Gestión Pública del Perú y el Mundo: 2013 y DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA

Noticia, Balance general de la situación de los derechos humanos 2012-2013 - 20/03/2014 14:28:10

"Este balance sirve de introducción al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que pueden descargar acá.
¿Cuál sería la mejor manera de caracterizar el año 2013 para los derechos humanos en el Perú? Quizás podría decirse que la inacción de instituciones que deben velar por ellos se cruza con ciertas buenas intenciones de los actores del Estado peruano: lamentablemente en la práctica implicó que, los derechos humanos, siguieron siendo violentados y que el Estado no ha podido implementar las normas necesarias para garantizarlos.
La primera cifra que no revela en toda su dimensión lo que implica por ella misma es esta: 17 personas muertas desde setiembre del 2012 hasta diciembre del 2013 en conflictos sociales. Entre ellas, la historia cruel de Kenllu Sifuentes Pinillos, joven de 22 años que vivía en Barranca, y que cuando tenía doce años en el 2004 recibió una bala de un efectivo del Ejército peruano en un paro agrario en Pativilca. Fue operado en el Hospital del Niño, estuvo internado varios meses, hasta que finalmente se recuperó y pudo terminar el colegio. Diez años después, durante una protesta convocada por la Municipalidad de Barranca, Kenllu Sifuentes vuelve a ser impactado por un proyectil, esta vez en el esternón, y a las pocas horas muere. ¿Acaso el Estado peruano no pudo prevenir esta situación equipando a sus policías antimotines con armas no letales? En Lima la prensa apenas le dedicó algunas líneas: ¿acaso la historia de Kenllu Sifuentes, atravesado dos veces por dos balas que salían para reprimir a los protestantes, no es tan impactante como la de cada uno de los caídos en las protestas venezolanas?
Pero regresemos sobre lo que le ha faltado a varias de las instituciones tutelares del Estado para garantizar nuestros derechos. Ni se ha implementado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, ni se ha promulgado el Plan Nacional de Derechos Humanos, ni se ha derogado el Decreto Legislativo 1095 por el contrario hay mayor impunidad para PNP y Ejército durante represión en conflictos sociales con la dación de la Ley 30151 ni se han anulado los marcos legales que permiten los convenios entre PNP y empresas extractivas. Los peruanos y peruanas seguimos estando divididos entre ciudadanos de primera, con un Estado que garantiza su vida y sus propiedades, y ciudadanos de segunda, cuyas vidas y propiedades, sobre todo cuando son rurales o de pueblos indígenas, siguen siendo subalternas a los intereses de las grandes empresas extractivas que, por sobre todo, tienen garantizadas sus inversiones con la finalidad de que aquellos que gozan del crecimiento sigan gozándolo. Al otro lado de la balanza siempre se encuentran los más débiles: las mujeres campesinas, los comuneros quechuahablantes, los niños afectados por la contaminación de sus aguas y sus cielos. Estas palabras parecen maniqueas, pero en nuestro contexto político actual, no lo son: si al Estado verdaderamente le interesarían los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los niños no priorizaría la flexibilidad de las normas ambientales, de los estudios de impacto ambiental y de la ampliación de proyectos extractivos sobre la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos.
Por eso mismo, este informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es largo, grueso, lleno de cifras, lleva varios artículos firmados, un balance completo sobre los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) pero sobre todo, rezuma cierta desesperanza. Para evitarla, para poder plantear estrategias que nos permitan una visión de largo plazo, proponemos en esta parte del texto, no quedarnos simplemente en la presentación de lo que ustedes, lectores, podrán revisar en el índice y en cada una de estas páginas; proponemos tratar de entender cuáles son las relaciones que puedan existir entre esta realidad de 2013 y nuestro pasado inmediato; proponemos analizar las relaciones que puedan existir entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales en la actualidad, entre las estrategias de control desde los aparatos del Estado de las protestas sociales hoy y la subversión de ayer.
En ese sentido, esta propuesta más bien personal, se divide en cuatro acápites: desprestigio, visiones de desarrollo, protesta y disidencia.
Desprestigio
A pesar de que el proceso de la CVR ha planteado un antes y un después de los derechos humanos en el país, debemos dar cuenta de los golpes que nuestro discurso post-conflicto y de justicia transicional ha recibido. Nuestra manera de entender y defender los derechos humanos ha sido todo este tiempo duramente atacada por los sectores vinculados a la necesidad de impunidad. Estos sectores son:
a) el fujimorismo activo y congresal,
b) ciertos sectores de las FFAA y FFPP que están procesados en juicios públicos,
c) cierto sector del aprismo que está vinculado con el comando Rodrigo Franco o los hechos relativos a casos como Cayara o El Frontón,
d) algunos sectores amplios de la opinión pública que tienen intereses en vincularnos como "defensores de terroristas".
La idea que han difundido estos sectores es que en el movimiento de derechos humanos, además de ser "caviares" y de defender a los terroristas, nos aprovechamos de la humildad e ignorancia de los familiares y de las víctimas para cobrar ingentes sumas de dinero por reparaciones y quedarnos con él para solventar un modo de vida elitista y cosmopolita.
Esto es absolutamente falso porque, por lo menos desde las diferentes instituciones de la Coordinadora, jamás hemos cobrado un solo centavo por la defensa de las víctimas, ni por el trámite en torno a sus reparaciones. La diferentes instituciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos financian sus actividades con proyectos de diverso rubro, y en el caso concreto de la Secretaría Ejecutiva, debido al cierre de las diversas financieras o el retiro de algunos países que antes apoyaban estos temas, lo que hacemos es presentarnos a concursos públicos de la Unión Europea o de diferentes países con la finalidad de solventar nuestras necesidades institucionales que son, a todas luces, muy reducidas. Los profesionales que trabajan en nuestras instituciones tienen un alto sentido de compromiso con este tema y así queremos que sigan siendo, porque de lo contrario, ya se habrían ido a trabajar al Estado peruano que paga muchísimo mejor que cualquier ONG.
Entonces ¿por qué calan profundamente estos discursos de desprestigio de nuestras instituciones y de nuestros quehaceres?, ¿por qué no se reconoce la valentía con que algunos abogados siempre menciono el caso de Gloria Cano porque me parece que es una de las más emblemáticas se la han jugado en nuestro país para defender los derechos? Ángel Escobar Jurado, por ejemplo, fue un defensor de derechos humanos en Huancavelica que murió en 1990 precisamente cumpliendo su labor, pero no tiene mayor trascendencia ni mayor recuerdo que el premio que actualmente otorgamos desde la CNDDHH con la finalidad, precisamente, de reconocer el esfuerzo de muchos defensores.
Hace poco Víctor Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos comentó impresionado que el desprestigio de los defensores de derechos humanos en el Perú es peligrosamente alto y que saltar a las agresiones y la justificación de la criminalización desde diferentes instancias públicas y privadas puede ser el próximo paso. Todavía no vivimos como en Colombia una situación de violencia y vulnerabilidad tan alta donde el sicariato ha desaparecido a muchos defensores la historia del doctor Héctor Abad en Medellín es paradigmática pero creo que debemos de tener en consideración la alta tolerancia a la impunidad de los violadores de derechos humanos que estamos constatando con la cantidad de sentencias absolutorias que se vienen dando en la Sala Penal Nacional.
La lucha de dos visiones del desarrollo
Por lo antes mencionado es fundamental discutir sobre el tema de la criminalización de las acciones vinculadas con la defensa de los territorios, con la defensa de los liderazgos y con la defensa, en suma, de los derechos humanos en lugares donde, precisamente, el territorio es el espacio de disputa entre dos maneras de ver el desarrollo: el cortoplacismo que representa el Gobierno de Ollanta Humala y su "gran giro" de transformación a solo acomodamiento para paliar el golpe del capitalismo neoextractivista, por un lado, y una manera de entender el bienestar desde una perspectiva eco-política considerando la defensa del agua y del territorio como la garantía de la reproducción de la especie humana a largo plazo, en el otro lado. Me refiero, en primer lugar, al "neoliberalismo a la peruana" de la mano con el consumismo-emprendedor y, en segundo lugar, a una incipiente manera de entender el sumak kausay (buen vivir) que es un concepto poco reflexionado en el Perú ni académica ni mediáticamente, excepto en espacios restringidos a Cumbres de los Pueblos o a asociaciones de pueblos indígenas.
