Es Noticia, Balance general de la situación de los derechos humanos 2012-2013 - 20/03/2014 14:28:10
"Este balance sirve de introducción al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que pueden descargar acá.¿Cuál sería la mejor manera de caracterizar el año 2013 para los derechos humanos en el Perú? Quizás podría decirse que la inacción de instituciones que deben velar por ellos se cruza con ciertas buenas intenciones de los actores del Estado peruano: lamentablemente en la práctica implicó que, los derechos humanos, siguieron siendo violentados y que el Estado no ha podido implementar las normas necesarias para garantizarlos.
La primera cifra que no revela en toda su dimensión lo que implica por ella misma es esta: 17 personas muertas desde setiembre del 2012 hasta diciembre del 2013 en conflictos sociales. Entre ellas, la historia cruel de Kenllu Sifuentes Pinillos, joven de 22 años que vivía en Barranca, y que cuando tenía doce años en el 2004 recibió una bala de un efectivo del Ejército peruano en un paro agrario en Pativilca. Fue operado en el Hospital del Niño, estuvo internado varios meses, hasta que finalmente se recuperó y pudo terminar el colegio. Diez años después, durante una protesta convocada por la Municipalidad de Barranca, Kenllu Sifuentes vuelve a ser impactado por un proyectil, esta vez en el esternón, y a las pocas horas muere. ¿Acaso el Estado peruano no pudo prevenir esta situación equipando a sus policías antimotines con armas no letales? En Lima la prensa apenas le dedicó algunas líneas: ¿acaso la historia de Kenllu Sifuentes, atravesado dos veces por dos balas que salían para reprimir a los protestantes, no es tan impactante como la de cada uno de los caídos en las protestas venezolanas?
Pero regresemos sobre lo que le ha faltado a varias de las instituciones tutelares del Estado para garantizar nuestros derechos. Ni se ha implementado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, ni se ha promulgado el Plan Nacional de Derechos Humanos, ni se ha derogado el Decreto Legislativo 1095 por el contrario hay mayor impunidad para PNP y Ejército durante represión en conflictos sociales con la dación de la Ley 30151 ni se han anulado los marcos legales que permiten los convenios entre PNP y empresas extractivas. Los peruanos y peruanas seguimos estando divididos entre ciudadanos de primera, con un Estado que garantiza su vida y sus propiedades, y ciudadanos de segunda, cuyas vidas y propiedades, sobre todo cuando son rurales o de pueblos indígenas, siguen siendo subalternas a los intereses de las grandes empresas extractivas que, por sobre todo, tienen garantizadas sus inversiones con la finalidad de que aquellos que gozan del crecimiento sigan gozándolo. Al otro lado de la balanza siempre se encuentran los más débiles: las mujeres campesinas, los comuneros quechuahablantes, los niños afectados por la contaminación de sus aguas y sus cielos. Estas palabras parecen maniqueas, pero en nuestro contexto político actual, no lo son: si al Estado verdaderamente le interesarían los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los niños no priorizaría la flexibilidad de las normas ambientales, de los estudios de impacto ambiental y de la ampliación de proyectos extractivos sobre la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos.
Por eso mismo, este informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es largo, grueso, lleno de cifras, lleva varios artículos firmados, un balance completo sobre los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) pero sobre todo, rezuma cierta desesperanza. Para evitarla, para poder plantear estrategias que nos permitan una visión de largo plazo, proponemos en esta parte del texto, no quedarnos simplemente en la presentación de lo que ustedes, lectores, podrán revisar en el índice y en cada una de estas páginas; proponemos tratar de entender cuáles son las relaciones que puedan existir entre esta realidad de 2013 y nuestro pasado inmediato; proponemos analizar las relaciones que puedan existir entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales en la actualidad, entre las estrategias de control desde los aparatos del Estado de las protestas sociales hoy y la subversión de ayer.
En ese sentido, esta propuesta más bien personal, se divide en cuatro acápites: desprestigio, visiones de desarrollo, protesta y disidencia.
Desprestigio
A pesar de que el proceso de la CVR ha planteado un antes y un después de los derechos humanos en el país, debemos dar cuenta de los golpes que nuestro discurso post-conflicto y de justicia transicional ha recibido. Nuestra manera de entender y defender los derechos humanos ha sido todo este tiempo duramente atacada por los sectores vinculados a la necesidad de impunidad. Estos sectores son:
a) el fujimorismo activo y congresal,
b) ciertos sectores de las FFAA y FFPP que están procesados en juicios públicos,
c) cierto sector del aprismo que está vinculado con el comando Rodrigo Franco o los hechos relativos a casos como Cayara o El Frontón,
d) algunos sectores amplios de la opinión pública que tienen intereses en vincularnos como "defensores de terroristas".
