Gestión Pública del Perú y el Mundo: El Poder Judicial y El sistema de justicia

Que opina usted? Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera - 14/02/2014 11:05:32

"Un caso de criminalización de la protesta ganado: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera
Por Janelle J. Rocca Galarza (*)
Lo que leerá es una historia surrealista.
Primero: una empresa minera decide meterse a realizar actividad minera en un territorio de unas comunidades campesinas, a pesar de no contar con licencia social y no haber realizado la consulta previa con las comunidades campesinas dueñas del territorio donde pretende explorar.
Segundo: la comunidad decide denunciar ante las autoridades del Estado que esta empresa minera se ha metido a su propiedad sin permiso, sin resultados concretos.
Tercero: cansados de la indiferencia del Estado, las comunidades deciden defender su territorio, contra la intrusión de esta empresa, y son increíblemente procesados penalmente por el sistema de justicia.
En resumen, es como si el delincuente que se ha metido a la fuerza a tu casa sin permiso, te denuncia por sacarlo a la fuerza, luego que ninguna autoridad ha cumplido con defenderte. A continuación un caso real que acaba de ocurrir en Huancavelica:
El distrito de Secclla, ubicado en la provincia de Angaraes, región Huanvelica, se encuentra conformado por las comunidades campesinas de Secclla, Allarpo , Chillama, Atuna , Quihuay, Ccochatay, Eccana, Maray, Quispicancha, Pucamaray, Antamachay, Rupasccahuasi, Tranca, Huaraccopata.
Al igual que todo pueblo de nuestra región andina, los habitantes de Secclla se dedican a la agricultura y ganadería; siendo hereditarios de paisajes serranos inolvidables y donde se encuentran las nacientes de muchos ríos de la zona. Así tenemos, que en el paraje de Pampamali se ubican las cabeceras de cuenca de los ríos Atuna y Sicra, el primero, alimenta a las zonas bajas del distrito de Secclla, mientras que el segundo, al distrito de Lircay.
Pero al igual que todos los distritos de nuestra serranía peruana, el de Secclla no es ajeno a la problemática de conflictividad social que aqueja al país en la actualidad, dado que gran parte de su territorio se encuentra concesionado para la explotación minera.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus reportes mensuales de conflictos sociales, ha registrado que en este distrito existe un conflicto social permanente desde el año 2007, no obstante, el origen del mismo, se remonta allá por el año 2002, en que la Compañía Minera Pampamali S.A. (COMIPSA), inicia sus operaciones de exploración y explotación en el paraje Pampamali -que como ya hemos mencionado- el cual es zona de las nacientes de los ríos Sicra y Atuna.
Ahora bien, como es común en todos los casos de otorgamiento de concesiones mineras y de autorizaciones para el inicio de actividades de exploración y explotación por parte del Estado peruano dentro de los territorios de las comunidades campesinas, existe una vulneración permanente del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como el derecho al territorio, a la libre autodeterminación, entre otros; situación que ha desembocado actualmente en una creciente ola de conflictos sociales a nivel nacional, siendo los más frecuentes los de tipo socioambientales ligados con la industria minera.
Dentro de este contexto, se enmarca la problemática de conflictividad social suscitada entre las diferentes comunidades campesinas del sur de la provincia de Angaraes ,en especial, del distrito de Secclla- contra COMIPSA durante los días 06 al 24 de noviembre de 2007, fechas en las que deciden realizar varias jornadas de manifestaciones pacíficas en los alrededores de las instalaciones del campamento minero, a efectos de exigirle a ésta el retiro definitivo de sus territorios comunales y el cese de sus operaciones por no cumplir con las normas ambientales y mineras, además de haber vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Las jornadas de protestas que se desarrollaron durante cerca a un mes en el paraje de Pampamali, donde se generaron actos de violencia contra la población por parte de los trabajadores de la empresa (1), concluyeron con el retiro de las instalaciones del campamento minero de COMIPSA, en vista que se determinó la realización de sus actividades mineras de manera ilegal e irregular.
No obstante, a pesar que COMIPSA inició y desarrolló sus operaciones mineras vulnerando diversos derechos fundamentales de las comunidades campesinas de la zona, además de haber transgredido el ordenamiento jurídico (2) y haber generado un clima de conflictividad social, la referida empresa decide denunciar penalmente a varios pobladores, entre ellos, dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, denuncia que es formalizada contra 16 de ellos por parte de la Fiscalía Mixta de Angaraes, a cargo del Dr. Henry Mamani Valdivia.
Las investigaciones, a nivel preliminar y judicial, se llevaron a cabo por más de 04 años, concluyéndose con un dictamen acusatorio y una requisitoria oral condenatoria por parte de la Fiscalía de Huancavelica, a cargo del Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez, de los 16 procesados por los delitos de secuestro, robo agravado, coacción, entre otros y solicitando penas excesivas y desproporcionales de hasta 35 años de cárcel para varios de los acusados.
Sobre el particular, es necesario destacar que al momento de efectuar su requisitoria oral, el representante del Ministerio Público de Huancavelica desconoció e ignoró totalmente el contexto político y social por el cual se desarrollaron los hechos de los días 06 al 24 de noviembre de 2007 y que fueron materia del referido proceso penal, así como no tomó en cuenta la práctica y el uso recurrente, como forma de amedrentamiento, del aparato punitivo por parte de COMIPSA contra los dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, que desde más de 11 años han venido exigiendo a esta empresa el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto de sus derechos fundamentales.
El juicio oral duró como cerca de 06 meses, concluyendo este miércoles 05 de febrero con la absolución total de los 14 procesados (3), dado que la Sala Penal de Huancavelica no logró encontrar suficientes medios probatorios que pudieran enervar el principio de inocencia de los acusados.
Sin embargo, consideramos que el Poder Judicial de Huancavelica perdió una importante oportunidad para pronunciarse y sentar una valiosa jurisprudencia , como en su momento lo hiciera la Sala Penal de Iquitos en el famoso caso Andoas- sobre uno más de los casos de criminalización de la protesta social que se ponen en evidencia en un contexto de conflictividad social que atraviesa el país. Lastimosamente, esta Sala Penal , al igual que el Ministerio Público- intentó abstraer y desvincular el caso de su real contexto político y social, y lo analizó como si fuera un mero caso delincuencial cotidiano.
El conflicto en la zona aún sigue latente y COMIPSA continúa haciendo uso del aparato punitivo para perseguir a los dirigentes, líderes y autoridades del distrito de Secclla. La justicia Huancavelicana todavía tiene la oportunidad de tocar los orígenes de este conflicto y lograr encaminarlo por el sendero respectivo.
(*) Abogada de los 14 procesados y miembro de la Asociación Civil "Colectivo por la Madre Tierra , COMTERRA".
Fuente: JusticiaViva
Notas
Producto de los actos de violencia, hubieron dos heridos, uno de ellos de gravedad que posteriormente le generó la muerte. Los responsables han sido sancionados por el delito de homicidio culposo, en la actualidad, se encuentran libres.
Es importante destacar que COMIPSA inicia sus operaciones en el 2002 sin contar con la certificación ambiental respectiva. Para el 2007 no contaba con la autorización, otorgada por la ANA. para el uso de aguas superficiales ni la de vertimientos de aguas residuales tratadas; además no tenía la autorización por parte de las comunidades para el uso del terreno superficial.
Los procesados César Cuadros Roiro y Carlos Candiotti Valenzuela, fallecieron en el transcurso en que se desarrolló la investigación judicial.

