Gobierno decreta aumentos para ministros y controvertido arbitraje potestativo en las negociaciones colectivas

Información: Gobierno decreta aumentos para ministros - 12/02/2014 3:43:32

" De inoportuno y poco técnico ha sido calificado el último aumento que el gobierno de Ollanta Humala ha decretado para ministros y altos funcionarios del estado. De ello trata mi columna en Diario 16.

Aumentos en año electoral
Con complejo de culpabilidad, el gobierno ha procedido a otorgar un aumento de sueldo a los funcionarios de más alto nivel de la administración pública. Para ello, el último sábado, fue publicado un decreto supremo en el que se daba cuenta de este aumento que, en el caso de los ministros, llega al cien por ciento. Llama la atención que, en paralelo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no tocara este tema durante sus presentaciones públicas de dicho día no se sabe si por desconocimiento o cálculo político. El vocero en este caso ha sido el Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien ha salido a defender el aumento. Por eso no llama la atención que como consecuencia de esto haya cierta unanimidad en los formadores de opinión respecto a la necesidad de aumentar de sueldo a los ministros. Se sabe de la eficiencia de los relacionistas públicos del MEF, de allí la unanimidad de criterio en los medios de comunicación.
Pero lo que digan los "opinólogos" no coincide necesariamente con lo que se siente en la población. En parte es por la contradicción de los argumentos. Los comunicadores que hoy defienden con entusiasmo las tesis gubernamentales, entre ellas el aumento a los ministros, tenían una posición cómplice y silente en el fujimorato (con sueldos aún mayores en el sector público y en el Congreso); fueron sumamente críticos con Alejandro Toledo (el cual ante presión pública hizo una primera rebaja de sueldos que hoy ignoran por conveniencia); tuvieron un comportamiento complaciente con la irracional rebaja de Alan García (o su protesta fue tan elocuente que se confundía con el silencio mayoritario) y ahora defienden a capa y espada un aumento por demás inoportuno, en lo político, y exagerado en lo económico.
El aumento ha sido realizado de acuerdo a la nueva ley del Servicio Civil aprobada en junio del año pasado y que está en proceso de reglamentación. Es decir, el pretexto que usualmente utiliza el MEF, que la ley no está reglamentada y que por tanto no se puede aplicar, no se utiliza en esta oportunidad para otorgar un aumento del cien por ciento a los ministros y altos funcionarios que en definitiva tendrá un efecto espejo en otros sectores de la administración pública. Por lo visto hay dinero para algunos privilegiados y no para los fonavistas, los jubilados, policías, enfermeras, médicos y demás trabajadores que esperan la solución de sus reclamos. Carlín, en ese sentido, ha publicado una genial caricatura en La República del día de ayer.
El aumento alcanza a ministros, viceministros, secretarios generales, titulares de órganos colegiados, gerente general de gobiernos regionales y gerentes municipales. Por lo tanto, por extensión, y en aras de la proporcionalidad se extenderá, en muy pocos días, a todos los otros funcionarios de gobiernos regionales y municipalidades, todo ello en un año electoral. Una gran irresponsabilidad la del Ministro Luis Miguel Castilla, quien otorga aumentos injustificados que lo único que generará es un aumento exagerado del gasto corriente.
El Ministro Castilla decía que el Ministerio de Economía estaba "bajo extorsión" cuando le reclamaban un justo aumento los miembros del Poder Judicial. Esa figura no se la aplica cuando pone en esta extraña circunstancia al gobierno de Humala, quien a poco de haber cosechado escasos puntos de popularidad por el autoengaño de La Haya, corre el peligro de perder lo ganado artificialmente por esta realidad de un aumento desproporcionado. Juan Sheput
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Es Noticia, El controvertido arbitraje potestativo en las negociaciones colectivas - 11/09/2012 18:24:01

"El abogado laboralista y profesor de ESAN, Jorge Toyama, señaló recientemente en el diario Gestión que no es correcto que los árbitros resuelvan si un acto debe ser considerado de mala fe o no, como lo establece la mencionada norma. Esto debe ser resuelto -sostiene Toyama- por el Ministerio de Trabajo, instancia que debe determinar si el arbitraje potestativo debe continuar o no.
De este modo -continúa Toyama- si el sindicato alega mala fe por parte de la empresa y ésta rechaza tal acusación, el Ministerio de Trabajo resolvería previamente si existe o no tal actitud, antes que el Tribunal Arbitral analice el caso concreto. El experto sostiene ello al considerar que es el Ministerio el que tiene información de la empresa, y es quien además elabora el dictamen económico, entre otros.
""Se debe regular un procedimiento administrativo previo y célere (no mayor de un mes) para delimitar cuándo un acto de mala fe permite o no acceder a un procedimiento arbitral"", finaliza en su columna el laboralista.
La controvertida norma ha sido objeto de críticas por parte de algunos expertos, quienes señalan que ella atenta contra la seguridad jurídica, en perjuicio de los trabajadores y empresas, e incluso alegan inconstitucionalidad de la misma, pues según ellos distorsiona los mecanismos contemplados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Por otro lado, desde su puesta en vigencia, este arbitraje obligatorio ha sido la estrategia preferida de los trabajadores a la hora de negociar. Con esta nueva modalidad, por lo tanto, la empresa se vuelve cautiva de los sindicatos y éstos llevan siempre las de ganar, advierten los detractores de la norma.
Sobre el particular, y en reciente nota también publicada por Gestión, el laboralista Renato Mejía Madrid comenta sobre el peligro de que una decisión arbitral resuelva el conflicto laboral, señalando que los árbitros suelen utilizar criterios jurídicos no empresariales. Por lo tanto -prosigue Mejía Madrid- no identifican el impacto económico de sus decisiones o el efecto que su decisión ocasiona con su competencia en el mercado.
""Los árbitros tienen como criterio para resolver que la propuesta supere al convenio anterior (económicamente) y que se detalle cómo lo llevará a cabo"", agregó.
Cabe recordar también que en julio último, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó una demanda ante el Poder Judicial para lograr la suspensión de la aplicación del referido Decreto Supremo. Esta norma, según opinó en su momento Luis Salazar, presidente del gremio empresarial, genera una pérdida de competitividad de las empresas, las cuales por esta modalidad están enfrentando costos imposibles de asumir, sobre todo en ramas afectadas por la crisis externa.
¿Cree usted que debe ser derogado o modificado el controvertido decreto supremo?
Esta entrada contiene un comentario de:
Jorge Toyama Miyagusuku
Socio del Estudio Miranda & Amado Abogados. Miembro de la Junta Directiva del Comité de RR.HH. de AMCHAM. Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN
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Interesante, El Proyecto Aprista original de la Gran Transformación.- República de Trabajadores, Estado Antiimperialista, democracia funcional, Congreso Económico Nacional, nueva economía, nacionalización de tierras e industrias, planificación científica, industrializ - 14/07/2012 15:50:01

"Escribe: César Vásquez Bazán
El proyecto aprista original para la Gran Transformación
LA PROPUESTA OLVIDADA
Capítulo II
El Estado Antiimperialista
"Ese Estado que llame Antiimperialista es el que el aprismo propone para Indoamérica. El que exige una nue­va y completa estructura jurídica concorde con la nueva es­tructura económica; o sea el Estado Democrático de los Cuatro Poderes llamado a realizar la obra de desfeudalización y unionismo indoamericano y a representar a la de­mocracia funcional o económica" (TAA, 323).
De acuerdo con la teoría aprista, el poder político arrebatado por el Frente Único a las clases dominantes debería dar paso a la construcción de un nuevo tipo de estado. Haya de la Torre lo denominó Estado Antiimperialista: "No vamos a obtener victoria posible sobre el imperialis­mo sin capturar el poder político, hoy instrumento de opresión, convertible por el APRA en arma de liberación" (AA, 107).
Dicho Estado Antiimperialista se caracterizará por constituir un estado verdaderamente nacional, que lleva adelante la guerra defensiva económica contra el imperialismo (AA, 169). Es una institución "siempre en progreso", de la etapa de transición hacia el socialismo (AA, 180).
En las propias palabras de Víctor Raúl, el Esta­do Antiimperialista es Estado de defensa (AA, 168) y fortaleza defensiva (AA, 179) de las clases explotadas del país que se independiza del imperialismo. Es el baluarte sostenedor de la victoria (AA, 168) e ins­trumento de liberación de la opresión del imperialismo y del latifundio (CA, 23): "EI Estado deviene, así, el instrumento de lucha, bien o mal usado, de esas tres clases contra el enemigo imperialis­ta que pugna por impedir la consumación revolucionaria. El Estado es, pues, fundamentalmente un instrumento de defensa de las clases campesinas, obrera y media unidas, contra el imperialismo que las amenaza (AA, 166).
Además, el Estado Antiimperialista debe ser Estado de tran­sición. Debe oponer "al sistema capitalista que determina el imperialismo, un sistema nuevo, distinto, propio, que tienda a proscribir el antiguo régimen opresor" (AA, 168). Su tarea consistirá en enrumbar el tránsito de la sociedad ha­cia ese nuevo sistema.
Finalmente, por desplazar del poder a las antiguas clases do­minantes ,minoritarias y, por ende, no representativas de la na­cionalidad, el régimen político del frente de clases oprimidas por el imperialismo adquiere la calidad de Estado Nacional: "El Estado aprista, nacionalista o Antiimperialista es la expresión o el organismo de educación, de defensa y de gobierno de las tres clases sociales mayoritarias que el aprismo organiza, vale decir, de la nación. El Estado Apris­ta dejará de ser el Estado feudal, instrumento de las clases terratenientes o gamonales que rige desde la Independen­cia, convertido más tarde en instrumento total o parcial de los imperialismos económicos extranjeros. El Estado Apris­ta que no será ya de tipo retrógrado y extranjerizante, deviene Estado Nacional, social y económicamente represen­tativo de las clases que forman la mayoría de la Nación (TM, 289).
¿Cómo erigir esta organización política de guerra defensiva económica contra el imperialismo? ¿De qué manera iniciar la progresión hacia el nuevo sistema social y asegurar la condición de Estado verdaderamente nacional? Haya de la Torre responde­ría que habría necesidad de crear un sistema de economía nacio­nal planificada; modelar una forma clasista de democracia fun­cional basada en las categorías del trabajo y definir una nueva estructuración del Estado, a partir de la existencia de un poder central ,distinto al anterior, y poderes regionales y gobiernos locales descentralizados.
La nueva economía
La definición del sistema económico del Estado Antiimperialista se afirma en la aceptación inicial de dos supuestos.
El primero de ellos entiende que el sistema capitalista es una etapa necesaria e inevitable del progreso de la Humanidad: "El sistema capitalista, del que el imperialismo es má­xima expresión de plenitud, representa un modo de pro­ducción y un grado de organización económicos superiores a todos los que el mundo ha conocido anteriormente… Por tanto, la forma capitalista es paso necesario, periodo inevitable en el proceso de la civilización contem­poránea. No ha de ser un sistema eterno, porque lleva en sí mismo contradicciones esenciales entre sus métodos antitéticos de producción y apropiación,, pero tampoco puede faltar en la completa evolución de alguna sociedad moderna (AA, 18).
El segundo supuesto reconoce que siendo una región atrasa­da, América Latina tendrá que atravesar necesariamente por el capitalismo: "La etapa capitalista debe, pues, cumplirse en nuestros países bajo la égida del Estado Antiimperialista" (AA, 188).