La idea que han difundido estos sectores es que en el movimiento de derechos humanos, además de ser "caviares" y de defender a los terroristas, nos aprovechamos de la humildad e ignorancia de los familiares y de las víctimas para cobrar ingentes sumas de dinero por reparaciones y quedarnos con él para solventar un modo de vida elitista y cosmopolita.
Esto es absolutamente falso porque, por lo menos desde las diferentes instituciones de la Coordinadora, jamás hemos cobrado un solo centavo por la defensa de las víctimas, ni por el trámite en torno a sus reparaciones. La diferentes instituciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos financian sus actividades con proyectos de diverso rubro, y en el caso concreto de la Secretaría Ejecutiva, debido al cierre de las diversas financieras o el retiro de algunos países que antes apoyaban estos temas, lo que hacemos es presentarnos a concursos públicos de la Unión Europea o de diferentes países con la finalidad de solventar nuestras necesidades institucionales que son, a todas luces, muy reducidas. Los profesionales que trabajan en nuestras instituciones tienen un alto sentido de compromiso con este tema y así queremos que sigan siendo, porque de lo contrario, ya se habrían ido a trabajar al Estado peruano que paga muchísimo mejor que cualquier ONG.
Entonces ¿por qué calan profundamente estos discursos de desprestigio de nuestras instituciones y de nuestros quehaceres?, ¿por qué no se reconoce la valentía con que algunos abogados siempre menciono el caso de Gloria Cano porque me parece que es una de las más emblemáticas se la han jugado en nuestro país para defender los derechos? Ángel Escobar Jurado, por ejemplo, fue un defensor de derechos humanos en Huancavelica que murió en 1990 precisamente cumpliendo su labor, pero no tiene mayor trascendencia ni mayor recuerdo que el premio que actualmente otorgamos desde la CNDDHH con la finalidad, precisamente, de reconocer el esfuerzo de muchos defensores.
Hace poco Víctor Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos comentó impresionado que el desprestigio de los defensores de derechos humanos en el Perú es peligrosamente alto y que saltar a las agresiones y la justificación de la criminalización desde diferentes instancias públicas y privadas puede ser el próximo paso. Todavía no vivimos como en Colombia una situación de violencia y vulnerabilidad tan alta donde el sicariato ha desaparecido a muchos defensores la historia del doctor Héctor Abad en Medellín es paradigmática pero creo que debemos de tener en consideración la alta tolerancia a la impunidad de los violadores de derechos humanos que estamos constatando con la cantidad de sentencias absolutorias que se vienen dando en la Sala Penal Nacional.
La lucha de dos visiones del desarrollo
Por lo antes mencionado es fundamental discutir sobre el tema de la criminalización de las acciones vinculadas con la defensa de los territorios, con la defensa de los liderazgos y con la defensa, en suma, de los derechos humanos en lugares donde, precisamente, el territorio es el espacio de disputa entre dos maneras de ver el desarrollo: el cortoplacismo que representa el Gobierno de Ollanta Humala y su "gran giro" de transformación a solo acomodamiento para paliar el golpe del capitalismo neoextractivista, por un lado, y una manera de entender el bienestar desde una perspectiva eco-política considerando la defensa del agua y del territorio como la garantía de la reproducción de la especie humana a largo plazo, en el otro lado. Me refiero, en primer lugar, al "neoliberalismo a la peruana" de la mano con el consumismo-emprendedor y, en segundo lugar, a una incipiente manera de entender el sumak kausay (buen vivir) que es un concepto poco reflexionado en el Perú ni académica ni mediáticamente, excepto en espacios restringidos a Cumbres de los Pueblos o a asociaciones de pueblos indígenas.
Es fundamental analizar cómo desde décadas anteriores se fue organizando una urdimbre de lógicas y prácticas que vinculan diversos aspectos de la violencia como recurso de la política. ¿Cómo comprender las lógicas de los actuales movimientos de pueblos indígenas o de los pueblos afectados por las actividades extractivas que presentan memoriales, cartas, exigen mesas de diálogo, y tras ser ignorados o puenteados o mecidos, finalmente optan por la toma de una carretera para tener una presencia en los medios y así poder hacerse oír en Palacio de Gobierno?, ¿qué vínculos existen o no existen entre las formas de reprimir esas manifestaciones y la manera como policías y soldados pensaban que debían intervenir en los pueblos altoandinos de Ayacucho o Huancavelica para repelar la actividad subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿cuáles son las lógicas que siguen operando entre ese mundo andino subyugado por la violencia de los años 80 y 90 y los pueblos como Espinar, Celendín, Bambamarca, Paita, Sechura, Tayacaja, entre otros, que son a su vez también duramente reprimidos con balas de guerra desde helicópteros o francotiradores posicionados en los cerros?, ¿por qué siguen muriendo peruanos, pero esta vez, no por una violencia sistemática planteada como una salida a la dominación sino por lo que Rolando Luque, defensor adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, ha denominado "estallidos de ira" que son, como su nombre lo indica, desembalses de frustraciones acumuladas?
