuales y finalmente votantes, encontraran el valor de ponerle un nombre a sus ideas.

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Que opina usted? DOSSIER ESPECIAL: TORTURA EN LAS CÁRCELES COLOMBIANAS - 23/09/2012 8:25:03

" Imagen de Areito para denunciar la tortura en Colombia: la publico en agosto 2012 con un nuevo texto, porque lamentablemente la tortura contra la oposición política en Colombia, lejos de cesar, se ha incrementado en los últimos años, en el régimen de Uribe y hoy con el régimen de Santos.
La tortura en las cárceles revela sistematismo, y asimismo las detenciones-desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad que significan tortura para el desaparecido, sus familiares y su entorno social, siguen incrementándose.
Para ahondar sobre la realidad de la tortura en Colombia recomendamos leer y difundir en solidaridad la siguiente investigación:
Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
"Presos políticos lisiados, paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y son privados de medicamentos y asistencia médica, de manera a que las enfermedades los consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social. Se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad".
Diomedes Meneses: "utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas, está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica. Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH: "necesitó atención médica para evitar la pérdida de visión, pero nunca le fue brindada.
"Los presos políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica. Que las organizaciones solidarias del Mundo exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura". CSPP
1. Introducción
Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1], abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la sociedad en su conjunto. Es el"castigo contra el pensamiento crítico, la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos políticos amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2]. Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a los presos políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga, mediante grotescos montajes judiciales, cargos por delitos comunes: "La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide la extradición por delitos políticos]"[3]. Sindicalistas, estudiantes, líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por "terrorismo y otros delitos comunes, debido a las estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo a la par que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos en falsos "testigos contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social ,en el 3er país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.
2. La tortura: enviar un mensaje de terror a la sociedad, paralizar la reivindicación mediante el miedo
La represión sistemática contra la organización social es un mensaje de terror de estado contra la población: se expresa en el encarcelamiento político, en el asesinato político, en el control social, en la desaparición forzada [4]; se expresa en las torturas terroríficas ejercidas por la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército en las zonas a despojar [5], torturas a modo de escarnio público para provocar masivos desplazamientos forzados [6]; en ese mismo orden de ideas, de paralizar la reivindicación mediante el miedo, se implementa la tortura en las cárceles colombianas. Es parte del Terror de Estado: su función no es solamente ejercer la crueldad contra el opositor privado de libertad, para generarle a éste sufrimiento, sino enviar un mensaje de terror a quiénes quisieran oponerse a un Status Quo imperante de saqueo y empobrecimiento. Así, las situaciones límite de presos políticos lisiados, paralíticos, mancos y ciegos, o enfermos que son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y que son privados de medicamentos y asistencia médica de manera a que las enfermedades los consuman, son mensajes que buscan paralizar la empatía social: se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad.
Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay igualmente negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH por parte del estado colombiano [7]; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el alejamiento geográfico y separación familiar como forma de tortura, las palizas, descargas eléctricas, envenenamientos (combustible, materia fecal, vidrios en las comidas), la privación de agua, los encierros prolongados en calabozos, el hacinamiento extremo [8], los tratos degradantes y las humillaciones de carácter sexual, las amenazas de extradición, las torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y desaparición forzada. La impunidad ampara la tortura, no son respetadas las sentencias de la Corte Constitucional, tampoco las tutelas. Además se expiden leyes enfocadas a la persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno Santos, y normas internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que vulneran los DDHH [9]. De ahí la importancia de que crezca la solidaridad activa con los presos políticos. Hay razones políticas, éticas y humanitarias de sobra para que la sociedad colombiana e internacional alce un clamor solidario.
3. Grave situación de homicidios de presos a manos de las autoridades por tortura y negación de asistencia médica
Por negación de asistencia médica los presos quedan lisiados, paralíticos, ciegos, o pierden la vida [10]: "A cada prisionero nos ha tocado activar el sistema de amparo mediante la tutela, mecanismo constitucional que el INPEC no cumple, burlándose del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato"[11].
Los casos de presos asesinados por negación de asistencia médica son alarmantes: estas torturas son aplicadas con particular saña contra los presos políticos. Las organizaciones de DDHH lanzan la alarma. Dada la cantidad de presas y presos políticos en situación de tortura en las cárceles colombianas, presentaré solamente algunos casos.
José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero 2011, devorado por un cáncer de estómago para el cual le negaron los análisis durante más de un año, incluso cuando ya perdía masa muscular a simple vista [12]. Ante la gravedad de su caso y los atroces dolores que padecía, los demás presos desarrollaron una huelga de hambre e interpusieron una tutela para que el estado lo atendiera; pero todo fue en vano: hubo negación absoluta de atenderlo por parte de las autoridades, propiciando así el cáncer terminal y la muerte. El ensañamiento llegó a tal punto contra este preso político que fue inscrito como NN en la morgue "a pesar que el INPEC contaba con la plena identificación y tenía los teléfonos de la familia, a quienes nunca informaron de su muerte" [Ibíd. ].