Es fundamental analizar cómo desde décadas anteriores se fue organizando una urdimbre de lógicas y prácticas que vinculan diversos aspectos de la violencia como recurso de la política. ¿Cómo comprender las lógicas de los actuales movimientos de pueblos indígenas o de los pueblos afectados por las actividades extractivas que presentan memoriales, cartas, exigen mesas de diálogo, y tras ser ignorados o puenteados o mecidos, finalmente optan por la toma de una carretera para tener una presencia en los medios y así poder hacerse oír en Palacio de Gobierno?, ¿qué vínculos existen o no existen entre las formas de reprimir esas manifestaciones y la manera como policías y soldados pensaban que debían intervenir en los pueblos altoandinos de Ayacucho o Huancavelica para repelar la actividad subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿cuáles son las lógicas que siguen operando entre ese mundo andino subyugado por la violencia de los años 80 y 90 y los pueblos como Espinar, Celendín, Bambamarca, Paita, Sechura, Tayacaja, entre otros, que son a su vez también duramente reprimidos con balas de guerra desde helicópteros o francotiradores posicionados en los cerros?, ¿por qué siguen muriendo peruanos, pero esta vez, no por una violencia sistemática planteada como una salida a la dominación sino por lo que Rolando Luque, defensor adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, ha denominado "estallidos de ira" que son, como su nombre lo indica, desembalses de frustraciones acumuladas?
Debemos de entender la situación actual de la sociedad peruana como un proceso, como un continuum, que no solo se articula con formas y prácticas violentas y que en zonas como Ayacucho, Huánuco o Huancavelica hoy se traducen también en pandillaje y violencia contra las mujeres, sino sobre todo con maneras de pensar, con constructos, con imaginarios sociales que alientan este tipo de salidas no consensuadas y confrontacionales. La justificación de los excesos, de la violencia, de la instrumentalización del otro, es la primera piedra de un camino lleno de gestiones peligrosas y que puede terminar con masacres y muertos en niveles inconcebibles.
Protesta
Por lo expuesto, es necesario emprender el giro de la criminalización de la protesta hacia la criminalización de la disidencia como lo ha señalado Raphael Hoetmer en el seminario que la CNDDHH y la UNMSM organizara en octubre del 2013. Esta conceptualización no solo amplía la noción sino que permite indagar en las maneras de instituir un pensamiento único: el desarrollismo extractivista. Plantear la posibilidad de un post-extractivismo en el Perú casi se ve como ser anti-sistema, que fue el alias acuñado para Ollanta Humala durante las elecciones del año 2006 y que hoy nadie recuerda, pero se ha transformado en una categoría utilizada por todos los medios, por los agentes de las grandes empresas, por los directorios de las sociedades de minería e hidrocarburos y en suma por todos los concurrentes al PERUMIN de Arequipa: los antimineros.
Si el desprestigio y el estigma de los defensores de derechos humanos se planteaba desde el apelativo de "caviares" hoy también se suma el de "antimineros". Lamentablemente este sentido común ha calado en la opinión pública y es muy complejo y difícil poder romper con esta idea para tratar de discernir a los defensores de derechos humanos solo como activistas o profesionales que tienen un genuino compromiso con la justicia y la democracia. Este adjetivo no se centra en la descalificación por las acciones que se realizan, sino incluso, por tener una posición diferente al enfoque del neoliberalismo del Ministerio de Economía y Finanzas y ahora, del Presidente de la República. Entonces, en tanto que cuando hablamos de protesta nos referimos a acciones en contexto determinados de lucha, pero cuando nos referimos a disidencia estamos hablando de la pura posición política frente a "sentidos comunes" que operan en los ciudadanos como "lo correcto", considero personalmente que la criminalización que se da en el Perú no se limita a las acciones de protesta en diversos espacios de lucha sino también a la sola acción de pensar a contrapelo de las propuestas de desarrollo que son el eje de la modernidad entendida como el proceso de "superación del atraso".
Disidencia
La disidencia no es solo la protesta: la protesta requiere una acción o una palabra. En cambio la disidencia solo requiere de una reflexión en torno a algún sentido común. Solo requiere estar en desacuerdo. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la "disidencia" (Del lat. dissidentia) es «f. Acción y efecto de disidir» o «f. Grave desacuerdo de opiniones». Y "disidir" (Del lat. dissidere) significa «separarse de la común doctrina, creencia o conducta», cuya etimología literal compuesta significa "separar, no permanecer". En el caso de disidencia por diversos traslados metonímicos su significado se extiende también a las sinonimias de "no desear estar o pertenecer a un mismo grupo o criterio". Se refiere a tener un criterio diferente al criterio de la mayoría.
La disidencia está referida, entonces, a un estado situacional y de opinión, a una actitud. Por tanto, puede ser manifestada por actos, pero también puede ser igualmente un modo de vida o una opción en torno a un modo de vida (por ejemplo, ser un anticonsumista). La "disidencia" remite a una filosofía de vida, a un compromiso total de un individuo o de un grupo que asume todas las consecuencias materiales y espirituales de sus elecciones. La disidencia es una actitud que no necesariamente está dirigida contra algo, sino que más bien implica un desacuerdo o una distancia tomada con un poder o una autoridad política. No entra forzosamente en conflicto directo, sino que se aleja, busca otras vías o espacios de legitimidad. De esta manera, el término «disidencia» se distingue de los términos «contestación» y «oposición», que indican una confrontación al interior mismo del sistema político en vigor.
En el Perú de hoy no solo se criminaliza la protesta como en muchos otros lugares ante la necesidad del avance de derechos si no fuera por las múltiples protestas sociales, desde la Revolución Francesa hasta Mayo del 68, no habrían avances en los derechos sino que se trata de minimizar y confrontar a aquellos que no están de acuerdo siquiera con el modelo de desarrollo gastronómico-extractivista-neoliberal. Muchas veces hemos sido testigos de linchamientos mediáticos por opinar en contra.
Considero que las apuestas de los Guardianes de las Lagunas en Conga o de Óscar Mollohuanca en Espinar, de los apus awajún en Supayacu o de Santiago Manuin en Bagua, no solo pasan por considerar que quitar tranqueras o llamar a movilizaciones son la lucha fundamental de sus propósitos sino, simplemente, porque ellos mismos como núcleo duro mantiene una "diferencia" en el sentido de desarrollo al que aspiran. Disentir, es hoy por hoy en nuestro país, ganarse una estigmatización que se vincula además con la discriminación de clase y étnica que, por supuesto, llegó a su sumum con la teoría del "perro del hortelano" de Alan García que, lamentablemente, no ha muerto sino que se está transformando en otras maneras de separar, discriminar y desautorizar una opción de vida ecológica y diversa.
Por eso desde esta gestión en la CNDDHH no solamente alzamos la voz para señalar cuáles han sido los derechos humanos que se han violado o los que se han protegido durante el año 2013 o para pedir normativas y políticas públicas que permitan que la mayoría de la población pueda ejercerlos, sino que además consideramos necesario ejercer una disidencia frente a la flexibilización de derechos con la finalidad de mantener un modelo de desarrollo que no beneficia a todos sino que acrecienta las brechas y las diferencias entre peruanos y peruanas.
Rocío Silva Santisteban
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Noticia, 15 MIL DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA - 03/12/2013 13:39:07

" IMPUNIDAD Y COMPLIDAD ACTUAL. En Perú la discusión es interminable para saber la cantidad exacta de personas desaparecidas durante 20 años de conflicto armado (1980-2000). Esta discusión es entre cifras oficiales y el testimonio verídico de los familiares de las víctimas. Los gobiernos que han seguido después del 2000 cuando cayó el régimen de Fujimori han utilizado la coerción, el chantaje y todo el poder del Estado para ocultar los crímenes de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares.
El gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000), la administración de Alejandro Toledo (2001-juillet 2006), hasta llegar al gobierno de Alan García (2006-2011), y el actual régimen del militar Ollanta Humala, han protegido militares y civiles acusados de masacres, secuestros y desapariciones de personas acusadas de subversión.