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Es Noticia, LA CRISIS EN EL MINISTERIO PUBLICO - 25/01/2014 10:42:38

" Varios signos registrados por la prensa en los últimos días nos dan cuenta de una severa crisis en el Ministerio Público, una institución que, por su contribución a la investigación de los delitos, debería ser más observada por la prensa, la academia y el público en general.
Durante las últimas dos semanas, hemos presenciado las disputas entre los fiscales supremos para ver quien podría ser elegido como Fiscal de la Nación. Dichas pugnas no se basaban en los méritos de cada uno de los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público, sino en ver quien estaba más o menos ligado a un partido político en particular, sea directa o indirectamente.
Peor aún, como ha registrado Ricardo Uceda en la última semana, algunos nombramientos ejercidos por el Consejo Nacional de la Magistratura parecen haber estado condicionados a la correlación de fuerzas dentro del MP, antes que en un real análisis sobre las condiciones profesionales y calidades éticas y personales de los postulantes a tan altos cargos.
Otro ámbito de preocupación se registra en el terreno de la lucha contra la corrupción. Las recientes resoluciones de la Fiscalía de la Nación que liberan de responsabilidad en enriquecimiento ilícito a Alan García y Alejandro Toledo han sido cuestionadas por la Procuraduria Anticorrupción tanto por la calidad de los peritajes realizados como, en el caso de García, por la cercanía de los peritos a su partido. Lo mismo ha ocurrido con otros exfuncionarios públicos. A ello se suma la rotación de fiscales anticorrupción abocados a casos importantes.
Lo mismo podríamos decir con el control interno alrededor del Ministerio Público. El gerente general de la institución se encuentra involucrado en un caso de sobornos en licitaciones, sin que al señor José Pelaéz Bardales se le mueva un solo dedo para pedir una explicación a su funcionario de confianza al respecto. Por el contrario, el fiscal que investigaba el caso fue removido.
Finalmente, el caso de las esterilizaciones forzadas, archivado para la mayor parte de altos funcionarios públicos involucrados, vuelve a enfrentarnos a los severos problemas que tiene el MP para investigar graves violaciones a los derechos humanos. Como señala hoy Diario 16, el fiscal no analizó la mayor parte de los casos y resolvió la investigación con una celeridad que un caso tan complejo no merecía. Para complicar más la situación, el señor Marco Guzmán Baca es miembro del partido de gobierno, cuestión prohibida por la Constitución.
Cuando los analistas políticos han visto la crisis en el sistema de justicia, se han concentrado en el Poder Judicial. Es hora que comencemos a ver más hacia el Ministerio Público, una institución en la que los juegos de poder, la politización y la poca pericia jurídica parecen haberse mezclado en un cóctel a favor de la impunidad y en contra de la justicia en el Perú.
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Noticia, SUELDOS JUDICIALES - 05/12/2013 12:20:35

" Este es un cuento algo largo, pero que merece explicación en sencillo.
Los jueces de varias cortes superiores del país se encuentran en "sala plena". Se trata de una huelga encubierta: el presidente de cada corte convoca a todos a una sesión permanente y, con ello, todos los magistrados deben acudir a dicha sesión…para no hacer nada. Cabe recordar que los magistrados no tienen derecho a huelga reconocido por la Constitución.
¿Cuál es el motivo de la "sala plena"? Básicamente, el aumento de sueldos de los magistrados de Corte Superior, jueces especializados y jueces de paz. La madre del cordero fue explicada hace algunos meses por Ricardo Uceda:
La escala que es motivo de disputa fue parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1991 como fruto del trabajo de una comisión en la que participaron los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y hasta la ANM. Según la gradación concertada, los magistrados superiores ganarían el 90% de la remuneración de un supremo. Los especializados, el 80% de un supremo. Y los jueces de paz letrados, el 70%. Todo estaba en función de los ingresos del vocal supremo, cuyo sueldo era igual al de un congresista. La nivelación no se efectuaría de inmediato sino gradualmente, en función de lo que permitieran las arcas fiscales. Nunca llegó a cumplirse.
Con los supremos, ahora, no hay problema. Toledo les aumentó el sueldo y, desde allí, los reclamos se encuentran a nivel de Corte Superior. Pero aquí vienen otras complicaciones:
a) La medida es impopular: Dado el nivel general del Poder Judicial, desde varios sectores se pide que, si se va a dar un aumento, el mismo esté amarrado al incumplimiento de metas para la mejora del sistema de justicia. De hecho, como cuenta Uceda, este ha sido la principal condición que ha puesto Luis Miguel Castilla para soltar plata.
b) El problema de los profesores universitarios: Principal obstáculo presupuestario. Los sueldos de los docentes universitarios públicos está homologado - en teoría - con los de los magistrados. Más allá de si esta homologación es correcta desde el punto de vista técnico, lo cierto es que se encuentra allí y que ocasiona un problema serio a la caja fiscal. Claro está, los catedráticos merecerían una mejor remuneración y ese será otra parte del pleito por la Ley Universitaria.
c) Resoluciones judiciales: Ya el TC señaló que estaba de acuerdo con la homologación y está pendiente una resolución del mismo organismo que, según La Ley, tendría el mismo sentido.
Así las cosas, ayer Castilla y Daniel Figallo plantearon lo siguiente (vía Andina):
En ese marco, detalló que el sueldo de los jueces superiores pasará de S/. 12,000 a S/. 14,400; el de los jueces especializados, de S/. 9,000 a S/. 12,400; y el de los jueces de paz letrados, de S/. 6,000 a S/. 7,800.
No obstante, teniendo en cuenta el carácter progresivo de los aumentos, al finalizar la implementación del proceso en diciembre del 2015, el sueldo de los jueces superiores será de S/. 18,500; de los jueces especializados, S/. 13,000; y de los jueces de paz letrados, S/. 9,200.
Castilla dijo que esta reforma es necesaria, pues si se implementase lo regulado en la normatividad vigente sobre los ingresos de los jueces, se generaría una "tremenda distorsión" en la política de remuneraciones del Estado, así como un "gran impacto" en la caja fiscal.
Por su parte, Figallo destacó que el proyecto buscar armonizar unos ingresos adecuados de los jueces en todas sus escalas y, además, alinearlo con una eficaz y oportuna administración de justicia en el país.
Asimismo, subrayó que la iniciativa ha sido conversada con el presidente del Poder Judicial, y resaltó que el propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determinará cuáles son las metas que se van a lograr durante el proceso de fortalecimiento de este poder del Estado.
Todo indica que los jueces no atracarán la propuesta. De un lado, pues, como señala La Ley, es probable que esperen la sentencia del TC. De otro lado, porque para ellos el aumento no cumple con la Ley Orgánica del PJ. Parece que este lío se prolongará aún algunos días más.
(Foto: La República)
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Que opina? LOS DERECHOS HUMANOS HOY - 10/11/2013 12:58:32