El preso político Arcesio Lemus también fue asesinado por negación de asistencia médica y tortura; el testimonio de su hija retrata la vida de una familia, que es la historia de la persecución a la oposición política. También alerta sobre la existencia de una política de Estado contra los presos políticos:
""Mi padre, Arcesio Lemus, se hizo líder comunitario, y un referente del trabajo revolucionario en el Tolima. Ese tipo de cosas no las perdona el Estado. Así que en la década de los 90 mi padre tuvo que desterrarse para salvaguardar su vida (…) Mi madre fue víctima de un montaje judicial, que la tuvo dos años tras las rejas. Yo fui conducida a una correccional de menores cuando tenía 15 años(…) Fueron años de presión que no le dejaron [a Arcesio Lemus] más opción que la clandestinidad. Se incorporó al ELN, como salubrista (…) En 2005 mi papá fue detenido. Empezó el calvario del encierro. (…) Comenzó a enfermar: a la edad de 65 años empezó a tener intensos dolores de cabeza y mareos. Los directivos penitenciarios se llenaron de solicitudes de mi padre, en donde les exigía su derecho elemental a la salud. Nunca fueron atendidas por el INPEC. Mi padre empezó a sufrir desmayos que tampoco fueron atendidos. Sus compañeros de cautiverio hicieron huelgas y motines, hasta que lograron que lo sacaran a ""la unidad de sanidad"", donde lo aislaron. (…) Empezamos a gestionar visitas de organismos de derechos humanos (…) pero nada funcionó. Fue remitido, en grave estado de salud, nuevamente a la cárcel. (…) [Luego en] el Hospital Lleras Acosta recibió una atención deshumanizada y humillante, como suelen recibir la mayoría de presos (…) Sin atender su delicada situación fue devuelto a la cárcel(…) Logramos una visita de diez minutos, y lo encontramos con un golpe terrible en la cabeza, bañado en sangre y en una situación peor. ""Fue que se cayó"", nos dijeron en el INPEC. Empezamos a rogar que lo llevaran de nuevo a un centro médico. Mi padre ya no podía hablar tan siquiera, llevaba casi quince días vomitando, no controlaba esfínteres, había perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba un trauma craneoencefálico que nunca se supo cómo sucedió dentro de la cárcel (…) Fue remitido a una institución hospitalaria, ya en estado de coma. Allí le encontraron un tumor en su cerebro (…) el 29 de junio 2010, falleció. (…) [Es] la ignominia que viven los presos colombianos, especialmente los presos políticos, contra quienes pareciera existir una política de Estado(…) El INPEC paga a la EPS que atiende la salud de los internos, casi 32 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto dinero de ese se invierte en atender la salud de los internos, si pasan años para que sea aceptada una solicitud de revisión médica, de exámenes, de tratamiento?"[13].
Las muertes por negación de asistencia médica suceden una tras otra, en la más absoluta impunidad. El 1 de noviembre 2011 fue asesinado por tortura Ricardo Contreras: molido a palos por la guardia, y privado de asistencia médica [14]. El 15 de noviembre 2011 el estado asesina al preso Jhon Jairo Garcia por tortura de negación de asistencia médica [15]. En la cárcel el Pesebre muere Jonathan Smith Arias en enero 2012 [16], y el 9 de abril 2012 fallece Yovani Montes, ambos por negación de asistencia médica [17]. En diciembre 2011 fallece Luis Fernando Pavoni [18], y el 14 de junio 2012 fallece Óscar de Jesús Pérez, ambos por negación de asistencia médica, en Bellavista [19]… La lista continúa de manera aberrante. La Personería de Medellín reporta que: "en los últimos dos años han muerto 12 reclusos por falta de atención médica" [Ibíd. ], y el mismo drama se repite en cada región de Colombia.
En diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: "la inminente negligencia de la fiscalía, que se niega a expedir la resolución de traslado del penitenciario a un centro de atención medica pertinente al caso de salud de José M. Álvarez Tonguino recluido en la PICOTA-ERON y solicitado en extradición, que padece de una enfermedad que no ha recibido un trato adecuado y que por solicitud del médico interno, es necesaria la atención especializada urgente debido al estado de descomposición de su axila. El caso de Tonguino, a quien se le está violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado, varios prisioneros han muerto (…) Es innegable que en las cárceles de Colombia se violan los DD.HH., se da un trato contra la dignidad humana"[20]. Pese a las súplicas de familiares y organizaciones, la negación de asistencia médica acaba con la vida de Tonguino a inicios de 2012. Son reiteradas las solicitudes ,infructuosas- de que "se abran las investigaciones contra los funcionarios del INPEC, en cabeza de su director General de la policía G. Ricaurte, la Dirección de la Cárcel PICOTA-ERON y contra el personal de la guardia, por violar la Ley 65/93, Art. 16 CN y el acuerdo 0011/2002. (…)que se garantice el Derecho a la Vida" [Ibíd.].
La impunidad es total para un mecanismo de tortura y homicidios. Algunos presos políticos que han sido asesinados por negación de asistencia médica son: Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés [21].
4. Presos políticos que están siendo asesinados por tortura de negación de asistencia médica
Los presos son privados de medicina, y los médicos encarcelados. Por curar a todo aquel que requiriera asistencia médica en la región dónde vivía, Carlos Figueroa, médico cirujano, fue víctima de montaje judicial y condenado a 20 años de prisión por ""rebelión"", para castigar su respeto por la vida: "A nivel judicial también existen los "falsos positivos"". Este médico preso político padece de cáncer: ""Para que me iniciaran el tratamiento tuve que demandar al estado; pero no me llevan a las citas. Muchos enfermos reciben peor trato incluso (...) Apenas se denuncian los maltratos somos llevados a cárceles de alta seguridad, como lo que me ocurrió por pedir agua potable (...) Los presos políticos deberíamos estar en patios diferentes a los de los paramilitares y aquí no hay ninguna clasificación"[22].
Están en alto riesgo de muerte por negación de asistencia médica varios presos políticos. Señalaré algunos casos. El preso político Devis Ochoa [23] es diabético de tipo dos, ya pesa tan sólo 47 kilos, y se le niega una alimentación adecuada y la asistencia médica como forma de tortura que provoca la muerte; también se le ha introducido en un patio de paramilitares, en un intento de asesinato.