Debemos de entender la situación actual de la sociedad peruana como un proceso, como un continuum, que no solo se articula con formas y prácticas violentas y que en zonas como Ayacucho, Huánuco o Huancavelica hoy se traducen también en pandillaje y violencia contra las mujeres, sino sobre todo con maneras de pensar, con constructos, con imaginarios sociales que alientan este tipo de salidas no consensuadas y confrontacionales. La justificación de los excesos, de la violencia, de la instrumentalización del otro, es la primera piedra de un camino lleno de gestiones peligrosas y que puede terminar con masacres y muertos en niveles inconcebibles.
Protesta
Por lo expuesto, es necesario emprender el giro de la criminalización de la protesta hacia la criminalización de la disidencia como lo ha señalado Raphael Hoetmer en el seminario que la CNDDHH y la UNMSM organizara en octubre del 2013. Esta conceptualización no solo amplía la noción sino que permite indagar en las maneras de instituir un pensamiento único: el desarrollismo extractivista. Plantear la posibilidad de un post-extractivismo en el Perú casi se ve como ser anti-sistema, que fue el alias acuñado para Ollanta Humala durante las elecciones del año 2006 y que hoy nadie recuerda, pero se ha transformado en una categoría utilizada por todos los medios, por los agentes de las grandes empresas, por los directorios de las sociedades de minería e hidrocarburos y en suma por todos los concurrentes al PERUMIN de Arequipa: los antimineros.
Si el desprestigio y el estigma de los defensores de derechos humanos se planteaba desde el apelativo de "caviares" hoy también se suma el de "antimineros". Lamentablemente este sentido común ha calado en la opinión pública y es muy complejo y difícil poder romper con esta idea para tratar de discernir a los defensores de derechos humanos solo como activistas o profesionales que tienen un genuino compromiso con la justicia y la democracia. Este adjetivo no se centra en la descalificación por las acciones que se realizan, sino incluso, por tener una posición diferente al enfoque del neoliberalismo del Ministerio de Economía y Finanzas y ahora, del Presidente de la República. Entonces, en tanto que cuando hablamos de protesta nos referimos a acciones en contexto determinados de lucha, pero cuando nos referimos a disidencia estamos hablando de la pura posición política frente a "sentidos comunes" que operan en los ciudadanos como "lo correcto", considero personalmente que la criminalización que se da en el Perú no se limita a las acciones de protesta en diversos espacios de lucha sino también a la sola acción de pensar a contrapelo de las propuestas de desarrollo que son el eje de la modernidad entendida como el proceso de "superación del atraso".
Disidencia
La disidencia no es solo la protesta: la protesta requiere una acción o una palabra. En cambio la disidencia solo requiere de una reflexión en torno a algún sentido común. Solo requiere estar en desacuerdo. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la "disidencia" (Del lat. dissidentia) es «f. Acción y efecto de disidir» o «f. Grave desacuerdo de opiniones». Y "disidir" (Del lat. dissidere) significa «separarse de la común doctrina, creencia o conducta», cuya etimología literal compuesta significa "separar, no permanecer". En el caso de disidencia por diversos traslados metonímicos su significado se extiende también a las sinonimias de "no desear estar o pertenecer a un mismo grupo o criterio". Se refiere a tener un criterio diferente al criterio de la mayoría.
La disidencia está referida, entonces, a un estado situacional y de opinión, a una actitud. Por tanto, puede ser manifestada por actos, pero también puede ser igualmente un modo de vida o una opción en torno a un modo de vida (por ejemplo, ser un anticonsumista). La "disidencia" remite a una filosofía de vida, a un compromiso total de un individuo o de un grupo que asume todas las consecuencias materiales y espirituales de sus elecciones. La disidencia es una actitud que no necesariamente está dirigida contra algo, sino que más bien implica un desacuerdo o una distancia tomada con un poder o una autoridad política. No entra forzosamente en conflicto directo, sino que se aleja, busca otras vías o espacios de legitimidad. De esta manera, el término «disidencia» se distingue de los términos «contestación» y «oposición», que indican una confrontación al interior mismo del sistema político en vigor.
En el Perú de hoy no solo se criminaliza la protesta como en muchos otros lugares ante la necesidad del avance de derechos si no fuera por las múltiples protestas sociales, desde la Revolución Francesa hasta Mayo del 68, no habrían avances en los derechos sino que se trata de minimizar y confrontar a aquellos que no están de acuerdo siquiera con el modelo de desarrollo gastronómico-extractivista-neoliberal. Muchas veces hemos sido testigos de linchamientos mediáticos por opinar en contra.