Las cifras de desaparecidos Para la Conferencia Episcopal Peruana, entre 1980 y el 2000 las personas desaparecidas fueron 15 mil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe de 2003, registra 8 mil 558 personas desaparecidos durante el conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, duplica esta cifra y en octubre del 2011, señala que los desaparecidos en Perú suman 16 mil. Esta cifra se basa en los informes y registros del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Si para el número de desaparecidos hay cifras en desacuerdo, lo mismo ocurre para la cantidad de muertos durante la guerra interna. Así para la Comisión de la Verdad y Reconciliación el costo en vidas humanas de la guerra interna suman 70 mil. El Consejo de Reparaciones del Perú en un informe del 2011 ha señalado que el número de víctimas de la guerra interna que atravesó el Perú podría ascender a 100 mil personas. Esta cantidad de muertos y desaparecidos fueron en su gran mayoría ciudadanos del campo, estudiantes y trabajadores de la ciudad sindicados de pertenecer o sostener los grupos subversivos, en particular a Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú-PCP). En Perú no pasa una sola semana que no se descubren fosas comunes donde fueron sepultados clandestinamente ciento de victimas de militares y policías durante el conflicto armado. Así por ejemplo en el 2011 la Cruz Roja entrega un informe sobre la posible existencia de 4 mil 644 fosas comunes en todo el Perú. De esta cantidad de cementerios clandestinos, dice la Cruz Roja, más de 2000 aún no han sido localizadas.
¿Por qué tanta impunidad en Perú?
Perú es uno de los países de América Latina, donde los antiguos responsables de muertes, masacres y desapariciones, no solamente no han sido sancionados, sino que vuelven al poder y con ello repiten sus métodos criminales contra la población. Por ejemplo Alan García Pérez presidente entre 1985 y, fue responsable de cientos y miles de asesinatos y desapariciones. Matanza en los penales, desapariciones de estudiantes, crímenes contra la población, etc. Nunca fue sancionado y al contrario fue recompensado con una nueva gestión presidencial entre julio de 2006 y el 2011.
En junio del 2009, el presidente Alan García fue nuevamente acusado de masacres masivas y de desapariciones de pobladores. Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos de Perú), denuncio (13 de junio 2009) la responsabilidad del gobierno de García por el asesinato de 31 indígenas de la selva y 61 desaparecidos. Estos hechos ocurrieron en Bagua, una localidad de la amazonia peruana. El conflicto se inició cuando los indígenas se movilizaron contra decretos gubernamentales atentatorios contra sus derechos a la tierra y la subasta de los recursos naturales en beneficio del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El saldo represivo del segundo gobierno de García fue de 174 muertos y 61 desaparecidos.
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) significo un de los periodos más sangrientos del conflicto interno. Uno de los jefes militares de este periodo fue el actual presidente del Perú, Ollanta Humala. El actual gobernante, ha sido acusado de secuestros, torturas y crímenes de prisioneros durante la época de Fujimori cuando era jefe militar en una zona de guerra. En sociedades normales, Ollanta Humala debería estar preso por torturas, crímenes y desaparecidos. Pero ello no es así, Humala es el presidente del Perú y ganó las elecciones en el 2011 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la izquierda legal peruana.
En el primer año de la gestión de Ollanta Humala 17 campesinos fueron muertos por orden del gobierno. Hasta el final del 2012, el actual régimen ha asesinado en conflictos sociales a 27 personas entre campesinos y asalariados. En el informe ""Un año del gobierno de Ollanta Humala" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (julio 2012), se anota que en cuanto a los derechos humanos durante el actual gobierno, "muy poco es lo que se ha hecho, y más bien se ha producido un retroceso". Esta comisión advierte en su informe que este problema "se refleja en los muertos, heridos y la criminalización de las protestas sociales, así como el recorte de libertades fundamentales mediante el estado de excepción".
La herencia del fujimorismo en el poder, no solo se refiere al actual presidente peruano, sino también a la legalidad para el movimiento político de la familia Fujimori. Keico Fujimori, es la hija del ex mandatario, ex primera dama fue cómplice de su padre durante su gobierno corrompido y criminal. Pero gracias al sistema de impunidad en Perú, Keico no está en prisión como su progenitor, y al contrario ella aspira a ser presidenta del Perú. La hija de Fujimori es la actual lideresa del grupo "Fuerza Popular", otro nombre de lo que fue "Cambio 90" de la época de Alberto Fujimori. Ella ha sido en el 2011 candidata a la presidencia de la Republica y se ubicó en el segundo lugar después de Ollanta Humala. Actualmente las encuestas y sondeos electorales la ubican como la candidata preferida para las próximas elecciones presidenciales del Perú.
A diferencia de otros países latinoamericanos, el ciclo de muertos y desaparecidos en Perú se desarrolló durante el periodo de tres gobiernos que se instauraron vía procesos electorales, pero que dependían 100% de los militares. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular (AP) 1980-1985: Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) 1985-1990 y Alberto Fujimori, líder de "Cambio 90" (1990-2000), fueron los tres gobiernos "democráticos" que recibían órdenes de las fuerzas armadas.
La particularidad común de estos regímenes fue que en el aspecto político, sobre todo en la forma de enfrentar la subversión, entregaron todo el poder a las fuerzas armadas. El modelo de plan contrainsurgente, fue diseñado, dirigido y aplicado por los militares y la CIA americana. El eje de este plan antisubversivo, fue el asesinato masivo de poblaciones enteras sospechosas de constituir "base de apoyo" de Sendero Luminoso. Tanto el gobierno de Alan García así como el de Alberto Fujimori, elegidos "democráticamente", contaron desde su inicio con el apoyo de la izquierda legal peruana, así como de la iglesia católica, y las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del medio peruano. Putis Uno de los casos más brutales de secuestro y asesinato masivo de campesinos acusados de pertenecer o ser base de apoyo de Sendero Luminoso. Este hecho sangriento ilustra la actuación brutal de las fuerzas armadas en las zonas consideradas "rojas" o base de apoyo de la subversión.
Putis es una pequeña localidad andina ubicada en la provincia de Huanta (Ayacucho) y a 300 kilómetros el sureste de Lima. Este genocidio de un pueblo ocurrió en 1984 cuando Fernando Belaunde, considerado "padre de la democracia peruana", era presidente del Perú. En ese pequeño pueblo fueron asesinados 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ellos, antes de ser ejecutados, fueron obligados a cavar una gigantesca fosa común donde serían muertos y sepultados. Como dijo la misma Comisión de la Verdad (CVR) estos pobladores "fueron acribillados por miembros de las fuerzas armadas quienes sospechaban que los pobladores rurales colaboraban con rebeldes de Sendero Luminoso".
Estos hechos fueron descubiertos recién en el 2001 por el periodista Edmundo Cruz. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer esta matanza. Antes de este descubrimiento las victimas de Putis eran considerados "desaparecidos". Incluso se decía que eran "senderistas" que se habían enrolado con la subversión. Según los expertos que analizaron los restos mortales, el 45% de los cuerpos hallados en la fosa común correspondían a niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Todos fueron muertos con balas de fusil y acuchillados. Sobre la cantidad de niños en esta masacre, Edmundo Cruz declaro en un reportaje a la agencia AP, que el asesinato de los niños "solo tenía una explicación muy frecuente en la ideología de los militares de esa época". "Esa ideología era que estos niños más tarde serían iguales a sus hermanos y padres a quienes los militares consideraban terroristas", explicó. Hasta la fecha, no hay ningún militar ni civil acusados por este asesinato masivos de niños, jóvenes, adultos y mujeres.
Parodia de "sanción" e impunidad
¿Por qué en Perú no se ha sancionado ejemplarmente ningún alto militar, civil o ex presidente acusado por crímenes y desapariciones de miles de peruanos?. El verdadero poder en Perú está constituido por las fuerzas armadas. En el caso peruano, las elites políticas, sus partidos y sus organizaciones de fachada, cumplen las órdenes provenientes de los cuarteles. El sistema político, aparte de ser decadente y corrompido, es una "democracia" caricaturesca bajo la tutela de las fuerzas armadas. En este marco político-jurídico, jamás habrá sanción para los responsables de cientos y miles de asesinatos contra la población. En cualquiera de los gobiernos llamados democráticos, la presencia militar es cuantiosa y grosera. Están presentes en el ejecutivo, en el parlamento, en las instituciones públicas, y hasta en la presidencia de la Republica como es el caso del comandante Ollanta Humala.