Al preso político Gustavo Giraldo el estado también lo está asesinando por negación de asistencia médica: padece de una enfermedad degenerativa que le ha hecho perder más de la mitad de su peso, cada día sin asistencia lo empuja a la muerte [24]. El preso político Hernán Rodríguez Díaz realizó una huelga de hambre reclamando asistencia médica y su traslado de penal, dado que el INPEC lo envió al "centro de tortura de Valledupar", alejándolo de su núcleo familiar[25]. "El prisionero político padece una infección estomacal, un problema visual y dolores en la vejiga, por lo que ha presentado múltiples peticiones de atención médica las cuales han sido ignoradas. Hernán Rodríguez Díaz y 44 prisioneros mas denunciaron que se encontraban enfermos por causa de la contaminación del agua y alimentos, padeciendo los síntomas de caída de cabello y uñas, diarrea, sangrado rectal y oral, sin que hubiesen sido atendidos" [Ibíd.].
5. Presos políticos de guerra heridos: negación médica, tortura extrema
La situación de los presos políticos de guerra es dramática: éstos son con frecuencia capturados heridos tras combates o bombardeos, y se les niega la asistencia médica, empujándolos a la muerte o a la pérdida de sus miembros. Tal es el caso del preso político y de guerra Rolando Gradados que tiene las piernas y los brazos destruidos, y es torturado al negársele asistencia médica, restringírsele el agua potable y presionarlo a falsas confesiones bajo amenaza de extradición: ""No puede caminar, ni comer solo y siempre debería estar asistido por una enfermera, sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta ordenada por el médico, soporta fuertes dolores (…) Fue abordado por dos hombres de aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y estos lo hostigaron afirmándole que sería extraditado a Estados Unidos si no confesaba(…) Fue alejado de su familia en una política de destierro que vulnera un derecho fundamental. En el área donde se encuentra hay 9 internos que no están asistidos correctamente, ni enfermera tienen, incluso hay un enfermo terminal. Les están restringiendo el agua"[26].
El preso político de guerra Diomedes Meneses Carvajalino ha sido víctima de torturas por parte del estado colombiano, que le sacó un ojo con un puñal, e intentó asesinarlo en repetidas ocasiones, "utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del Gaula"[27]. Además está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica: "devorado por una bacteria agresiva que le está carcomiendo el tejido muscular y óseo(…) la infección se trasladó al glúteo, afectando su integridad física: se expone a amputación (…) Por más de dos años una bacteria corroe su humanidad (…) Iguales circunstancias padecen miles de presos que son desatendidos en las prisiones colombianas, lugar donde se tortura sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus obligaciones constitucionales de respetar el DIH, los derechos humanos" [Ibíd.], denuncia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
La situación de los presos ancianos, lisiados o con enfermedades crónicas en las cárceles colombianas es vergüenza para la humanidad: el hacinamiento, la insalubridad, la privación de agua, la comida descompuesta, las agresiones físicas de los guardianes o del paramilitarismo los vulneran de manera inexorable. Iván Cepeda denunció: "La gravísima situación se expresa en que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal"[28]. La debida reducción de pena y la excarcelación de presos lisiados o enfermos terminales es negada con saña. En mayo 2012 denuncian: "El prisionero Nelson Guzmán se encuentra cuadripléjico y sin la atención medica adecuada, en condiciones miserables (…) El juez Escobar ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a verlo, pese a la solicitud de prisión domiciliaria. Situación similar ocurre con los prisioneros de la tercera edad que sufren penosas enfermedades"[29].
6. Tortura aberrante e intento de asesinato contra preso político sin brazos y ciego
El ensañamiento contra los presos políticos alcanza niveles aberrantes: el preso político Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, está encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH. Oscar fue arrestado de civil en fase de recuperación; pero perdió por completo la visión por causa de la negación de asistencia médica del INPEC: "Un joven que sufrió amputación de los miembros superiores y durante todo este tiempo necesitó atención médica urgente para evitar la pérdida de su visión, pero ésta nunca le fue brindada"[30]. Su defensor logró sacarlo de la cárcel al cabo de 7 meses, gracias al dictamen de "Medicina Legal que afirma que por sus discapacidades físicas no puede estar en un centro penitenciario. Le otorgan detención domiciliaria." Pero el estado, en una clara demostración de ensañamiento con fines de tortura, revocó la detención domiciliaria: "En medio de una de esas ilegales jugadas que realiza la rama judicial por orientación directa de los organismos de seguridad (…) Oscar es condenado a 40 años de prisión y remitido a la Cárcel de Itaguí, ignorando el dictamen de Medicina Legal" [Ibíd.]. El estado colombiano viola el DIH y se empecina en mantener una situación de tortura: un mensaje de terror. Además de causar la ceguera de Oscar, el INPEC profundiza la tortura: "Óscar es trasladado consciente y premeditadamente a una cárcel en la cual no hay colectivos de presos políticos que puedan brindarle la solidaridad que necesita. Por el contrario, sólo hay paramilitares(…) Oscar no puede valerse por sí mismo. Es puesto en una situación de total indefensión" [Ibíd.]. El estado busca aplastarlo como ser humano, porque remitir a un preso político y de guerra sin brazos y ciego a una cárcel llena de paramilitares es de las peores crueldades concebibles. Se evidencia una omisión preconcebida que le ha generado ceguera y un ensañamiento criminal al situarlo en una tortura permanente que atenta contra su vida.