Considero que las apuestas de los Guardianes de las Lagunas en Conga o de Óscar Mollohuanca en Espinar, de los apus awajún en Supayacu o de Santiago Manuin en Bagua, no solo pasan por considerar que quitar tranqueras o llamar a movilizaciones son la lucha fundamental de sus propósitos sino, simplemente, porque ellos mismos como núcleo duro mantiene una "diferencia" en el sentido de desarrollo al que aspiran. Disentir, es hoy por hoy en nuestro país, ganarse una estigmatización que se vincula además con la discriminación de clase y étnica que, por supuesto, llegó a su sumum con la teoría del "perro del hortelano" de Alan García que, lamentablemente, no ha muerto sino que se está transformando en otras maneras de separar, discriminar y desautorizar una opción de vida ecológica y diversa.
Por eso desde esta gestión en la CNDDHH no solamente alzamos la voz para señalar cuáles han sido los derechos humanos que se han violado o los que se han protegido durante el año 2013 o para pedir normativas y políticas públicas que permitan que la mayoría de la población pueda ejercerlos, sino que además consideramos necesario ejercer una disidencia frente a la flexibilización de derechos con la finalidad de mantener un modelo de desarrollo que no beneficia a todos sino que acrecienta las brechas y las diferencias entre peruanos y peruanas.
Rocío Silva Santisteban
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Información: Perú: "hay muchos que se computan escritores, pero la verdad es que no escriben ni mierda…" - 11/03/2014 12:31:53
" Entrevista al escritor Augusto Rubio.Es un domingo muy caluroso. Los chimbotanos tienden a salir a los balnearios para sacarle el jugo al verano. Estoy en el paradero de combis de la ruta a El Dorado. De pronto, en una esquina diviso un rostro que se me hace conocido; está jalando gente, como un voceador bullangero a carta cabal, de esos que tienen la voz de barrista a temer. Es Augusto Rubio Acosta, quien vestido con polo y short casual, interrumpe su chamba por unos minutos para hablarnos de su nueva propuesta denominada "La Resistencia", así como de otros temas de carácter cultural. Esta es un entrevista de esquina, diferente, frontal. Sujétense, aquí les dejo esta conversa inolvidable.
Augusto, ¿y?, te veo pilas en esta nueva chamba… ¿Qué tal, cómo te va?
Ahí, pe, Viscely. Hace un calor de la putamadre aquí, pero…chamba es chamba.
¿Y qué tal el material?, ¿hay o no hay futuro?... A propósito, pensé que chambeabas en la ruta a Tortugas? Futuro hay, brother, lo que no hay es plata… y por eso estoy aquí (risas)… Normalmente chambeo llenando las minivan en la ruta a Tortugas, acá en Bruces; pero hoy bajé a Villa María porque acá hay más gente; además, hoy me prometieron unas chelas. Sírvete, chapa tu vaso y trae tu ladrillo, siéntate…
… Bueno, ya basta de hueveo; vayamos a la entrevista. Hace poco sorprendiste a muchos con la apertura de la librería "La Resistencia", ¿qué significa para ti abrir este nuevo espacio cultural? Puta, la verdad es una vieja idea y me ha dado gusto haberla hecho realidad, porque "la gente no tenía dónde encontrarse, dónde reunirse. En Chimbote tenemos cines que pasan solo cojudeces, únicamente films comerciales; lo de los libros es parte de la vida que siempre hemos tenido, hay que seguir cultivándose. A ti te debe pasar, a muchos nos pasa, estamos hartos de la basura en la televisión, en los medios. Hay otra vida más allá de "Combate, "El valor de la verdad, "Esto es guerra, las pastruladas a las cuales nos pretenden acostumbrar. Basta ya de la fiesta de la ignorancia…
Aparte de ser librería, ¿qué otras alternativas propone "La Resistencia"? De todo un poco. La gente baja sobre todo por las noches para ver films del cine independiente: Almodóvar, Polanski, Allen, largos de los festivales europeos, verdadero cine, carajo. ¿Qué chucha encuentras en Cinerama, a ver?, ¿qué mierda proyecta el Bahía? Aparte, "La Resistencia es un lugar de encuentro: acá la gente baja con su vinito para conversar, hay libros, desarrollamos talleres de lectura y escritura creativa, estamos elaborando el plan lector, hacemos y promovemos cultura en una ciudad donde los espacios de este tipo escasean o no existen.
¿Has recibido el apoyo de las editoriales? Tenemos libros de varias editoriales y temas diversos para todos los gustos; sobre todo hemos hecho hincapié en contar con libros para la chibolada, son ellos los que necesitan leer bien desde muy chicos.