" Mientras Martha Chávez hacía gala de sus peores adjetivos y Alberto Fujimori demostraba que el indulto implicaba su vuelta a la carrera política, el impulso para el respeto a los derechos humanos en el Perú continuaba, en varias de sus facetas. Aquí una breve muestra de varias luchas.
Esta semana, se exhibió - a sala llena en todas sus funciones - La Espera, documental sobre los sucesos de Bagua. Como ya lo comentamos en este blog, la cinta muestra tanto la lucha de los pueblos indígenas para el reconocimiento de su derecho a la consulta, como el drama de las familias de los policías que aún no pueden saber toda la verdad sobre el operativo más trágico de la institución en toda su historia. Dos grupos de peruanos que hasta ahora no alcanzan justicia.
Durante el feriado largo, representantes del IDEHPUCP (disclaimer, donde trabajo) y del Estado peruano se presentaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para debatir sobre un tópico de reciente interés: los derechos de las personas con discapacidad. En particular, se discutió sobre los avances y tareas pendientes que existen a partir de la promulgación de la Ley General de Personas con Discapacidad, sobre todo, en torno a las personas con discapacidad mental e intelectual, quienes no pueden ejercer todos sus derechos.
Esta semana se debió iniciar el proceso judicial contra los asesinos de Walter Oyarce, luego de dos años que sujetos que no merecen considerarse como hinchas lo aventaran desde un palco del Estadio Monumental. Sin embargo, debido al paro encubierto en el Poder Judicial, solo pudo instalarse el juicio en una audiencia breve. Esperemos que en este caso, la justicia no tarde, como ha ocurrido en otros casos. Hace algunas semanas, los familiares de Gerson Falla - ciudadano víctima de tortura en la comisaría de San Borja - y de Felipe Bazán - policía desaparecido durante el Baguazo - conformaron una asociación que velara por todos aquellos que esperan que el sistema de justicia los atienda.
El mismo clamor de justicia se encuentra en las víctimas del conflicto más duro que nos tocó vivir. Esta semana, fueron absueltos los presuntos responsables de desapariciones forzadas en el cuartel Los Laureles (Tingo María) ocurridas en 1990. Ello a pesar que, como señala Carlos Rivera, abogado de las víctimas, al menos uno de los implicados ha admitido en el juicio que dichas personas fueron desaparecidas. En el Poder Judicial, los criterios para evaluar estos casos, en la mayoría de hechos, terminan trastocados: admiten la existencia de delitos, pero no sancionan a los culpables.
Luego de siete años de trabajo, el Consejo de Reparaciones, entidad encargada de registrar a las víctimas del periodo de violencia, hizo públicas algunas de sus cifras: 182,350 personas están inscritas en el Registro Único de Víctimas, incluyendo a policías, militares y miembros de comités de autodefensa. Sin embargo, como alerta el propio Consejo, aún existen cientos de casos por atender e inscribir en todo el país, sobre todo, en las zonas más alejadas, así como avanzar en la implementación de programas de reparaciones que lleguen a todos los beneficiarios, tarea a cargo de la CMAN.
Otra lista importante ha salido en estas semanas: la base de datos de pueblos indígenas, elaborada desde el Ministerio de Cultura. La misma resulta importante, pues a partir de ella se podrán identificar a los sujetos colectivos que tendrán derecho a la consulta previa. Sin embargo, como anota el exviceministro Iván Lanegra, existen aún puntos controvertidos por resolver, a fin de beneficiar a la mayor cantidad de compatriotas en esta condición.
Mientras tanto, como recordó esta semana en su columna Patricia del Río:
Recuerdo, por ejemplo, que cuando leí el libro "La muerte a diario" del antropólogo forense José Pablo Baraybar más que la crudeza de las matanzas que describía o la irracionalidad de la que daba cuenta con la que se había intentado aniquilar pueblos enteros, me sorprendió el agotamiento que le producían los sobrevivientes. A Baraybar lo hastiaban las autoridades que se aprovechan de la desgracia ajena para salir en la foto, los fanáticos religiosos o políticos siempre dispuestos a negar lo evidente, la frivolidad de determinadas causas en pro de las víctimas, y los discursos vacíos.
Por ello es que el día de hoy, lejos de resaltar las bravatas de Martha Chávez, resulta indispensable rescatar algunas de estas historias de lucha y de perseverancia por los derechos de todos los peruanos. Es cierto, como dicen varios, que los derechos humanos no debe ser una causa que sea patrimonio solo de algunos, pero si todos no nos comprometemos en su defensa y seguimos indiferentes ante realidades duras, el Perú seguirá sin ser un país desarrollado, pero de verdad.
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Información: Los Chavinaudios - 12/08/2013 15:51:57

"¡Estamos de aniversario! En estos días este blog cumple 8 añitos. Por supuesto, a mí siempre se me pasan las fechas, pero todavía no es tarde para celebrar. Así que aprovecharé para reactivar esta fase de antología de mi trabajo reporteril con un tema que sigue trayendo cola: los Chavinaudios.
No, no me gusta el nombre y no se lo pusimos nosotros en INFOS. Pero medio que quedó, ¿no? Así que lo dejamos así en aras del SEO. Acá van los dos reportajes que he publicado sobre este tema, además de enlaces a las notas de Uceda y a mi columna en La República (además de un breve disclaimer). Por supuesto, donde haya que agregar links o videos, lo hago.
***