En este contexto algunos militares han sido condenados a prisión por casos menores, pero no por los grandes crímenes que habían cometido. Estos "militares sancionados", han cambiado la prisión por la detención domiciliaria o por largas estadías en los hospitales militares. Fujimori, es el único ex presidente que ha sido acusado y condenado a 25 años de reclusión por dos hechos de sangre, que en el conjunto de los crímenes bajo su responsabilidad, constituyen apenas dos gotas de agua en un océano de matanzas innumerables. Fujimori fue sancionado por el asesinato de 15 adultos y un niño en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 y la muerte 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta el 18 de julio de 1992. En total 25 muertos, de una cantidad globalmente estimada entre 15 y 20 mil personas durante su gobierno que transcurrió entre 1990 y el 2000.
COMISIONES DE LA VERDAD, OTRA FORMA DE OCULTAR EL CRIMEN
En Perú como en ningún otro país latinoamericano, se ha institucionalizado la propaganda para desprestigiar a los grupos subversivos y responsabilizarlos de muertes y desaparecidos que corresponden a la autoría de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Tanto en Perú como en el extranjero se dice que los principales agentes de muerte, secuestros y desapariciones fueron los grupos armados, principalmente el Partido Comunista del Perú (PCP) organización subversiva conocida bajo el nombre de Sendero Luminoso. En la prensa oficial se repite: "Los culpables fueron todos los involucrados en la guerra: las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)".
Para Salomón Lerner, presidente de la CVR (junio 2003), "la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú , Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar "la lucha armada contra el estado peruano…". En tanto ello es el principal responsable del conflicto interno con el 54% de las víctimas que suman 70 mil muertos. Las cifras de la CVR fueron corregidas en el 2011 por la Defensoría del Pueblo, institución que entrega otra versión. Para esta organización los responsables del secuestro y desaparición fueron: El ejército, responsable del 60.4% de los desparecidos. La Policía Nacional fue responsable del 12.2% de las detenciones y desapariciones. El 7.3% de casos fue de autoría de los miembros de Comités de Autodefensa. En el 6% aparecen como responsables miembros de Fuerzas Combinadas (ejercito-policía).
La Comisión de la Verdad (CVR), junto con diabólizar a los subversivos, ha realizado bastantes esfuerzos para justificar y exculpar de crímenes y secuestros a las fuerzas armadas y gobiernos respectivos. La CVR, dice en 2003 refiriéndose a los militares, ellos actuaron "en nombre de la ley y en defensa del régimen democrático", mientras que los subversivos "se levantaron de manera autoritaria en contra de dicho régimen". Al mismo tiempo señala la CVR, hay que "reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia". Así esta Comisión rinde su "más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber". (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 323)
El periodo entre 1980 y 1985, fue una de las etapas más violentas y represivas de 20 años de guerra interna. Fue el inicio del ingreso de las fuerzas armadas para combatir la subversión y el comienzo de las regiones en estado de emergencia controladas violentamente por los militares. En esta etapa se inauguran los centros clandestinos de tortura, crímenes y desaparición de prisioneros. Fernando Belaunde, fundador del Acción Popular, un partido tradicional de la derecha pro americana del Perú, era el presidente del Perú "democráticamente elegido". La misma CVR reconoce que el periodo más violento de la guerra interna fue entre 1983 (cuando Belaunde ordeno la intervención de los militares) y 1984 cuyo resultado fue (oficialmente) 19,468 víctimas.
La trayectoria sangrienta de la etapa gubernamental de Fernando Belaunde no impidió que esta misma Comisión dijera en su informe final, que Belaunde hizo grandes esfuerzos para proteger la democracia. Tampoco fue un impedimento para que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dijera el 11 de junio del 2003 que en "el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden".
Sobre el Apra y Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se restringe alabanzas. "La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país". La CVR considera que, al asumir Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, "impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo".
La CVR es más cautelosa con el régimen de Fujimori, pero no se detiene para ensalzar a la Dincote (policía antiterrorista), una de las ramas más brutales de la policía política de la época de Fujimori. Los miembros de la Dincote han sido acusados de crímenes, torturas y desapariciones de prisioneros acusados de terroristas. Fue en la Dincote donde se organizó y se dirigía el comando "Rodrigo Franco", un grupo paramilitar que funcionó durante el régimen de Alan García (1985-1990). Este comando fue responsable de varias centenas de crímenes, entre ellos altos dirigentes sindicales obreros. La CVR señala en el 2003 refiriéndose a la DINCOTE, que "gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces".
En diciembre de 1996 un comando integrado por 14 miembros del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima. Había una recepción y el MRTA capturo cerca de 1,000 rehenes entre diplomáticos, ministros, políticos, periodistas y otros. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori organización un operativo que se denominó "Chavín de Huantar". Su objetivo rescatar a los rehenes y liquidar a todo los integrantes del MRTA. En efecto el operativo se ejecutó el 22 de abril de 1997, y rápidamente el comando del MRTA fue doblegado. La mayor parte de los militantes del comando subversivos se rindieron. Los militares entraron a la embajada, y ahí a sangre fría mataron con tiros de bala en la cabeza a los sobrevivientes del MRTA. La CVR, en su informe final del 2003, reconoció "el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate".
Conclusión.
La breve información que aquí se ha presentado recoge en parte un problema de la lucha de clases en América Latina. La lógica muestra que la guerra contrainsurgente en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y cualquier otro país latinoamericano, tiene las mismas características. Lo fundamental es reconocer que el crimen selectivo, y masivo, la tortura y la desaparición de cualquier persona sindicada como subversivo, constituyen la estrategia fundamental del Estado para liquidar la amenaza popular.
Incontestablemente, tanto en Perú como en cualquier otro país, la lucha por hacer justicia y sancionar a militares y civiles criminales de guerra, no es un problema que se restringe a las leyes penales de tal país. Es ante todo una lucha de todo el pueblo contra el actual sistema político y jurídico corrompido. Es imposible lograr que se esclarezca los crímenes de guerra de décadas anteriores, sino se toma en cuenta con objetividad que las clases políticas que ahora están en el poder son las mismas que en décadas pasadas incentivaron y apoyaron el crimen y la represión contra la población.
Es un error creer que la iglesia o cualquier falso demócrata son sinceros cuando se muestran acongojados por los miles de asesinatos y desaparecidos en Perú o en otro país latinoamericano. Ellos fueron cómplices de militares y gobiernos criminales. Hay que evitar que el problema de los desaparecidos se convierta en slogan electoral y en un negocio lucrativo. Un ejemplo de la danza de millones de dólares en las famosas comisiones de la verdad o cualquier otro organismo "defensor de los derechos humanos", es el beneficio económico que hicieron los integrantes de la CVR. En dos años de funcionamiento (junio 2001- agosto 2003) la Comisión de la Verdad y Reconciliación costó 14 millones de dólares al Estado. Su informe final solo ha servido de guion de telenovela y para exculpar a los principales responsables asesinatos de miles de ciudadanos peruanos.
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Que opina usted? BICAMERALIDAD: SI, PERO… - 29/11/2013 10:29:44

" En principio, estoy a favor de la bicameralidad. Creo que la experiencia de los últimos 20 años nos ha probado que mantener una sola cámara en el Perú tiene bastantes perjuicios políticos. Entre 1993 y 2000, los congresos fujimoristas fueron una muestra clara de lo que puede ocurrir en un parlamento con mayoría absoluta y sin contrapesos. Mientras que, entre 2001 y 2013, entre la poca capacidad de hacer consensos para reformas de fondo - salvo excepciones -, leyes con varios errores y los escándalos generados por congresistas de todas las tiendas, la imagen de nuestro Poder Legislativo se deterioró aún más.
Sin embargo, creo que la bicameralidad por sí sola no soluciona los problemas de nuestro Congreso y esta medida solo podría funcionar si es que se hacen otras reformas de fondo, tanto en nuestra arquitectura institucional como en el sistema electoral.
Para comenzar, Carlos Meléndez hace dos buenas atingencias: sin un esquema de descentralización firme y sin partidos fuertes, la bicameralidad sería un fracaso. Ello implica, a su vez, dos cuestiones.