Muchos editores aseguran que la vida editorial es jodida en el país. En tu caso, como librero, ¿se presenta lo mismo? La verdad, es una vaina; sin verdaderas políticas culturales que favorezcan la lectura y el libro, estaremos jodidos siempre. A los municipios les llega altamente invertir en la publicación de un libro, y cuando -rara vez- lo hacen, le exigen al autor que en la primera página aparezca el cacharro del alcalde con un breve discurso donde el muy puto florea que su gestión apoya la cultura. Cínicos, más miserables no pueden ser. Encima que coimean duro en las "obras viales y públicas, todo indica que coimean también cuando sacan un libro; ejemplos hay varios, bastaría citar cierta publicación que el año pasado costó un dineral, cuando en realidad su precio real no ascendía ni a la cuarta parte. El otro asunto, la otra urgencia, es la creación de un fondo editorial en las universidades de Chimbote. La verdad, no sé por qué no se implementa uno siquiera. La universidad es lo que publica, el billete del canon revierte cada año por incapacidad de gasto, tantos años de "bonanza económica en la Universidad Nacional del Santa y ni un miserable libro publicado.
A pesar de tantas limitaciones, no cabe duda que Chimbote ha evolucionado de a poquitos, culturalmente hablando, y además nuestra literatura está llena de grandes figuras y logros. ¿Crees que los artistas y escritores han cosechado en el desierto? Si Chimbote ha trascendido y trasciende por el nivel cultural que tienen algunos de sus escritores y artistas, es porque ellos mismos han forjado su destino. Aquí no le debemos nada a nadie. El trabajo esforzado, solitario y contracorriente desarrollado no de ahora sino por años y décadas, ha sido la única receta para salir adelante y destacar en el plano nacional e internacional. Un ejemplo de ello es el premio Copé de Fernando Cueto, un escritor perseverante que, puta, le tapó la boca a tantos charlatanes que aseguran que nuestras letras están en crisis. Braulio Muñoz, Denisse Vega, César Quispe, son escritores de gran calidad y potencial, han sido premiados y reconocidos dentro y fuera del país, negar sus méritos es mezquindad pura.
A propósito de lo que dices, ¿qué le dirías a todos aquellos que pintan a nuestras letras de manera pesimista? Que quizá necesitan conocer el proceso, revisarlo a fondo, desde el llano, vivirlo desde la cancha de la escritura, no desde la tribuna preferencial, para poder entenderlo. Sucede que algunos de los que opinan sobre estas cosas no tienen autoridad moral, ética ni escritural, como tampoco un conocimiento pleno de la realidad local para opinar sobre un tema delicado, trascendente, inherente a quienes sí tienen sensibilidad y han hecho de la escritura su forma de vida. En Chimbote hay muchos que se computan escritores, pero la verdad es que no escriben ni mierda, mucho menos publican. Es fácil lanzar piedras y falacias. De crítica literaria mejor no hablemos: no existe. Charlatanes y ególatras han habido varios a través de los tiempos, algunos medios de comunicación les han dado y les dan espacio aún porque no tienen "colaboradores y necesitan rellenar contenidos en las maquetas de sus páginas.
Augusto, ¿existen verdaderos gestores culturales en Chimbote? No existen, jamás existieron, nadie se formó para ello y eso tenemos que lamentarlo. Lo que hay es gente "de la noche a la mañana sorprendentemente interesada en el tema cultural, pero que en el fondo únicamente persigue intereses políticos y económicos. La verdad hay que decirla de frente: gente que quiere ser alguien utilizando a la cultura y a los auténticos artistas que sobreviven perseverando en su oficio, dejando lo mejor de sí y poniendo en alto ,con sus premios y logros- el nombre de una ciudad como Chimbote que ,dados los gobernantes que tiene y las escasas condiciones para que se desarrollen los intelectuales- no merece tener la calidad de artistas que tiene, porque ni siquiera su ciudadanía los valora.
A fines de marzo, se cumplen 70 años del nacimiento del gran poeta Juan Ojeda, figura emblemática de la poesía chimbotana. ¿Crees que es el momento preciso para que nuestras autoridades empiecen a trabajar por la valoración de nuestro poeta cumbre? De las autoridades no se puede esperar nada, sí de la gente independiente que promueve cultura sin esperar nada a cambio. Ojeda merece no solo un reconocimiento público, el nombre de una calle o una plaza, sino sobre todo ver publicada su obra completa, la misma que debe llegar a todos los hogares y debatirse en un evento de grandes dimensiones que permita poner los puntos sobre las íes respecto a quién es quién en las letras de la ciudad y el país. En Chimbote hay muchos ídolos de barro, ningún seudocrítico se pronuncia sobre ello porque en esta ciudad nadie se compra el pleito de decir la verdad. Ya es tiempo de dejar las cosas en claro y echarse abajo la historia mal escrita o enseñada. Finalmente, Augusto, ¿qué proyectos tienes para más adelante? Este año estoy dedicado a "La resistencia, a editar libros, a la revista "Mundo cachina que dirijo y está por sacar su sexto número, además debo culminar la novela que desde los primeros días del año escribo. Como verás, todo ello está relacionado con las dificultades que uno encuentra en el camino para conseguir los objetivos. Bueno, Viscely, te dejo; me disculpas pero la chamba me llama. Otro día bajamos a la playa en plan H o en todo caso nos vamos al "El carro hundido, para un par de heladas.