Frente a estas exigencias, Haya de la Torre explicó que la mo­dalidad específica de sistema económico que deberían adoptar nuestros países sería el capitalismo de Estado. De acuerdo con Víctor Raúl, la nueva forma de estructuración permitiría afron­tar tanto el cumplimiento de la etapa capitalista de desarrollo como la "transición hacia una nueva organización social" (AA, 170). El capitalismo de Estado propuesto, a diferencia del experimenta­do en los países europeos avanzados, se constituirá en instru­mento de lucha contra el imperialismo; acabará con las bases económicas de su dominio; liberará a las clases trabajadoras e impulsará el desenvolvimiento de una economía verdaderamente nacional.
Sin embargo, dentro de las tareas del capitalismo de Estado, la fundamental consistiría en sentar las bases económicas del so­cialismo del futuro, a fin de eliminar la posibilidad de dependen­cia del extranjero y suprimir las raíces de la explotación interna. Como decía Víctor Raúl, "la nacionalización de la tierra y de la industria y la organización de nuestra economía sobre las bases socialistas de la producción es nuestra única alternativa. Del otro lado está el camino del coloniaje político y de la brutal esclavitud económica" (AA, 79).
En resumen, "una organización independiente de la producción de nuestros países sobre la base del capitalismo de Estado, se­ñala el camino de resistencia económica al imperialismo y no entorpece nuestra evolución autónoma impidiendo que a la caída de los actuales imperialistas surjan otros y pueda aparecer un nuevo sistema económico de socialización de la producción" (PCPA, 456).
El nuevo sistema se distinguirá por requerir la dirección esta­tal de la economía. Llevará adelante la transformación de las re­laciones de propiedad; industrializará el país y suprimirá la expoliación humana.
El papel director del Estado
El primer rasgo característico de la nueva economía es el papel director que le corresponde al Estado Antiimperialista. De conformidad con la tesis del capitalismo de Estado, esta institución "debe dirigir la economía nacional" (AA, 169) y "centralizar, hasta donde se pueda, el gobierno económico nacional" (AA, 156). A estos efectos, el nuevo sistema económico deberá ser "científicamente planeado" (AA, 168); de esta manera se eliminaría el empirismo, como forma de gobierno. El aprismo siempre pensó que la economía planificada "es la que siguen los partidos y gobiernos con senti­do económico en nuestros días" (Sánchez 1934, 26). La planificación, como mo­dalidad de determinación de los objetivos y metas a lograr en el proceso económico y como método de asignación de recursos, "combate la anarquía de la producción, a fin de evitar las crisis y producir con mayor justicia" (Sánchez 1934, 27).
La transformación de las relaciones de propiedad
La puesta en marcha del capitalismo de Estado implicará al­terar drásticamente las antiguas relaciones de propiedad. La so­cialización de la riqueza y la producción es necesaria en un do­ble sentido: como medida antiimperialista de defensa de la sobe­ranía nacional y como mecanismo garantizador de la consecución de la justicia social.
El cambio de la estructura de propiedad debe realizarse me­diante la nacionalización progresiva de tierras e industrias. Es ésta, justamente, la primera base socialista de la producción.
El concepto de nacionalización
Víctor Raúl reconoció que, por lo menos, existen dos signifi­cados que se le pueden atribuir al vocablo nacionalización.
El primero de ellos, nacionalización en sentido amplio o ge­nérico, se refiere a la acción de afectar el carácter extranjero de la propiedad. Entender la nacionalización de esta manera supone aceptar la posibilidad de nacionalizaciones burguesas, es decir que la propiedad de una empresa extranjera pueda pasar a manos de grupos privados nacionales. En otras palabras, según Haya, no toda nacionalización conduciría a la socializa­ción de la riqueza: "Ante todo nacionalizar ,un vocablo que sin duda se presta a más de una interpretación, no es siempre sinó­nimo de socializar. Hay nacionalizaciones socialistas, o me­ramente socializaciones, pero las hay que no afectan a la institución de la propiedad privada sino al carácter extran­jero o no nacional, de la propiedad" (TAA, 339).
La segunda acepción, nacionalización en el sentido específi­co que la entiende el aprismo, se basa en la abolición gradual de la propiedad privada de los medios de producción y circulación de la riqueza y su socialización, es decir su transformación en pro­piedad de toda la sociedad. Este proceso de afectación de la propiedad privada ,nacional o extranjera, y transferencia a los sectores populares es lo que Haya de la Torre denominó "contralor progresivo de la produc­ción y circulación de la riqueza" (AA, 169, 171). Al respecto, El Antimperialismo y el APRA prescribe que "la producción debe socializarse" (AA, 78). También en Treinta años de aprismo se afirmó que "no se trata de rescatar aquellas empresas de manos ex­tranjeras, sino de socializarlas, es decir, de expropiarlas y entregarlas a la nación representada por el Estado" (TAA, 339).
La ansiada socialización de los medios de producción y circulación de la riqueza se lograría a través de medidas de estatización, por un lado, y cooperativización por el otro, previstas en distintos capítulos de El Antimperialismo y el APRA. Así, en el capítulo tercero de esta obra, Haya estableció la nece­sidad de la "nacionalización socialista de la producción" (IAA, 157): "La primera actitud defensiva de nuestros pueblos tiene que ser la nacionalización de la riqueza arrebatándola a las garras del imperialismo. Luego, la entrega de esa riqueza a quienes la trabajen y la aumenten para el bien colectivo: su socialización progresiva bajo el contralor del Estado Defen­sa y por el camino de un vasto cooperativismo... He ahí el ideal" (AA, 110).
Asimismo, Víctor Raúl reiteró en el capítulo sexto: "El cooperativismo, la nacionalización de la tierra y de toda la industria que sea posible nacionalizar... He ahí las primeras tareas en el orden interno para los apristas de ca­da país" (AA, 156).
El Cuadro 3 trata de resumir el concepto aprista de nacionalización. Su lógica fue confirmada por Víctor Raúl en Treinta años de aprismo: "La nacionalización aprista se inclina a la estatización a través de corporaciones de fomento ,de acuerdo con el mecanismo del Estado Democrático de los Cuatro Poderes, y del estímulo del cooperativismo agrícola e indus­trial, pero respeta y garantiza la propiedad privada, como en México" (TAA, 342).
Los sectores de propiedad
De acuerdo con la doctrina aprista, el nuevo sistema de eco­nomía nacional se estructuraría a partir del reconocimiento de dos grandes sectores de propiedad: el socializado y el privado.
El sector de propiedad socializada
Ésta es el área prioritaria de propiedad dentro del nuevo Es­tado. En su ámbito se pueden distinguir dos sub-sectores: el estatal y el cooperativo.
La propiedad estatal
El primero de ellos se refiere al establecimiento de la propiedad capitalista de Estado como una de las consecuencias de la "nacionalización progresiva de la riqueza". En Treinta años de aprismo, Víctor Raúl explicó con precisión: "La nacionalización progresiva de la riqueza puede en­tenderse como el dominio, el condominio, o el contralor y vigilancia estatal, según los casos, de ciertas fuentes de riqueza; en especial aquellas que al ser poseídas por empre­sas extranjeras resultan a través de éstas, en manos de los gobiernos a cuyas nacionalidades aquellas empresas perte­necen" (TAA, 342).
¿Qué ramas económicas abarcaría esta primera modalidad de propiedad socializada? Víctor Raúl no contestó esta pregunta en forma directa; lo hizo en forma indirecta al tratar el sistema jurídico de defensa del Estado Antiimperialista. Utilizó para el efecto "ciertas palabras interesantes" de Trotsky: "Un Estado que tiene en sus manos una industria nacio­nalizada, un monopolio del comercio exterior y un monopolio de la aceptación de capitales extranjeros, por un campo de la economía o por otro, por este solo hecho, contro­la ya una rica fuente de recursos cuya combinación puede hacer más rápida su evolución económica" (AA, 192-193).
El Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo de 1931 fue mucho más explícito. En principio, "la industria nacionalizada en manos del Estado" sería la industria extractiva: "Orientaremos nuestra política, en forma de alcanzar en un futuro próximo, la nacionalización de la industria extractiva" (PA, 19).
Asimismo, dentro del plan aprista de reforma agraria (PA, 73) el Estado podría socializar la propiedad de la tierra, sea que esté en manos extranjeras o nacionales: "Expropiaremos, pagando su valor justipreciado, a aque­llos fundos que el Estado estime conveniente, sea por exce­siva extensión, explotación indirecta, hipotecas no redimi­bles, ubicación inmediata a los grandes centros de consu­mo, etc., y los dedicaremos preferentemente a la producción de los artículos que reclame el mercado interno" (PA, 18).
También serían de propiedad estatal, empresas industriales estratégicas, , "organizaremos industrias de carácter básico por el Es­tado" (PA, 17), instituciones bancarias, ,"fundaremos un Banco de la Nación, con filiales indus­trial, minera y agrícola, que atenderá preferentemente al pequeño productor nacional" (PA, 17), empresas de seguros, ,"nacionalizaremos progresivamente el Seguro" (PA, 17), y los medios de transporte: "nacionalizaremos progresivamente los medios de trans­porte" (PA, 17).
La propiedad cooperativa
La edificación del nuevo sistema de economía nacional impli­caría la promoción de un vasto cooperativismo: "El capitalismo de Estado es una solución a la que debe­mos tender y una de sus formas de aplicación más factible es el cooperativismo integral, de producción y de consumo... Dentro de un plan económico nacional, organizado por el Estado y orientado hacia la mayor elevación de la productividad dentro del país, el cooperativismo constituye un efectivo auxiliar. En la agricultura, en la industria, en el comercio, el cooperativismo es un factor de gran fuerza. No sólo porque impulsa decisivamente el sistema económi­co del país, sino porque educa económicamente al pue­blo" (PCPA, 467).
Tal como se planteó en El Antimperialismo y el APRA, "ha de ser indispensable en el nuevo tipo de Estado la vasta y científica organización de un sistema cooperativo nacionalizado" (AA, 171).
La cooperativización de la producción ,fórmula de inspiración marxista, fue propuesta por el APRA como alternativa frente al capitalismo. Marx entendió que ése debería ser el rol del sistema cooperativo: "Ahora bien, si la producción cooperativa ha de ser algo más que una impostura y un engaño; si ha de sustituir el sistema capitalista; si las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional con arreglo a un plan común, tomándola bajo su control y poniendo fin a la constante anarquía y a las convulsiones periódicas, conse­cuencias inevitables de la producción capitalista, ¿qué será eso entonces, caballeros, más que comunismo, comunismo realizable?... Las fábricas cooperativas de los obre­ros mismos son, dentro de la forma tradicional, la primera brecha abierta en ella, a pesar de que, donde quiera que existen, su organización efectiva presenta, naturalmente, y no puede por menos de presentar, todos los defectos del sistema existente. Pero dentro de estas fábricas aparece abolido el antagonismo entre el capital y el trabajo, aunque, por el momento, solamente bajo una forma en que los obreros asociados son sus propios capitalistas, es decir, em­plean los medios de producción para valorizar su propio trabajo. Estas fábricas demuestran cómo al llegar a una de­terminada fase de desarrollo de las fuerzas materiales pro­ducidas y de las formas sociales de producción adecuadas a ellas, del seno de un régimen de producción surge y se de­sarrolla naturalmente otro nuevo. Sin el sistema fabril deri­vado del régimen capitalista de producción no se hubieran podido desarrollar las fábricas cooperativas, y mucho me­nos sin el sistema de crédito, fruto del mismo régimen de producción (Marx s/f, 301-302; Marx 1975, 418-419).