La primera, un gran pendiente de esta década, es una evaluación en serio del proceso de descentralización que ha tenido el país. Tenemos 25 regiones en un país donde el número de las mismas debería ser, por lo menos, la mitad (si no es menos). Y la verdad es que este gobierno (como el anterior) ha dejado el tema librado a su suerte. La Secretaría de Descentralización, más allá de algunos documentos producidos sobre la materia, no tiene el peso político suficiente para reintroducir el tema. César Villanueva - quien viene de una presidencia regional - esbozó algunos cambios en su mensaje al Congreso, pero sin tocar la necesidad de una regionalización en serio.
La segunda cuestión, vinculada a los partidos, implica pensar en cuáles son los cambios necesarios para su fortalecimiento. De un lado, tenemos severos problemas de selección de candidatos a puestos públicos, por lo que dichos mecanismos deberían ser rediseñados (lo que implica modificar la Ley de Partidos Políticos). Asimismo, también se requiere modificar el sistema de elección del Congreso de la República, pensando en posibles variables como tener la elección parlamentaria en fecha distinta a la de las elecciones, eliminar el voto preferencial, incrementar el número de parlamentarios en la Cámara Baja sobre la base de distritos electorales más pequeños, establecer la alternancia para impulsar la cuota femenina.
Así planteadas las cosas, la bicameralidad debería llevarnos a cambios de fondo sobre nuestro sistema político. Debate mayor en el que parece que el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, pretende no involucrarse. Más aún, cuando añade a la iniciativa una cuestión controvertida, como la inclusión de los expresidentes como senadores vitalicios.
Finalmente, también queda un sabor a escepticismo en el ambiente. Como varios amigos me comentaron a partir de un reciente artículo de Ricardo Uceda sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, hay un tema de idiosincrasia política que puede petardear cualquier intento de reforma, por más que el diseño sea adecuadamente pensado y reflexionado desde diversos ámbitos. He allí un tema que debería adicionarse a las reflexiones sobre cambios institucionales en el Perú.
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Noticia, La "Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile".- Ante el veto del colaboracionista prochileno Miguel Iglesias, la ley de creación de la Comisión Investigadora fue promulgada por e - 24/09/2013 23:00:47

"Escribe: César Vásquez Bazán
Leyes dictadas por la Asamblea Constituyente de 1884. Por motivos desconocidos, la ley de creación de la "Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile" no fue publicada en el diario oficial El Peruano, a pesar de haber sido promulgada por el Presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, I: 6-7)
El 31 de marzo de 1884, en su último día de sesiones, la Asamblea Constituyente aprobó la ley de creación de la "Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile". El proyecto fue presentado por el diputado Juan Martín Echenique en la segunda sesión de la Asamblea Constituyente, el 3 de marzo de ese año (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, I: 91).
Entre las consideraciones de esta ley, se indicó que el organismo a instalar debería estudiar "las muchas y variadas" causas de la guerra y la responsabilidad de los que la dirigieron o fueron actores en ella. En especial, la ley estableció que debería analizarse las razones por las cuales no se pudo o no se supo "preparar y disponer los poderosos elementos con que el Perú contó o debió contar" para la guerra.
La "Comisión Investigadora" también debería descubrir los vacíos o imperfecciones del sistema político y administrativo peruano, a los que podían atribuirse los desastres bélicos, con el fin de corregirlos. La ley señaló que era necesario esclarecer quiénes habían sabido cumplir los deberes que les imponían los cargos o funciones voluntariamente aceptados y quiénes los que incurrieron en responsabilidad por insuficiencia o abandono en el cumplimiento de sus obligaciones.
Negativa del régimen del chileque Iglesias a aprobar la creación de la "Comisión Investigadora"
Como era de esperarse, el gobierno de Miguel Iglesias se negó a promulgar la ley de creación de la "Comisión Investigadora de la Guerra", aprobada por la Asamblea Constituyente. Sin duda, la publicación del dispositivo legal significaría un grave peligro para el presidente regenerador y sus cómplices entreguistas. Ya se ha recordado en artículos anteriores de este blog los tejes y manejes en materia de dinero entre el invasor chileno y la argolla iglesista. La implementación de la "Comisión Investigadora" podría poner en serios aprietos a los principales personajes del gobierno creado por Chile para hacer aprobar el tratado de Ancón.
En vista de la negativa del gobierno regenerador, la Asamblea Constituyente insistió en 1885 en reclamar la dación de la ley de creación de la "Comisión Investigadora de la Guerra". El 29 de abril de 1885 la ley fue promulgada por Manuel Tovar, presidente a la sazón de la Asamblea Constituyente, y por los diputados secretarios Juan Lanfranco y Maximiliano Frías.
Algunas investigaciones que debió haber asumido la "Comisión Investigadora de la Guerra"
El soborno chileno del régimen iglesista no hubiera sido el único acto que debió haber estudiado la "Comisión Investigadora de la Guerra". Los siguientes son otros casos que debieron ser objeto de su atención:
1. Los lazos y vínculos personales, familiares, políticos y de negocios entre el presidente Mariano Ignacio Prado y ciudadanos, empresas, políticos y gobernantes chilenos, anteriores a la guerra, durante la guerra y posteriores a ella.
2. La negligencia del gobierno de Mariano Ignacio Prado en preparar al país para la guerra, al no adquirir a tiempo los buques y armamentos necesarios para afrontar un conflicto que estaba cantado y se veía venir desde años atrás.
3. Los negociados en las adquisiciones de pertrechos y elementos militares efectuados por Mariano Ignacio Prado y Nicolás de Piérola.
4. Las condiciones en las que se obligó a combatir a naves cuyas tripulaciones carecían de disciplina y que no se encontraban debidamente entrenadas para el conflicto, como es el caso de la fragata Independencia.
5. Las imprudentes órdenes de Mariano Ignacio Prado al contralmirante Miguel Grau, que obligaron al Huáscar a hacerse a la mar cuando se sabía que los fondos del monitor tenían que limpiarse para que pudiera readquirir su máxima velocidad, disminuida en tres o cuatro nudos.
6. La fuga de la corbeta Unión en Punta Angamos el 8 de octubre de 1879 y la conducta de su comandante, Aurelio García y García, abandonando al Huáscar, la nave capitana, atacada por los blindados chilenos.
7. La indisciplina y precipitación que caracterizaron el combate en el cerro San Francisco, que condujeron a las fuerzas aliadas a sufrir graves pérdidas humanas.
8. La retirada de Camarones del presidente boliviano Hilarión Daza y de las fuerzas que comandaba. Se afirma que Daza fue sobornado por el gobierno chileno para que las tropas bolivianas no entrasen en combate.
9. La fuga de Iquique, disfrazado de buhonero, del prefecto del departamento de Tarapacá, Ramón López Lavalle.
10. La deserción y fuga del país del presidente, general Mariano Ignacio Prado, con el pretexto de comprar armamento en Estados Unidos y Europa.
11. El robo por el presidente Mariano Ignacio Prado de parte de los donativos de la colectividad para afrontar la guerra con Chile.
12. El abandono a su suerte, por parte del gobierno y del ejército, de la guarnición de la plaza de Arica, tras la batalla del Alto de la Alianza.
13. La deserción de Arica del coronel Carlos Agustín Belaúnde, el mayor Manuel Revollar, el capitán Pedro Hume y otros jefes y oficiales que se negaron a defender la plaza contra el avance chileno.
14. El comportamiento del coronel Segundo Leyva, quien desoyó los pedidos de apoyo del coronel Bolognesi y se negó a conducir sus tropas para combatir en Arica y colaborar en su defensa.
15. La conducta del ingeniero Teodoro Elmore que con diversas excusas prefirió permanecer prisionero del ejército chileno en vez de volver a Arica, siendo él el único conocedor del funcionamiento de los dispositivos eléctricos de control de las minas colocadas para defender la plaza.
16. La conducta del dictador Nicolás de Piérola en referencia a la organización de las tropas y disposición de armamento en las batallas de San Juan y Miraflores, los días 13 y 15 de enero de 1881. En estas batallas, diferentes cuerpos de la defensa peruana no entraron en combate. La investigación debe incluir la negativa de Piérola a contraatacar por sorpresa a los genocidas chilenos en Chorrillos, la noche del 13 de enero de 1881.
17. El comportamiento de varios jefes militares que no entraron en combate o se comportaron negligentemente en las batallas de San Juan y Miraflores, entre los que se menciona a Juan Martín Echenique, comandante en jefe del ejército de reserva de Lima.
