Gestión Pública del Perú y el Mundo: 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldados genera grave preocupación en materia de derechos humanos y SOBRE LAS AMNISTIAS

Que opina usted? Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldados genera grave preocupación en materia de derechos humanos - 14/01/2014 16:52:18

" Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldados
Grave preocupación en materia de derechos humanos
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de las 81 organizaciones que conforman esta institución, ante la promulgación de la Ley 30151 que modifica el Código Penal y exime de responsabilidad a los policías y militares que causen la muerte o lesiones en el cumplimiento de su deber, consideramos que:
1.- La vida e integridad física de las personas son derechos fundamentales que el Estado debe proteger frente a cualquier actor, civil, policial o militar.
2.- Esta ley tiene como antecedente el Decreto Legislativo 982, frente al cual el Tribunal Constitucional declaró la obligación que tienen los fiscales de investigar y la de los jueces de juzgar y sancionar los abusos de los agentes del orden. Afirmamos que a pesar de la reciente modificación del Código Penal, subsiste plenamente la obligación estatal de investigar, sancionar y reparar las acciones de uso abusivo de la fuerza por parte de los policías y militares.
3.- Creemos que esta es una medida efectista, pero por completo ineficaz para combatir la inseguridad ciudadana que aqueja nuestro país. Este grave problema sólo podrá superarse combatiendo la corrupción, asegurando condiciones laborales dignas al trabajador policial y militar, garantizándole dotación logística y entrenamiento adecuado, así como mejorando la articulación con las otras entidades del Estado y la sociedad civil, entre otras medidas.
4.- Cabe recordar que solo en lo que va de gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, 29 civiles (incluyendo dos menores de edad[1]) han perdido la vida como consecuencia de la actuación de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Nos preocupa que continúe el aumento de violaciones de derechos humanos en contextos de conflictos sociales frente a la imposición de proyectos de desarrollo e industrias extractivas. No es una preocupación solo del movimiento de derechos humanos, pues esta situación le ha valido al Perú severos cuestionamientos tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
5.- Para superar esta situación, invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a convocar una Comisión para la elaboración de una norma que regule de manera precisa los procedimientos operativos de la Policía para el control de disturbios y deroguen todas las normativas que flexibilizan el uso de la fuerza letal en estos contextos. Esta Comisión deberá incorporar la participación de especialistas en seguridad ciudadana y en derechos humanos.
Lima, 14 de enero del 2014.
[1] Los menores son Carlos Alberto Ramos Carmen y César Medina Aguilar.