Gobierno y Poder Judicial "unificaron criterios" en juicio Chavín de Huántar
AUDIOS. Donde se revela un prolongado almuerzo en mayo del 2012 entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la jueza que decidió el caso Chavín de Huántar. La independencia de los poderes en entredicho. De qué discutieron mientras llegaba la gelatina.
Marco Sifuentes
INFOS
4.8.13
Siete videos de YouTube, de unos quince minutos de duración cada uno, albergan el audio de la grabación de un almuerzo inusual. Los audios fueron subidos hace pocos días, el 1 de agosto, por el usuario anónimo "Turbo Pascal" bajo el título de "Otro audio de Pedro Cateriano". Pero el actual ministro de Defensa no es el único grabado subrepticiamente allí.
La reunión registrada en los audios ocurrió el 31 de mayo de 2012. En su momento, INFOS dio cuenta de aquel encuentro e incluso se preguntó si la jueza Carmen Rojassi habría grabado la conversación, como temía alguno de sus contertulios.
Los audios que ahora se revelan confirman que en el almuerzo, del más alto nivel, los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza. En ese momento, una sala penal de la Corte Superior estaba por sentenciar a Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Nicolás Hermoza por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes de la embajada de Japón, en 1997.
Al mismo tiempo, el Estado Peruano había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho justicia durante nueve años de proceso judicial. Este fuero podría desconocer lo actuado hasta ahora por la justicia peruana, que ha excluido minuciosamente de responsabilidad a cualquiera de los comandos de la operación Chavín de Huántar. El gobierno temía que este proceso fuera afectado por la sentencia de la sala de Rojjasi, que terminó . En ese contexto, se produjo el almuerzo.
El anfitrión fue el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial. Sus invitados: Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar; y la ya mencionada jueza Rojassi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía el caso.

"UNIFICAR CRITERIOS"
A los pocos minutos de pasar a un ambiente privado. César San Martín toma la palabra:
SAN MARTÍN: Esta reunión tiene como objeto… Es que ha habido mucho teléfono malogrado en esto. Dicen que dijeron que me dijo que no dijo. Entonces yo creo que lo más sano era tú ministro, tú Pedrito, conozcan directamente cuál es la impresión, que ella va a ser todo lo sincera posible; y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso. Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios, y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore su estrategia o la reordene, si fuera necesario. No sé si tú [a Rojjasi] puedes dar una primera visión general…

En ese momento se inicia una exposición del caso a cargo de la jueza, con interrupciones de los asistentes.
San Martín guía a la jueza, como veremos más adelante, por los recovecos legales. Cateriano se muestra muy interesado en las pruebas, indicios y detalles de cómo ocurrieron los hechos durante el rescate de la residencia del embajador japonés. El que interviene menos es Jiménez, muy enfocado por el ámbito de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En varios momentos, los contertulios coinciden en que la defensa del Estado peruano, en este caso, ha sido pésima.
SAN MARTÍN: Creo que se abre una línea… La doctora ha sido muy comprensiva y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado, eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o violando derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo. Un diálogo amplio y de cualquier lógica que ustedes planteen. Ahora, nos parece, porque de hecho la he visto, que la defensa del Estado en el juicio ha sido muy, muy mala y eso también trae problemas. Uno llega hasta el hartazgo, acá dice cosas que parece que no han leído el expediente (ininteligible) el Estado hace tal cosa (ininteligible) aparentemente ayuda (ininteligible) porqué qué quiere decir: le pone un argumento de presión al tribunal y si el tribunal condena entonces, la corte, la defensa va a sacar (ininteteligible).
CATERIANO: Como ha dicho él eso, ahí está, pues: ¡el Estado es culpable! ¡Lo está reconociendo el propio procurador!

"A VER, CARMENCITA"
Reiteradamente, San Martín le plantea escenarios legales a la jueza.
SAN MARTÍN: Ella [refiriéndose a Rojjasi] tiene que dar dos respuestas: ¿Se ejecutó extrajudicialmente a Tito? Sí. ¿Ese hecho fue producto de una orden superior? Sí o no. Ahí nomás se queda.
ROJJASI: Supongo que también se puede decir (inintelegible).
SAN MARTÍN: Ya. Más eso. Tercero. Pero la base es decir hubo o no extrajudicial. Ése es el antecedente fáctico del otro. Lo demás es imputación normativa.
ROJJASI: Perfecto, pero aparte de eso le digo una cosa. Nos guste o no nos guste, si Vladimiro, Huamán, Zamudio y Hermoza Ríos son juzgados significa que hubo línea paralela de comando y por tanto (inintelegible) con mayor razón de esto y la Corte…
SAN MARTÍN: Pueden haber muchas cosas.
ROJJASI: No, pero con mayor razón. Estamos hablando, vas a lograr una sentencia…
SAN MARTÍN: A ver, a ver, Carmencita. Una cosa: si tú dices, primero, hubo ejecución extrajudicial ya de hecho el Estado es responsable tercero. Segundo, tú tienes… Ante la sede nacional, la pregunta es: esa ejecución extrajudicial, ¿se hizo por orden de los acusados presentes en juicio? ¿Sí o no? Hay dos preguntas. La pregunta previa es: ¿hubo o no extrajudicial? Y para decir que fue extrajudicial, tú tienes que decir si en efecto al muerto se le mató estando rendido o fuera de combate, violando o no el derecho humanitario.

Por cierto, César San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por el caso Chavín de Huántar.
Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que estuvo conversando con Rojjasi en mayo del año pasado.

"NO HAY MUERTO EXTRAJUDICIAL"
Casi al final de la conversación, San Martín reitera su análisis de escenarios. Jiménez deja en claro su preocupación y el presidente de la Corte Suprema explica lo que quiere el Estado.
SAN MARTÍN: Ahora, fíjate. ¿Qué corresponde al Poder Judicial como tal en este caso, no es cierto? Decidir si hubo una ejecución extrajudicial y decidir si en esta ejecución… si este hecho extrajudicial fue dispuesto por una de las personas que son objeto de imputación o fluye que fueron terceros no identificados. Uno puede decir: hay extrajudicial pero no está probada si fue por orden. Dos, no hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nada. O tres, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Hay varias salidas que uno tiene. Desde luego, en clave internacional basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro…
JIMÉNEZ: Y la crisis política…
SAN MARTÍN: La crisis política…
JIMÉNEZ: …Se arma la pampa.
SAN MARTÍN: Claro, el escenario ideal para nosotros es… yo puedo… "¡Plazos razonables!", ya. Bueno, nos demoramos, pe ya. Pero eso es pecata minuta frente (inintelegilble).
JIMÉNEZ: La democracia administrativa…
SAN MARTÍN: Vamos a decir… diez años, pues, no te los aguanta nadie, ¿no?.
CATERIANO: ¡Pero la justicia demoró nueve!
SAN MARTÍN: Correcto, interesante. Ya. A mí lo que me interesa, como Estado, es que, porque así hayan matado Juan o Pedro, alguien lo haya matado, alguien lo mató y el Estado es responsable porque no cuidó la vida, no siguió los patrones jurídicos que corresponden en una intervención. Que al intervenido no se le debe de matar y eso (ininteligible). Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar…
ROJJASI: Se mancha…
SAN MARTÍN: Es evidente que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga "no hay muerto extrajudicial, murieron en combate".

