Que opina usted? GUIA PARA ENTENDER EL CASO DE NARCOCONMUTACIONES - 23/04/2013 17:03:54
" El señor de la foto se llama Miguel Facundo Chinguel. Es el principal funcionario aprista involucrado en el caso que, hasta ahora, puede ocasionar el mayor costo político a Alan García.Cuando Facundo Chinguel ha querido justificar las más de 5,000 commutaciones (de las cuales, al menos cerca de 3,500 tienen que ver con casos de tráfico ilícito de drogas) otorgadas durante el gobierno aprista, su único argumento es la supuesta búsqueda de una salida al alto número de presos en cárceles. El abogado olvidó que los indultos, las conmutaciones de penas y las amnistías son salidas excepcionales que da el sistema frente a posibles errores. Y son excepcionales porque suponen una intromisión de otros poderes del Estado en las resoluciones judiciales.
Y también olvidó que en uno de los países que produce mayor materia prima para la droga que se exporta a todo el mundo, este caso no pasaría piola. Aquí una cronología de lo que ha sido el escándalo político del año.
Enero 2013: Diario 16 da la primera alerta sobre el caso, al señalar que la Megacomisión del Congreso:
ha encontrado que durante el régimen aprista se dieron en total 232 indultos, entre humanitarios y comunes, así como 5 014 conmutaciones de penas. De este segundo grupo, 3 207 en casos de condenados por tráfico ilícito de drogas, 1 626 por robo agravado, 180 por hurto agravado y uno por violación. "Una cantidad realmente elevada si se compara con otros gobiernos", nos señaló una fuente.
31 de marzo: Cuarto Poder presenta un reportaje en el que da cuenta de los hallazgos de la Megacomisión. Mientras que para el APRA se trataba de simples paqueteros, el programa de América Televisión encuentra al menos un par de casos de bandas beneficiadas:
2 de abril: El Comercio da el siguiente golpe: un jefe de acopiadores de droga en el VRAEM fue uno de los beneficiados con las conmutaciones. En los días siguientes, el APRA comienza a acusar al gobierno con usar este tema en beneficio político. La respuesta del gobierno es revelar que 176 reos beneficiados reincidieron en delitos posteriores a su liberación.
7 de abril: Daniel Yovera, periodista del programa #esnoticia, que dirige Rosa María Palacios, revela el primer caso de presunto cobro de dinero a cambio de conmutaciones. El denunciante es el informante de la DEA Oscar Benítez Linares, cuyo testimonio fue clave para meter a Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente, en la cárcel.
10 de abril: El Comercio da el siguiente golpe que acalla las críticas apristas: el abogado Manuel Huamán Montenegro, quien había sido condenado por narcotráfico, fue parte de la Comisión de Gracias Presidenciales como promotor, durante la gestión de Facundo Chinguel al frente de este grupo de trabajo. Huamán, además, es militante aprista. Luego se conoció que casi la mitad de los facilitadores de la comisión tenían carnet del partido de la estrella.
11 de abril: La República descubre que al menos 4 de los reincidentes cuyas penas fueron conmutadas o fueron indultados pertenecen al Partido Aprista Peruano.
14 de abril: Yovera, en #esnoticia, revela que dos de los conmutados actuaron como vándalos en los incidentes de La Parada. Además, se descubre que Facundo Chinguel visitó en Palacio de Gobierno a Luis Nava Guibert, exsecretario general del Despacho Presidencial y a Julio Zavala Hernández, exsecretario de la PCM. Existen versiones contradictorias sobre la participación de ambos personajes en el otorgamiento de indultos y conmutaciones. Ambos exfuncionarios son miembros del APRA.
21 de abril: Dos programas sacan más revelaciones sobre el caso. #esnoticia profundiza sobre dos nuevas de denuncias de supuestos cobros por conmutaciones e indultos, así como en una conmutada que integró la Comisión de Gracias Presidenciales (Diario 16 descubriría que esta última persona también es aprista). Mientras que Cuarto Poder ahondó en la relación Nava - Facundo Chinguel, que incluyó obras de agua sin permiso de Sedapal en San Juan de Lurigancho y apoyo del segundo (incluyendo pago de avisos publicitarios radiales) en la campaña del primero al Parlamento Andino.
22 de abril: La revista Velaverde descubre que 3 apristas condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas se beneficiaron con la conmutación de penas durante el gobierno de Alan García.
23 de abril: La República hace otro hallazgo: algunos de los conmutados en la gestión de Facundo Chinguel reincidieron en el tráfico de drogas vía Serpost. Curiosamente, el abogado aprista fue miembro del directorio de la empresa estatal de correos.
Y parece que recién estamos al inicio del destape de una caja de Pandora.
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Información: MALI Y LAS AMBICIONES COLONIALISTAS DE FRANCIA - 02/02/2013 16:03:08
" En general, cuando el gobierno francés se ocupa de los malienses es para expulsarlos, ¿por qué, de repente, se transforma en defensor del pueblo de Malí? Para intentar responder a esta pregunta, es inevitable señalar las responsabilidades de Francia en la crisis de Mali.1. Las responsabilidades de Francia en la crisis de Malí
1.1 Las políticas de ajuste estructural
La crisis de la deuda en los años 80 tuvo un impacto dramático en el continente africano. Para Malí en 1968, la deuda era de 55 mil millones de FCFA, pero en 2005 había alcanzado los 1.766 mil millones de FCFA. Los planes de ajuste estructural y las políticas de la Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) han tenido consecuencias desastrosas para Malí, que han dado lugar a la privatización masiva de las empresas de Malí en beneficio de multinacionales a la vanguardia de las cuales están las francesas. La distribución de energía eléctrica ha pasado al control de Bouygues, que está también presente en la mineria, como la mina de oro de Morila. La Compañía de Desarrollo Textil de Malí, que gestionaba el sector del algodón se ha vendido parcialmente a Dagris. Orange, a través de su filial Ikatel, se ha vuelto a hacer con la telefonía.
La Oficina del Niger, que gestiona la tierra cultivable de la cuenca, se ha convertido en un promotor del acaparamiento de tierras. A esto se suma la presencia de multinacionales como Delmas, Bolloré con almacenes de 100.000 m2 para el almacenamiento de algodón. La segunda consecuencia es el debilitamiento de un Estado incapaz de cumplir con sus deberes sociales y de soberanía. Los servicios de salud y educación se están desmoronando, el ejército ,como se ha visto- es totalmente incapaz. Esta tendencia es más pronunciada en el norte del país, que es la región más pobre.
1.2 Corrupción masiva
Al mismo tiempo, la clase política en Mali es especialmente corrupta. El entorno de Amadou Toumani Touré (ATT) y su clan han amasado millones de dólares mediante la corrupción y el tráfico ilegal, especialmente en el norte del país. El tráfico de todo tipo financia no sólo a los jihadistas, armados o no, sino también a la jerarquía militar de Malí y la clase política. Francia siempre ha apoyado a Amadou Toumani Touré, que aunque devolvió el poder a los civiles después del golpe de estado, se presentó y ganó las elecciones presidenciales de 2002-2007 y luego 2007 -2012, en unas elecciones cuya transparencia y limpieza fueron muy cuestionable. Como de costumbre, la diplomacia francesa ha tolerado y apoyado a ATT a pesar de conducir al país al abismo.
1.3 La intervención en Libia
Francia ha estado a la vanguardia de la intervención militar en Libia. Como en el caso de Malí, Sarkozy alegó lo urgente de la situación para intervenir ,entonces se trataba de columnas blindadas que estaban a punto de entrar en la ciudad liberada de Bengasi. Conocemos lo demás, la intervención para bloquear la columna se convirtió en una masiva operación de la OTAN que secuestro la revolución Libia y evitó a golpe de conquistas territoriales que se pudieran construir y establecer estructuras de poder. La militarización total y la caída brutal de Gadafi ha creado un vacío favorable para todos los grupos yihadistas y de traficantes que se han hecho con los arsenales gadaffistas. El fulminante derrumbe del régimen libio, sin una estructura alternativa de gobierno creíble, ha desestabilizado toda la región al eliminar un instrumento de mediación de conflictos en el Sahel.