18. Las acusaciones por mal manejo de los fondos para la defensa de la capital, en contra de Juan Martín Echenique, comandante en jefe del ejército de reserva de Lima.
19. La colaboración de elementos civiles y militares con el enemigo chileno tras la ocupación de Lima por el ejército invasor.
20. La renuncia a tomar las armas en defensa del Perú firmada por el general Fermín del Castillo y otros altos jefes y oficiales de las fuerzas armadas peruanas, accediendo al requerimiento del ejército chileno de ocupación.
21. El comportamiento de diversos jefes militares y civiles que decidieron traicionar a la causa peruana y aliarse con el enemigo con la finalidad de ajustar la paz con Chile, sin interesar los sacrificios de la dignidad y honor nacional a los que se tuviera que llegar.
22. La conducta del presidente Montero y de diversos líderes de la ciudad de Arequipa en relación con la entrega de dicha ciudad al invasor chileno, sin defenderla y sin haber disparado una bala en contra del ejército invasor.
23. Las relaciones mantenidas entre el presidente "regenerador" Miguel Iglesias y sus manejadores chilenos en cuanto a la promoción, organización, implementación y movilización de las fuerzas colaboracionistas de Iglesias en contra de la resistencia peruana, representada por Andrés Avelino Cáceres y los montoneros.
24. La declaración de ilegalidad aplicada por el régimen prochileno de Iglesias en contra de Andrés Avelino Cáceres, los montoneros y la resistencia peruana en general.
25. La imposición chilena de las condiciones del denominado tratado de Ancón, que habrían sido aceptadas por Iglesias y sus cómplices a cambio de sobornos. Específicamente se acusa al iglesista Mariano Castro Zaldívar de haber recibido un millón de pesos chilenos del negociador sureño Jovino Novoa Vidal para que el gobierno de Miguel Iglesias, cuñado de Castro Zaldívar, suscribiera el tratado de Ancón.
Conclusión
La ley de creación de la "Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile" fue promulgada el 29 de abril de 1885 por el presidente de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, dicha ley nunca fue publicada en el diario oficial El Peruano. Por ello, la Comisión nunca fue creada ni pudo funcionar, seguramente por las devastadoras consecuencias que sus investigaciones hubieran podido ocasionar en las vidas y futuros de los políticos y militares involucrados.
Corresponde hoy a la Historia y a los historiadores peruanos llevar adelante las tareas que hace ciento treinta años se negaron a realizar los miembros de las clases gobernantes peruanas, esos mismos que bajo el efecto de sus ignorancias, torpezas y ambiciones entregaron a Chile los territorios peruanos de Tarapacá, Tacna y Arica.
Ley de creación de la "Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile" promulgada por el Presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, II: 299)
Ley de creación de la "Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile" promulgada por el Presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, II: 300)
Ley de creación de la "Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile" promulgada por el Presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, II: 301)
Fuente
Cámara de Diputados de la República del Perú. Comisión de Policía. 1917. Sesiones y Debates de la Asamblea Constituyente de 1884-1855. Tomo I: Año 1884. Lima: Empresa Tipográfica Lártiga.
Cámara de Diputados de la República del Perú. Comisión de Policía. 1917. Sesiones y Debates de la Asamblea Constituyente de 1884-1855. Tomo II: Año 1885. Lima: Empresa Tipográfica Lártiga.
© César Vásquez Bazán, 2013
Septiembre 22, 2013
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Noticia, JAVIER DIEZ CANSECO Y LOS MUERTOS "HONORABLES" DEL PERÚ - 27/05/2013 12:59:47

" El 4 de mayo el parlamentario Javier Diez Canseco, a 65 años de edad falleció de una grave enfermedad. En los homenajes póstumos lo presentaron como un ejemplo de hombre político, honorable, que dedico su vida a la democracia y a la justicia social. A su sepelio acudió la crema y nata de las clases políticas del país. Izquierda y derecha se abrazaban desconsoladas. Hasta el archirreaccionario cardenal peruano y fujimorista, pidió a sus feligreses orar por el alma del prestigioso muerto.
En Perú existe una metamorfosis curiosa, los héroes de la izquierda son héroes de la derecha, y los honorables muertos de la derecha son honorables también para la izquierda. Este sui géneris fenómeno típicamente peruano, resulta de la comunidad política entre derecha e izquierda. Así Lourdes Flores Nano, lidereza del ultraconservador Partido Popular Cristiano (PPC), dijo que su amigo Javier Diez Canseco tuvo "una trayectoria de consecuencia". Ollanta Humala, Toledo, Alan García y otros personajes del medio oficial se sintieron afectados y conmovidos por la perdida irreparable. El féretro con sus restos mortales recibió un homenaje de héroe en la simbólica Plaza Bolívar. ""Se fue un hombre íntegro. Se fue el político que toda su vida luchó contra las injusticias. Adiós Javier"", escribió Alejandro Toledo ex presidente del Perú y actualmente enjuiciado por actos de corrupción durante su gobierno. "Javier Diez Canseco, un hombre que dio toda su vida al servicio del país", dijo Pedro Pablo Kuczynski, un ultrarreaccionario peruano-norteamericano, quien apoyó la campaña electoral de Keiko Fujimori. "Diez Canseco siempre ha sido un ejemplo de consecuencia, de lealtad y de permanencia en su trayectoria, es un ejemplo real para las nuevas generaciones", dijo Raúl Castro Stagnaro, presidente del ultraconservador Partido Popular Cristiano (PPC).
"Las diferencias políticas nunca pueden pesar más que la magnanimidad ante el dolor por un ser humano que se va. Descanse en paz Javier Diez Canseco, anotó Kenji Fujimori, el hijo del criminal Fujimori. "Un peruano consecuente, un político de principios. El país pierde a un peruano vital para la democracia, para la lucha social y vital para la inclusión", expresó Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros de Ollanta Humala. "Honor al adversario que se va. Solidaridad con sus familiares y amigos. Descanse en paz, Javier Diez Canseco", escribió el congresista y aprista Mauricio Mulder
¿Héroe de la derecha o de la izquierda?
Cualquier evocación política sobre Javier Diez Canseco tiene que relacionarse a la historia más reciente del parlamentarismo peruano y a la trayectoria de la izquierda legal de este país. Una izquierda que se ha mimetizado en la derecha, cuyo rol en la política es apoyar los planes de la derecha y el imperialismo. Esta izquierda ha girado tanto a la derecha que ningún gobernante de las últimas décadas pudo llegar a la presidencia sin el apoyo de la izquierda. Un ejemplo es el caso Fujimori, este personaje nunca fue de izquierda ni siquiera medianamente progresista, pero sin embargo contó con los votos de la izquierda para llegar a la presidencia. Lo mismo ocurrió con Alan García, Toledo y Ollanta Humala. Habría que tomar en serio la constatación de que la izquierda peruana es una agrupación que parasita al interior de la propia derecha, algo así como los parásitos que viven en los intestinos de los animales enfermos.
Javier Diez Canseco ha sido personaje del sistema político peruano decadente y corrupto. Un sistema controlado por las fuerzas armadas. Los militares con golpe militar o con el "sistema democrático" están presentes en el gobierno y en casi todas las instituciones del Estado. En este sistema cualquier personaje de los cuarteles militares y de los bajos fondos se convierte en parlamentario, alcalde, ministro y hasta presidente de la Republica. Sus inicios como "padre de la patria" fue en 1978. De ahí para adelante y durante 35 años fue miembro de un parlamento que los peruanos consideran una de las instituciones más corruptas, inservibles y desprestigiadas del Perú.
El parlamento del cual fue inquilino permanente Javier Diez Canseco siempre ha sido una carga parasitaria para la sociedad. Sus integrantes, de izquierda o de derecha, son personajes que subsisten en las sombras del poder. Reciben jugosos sueldos, gratificaciones y viven en el confort de un sistema que margina y somete a la miseria a más del 70% de la población. Medran en leyes nefastas y en constituciones redactadas para legalizar el robo, el crimen y la conducta mafiosa de políticos y gobernantes. Prueba de ello es que desde 1978 casi todos los presidentes peruanos han terminado su periodo de gobierno envueltos en escándalos de corrupción, pero ninguno ha sido sancionado por la justicia. Un caso excepcional a medias es Fujimori quien esta recluido en una prisión dorada. Tiene todas las comodidades, y desde ahí controlar y dirigir su partido político. Próximamente Ollanta Humala lo dejara libre.