En el plan aprista, las cooperativas se ubicarían en la agricultura ,"Fomentaremos la pequeña propiedad y la creación de haciendas colectivas y cooperativas agrarias, con el regla­mentado apoyo técnico y económico del Estado" (PA, 18),; en la minería ,"Estableceremos el cooperativismo minero con la im­plantación de centrales de beneficio y oficina central de consignación de minerales" (PA, 20),; en la construcción ,"Fomentaremos la creación de una o varias compañías de base cooperativa con participación del Estado, las cuales mediante la licitación de las obras públicas, se encarguen de su realización" (PA, 26) y en las esferas del crédito y el consumo ,"Fomentaremos las cooperativas de crédito, de produc­ción y de consumo" (PA, 17),.
La propiedad privada
Desde el momento que el aprismo reconoce la necesidad de cumplir la etapa capitalista, tiene que aceptar la supervivencia ,por algún tiempo más, no precisado, de la propiedad privada. Víctor Raúl explicó sobre el particular: "El Programa del Aprismo, aprobado por el primer Congreso Nacional del Partido en 1931, antes de las elec­ciones, también establece: a) respeto al derecho de propie­dad; b) reconocimiento de la necesidad de capitales extran­jeros para el desarrollo del país. Aboga por una distinción entre capital extranjero e imperialismo extranjero y señala que mientras el primero es indispensable para el progreso del país, el segundo es una amenaza para su soberanía" (YDGQ, 200).
Empero, si bien perdurará, el sector privado, nacional o ex­tranjero, será sometido a permanente e intensa fiscalización es­tatal. De acuerdo con el Programa Mínimo de 1931, incluido en Política aprista, (PA, 16), el Estado, entre otras acciones, controlaría las condiciones de producción, precios de venta y utilidades de las empresas; reprimiría las maniobras especulativas de monopolios y oligopolios; supervigilaría las actividades de la industria y el comercio; reformaría la legislación bancaria; revisaría las tarifas de los servicios públicos y privados; reglamentaría los alquileres y garantizaría a los trabajadores un régimen justiciero de sa­larios y condiciones de empleo (PA, 11-29).
Desde este punto de vista tienen to­tal razón aquellos que afirman que el APRA es controlista. No cabe duda alguna: el sector privado existirá mucho tiempo más aún, estrictamente fiscalizado por el Estado Antiimperialista.
La propiedad privada nacional
La empresa privada nacional gozará de la promoción técnica, instrumental y económica del Estado a cambio de hacer partícipe a éste de una fracción de su capital accionario y del mantenimiento de adecuadas relaciones laborales: "La agricultura, la minería, la industria y el comercio nacionales gozarán de la cooperación del Estado, si ella es necesaria, en el orden técnico, instrumental y económico, a cambio de pagar esa contribución en acciones y garantizar un régimen justiciero de jornales y jornadas a los empleados y obreros" (PA, 15).
La propiedad privada extranjera
Según El Antimperialismo y el APRA, existirá dentro de la estructura de propiedad de la sociedad de transición un sub-sec­tor de propiedad extranjera, fuertemente controlado por el Es­tado Antiimperialista: "La síntesis aprista enuncia que mientras subsista el pre­sente orden económico en el mundo, hay capitales [extran­jeros] necesarios y buenos y otros innecesarios y peligro­sos. Que es el Estado y sólo él ,el Estado Antiimperialista,, el que debe controlar las inversiones de capitales bajo estrictas condiciones afirmadas en la necesidad que obliga al capital excedente de los grandes centros industriales a emigrar" (AA, 188).
En otras palabras, no se trata de prescindir del ca­pital extranjero. Más bien, lo que se busca es utilizarlo en prove­cho del desarrollo nacional y subordinado al sistema de transi­ción del Capitalismo de Estado: "Lo que el aprismo considera ruinoso para el Perú es que en nombre de nuestra necesidad de capitales extranje­ros, el país se convierta en un esclavo de ellos, y en vez de servirse del capital extranjero para su progreso no sea sino su servidor... Un país sin economía propia y sujeto única­mente a la dependencia del capital extranjero, no es más que una colonia" (PCPA, 466).
Dotando de contenido efectivo a la elaboración ideológica, el Plan de Acción Inmediata de 1931 estableció un conjunto de medidas programáticas para someter al capital extranjero a las condiciones de contratación del Estado Antiimperialista. Entre estos puntos, puede señalarse el dictado de legislación especial sobre inversiones y rentas del capital extranjero, el control y restricción de la exportación de capita­les, la gestión de condiciones menos onerosas para el servicio de los empréstitos que pesan sobre la economía, el reajuste de la deuda externa, y la anulación de los monopolios concedidos a particulares y de aquellos contratos lesivos para la soberanía nacional (PA, 16-17).
La industrialización
La segunda base socialista de la producción se establece por la vía de la industrialización y la producción mecanizada en todas las ramas y sectores de la economía nacional. Víctor Raúl fue explícito al afirmar que "el socialismo no puede imponerse mientras el indus­trialismo no haya cumplido su gran etapa histórica" (IAA, 157). Con posterioridad, Haya de la Torre precisó: "Superar nuestro retraso; liquidar la etapa feudal; tecnificar al máximo nuestra producción; establecer industrias que ayuden a levantar nuestro nivel de vida y las condicio­nes de trabajo del pueblo trabajador hasta poner término a nuestra inferioridad social y a nuestro colonialismo econó­mico, son los eminentes objetivos del aprismo" (PA, 40).
El requisito de la industrialización ,con el consecuente creci­miento y afirmación de la clase obrera, es el que obliga al país a cumplir la etapa capitalista de desarrollo: "Si Indoamérica vive aún las primeras etapas del indus­trialismo que debe continuar necesariamente su proceso; si no tenemos aún definitivamente formada la clase prole­taria que impondría un nuevo orden social y si debemos liberarnos de la dominación subyugante del imperialismo, ¿por qué no construir en nuestra propia realidad, tal cual ella es, las bases de una nueva organización económica y política que cumpla la tarea educadora y constructiva del industrialismo, liberada de sus aspectos cruentos de explotación humana y de sujeción nacional?" (AA, 22-23).
La supresión de la explotación humana
La tercera y última base socialista de la producción es la su­presión progresiva de la explotación del hombre por el hombre. Como recordaba Víctor Raúl, "no hay tratadista jurídico que no reconozca que la ex­plotación del hombre por el hombre es una injusticia" (PHT, 294).
En un párrafo de la célebre Carta a Mendoza, Víctor Raúl señaló el esencial rasgo explotador del capitalismo, al cual el APRA se oponía radicalmente: "El imperialismo es el capitalismo en su forma más mo­derna y el capitalismo es la explotación en su forma más refinada, y si nosotros no combatimos al imperialismo, en­tonces no combatimos al capitalismo, y si no combatimos al capitalismo, entonces no luchamos contra la explotación, y si no luchamos contra la explotación no tenemos derecho de llamarnos ni socialistas, ni comunistas, ni revo­lucionarios. El APRA es Antiimperialista porque es anticapitalista" (PHT, 261).
El Estado Antiimperialista suprimirá la explotación humana llevando adelante tres acciones simultáneas: la socialización de la riqueza por la implantación del capitalismo de Estado; la dig­nificación del trabajo productivo por el mejoramiento material de la fuerza laboral y la difusión de la educación popular.
A fin de llenar el primer requisito, dado que en el Estado Antiimperialista se produce la socialización de tierras e industrias, desaparece paulatinamente la propiedad privada sobre los me­dios de producción y, por ende, la explotación del hombre por el hombre. De ahí que Manuel Seoane señalara que en el Estado del fu­turo "no se va a permitir la existencia de clases parasitarias" (Congreso Constituyente de 1931, volumen I, 352).
En referencia a la segunda estipulación, el Programa Mínimo de 1931 defendió la necesidad de elevar la calidad de vida de los trabajadores: "Fijaremos como finalidades del Estado, garantizar la vi­da, salud, bienestar moral y material de las clases trabaja­doras, procurando abolir, según lo permitan las circunstan­cias y de una manera gradual y paulatina, la explotación del hombre por el hombre" (PA, 12).
Haya de la Torre siempre tuvo presente la anterior exigencia: "El trabajador necesita nutrición, habitación y vestido, buenos, sanos y tantos como los exija su necesidad. El brazo bien nutrido produce mejor. La emancipación material y espiritual del trabajador son cuestiones que interesan, pues, a la humanidad y por eso, luchar por ella, es luchar por el progreso humano. Sí la riqueza es en primer término producción, ¿cómo abandonar y oprimir al productor? (PCPA, 458).
En 1945, Haya insistiría nuevamente en la necesidad de mejorar las condiciones materiales de vida de la población: "volvemos, claro está, al postulado aristotélico: prime­ro, comer, vestirse, alojarse y educarse, que forma el ABC, desde hace dos mil quinientos años, de toda formulación de buen gobierno" (DI, 381).
En esta prédica, Víctor Raúl nunca olvidaría la dura realidad del campesino peruano. Frente a lo que en ese tiempo se llamó el problema del indio expresó: "Creo que el problema fundamental en el Perú, por ejemplo, reside en la humanización, digamos así, de cua­tro millones de hombres, aproximadamente, bestializados por un sistema económico criminal" (PEAL, 85).
En otra oportunidad, Haya utilizó la didáctica sencillez de una afirmación periodística para recordar sus intenciones: "Un periodista norteamericano me preguntó: "Dígame en seis palabras qué quiere el aprismo, para ponerlo como slogan en un diario de New York". Le contesté: "Diga usted esto: Nosotros aspiramos a ponerle zapatos y medias a seis mi­llones de peruanos" (TM, 358).
Asimismo, ya con setenta y nueve años a cuestas y celebrando el Día de la Fraternidad de 1974, Víctor Raúl persistiría en reivin­dicar el gran ideal igualitario: "No dividamos al país entre los que no saben porque no pueden pagar escuelas, colegios y universidades y los que saben porque tienen el privilegio de las condiciones económicas que les permiten conseguir esos beneficios; nosotros queremos una democracia que iguale a los hombres en sus puntos de partida, que iguale a los hombres en sus dere­chos esenciales a la vida, nutrición, educación, capacitación… (DII, 428-429).
El tercer requisito es el de difundir la educación popular y elevar el nivel de preparación cultural y técnica de los trabajado­res. Recuérdese que Haya de la Torre siempre se enorgulleció de haber sido maestro antes que político: "¿Creerá usted que el principio de mi definición revolu­cionaria devino de mi campaña por la educación popular?" (CA, 76).
Víctor Raúl entendió que el Estado Antiimperialista deberá instituirse en un verdadero organismo de educación integral para los grupos desposeídos. El nuevo Estado debería ser "un Estado-educador, un Estado-escuela, un Estado-do­cente y reivindicador que supera la etapa del Estado-pa­triarca gobernado como un latifundio, o la del Estado-mili­tar gobernado como un cuartel" (TM, 289).
No podría edificarse el Estado Antiimperialista de no cumplir­se previamente esta tarea. Por eso, Haya de la Torre recordaba que "el aprismo quiere cumplir la etapa democrática, orga­nizar constructivamente el Estado, educar, mejorar capa­citar y defender a las clases productoras del país" (PCPA, 449). De ahí que "la educación de los pueblos, es una de las imposiciones más evidentes de la nueva economía" (PCPA, 479).
Para implantar esta base socialista de la producción sería me­nester ejecutar una amplia revolución educativa: "No hay desarrollo posible si no hay también paralelamente la revolución educativa" (DII, 345). Los objetivos de dicha transformación serían básicamente económicos: "En el orden educacional, el aprismo plantea la educación para el trabajo y por el trabajo, libre, gratuita y gene­ral, laicalizándola y tomando el Estado su monopolio" (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).