7. Negación de asistencia médica constituye "atentado contra la vida"
El CSPP denuncia en mayo 2012 que "Los presos políticos con cáncer continúan sin recibir atención médica por parte del estado":
"Los presos políticos enfermos de cáncer Luis Alberto Jaimes García, Vicente Saúl Valcarcel Albarracín y Juan Emilio Calle Cabeza, recluidos en la cárcel de Palogordo; continúan sin recibir el tratamiento médico necesario y su condición se deteriora cada día (…) Luis Alberto Jaimes, diagnosticado con cáncer de colon ha empeorado a pesar que el Juzgado tuteló los derechos fundamentales a la salud, sin que hasta la fecha se haya iniciado las sesiones de quimioterapia ordenadas por la junta de oncología (…) A Vicente Albarracín, diagnosticado con cáncer de recto, le manifestaron que debía someterse al tratamiento de quimioterapia pero que CAPRECOM no contaba con el medicamento (…) Juan Emilio Calle de 33 años, fue diagnosticado con cáncer linfoma Hodcking, desde el año 2008. Pese a la gravedad de la enfermedad se encuentra sin recibir atención médica desde hace dos años (…) Desde enero 2012 su estado de salud recayó ostensiblemente (…) el oncólogo ordenó un tratamiento de quimioterapia, terminado este procedimiento se debía hacer un trasplante de médula ósea. Aún con esta orden médica, Juan Emilio no ha recibido el tratamiento, consecuencia de ello su estado de salud empeora, al punto que hoy pesa 54 kilos, permanece con fiebre alta, constante dolor de cabeza y cuerpo, poco sueño y visón borrosa, entre otros síntomas.
La desatención en salud constituye un atentado contra la vida y la dignidad humana, además de erigirse como un tratamiento cruel e inhumano. El estado Colombiano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales en las cárceles. El desconocimiento de los mismos a los presos políticos, representa una violación tanto del derecho internacional de los DDHH, como del DIH. Cobra vigencia la necesidad de mantener los ojos en las cárceles colombianas"[31].
8. ¿Cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas ?
La incidencia de cáncer en las cárceles colombianas es extrañamente alta. El CSPP alerta:
"Han muerto ya varios presos políticos y sociales como consecuencia de cáncer, lográndose detectar en los mismos una inadecuada asistencia médica. Esta grave problemática ha sido denunciada de forma reiterada por los colectivos de presos políticos y organizaciones de derechos humanos, sin que las autoridades hayan realizado las investigaciones que permitan establecer cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer y las actuaciones disciplinarias por negligencia médica [o negación]. La situación transgrede las normas del derecho humanitario. Hacemos un llamado urgente para que las organizaciones solidarias de Colombia y el Mundo, exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura y a la vez tratamiento inhumano y degradante al interior de las cárceles, procediendo a: 1. Atender oportunamente los casos de salud de todos los presos políticos y sociales de Colombia; 2. Adelantar investigaciones penales y disciplinarias serias, contra los altos funcionarios del Estado que por acción u omisión son responsables de estos graves hechos; 3. Indagar las causas que están provocando los reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas, a efectos de prevenir la ocurrencia nuevos hechos" [32].
9. Arroz con combustible, vidrios o materia fecal en la comida, y alimentos descompuestos vulneran gravemente la salud
Las reiteradas denuncias por intoxicación alimentaria en diversos penales dan cuenta del carácter continuo de este atentado contra la salud y la vida. "Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG" [33]. El 16 de abril 2012 el CSPP denuncia: "Nueva intoxicación masiva en Palogordo", alertan los presos políticos:
"Los productos cárnicos han presentado avanzado estado de descomposición, jugos agrios; esto ha aumentado el número de presos intoxicados. Se suma además el hecho sucedido el 11 de abril cuando al almuerzo se nos suministró un arroz con sabor y olor a combustible (A.C.P.M.). El 14 de abril 2012 a raíz de un jugo, se presenta una intoxicación general de presos, tocándonos hacer del cuerpo en las áreas de ducha porque el número de sanitarios (4) no dan abasto. Existe un temor latente para consumir los alimentos, pues volveríamos a recaer en otra intoxicación. Mientras estas cosas suceden en las cárceles, el señor Ricaurte , Director del INPEC- hace declaraciones en las que anuncia al país que a tres presos de clase alta se les asignó cocinero personal y "lo que más les gusta es la mazamorra chiquita. Los oligarcas ladrones de cuello blanco gozan de estos privilegios" [34].
Los presos emprenden masivas huelgas de hambre contra el envenenamiento:
"Los presos políticos y prisioneros de guerra confinados en Palo Gordo Girón Santander, denunciamos que a partir del día 23 de abril 2012, nos hemos declarado en huelga de hambre indefinida por la pésima atención de la empresa prestadora del servicio de alimentación(…) Esta empresa viene reiteradamente incumpliendo en la calidad y cantidad de los alimentos(…) Nos suministra alimentos en estado de descomposición no aptos para el consumo humano. Ocasionándonos serios problemas de salud como son intoxicaciones masivas, diarreas, y demás problemas digestivos que a la vez nos han dejado otros problemas de salud tales como ulceraciones e irritación del colon, un 40% de la población reclusa padece de esta enfermedad" [35].
Las ulceraciones e irritaciones del colon son factores de riesgo para el cáncer.La Campaña Traspasa los Muros alerta: ""Preocupan gravemente las múltiples denuncias por problemas de salud relacionados con posibles cánceres de estomago o demás partes del aparato digestivo de los prisioneros, que en algunos casos ha ocasionado la muerte, como sucedió con el prisionero político José Albeiro Manjarres, quien murió luego de que se le descubriera de forma tardía un cáncer terminal de estómago. Que se conforme una comisión (...) con el objeto de verificar los motivos por los cuales en la Penitenciaria de Palogordo se presentan múltiples casos de enfermedades cancerosas que afectan el aparato digestivo"[36].