"POR DÓNDE VAN LAS BALAS"
El año pasado, cuando INFOS reveló que esta conversación había tenido lugar, la justificación que se dio entonces es que un decreto establece que los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. El caso Chavín de Huántar estaba bajo la competencia de la CIDH.
Sin embargo, el problema está en que esta conversación se dio con la jueza que veía el caso nacionalmente. En este proceso, el Estado podía ser declarado tercero civil responsable.
SAN MARTÍN: En el tema judicial nosotros tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que sea y que parezca ser, las dos cosas, que es un juicio se ha dado con plenas garantías y que la conclusión que se llegue es la conclusión de un tribunal independiente. Y que desde luego, siempre he exhortado a Carmen que sea de tal forma, una sentencia que sea muy muy muy bien hecha. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfono malogrado, para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el Presidente para qué le expliquen cómo es el tema, dónde están los problemas procesales del caso interno y que pueden merecer con una valoración adicional.

Poco después, el actual ministro de Defensa se dirige a la jueza:
CATERIANO: Doctora, su… la resolución de la sala que usted preside se va a ventilar, internacionalmente, o sea, le guste o no. Es decir, lamentablemente estamos viendo en el compás, en el ritmo nacional e internacional, más o menos así, en comparación al momento que le toca resolver este tema. Entonces, su… la resolución de la sala que usted preside de todas maneras causa un impacto…

Meses después del almuerzo, el 15 de octubre de 2012, la Sala que presidía Rojjasi exculpó a Montesinos, Huamán y Hermoza. La sentencia negó que haya habido una cadena de mando paralela a la de los comandos. Sin embargo, en la cuestión principal, resolvió en contra de lo que el gobierno quería. Dijo que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, más conocido como Tito, había sido ejecutado extrajudicialmente.
Tres días antes de que se emitiera la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojjasi. En la práctica, fue una destitución.
En los últimos segundos de los audios, se escucha la voz de quien luego sería el Presidente del Consejo de Ministros:
JIMÉNEZ: En sus manos, el Perú.
ROJJASI: Sí, ministro.

MAÑANA: Más extractos del audio. El problema Baraybar. Los peritajes extemporáneos aceptados y las hipótesis sobre la muerte de "Tito".
***
Y eso fue exactamente lo que publicó Ricardo Uceda, también de INFOS, al día siguiente. Como él mismo diría en su nota, se necesita un conocimiento muy fino del caso Chavín de Huántar (como el de Uceda) para entender varios extractos del audio. Por eso es que resultaban ridículas las acusaciones de que el material había sido manipulado
Luego, ya por mi cuenta, publiqué una columnita en La República unificando algunos criterios sobre el caso.
Usualmente ése es un espacio de opinión o, más exactamente, el espacio para presentar una visión personal de algunos aspectos de la realidad (sobre todo de la política local o del impacto de las tecnologías de la información en nuestras vidas). Intento no comentar en "Ya lo pasado, pasado" (así se llama mi columna, en serio) los reportajes que presentamos en INFOS.
Esto, por varios motivos: el reportaje pretende objetividad, mientras que la columna, no; el diario no me paga para hacerle cherrys a la agencia donde trabajo, y, por encima de todo, un buen reportaje es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, dice todo lo que tiene que decir, y punto.
Pero tampoco tenía sentido dejar que ministros, congresistas y jueces siguieran distorsionando la realidad.
Hablando de reportajes que dicen lo que tienen que decir, el domingo volví con la secuela: la historia de la jueza Rojjasi. ¿Por qué podían presionarla? ¿Por qué no falló como quería el Gobierno? Mejor que los lectores se informen y deduzcan:
***

"No soy pepita de oro"
LA JUEZA. ¿Quién es Carmen Rojjasi? ¿Qué estaba viviendo cuando conversó con San Martín, Jiménez y Cateriano? ¿Tenían con qué presionarla? INFOS obtuvo sus expedientes y entrevistas ante el CNM. La clave de su destitución: la extraña sentencia a un narco israelí involucrado en el caso Fefer.
Marco Sifuentes
INFOS
11.8.13
La citaron a las 8:15 de la mañana. Carmen Rojjasi, jueza del sistema anticorrupción, fue la primera de 106 magistrados con los que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) programó entrevistas de evaluación el año pasado. Era el jueves 12 de abril.
La cita empezaría tarde. A las 8:40 le notificaron que la Asociación Civil Juez Justo había ingresado un escrito advirtiendo que la jueza no debía ser ratificada en su cargo porque había sido sancionada por un escándalo bien conocido en el Poder Judicial: el caso del narcotraficante israelí Zeev Chen.
En el video de la entrevista, al que INFOS tuvo acceso, el rostro de sorpresa de Rojjasi es evidente. Intenta buscar en sus archivos pero uno de su evaluadores pide la palabra.
A lo mejor usted requiere de más información, proveerse de algunos documentos, para absolver esta denuncia que a última hora ha llegado le dice el consejero Vladimir Paz de la Barra. Está en su derecho de solicitar una reprogramación de la vista o absolver [la denuncia] en este acto. Eso ya depende de usted.
Rojjasi sigue rebuscando en sus archivos y dice, muy segura, que, por el momento, prefiere continuar con la entrevista. El consejero la vuelve a interrumpir.
Lo que se trata es de salvaguardar su derecho de defensa. Está en todo su derecho de que se reprograme para absolver mejor eso.
Rojjasi accedió a que se reprograme. Después de todo, su puesto estaba en juego. La siguiente audiencia se agendó para el 7 junio. Exactamente una semana antes, el 31 de mayo, César San Martín, Juan Jiménez y Pedro Cateriano almorzaron con ella para unificar criterios.
Entrevista de la jueza Rojjasi ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el 31 de mayo de 2012. Duraría poco.