En Política aprista Víctor Raúl anotó: "Tenemos que orientar nuestra educación de acuerdo con nuestra economía. Tenemos que preparar los hombres para el trabajo y por el trabajo. Tenemos que establecer formas de educación práctica, de un carácter técnico, de un carácter actual, de un carácter moderno, de un carácter integral. Una educación pública formada en la escuela úni­ca, que acabe con las diferencias que hoy existen estableci­das por las escuelas primarias privadas y las escuelas prima­rias del Estado. La Escuela única del Estado es, sin duda, una medida conducente a la formación de la conciencia nacional y a la formación de un buen concepto de la polí­tica y del trabajo en el país" (PA, 76).
A estos altos fines contribuiría la gratuidad de la enseñanza: "La gratuidad de la enseñanza es una reivindicación eco­nómico-social tan poderosa y tan decisiva como la de mejorar las condiciones materiales del hombre. Porque quien cambia su situación por obra de la educación, cambia tam­bién su posición y su nivel social" (DII, 398).
Sin embargo, esto no bastaría. Si se aspira llevar adelante esa revolución ,reforma integral de la educación decía el Programa Mínimo de 1931, tendrían que superarse las condiciones de mi­seria popular generadas por el capitalismo dependiente: "Todos sabemos que los esfuerzos del más generoso edu­cador moderno, lleno de nuevas ideas, se estrellarán contra la realidad de un sistema que divide a los hombres en dos grandes clases de vida. Una educación integral no puede conseguirse sin ciertas condiciones materiales, no sólo en las escuelas, sino en los hogares" (CA, 74).
Víctor Raúl recordaría que "El problema técnico de la Pedagogía, tiene un límite: el límite de las condiciones económicas del actual sistema social. La Pedagogía que proclame un método de educación integral, tendrá que proclamar también su rebelión contra las condiciones económicas actuales. Si estamos de acuerdo en que la Pedagogía se cumple a medias entre el hogar y la escuela, el niño no podrá ser educado en una es­cuela magnífica, levantada por cualquier Estado capitalista y poderoso, al mismo tiempo que su hogar es triste, misera­ble e insalubre... El pedagogo mejor será aquel que luche por derribar este sistema económico establecido por el capitalismo, en nombre del derecho de los niños" (CA, 74-75).
Por eso, "la educación moderna tiene que ser, pues, el resultado de una sociedad moderna, de una moderna organización" (CA, 76).
La nueva democracia
En el Estado Antiimperialista regiría a cabalidad una nueva democracia. Haya de la Torre formuló serios reparos a la demo­cracia formal y planteó la necesidad de implantar una República de Trabajadores cuyo régimen político sería el de una forma clasista de democracia funcional.
La crítica a la democracia formal
Desde sus orígenes, el APRA expresó insatisfacción respecto a la democracia formal ,aquella limitada a un sentido estricta­mente jurídico, a la que calificó como inefectiva y deficiente. El Partido Aprista así lo afirmó en su Manifiesto de febrero de 1932: "La democracia pura, liberal, exclusivamente política, es la que caracteriza a los Estados en los que solamente se ve­la por la igualdad nominal de los hombres ante la ley, mo­vidos por un gaseoso ideal de la libertad individual y nacio­nal" (PA, 43).
Sin embargo, la constatación fue más allá, al reconocer el aprovechamiento que de tal democracia hacían las clases explo­tadoras: "Una tesis tan absurda como la del sufragio universal, tal como se practica en la mayor parte de nuestros pueblos... resulta siempre en beneficio único para la clase y grupos oligárquicos dominantes" (AA, 189).
Manuel Seoane complementó la aseveración, haciendo explí­citas algunas de las causales que viciaban no tanto la forma sino, más bien, el fondo de los procesos electorales. El Cachorro, con su aguda expresividad, las llamó "factores y resortes": "La democracia cuantitativa, que se apoya en el indivi­duo tomándolo como cifra, permite la presencia y el ejer­cicio de una serie de resortes que tienden a constreñir la acción de las clases trabajadoras. En efecto, se moviliza por los conservadores y en su favor el peso de la cultura, llá­mese hábito o tradición; el peso de la prensa que está gene­ralmente en manos del gran capitalismo y el dinero, que se reparte a manos llenas en las campañas electorales aunque después se esconda en el fondo de los bolsillos. Todos son factores y resortes que inclinan casi siempre la victoria electoral cuantitativa en contra de los intereses de las clases trabajadoras, a pesar de que éstas son mayoría" (Seoane 1984, 121).
Empero, debe notarse que la crítica desarrollada a la demo­cracia formal no llevó al APRA a rechazar el sistema democráti­co. Manuel Seoane, nuevamente, abordaría el problema: "No ha fracasado precisamente la democracia. Lo que ha fracasado, según lo prueba la experiencia universal, es el sistema representativo utilizado actualmente por la ma­yor parte de las democracias" (Seoane 1984, 121).
Adicionalmente, en textos como La verdad del aprismo (1940) y en los discursos en los Días de la Fraternidad de 1974 y 1976, Haya de la Torre calificó a la democracia practicada en el Perú como democracia "burguesa", "clasista de tipo británico o francés", "decimonó­nica", "de número", "oligárquica", "civilista", "clásica", "falsi­ficada", "burlada" y "comerciada" (TM, 279; DII, 428, 467).
De acuerdo al pensamiento de Víctor Raúl, las razones del fracaso de la democracia tradicional radican en que la teórica igualdad de los hombres ante la Ley no ha bastado para superar la inequidad social, consecuencia de las diferencias de los hombres ante la economía. De ahí la exigencia de construir la nueva democracia funcional: "Constituimos la expresión política de las clases trabaja­doras integradas en un partido. Estas clases consideran que sus propósitos reivindicatorios de carácter económico no han podido ser canalizados a través de la democracia actual" (Seoane 1984, 121).
La República de Trabajadores
En aplicación del materialismo histórico, la doctrina aprista entiende que la superestructura política se apoya en la base económica y ésta, a su vez, se funda en el trabajo. Por tal razón, el régimen político del Estado Antiimperialista deberá ser el de una República de Trabajadores, representativa del frente único de las clases productoras y medias: "Hacia la reorganización científica del Estado por la de­mocracia funcional, hacia la victoria de la Justicia Social por la afirmación de la República de los trabajadores manuales e intelectuales" (PA, 146).
Guardando coherencia con esta declaración de principios, la Célula Parlamentaria Aprista sustentó la tesis de la República de Trabajado­res en el debate constitucional de 1931. La redacción propues­ta por el APRA fue la siguiente: "El Perú es una República de Trabajadores, democrática y descentralizada. El Poder del Estado emana y reside en el pueblo organizado funcionalmente y se ejerce por los funcionarios que lo representan con las limitaciones que la Constitución y las leyes establecen. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno" (Congreso Constituyente de 1931, volumen I, 346).
La propuesta de norma constitucional contiene algunos ras­gos que deben ser ponderados en su importancia.
El primero de ellos se refiere a la definición del Perú como una República de Trabajadores, asentando así la primacía del trabajo humano en la nueva estructuración política que el aprismo impulsaría para el país. En otras palabras, al ser República de Trabajadores, el Estado aprista no sería un Estado clasista democrático-burgués, de corte europeo o norteamericano: "Un Estado Antiimperialista no puede ser un Estado ca­pitalista o burgués del tipo del de Francia, Inglaterra o los Estados Unidos" (AA, 167-168).
Aclarando más estos conceptos, Víctor Raúl afirmaría: "Si el Estado Antiimperialista no se apartara del sistema clásico del capitalismo y alentara la formación de una clase burguesa nacional, estimulando la explotación individualis­ta e insaciable ,amparada en los enunciados clásicos del demoliberalismo,, caería pronto en el engranaje imperia­lista del que ningún organismo nacional burgués puede es­capar" (AA, 170-171).
Sin embargo, el Estado Antiimperialista tampoco sería el Es­tado clasista proletario o el Estado "ídolo" del totalitarismo fascista. El Estado Antiimperialista, simplemente, sería el Estado de participación del frente único de trabajadores manuales e in­telectuales: "Nosotros los apristas propiciamos un nuevo tipo de Es­tado, basado no sólo en el ciudadano como cantidad sino en el ciudadano como calidad. Por eso nuestro Estado tenderá a ser un Estado de participación de todos aquellos que en una forma o en otra contribuyan con trabajo, es decir, a la formación de la riqueza nacional" (PA, 68).
El segundo atributo que merece destacarse es la calidad democrático-funcional de la República de Trabajadores, coheren­te con la elaboración ideológica del Partido. Al respecto, Haya de la Torre afirmó: "El aprismo es democrático pero con un criterio cua­litativo económico y por eso, aceptando la gran inspira­ción libertaria de la democracia, preconiza una democra­cia funcional, económica y social, de tipo nuevo y caracte­rísticamente indoamericanas" (TM, 279).
Finalmente, téngase en cuenta el carácter descentralizado que tendría el régimen político del futuro. Abordaremos esta temática más adelante.
La democracia funcional
Dentro de la concepción aprista se entiende que todo proceso de cambio social verdadero exige el insoslayable requisito de la intervención de las masas en la gestión de los asuntos vitales de la nación. Éste es, justamente, uno de los indicadores más diáfa­nos del carácter revolucionario del esfuerzo de transformación.
A fin de viabilizar esa participación, el aprismo postuló la te­sis de la democracia funcional; ella debería regir el devenir del Estado Antiimperialista. Categoría básica de su propuesta polí­tica, "piedra angular de la vida del Estado" (PCPA, 469), la democracia funcional fue diseñada teniendo como referentes la visión ma­terialista de la historia; la critica a la democracia formal y la de­fensa del ideal de la República de Trabajadores. En la termino­logía aprista fue llamada de distintas maneras. Entre ellas se pueden señalar las de "forma clasista de democracia funcional o económica" (AA, 177); "democracia funcional basada en las catego­rías del trabajo" (AA, 171); "democracia económica" (PA, 43); "democracia social o funcional de izquierda" (PA, 44) y "democracia verdadera" (PA, 43).
La democracia funcional se define como el régimen de parti­cipación política del nuevo Estado en el cual el poder será de­tentado por las clases explotadas, es decir los trabajadores ma­nuales e intelectuales. El objetivo de la democracia funcional es el de alcanzar la justicia social con libertad ,conceptos inse­parables para el aprismo, asegurando la participación del traba­jador en la vida del Estado de acuerdo a su función personal y colectiva en la economía nacional.
Haya de la Torre reiteraría permanentemente estas ideas. Por ejemplo, en el Día de la Fraternidad de 1974 afirmaría: "Por eso es que nosotros queremos democracia y quere­mos que la democracia se reforme también, queremos darle a la democracia un sentido nuevo, sacarla del estatismo tradicional de democracia clasista u oligárquica, civilista como la llamamos nosotros desde que el Partido se fundó. Nosotros queremos una democracia funcional, económica, social, política, representativa y cooperativa, queremos una democracia de acción porque la democracia es, originaria­mente, un movimiento de los pobres, un movimiento de los desposeídos para conseguir por medios legales todos los de­rechos a los cuales tienen la posibilidad de alcanzar, por los caminos de la justicia" (DII, 428).
Y en el Día de la Fraternidad de 1976 recordó que los apristas "queremos al mismo tiempo, ,y es voluntad del Parti­do,, que se considere como derecho fundamental del pue­blo, que se establezca una verdadera democracia, no la que ellos [el gobierno militar] tildan de tradicional, sino la que nosotros propusi­mos desde 1931; una democracia activa, dinámica y de ve­ras revolucionaria que es la democracia de los trabajadores manuales e intelectuales con pleno derecho a expresar su opinión y su voto" (DII, 467).