Convertir la comida en un arma contra los presos es una tortura recurrente: el 26 de junio 2012, 20 presos deciden amarrarse a una altura de 20 metros del suelo en la cárcel de Valledupar, denuncian: "Un día el INPEC nos da vidrio en las comidas, como el 28 de mayo, que dejó a 5 presos heridos incluyendo a Javier Moscote, quien fue hospitalizado por heridas ocasionadas al interior de su cuerpo por los vidrios injeridos, y otro día no nos da comida"[37]. El CSPP denuncia: "el suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día por lapsos inferiores a 20 minutos (…) los reclusos deben recoger el agua en recipientes y transportarla, hay celdas en el quinto piso. Esto genera enfrentamientos (…) a diario aproximadamente 60 detenidos de cada torre se quedan sin agua, lo que constituye condiciones de vida cruel y degradante" [Ibíd.].
10. Suicidios
La cantidad de suicidios debido a las torturas es alarmante. Leandro Salcedo se suicidó tras meses de tortura: "El régimen de crueldad y Tortura al que están sometidos los reclusos, especialmente en la UTE (calabozos), los lleva a atentar contra su propia vida, como Leandro" [38]. Jorge Russo fue empujado al suicidio al negarle los medicamentos que le eran necesarios, además de torturarlo reteniendo las encomiendas de su familia, y otras crueldades; cuando se subió a las estructuras carcelarias: "uno de los guardias le lanzó una pipeta de gas desde la terraza, también le lanzaban piedras y una lo golpeó fuertemente en la cabeza" [39].
El traslado geográfico y alejamiento familiar es utilizado como forma de tortura y vulnera los derechos de los presos y de sus familiares, ocasionando cuadros dramáticos, como los suicidios: tal fue el caso, aparentemente, de Luis Carlos Arroyave [40], que apareció colgado en una de las áreas de vigilancia de la guardia; o de Jhon Jairo Garrido Barrios, encontrado sin vida el 1 de septiembre 2011 en la Penitenciaria de Valledupar: la tortura a la que el INPEC lo sometió, negándole -pese a órdenes judiciales- el acercamiento a su núcleo familiar, lo empujó al suicidio. Manifiestan los prisioneros que no pudo soportar más la tortura de estar lejos de su familia, situación que consideraba como "muerte en vida"[41]. En enero 2012, se ahorca Frank Camilo Amado, bajo "una política sistemática de represión y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas físicas y psicológicas, humillaciones y tratos degradantes, fuertes palizas, choques o descargas eléctricas, gases en la cara(…) Alguien debería indagar sobre las causas de que en menos de 6 meses ya existan 5 muertos", denuncian los presos políticos de Girón en junio 2012 [42].
11. Palizas aunadas a negación de asistencia médica
Por palizas son asesinados los presos, como ocurrió con Ricardo Contreras -uno de los casos conocidos-: molido a palos por la guardia y privado de asistencia médica. Los presos desesperados entablan huelgas de hambre con la esperanza de hacer cesar la tortura, algunos hasta se cosen la boca; pero las torturas y la negación de asistencia médica siguen siendo un mecanismo de agresión contra la vida de los presos. Jhon Leyner Delgado fue: "sometido a aislamiento por negarse a firmar un documento donde se auto-culpara (…) Al negarse a firmar, la golpiza propinada por la guardia le provocó múltiples heridas. No ha sido atendido. Por haber sido sometido a tortura, ha iniciado una huelga de hambre. Con el fin de exigir respeto a sus derechos fundamentales y al derecho a la salud en particular", denuncia el CSPP [43]. El 11 de julio 2012 muere Jair Benavidez Suárez "luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas del INPEC" [44].
12. Denuncias contra el INPEC y el Estado quedan en la impunidad
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: "La Defensoría del Pueblo presentó el 14 de octubre (2011) una denuncia penal en contra del General Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura. La tortura en cárceles sigue siendo una práctica sistemática, que permanece en total impunidad. Tal como lo indica la Coalición Colombiana Contra la Tortura, en su Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, (…) entre el año 2010 y lo que va del 2011, la Defensoría del Pueblo del Cesar reportó tan sólo en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec, de las cuales, 46 quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes" [45].
Ampliar la solidaridad y denunciar internacionalmente es un imperativo humanitario. Las denuncias que logran salir de las cárceles colombianas quedan en la impunidad, y no son sino la punta del iceberg: "Ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura previa" [46]. La impunidad ampara a los torturadores, mientras que un comportamiento respetuoso de los DDHH es castigado: cuando hay jueces que se niegan a avalar los montajes judiciales del estado, éstos sufren asesinato o encarcelamiento político, como el Juez Oscar Hurtado, detenido por negarse a legalizar capturas masivas y detenciones arbitrarias [47].
Las madres de presos caminaron desnudas en mayo 2012: "En contra de la tortura, la falta de agua, la no garantía del derecho a la salud, el traslado de los internos a centros penitenciarios alejados de sus familias (…) Los familiares sentimos como propios los sufrimientos que padecen nuestros seres queridos en los centros de tortura llamados cárceles (…) El sistema jurídico colombiano entrega sin ningún reparo a sus nacionales en extradición(…) Nos desnudamos para ser escuchadas."[48]
13. Alejamiento familiar para impedir denuncias y desarticular procesos organizativos
No obstante su situación de vulnerabilidad extrema, los presos políticos siguen trabajando en procesos organizativos de defensa de los derechos humanos. El preso político Jairo Fuentes denuncia: "En las cárceles el derecho de expresión es reprimido con medidas como el alejamiento familiar (…) quienes estamos denunciando esta realidad oprobiosa somos trasladados a cárceles de máxima seguridad, lejos de nuestras familias" [49]. La Campaña Traspasa los Muros denuncia esta forma de tortura: "Uso de traslado y aislamiento como forma de desarticulación organizativa (…) no se tiene en cuenta que la ubicación del proceso judicial esté en el mismo sitio donde la persona está recluida. Este hecho se da en el caso de las y los prisioneros políticos, por la gran cantidad de traslados que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo dentro de los centros de reclusión y también como retaliaciones de sus acciones de denuncia y desobediencia. Esta situación provoca una forma adicional de pena que es el hecho de estar alejado del núcleo familiar"[50].