Ver artículo...
" Fuente Artículo

Interesante, SOBRE LAS AMNISTIAS - 09/11/2012 9:25:24

" Si los errores políticos de Nicolás Lynch le costaron la embajada en Argentina, un intento de defensa de su viejo amigo le ha costado a Salomón Lerner Ghitis una andanada de críticas, en torno a declaraciones dadas en torno al Movadef. Este fue el video con el extracto exacto de lo que dijo.
Sobre el tema de Movadef en específico, Lerner Ghitis ha tenido que emitir un comunicado en el que precisa lo siguiente:
El movimiento MOVADEF, al igual que cualquier grupo con ideas de apoyo a los actos de terrorismo del pensamiento Gonzalo y de guerra contra la democracia, no tienen cabida dentro de nuestro sistema político.
Sin embargo, en el ejercicio de la libertad de pensamiento, si estos declinan de estas ideas, pueden adecuarse e incorporarse al sistema democrático, respetándolo y alejándose de sus posiciones de defensa del terrorismo y de destrucción de nuestro sistema democrático institucional.
El primer problema es que Lerner Ghitis no ha calibrado bien que, incluso si piden perdón de rodillas y juran y rejuran que nunca más van a tomar las armas, la mayoría de peruanos no está dispuesta a aceptar la participación política de Movadef en la vida política del país.
El recuerdo de los atentados y masacres cometidos por Sendero Luminoso está en el recuerdo de muchos y, por tanto, una declaración como esta va a ser mal vista o mal interpretada, más aún cuando, a diferencia de otros grupos que utilizaron la violencia en América Latina para tomar el poder, en términos numéricos, Sendero mató más que el Estado. Y la actitud arrogante de su brazo político hace inviable pensar en que alguna vez mostrarán arrepentimiento por sus crímenes. De hecho, ellos no solo no han hecho un arrepentimiento, sino que consideran que entrar al sistema democrático es solo un estadío "hasta que se den las condiciones para volver a las armas".
Pero el segundo problema tiene que ver con las amnistías, sobre las que el comunicado de Lerner Ghitis no dice nada. Y aquí si tengo algo que decir. Desde hace algún tiempo estoy investigando este tema en términos académicos (que espero culminar y publicar próximamente) y hay algunas premisas claras que deberíamos tener en cuenta sobre este tema.
1. El contexto peruano: En el Tomo IX de su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación descartó expresamente la posibilidad de una amnistía para alguno de los actores que haya cometido delitos en el marco del conflicto o de la lucha contra el terrorismo, debido a que la reconciliación no puede basarse en la impunidad. Ello le cierra las puertas tanto a los militantes del MOVADEF, que reclaman una amnistía general que incluya a los miembros de Sendero Luminoso, comenzando por el criminal Abimael Guzmán, como para los políticos y periodistas (sobre todo, los vinculados al fujimorismo y a los sectores más conservadores del país) que cada cierto tiempo plantean iniciativas de impunidad, como el Decreto Legislativo 1097.
2. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a "delitos políticos". Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional. Mi opinión personal es que, dado que es un rezago absolutista, esta institución no calza con un Estado constitucional de Derecho como lo entendemos hoy y, por tanto, debería ser eliminada. En tanto esto no se haga, su uso debe ser bastante excepcional y debe sujetarse a varias restricciones.
3. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
4. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, "punto final" o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno de Alan García.
Finalmente, la adopción de una medida como esta debería someterse a un test de proporcionalidad. Es decir, solo debe pasar si es que no hay otra medida que permita el objetivo que quiere alcanzar. Y la reconciliación nacional no puede alcanzarse sobre la base de la impunidad. Este punto acota aún más el margen para otorgar este tipo de medidas. Para decirlo en claro, es casi imposible que ello ocurra, ya no solo en términos éticos, sino también jurídicos. Y por tanto, Lerner Ghitis cometió un error de campeonato al ser ambiguo con este tema.
Un tema final. Hemos sido claros en criticar estos errores políticos en personajes que han sido claros, en su actuación personal, contra Sendero Luminoso (Lynch, hay que recordarlo, enfrentó a Sendero como docente en San Marcos durante los años más duros). Y por ello es que hemos sido sumamente duros con ellos. Pero tampoco nos vamos a sumar a la gritería histérica de un sector que busca clavarle el mote de "prosenderista" a todo aquel que se encuentra a la izquierda de Torquemada. No solo porque las personas aludidas no lo son, sino también porque termina empobreciendo aún más el debate sobre como enfrentar al Movadef, en el cual, hay que decirlo, la clase política anda más perdida que cuy en tómbola.
MAS SOBRE EL TEMA:
Santiago Pedraglio: "Movadefización" de la agenda
En San Marcos preparan marcha contra el Movadef
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Que opina usted? ¿Qué busca el Gobierno con el pedido de facultades para legislar en Defensa e Interior? - 07/08/2012 16:21:42

" El Ejecutivo remitió finalmente al Congreso el pedido para legislar por 90 días en los sectores de Defensa y del Interior, y como era de esperarse no son pocas las voces en desacuerdo que se han pronunciado al respecto.
Como se sabe, lo que el Gobierno dice buscar es emitir y modificar normas legales en siete asuntos específicos. Entre los más discutibles se encuentra el que indica la pretensión de modificar el marco legal que establece el apoyo en el orden interno a la Policía por parte de las Fuerzas Armadas. Para ello, se indica en el documento que se busca modificar, no derogar, el decreto legislativo 1095, que fuera aprobado durante el gobierno de Alan García con la férrea oposición de los miembros de la bancada nacionalista.
Para el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi y para Francisco Berninzon, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana de IDL, habría una línea muy delgada en utilizar dicha modificación para que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan mayor participación en los conflictos sociales, considerando la gran cantidad de estos en los últimos meses.
Otros de los puntos expuestos en el pedido al poder Legislativo, es el de la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, Carrera y Servicio Militar, así como la modificación del régimen remunerativo de las Fuerzas Armadas, esto último, según los especialistas, buscaría favorecer a la promoción del presidente Ollanta Humala, algo que perjudicaría los sectores de Defensa y del Interior.
El informe de Daniel Yovera para Tribuna Abierta, adjunto esta nota, explica al detalle los puntos que se buscan modificar y desliza hipótesis de lo que estaría buscando realmente el Ejecutivo con dicho pedido.