La organización funcional
De acuerdo con Haya de la Torre, la estructura del nuevo Es­tado debería sustentarse en la organización funcional de la so­ciedad: "La base de un Estado que oriente su acción a la defen­sa, organización y progreso de la economía nacional, tiene que basarse en lo que económicamente hemos de llamar las fuerzas vivas del país. No creo que podamos hallar forma de organización política mejor para tal fin que la democra­cia funcional. Vale decir... la representación dentro del Estado de todas las fuerzas sociales que forman la base de la economía nacional, teniendo en cuenta su aporte económi­co dentro de la colectividad. La representación funcional resulta así nuestro corolario político. Sobre esa base... se erige el programa de gobierno que es ante todo, plan económico, tarea organizada" (La Noche,10-11).
A su vez, la democracia funcional reconocería como basa­mento cualitativo las distintas categorías del trabajo humano, es decir, los roles diferenciados que asumen los hombres en la pro­ducción: "Una democracia basada en el trabajo, implica la previa clasificación de éste, partiendo de su división fundamental en manual e intelectual y continuando en su estricta espe­cificación de acuerdo con la realidad económica y social de la Nación en que el sistema se establece" (PA, 103).
Muchos años después, Haya seguiría insistiendo en la idea. Así, en el discurso por el Día de la Fraternidad de 1976, Víctor Raúl recordaría: "Tenemos que reivindicar a la democracia auténtica, no a la falsificada, a la burlada, a la comerciada; que esos son vicios y faltas de la oligarquía. Tenemos que restaurar una democracia tal como nosotros la hemos propuesto: Democracia de hombres según su categoría de trabajo. Democra­cia que se institucionalice en una nueva forma de entidades representativas que tengan como expresión fundamental el Congreso Económico Nacional" (DII, 467).
Si se desea entender el concepto de categorías del trabajo manejado por Víctor Raúl debe examinarse los siguientes textos en los que se aplica la tesis de la democracia funcional a la organización del partido Antiimperialista: "El aprismo es un partido de fuerzas económicas, productoras y distribuidoras... Su organización descansa en los sindicatos apristas, como expresión de las fuerzas organizadas políticamente... El aprismo tiene una organización vertical sindical que es opuesta también a la organización sindical horizontal y corporativista del fascismo y al horizontalismo cuantitativo de la democracia clásica. El aprismo organiza sus fuerzas sociales por ramas económi­cas y de acuerdo con lo que aquellas aportan a la economía nacional (producción, circulación, distribución y consumo de la riqueza)" (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4; TM, 286-287).
Se puede deducir, entonces, que las categorías del trabajo en la democracia funcional se establecerán de acuerdo a las diferen­tes ramas y esferas de intervención en la economía nacional. Ob­viamente, se entiende que el aprismo reconoce todas las ocupaciones y facetas del trabajo humano como importantes y necesa­rias para la vida del Estado. Algo más. Nótese que la democracia funcional no se basa en la corporación de patrones y trabajadores. Por el contrario, el régimen aprista se sustenta en el sindicato de trabajadores; es por definición, un régimen de democracia de trabajadores.
El ciudadano-trabajador
De acuerdo con la tesis de la democracia funcional, son indesligables el carácter del hombre como ciudadano y su función co­mo trabajador manual o intelectual. Por este motivo, las personas dentro del nuevo Estado deberían tener derechos y deberes políticos en tanto ciudadanos y derechos y deberes económicos, emanados de su participación en el desenvolvimiento de la economía.
En tanto ciudadano, el ser humano deberá gozar de los dere­chos políticos (libertades democráticas e igualdad ante la Ley, fundamentalmente) y en tanto trabajador, deberá gozar de los derechos económicos (derecho al trabajo y al descanso poste­rior; a la asistencia en la vejez o en la incapacidad; al bienestar, al progreso y a la educación; a ser dueño social de la riqueza que produce; a estar libre de hambre, miseria, injusticia y opresión y a participar en el proceso de planificación, dirección y control de la economía nacional).
El ejercicio de los anteriores derechos políticos y económi­cos, implica el cumplimiento de los respectivos deberes políticos (observancia de las leyes; participación en la defensa nacional; respeto a la vida, salud e integridad ajenas, etc.) y obligaciones económicas (el deber de trabajar, de contribuir al sostenimiento de la sociedad, etc.). La conjugación armónica y equilibrada de derechos y deberes ,políticos y económicos, contribuirá a evitar situaciones de anarquía o tiranía, factibles cuando prevalecen únicamente los derechos, en el primer caso, o los deberes, en el segundo.
El predominio real de las mayorías
La democracia funcional se afirma en el predominio de las mayorías trabajadoras y de sus intereses en la vida política de la nación. Desde sus primeros pronunciamientos, el PAP así lo determinó: "El Partido Aprista Peruano implantará la verdadera democracia, porque su triunfo será el comienzo de una nueva era en la que las mayorías, hoy pospuestas y marginadas de los negocios públicos, asumirán su papel director" (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).
El principio quedó registrado como punto programático del Plan de Acción Inmediata de 1931: "Consideraremos que en todo conflicto que se presente entre el derecho individual y la apremiante necesidad de la colectividad, serán privilegiados el derecho a la necesidad de las mayorías" (PA, 12).
Delinear un nuevo tipo de Estado que hiciere respetar la pri­macía de los intereses de las mayorías populares, obligaría al aprismo a replantear el carácter de la democracia. Por eso Seoane recordaba que la razón de ser de la democracia funcional era, precisamente, superar la incompetencia de la democracia formal para reflejar la real voluntad de las masas trabajadoras: "Y entonces es que ha surgido esta otra teoría de no consultar políticamente a los individuos como unidades, porque entonces es fácil dominarlos y torcer la expresión de su voluntad, sino consultarlos en cuanto integran actividades económicas homogéneas, específicas, es decir de fun­ción. Los partidos de clase, que se fundamentan en el tra­bajo y, por consiguiente, en la economía, tienen que preferir esta representación de tipo funcional. La representación que mediante este sistema se alcanza es una representación auténtica, específica y los intereses de la clase trabajadora se encuentran entonces garantizados por la presencia de un personero surgido de ellos mismos, personero que no sólo tiene la voluntad genuina de sus mandantes, sino que cono­ce técnicamente su función" (Seoane 1984, 122).
La limitación del derecho individual
La democracia funcional reconoce el imperativo de subordi­nar el interés individual al colectivo y, por ende, acepta que cier­tas libertades económicas puedan verse limitadas por razones de justicia social, para que no se ejerciten en beneficio de las antiguas clases dominantes ni del imperialismo. En su obra capital, Víctor Raúl enunció: "En el Estado Antiimperialista, Estado de guerra defensi­va económica, es indispensable también la limitación de la iniciativa privada... El Estado Antiimperialista que debe dirigir la economía nacional, tendrá que negar derechos individuales o colectivos de orden económico cuyo uso im­plique un peligro imperialista. Es imposible conciliar ,y he aquí el concepto normativo del Estado Antiimperialista, la libertad absoluta individual en materia económica con la lucha contra el imperialismo" (AA, 169-170).
Con convicción, Haya de la Torre planteó que "el uso de la libertad económica debe ser limitado para que no se ejercite en beneficio del imperialismo" (AA, 168).
En una clara demostración que la hegemonía política dentro del Estado Antiimperialista sería detentada por los productores, se especificó que las libertades económicas a limitar serían las de las clases explotadoras y medias: "El Estado Antiimperialista limitará, pues, el ejercicio de uso y abuso ,jus utendi, jus abutendi,individuales, coartará la libertad económica de las clases explotadoras y medias" (AA, 170). Por esta razón, Víctor Raúl afirmaría que "el Estado Antiimperialista exige una nueva y completa estructura jurídica concorde con la nueva estructura económica" (AA, 189).
Sin embargo, Haya advirtió que a pesar de estas limitaciones, las clases medias contarían con mayor libertad que bajo la domi­nación imperialista: "Mientras se realiza la evolución al total Capitalismo de Estado ,el Estado Antiimperialista es un Estado de transi­ción siempre en progreso,, las clases medias, aún bajo el contralor estatal, han de contar con más seguridad y liber­tad efectivas, que bajo la presión imperialista que las sacri­fica inexorablemente como condición para su crecimiento incesante y monopolizador" (AA, 180).
La nueva arquitectura legal impediría a nacionales o residen­tes en el país contratar la entrada de capital extranjero que no se ajuste a las condiciones del Estado Antiimperialista: "El derecho individual debe ser limitado por las necesi­dades de la colectividad. Un libre contrato de concesión o de venta entre un ciudadano indoamericano y un capitalis­ta yanqui no es un negocio privado. Repitámoslo mil ve­ces: en esa libertad de contratación... radica en gran par­te el problema de la soberanía de nuestros países" (AA, 188).
Debe precisarse que la negación del ejercicio de algunos dere­chos económicos mal usados no afectará la vigencia de los dere­chos políticos inherentes al ser humano (libertad de expresión, de reunión, de prensa, de asociación, etc.).
La tecnificación del Estado
La reorganización del Estado sobre la base de la democracia funcional contribuirá a su tecnificación, al asegurar que cada ciudadano-trabajador se desempeñe y participe en el ámbito de actividad para el que se encuentra mejor preparado. Como pen­saba Víctor Raúl, "por la democracia funcional el Estado deviene regido por los expertos en cada una de las actividades que inte­gran la vida de la Nación" (PCPA, 469).
Ahora bien, como Haya de la Torre siempre tuviera presente que "no hay buen gobierno posible si no se basa en la organización de la economía nacional" (PCPA, 483) surge "la necesidad de políticos capaces, de gobernantes ex­pertos para la América Latina. No basta ser orador ni ser honrado. Es necesario saber. Y saber gobernar supone ante todo saber organizar la economía del país que se gobierna. El gobernante moderno, conservador o liberal, socialista o comunista, tiene el deber ineludible de saber economía" (PCPA, 457).
Sin embargo, el líder aprista reconocería la dificultad de en­contrar economistas comprometidos con el cambio social traba­jando en los gobiernos latinoamericanos: "Como los economistas todavía no han tomado los puestos de generales y políticos profesionales, en los go­biernos, el proceso puede ser lento" (ADVI, 320).
Por esta razón, la democracia funcional aseguraría la partici­pación de los economistas y, en general, de los técnicos necesa­rios para el gobierno científico del país. Se superarían así situa­ciones de improvisación muy propias de la política peruana: "Por la democracia funcional quedará abolido el confu­sionismo técnico que padece nuestra política. Por el cami­no que vamos, no será raro que algún día el ingeniero sea director de hospitales; el abogado, jefe de regimiento; el agricultor, capitán de barco; el médico, vocal de la corte y así sucesivamente. Vivimos en plena usurpación técnica de funciones y cada vez más lejos de la formación del experto. El Estado une a su propia inconsistencia la debilidad de los que pretenden conducirlo" (PCPA, 469).
Y se evitaría caer en graves errores: "No repetiríamos, así, el absurdo de llamar a un perito en finanzas antes que tratar de resolver el problema econó­mico en sí, ni creeríamos que la sabiduría de un Ministro de Hacienda consiste en reducir el Presupuesto" (La Prensa, 1).
En cuanto a la actividad parlamentaria, la democracia funcio­nal daría rápidamente sus frutos: "El empirismo nocivo, el oportunismo confusionista, la fantasía y el afán de aplicar al país lo inadaptable ,carac­terísticas de nuestro sistema de legislación actual, se co­rregirían progresivamente, desapareciendo de las prácticas parlamentarias" (PA, 115). De esta manera, "la legislación en todos sus aspectos, sería la obra jurídico-política de un cuerpo funcional en el que primaria el criterio técnico. La dirección exclusivamente política de todo plan legislativo quedará subordinada a las necesidades de la realidad técnicamente interpretadas" (PA, 115).