En Junio 2012 denuncian que corre peligro la vida del defensor de DDHH, preso político y de guerra Marbel Zamora trasladado aunque: "una tutela le concedió el derecho a la unidad familiar(…) destacado por su valioso trabajo en el Movimiento Nacional Carcelario, que reivindica la rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros, el traslado de los presos a sus sitios de origen familiar y procesal, no a la extradición(…) Destacado en la resistencia frente a las reiteradas violaciones de DDHH por parte del INPEC. Su traslado a la cárcel de Valledupar pone en grave riesgo su vida(…) dicha cárcel se ha caracterizado por su permanente tortura"[51].
14. Inmersión en patios paramilitares pone en riesgo la vida de los presos políticos
El DIH preconiza la Clasificación de internos, pero: "los prisioneros políticos no son separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante su vida"[52],denuncia la campaña Traspasa los Muros. Los traslados a patios con notoria mayoría paramilitar se usan como método de tortura contra los presos políticos. En julio 2012 denuncian: "Los atropellos a la seguridad y la vida de que fueron víctimas los presos políticos José Darío Arévalo Quintero, Wilson Enrique Leva, José Antonio Mendoza, Álvaro Padilla Tarazón (…) ordenando su traslado a otros patios(…) Solicitamos que sean reubicados urgentemente donde nos encontramos la mayoría de los presos políticos." Arévalo Quintero expresa: "Temo por mi integridad física y por mi vida, me encuentro entre internos procesados por paramilitarismo e integrantes de la fuerza pública"[53]. En el marco de la huelga nacional de hambre de marzo 2012: "el Prisionero Político Leonardo Chaux Hernández se declaró en huelga de hambre para denunciar que era el único prisionero político en el patio 1B de La Dorada, y en exigencia de la visita humanitaria de la Comisión Internacional de DDHH"[54], impedida por el estado colombiano.
El preso político de guerra Diomedes Meneses, víctima de tortura e intento de homicidio por miembros del Gaula (ejército), aún impunes, fue puesto en un patio con miembros del Gaula:
"Caí tras el disparo… luego me propinaron otro disparo en el abdomen (a quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2 metros del suelo. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y culatazos, me partieron esta pierna. Cuando la granada detonó me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros, pero a ellos no les importó, me siguieron golpeando(…) El Cabo Salazar sacó un puñal y me chuzó todos los dedos. Luego me sacaron todas las uñas de los dedos de los pies (…) Me pinchó el ojo izquierdo, lo perdí. Me degolló (…) Estoy condenado a 22 años de cárcel por "rebelión y "tentativa de homicidio pero no sé de qué tentativa se trata porque yo no les disparé, ni llegué a usar el arma(…) Y están los 15 nombres de los que me torturaron a mi, miembros activos del Gaula, entonces ¿por qué no han hecho justicia?(…) En esta cárcel han tomado represalia política(…) Nos dieron a "escoger a los presos políticos entre los calabozos y el patio paramilitar(…) Me roban, me hacen caer de la hamaca, me golpean… Saben mis limitaciones físicas y que soy un preso político, y aquí hay ejército, Gaula, paramilitares"[55].
15. Tortura contra presas políticas, chantaje con los hijos
Las presas políticas denuncian también torturas físicas, sicológicas, y conexas a la negación de asistencia médica y la insalubridad. Hay casos en que las torturas las vulneran de manera definitiva, como el de Marisela Uribe García, detenida con más de 5 meses de embarazo de gemelos, que perdió sus bebés por tortura [56]. Marisela fue denunciante de la mayor fosa común del continente, hallada en Colombia con 2000 cadáveres de desaparecidos a manos del ejército: situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega[57].
A las presas políticas se les reducen las visitas de los hijos, obligando a estos a sufrir situaciones dramáticas. Denuncian el chantaje como forma de tortura que utiliza el INPEC, implicando a sus hijos. Las visitas o la reducción de pena son impedidas como retaliación contra la organización política. Los niños están expuestos a ser entregados a orfanatos, si no les queda un familiar que los acoja. A las madres cabeza de hogar se les violan sus derechos a detención domiciliaria, como en el caso de Liliany Obando, socióloga que pasó casi 4 años presa sin pruebas, durante los cuales le fueron negados sus derechos constitucionales como madre cabeza de familia [58]. Liliany expresa:
"El terrorismo de estado que opera en Colombia o bien desaparece a su opositor político, o lo asesina, o lo encarcela (…) Un 90% de las mujeres privadas de la libertad somos madres, la mayoría madres cabeza de familia. Es muy grave que una justicia vengativa ponga en la cárcel a las mujeres madres, porque penaliza a los hijos. Estas niñas y niños van a quedar gravemente dañados por la experiencia de tener a sus madres en prisión (…) Muchos de ellos si no tienen un familiar que los cuide crecen en la institución del estado, que es prácticamente otra cárcel, donde van a estar recluidos, y podrán solamente visitar a sus madres una vez al mes, por unas pocas horas. Algunas mujeres llegan a la cárcel en estado de gestación. Hasta la edad de 3 años pueden tener a sus hijos (en algunas cárceles). Hay estudios que demuestran que estos niños que han crecido en prisión sicológicamente tienen muchos problemas… pero es la única opción para quien no tiene con quien dejar a sus hijos (…) Estas condiciones son violatorias de los derechos de los niños" [59].