1.4 Francia juega con fuego
Francia, al igual que otras potencias imperialistas, comprendieron que ATT era incapaz de luchar realmente contra AQMI en el norte de Mali. Se trata de un tema esencial para Francia y AREVA, que ha invertido grandes sumas de dinero para la extracción de uranio en Níger, en la zona fronteriza con el norte de Malí. Creyó que podría utilizar a los tuaregs del MNLA como una especie de poder adicional para garantizar la seguridad de las instalaciones mineras y contener los ataques de AQMI. El Movimiento de Liberación Nacional de Azawad (MNLA) es una organización laica tuareg que lucha por la independencia de Azawad, situado en el norte de Malí. Es el resultado de una recomposición de las organizaciones tuareg. La mayor parte de sus tropas combatientes vienen de Libia, donde sirvieron en el ejército. Con la caída de Gaddafi volvieron a Malí con armas y vehículos equipados con ametralladoras. Una caravana puede recorrer miles de kilómetros sin problemas. La diplomacia francesa de la época, dirigida por Juppé, siempre fiel a sus intereses, explicó que había llegado el momento de iniciar las negociaciones con el MNLA para darle credibilidad y aliento: ""París es favorable a un diálogo político entre malíenses". Así lo reiteró Alain Juppé reiteró en la escalinata del palacio presidencial de ATT: ""Se trata de un diálogo político que ayude a salir de la situación de impasse y evite la confrontación. Un diálogo inter-maliense es absolutamente necesario". En esta reunión el ministro francés ha recordado que Francia se había comprometido a respetar la integridad territorial de Malí y que el enemigo número uno tenía un nombre:. AQMI, al-Qaeda en el Magreb Islámico ""[ 1 ].
El escenario se desarrolla de manera diferente de lo que esperaban los estrategas del Quai dOrsay. El MNLA se aliará con los yihadistas en la lucha contra el ejército de Mali, aunque será expulsado después de las principales ciudades del norte por sus antiguos aliados. Hay cuatro grupos yihadista: Ansar Dine, organización tuareg que se negó a unirse al MNLA y cuya prioridad es la introducción de la sharia; AQMI, que viene del GSPC argelino, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate; el MUJAO (Movimiento por la unidad de la yihad en el oeste de África) y la secta Boko Haram, que siembra el terror en el norte de Nigeria atacando al estado, así como a los nigerianos cristianos.
2. La política de Francia en la crisis de gestión Malí
2.1 Recordatorio
La intervención de Francia en Malí se inscribe en una larga tradición de intervenciones. Desde la independencia de sus colonias africanas, Francia ha intervenido sesenta veces. La estrategia de Francia es mantener su influencia política y económica a través de un apoyo inquebrantable a varias dictaduras que a cambio promueven los intereses franceses. De esta manera, las multinacionales francesas tienen auténticos nichos de mercado en la industria alimentaria, logística, transporte, telefonía, además del saqueo de los recursos naturales, incluido el petróleo y el uranio.
2.2 Peones de Francia
Cuando puede, la diplomacia francesa evita intervenir directamente. También en la crisis de Malí. Tiene dos estructuras para ello. La primera, la presidencia de la Unión Africana, que asegura el presidente de Benín Boni Yayi. Durante su visita a Francia el 30 de mayo, Hollande le aconsejó que la UA hiciera una solicitud de ayuda al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir una intervención militar en África: ""Analizando las distintas maneras de resolver la crisis, el presidente francés pidió a la CEDEAO y la Unión Africana utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU, de modo que puede ""diseñar un marco para Malí y la zona más amplia del Sahel en el que reestablecer la estabilidad """" [ 2 ]. Cuando ha conocido en Montreal la intervención militar francesa, afirmó que estaba muy contento (sic) [ 3 ]. Su segundo punto de apoyo es la CEDEAO, que es la organización que agrupa a los Estados de África Occidental, presidida por Alassane Ouattara, que debe su puesto como presidente de Costa de Marfil a los tanques franceses. La excusa entonces fue hacer respetar los resultados de las elecciones presidenciales. Unas elecciones cuya legitimidad es cada vez más discutible. En cuanto al mediador de la CEDEAO, no es otro que el burkines Blaise Compaoré, bien conocido en el serrallo de la francofonía porque ayudó a derrocar a Thomas Sankara y fue cómplice de Charles Taylor, condenado por crímenes contra la humanidad por su abusos en Liberia y Sierra Leona.
2.3 Francia se opone a un proceso de transición política
Cuando la jerarquía militar ha querido enviar a los soldados malienses al frente, asegurándoles que las armas y municiones llegarían después, estalló una revuelta en el cuartel de Kati, situado a quince kilómetros de la capital, Bamako. Los rebeldes se dirigieron hacia el palacio presidencial, mal defendidos por algunos miembros de la guardia presidencial. ATT tuvo que huir. Los rebeldes tomaron el poder, anunciaron la creación de un consejo nacional. El golpe fue apoyado por las organizaciones de la izquierda radical, activista de la sociedad civil, y parte de los sindicatos que fundaron el Movimiento Popular 22 de Marzo. Esta organización tiene como objetivo ser el brazo político de los militares. La diplomacia francesa está en la misma línea que las potencias africanas de la región. El gran temor es que Malí se emancipe del orden neo-colonial establecido y harán cualquier cosa para restablecer al frente del país al vilipendiado ATT o a alguien de su séquito. La CEDEAO a decretado un bloqueo económico cuya eficacia se ha hecho sentir pronto debido al aislamiento del país. Se sabotean todos los esfuerzos de reforma política que respondan a las necesidades de las poblaciones y consiguen colocar al frente de Mali al Presidente de la Asamblea Nacional, que no tiene legitimidad ni popular ni constitucional. Peor aún, mientras que los yihadistas fortalecen su posición, la CEDEAO bloqueará en los puertos de Dakar y Conacry los envíos de armas que Malí ha comprado legalmente [ 4 ]. Solo serán liberados cuando el gobierno de Mali firme la solicitud de asistencia militar exterior.
2.4 El lobby belicista
Francia hará un intenso cabildeo para que la comunidad internacional acepte el principio de intervención militar. Serán sus diplomáticos los que escriban la resolución de la ONU y se enfrentarán durante meses al escepticismo de la ONU, los EE.UU. y la propia Argelia, que acabarán aceptando de mala gana la propuesta de negociación con grupos como el MNLA y Ansar Dine.
3. La intervención militar de Francia
Analistas como Jacquemot, del semanario LExpress, han explicado que esta intervención se preparó durante mucho tiempo: ""El comienzo de la intervención francesa fue repentino, pero se había planeado durante mucho tiempo. Como prueba de ello, la contraofensiva, que llegó mucho más lejos de las localidades amenazadas, estaba bien preparada""[ 5 ]. Le Drian, ministro de defensa, también habló en 2012 de una intervención inevitable [ 6 ].
Una vez más, la urgencia alegada para justificar la intervención militar busca evitar el debate y permite avanzar hacia objetivos que cambian con el tiempo. De hecho, la intervención se justifica para detener el avance de los yihadistas. Hoy en día es evidente que, una vez alcanzado ese objetivo, aparece otro nuevo: se habla ahora de ""erradicar los islamista, de devolver la seguridad al estado maliense"", lo que permite a la diplomacia francesa total libertad de acción.
Una intervención que se realiza fuera del marco jurídico internacional. Recordemos que la resolución 2085 del Consejo de las Naciones Unidas sólo autoriza la intervención de fuerzas militares africanas. Francia ha obtenido un dictamen favorable a posteriori del Consejo de Seguridad de la ONU, pero con fuertes reservas de los expertos militares del mismo.
Para no salirse del marco legal, Francia sostiene que actuó a petición del Presidente en funciones de Malí, que como hemos visto carece de legitimidad constitucional y popular.
3.1 La intervención va a durar
la intervención tendrá una larga duración debido a la fuerte resistencia de los yihadistas, bien entrenados y equipados. Además, la táctica de estos grupos es separarse e intentar capturar pueblos o pequeñas aldeas. Loa ataques aéreos serán poco efectivos. De hecho, se utilizan principalmente para atacar posiciones fijas claramente establecidas, almacenes, campos de entrenamiento, etc. En todos los casos tendrán que llevarse a cabo operaciones terrestres. Los militares franceses ya han tenido que luchar en Diabali. Teóricamente, estas operaciones deben ser responsabilidad de los ejércitos africanos, pero éstos, como el de Níger o Senegal son muy poco eficaces, y aunque fuesen relativamente eficientes, no conocen el terreno. Así que en todos los casos el ejército francés tendrá que desplegarse, y no se excluye que tenga que estar en primera línea de fuego. Se adivina ya el inicio de una intervención a largo plazo, porque el objetivo es el despliegue de 2.500 soldados franceses en Malí.
Tengamos en cuenta, ya que es importante en un momento importante de austeridad fiscal, que la valoración de la intervención actual se estima en 400.000 euros al día [ 7 ]. No cuesta mucho imaginar lo que se podría hacer con tales sumas para mejorar las estructuras sociales y de salud en la región del norte de Malí.
El reforzamiento del plan Vigipirate, el deseo de dramatizar todo lo posible el riesgo del terrorismo contribuyen a crear un clima de unidad nacional, y al mismo tiempo fortalece el racismo en Francia. Una vez más, la tesis de que el Islam es un peligro potencial para Francia se fortalece.