El regionalismo económico
Desde la juventud, como consecuencia de sus viajes y de la lectura de González Prada, Haya de la Torre percibió el cáncer centralista del país. En efecto, ya hacia 1923, Víctor Raúl recordaba que "el Perú provinciano y sobre todo el Perú serrano ,el Perú verdadero,, es, prácticamente, otro país y permanece alejado y desconocido por los hombres metropolitanos que lo usufructúan" (PEAL, 28).
Con posterioridad, en 1925, Haya reiteraría que "el desprecio por la sierra es absoluto" (PEAL, 66). Y en 1930 enunciaría que "el Estado, centralista y unitario en su forma de go­bierno, no logra representar en el Perú sino aparente­mente y en grado muy relativo, las fuerzas sociales y económicas, por ende políticas, que integran una nación de tan típica estructura" (ADVI, 215).
La crítica al centralismo y al abandono del interior del país condujo al aprismo a levantar la bandera del regionalismo eco­nómico: "El regionalismo tiene aún un sentido económico más profundo. Supone región, medio, realidad y supone gobier­no apropiado (rexis etimológico, regirum, gobierno en ale­mán) de acuerdo con ese medio, con esa realidad. El regio­nalismo corresponde, pues, al problema de las intensidades y en países en que los hay varias es imprescindible para la organización del estado y del gobierno" (PCPA, 456-457).
En forma sintética y comparativa, Víctor Raúl precisaría: "Conviene advertir que los apristas peruanos somos regionalistas y anticentralistas como somos nacionalistas y democráticos: no sólo política sino económicamente" (PCPA, 464).
Empero, Haya de la Torre reconoció la existencia de dos ti­pos de regionalismo, distintos y antagónicos: el regionalismo propugnado por las clases dominantes y el regionalismo econó­mico reivindicado por las clases productoras. El regionalismo de los explotadores, de cuño feudal ,"loca­lista, terruñista, forma elemental del patriotismo enardecido", fue empleado por el gamonal para influir sobre un campesinado sentimental y supersticioso, asentado en pequeñas regiones, al que pudo dominar sin mayores contratiempos. Haya rechazó es­ta clase de regionalismo al que consideró manifestación del feudalismo supérstite. El regionalismo de los explotados, por el contrario, debería convertirse en instrumento de progreso y cooperación entre las distintas circunscripciones económicas del país. Al respecto, Víctor Raúl exigiría: "rechazar el regionalismo de los explotadores; rechazar al mismo tiempo el sometimiento de una región económica a otra (ejemplo: el actual centralismo de Lima sobre las provincias) y afirmar el paralelismo de las regiones econó­micas de producción es adoptar un regionalismo revolucio­nario y constructivo, vale decir, es adoptar el regionalismo de los explotados y con el regionalismo de los explotados estamos los apristas" (PHT, 265).
Por otro lado, debe precisarse que de acuerdo con el pensa­miento de Víctor Raúl, el regionalismo económico sería un con­cepto más amplio que el descentralismo: "Este regionalismo económico envuelve, pues, el llama­do descentralismo, es decir lo implica, lo supone, va más allá que él porque lo garantiza mejor y no lo presenta co­mo un fin, siendo el descentralismo en sí un medio. De modo, pues, que la región económica es nuestra forma de acción descentralista, y dicho sea de paso, el aprismo que ha sido desde su fundación descentralista, es y será descentralista" (PA, 75).
La nueva estructura del estado
El tercer rasgo distintivo del Estado Antiimperialista es su nueva estructura política. De acuerdo con Haya de la Torre, "la revolución antifeudal y antiimperialista triunfante no puede utilizar tampoco el viejo aparato del Estado para hacerlo servir a sus propósitos. Al producirse el movimiento Antiimperialista que captura de las clases dominantes el Estado ,instrumento de opresión del imperialismo,, aquél debe transformarse" (AA, 167).
La organización estatal de la República de Trabajadores debe­rá erigirse sobre la base de dos principios programáticos apristas: la democracia funcional y el regionalismo económico. Es por es­ta razón que su estructura se afirmará en la existencia de un po­der central ,el parlamento funcional unicameral, al que se encontrarán subordinados poderes regionales y gobiernos locales. Los distintos órganos del nuevo Estado se integrarán clasistamente de manera funcional y gozarán de autonomía dife­renciada.
El poder central: el parlamento funcional unicameral
El poder central del Estado Antiimperialista estará conforma­do por el parlamento funcional unicameral, órgano superior y "primer poder del Estado" (DI 490).
La crítica al parlamento tradicional
En su propuesta de parlamento funcional, el aprismo partió de la realización de una severa crítica al ineficaz y verbalista pa­pel jugado por los parlamentos tradicionales, importados de otras latitudes. Haya de la Torre explicó: "En un congreso de ciudadanos de distintas profesiones y especialmente abogados, se discute a veces muy bella­mente, pero no siempre con sentido de eficiencia. En nues­tro país, todo el mundo dice que las leyes son buenas, pero lo que importa es que se cumplan. Y no se cumplen, en la mayoría de los casos, porque son leyes teóricas que no responden a los verdaderos problemas que pretenden re­solver" (La Prensa, 1).
Para Víctor Raúl, resultaba de vital importancia evitar que el parlamento se convirtiera en un congreso del tipo de los ante­riores, incompletamente documentado, remedo de concurso de mala oratoria, inflada y estruendosa: "Corremos el peligro de tener un congreso del tipo de los anteriores en el que abunden los pomposos discursos y un poeta hable de milicia mientras un sacerdote perore so­bre higiene o un hacendado de azúcar sobre los problemas de la democracia … Es cierto que, con elecciones le­gales, la mayoría sería la aprista y todos los miembros de nuestro partido saben que la política científica es la polí­tica del técnico. Pero, basta uno de esos señores que se llaman sin par­tido, vocero del pueblo, tribuno, etc., para que la asamblea legislativa se convierta en un concurso de mala oratoria castelariana, inflada y estruendosa, sin contenido eficaz. Sabido es que la mayor parte de los anales parlamentarios de los países tropicales son una maravilla de re­tórica tórrida. Empero, los problemas vitales del país exi­gen deliberaciones más concretas y, sobre todo, más con­cretamente económicas" (La Prensa, 1).
Debe señalarse, de paso, la poca confianza y simpatía demos­trada por los fundadores del aprismo hacia los abogados. Si bien Haya de la Torre reconoció que "hay hombres de toga, los menos es verdad, que ampa­ran la protesta de los pueblos y que saben estremecerse an­te la inmolación de estudiantes" (CA, 79), también afirmó, sin temor, que "abogados fueron los mejores cómplices de Leguía que, ya como jueces, ya como apoderados jurídicos, ya como políticos en actividad, contribuyeron a justificar lo injusti­ficable. Y abogados fueron después los que contribuyeron a erigir en el Perú la nueva autocracia del comandante a quien llamaron libertador, hombre de Estado, gobernante de cultura jurídica y otras cosas más ,sólo cito pa­labras del abogado director, de El Comercio, de Lima, y de los abogados exrectores de la Universidad Mayor de San Marcos,, siendo el comandante así elogiado quien más sangre ha hecho correr en el Perú en menos tiempo de mando" (CA, 79).
Haya enfatizó que "si el déspota de sable es odioso, el déspota y el cómpli­ce de toga son repugnantes. El de sable es siempre un primitivo brutal y en muchos casos de camisa de fuerza, o si el procedimiento es modernamente anticientífico, de un asilo ventilado y seguro. Pero el de toga, que ampara el pro y el contra con citas en latín y con artículos de código, que es Pilatos de todas crucifixiones, sin recurrir siquiera al lavabo, ese el homo homini lupus ,a Plauto no suelen citarlo mucho los abogados, que hace de la piel de corde­ro su balandrán siniestro" (CA, 79-80).
Y, sobre todo, criticó la actitud entreguista de muchos aboga­dos: "Cuán responsables [son] los hombres de toga de muchos de los crímenes que los de sable perpetran en nuestros países Y entre los crímenes aludía yo a los dos mayores de todas las tiranías latinoamericanas: la entrega de la riqueza de nuestros pueblos al dominador extranjero y el atropello de los derechos elementales de esos mismos pueblos en aras ,y muy de veras, aras, de las autocracias que se venden y venden" (CA, 78).
Tal censura fue reiterada en diversas oportunidades: "Abogados fueron también los que ayudaron a entregar la riqueza del Perú a las empresas norteamericanas y los que ayudaron a las empresas a verificar la compra (CA, 79).
Seoane, por su lado, añadiría: "Si los abogados viven de los clientes que tienen capital, lo lógico es que en su gran mayoría se pongan a servir a los capitalistas nacionales o extranjeros y que no se pongan al frente de los reclamos de carácter popular" (Seoane 1984, 130).
Colofón de esta aversión hacia los abogados bien podría ser la opinión de Haya de la Torre sobre el poder del Estado con el que tratan: "El poder judicial, en el Perú, es lo más corrompido que puede darse" (PEAL, 68).
La composición funcional
Por las anteriores razones, los criterios de representatividad del parlamento deberían modificarse a efectos que respondan a los postulados de la democracia funcional. Al respecto, el Parti­do Aprista estableció en el Programa Mínimo de 1931 que propiciaría "la organización funcional del parlamento y las municipalidades" (PA, 11). Previamente, a través del Llamamiento a la Nación del primero de enero de 1931, había expresado que: "El parlamento sería la expresión nacional sujeta la mis­ma organización funcional de todas las municipalidades. Por este medio quedaría asegurada la descentralización au­tomática en el orden económico, político y administrativo. Económicamente, la descentralización supone una verdadera federación; la demarcación política seguirá, en conse­cuencia, a la realidad económica de cada región" (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).
En el Manifiesto de febrero de 1932 el PAP confir­maría: "Así como el municipio funcional representaría el go­bierno real inmediato de una región económica, o de una parte de ella, el parlamento funcional representaría el total de las regiones económicas, o sea la Nación. Ya el regiona­lismo económico es punto de partida para la representa­ción funcional en el parlamento, desde el momento en que la división territorial se haría de acuerdo con la realidad del trabajo productivo actual o posible de cada región" (PA, 115).
Como se podrá deducir por la lectura de los anteriores textos, la institución municipal y la parlamentaria son indesligables. Resulta extraordinaria la analogía con el caso de la ex-Unión Soviética, en donde el soviet ,compuesto inicialmente por obreros y soldados, era el ente de gobierno local y el Soviet Supremo era el órga­no superior de poder político de la U.R.S.S. Ésta es una evidente muestra de la aplicación creativa de las teorías leninistas a la rea­lidad latinoamericana hecha por Haya de la Torre, El primero que se percató de esta adaptación fue Víctor Andrés Belaúnde: "La representación funcional integral es sencillamente utópica si no queremos seguir el camino del fascismo o del Soviet" (Belaúnde 1966, 106).
Finalmente, adviértase que la organización funcional posibili­taría la presencia genuina y masiva de las clases productoras en el parla­mento, hecho que no se puede lograr en el marco de la democracia formal. En el debate constitucional de 1931, Car­los Manuel Cox defendió ese punto de vista: "Lo que nosotros queremos son hechos y realidades, los que deben salir no de un parlamento organizado como el actual sino de un congreso en el que estén representados los hombres que trabajan, los hombres que producen la riqueza" (Congreso Constituyente de 1931, volumen II, 1073).