Las presas políticas sufren agresiones reiteradas, obligadas a convivir con paramilitares:"exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en nuestra seguridad. Exigimos que se de cumplimiento a las leyes internacionales de clasificación de internas por hecho punible y se nos separe de las detenidas de "Justicia y Paz, paramilitares(…)"[60]. También alertan:"No hay diagnósticos sobre enfermedades crónicas o terminales, no se atienden los tratamientos post-quirúrgicos o no se suministran los medicamentos. Situaciones tan graves como las que denunciaron las prisioneras políticas del ERON Cúcuta: "hay varias internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y no han sido atendidas" [61].
16. Tratos degradantes y humillaciones de índole sexual
Las torturas y vejaciones reseñadas en este informe son apenas una ínfima parte de la realidad, son la parte visible. Noticias Uno reportó la denuncia de violaciones sexuales por parte de guardianes: "Una reclusa fue abusada por los guardianes de la cárcel de Valledupar. Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas. El INPEC ordenó una investigación, pero no la trasladó a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias denunciados."Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales, es un abuso de autoridad. Cuatro uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse. "Yo dije que era violación(…) después de eso siguió el acoso, la burla y después denuncié otro intendente que se metió al cuarto porque según él ya lo había hecho con otro guardián" [62].
Los familiares visitantes sufren "abusivos manoseos en sus partes intimas"[63], asimismo los presos políticos denuncian:"debemos soportar todo tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a vejámenes como ser requisados totalmente desnudos y obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes (…)Ese tipo de requisas, son proscritas por la Corte Constitucional(…)" [64], pero la impunidad ampara la continuidad de la tortura.
17. La tortura en Colombia: una lógica de estado
La tortura se inscribe en una lógica de estado, de dominación mediante el miedo; no se trata de casos aislados: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de presos políticos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares. El tema de la tortura implicando a familiares de presos políticos será desarrollado en la parte VI de este dossier. Ante la impunidad que prolonga la tortura, ante los sufrimientos indecibles, ante los homicidios de presos, se hace urgente la solidaridad internacional. La exigencia del cese de la tortura y la exigencia de la libertad para los miles de presos políticos son pasos imprescindibles hacia una verdadera paz con justicia social. La importancia de visibilizar estos crímenes de estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como mecanismo de terror contra la reivindicación social. Estos mecanismos represivos son la matriz la guerra, su finalidad es perpetuar el creciente despojo de las riquezas de Colombia y la concentración de capital en pocas manos, en desmedro de una población cada día más empobrecida.
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la Parte V del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados, que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta publicación: www.azalearobles.blogspot.com
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Información: Columna de reporteros - 22/06/2012 12:48:07

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna "Las Palabras" publicada en la edición 2237 de la revista "Caretas".
El patrón del mal
BOGOTÁ., El capítulo de estreno fue el más visto en la historia de la televisión colombiana, al punto que la agudeza de cajón fue cambiarle el título a "el patrón del rating". La narconovela de la vida de Pablo Escobar fascina a los colombianos con la visión de tiempos que se quiere lejanos mientras se los siente palpitar muy cerca, inquietantes, con ecos de miedo, de vergüenzas, amenazas e imperfectos exorcismos.
A las 9 de la noche, por media hora diaria taqueada de comerciales en el canal de Caracol, reviven, atenuados en el formato dócil del biopic los años ferales de la historia colombiana. En un país donde siempre ha sobrado la violencia, la irrupción del cartel de Medellín, y de Pablo Escobar como su figura dominante y luego decisiva, tuvo un efecto terrorífico sobre el país en pleno, y sus élites en especial, como ninguna otra violencia produjo antes o después.
Quizá fue la falta de gradualidad de Escobar, su aceleración brutal de la violencia de casi nada a todo, en un pestañeo. Pero especialmente la inesperada ferocidad con la que pasó de una poco convincente y convencida seducción del establishment político y social a una violación continua en un proceso sin freno que no paraba de convertir la riqueza en poder y éste en destrucción.
Escobar aterrorizó y subyugó por el miedo a un porcentaje muy alto de las elites y la intelligentsia colombianas. Por eso destaca tanto el coraje de los pocos que se le opusieron abierta e incondicionalmente en su momento de mayor poder e impunidad.
Fue uno de los primeros, quizá el primero ,no se me viene otro caso anterior a la mente, de los criminales dominantes que llevó a cabo una insurrección terrorista contra un Estado nacional. En un continente que rezumaba insurrecciones guerrilleras de izquierda de todo pelaje y grupos paramilitares de derecha, él le dio un contenido insurreccional a la riqueza y convirtió su plutocracia en una subversión finalmente nihilista.
Ahí está, en la telenovela, el paisa regordete cuando se preparaba a hacer temblar a Colombia, complotando, en el capítulo que me tocó ver, la caída de su enemigo, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, listo para pasar, si fallaba el primero, del barro a la bala en un respiro.
No sé si llegará, o cuándo, esta narconovela a nuestro país. Ojalá que pronto, porque incluso en estos capítulos tempranos del rápido crecimiento del poder criminal, la historia de Escobar nos toca de cerca en el Perú.
En el intento de enlodar al entonces ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, Evaristo Porras Ardila, el narcotraficante de Leticia y entonces gran acopiador de coca y pasta básica para Escobar, infiltró la campaña electoral de Lara Bonilla con un cheque de un millón de pesos.
Porras Ardila había sido capturado en el Perú en 1978, pero logró fugar gracias a la complicidad de su abogado y estratega, Vladimiro Montesinos, quien luego arregló el robo de su expediente para sabotear la extradición del proceso a Colombia, en un caso donde todavía faltan importantes puntos por aclarar.
EN Leticia, Porras Ardila se había hecho construir una mansión que remedaba a la de los Carrington de la entonces famosa serie "Dinastía". Ahí fue donde recibió el expediente judicial robado de manos de Montesinos, según testigos presenciales; y desde ahí fue figura central, en 1984, en el complot para destruir al valiente Lara Bonilla.