3.2 El riesgo de crisis humanitaria
Después de seis días de conflicto, la ONU ha registrado más de 150.000 refugiados que huyen de las zonas de guerra y se refugian en los países limítrofes, donde la población también es pobre, así como 230.000 personas desplazadas en el propio Malí [ 8 ]. La falta de apoyo político, el vacío creado por la huida de los yihadistas de las ciudades importantes de la región podría dar lugar a conflictos entre comunidades a partir de viejos resentimientos. El elevadísimo número de armas en circulación en la región, las milicias organizadas, como Ganda Iso ("hijo de la tierra", en idioma Songhai), una de las tres que forman el Frente de Liberación del Norte de Malí, la reciente decisión del MNLA de oponerse a la entrada del ejército de Malí en el norte del país, hace temer una explosión de violencia o por lo menos una serie de conflictos violentos de gran mortalidad provocados por la creación de milicias de autodefensa de las diferentes comunidades. Existe el riesgo más que probable de caer en una situación idéntica a la del este del Congo Kinshasa (RDC) donde, a pesar de la presencia de fuerzas de la ONU, no se puede detener esta espiral de violencia. Sobre todo cuando, como en el caso de la República Democrática del Congo, además de los conflictos inter-comunitarios pesan intereses económicos relacionados con distintos tráficos ilegales, en especial de narcóticos. El caso más llamativo es el aterrizaje de un Boeing 727 lleno de cocaína con destino a Europa con un valor de mercado de varios millones de euros. Ya somos testigos de atrocidades cometidas por el ejército maliense, como informa Le Monde ?[ 9 ]
3.3 La necesidad del internacionalismo
Nuestra posición es contraria a una especia de cuasi unidad nacional impuesta. Hay quienes se han podido ver arrastrados por una emoción perfectamente legítima contra la barbarie yihadista y el sufrimiento de la gente, pero ahora las cosas son cada vez más evidentes, y se nos dice que la guerra será larga, dura y cara.
Francia, que es la fuente de los problemas, no puede ser la solución. Francia, que desde la independencia de los Estados de África ha apoyado siempre a las peores dictaduras, las peores masacres, las peores guerras, que está implicada en el genocidio de Ruanda, no es la mejor situada para defender los derechos de los pueblos en África.
No tenemos más remedio que denunciar la francofonía, el apoyo a los dictadores, el que Francois Hollande reciba a los Bongo, Déby, Compaoré; que no haya dicho ni una sola palabra de protesta sobre la violencia de las fuerzas represivas en Togo contra los manifestantes.
Debemos reafirmar nuestra solidaridad con las fuerzas progresistas de África y Malí que se oponen a la intervención francesa.
Notas:
[ 1 ] http://www.rfi.fr/afrique/20120226-
[ 2 ] http://www.lanouvelletribune.info/i
[ 3 ] http://afriqueexpansion.com/news/68
[ 4 ] http://www.maliweb.net/news/armee/2
[ 5 ] http://afriqueexpansion.com/news/68 ...
[ 6 ] http://afriqueexpansion.com/news/68
[ 7 ] http://french.irib.ir/info/internat ...
[ 8 ] http://www.lemonde.fr/afrique/artic
[ 9 ] Le Monde.fr | 01/15/2013
Anexo: La Resolución 2085 y la cuestión del Norte de Malí
Declaración de Amadou Diarra Tiéoulé , Presidente de la Liga de la Justicia, el Desarrollo y los Derechos Humanos (LJDH)
20 de enero 2013
Considerando que la situación en Malí es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 2085 que autoriza el despliegue en Malí, por un período inicial de un año, de la la misión internacional de apoyo a Malí (MISMA) bajo liderazgo africano (...)
La Resolución, al tiempo que indicó que la MISMA debe respetar la soberanía, la integridad territorial y la unidad de Malí, le asigna entre otras la misión de ayudar a Malí a restaurar la capacidad de sus fuerzas de defensa y seguridad (...) a recuperar las zonas del Norte, en coordinación con otros socios internacionales involucrados en el proceso, incluida la Unión Europea y otros Estados miembros;
Esta es esencialmente la cuestión central.
El origen del problema no es nuevo. Se trata del irredentismo touareg. Pero las implicaciones relacionadas si son nuevas. A saber, la existencia de una realidad ""narco-criminal-fanatica"" estrechamente vinculada a reivindicaciones políticas.
La Resolución 2085 que da una solución a los problemas, sin embargo contiene elementos contradictorios con declaraciones de funcionarios franceses: el respeto a la soberanía, la ayuda para recuperar la zona norte, la protección de los ciudadanos franceses que viven en Malí, la supervivencia Malí, etc. La posición del derecho internacional se establece en la Resolución 2085, es decir, el respeto de la soberanía. Pero, ¿de qué vale ese principio si Francia se reserva la capacidad de proteger a sus nacionales residentes en Mali?
El problema parece solucionarse de dos maneras: primero, la Resolución 2085 se refiere al Capítulo VII de la Carta de la ONU, después a la declaración del Presidente interino de Malí solicitando ayuda de Francia. ¿Se trata del derecho a la legítima defensa individual o colectiva? Es seguramente lo más probable. Pero si es así, la base jurídica se encuentra en el silencio de la resolución 2085 sobre este punto. A menos que se recurra al dicho de que ""la necesidad hace la ley"".
En total, la pregunta que surge es si la intervención de Francia, antes de ""la reconstrucción de la capacidad de las fuerzas de defensa y de seguridad de Malí y el establecimiento de MISMA" es legal. La respuesta es que si la base jurídica para la intervención militar francesa es susceptible de impugnación, tiene, sin duda, una justificación moral, a saber, el derecho a proteger comunidades humanas en riesgo o víctimas de una represión que niegue el derecho a la vida, su sistema político y cultural. Sin embargo, eso no le da facultades para actuar contra los intereses de las víctimas o al margen de iniciativas de las Naciones Unidas.
Además, tanto la Resolución 2085 como la iniciativa francesa plantean claramente la cuestión del acceso a la tecnología de las naciones. Básicamente, el recurso a la tecnología militar francesa muestra claramente que la ONU es un instrumento en manos de las "naciones fuertes. Si existiese una auténtica cooperación entre iguales, no estaríamos a punto de arrodillarnos para pedir a las potencias ricas que nos defiendan.
¡Por el derecho de los pueblos y naciones a dotarse del equipo necesario de acuerdo a sus necesidades!
Amadou Tiéoulé Diarra
Abogado, Malí
Bamako, 16 de enero 2013
Paul Martial es miembro del colectivo anticapitalista Afriques en Lutte
Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster.
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Que opina? EVO EN EL CORRUPTO LABERINTO DE LA ILEGITIMIDAD - 17/01/2013 7:42:24
" Estamos ante una muy destacada coyuntura en la vida política boliviana. El Gobierno enfrenta un nuevo escándalo de corrupción, que no seria trascendente sino fuera por que devela que la justicia al politizarse se ha convertido en la fuente principal de corrupción y por que por primera vez compromete a tres ministerios (de los 7 u 8 desde el 2006) y desata antagonismos al interior de las filas del MAS, agravando la crisis de legitimidad que ya tenia el Gobierno y todo lo que huela a político.La red de extorsión en la que están implicados funcionarios de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia y Transparencia ha puesto una vez más en jaque a la actual administración gubernamental que al haber judicializado la política, priorizado el daño al enemigo político por sobre la vida democrática, lo ha conducido a una permisividad de sus funcionarios con imprevisibles consecuencias políticas. Es mas grave la situación si consideramos que hace poco consolido el control del poder judicial con el cuestionado nombramiento de los fiscales y notarios. Mientras el Presidente y Vicepresidente guardaron silencio durante por lo menos una semana, las autoridades mas altas involucradas, los Ministros de Gobierno, de la Presidencia y de Transparencia no solo no han renunciado sino que dicen haberse legitimado por que su actuación es una muestra del combate a la corrupción.
Algunos voceros del MAS señalan que se trata de casos individuales y no de una o mas redes de delincuentes. Otro argumento es que se trata de infiltrados o de meras acusaciones politizadas. Evo se aleja, actúa como Presidente de otro país, continua con su campaña electoral y aterrado por no ser reelecto solo atina a decir que le duele lo que esta ocurriendo. Trata de huir, proteger a sus ministros involucrados, cuidar se filtre información comprometedora, sacrificar algunas fichas hasta que pase la tormenta y cerrar el tema considerándolo como solo un caso marginal.
El silencio inicial de la oposición solo reafirma que la derecha empresarial y gran parte de la derecha política esta satisfecha en su alianza con el ejecutivo y sus procesados por terrorismo prefieren usarlo como instrumento de negociación para terminar con la persecución. Y en la oposición de izquierda, las cosas no están mejor, evidencia que los movimientos han sido fragmentados o controlados por el Gobierno. Otros minimizan los hechos y dicen que la corrupción política siempre ha existido y es cierto, sin embargo, este Gobierno utilizo como emblemas el mandar obedeciendo, transparencia, anticorrupción, honestidad, control social, hasta, retomar los preceptos incaicos: Ama Sua, Ama Quella, Ama Llulla, y por ello muchos votaron y lo apoyaron. Empero, la suma de reacciones podría generar la recomposición de la derecha y de la izquierda. Las fiestas de fin de año constituyen una tregua, después de la cual se cambiaran algunos ministros y se renovara la lucha por la reelección. Incluso, ante la ausencia de una ofensiva política podría ser que el Gobierno se relegitime. Veamos las complejidades.