Por su lado, Víctor Raúl añadiría: "En el parlamento funcional propugnado por el Partido Aprista, no sólo deberán estar representados todos los sec­tores de la producción y los organismos de circulación de la riqueza nacional. También deberán estar representadas las entidades profesionales y técnicas dependientes o no del Estado y los grandes centros oficiales de cultura" (PA, 115).
La unicameralidad
Dentro del Estado Antiimperialista, el parlamento funcional será unicameral. Ésa fue la tesis defendida por Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez en el debate constitucional de 1931. Seoane afirmó: "Nosotros somos partidarios de la democracia funcional, de la unicameralidad funcional" (Congreso Constituyente de 1931, volumen II, 1136). Y Sánchez no se quedó atrás cuando añadió: "Hemos sostenido que debe establecerse una sola cáma­ra en el Perú y que esta cámara debe ser funcional" (Congreso Constituyente de 1931, volumen II, 1096).
Los poderes regionales
El segundo componente de la estructura del nuevo Estado viene dado por la creación y puesta en marcha de los poderes regionales en aplicación del principio del regionalismo econó­mico. En tal virtud, se introducirán "modificaciones en la demarcación política del territorio de la República con criterio funda­mentalmente económico" y se concederá "autonomía administrativa y económica a las regiones en que se divida al país" (PA, 11). Para Víctor Raúl, la región sería una jurisdicción política más científica que la actual y, a base de ella, tendría que determinar­se las modalidades de aplicación de los principios de la reorgani­zación económica de la nación.
En la perspectiva aprista, el proceso de regionalización com­prenderá el establecimiento de poderes regionales ,entiéndase gobiernos regionales, y la correspondiente descentralización administrativa y económica: "Por la descentralización administrativa, cada uno de los poderes regionales, organizados funcionalmente, asumirá las facultades administrativas que actualmente ejerce el Ejecutivo, en los asuntos que atañen exclusivamente a la circunscripción que representan. Decidirán las cuestiones administrativas sin que el poder central revise sus actos y designarán su personal burocrático. El poder central con­servará la facultad de decidir en los asuntos que interesan a dos o más regiones y en los que atañen a todo el país" (PA, 11).
La descentralización defendida por el aprismo incluiría la di­rección regional de las fuerzas policiales: "El poder coercitivo será ejercitado por las autoridades políticas de la circunscripción, como delegados del Ejecu­tivo Central y sus actos serán revisados en los casos que las leyes determinen" (PA, 11-12).
Por otro lado, Haya de la Torre no olvidaría precisar que "para la descentralización económica la ley fijará las rentas que corresponda recaudar y percibir a las regiones y las que correspondan al Poder Central" (PA, 11). Obviamente, como consecuencia de las anteriores acciones, se producirán alteraciones estratégicas en la ocupación del territo­rio peruano.
El poder municipal
La célula básica de poder dentro del nuevo Estado es el muni­cipio funcional. Así lo estableció el Partido Aprista a través del Llamamiento a la Nación del primero de enero de 1931: "La base de la organización política del país deben ser las municipalidades o ayuntamientos, expresión primaria de la soberanía popular" (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4). A su turno, Arturo Sabroso expresaría en el Congreso Constitu­yente de 1931 que habría que "establecer que la democracia funcional parte del municipio organizado a base funcional" (Congreso Constituyente de 1931, volumen II, 1061).
En el Manifiesto de febrero de 1932Víctor Raúl confirmaría esta tesis: "El municipio sería la verdadera célula del organismo es­tatal y la mejor escuela práctica de gobierno" (PA, 114). Muchos años después, en su discurso por el cuadragésimo segundo aniversario del Partido Aprista, Víctor Raúl recordaría esta aspiración: "El poder municipal ha sido para el APRA siempre concebido como el poder esencial de un país democrático" (DII, 387).
Para que el poder municipal llegue a ser tal, deberían operarse dos cambios significativos respecto a los antiguos municipios. El primero de ellos se refiere a la potenciación y fortalecimiento de su autoridad: "La ampliación del radio de acción de los municipios y su elevación a un rango superior de autoridad es condición esencial para la efectiva descentralización política y administrativa que la necesidad de progreso de la Nación reclama" (PA, 114).
Haya de la Torre reiteró este planteamiento en 1972: "El poder municipal debe ser exaltado, robustecido, vi­gorizado y prestigiado. Siquiera podría acercarse a lo que es el poder municipal en México, En México no hay pre­fectos ni sub-prefectos, pero hay presidentes municipales elegidos por los pueblos, que tienen, además de funciones edilicias, funciones políticas y a veces, judiciales" (DII, 388).
La segunda alteración está vinculada a la conformación fun­cional del municipio: "Su constitución sería el resultado de la representación elegida de todas las fuerzas vivas de cada localidad, sindicalmente organizadas" (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).
Las dos anteriores modificaciones traerían consigo efectos anti-centralistas: "Dando mayor poder ,político, económico y adminis­trativo, a los municipios e integrándolos con representa­ciones sindicales y técnicas de cada distrito o provincia, el centralismo gubernamental perdería la fuerza excesiva que hoy tiene" (PA, 114).
De igual manera, contribuiría a su tecnificación: "Organizados los municipios funcionalmente, conservan­do el derecho legal que hoy tienen los extranjeros para in­tegrarlos, serian entidades técnicas de gobierno local, con conocimiento inmediato de la región en que desenvuelven su actividad y con autonomía suficiente para actuar con eficacia" (PA, 114).
Dichos cambios contribuirían a que la municipalidad adquiera carácter de verdadero gobierno local: "La municipalidad se elevará así a la categoría de gobierno local en el que estarán representadas no sus fuerzas ciudadanas en sí sino como expresión de las distintas actividades del trabajo que ellas desempeñan dentro de la colectividad" (Partido Aprista Peruano 1931, 3-4).
Finalmente, debe indicarse que, a manera de resumen, se presenta en el Cuadro 4 un esquema de la concepción del Estado Antiimperialista en el cual se incluyen sus principales rasgos constitutivos. Asimismo, el Cuadro 5 permite apreciar las principales diferencias entre los modelos aprista, capitalista y comunista.
Obras citadas
Obras Completas
Los textos de Víctor Raúl Haya de la Torre citados en el presente capítulo están incluidos en la segunda edición de sus Obras Completas, en siete volúmenes, publicadas por la Librería-Editorial Juan Mejía Baca (Lima, 1984). Se ha utilizado la clave siguiente para identificarlos con mayor facilidad, indicándose a continuación el volumen de las Obras Completas en el cual se incluyen:
AA El antimperialismo y el APRA, Volumen 4.
ADVI ¿A dónde va Indoamérica?, Volumen 2.
CA Construyendo el aprismo, Volumen 2.
DI Discursos I, Volumen 5.
DII Discursos II, Volumen 7.
IAA Ideario y acción aprista, Volumen 1.
IIIRS Impresiones de la Inglaterra imperialista y la Rusia soviética, Volumen 2
PA Política aprista, Volumen 5.
PEAL Por la emancipación de América Latina, Volumen 1.
PCPA Pensamientos de crítica, polémica y acción, Volumen 2.
PHT El proceso Haya de la Torre, Volumen 5.
TAA Treinta años de aprismo, Volumen 6.
TM Testimonios y mensajes, Volumen 1.
YDGQ Y después de la guerra ¿qué?, Volumen 6
Declaraciones periodísticas
La Noche (Lima). 3 de enero de 1931.
La Prensa(Lima). 18 de abril de 1931.
Otros autores
Belaúnde, Víctor Andrés. 1966. El debate constitucional. Lima: Talleres Gráficos P. L. Villanueva, S. A.
Congreso Constituyente de 1931. Diario de los Debates. Volumen I. Lima: Empresa Editora La Opinión.
Congreso Constituyente de 1931. Diario de los Debates.Volumen II. Lima: Empresa Editora La Opinión.
Marx, Carlos. s/f. La guerra civil en Francia. En Obras escogidas, Carlos Marx y Federico Engels. Moscú: Editorial Progreso.
Marx, Carlos. 1975. El Capital. Volumen III. México: Fondo de Cultura Económica.
Partido Aprista Peruano. 1931. Llamamiento a la Nación. La Noche (Lima), 1º de enero de 1931.
Sánchez, Luis Alberto. 1934. Principios de Economía Política aplicada al Perú. Lima: Editorial Librería Peruana.
Seoane, Manuel. 1984. Izquierda Aprista. Lima: Okura Editores, S. A.
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Que opina? Procurador sobre caso Comunicore: Críticas no me intimidan, me fortalecen - 31/01/2012 15:18:57

" Ideeleradio.- Las críticas no me intimidan; por el contrario, me fortalecen, sostuvo el procurador anticorrupción Julio Arbizu, al reconocer que es probable que reciba cuestionamientos por parte de personas cercanas al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, tras su ratificación como representante de los intereses del Estado en el caso Comunicore.
Fue al comentar la decisión del Consejo de Defensa Judicial del Estado que remitió un oficio al 12° Juzgado Penal de Lima en el que se lo acredita como único abogado para ese tema, en que se ventila el presunto pago irregular de 36 millones de soles que efectuó la Municipalidad de Lima a la empresa Comunicore.
"Soy absolutamente consciente de eso [de que continuarán las críticas]. En su momento, la decisión que tomó la Procuraduría [de pedir la detención de Castañeda] , además fue una decisión institucional y colegiada una decisión que se consultó al interior de la Procuraduría misma, trajo como consecuencia la exaltación de algunas personas relacionadas al movimiento político del procesado; se dijeron una serie de mentiras, una serie de afirmaciones incorrectas", afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Yo estoy seguro que eso va a seguir ocurriendo. Si me preguntas si eso me intimida o me llama a recular, pues de ninguna manera; es más, diría que eso me fortalece. Creo que estamos haciendo lo correcto en este caso, estamos haciendo lo correcto en otros casos donde actuamos con el mismo rigor pese a que la prensa quizá pone sus reflectores en algunos procesados y en algunos procesos", manifestó.
El abogado del Estado apuntó que su despacho sigue investigando probables comisiones de delitos contra la administración pública en otras instituciones, sin que eso implique el enfoque de los reflectores de la prensa en algunos procesos o procesados.
Insiste en el peligro procesal y el pedido de detención
El procurador anticorrupción señaló, asimismo, que espera que el Poder Judicial resuelva el pedido que presentó para que se revoque la medida de comparecencia que se dictó contra Castañeda Lossio, cuando se lo abrió proceso en la primera semana de enero. Subrayó que existen suficientes indicios para argumentar la posibilidad de elusión de la actividad probatoria por parte del exburgomaestre.
"A nosotros nos parece que el peligro procesal puede estar expresado en el peligro de fuga, no es el caso a nuestro criterio, pero además hay algunos otros elementos que configuran ese peligro procesal, y uno de esos elementos y una de esas posibilidades es el entorpecimiento de la actividad probatoria", señaló.
"Si el procesado en este caso hace todo lo posible por eludir la investigación por medios procesales o por medios dilatorios, hay ciertamente una evidencia de que este procesado está utilizando todos estos medios para eludir para salir de la investigación, para no salir investigado", detalló.
Caso Comunicore se amplió porque Castañeda dilató el proceso
Arbizu Gonzales refirió, en otro momento, que el caso se amplió por cuatro meses más debido a que la defensa de Castañeda Lossio utilizó medios repetitivos para entorpecer la actividad probatoria y dilatar el proceso.
"El señor Castañeda a través de su defensa ha utilizado medios además repetitivos para precisamente eludir la investigación, eso a nuestro entender configura un supuesto de entorpecimiento de la actividad probatoria", opinó.