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Noticia, El premier y sus ¿manos limpias? - 04/03/2014 14:57:59
"René Cornejo Díaz, quien acaba de juramentar como nuevo primer ministro del "Gabinete Nadine", es un viejo conocido en la administración pública, a la que ha pertenecido desde 1993 cuando, durante la gestión de Alberto Fujimori, integró el comité de privatización de Electrolima.El flamante premier tiene, faltaba más, algunos "tapaditos". Conózcalos en esta nota.
Luego de integrar el Comité Especial de Privatización (CEPRI), que vendió en nombre del Estado Peruano la empresa Electrolima, el hoy premier continuó trabajando para la dictadura de Fujimori en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Primero bajo las órdenes de Jorge Camet y luego con Víctor Joy Way, Efraín Goldemberg y Carlos Boloña en la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) de ese ministerio.
El año 2000, al derrumbarse el gobierno de Fujimori, Cornejo pasó al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y se quedó allí hasta el 2002, año en el que se le nombra Secretario Ejecutivo del Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda-MIVIVIENDA- de donde sale el 2004 para integrarse a las filas de PROINVERSION
Hasta que una crítica del entonces presidente García Pérez lo obligó a renunciar.
Como todo astuto funcionario, René Cornejo, que había estudiado Ingeniería Eléctrica, logró reciclarse y volvió a la administración pública con el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, quien contra todo pronóstico designó a Cornejo como ministro de Vivienda, pese a que el hoy primer ministro representaba la privatización de las empresas del Estado que Cosito tanto repudiaba.
Su trayectoria privada. Al salir de la administración pública, René Cornejo fundó su propia empresa a la que llamó pomposamente Corporación Helio S.A., que según su página web tiene como misión "contribuir al crecimiento de sus clientes, brindándoles servicios de asesoría, consultoría y generación de negocios".
Es decir, toda la experiencia que adquirió en la administración pública la volcaría a favor de los particulares que lo buscaran para hacer negocios, utilizando, según las malas lenguas, información privilegiada que había obtenido en PROINVERSION, entidad que sabemos se dedica a buscar inversiones en el Perú y te indica los sectores en donde es mejor hacerlo.
Corporación Helio S.A. nos hace referencia a una gran cartera de clientes muchos de los cuales se sienten atraídos por ser una entidad integrada por personas que tienen la experiencia de haber sido consultores en PROINVERSION y en particular porque el director ejecutivo de esa institución es el factótum de Corporación Helio S.A.
Aunque no es un delito crear una empresa para brindar asesorías a privados para invertir en el país, sí es un dilema ético que conociendo lo que otros no conocen, obtengas clientes.
Pero ¿qué ocurre cuando a Cornejo lo nombran ministro de Vivienda y ahora premier? Las empresas privadas asesoradas por Corporación Helio S.A. desarrollan sus iniciativas privadas y las presentan a PROINVERSION para que esta declare de interés dichas iniciativas.
En el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el jefe de proyectos emite su opinión favorable y se inicia el proceso de convocatoria a Concurso Público.
Corporación Helio S.A. realiza el seguimiento del proceso a nombre de sus clientes inversores y brinda la asesoría para obtener el proyecto con el Estado Peruano, el mismo que está a cargo de PROINVERSION.
Quien hace las observaciones pertinentes, evalúa y finalmente otorga la buena pro, lo que significa que la empresa ganadora le paga sus honorarios de éxito a Corporación Helio S.A., quien distribuye sus utilidades entre sus accionistas (Cornejo incluido).
Rostros conocidos. Desde que Cornejo asumió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, muchos de los funcionarios de la Corporación Helio S.A. han pasado a integrar entidades del Estado y, en algunos casos, sin dejar de participar en esa empresa.
Por ejemplo, Ana Inés Reátegui Vela quien aparece como socia fundadora de la Corporación Helio S.A. junto con René Helbert Cornejo Díaz (el premier) la encontramos también como presidenta del directorio de Electro Oriente, cargo para el que ha tenido que ser nombrada por el Gobierno, que integra precisamente su socio fundador.
Incluso, Reátegui Vela en algunos documentos figura como la gerente general de Corporación Helios S.A.
No obstante, ese no es el primer cargo que ha ocupado Reátegui Vela en el aparato estatal.
La socia de Cornejo también ha trabajado en MIVIVIENDA (2001- 2002), precisamente en la misma época en que trabajaba también en ese organismo René Cornejo.