Evo y la cultura política de corrupción.
El Gobierno que en ocasiones juega a incentivar conflictos para después aparecer como el salvador y seguir en primera plana de la política, esta siendo desbordado por esos embrollos, por el exceso en las acciones punitivas, por las alianzas pre electorales con los mas ambiciosos y oportunistas miembros de partidos, gremios, sindicatos, movimientos y tecnócratas, que lo han llevado a tolerar la corrupción, perdiendo de vista que estaba frente a un monstruo de mil cabezas y que ahora se dan cuenta de que lo puede devorar. No solo hereda una cultura política de la corrupción, también a funcionarios y abogados neoliberales que trabajaron con Banzer o Goni, expertos en los manejos del Estado y que fueron asimilados precisamente por ello. La corrupción se reproduce e interactúa desde afuera y desde dentro del Estado. Las mafias internacionales están en el país y las redes se han multiplicado.
La corrupción de apariencia legal o legalizada es la madre de las otras formas. Las trasnacionales ,como se ha visto a nivel global- son las principales portadoras de esa insuperable herramienta de convencimiento. Y la burguesía, los políticos y militares son los mejores procesadores cuando convocan a la inversión extranjera o a la ayuda militar. Partidos íntegros se han corrompido y en Bolivia encontramos al MAS aliado con la derecha, en unas regiones con el Mir, en otras con el MNR o con los remanentes de ADN en defensa de alcaldes o gobernadores corruptos como en Santa Cruz o Yacuiba, donde también actúo la red Ostreicher defenestrando a los acusadores con ayuda de esta temible red. Evo y los lideres del MAS viven una lógica política donde lo importante es el control del poder a cualquier precio, monopolizarlo y destruir a la oposición.
Si rascamos un poco el clientelismo, el prebendalismo y el patrimonialismo que ya caracterizan al Estado, también son formas de corrupción. De hecho ,como veremos- se sabe que Evo conocía de muchos de los hechos de podredumbre y no hacia nada al respecto. Y como no iba a saber si cada vez son mas los escándalos y hace algunos meses ,en agosto- la propia Ministra de Transparencia señalaba que habían 8000 procesos por corrupción y solo 100 presos. El mismo Ministerio revelo en diciembre de 2010, que entre los años 2006 y 2010 se recibieron 71 denuncias de corrupción que involucran a 568 funcionarios. Por su parte el defensor del Pueblo, Rolando Villena, denuncia que la principal fuente de violación de los derechos humanos proviene de la policía. Las cifras del Ministerio de Transparencia aunque confusas, al menos expresan lo que era voz populi.
El Gobierno Intentaba superar varios fracasos en el ámbito jurídico y social, uno es frente a la CIDOB y su resistencia a la carretera, imponiendo una anticonstitucional consulta ex post y sobre una supuesta respuesta positiva derogar el DL que le otorga intangibilidad a territorios indígenas, y el otro era como frenar la inseguridad publica, sin confrontarse con aliados institucionales. Las conclusiones de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de DDHH, son tanto o más contundentes que las del defensor del pueblo:
1. El proceso de "consulta" del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales. 2. La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de "libre" y "buena fe". 3. No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS. 4. La consulta giró en torno a la disyuntiva "intangibilidad o desarrollo", presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas. 5. Tampoco se cumplió la condición de "informada", porque no se les presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. 6. La mayoría de las comunidades visitadas rechaza la construcción de la vía Villa Tunari -San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, a la que históricamente se opusieron desde los 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena. 2. Las instituciones judiciales (Jueces, fiscales y Ministerio Publico) y la policía son advertidas por la población como las principales fuentes de abusos, la principal amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos. Su incapacidad de reformar ,pero si someter- al Poder Judicial que cotidianamente se ve abrumado por las la corrupción de jueces, fiscales, policías, militares y funcionarios, marcan las noticias en los medios, aparecen nuevos conflictos propiciados por el intento de consolidar las nuevas formas autoritarias de hacer política auspiciadas desde el Gabinete ministerial.
En efecto, las elecciones ya están en el horizonte y toda la vida política esta marcada por la reelección, los poderes del Estado están controlados, los medios ya están bajo su control y la oposición que queda en este ámbito casi ha desaparecido al beneficiarse de los gastos publicitarios, que se han incrementado enormemente; el censo y las encuestas de opinión se organizan para definir estrategias; miles de millones se gastan en el sexenio en bonos, proyectos rurales, infraestructura y gastos sociales; se intenta controlar la inflación y al fin se perfilan algunas dudosas inversiones en industrialización de los hidrocarburos; la persecución de los enemigos políticos se convierte en política estatal, evitando que aparezca algún contendor que haga peligrar la nueva dominación. Las próximas elecciones en el Departamento del Beni, serán un barómetro de lo que podría después ocurrir en el país. Frente a una derecha cuyo candidato, Lens, aparece favorecido por las encuestas de opinión ya es amenazado por corrupción, una lógica de poder que se ha hecho habitus. El abuso de poder y el miedo están generalizados y con el, la desconfianza en la política y la resistencia cotidiana. Siempre hay quienes demandan honestidad y democratizar las decisiones, no todos se dejan avasallar o comprar con la política clientelar. Movimientos sociales de gremialistas, transportistas, universitarios, trabajadores del sector publico, etc. intelectuales, sindicatos, COB, ONG criticas, CIDOB, CONAMAQ, son algunos de los 100 conflictos mensuales que vive el país.
Detrás de todo esto esta el proyecto de un país extractivista, una economía colonial y una política neoliberal que en la oscuridad viene subastando Bolivia. Y cuando un país se abre a la inversión extranjera convierte en una selva el territorio y los funcionarios son tentados por los inversionistas a los malos manejos. El oriente con petróleo y gas, madera, terratenientes y potencial para alimentos y transgénicos, los valles con la coca y producción de alimentos y los andes con yacimientos mineros son las reales fuentes de corrupción y vienen desde las concesiones empresariales, las actividades económicas que genera, hasta la protección de los lumpen empresarios. Desde la legalización de las grandes propiedades en la constitución, los intentos de expropiar a las TCO, las denuncias de Soliz Rada respecto a la injerencia y manipulación de contratos hidrocarburiferos por los mas altos funcionarios, hasta la instalación de carteles de narcotráfico hay una articulación de procesos a develar.
La coyuntura actual esta fuertemente marcada tres procesos:
1) por el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado preparada por el Poder Ejecutivo por un encargo del Ministro de Gobierno (Romero) a un estudio privado de abogados, según Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados. Apareciendo un fugaz conflicto inédito entre el Ejecutivo y el legislativo. Mas que las disculpas de Romero fueron las convicciones de Delgado que de hecho venia siendo cómplice de la aprobación de incontables leyes inconsultas y no discutidas por los propios congresistas. La importancia de este hecho tiene que ver con múltiples relaciones, con la historia boliviana al poner al descubierto como ha sido y es la acumulación colonial basada en el contrabando, el narcotráfico, las privatizaciones, la apropiación de la tierra, el despojo, la ilegalidad legalizada por un poder judicial privatizado, etc., en lo macroeconómico con la política fiscal y la necesidad de nuevos ingresos; en lo político con la judicialización de la política y la destrucción de los potenciales enemigos electorales y sus financiadores; en lo social con el orden y la construcción de un estado punitivo que domestique totalmente a la población; en lo partidario las ocultas contradicciones en el seno del MAS dirigido por el Gabinete que muestran que el Gobierno esta dividido entre una mayoría de funcionarios y ex lideres obsecuentes, neoliberales y con tendencia represoras y una minoría de personas honestas que aun quedan en la administración.
Ante el rechazo del proyecto del Ejecutivo por transportistas y comerciantes mayoristas y minoristas, trabajadores fabriles, maestros e inmensas capas de pequeños propietarios en enormes marchas callejeras, autocriticado por dirigentes del MAS y cuestionado por abogados constitucionalistas por vulnerar derechos individuales fundamentales como el derecho a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, es aceptada la modificación parcial por la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que estamos hablando de un instrumento legal que penaliza las actividades ilícitas y promueve acciones aceleradas sobre las propiedades adquiridas con recursos ilícitos, otorgando a los imputados un plazo para que presenten descargos y dispone que en caso de flagrancia, la Procuraduría incautará todos aquellos que sean producto del contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción y la adquisición ilícita, Cualquier bien (casas, vehículos, etc.), cuyo propietario no pueda justificar que ha sido adquirido por medios lícitos, será inmediatamente incautado y monetizado en beneficio del Estado. Las duras reacciones ante una norma inconsulta y peligrosa eran de esperarse. La población se siente vulnerable e indefensa y choferes y gremialistas lideran las movilizaciones exigiendo la anulación de la norma por ser inconstitucional y no aceptan la sola revisión de algunos artículos como plantea el gobierno. Realizan marchas, llaman a paralizaciones y amenazan con la huelga general indefinida si el gobierno no anula el proyecto.