JUEGOS DE ROLES
La jueza Carmen Rojjasi es todo un personaje en el Palacio de Justicia. Durante unos años, fue jefa de la Unidad Operativa Móvil de la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura. Como tal, su trabajo era desenmascarar actos de corrupción de otros magistrados. Para esto, no tenía reparos en disfrazarse de lo que sea y de grabar las emboscadas que tendía para registrar actos de corrupción en el Poder Judicial.
Rojjasi trabaja en el sistema de justicia desde 1979, cuando entró como practicante. Durante los años 90 adquirió cierta notoriedad cuando incluyó en la instrucción del caso de los narcotraficantes López Paredes, a un viceministro del Interior del régimen fujimorista y a dos generales del ejército. Esto le valió ataques públicos, en conferencia de prensa, de la entonces Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán.
Pero últimamente su carrera parecía estancada. Había postulado para vocal supremo en el 2010 y no le fue bien. Después de un largo proceso de evaluación, obtuvo 65.50 puntos. Se necesitaba un mínimo de 66.66 para continuar en el proceso. Solicitó una reconsideración y obtuvo 68.50. Igual no le alcanzó.
Entonces llegó el 2012. Cada siete años, los magistrados pasan por un proceso de evaluación, a cargo del CNM, para ver si son ratificados en sus cargos.
La noticia de que Rojjasi iba a ser evaluada ese año, justo cuando llevaba el proceso de Chavín de Huántar, estalló como una bomba en los Palacios de Gobierno y de Justicia. El presidente Humala tuvo una conversación muy dura con César San Martín sobre este caso. A su vez, San Martín se comunicó con el CNM para tratar de hacerles entender el pésimo timing de la evaluación y, de paso, comunicarles el malestar del presidente.
Pero no había nada que hacer. La convocatoria había sido publicada. Rojjasi tendría que pasar por el proceso. Y todo indicaba que no iba a terminar bien.

SIN JOYAS
Para la evaluación los jueces deben presentar algunos de los casos que han resuelto.
Se espera que traigan sus "joyas" dice un magistrado vinculado al CNM. Pero ella fue descuidada.
En la resolución 599 del CNM, de setiembre de 2012, que resuelve no ratificarla como vocal superior, se explica que se evaluaron doce de sus resoluciones. Sólo la mitad obtuvo calificaciones aprobatorias. Se considera que el resto no estuvo lo suficientemente justificadas.
En la audiencia realizada en junio de 2012, una semana después de ahora célebre almuerzo, Rojjasi había explicado sus calificaciones.
Estuve mucho tiempo en la parte administrativa [se refiere a su paso por la OCMA]. Uno pierde la brújula en cuanto a lo jurisdiccional dijo. Me considero capaz como para seguir y emitir resoluciones cada vez con mayor fundamento.
Cuando le preguntaron por qué no había solicitado una reconsideración de esos puntajes, Rojjasi respondió:
Yo soy criada a la antigua, no soy de cuestionar demasiado las decisiones de mis superiores.
Hasta allí el panorma no era muy favorable a Rojjasi. Pero lo que resultó decisivo fue un cuestionamiento surgido en el rubro "participación ciudadana": el del narco israelí.
Reprogramación de la entrevista de la jueza Rojjasi ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el 7 de junio de 2012, una semana después del almuerzo con San Martín, Cateriano y Jiménez.

POLVOS BLANCOS Y MAGIA NEGRA
¡Me has jodido la carrera! gritó Rojjasi en plena celebración de cumpleaños. Todo por tu culpa, mira lo que has hecho.
Es el año 2006. Rojjasi era la presidenta de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel. La cumpleañera, e increpada por Rojjasi, era la jueza Ana Luzmila Espinoza. La sala estaba en la mira de todos. Acababan de sentenciar al confeso narcotraficante israelí Zeev Chen, capo de la organización "La Estrella de Israel". Pero había ocurrido algo delirante, incluso para los estándares del Poder Judicial: la sentencia que se leyó no era la sentencia que estaba escrita.
En una, la reparación civil era de 500 mil soles. En la otra, 50 mil. En la lectura, Zeev Chen aceptó su condena. Sin embargo, de la nada, había aparecido un recurso de nulidad. Además, se le sentenció como si fuera un simple "burrier", aplicando el artículo 296 del Código Penal. Pero al capo le correspondía y sobre esa base había sido procesado el artículo 297, correspondiente a cabecillas de organizaciones.
La procuradora antidrogas Sonia Medina descubrió el caso. Se presentó en el juzgado para buscar la sentencia impresa, no se la quisieron dar, reclamó, aparecieron unos papeles sueltos, la jueza Espinoza llamó un policía para detener a Medina… El escándalo adquirió proporciones inauditas.
Así las cosas, los dos jóvenes secretarios del juzgado, apellidados Salas, en un hecho insólito, denunciaron a sus jefes y lo contaron todo. La jueza Espinoza, directora de debates y encargada de la lectura de la sentencia, le había dicho a uno de ellos que hiciera que la rebaja de 500 mil a 50 mil "parezca un error tipográfico".
Cuando el secretario se lo contó a Rojjasi, ella estalló. Había firmado la sentencia sin terminar de leerla. Después de todo, el ponente en este caso Espinoza es el que hace los planteamientos y coloca los datos. Es muy difícli que los otros magistrados corroboren todos lo datos de los expedientes, que en algunos casos tienen miles de páginas.
El caso terminó en la OCMA. Espinoza fue destituida. Rojjasi y el otro juez fueron disciplinados pero conservaron sus puestos.
Como si no fuera suficiente escándalo para Rojjasi, el episodio resurgió hace poco, de la mano de uno de los casos más mediáticos de los últimos años: el asesinato de Myriam Fefer. En una mesita al lado de la escena del crimen, repleta de imágenes de santería y magia negra, aparecieron las fotografías de la procuradora Sonia Medina y de los dos secretarios del juzgado apellidados Salas. Empleados de Fefer recuardan que la ex jueza Espinoza y la empresaria asesinada eran muy amigas y acostumbraban realizar "trabajos de hechicería".
En pocas palabras, se trataba de un acontecimiento que todos en el Poder Judicial tienen muy presente. Rojjasi tenía razón: le iba a costar la carrera.