Lo mismo ocurrió, y ya no parece casualidad, en PROINVERSION, donde en el 2004 ocupó el cargo de gerente de Promoción y Apoyo al Inversionista Privado 2004.
Adivinen quién estaba en ese mismo organismo público. Sí, René Cornejo Díaz.
La cosa no queda allí, pues mucho más personal de la Corporación Helio S.A. están estratégicamente ubicados en entidades tales como Sedapal, Banco de Materiales, Electro Oriente, Electro Ucayali y Ministerio de Vivienda.
Todo esto sucedió cuando Cornejo tenía a su cargo la cartera de Vivienda.
En el sector saneamiento, los funcionarios que estuvieron a cargo de los procesos de concesión de Sedapal fueron Eduardo Escobal Mc Evoy como jefe de Proyectos de Saneamiento y Rossina Manché Mantero, quien también ocupó en PROINVERSION.
El mismo cargo que Escobal, quien luego pasó a ser consultor y gerente general de Corporación Helios S.A sin dejar de ser también asesor del ministro.
René Cornejo como ministro de Vivienda era director de PROINVERSION y FONAFE, lo que significaba que tenía bajo su control las empresas del Estado que tienen procesos de concesión en marcha y a futuro.
Todo queda en familia. Por si fuera poco, es preciso señalar que la esposa del flamante primer ministro también ha pertenecido a la burocracia estatal: la abogada Araceli Rita Basurco Neumann fue secretaria general del Ministerio de Justicia en el último tramo de la gestión aprista.
En ese sentido hay un dato inquietante, pues durante el tiempo que Basurco Neumann estuvo en esa dependencia pública, la gerente de Corporación Helio S.A. Ana Reátegui consignó en su CV que fue "asesora financiera en el servicio de asesor de transacción en el proceso de la primera concesión en el Perú de un establecimiento penitenciario incluyendo la promoción entre potenciales inversionistas (setiembre 2009-noviembre 2010)".
También coincidió con la cónyuge del premier Cornejo en el Ministerio de Justicia la Dra. Mary Ramos Barrientos, quien ocupa hoy el cargo de secretaria general de la Superintendencia de Bienes Estatales, pero que viene a ser en la práctica la jefa de esa importante entidad del Estado.
¿La habrá recomendado a su esposo para que la nombre al corresponderle precisamente al ministro de Vivienda la designación de esos funcionarios?
Habrá mucha atención en la gestión de este nuevo primer ministro (el quinto de la administración Humala).
Se espera que haga bien su trabajo y, además, que no chuponee a los funcionarios cuando aparezcan informaciones comprometedoras.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? La producción de oro caería 3% en el 2014 - 03/03/2014 19:57:30
La falta de nuevos proyectos y el proceso de agotamiento y cierre de algunas minas explicaría el retroceso, afirmó el Scotiabank. En el 2013, los volúmenes del metal bajaron 6%.Ver artículo... Fuente Artículo
Noticia, Comex: Se debe exonerar de Consulta Previa a proyectos de interés nacional - 15/02/2014 9:35:22
El gremio empresarial afirmó que a casi tres años de su promulgación, el proceso de la Ley Consulta Previa genera más incertidumbre que claridad en las relaciones entre el Estado, las empresas y las comunidades.Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina usted? Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú - 21/01/2014 12:26:13
"Human Rights Watch (HRW) presentó hoy en Berlín su Informe Mundial sobre Derechos Humanos y en la presentación de Sao Paulo hizo hincapié sobre los problemas que afrontan los países de América Latina y sus desafíos para 2014.La edición latinoamericana analiza los países de la región, entre los que figura nuestro país. A continuación el capítulo referente a Perú.
Human Rights Watch
Informe Mundial 2014: Perú
En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal.
A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados.
Muertes durante protestas
Según datos obtenidos hasta septiembre de 2013, un total de 27 civiles habían muerto durante protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011. La cantidad de muertos por armas de fuego en estos sucesos se redujo de 18 en los primeros ocho meses de 2012 a tres en el mismo período de 2013. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un organismo gubernamental creado en agosto de 2012, ha impulsado iniciativas de diálogo para fomentar la resolución pacífica de conflictos sociales que provocan protestas. No obstante, sólo se ha avanzado moderadamente en la determinación de las circunstancias en las cuales se produjeron las muertes y el juzgamiento de policías o militares que aplicaron la fuerza en forma ilegítima.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y 2000. Muchas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, mientras que otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En 2009, el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y varios miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones forzadas. En junio de 2013, el Presidente Humala rechazó un pedido presentado por familiares de Fujimori para que se le conceda el indulto presidencial por motivos de salud. Según trascendió en los medios, una Comisión de Gracias Presidenciales había determinado que Fujimori no sufría una enfermedad terminal o degenerativa ni trastornos psicológicos graves.