La población y mas aun la politizada tiene una profunda desconfianza de todo lo que proviene del gobierno e intuye que este es un instrumento que garantiza las propiedades de sus hoy aliados: las grandes empresas y las transnacionales, que supuestamente operan en la completa legalidad, pero que puede ser muy dura para con los propietarios de la economía informal que podrían ser victimas de la confiscación de su patrimonio en un territorio donde nadie acata la ley y muchos se han enriquecido en la ilegalidad, pues aunque el proyecto de ley determina que el proceso para revertir el derecho propietario solo se activa cuando hay una imputación formal en contra de un presunto narcotraficante, contrabandista o corrupto, el acusado tendrán 15 días para comprobar la procedencia legal de su propiedad.
No olvidemos que muchos masistas son transportistas, comerciantes, gremialistas y creen ser representados por algunos diputados. Las presiones llegaban al poder ejecutivo y Rebeca Delgado, Presidenta de la Cámara de Diputados, fue de algún modo su vocera. Participe de la aprobación de leyes inconsultas, en su inocencia, fue delicada y cauta al admitir que solo algunos artículos del proyecto no concordaban con la Constitución y podían ser objeto de interpretaciones o propiciar arbitrariedades, por lo que recomendó modificar el 60% del texto, acusando de irresponsable al Ministro de Gobierno. El mismo que primero desmintió y después descalifico públicamente señalando que ella no tenia las cualidades académicas ni la trayectoria para llamarle la atención. Lo que le trajo gratas solidaridades. Empero, ella no cuestiono que el parlamento y los otros poderes se han convertido en dependencias del Ejecutivo y que los legisladores del MAS solo levantan la mano aprobando leyes redactadas fuera del hemiciclo.
Para evitar un nuevo estallido social, el Presidente Morales anunció que enviará el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que falle sobre su constitucionalidad en cumplimiento del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado.
Este primer problema coyuntural esta conectado con el que pasaremos a analizar, el despojo de un ciudadano norteamericano, que obliga a dudar y decir a los críticos "imaginemos lo que ocurriría al abrir las trancas para que una DIRCABI cien veces más grande se implante en Bolivia, decomisando las propiedades muebles e inmuebles de ciudadanos que en cinco días no puedan probar a los fiscales y jueces" el origen de sus bienes.
2) El segundo proceso que marca la coyuntura. Es el inaudito caso de Jacob Ostreicher, ciudadano judío norteamericano que es aparente victima de una de las redes de funcionarios públicos de los Ministerios de Gobierno, de la Presidencia, de Justicia, de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), directivos de ingenios arroceros, abogados, etc. Que de no ser asistido por el brillante y laureado actor Sean Penn, por mediación del Gobierno de Venezuela y las presiones de congresistas norteamericanos continuaría preso. Su dinero proviene de los paraísos fiscales y lo mismo que el de su socia, la inversionista colombiana Claudia Rodríguez, no tiene un claro origen económico y social, aunque si legal, lo que difícilmente se llegara a saber algún día. Por algo a los paraísos les llaman lavaderos de dólares. También habrá que ver como responderán a las demandas que se le vienen por los trabajadores de una empresa agropecuaria comprada por él, a quienes ya debe cientos de miles de dólares.
Y es que el constructor Ostreicher y su socio Andrés Solty llegaron a Santa Cruz el 2008, a un país que desde la Presidencia los invitaba a invertir garantizándoles sus actividades; asociados con Claudia Rodríguez invirtieron 27 millones de dólares en Guarayos, la zona norte del departamento en agricultura y ganadería. Ahora se sabe que el ex abogado y asesor del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, habría propiciado que la colombiana Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas. De este modo el astuto Rivera logro que Jacob sea engañado en la compra de 12.000 hectáreas de tierras en el oriente, que pertenecían a Dorado, que había sido deportado a Brasil el año 2011. Jacob, en su confusión, reconoció que Dorado se acerco a él para hacer negocios agrícolas y que ambos terminaron estafados por Rodríguez, pero negó que en alguna oportunidad se haya involucrado en el negocio de las drogas. Además, unos empleados suyos fueron detenidos por narcotráfico y sobre estas bases se construyo la acusación y motivo de su detención. En junio de 2011 es detenido por la policía antidroga, después de haber denunciado a la colombiana Claudia Rodríguez por estafa.
Las declaraciones del abogado de Claudia son esclarecedoras. Indicó que la fiscal Janet Velarde la imputó sin ningún fundamento, porque para sindicarla de legitimación de ganancias ilícitas tendría que haber algún informe que diga que obtuvo dinero de procedencia irregular y ese no existe. El abogado aseveró que el dinero (25 millones de dólares) llegó a Bolivia, después de haber sido desembolsado del banco UBS en Suiza, mediante una transacción legalmente establecida. Sostuvo que Rodríguez tenía un poder pleno y suficiente (de los inversionistas suizos) para invertir en Bolivia, este dinero llegó al país pasando todos los controles internacionales de prevención y detección de lavado de dinero, primero pasó controles suizos, luego de la Unión Europea, de los Estados Unidos y aquí los controles del Banco Central de Bolivia".
Entre 2007 a 2008, cuando se habría hecho toda la transacción de la millonaria suma de dinero, no se detectó ninguna irregularidad. Ratificó que el vínculo con la supuesta actividad del narcotráfico surgió a partir de que el mismo estadounidense Ostreicher acusó a su socia de narcotráfico, y al hacerlo sindicó indirectamente de lo mismo a la millonaria inversión agroindustrial, por consiguiente se acusa él mismo, mas aun si irresponsable y falsamente dijo ser dueño de toda la inversión, entonces "él solito se lanzó esa acusación". Quizás pretendía recuperar lo perdido con el ex coronel y abogado Andrade quien le había cobrado 115 mil dólares por enjuiciar a Claudia y defenderlo.
¿Jacob, en determinado momento habría pretendido encarcelar a la colombiana y quedarse con todo, siendo que el 80% era inversión de los representados por ella? Lo cierto es que finalmente ambos fueron títeres del funcionario Fernando Rivera. Es así que con esta macabra operación de Rivera, que no dejaba rastros ni pruebas, ambos terminan encarcelados Claudia con dos procesos penales y uno civil fue detenida por la Felcn y trasladada a Sucre, por decisión de Régimen Penitenciario. Jacobo, termino en el penal de Palmasola desde junio de 2011 acusado por legitimación de ganancias ilícitas. Les incautaron sus bienes: sus 6 predios, 20.000 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado vacuno de raza. Al menos un 40% del arroz habría sido monetizado (¿a mitad de precio, 3 millones de dólares?) desapareciendo los millonarios ingresos, junto a los conseguidos por las extorsiones, al parecer repartidos entre miembros de la red, entre los que están los fugados operadores de la DIRCABI.
Ostreicher denunció reiteradamente ser víctima de injusticia, mientras las cortes en varias audiencias le negaron la libertad, argumentando aspectos formales como la supuesta falta de una dirección domiciliaria o de prueba de trabajo, según manda el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Ahora ya se sabe que esa decisión fue tomada por presión ejercida por altos funcionarios del Gobierno. Confiados en que los procesos se inscribían en la lucha contra el narcotráfico y en el antinorteamericanismo del Gobierno y en posesión de elementos condenatorios para Jacob se expusieron demasiado, desafiando incluso, las presiones del Gobierno estadounidense, sin advertir el peso potencial que tiene un ciudadano norteamericano, Pero como veremos mas adelante su confianza en la impunidad también provenía de su información privilegiada y de que se consideraban indispensables en procesos judiciales emprendidos por el Gobierno contra la oposición de derecha y de izquierda. El hallazgo y la persecución de narcotraficantes y sus bienes se habría convertido en una mina a explotar usando sus poderes extraordinarios.
Este año, en noviembre, Sean Penn viajo Bolivia, visito a Jacob y comprobó que en Bolivia no se respetaban los derechos de su compatriota. El actor estadounidense intercedió por él ante el propio Presidente negociando un debido proceso a cambio de actuar como embajador de buena voluntad para llevar adelante la reivindicación marítima, la despenalización del masticado de la hoja de coca y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes, el Senador de Estados Unidos, Christopher Smith, denunció vulneración a los derechos humanos en una campaña de solidaridad, otros congresistas mas exigieron justicia. y el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Larry Memmot, exigió definir la situación legal. El cerco apretaba a la banda pero no obstante estas poderosas mediaciones, la jueza Eneas Genitile y otros jueces continuaban declarando improcedentes los nuevos recursos de cesación de libertad debido a que Ostreicher carecía de familia constituida, trabajo y vivienda conocidos en Bolivia. El 11 de diciembre ultimo los jueces Sigfrido Soleto y Édgar Carrasco, en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra negaron otra vez la solicitud de revocatoria de la detención preventiva de Jacob Ostreicher, dispuesta por la mencionada jueza Gentile. Llevando a pensar que la red sigue viva defendiendo sus intereses. Sean Penn, no obstante su solidaridad con el proceso de cambio, anuncio con llevar el caso a tribunales internacionales.