Una revista peruana (Perú 21) publico en noviembre del 2009 ("La Radiografía de un Congreso"), donde anota que de los 120 miembros que actualmente integran el congreso, 60 han estado involucrados en algún hecho delincuencial y escandaloso. Señalo así mismo que ningún partido político, llámese, APRA, Partido Nacionalista (Ollanta Humala), la izquierda oficial, Acción Popular, y otros que infectan el congreso escapan al desprestigio y a la corrupción de sus representantes.
Los regimenes civiles o militares tuvieron en el parlamento una institución corrompida que les ha servido exclusivamente para encubrir sus fechorías, robos y asesinatos contra la población. Para cada hecho de corrupción y crímenes cometidos desde el Estado siempre hubo una "comisión de investigación parlamentaria", para encubrir los peores delitos. Este tipo de parlamento, junto con el sistema político, ha transfigurado el carácter moral del país. El Perú es una nación caricaturesca con presidentes delincuentes, parlamentarios prontuariados, narcotraficantes, violadores, jueces corrompidos, y políticos que son una verdadera lacra para la sociedad.
El pueblo, principalmente los trabajadores, aparte que fueron estafados en cada proceso electoral, no han ganado absolutamente nada con sus "representantes parlamentarios". Al contrario, en estos últimos 35 años de parlamentarismo, la clase obrera y los pobres han perdido sus más eleméntales derechos sociales y económicos. Ahora no existe ni la estabilidad laboral ni el derecho a la sindicalización. Los representante de "izquierda" hablaban de utilizar el parlamento para logras grandes reivindicaciones para los trabajadores, pero en la actualidad mas de la mitad de los asalariados no tienen ingresos fijos, al mismo tiempo que ha crecido la miseria extrema. En este parlamento poblado de apristas, fujimoristas, ex militares, socialistas, ex marxistas y ladrones se excluye la ética, la moral y la decencia política. Aquí no puede haber hombres ejemplares y honorables. Javier Diez Canseco hizo parte de este parlamento.
Javier Diez Canseco, su historia verdadera
La trayectoria política de Javier Diez Canseco no fue tan santa como la presentan. Hacia genuflexiones políticas y saltaba de la izquierda a la derecha con bastante facilidad. Para cada proceso electoral cambiaba de partido o de frente electoral. Su discurso siempre se acomodó, no a los requerimientos de la ética y los principios políticos, sino más bien, a las ambiciones electorales. Su propósito fue ganar un curul en el parlamento. Se dijo marxista, pero después dijo que ello ya no valía. Dijo viva la lucha armada, pero cuando los maoístas iniciaron la luchar armada en 1980, fue el primero en aliarse al Estado para liquidar la lucha armada en 1980. Se dijo defensor de la libertad, las leyes y la democracia representativa, pero se opuso tenazmente a que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) se inscribiera como partido político electoral. En el 2012 Javier Diez Canseco era aun congresista del partido de Humala (Gana Perú) y llamaba a movilizarse para impedir que el MOVADEF sea aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones, sin considerar que esta organización entregó más de 300 mil firmas de adherentes para su reconocimiento. ""Rechazo la pretendida inscripción de MOVADEF, expresión política del terror senderista responsable de infames y cobardes crímenes"", dijo Javier Diez Canseco en enero del 2012.
Diez Canseco se inicio en la política como marxista-leninista y partidario de la lucha armada. Después renunció marxismo porque según él pretendía ser una ciencia, pero que no lo era. En sus inicios decía que había que destruir el Estado y sistema de opresión, pero cuando se enroló al parlamentarismo, fue un defensor del Estado y del sistema que antes quiso destruir. Proclamaba abajo las elecciones y el parlamentarismo burgués, pero después fue vedette y héroe de ese mismo parlamentarismo. Llamaba a liquidar la propiedad privada, pero después se convirtió en defensor de la propiedad privada "bajo nuevas reglas" decía". Convocaba a "incendiar la pradera" y preparase para la toma del poder y destruir las fuerzas armadas. Pero se alió con un militar (Ollanta Humala) para fortalecer aun más el poder militar en Perú.
Renegó de la dictadura del proletariado, y se adhirió al "socialismo" burgués de la socialdemocracia europea. Copio hasta el símbolo de los partidos "socialistas" de Europa. Renuncio a la hoz y el martillo de los comunistas para reemplazarlo por "el puño de una mano izquierda con una rosa" de los socialistas de la burguesía. En el 2005 fundo el Partido Socialista del Perú (PSP), cuyo objetivo dijo era luchar por un "socialismo democrático y de liberalismo social", sin oposición a la inversión privada (nacional o extranjera) y al desarrollo capitalista. Estas ideas provienen de la socialdemocracia europea y fueron expuestas en los años 60 y 70 como planteamiento para oponerse al desarrollo de las ideas socialistas y comunistas. Al final del 2012 cuando ya se había alejado de Ollanta Humala quien le sirvió de trampolín para llegar al parlamento, creo un frente parlamentario con el partido Acción Popular (AP), una de las organizaciones de la gran burguesía que desde 1990 hasta el 2000 apoyó al régimen fujimorista.
Cuando se inició al parlamentarismo fue un entusiasta seguidor de Hugo Blanco, quien fue el candidato de izquierda que más votos logro para las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978. Después se olvidó de Hugo Blanco y se convirtió en correligionario de Alfonso Barrantes Lingan, un ex militante aprista y líder de Izquierda Unida (IU). En 1985, desde Izquierda Unida (IU) apoyó la candidatura presidencial de Alan García Pérez. En 1990 siguió el liderazgo de Henry Pease, un socialdemócrata y patrón de una ONG, candidato presidencial de IU. Desde ahí y sostuvo la campaña electoral (segunda vuelta) de Alberto Fujimori. En 1994 se alío Javier Pérez de Cuellar ex secretario general de la ONU y personaje ligado al gobierno de los Estados Unidos. El año 2000 fue uno de los promotores de la presidencia de Valentín Paniagua un dirigente del reaccionario partido Acción Popular (AP). En 2001 sostuvo el gobierno de Alejandro Toledo, y en el 2011 se subió al carro electoral del comandante Ollanta Humala. En el 2012, después que se alejó de Ollanta Humala se integró al grupo parlamentario denominado "alianza AP-Frente Amplio", cuya mayoría son representantes de derecha provenientes del partido Acción Popular (AP).
Diez Canseco y el voto por Alan García Pérez.
En 1985, Javier Diez Canseco junto con la Izquierda Unida (IU) llamó a luchar por la justicia social y la democracia, pero respaldaba la candidatura electoral (segunda vuelta) de Alan García Pérez militante aprista y uno de los personajes mas torvos, corrupto y reaccionario del Perú. Alfonso Barrantes Lingan, fundador y líder de esta agrupación ilegalmente renunció a una segunda vuelta electoral para favorecer al aprista Alan García Pérez, quien desde la presidencia del Perú, impuso uno régimen que privilegio el crimen, los grupos paramilitares, el robo y el beneficio para los grupos de poder.
En defensa de Javier Diez Canseco y de Izquierda Unida (IU) se podría decir que el apoyo electoral a García fue un error, y punto. Pero eso no fue así. El apoyo al gobierno aprista continuo mas allá del voto electoral. Javier Diez Canseco era uno de los líderes de IU en junio de1986, cuando este grupo político aprobó el plan del presidente Alan García Pérez para exterminar prisioneros de guerra acusados de pertenecer a la guerrilla maoísta del Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso). El 18 y 19 de junio de 1986, Alan García ejecutó su plan contrainsurgente para "golpear a la guerrilla maoísta". Ello consistió en asesinar la mayor cantidad de prisioneros de guerra, en especial a los que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) consideraba dirigentes de la guerrilla. Una semana antes de la matanza García Pérez consultó su plan con los representantes de las organizaciones políticas. Alfonso Barrantes Lindan, jefe de IU y en nombre de todas las organizaciones de este grupo dio su aprobación y se comprometió a defender al presidente. Así por orden de García, las fuerzas armadas y fuerzas policiales bombardearon las prisiones de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. Más de 300 prisioneros de guerra fueron asesinados, muchos de ellos cuando ya se habían rendido o cuando se encontraban gravemente heridos.