La investigación judicial en otras causas ha sufrido extensas demoras y permitido tan sólo unas pocas condenas. En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había implementado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2013, de los 194 casos que supervisaba, 113 habían sido cerrados o se encontraban en las primeras etapas de investigación, y solamente en 32 se había dictado sentencia.
En junio de 2013, el Tribunal Constitucional determinó que una masacre ocurrida en 1986 en la cárcel El Frontón durante el primer gobierno del ex Presidente Alan García, y en la cual perdieron la vida al menos 130 internos, estaba sujeta a prescripción debido a que no constituía un delito de lesa humanidad. La opinión del tribunal desconoció una sentencia dictada en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en la cual se ordenó que Perú investigara estos sucesos y juzgara a los responsables. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional que modificara la sentencia en razón de que la mayoría de los jueces había desestimado el argumento de los reclamantes sobre inconstitucionalidad del proceso en el caso El Frontón, y no se había solicitado al tribunal que estableciera si los delitos constituían crímenes de lesa humanidad. Hasta octubre de 2013, el tribunal no se había pronunciado.
Jurisdicción militar
Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo resueltos por tribunales militares. El Decreto Legislativo N.° 1095, adoptado en 2010 por el gobierno del Presidente García, permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse de abusos contra civiles a miembros de esta fuerza que intervinieron en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado insistentemente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos en la región. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.
Tortura
La tortura representa un problema crónico. Un tercio de las 144 víctimas cuyos casos han sido monitoreados en la última década por la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) murieron o sufrieron incapacidad física permanente debido a torturas, en su mayoría cometidas presuntamente por policías.
Libertad de expresión
En agosto de 2012, en respuesta a la progresiva presencia pública de un grupo reducido que exige la amnistía de presos de Sendero Luminoso, el Presidente Humala presentó un proyecto legislativo que arremete contra la libertad de expresión al tipificar el "negacionismo" de delitos cometidos por organizaciones terroristas. El proyecto, tras las modificaciones en el Congreso, establecería penas de prisión de entre 6 y 12 años a quienes "nieguen" tales delitos o la participación de personas en ellos, cuando exista una sentencia definitiva que establezca tal participación. Establece como condición que la expresión tenga la "finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Cuando la negación se realice a través de medios sociales o tecnologías de la información, la pena se incrementaría hasta 15 años. Hasta octubre de 2013, el proyecto aún no había recibido aprobación definitiva en el Congreso.
Los periodistas siguen estando expuestos a la imposición de penas de prisión en suspenso y multas por difamación. Por ejemplo, en mayo de 2013, un juez en Huaraz, Ancash, aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso al periodista Alcides Peñaranda, director de la revista Integración, por haber difamado al presidente regional de Ancash, César Álvarez, y dispuso que debía pagar una indemnización. Esta acusación estuvo vinculada con un artículo de Integración en el cual se indicaba que existía corrupción en el gobierno regional y se hacía referencia a un artículo publicado en una revista de Lima por César Hildebrandt, un renombrado periodista de investigación. Álvarez demandó por separado a Hildebrandt y a su colega Melissa Pérez. Un tribunal de Lima los absolvió, invocando una sentencia de la Corte Suprema que asignaba a las personalidades públicas una mayor carga de la prueba en casos de difamación en los cuales estuviera afectado un interés público.
Aún está siendo analizado en el Congreso un proyecto que reemplazaría las penas de prisión para el delito de difamación por multas y tareas comunitarias. Si bien el Congreso aprobó el proyecto en julio de 2011, el Presidente García objetó algunas disposiciones y la versión reformada nunca se aprobó.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre. No obstante, el país carece de protocolos claros que permitan a proveedores de salud determinar en qué circunstancias concretas resultaría lícito el aborto. Numerosos organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Perú a adoptar estos protocolos y a legalizar el aborto en casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Al momento de elaboración de este informe, el gobierno no había cumplido las recomendaciones.
Derechos de discapacidad
El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente "incapaces" y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción o tutela judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Perú, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al país "eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad" y "redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura". También instó a Perú a adoptar legislación que prohíba la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, a permitir el aborto en casos de violación sexual y a adoptar "rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico".
En septiembre de 2013, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó 26 cárceles y dependencias policiales en distintas regiones de Perú. Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. El vicepresidente del subcomité expresó su expectativa de que a fines de 2013 Perú hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura y el maltrato con fondos suficientes para que funcionara adecuadamente.
En tanto miembro relativamente reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha tenido un rol positivo en la votación de diversas resoluciones destinadas a abordar violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Bielorrusia e Irán. No obstante, Perú adoptó una medida regresiva al determinar que ya no patrocinará resoluciones sobre países individuales en la ONU.
Ver:
Informe Mundial 2014 , versión completa
Capítulo Perú
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