EL FACTOR HUAMÁN AZCURRA
En teoría, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia durante el proceso de evaluación de magistrados. A eso se llama "participación ciudadana".
A través de este mecanismo, la Asociación Juez Justo presentó caso de Zeev Chen al CNM, en abril. Era un golpe mortal. Rojjasi, que era la primera magistrada en pasar por el proceso de entrevistas, fue notificada esa misma mañana. La audiencia se postergó para junio.
Para la segunda entrevista, Rojjasi fue preparada. Admitió que debió tener mayor cuidado en el caso de Zeev Chen.
Lo cual no significa que uno actúe dolosamente, señores, ni que esté involucrada en casos de corrupción.
Pero también arremetió contra Juez Justo. Lo cierto es que esta organización, liderada por el abogado Rodolfo Orellana y el ex policía Benedicto Jiménez, ha sido involucrada en una retahíla de denuncias periodísticas: desde tráfico de activos hasta la interceptación telefónica a Lourdes Flores.
De la información que aparece en Google, sin ánimo de imputar o atribuir situaciones o conductas a tales o cuales personas dijo Rojjasi en su audiencia, aparece que estas personas [Orellana y Jiménez] tienen relación con Roberto Huamán Azcurra.
Huamán era uno de los cuatro acusados en el caso Chavín de Huántar . De hecho, es el único que se encuentra libre, desde el 2011, apenas iniciado el gobierno de Ollanta Humala. Montesinos y Hermoza purgan sus otras condenas. El coronel Zamudio, el cuarto acusado, está prófugo.
Roberto Huamán actualmente está proceso por el caso Chavín de Huántar, cuyo colectivo yo presido le recordó Rojjasi a sus evaluadores. Como se dice comúnmente, nadie es pepita de oro para gustarle a todo el mundo.
Dentro del Consejo Nacional de la Magistratura están convencidos de que Rojjasi sabía que no iba a pasar la evaluación. El audio de la conversación que tuvo solo una semana antes de su entrevista sería su salvoconducto. Después de todo, el gobierno le había hecho llegar el mensaje de que no tendría que preocuparse por su evaluación.
Sin embargo, tres días antes de la lectura de la sentencia de Chavín de Huántar le notificaron lo que esperaba: que había sido destituida.
Rojjasi presentó una reconsideración. El resultado fue publicado el 4 de julio de este año, hace poco más de un mes. El resultado: se ratificaba su destitución. El 1 de agosto, lo que ahora se conoce como el "chavinaudio" apareció en YouTube.

MAÑANA. ¿Quién grabó el audio? Sus implicancias legales. Además: el borrador de la sentencia.
***
Los videos de las dos audiencias de la jueza Rojjasi son inéditos (alguna exclusiva tenía que tener este post). El artículo de Uceda que apareció al día siguiente es, por demás, revelador, y les recomiendo que lo lean con detenimiento. Aclara varias cosas sobre el audio (parte del cual ahora está desaparecido) y sobre la sentencia misma de Rojjasi.
Todavía no hemos terminado de ver todas las aristas y consecuencias posibles de este caso. Pero, por el momento, eso es lo que hay. Ya saben: esclavos de nuestra palabra y dueños de nuestros silencios. Como siempre hemos dicho en este blog: ustedes lean, nomás.
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Noticia, CHAVIN DE HUANTAR: ANATOMIA DE UN REPORTAJE - 05/08/2013 9:04:30