"Y lo hace, entiendo yo, en atención a esas maniobras dilatorias, al primer hábeas corpus, le ha sucedido un segundo hábeas corpus, básicamente con los mismos argumentos. Entonces claro, el juez en atención a estas maniobras es que extiende el plazo y declara complejo el proceso para hacer una investigación en el plazo debido", subrayó.
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Interesante, Francisco Soberón: Exigimos vigilancia para que Huamán Azcurra no fugue - 01/12/2011 18:07:50

" Ideeleradio.- La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) exigirá a las autoridades pertinentes que vigilen al ex coronel del Ejército, Roberto Huamán Azcurra, ex hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, porque existe el peligro de fuga, anunció Francisco Soberón Garrido, director de ese organismo no gubernamental, al referirse a su excarcelación.
"[…] No es dable y aceptable que se le haya dado comparecencia para los delitos pendientes que tiene que ver con el derecho a la vida, esa es una decisión que tomó el Poder Judicial en su momento y lo estamos acatando; pero debemos exigir vigilancia para que no haya intento de fuga, frente a los temas pendientes por los que debe rendir cuentas", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Lo que nos preocupa es que teniendo pendiente un proceso penal por crímenes de derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales posteriores al develamiento de los rehenes en la embajada de Japón [Operación Chavín de Huántar], él ha salido ahora por culminación de su pena por delitos de corrupción, […] que tienen penas benignas, muy leves y él ha salido por beneficios de 5x1", precisó.
Opinó que al cumplirse su sentencia por delitos corrupción y teniendo otro proceso penal por delito de lesa humanidad, por lo menos debió concedérsele una orden de arresto domiciliario y no solo el impedimento de salida del país.
"Por lo menos [le hubiesen dado] arresto domiciliario y no comparecencia prácticamente, solo con la restricción de no poder salir del país, pero que sí puede circular. Decimos esto por la gravedad y magnitud de un hecho que tiene que ver con un atentado a la vida", subrayó.
Sistema judicial fue lento en el Caso Chavín de Huántar
Refirió que la lentitud del Poder Judicial dilató el desarrollo de las audiencias por el Caso Chavín de Huántar, tras lamentar que no se cumplan con los plazos iniciales legales, porque los fiscales tardan en formular sus acusaciones o debido a que los propios jueces se demoran en la emisión de sentencias.
"Las audiencias están en curso y en desarrollo, este es uno de los problemas centrales del Poder Judicial peruano, la lentitud, vemos por todos lados que se están produciendo excarcelaciones porque no se ejecutan los plazos debidos. Consideramos que todo procesado tiene derecho a que le respete los plazos y sea responsabilidad del sistema judicial", aseguró.
"El Ministerio Público se demora en las investigaciones y formular las acusaciones y Poder Judicial [se demora] en tener audiencias de corta duración, espaciadas y eso es lo que dificulta que se culminen con los plazos que deben aplicarse, porque la ley debe ser pronta, para que sea justa", añadió.
Penas para delitos de corrupción se deben incrementar
El activista de derechos humanos manifestó, en otro momento, que actualmente las penas para los delitos de corrupción son muy leves por lo que planteó el incremento de las sanciones punitivas para evitar nuevos casos de corrupción en futuros gobiernos.
Lamentó que el Congreso de la República no haya aprobado el proyecto de ley que declaraba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; sin embargo, mostró su esperanza en que la comisión a cargo vuelva a elevar el pedido al Pleno para su debate y posterior aprobación.
"Debemos buscar que se modifique las penas para los delitos de corrupción, son muy benignas y para futuros casos de corrupción en otras gestiones gubernamentales tenemos que buscar que se incrementen las penas, hay todo un impulso de sectores de sociedad civil para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, lamentablemente, el Pleno del Congreso volvió a enviar [este proyecto de ley] a comisión", mencionó.
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Noticia, Columna de reporteros - 25/11/2011 21:18:27

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Reproducción de la columna "Las Palabras" publicada en la edición 2208 de la revista "Caretas".
Las estridentes disonancias
NUEVA York.- Este lunes, un grupo de peruanos nos reunimos, en el Century Association con otro de las Naciones Unidas para hablar sobre los escenarios del presente y los del futuro cercano del Perú. Lo discutido en la reunión, me temo, fue off-the-record, pero no las conversaciones que hubo fuera de ella.
Tuve una charla interesante con Víctor Andrés, Vitocho, García Belaunde. Junto con un temperamento de palomilla que los años no borran por completo, y el recuerdo de alguna precipitación oratoria cuyo sonrojo aminora el tiempo, Vitocho es un congresista experimentado y trejo, cuyas investigaciones , con la colaboración de un competente grupo de asesores , son por lo general certeras.
Hablamos sobre las perspectivas de nuestro país en el futuro próximo. Lo que sigue es una versión aproximada de lo conversado. La interpretación, es, por supuesto, mía.
Somos uno de los pueblos más pesimistas del Hemisferio, y tenemos razones para serlo. Pero, pese a la insatisfacción en nuestras instituciones, el hecho es que la década pasada ha sido una de las mejores en nuestra Historia.
¿Que no fue lo buena que pudo ser? Claro que no. Nuestro pasado es una relación sin pausa de frustraciones, engaños y corrupciones. Dentro de eso, hubo instituciones, personas, a veces pueblos enteros, que cumplieron, crearon, fueron íntegros, pelearon y ,por ser la excepción y no la regla ,, muchas veces se sacrificaron.
Así que por haber logrado avanzar con el freno de mano puesto, lo progresado en la última década destaca mejor.
Durante todo el decenio, el crecimiento del producto bruto interno fue invariablemente positivo y superior a los promedios regionales y mundiales (salvo dos años).
A partir del 2002, las cifras anuales son impresionantes. En el segundo quinquenio, el promedio anual de crecimiento fue de 7.8%, entre los más altos del mundo. Las exportaciones, que apenas se duplicaron en la década de 1990-2000 (de $3,280 millones de dólares a $6,995 millones), se quintuplicaron en el primer decenio del siglo XXI y llegaron a $35,565 millones en 2010.
Las reservas internacionales netas se cuadruplicaron con creces entre el 2000 ($9,881 millones de dólares) y el 2010 ($44,105 millones de dólares).
El crecimiento fue, además, descentralizado y diverso. La agroindustria, construcción, pesquería, crecieron aparte de la minería. Las nuevas clases medias de la antigua periferia urbana, nietas de los fundadores, estera a cuestas, de las primeras barriadas, fueron súbitamente descubiertas como el fantástico mercado de consumo que ya eran; a la vez que continuaron siendo protagonistas , a caballo entre la economía formal y la informal ,, fundamentales del desarrollo.
Uno de los aspectos más interesantes, y menos mencionados, fue el del aumento de la productividad laboral, superior a las de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Colombia o México.
Todo crecimiento global de la economía es bueno para un país. El que hemos tenido es extraordinario y nos ha puesto en camino de ser otra nación que aquella empobrecida y trágica de los ochenta y buena parte de los 90.
¿Por qué entonces el fuerte descontento?
La inmensa mayoría de peruanos considera que se "gobierna para grupos poderosos". La confianza de los peruanos en el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, es mucho menor que el promedio en Latinoamérica. La mitad, o menos.
A pesar que la Democracia ha presidido el extraordinario crecimiento de la década, el Perú casi dobla el malestar promedio en Latinoamérica de insatisfacción con el sistema y el Estado.
Junto con el crecimiento de la economía, lo hicieron los conflictos sociales. De poco más de 50 conflictos el 2004 se saltó a casi 300 a mediados de 2009.
La gran mayoría son entre el campo y la mina. Si se añade los conflictos con las empresas de hidrocarburos y con las hidroeléctricas, la mayoría se hace virtualmente absoluta.
El problema estructural radica en que el crecimiento económico está predicado en la minería, los hidrocarburos y la energía.
Los proyectos de inversión privada entre el 2011 y el 2013 son de $47,475 millones de dólares en total. De ellos, $35,133 millones de dólares corresponden precisamente a proyectos de minería ($22,210 millones), hidrocarburos y electricidad (algo más de $6,400 millones cada uno).
El escenario de conflicto está cantado. De un lado, mucha plata; del otro, mucha gente.
Se supone que la gente no es indiferente a la plata. Y no lo es. Pero todo indica que siente que pierde más de lo que gana, mientras que otros pocos ganan demasiado.
De hecho, pese a una moderada disminución de la pobreza, la distribución de la renta "se ha hecho más desigual entre 2000 y 2009", según un informe de PNUD e IDEA.
La única forma de enfrentar ese campo de estridentes disonancias es mediante el rápido fortalecimiento cualitativo del Estado. Especialmente para la acción reguladora. En la cual hemos tenido hasta ahora un Estado letárgico, blando e impotente.
La incapacidad de regular bien ha sido una de las causas principales de la protesta directa de la gente.
No solo en las industrias extractivas. García Belaunde procesó con sus colaboradores, las cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros, para determinar el grado de concentración, y abuso sobre el ciudadano, en el sector financiero.
Las cifras son elocuentes: Cuatro bancos (Crédito, Continental, Scotiabank e Interbank) controlan el 84% de los créditos directos. Solo el banco de Crédito tiene el 33.66% de ese mercado. Los mismos cuatro bancos concentran el 83% de depósitos totales. Sus altísimas utilidades netas representan el 90% del sector.
Todo aquel que ahorra en bancos sabe que sus depósitos en ahorros o plazo fijo ganan intereses minúsculos. Pero, de otro lado, ¿cuánto se paga por préstamos o créditos?
Según el cálculo de García Belaunde, en el caso de un consumo de, digamos, mil soles a pagarse el 12 cuotas, la tasa de costo efectivo en las tarjetas de crédito oscila entre el 109% y el 118% en una tarjeta Visa del banco Continental; la Visa de Interbank es del 116.3%; la Ripley Clásica, entre 46.14% y 89.08%; la CMR del banco Falabella entre 51.68% y 80.86%.
En consumos, el costo mayor es el de la MasterCard del banco Azteca, que cobra el 198.41% sobre un consumo de mil soles en 12 cuotas. Los demás bancos no están lejos en márgenes de usura.
En disposición de efectivo, el banco Continental llega a cobrar el 202.72% por retiro de mil soles de cajero automático en modalidad de línea revolvente.
¿Cómo define "usura" la SBS?
Las pocas AFP que controlan el mercado previsional se engríen sin remilgos. Excepto en un año, el 2006, según la investigación de García Belaunde, el retorno sobre el patrimonio de los accionistas (es decir, de los dueños de las AFP) fue siempre superior a la rentabilidad de los aportantes.
Hemos crecido, lo que está muy bien. Pero desequilibradamente y eso puede causar grietas, fracturas, hasta derrumbes.
Ya sufrimos conflictos rurales, de campo y mina. Otros, de ecología y salud, seguramente crecerán. Mientras, en los países desarrollados, el movimiento de los indignados ante la codicia y la usura de la "industria" financiera remueve sus naciones.
Si no se toma acción ahora, esas tres vertientes eventualmente convergirán y correremos el peligro de la tormenta social perfecta.
¿Es evitable? Creo que sí. Lo primero, queda dicho, es fortalecer cualitativamente al Estado, especialmente en su capacidad reguladora. De la misma manera que hace algunos años se crearon archipiélagos de excelencia estatal en el sector económico (BCR, MEF), debe hacerse lo mismo con el sector regulador.
Solo un control experto, imparcial y fuerte desde el Estado, que frene, controle y sancione los excesos de codicia corporativa, en función del interés global, podrá equilibrar el interés privado con el beneficio común y logrará que en el largo plazo se beneficien hasta los que zapatean.
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