Ver artículo...
Documentos adjuntos:fuerzas_1.jpg
http://cdn.tuteve.tv/files/2012/08/07/fuerzas_1.jpg
" Fuente Artículo

Noticia, Beingolea: Se está generando ambiente similar al de 1991 para cerrar el Congreso - 12/03/2012 14:40:33

" Ideeleradio.- Se está comenzando a generar un ambiente muy parecido al de 1991 porque habría intentos para desacreditar al Poder Legislativo y generar las condiciones para cerrarlo, como se hizo en 1992, advirtió Alberto Beingolea, presidente de la Comisión de Justicia, al cuestionar que se cree, vía decreto supremo, el "Programa Servicio Voluntario de Apoyo a la Policía Nacional del Perú".
"[¿Considera que se está propiciando un escenario de descredito total al Congreso para cerrarlo y luego convocar uno?] Lo hemos vivido en el Perú, es de tontos no darnos cuenta de lo que ya hemos vivido y prevenirlo. Es muy fácil desacreditar al Congreso y es muy fácil generar las condiciones para después decir: bueno, hay que cerrar el Congreso. Lo voy advirtiendo, estas cosas que pasan medio desapercibidas, comienzan a generar un ambiente muy parecido al 91 que le siguió al 92", afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"No querrán que nos quedemos callados con actitudes de este tipo, bravuconadas del Ejecutivo, y con provocaciones de este tipo hacia nuestros propios fueros, para decir oiga cómo es posible que ustedes aprueben por decreto supremo algo que iba a ser ley", agregó.
Beingolea Delgado presentó la semana pasada un proyecto de ley que busca derogar ese decreto legislativo, al considerar que dicho programa debió pasar antes por el pleno del Parlamento, luego que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno lo aprobara directamente.
Una burla al Congreso que preocupa
El titular de la Comisión de Justicia precisó que no se trata de que la oposición no deje gobernar, sino que no es posible que el Congreso se le quiera convertir en una especie de "estorbo". Puntualizó que no es una mala medida el tener más policías en las calles, pero recordó que dieron alternativas a dicha propuesta.
"No han querido hacerlo [tomar las alternativas] y con una agravante adicional aprobarlo mediante un decreto supremo, que supone una causa de nulidad para todos los próximos procesos porque es inconstitucional. Finalmente, supone una burla al Congreso, esto lo que ya empieza a preocuparme. Lo digo con la mayor serenidad, pero con la mayor firmeza comienzo a ver cada vez un panorama que me hace recordar un 91 y me preocupa porque después viene el 92. Comienzo a preocuparme", aseveró.
"Ya he escuchado de las principales voces del oficialismo frente a esta crítica nuestra, de que en realidad lo que ocurre acá es que la oposición no deja gobernar", mencionó.
Programa Gestores podría contribuir al montaje del descredito
Beingolea Delgado no descartó, en ese sentido, que el caso del programa Gestores Locales para el Desarrollo sea parte de este montaje para generar descrédito a la labor parlamentaria. En este sentido, ratificó sus críticas a la actitud adoptada por el titular del Parlamento, Daniel Abugattás.
"Fíjese, está todo el tema de los Gestores, entonces, otra vez el Legislativo que no sirve para nada […] [¿Cree que está en ese juego y como parte de ese montaje el programa Gestores?] Podría ser, perfectamente, no quiero acusarlo formalmente, en una previsión de escenarios me preocupa porque esto está empezando a ocurrir. Si el presidente del Congreso dice que no sabe para qué sirve el Congreso, dime si ese no es un escenario excelente para decir que no sirve para nada. […] Qué le costaba en esta crisis de gestores hacer una cosa tan simple como la que le habíamos pedido. Baje usted y explique, nada más y se acababa el tema en ese momento", manifestó.
"Lejos de ello, hemos visto una vez más este espectáculo torpe que suele dar el Congreso de la República, según el cual para la gente de a pie, ya se blindó a los congresistas, al presidente del Congreso, una sensación [como el caso de Omar] Chehade, que no pasa nada y "que aquí todo lo cubrimos y lo cerramos". Sigue dándose esa imagen de impunidad, de otoronguismo, sigue generándose una mala imagen para el Congreso", recalcó.
Quiero creer que estas son una serie de torpezas
Finalmente, dijo que quiere ponerse en el mejor escenario y pensar que se trata simplemente torpezas de un grupo improvisado que ha llegado al poder.
"Le hicimos saber [al premier] que no era posible que se creara un cuerpo policial para darle sitio y cabida a los etnocaceristas que por ahí apuntaba [el proyecto]. Era para los reservistas del Ejército y le dijimos oiga están formando un grupo paralelo policial que está formando su propia milicia, ya tenemos ejemplos parecidos en Cuba y Venezuela. Eso no se puede aceptar", refirió.
"Quiero llamar la atención a la gente del Gobierno, a propósito de estas torpezas para que no se siga este camino y no se llegue, por tanto, a la solución final que se ha llegado a lo largo de la historia del Perú. Quiero creer que estas son una serie de torpezas que hay que llamar la atención a propósito de ello porque, efectivamente, Ollanta [Humala] goza de la aceptación que le permitiría ser un presidente limpio y tiene la cancha servida", finalizó.
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Información: CLASES SOBRE AMNISTIA PARA EL MINISTRO VEGA - 31/10/2011 10:11:44