" Hace un par de semanas, en medio de las protestas sociales previas a Fiestas Patrias, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del operativo Chavín de Huántar.
La resolución también confirmó la necesidad de investigar la muerte de Eduardo Cruz Sánchez (a) "Tito", sobre la que existen serios indicios sobre su muerte bajo condición de rendido. También reservó el proceso a Jesús Zamudio Aliaga, principal sospechoso sobre lo ocurrido con el terrorista del MRTA. Como se sabe, los comandos que ejecutaron la exitosa operación militar no están comprendidos en este caso, debido a una sentencia del fuero militar. En teoría, con el fallo de la Corte Suprema, el caso está cerrado en sede nacional, quedando pendiente una demanda al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos.
Sin embargo, la historia del caso ha dado un nuevo giro, con las revelaciones hechas por Marco Sifuentes y Ricardo Uceda ayer y hoy en La República. Ambos periodistas revelaron los audios de una reunión sostenida a fines de mayo de 2011 entre Carmen Rojassi, presidenta de la sala que procesó el caso Chavín de Huántar en primera instancia; César San Martín, entonces presidente del Poder Judicial; Pedro Cateriano, entonces procurador ad hoc del caso ante la Corte Interamericana (hoy es ministro de Defensa) y Juan Jiménez Mayor, actual presidente del Consejo de Ministros y, en la época, ministro de Justicia. En la misma, se trataron detalles del caso judicial nacional.
Luego de leer el reportaje y de escuchar los audios - captados aparentemente por uno de los interlocutores de la conversación - durante el fin de semana, aquí el análisis de algunos puntos claves de dicha cita y sus posibles repercusiones para el futuro.
1. LA REUNIÓN EN SÍ MISMA. Fue revelada en octubre pasado por Ricardo Uceda. En esa oportunidad, el periodista mencionó:
Las pretensiones gubernamentales sobre el juicio fueron expresadas a Rojjasi en un almuerzo privado que se llevó a cabo en las oficinas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el 31 de mayo pasado. Asistieron, aparte de la jueza, el presidente de la Corte Suprema, César San Martín que invitaba el almuerzo, el entonces ministro de Justicia Juan Jiménez y el agente del Estado Pedro Cateriano. Esta reunión, según fuentes extraoficiales, está justificada porque el Decreto Legislativo 1068, vigente desde el 28 de diciembre del 2008, establece que los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. Aunque el texto dice para el cumplimiento de sentencias contrarias a los intereses del Estado, el concepto cubriría propósitos informativos. Que era para lo que, según estas fuentes, solicitó la reunión el ministro de Justicia.
Pero el decreto no dice que los procuradores deban reunirse con el juez que ve una causa. Al mismo tiempo que coordinación para defender los intereses del Estado, la reunión puede ser vista como una coordinación contra quien denuncia al Estado, en este caso los deudos de los emerretistas. Los jueces reciben a las partes de ocho a nueve en su despacho, ya sea representante del fiscal o acusado. Para Gloria Cano, de Aprodeh, abogada de la parte civil en el caso Chavín de Huántar, este almuerzo fue anómalo y un antecedente inédito en los juicios ante la Corte Interamericana que ha debido afrontar el Estado.
De hecho, estos dos párrafos tienen una seria repercusión por dos cuestiones. La primera, San Martín fue uno de los jueces que confirmó la absolución de Montesinos, Hermoza y Huamán, sin que fuera recusado o se inhibiera debido a esta reunión, conocida luego que se dictara el fallo en primera instancia. La segunda es la propia repercusión de la cita ante el sistema interamericano, asunto que trataremos más adelante.
2. EL MOTIVO DE LA REUNIÓN: Al escuchar los audios hay dos partes bien definidas. En la primera, Rojassi relata varios detalles del proceso (cuántas veces se desarrollan las audiencias, quienes son los abogados de los acusados, cuál es la tesis del fiscal, detalles probatorios). En la segunda, los cuatro interlocutores, sobre todo, San Martín, Cateriano y Rojassi, intercambian impresiones sobre el impacto del proceso nacional en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en ese marco general donde se dan las opiniones que Sifuentes y Uceda han dado a conocer.
3. LOS ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA CITA: La cita deja en claro que el gobierno terminó convirtiéndose en el principal abogado de los acusados en el proceso nacional sobre Chavín de Huántar, en una mala estrategia "para tratar de defender a los comandos", que no estaban inmersos en el proceso judicial. La estrategia de Cateriano y Jiménez era que el Poder Judicial niegue la existencia de ejecuciones extrajudiciales y, en el tema de la duración del proceso, apelar a que finalmente el mismo terminó, luego de un examen exhaustivo del caso, tratando de aminorar la responsabilidad estatal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es en esa lógica que se entiende la discusión tanto sobre tratar de negar la ejecución extrajudicial de Cruz Sánchez - aceptada parcialmente por el Poder Judicial en las dos sentencias expedidas - como la concentración de la discusión en tratar de reducir el valor probatorio de la pericia realizada por los expertos forenses José Pablo Baraybar y Clyde Snow, en la que se concluye que Cruz Sánchez fue asesinado de un solo disparo. Dicha estrategia, como señaló Uceda hace algunos meses y lo ratifican los audios, comprendía tanto la descalificación de Baraybar y Snow como expertos así como la presentación de una serie de peritajes de parte (contradictorios entre sí), en forma extemporánea.
El problema para el gobierno es que la estrategia emprendida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos olvida tres puntos centrales:
a) Además del peritaje de Baraybar, existen otros testimonios, incluyendo los de dos policías, que ratifican la tesis de la ejecución extrajudicial de Cruz Sánchez. Peor aún, en la conversación, se admite que a Cruz Sánchez le sembraron una granada para intentar aparecer su muerte como defensa propia;
b) ninguno de los peritajes proporcionados por el Ministerio de Defensa analizaron el cuerpo del terrorista;
c) queda pendiente el principal problema vinculado a garantías judiciales: el juicio ante el fuero militar sobre los comandos, que probablemente sea anulado debido a que la Corte IDH tiene una jurisprudencia bastante marcada en contra de este tipo de proceso para casos de posibles violaciones a los derechos humanos. En relación con este tema, desde hace tiempo, analistas como Rosa María Palacios aconsejan que el Ministerio Público debería, de oficio, investigar y sobreseer a los comandos, para de una vez por todas, se les deje de usar para tratar de encubrir a Montesinos y compañía.
4. EL IMPACTO POLITICO DE LAS REVELACIONES: Sin duda, el más dañado con la conversación es César San Martín, magistrado que tenía una gran imagen, tanto por su trayectoria personal y ética, como por su actuación en el juicio a Alberto Fujimori. El expresidente del Poder Judicial tendrá que explicar porque concertó una reunión de este tipo y en la que su intervención no fue menor. San Martín ha dado una primera declaración con tres argumentos centrales: no hubo injerencia porque el fallo sí reconoció una ejecución extrajudicial, la reunión fue para coordinar una estrategia de Estado con miras al proceso en la Corte Interamericana y que no reconoce la "autenticidad completa" del audio. Por ahora, dichas explicaciones parecen insuficientes.
En los casos de Cateriano y Jiménez Mayor, el efecto será mixto. El costo será mayor para el presidente del Consejo de Ministros, sobre todo, frente a instancias de cooperación internacional, dado que durante varios años ha sido consultor en materia de reforma judicial. Un diálogo que aparece como una posible injerencia en el sistema de justicia le supondrá un impacto mayor ante estos actores. Jiménez ha tratado de defenderse señalando, al igual que San Martín, porque "el Poder Judicial falló parcialmente en contra de lo que quería el gobierno", al admitir que en el caso de Cruz Sánchez hubo una ejecución luego del operativo.
Sin embargo, ante la opinión pública, la cuestión estará más dividida. De un lado, existirán quienes justificarán la reunión, sea por "defender a los comandos" (sobre quienes, insistimos, no hay prueba alguna que los comprometa en este caso) como por un sentido común que opera en varios peruanos "no hay problema alguno en eliminar a terroristas rendidos". De otro lado, estarán quienes cuestionarán una conversación bastante problemática para la independencia judicial, independientemente de quien sea el posible afectado con las sentencias del Poder Judicial en este caso.
Y a ello se suma el posible uso político del tema para atacar a Cateriano y Jiménez. Desde el APRA alistan "el vuelto" luego de las últimas declaraciones de ambos ministros en contra de Alan García, en medio de una batalla política cuyo último episodio era una disputa por ver quien estaba más involucrado con el narcotráfico. De hecho, el tema ya había sido mencionado por Mauricio Mulder en la interpelación contra el ministro de Defensa el jueves pasado. El gobierno le ha dejado servido el tema a la oposición para que lo despedacen.
Mientras que Rojassi tiene poco que perder con la conversación. No solo porque aceptó la existencia de la muerte de "Tito" en condición de rendido, sino también porque está fuera de la carrera judicial, debido a una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, luego de evaluar su trayectoria.
5. LAS REPERCUSIONES INTERNACIONALES DEL REPORTAJE: El reportaje de Sifuentes y Uceda agrava la situación del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Con la estrategia que tenía el Estado, hace algunos meses indicamos que sería hallado responsable por la ejecución extrajudicial de Cruz Sánchez (Zamudio era miembro del Ejército peruano), así como por no condenar a Zamudio (prófugo) y las demoras en el proceso judicial. Si no resuelve en estos meses el tema del fuero militar, las complicaciones serían aún mayores.
Pero el informe y los audios, presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden complicar la percepción sobre la independencia judicial en este caso, lo que podría acarrear una vulneración más a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre la materia, vinculados a garantías judiciales. Es bastante probable que estos documentos sean introducidos ante la Corte para su análisis. Y allí el gobierno de Ollanta Humala tendrá que responderle al país por haber complicado aún más la responsabilidad internacional del Estado en este caso.
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