Oficialmente y sin confirmar declararon que el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) trabajo en el accionar de la banda de extorsionadores desde hace siete meses sospechaba que la pandilla era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya que actuó en los últimos cinco años y medio en siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno. ¿Qué y quienes permitieron que permanezcan en esos lugares estratégicos?. Lo cierto es que Fernando Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, con activa participación jurídica en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, teniente Julio Navia y mas. Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder notarial especial otorgado por el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti el 2011 y aparentemente refrendado por el actual Ministro, con el representaban al Ministerio de Gobierno e incluso al Estado en audiencias judiciales y diferentes procesos. ¿Quién y Por qué les otorgaron poderes mayores a los del propio Presidente?. Otro implicado es José Manuel Antezana Pinaya, pariente del ex Vice ministro y hoy diputado por el MAS, Héctor Arce, empezó a trabajar como funcionario de planta con el puesto de "responsable de Gestión Pública el 11 de abril de 2008, dos meses antes de que Arce deje el cargo. Un año y medio después, ascendió a directivo, como funcionario del Palacio de Gobierno, fue aprehendido en La Paz, acusado de comercializar arroz incautado al norteamericano Jacob, cuando ejercía el cargo de Director Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Gobierno, también era miembro del directorio de la empresa Cartonbol en representación del Ministerio de la Presidencia. Otro acusado es Boris Villegas, ex director Jurídico del Ministerio de Gobierno. La Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, rompió el silencio e intento frenar la ola de denuncias y en un comunicado, pidió a la Fiscalía General iniciar de oficio procesos contra quienes hayan sido víctimas de extorsión, pues aceptar la extorsión constituiría un delito, tipificado como cohecho activo. La ministra estaba cuestionada mucho antes por varias denuncias que algunos poderosos se encargaron de ocultar y silenciar. El propio Ministerio de Gobierno la criticó y calificó como un "exabrupto" el comunicado que ella emitió.
La detención de Rivera, acusador del Gobierno nacional impacto en el juicio oral que se reinició en Tarija por presunto terrorismo y alzamiento armado, otro tortuoso caso nunca totalmente esclarecido. Un juicio que ya venia contaminado por que Ignacio Villa Vargas, "el Viejo, antes testigo "clave" para el Gobierno, acusó a personeros del Ministerio de Gobierno y de Inteligencia de la Policía de haber perpetrado los atentados con explosivos en los domicilios del concejal masista Saúl Ávalos y del cardenal Julio Terrazas, días antes del operativo en el hotel Las Américas, en el que fueron abatidos Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer. Villa Vargas reveló además que recibía Bs 7.000 mensuales de Luis Nolberto Clavijo, agente del Ministerio de Gobierno, mientras estuvo infiltrado en el grupo de Rózsa, y que acompañó como conductor a los agentes de Inteligencia Wálter Andrade y Marilyn Vargas (con seudónimo "Karen) cuando estos colocaron explosivos para inculpar al grupo de Rózsa. Además, Villa denuncio que fue torturado para que incrimine a la dirigencia cruceña con el supuesto plan separatista y mencionó al exministro de Gobierno Alfredo Rada de estar involucrado en la trama.
Otra fuente de la Fiscalía aseveró que otro caso es el de Terrorismo II, que indaga a los financiadores del grupo presuntamente secesionista de Eduardo Rozsa. "Lograron sacar millones para que algunos ganaderos no sean investigados y que se desvíe la pesquisa hacia otras personas". Explicó que en la mayoría de los casos, las parejas de los abogados Rivera y Rodas tomaban contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían en el momento de intentar cobrar. En el caso de Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico y poseedor de 10 millones de dólares, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola. Y siguen apareciendo decenas de denuncias, que comienzan a ser procesadas, agravándose la credibilidad gubernamental. Al 21 de diciembre ya sumaban 80, según el Ministro Romero.
Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi actuaban como mercenarios jurídicos y así como servían para montajes contra la derecha también lo hacían contra dirigentes indígenas y populares. Son los que presentaron, en 2011, la denuncia contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca; acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno. Cuando el Gobierno ha tenido problemas sociales o políticos Juan Ramón Quintana, capitán dado de baja y sin embargo, egresado de la Escuela de Las Américas y experto en inteligencia, en cargos clave como nada menos que el Ministerio de la Presidencia, se habría encargado de deshacer entuertos. Fue Asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez (en el periodo 1999 - 2002) Soliz Rada hace algunos años lo conmino a que explicara de manera pública el financiamiento que recibió, antes de integrar el gabinete, de la Open Society (de Soros) para su Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Soros es uno de los principales accionistas (20%) de la compañía Apex Silver Mines Limited, matriz de la empresa minera San Cristóbal SA, que el último trimestre del 2007 comenzó a operar en la zona de los Lípez, en Potosí, explotando plata a cielo abierto con expectativas de exportación de 200 millones de dólares anuales. Mas tarde, el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún ( Empresa Siderúrgica del Estado Boliviano), Walter Chávez, involucra a Quintana con la Empresa Siderúrgica Jindal, de la India acusándolo de abuso de poder y traición a la Patria al querer obligarlo a cambiar el contrato internacional entre la Jindal y el Gobierno Boliviano para satisfacer intereses extranjeros. Y finalmente en Red Uno TV Rafael Quispe, dirigente de Conamaq, denuncio que El Ministro Quintana y el Senador Isac Avalos se habrían apropiado de 5 millones de dólares.
Página Siete señala que según fuentes de la Fiscalía de La Paz el mismo grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio. El ex Vicemisnistro Gustavo Torrico, antes defenestrado por supuesta corrupción, pidió se investigue a Boris Villegas, ex jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno (2007-2012) y después funcionario del Ministerio de Transparencia y se revisen los casos de corrupción en decenas de Bingos extorsionados para permitirles funcionar clandestinamente y otros casos que se dejaron en la oscuridad.
De los archivos de noticias, Radiofides.com hace un repaso de los casos más sonados que el Gobierno tuvo que enfrentar por acusaciones de corrupción, nosotros resaltamos solo los que nos parecen mas significativos, de los cuales algunos simplemente fueron institucionalizados y otros silenciados y archivados : El primer caso públicamente conocido en el Gobierno de Evo Morales; en agosto de 2006 la Cancillería denunció la falsificación de documentos para visados chinos, se implicó en el caso a los entonces senadores del MAS, Santos Ramírez y Guido Guardia. Luego se denuncio el caso la desaparición de tractores y maquinaria agrícola donada. Mas tarde, el 27 de julio de 2008, un convoy de 33 camiones con contrabando evadieron el puesto de control fronterizo en Pando, los propietarios argumentaron que tenían permiso del ministro Quintana. Los vehículos fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, donde tras permanecer un mes rebasaron al Control Aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando.
El caso fue denunciado por el entonces presidente de la Aduana, César López. El 27 de enero de 2009 la muerte violenta del empresario Jorge O Connor destapó el mayor escándalo de corrupción en YPFB, el atraco y robo de 450 mil dólares destapó una red de corrupción en la que estaba implicado directamente el ex presidente del Senado y alto dirigente del MAS, Santos Ramírez, que en la ocasión era titular de la estatal petrolera. El pago de coimas, la creación de millonarias empresas fantasmas y adjudicaciones irregulares fueron descubiertas, hoy el principal involucrado cumple una condena de 12 años de cárcel. A inicios de 2010, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya descubrió que sus antecesores habían montado una red de corrupción que incluía sobresueldos, designaciones irregulares, viajes de lujo, ampliación de mandato de los directores e incluso la construcción de una alcoba de ""cinco estrellas"" en las propias oficinas de esta entidad.
En septiembre de 2010 se destapó un escándalo de corrupción en Vías Bolivia, tras descubrirse que se habían vendido boletas de peaje sin numeración, provocando un daño económico considerable al Estado. Este caso provocó el alejamiento del cargo del director de la institución, Juan Enrique Jurado. En junio de 2012, Gerson Rojas el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos fue destituido tras destaparse presuntas irregularidades en los procesos de licitación de la planta de Río Grande, en el caso además se implicó a otro de los miembros de la comisión calificadora de YPFB, Agustín Javier Ugarte, se calculan daños cercanos al medio millón de dólares, lo que sigue siendo investigado. En este caso, está en cuestión la legalidad de la adjudicación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande a la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA), valuada en 159 millones de dólares, por existir indicios de una presunta coima en el proceso de contratación. La investigación develó que la AESA realizó el estudio de cotización para la construcción de la Planta y con este antecedente YPFB le adjudicó la obra y contrató a una empresa socia de AESA, BOLPEGAS (Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL) para que realice la fiscalización de la obra.