En el capítulo que me tocó ver actúan tres personas señeras cuyo enfrentamiento a Escobar les costará pronto la vida.
Uno es Rodrigo Lara Bonilla, atormentado por una calumnia bien urdida, que lo hace aparecer como corrupto, acusado por un cómplice de Escobar que se presenta como luchador por la moralidad pública.
Su amigo y dirigente de partido, Luis Carlos Galán, pugna por aclarar el conflicto entre las aparentes evidencias de culpa y su convicción en la honradez de Lara Bonilla. Joven e idealista, Galán es un orador carismático y una persona reservada, cortés hasta lo tímido, en círculos pequeños.
Lo conocí en Lisboa, uno o dos años antes de su muerte, en un evento al que llegó, siendo él liberal, junto con los políticos conservadores, el expresidente Misael Pastrana y Rodrigo Lloreda. Deferente y especialmente respetuoso con Pastrana, Galán me dejó la impresión de ser de aquellos pocos en quienes la cortesía no es solo genuina sino una manifestación de fuerza y de control.
Pude verlo, poco después, en los noticieros de 1989, en intrépida campaña a lo ancho de Colombia, denunciando no solo a Escobar sino a Gonzalo Rodríguez Gacha, "el mexicano", con una oratoria de fogosa convicción y valor inalterable, exponiéndose temerariamente en plaza tras plaza hasta el 18 de agosto de 1989, en un tabladillo de Soacha , en Cundinamarca.
Cinco años antes, el mismo asesino había ordenado la muerte de Rodrigo Lara, una vez que falló el intento de enlodarlo. Lara contraatacó con denuedo e inteligencia, sacó a la luz la ya larga y densa trayectoria criminal de Escobar, y emprendió una dura ofensiva contra los narcotraficantes colombianos.
Puesto en fuga, Escobar ordenó y planeó su muerte. Lara fue asesinado en su auto a fines de abril de 1984. Su asesinato marcó el inicio de la guerra formal del Estado colombiano contra el cartel de Medellín, guerra en la que Escobar mantuvo frecuente y sangrientamente la iniciativa.
Pero eso fue después. Antes, en los inicios que ahora cubre la narconovela, aparece también la figura ejemplar de Guillermo Cano, el director de El Espectador, quien es uno de los primeros en expresar su respaldo a Lara e identificar, literalmente, a Escobar con el narcotráfico, detrás del entramado de calumnia y corrupción.
En el capítulo que vi, los tres, Lara, Galán y Cano, hablan, deliberan sobre cómo enfrentar esa amenaza nueva, en apariencia incipiente pero audaz, cuya amenaza perciben mejor que los demás.
En capítulos próximos, imagino, se recreará el momento en el que Cano encuentra en los archivos la foto de Escobar, arrestado por narcotráfico en los 70, con las manos en la cocaína, y la publicará en portada.
LUEGO, matarán a Lara, en 1984; a Cano, el 17 de diciembre de 1986; a Galán, en 1989; y a muchos, muchos otros más. Luego Escobar terminará de aterrorizar a Colombia y logrará la cárcel spa, que él pronto convertirá en cementerio, antes de la fuga y la última etapa, del terror desaforado.
Ahí empezará el rápido declive, que acelera la violencia enloquecida de Escobar. Una coalición sorprendente de estadounidenses, militares y policías colombianos, paramilitares, narcos de Cali y antiguos cómplices de Escobar se unirán en una contraofensiva que va de la investigación sofisticada a la cacería salvaje. El libro de Mark Bowden, "Killing Pablo", describe con gran detalle lo que pasó; y el de Virginia Vallejo, "Amando a Pablo, odiando a Escobar", el retrato cercano del narco acosado que termina cosechando, cuando huía descalzo sobre un techo, una parte de lo que sembró.
Su estilo no murió con él. Con ciertas mutaciones, hay ahora expresiones semi-insurgentes del crimen organizado en grupos como los Zetas, por ejemplo. Una suerte de capitalismo depredador que subvierte zonas y regiones enteras para controlarlas y expoliarlas. Es un modelo que, pese a su terrible toxicidad, no ha sido todavía lo suficientemente estudiado ni comprendido.
Lo que está claro es que tanto el avance de Escobar ayer como el de los Zetas hoy solo fue y es posible gracias a la impune corrupción dentro del Estado y partes de la sociedad; la ósmosis entre la criminalidad y figuras e instituciones públicas; la ambigüedad e hipocresía en la que pocos son realmente quienes afirman ser. En el caso de Escobar, los personajes y consecuencias de esa corrupción siguen emergiendo hasta el día de hoy.
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Columna de reporteros
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Información: Internacional: Chávez se le volteó a las FARC - 10/03/2012 19:17:00

" Afirma Wikileaks
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, traicionó en 2011 a las FARC, presionado por sus generales tras la captura en Colombia del narcotraficante Walid Makled, según correos electrónicos filtrados por Wikileaks.
Los altos oficiales temían verse juzgados en EE.UU. si se permitía que Makled fuera enviado a Washington y los denunciara de participar en sus negocios ilícitos.
Según esos correos de la agencia Stratfor, los oficiales de las Fuerzas Armadas presionaron a Chávez para que negociara con el Gobierno de Juan Manuel Santos la extradición de Makled a Caracas.
Chávez sacrificó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la entrega y expulsión de líderes de la guerrilla.
Makled fue capturado en Colombia y extraditado en mayo de 2011 a Caracas, pese a que el empresario se enfrentaba a una solicitud de extradición de Washington por narcotráfico.
Mientras tanto en Venezuela sigue la incertidumbre sobre el estado de salud de Chávez. Al parecer, está aquejado de un cáncer cuya ubicación nunca reveló.
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