Pero el rol de IU no se limitó a sostener el plan criminal para exterminar prisioneros. Su tarea después de la matanza, fue encubrir la responsabilidad penal de García Pérez en estos hechos. Así el semanario Amauta vocero del Partido Unificado Mariateguista (PUM) que lideraba Javier Canseco publicó un editorial. En el texto se culpaba a los prisioneros de ser los causantes de sus propias muertes. Esta matanza, dijo la revista Amauta, fue una "provocación de Sendero Luminoso". Vil bajeza, ¿así se sirve al pueblo o la reacción"?, dijo el Partido Comunista del Perú (SL) respondiendo a la revista Amauta. Por su parte desde Izquierda Unida (IU), se dijo que el gobierno y García Pérez habían caído en la trampa que le tendió SL para "desprestigiar la democracia".
La dirección de IU emitió un comunicado público, en el cual uno de los firmantes era Javier Diez Canseco (Pronunciamiento del Comité Directivo Nacional. Izquierda Unida, 26 de junio 1986). En dicho pronunciamiento, se pedía la formación de una "comisión de investigación del parlamento". En efecto se formo la "Comisión Investigadora" parlamentaria. Su presidente fue Rolando Ames Cobian, un cristiano y militante de IU que la propaganda gubernamental lo calificó de ser "uno de los representantes más destacados de Izquierda Unida". En dicha comisión participó también Jorge del Prado, secretario general del PCP pro soviético y Agustín Haya de la Torres, un diputado de IU.
En una de las conclusiones de esta comisión se dijo que fue un error entregar los "penales a los militares" y repitió la versión oficial respecto a que Sendero Luminoso pretendió aprovechar la reunión en Lima del Congreso de la Internacional Socialista que reunía a representantes de más de 70 países, como una ocasión propicia para alcanzar sus objetivos de publicidad y caos. Rolando Ames y su comisión, acusaron a García Pérez de hechos colaterales pero no fundamenta Fuente Artículo

Es Noticia, SOBRE EL CASO DIEZ CANSECO - 16/11/2012 12:05:21

" En este espacio hemos discrepado amigablemente con Javier Diez Canseco. Pensamos que congresistas como él, en términos de fiscalización, son necesarios en un sistema político donde la ética no es el fuerte y reconocemos su valía al poner en la agenda temas como los derechos de las personas con discapacidad. Estamos mucho menos cercanos a él en temas económicos, sobre todo, cuando se refiere a temas de regulación, no porque la consideremos innecesaria, sino porque, en varios casos, no es la más adecuada.
Digo esto porque el caso de la presentación de un proyecto de ley sobre acciones de inversión, antes que analizarse en términos éticos y económicos, se ha visto puesto en el debate, antes que en estos términos, en base a la trayectoria de JDC y, a partir de allí, defenderlo a ultranza porque piensan como él o denostarlo en un acto de vendetta política porque se oponen a él.
Vamos a ser directos en este caso. Creemos, luego de lo presentado por Diez Canseco como por sus acusadores, el congresista sí cometió un error al presentar un proyecto de ley sin informar que un familiar directo suyo y su ex esposa tenían acciones de inversión. Y eso lo han reconocido medios como Hildebrandt en sus Trece o Dedo Medio que no formaron parte de ninguna campaña mediática
Más allá de la discusión sobre si existía o no beneficio patrimonial posible, cuestión que el congresista ha negado con ciertos argumentos, no consignar esta información ante la opinión pública y ante el Congreso conjuntamente con la presentación del proyecto fue un presente griego que el parlamentario entregó a sus opositores, que hace años le buscan algo para bajárselo.
¿Este error ameritaba una suspensión de 90 días? Creemos que no y que la sanción debió ser la propuesta inicialmente por la secretaría de la Comisión de Ética: una amonestación pública por el error cometido. En la imposición de la sanción ya entraron otros factores, desde los intereses políticos (el fujimorismo se la tenía jurada y el nacionalismo se cobró su salida de la bancada), hasta la carencia de una gradación más fina en las sanciones a imponer a partir de los informes de la Comisión de Ética del Congreso de la República.
Y yendo al tema de fondo, ya es hora que el Congreso tenga un registro de conflictos de intereses. El año pasado, en un informe publicado en El Comercio, la periodista Fabiola Torres consignaba lo siguiente:
Un referente puede ser Colombia, donde los congresistas están obligados a llevar un libro de registro de sus intereses privados. Allí dejan constancia sobre su participación en sociedades anónimas o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, de la cual forman parte en su país o en el exterior. Si se prueba que han omitido información y logrado un beneficio personal, pueden ser sancionados hasta con la pérdida de la investidura.
Y digo esto porque, más allá del escándalo que produzca el caso para algunos o la defensa a ultranza que hagan otros, me importa más que se institucionalice, de una vez por todas, cómo hacer explícitos los conflictos de interés en el sector público, donde abundan. Y este es un tema que va más allá de izquierdas y derechas, las cuales, ambas, tienen talones de aquiles en estos temas.
No quiero terminar este post sin dejar de hacer referencia a dos conflictos de interés privado de dos de los acusadores mediáticos. El primero de ellos, corresponde al señor Fritz Du Bois, quien fuera acusado por el señor Diez Canseco en las investigaciones que hizo la Comisión Investigadora sobre Delitos Económicos y Financieros por el salvataje del Banco Latino. Cuestión que no ha puesto en ninguno de sus editoriales sobre este caso en Perú.21 y que hubiera sido recomendable tener en cuenta, para saber si este tema influenció o no en su posición sobre el caso.
El segundo corresponde al director del diario Correo, quien fue mencionado en uno de los informes de la referida comisión Diez Canseco. AsÍ lo registró hace algunos años el blog Reportaje al Perú, de la periodista Paola Ugaz:
Siguiendo con el tema de Aldo M., uno de los personajes mas controvertidos de la red peruana, se han preguntado ustedes porque o ¿de donde nace el odio tan acendrado de Aldo M. al político de izquierda, Javier Diez Canseco?, bueno, en parte se explica porque Diez Canseco dirigió la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros entre 1990 y 2001, donde si uno teclea Mariategui+Goldenberg+ David Saettone se encontrará con una muestra mas de cómo hace periodismo el director del diario Correo:
El señor SAETTONE WATMOUGH. No, yo no lo conocía. Si ve mi currículum, yo soy economista, estudié en Canadá y luego hice una maestría y soy candidato a doctor en la Universidad de Princetown, en Estados Unidos. (10) Yo trabajé en el Banco de Crédito, inicié mis labores como gerente del área de análisis económico más relacionado al mercado de capitales y tenía un buen desempeño ahí.
Aparentemente, el señor Goldenberg estaba buscando un jefe de gabinete de asesores y en una conversación con el que era entonces el director de la página económica de El Comercio, que era Aldo Mariátegui, surge mi nombre, que Mariátegui se lo propone a Goldenberg. Y el señor Goldenberg tenía reuniones, creo que eran los jueves con ciertos asesores dentro de los cuales estaba Miguel Palomino, Julio Velarde, Gianfranco Castagnola y José Valderrama y me invitaron para discutir sobre el tema del tipo de cambio, porque había habido una fuerte devaluación creo que fue en febrero del año 99, si mal no recuerdo, y tenían preguntas con respecto al mercado cambiario, tenían preguntas con respecto a las reservas.
Entonces, me invitaron a compartir mis ideas con ellos y eso habrá sido en el mes de octubre del año 99. Y el ministro Goldenberg de ese entonces, en diciembre del 99, no se comunicó directamente conmigo sino se comunicó con el presidente del directorio del banco para solicitarle si yo podía ir a trabajar con ellos, a lo cual al final accedí. Como le mencioné anteriormente, yo renuncié al Banco de Crédito y fui al ministerio y ahí lo conocí al ministro Goldenberg.
En este fragmento de una de las sesiones de la Comisión que presidía Diez Canseco (21 de febrero de 2002, pagina 36 del documento elaborado en el Congreso de la Republica), David Saettone cuenta como fue contratado por el entonces ministro de Economía, Efraín Goldenberg; el entonces Jefe de la página de economía del diario "El Comercio", Aldo Mariátegui le propone el nombre a Goldenberg y éste solícito lo contrata de inmediato. Goldenberg trabajo en el gobierno del condenado presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Los conflictos de intereses deben ser explícitos, tanto en el sector público como en el privado.
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