Otro caso destacado es el de la construcción de la fábrica de papel Papelbol, un daño económico al Estado por 13.571.010 millones de dólares y el principal sospechoso es el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado. Según la evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers, el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6.118.000 dólares, lo que revela un sobreprecio de 7.453.010 dólares. El Fiscal de Materia de la División de Corrupción Pública, Aldo Ortiz, que ordenó la aprehensión del exgerente General de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, con la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El abogado del ex gerente de Enabol, Moisés Ponce de León, acusó al ministro de Defensa de la inversión de los 28,9 millones de dólares y pidió que sea investigado. "Tiene que ser investigado el ministro de Defensa y tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, tiene que explicar al pueblo boliviano por qué ha incumplido sus deberes como presidente del directorio de Enabol", dijo Ponce de León a radio FIDES. Finalmente, el Viceministro Pérez dice estar investigando la denuncia de un negociado por 3 millones de dólares en madera supuestamente de contrabando realizado con ayuda del ex viceministro Marcos Farfán y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas, y con la participación de Denis Rodas, detenido actualmente en el penal de Palmasola.
Otros asuntos han sido los relacionados con narcotráfico que también tocan a gente del oficialismo. El primer caso conocido fue el del mallku que posesiono a Evo en 2006 que fue encontrado con cerca de 300 kilos de cocaína. En diciembre de 2010, el juez de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, envió a la cárcel al ex alcalde masista de Catacora (Pacajes-La Paz), Justo Zanga, quien fue detenido en una operativo antidroga, junto a una colombiana, con 190 paquetes de cocaína. El 2011, el alcalde del MAS en Calamarca (Aroma-La Paz), Luis Mamani, también fue detenido en posesión de 2.098 gramos de cocaína. Un último suceso involucra al ex jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, general René Sanabria; trasladado a Estados Unidos, desde Panamá, por cargos de narcotráfico.
Incluso el BID fue atracado por los funcionarios del MAS, este banco en su informe anual 2010, notifica que entre los años 2007 y 2010, sancionó 72 veces a Bolivia por corrupción, fraude y colusión, debido al mal manejo de los créditos otorgados por la institución. Un proceso que falta esclarecer es el del alemán Dirk Schmidt, auto calificado de internacionalista que apoyaba el proceso, y que colaboro comandando un grupo de funcionarios del Gobierno para investigar extorsiones a menonitas y que termino preso en julio de 2010 junto al ex Viceministro Gustavo Torrico, que además fue destituido, ambos acusados de lo que ellos detectaron que hacían los funcionarios del Ministerio de Gobierno.
Estos son solo algunos destacados ejemplos, pues en realidad estamos ante un conjunto de redes nacionales que se van descubriendo en la medida en que estas exceden los limites de la ambición. No seria exagerado decir que hay mafias o hechos de corrupción en todas las actividades económicas y en todas las dependencias publicas. La burguesía pequeña busca ser burguesía media y para eso sirven las profesiones y postgrados. Desarrollan la capacidad para detectar de donde viene el dinero y apropiarse del mismo. Pero también están los políticos, maestros desde la experiencia, que trasmiten el acervo acumulado. Se trata de un viejo sistema de corrupción permanentemente renovado y naturalizado por cada nueva administración. Basta visitar la Felcn, tramitar una licencia, constancias, migraciones, bienes reales, cárceles, colegios, hospitales, etc.
Estamos hablando de un problema que se puede generalizar, es decir es parte de la herencia cultural colonial, de un pensamiento colonial que marca la memoria. Bolivia, antes lugar de refugio de cowboys (Butch Cassidy y Sundance Kid llegaron a Tupiza en agosto de 1908) y nazis (Klaus Barbie el "carnicero de Lyon) ahora de narcos de Brasil (Se calcula que el 70% de la coca es para el mercado de Brasil) Colombia y de varios países europeos. La mayor organización criminal brasileña, el Primer Comando de la Capital PCC), Colombia (La red ya penetró a alcaldes, como el de la ciudad de Warnes, y a oficiales del Ejército, como el ya citado general (r.) René Sanabria, cabeza de la lucha antidrogas de Evo Morales), mafias europeas de Italia y Rusia, inversionistas brasileros y muchos otros compradores de fincas provenientes del narco y/o de paraísos fiscales que buscan invertir en comodities ligados a la producción de minerales o alimentos. La idea de capitalismo andino esta en todo, es la demanda de la vieja y nueva lumpen burguesía intermedia que quiere también enriquecerse como lo hicieron los qaras de la oligarquía. Los terratenientes consiguieron serlo avasallando y asesinando, la burguesía endeudando al propio Estado. Es la acumulación por despojo que inicia un nuevo ciclo y se expresa en toda la economía.
El contrabando, el narcotráfico, las mafias, concesiones a trasnacionales extractivistas, invitación a la inversión provenga de donde provenga, etc. es un sistema mantenido por el Gobierno e involucra a los nuevos militantes del MAS que provienen de la derecha y los viejos dirigentes masistas ubicados en cargos que ven la oportunidad de enriquecerse. Respuesta practica a la pregunta ¿por que ellos son ricos y no podemos serlo nosotros?. Y es que no se ha roto con esa forma de capitalismo y mas bien se esta fortaleciendo. Hay muchos casos desconocidos y otros denunciados que han terminado siendo ocultados o minimizados: barcazas, tractores, papel bond, cooperativas San Luis, Ingenios, empresas eléctricas (Guaracachi), las filmaciones por funcionarios, hoy desempleados, del Ministerio de Gobierno, sobre los intentos de soborno a "El Viejo" para que no preste declaraciones ante la justicia en el caso Rózsa o las reiteradas denuncias sobre supuestos encuentros de algunas autoridades con un presunto narcotraficante brasileño. En todos estos casos prima la impunidad. También comprende a los profesionales e intelectuales, están a la búsqueda de cotos de caza de la ayuda internacional, a los cuales sirve la calificación de país sumido en la miseria, para que aparezcan fondos de los que apropiarse y para ello se organizan en consorcios de abogados, ONG, fundaciones, etc.
Esta red da muestras de involucrar a la mayoría de fiscales y muchos jueces, a tal grado que los que hoy procesan también son sospechosos de pertenecer a la red. Lo ocurrido ha podido evidenciar lo que es la oposición de derecha en la actualidad. El Comité Cívico de Santa Cruz en boca de su presidente felicitó al Gobierno por la destitución de funcionarios y la lucha contra la corrupción. Otros opositores quedaron en silencio. Muy pocos asociaron la ley de extinción de dominio con el caso Ostreicher. Solo un analista dijo que probablemente de lo que se trataba era de promulgar la ley para legalizar inmediatamente la expropiación y monetización de los bienes del ciudadano norteamericano y liberar al preso sin derecho a sus bienes. Si hubiese una derecha amenazante hubiesen pedido el cese inmediato de por lo menos tres ministros: Gobierno, Transparencia y de la Presidencia. Quizás también que unos fiscales y jueces no juzguen a sus colegas o amigos. No es posible que las altas esferas no supieses lo que ocurría con las autoridades de su despacho.
3) Por ultimo el intento de asesinato del periodista Fernando Vidal de Yacuiba-Tarija es una muestra de lo anteriormente dicho en un microespacio. Es una expresión micro de las redes que vienen extendiéndose en todo el país con la corrupción en Gobiernos departamentales y locales. El periodista al que le incendiaron la estación de radio con el adentro, fue trasladado hasta Salta (Argentina) donde será atendido en el Hospital del Quemado de manera gratuita, ya que los recursos para continuar su tratamiento no le alcanzaban. Desde Argentina pudo denunciar con mas libertad a Radio Mitre lo ocurrido.
Un intento de homicidio que de acuerdo a denuncias del propio periodista y de sus familiares, los presuntos culpables son políticos que tienen el poder local en Yacuiba, Gran Chaco y Tarija, aliados del actual "gobierno del cambio". Denunció desde una clínica en Santa Cruz: aquí son tres grupos de poder que están detrás del intento de asesinato y todo esto es por dinero de las regalías por hidrocarburos que percibe Yacuiba. Uno de esos grupos son los intelectuales que se gastaron 200.000 dólares para intentar callarme y esto tiene relación con Poder Autonómico Nacional y el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru.
No acusó de manera directa al alcalde pero él debe saber lo que hace su gente"", ""Deben investigar a todos los de PAN. Este año va a tener 600 millones, más 700 millones de la subgobernación, caramba es mucha plata. Cualquiera, si hay que matar a Cristo 10 veces más. Pero yo no puedo decir es fulano o sutano que la Contraloría investigue, que el Ministerio de Transparencia investigue"", reflexionó el periodista.?Poder Autonómico Nacional (PAN) es un ramal de los partidos neoliberales Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) y actualmente es aliado del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). A sus 70 años, es una personalidad reconocida en Yacuiba donde fue alcalde y dirigente cívico. "Este ataque está originado por mis permanentes denuncias a políticos y funcionarios subalternos y los llamados ""empresarios que se están haciendo ricos con la ejecución de obras públicas", señaló.
"Este cuento de la autonomía les ha permitido ganar las elecciones a estas personas bajo la bandera del poder autonómico nacional y de ese modo manejar de manera irrestricta cantidades millonarias de dinero que provienen de las regalías gasíferas sin un programa regional de desarrollo. Es un engaño al pueblo, que sigue pasando necesidades. El Gobierno del presidente Evo Morales sabe que son unos ladrones, pero también sabe que no los puede echar porque de esa manera puede gobernar tranquilo", indicó. Luego agregó: "A mí no me atacaron los narcos ni los contrabandistas. Ellos están en otra cosa. Hacen su negocio y no se meten ni polemizan con la prensa. Yo fui víctima de los que se están enriqueciendo con los dineros públicos. Y eso lo debe investigar el Gobierno, pero no lo hace. En este contexto hacer periodismo en Bolivia es un suicidio; estas autoridades se burlan de los periodistas; si te portás bien te pago bien, si te portás mal, te pago mal, mientras te corriges. Los medios de comunicación en Yacuiba están todos controlados. Cuando yo toqué la columna vertebral de esta gente me transformé en alguien peligroso y me mandaron a matar", afirmó el periodista. ""Hoy las cosas han cambiado, porque en siete años en el gobierno del MAS ha aflorado un estado de corrupción salvaje"", explicó en diálogo con Radio Mitre.
Rolando Carbajal, conocedor de las intimidades del poder en Bolivia impacta con sus observaciones. Señala que en el plano de la política criolla, en agosto de 2012 se corrió la voz del mayor acercamiento Paz Zamora-Morales al punto de colocar a Rodrigo Paz como vicepresidenciable, una vez confirmado el desplazamiento de García Linera y se abran las compuertas visibles de mayores divergencias oficialistas a propósito de una alianza con el viejo MIR. Para reproducir el poder, "todo sirve". "La apariciones de Evo con el ex presidente habrían proclamado lo ineludible de la alianza electoral con el MIR a fin de disponer de las ingentes regalías tarijeñas y alcanzar al menos el 40 % del electorado evitando una eventual segunda vuelta en las elecciones y dificultades para controlar el Senado 201". Con la degeneración política del Gobierno, todo parece plausible.
La creciente ilegitimidad entre los sectores populares especialmente entre los indígenas del oriente y los trabajadores públicos, va de la mano con el aumento de la legitimidad entre los empresarios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a quienes les ha concedido: 1. A mediados del 2011 la legalización de cultivos y semillas transgénicas, base del negocio de la soya y del etanol, 2. la paralización por cinco años de la verificación de la función económico social (fes) para la tenencia de la propiedad agraria y 3. Ampliación de la frontera agrícola hasta cinco veces, a 11 millones de hectáreas.
Raúl Prada explica lo que viene ocurriendo señalando entre otras causas: "Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes se sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales." Y agrega otra: "Ni en la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices."
Es un buen momento para el cuestionamiento del Estado colonial y de las formas perversas de gobernar de un poder usurpador de la voluntad popular, verticalista, concentrador y centralista; es una gran ocasión para la exploración del ejercicio desde abajo de practicas solidarias, participativas, transparentes y de control social. La sociedad solo así podrá erradicar grupos y redes mafiosas, que van convirtiendo a la sociedad en victima y rehén del Estado y sus redes de execrables formas de poder, que ignoran los derechos fundamentales de indígenas y del pueblo en general.
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Información: El irreversible daño a Inambari, reportaje de Jacqueline Fowks - 24/02/2012 16:03:29
"Jaqueline Fowks ha presentado un excelente reportaje sobre lo que viene sucediendo en Inambari, tanto en términos mediáticos como políticos y económicos. Considero su lectura como imprescindible para que vean cómo se diseñan y promueven políticas públicas que merecen otro escenario de discusión. Como país deberíamos sentirnos avergonzados por permitir que los intereses de otro país como Brasil se impongan en el nuestro y de forma cuestionable. El daño a nuestra biodiversidad sería irreversible, los problemas ambientales serían lamentables para nuestro país y por lo demás, el 100% de la energía iría a Brasil. A continuación presentamos un vídeo y un reportaje de la destacada periodista que nos sensibilizarán sobre el tema, más aún cuando en el Congreso de la República, desde Mayo de este año, a raíz de la visita de la presidenta brasileña el tema sería vuelto a tocar:Las tensiones de Egasur por el proyecto Inambari en Puno
Por: Jacqueline Fowks
El proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari tuvo a favor la voluntad política del gobierno del presidente García y, pese a ello, cuando concluyó la prórroga de la concesión temporal ,en junio 2010, la empresa de capital brasileño Egasur no pudo terminar los trabajos conducentes a la concesión definitiva. La actuación del consorcio deja ver la complejidad de la operación y, a la vez, la claridad del origen de los conflictos sociales en Puno relacionados con este megaproyecto. Este reportaje abordará el desempeño de la empresa en dicha región.
En 2008, el consorcio brasileño Inambari Geraçao de Energía (Igesa) compró las acciones -e incrementó el capital inicial- de Egasur y pasó a tener el 99.9% de ellas y el funcionario de la constructora OAS, Valfredo de Assis Ribeiro Filho, el 0,01% restante. El consorcio está formado por tres empresas: OAS (51%), las estatales Eletrobras (29,4%) y Eletrobras Furnas 19.6%, de acuerdo a información institucional divulgada por Furnas en mayo 2010. (1)
El impulso dado por los gobiernos de Lula y García al firmar el memorándum de integración energética entre ambos países y el hecho de que una empresa estatal brasileña fuera parte del proyecto, facilitaron el proceso inicial, tanto así que funcionarios peruanos del ministerio de Energía y Minas -entre ellos el ex ministro Pedro Sánchez (2), en marzo 2010 y octubre 2009 (3)- destacaban los beneficios de dicho emprendimiento y las previsiones sobre los daños que causaría. El congresista aprista Tomás Cenzano (4) también se pronunció en ese sentido, y además remarcó la solidez financiera del consorcio Igesa, cuando hubo cuestionamientos a Egasur por el capital de diez mil soles con el que fue creada.
De acuerdo a las presentaciones públicas realizadas por el presidente del directorio de Egasur, ingeniero Evandro Miguel, la inversión para el proyecto de la hidroeléctrica era de poco más de 4 mil millones de dólares.
Como parte del proceso relativo al acuerdo bilateral, los viceministros de Energía y otros funcionarios del MINEM viajaron a reuniones de trabajo en Brasil ,autorizadas por resolución ministerial- en mayo 2008 (vicemin. Pedro Gamio), agosto 2008, mayo 2009 y agosto 2009. En algunas, por ejemplo, en mayo 2009 el viceministro Daniel Cámac hizo una presentación en Río de Janeiro ,en un seminario técnico de integración energética (5), al igual que el superintendente de operaciones internacionales de Eletrobras, Sinval Gama Zaidan, uno de los accionistas (6) de Igesa, que detentaba la concesión temporal de Inambari. Un encuentro similar tuvo Cámac en Río de Janeiro en agosto 2009 (7) con altos ejecutivos del sector eléctrico brasileño, privado y estatal, en el IV seminario internacional del sector de energía eléctrica, realizado con apoyo de seis empresas, una de ellas Inambari Geraçao de Energía S.A. En marzo 2009 se reunieron el entonces presidente Alan García con el director internacional de OAS, César Uzeda (8), y el country manager Valfredo Ribeiro Filho para dialogar sobre Inambari. A inicios de febrero 2010, se repitió la visita a Palacio de Gobierno (9) ya con Ribeiro Filho como gerente general de Egasur y Uzeda como miembro del Consejo de Administración de Igesa.
En entrevista para este reportaje, el presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), César Butrón, indicó que colaboraron con Eletrobras proveyendo información para cálculos y el estudio de factibilidad del proyecto Inambari. El COES es una entidad técnica privada que agrupa a generadores, transmisores y distribuidores de electricidad y es la principal institución que realiza proyecciones de demanda de energía en el Perú, asunto que será clave cuando el Estado peruano negocie con Brasil la cantidad de electricidad que exportará y la que mantendrá para el mercado interno. Butrón también participó de algunas de las reuniones y seminarios de trabajo en Brasil, mencionadas en el párrafo anterior.
El proyecto Inambari llamó la atención de algunos medios de Lima cuando en noviembre 2009 el diario brasileño Folha de Sao Paulo informó que Fernando Sarney, hijo del presidente del Senado, José Sarney, y Silas Rondeau incurrieron en tráfico de influencias al tomar decisiones sobre la agenda del ministro de Energía y Minas brasileño, Edson Lob
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