" En la noche del último domingo, en el programa ADN Político de Canal N, el Ministro de Trabajo Rudecindo Vega trajo al debate público una controvertida propuesta: una amnistía general en todos los sectores, que incluya a violadores de derechos humanos, sin distinción alguna.
Más allá de que el Ministro de Trabajo se mande con una propuesta que nada tiene que ver con su sector, es necesario aclarar que esta propuesta es inviable, tanto desde el punto de vista ético como político.
En el campo ético, Vega ha señalado que su propuesta tiene como objeto "consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, para fortalecer la descentralización, para luchar contra la corrupción y promover la ética pública". El problema es que una amnistía no produce ese efecto, ni tampoco una reconciliación nacional, como el Ministro ha afirmado.
En términos coloquiales, se ha asociado el término reconciliación con el perdón. Mejor dicho, con el sacramento católico de la confesión. Pero la reconciliación no pasa por el olvido de hechos execrables, sino por la reconstrucción de lazos que hagan posible y sostenible la vida en sociedad y la convivencia pacífica. Ello implica ejercer la acción del sistema de justicia y no la abstención de la actuación estatal en esta materia.
En el caso concreto del Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación descartó expresamente la posibilidad de una amnistía para alguno de los actores que haya cometido delitos en el marco del conflicto o de la lucha contra el terrorismo, debido a que la reconciliación no puede basarse en la impunidad. Ello le cierra las puertas tanto a los militantes del MOVADEF, que reclaman una amnistía general que incluya a los miembros de Sendero Luminoso, comenzando por el criminal Abimael Guzmán, como para los políticos y periodistas (sobre todo, los vinculados al fujimorismo y a los sectores más conservadores del país) que cada cierto tiempo plantean iniciativas de impunidad, como el Decreto Legislativo 1097.
Si en términos éticos la propuesta del señor Vega es cuestionable, en términos jurídicos resulta ciertamente inviable, por varias razones que expondremos a continuación:
1. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a "delitos políticos". Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional.
2. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
3. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, "punto final" o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno que acaba de irse.
De acuerdo con la hoja de vida del Ministro, ha estudiado y ejercido la carrera de Derecho por varios años. Convendría que revise estos argumentos legales antes de realizar propuestas que no sólo son inviables en términos estrictamente jurídicos, sino que terminan dándose de portazos con las propuestas que un sector mayoritario del gobierno tiene en materia de derechos humanos. Ahora se entiende porque Salomón Lerner Ghitis quería que sus Ministros sólo hablen de temas vinculados a su sector.
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Que opina? Congreso derogó decreto legislativo 1097 - 15/09/2010 10:03:03

"Luego de un intenso debate el Congreso de la República aprobó por amplia mayoría, 90 votos a favor y uno en contra, el proyecto de ley 4298 presentado con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo que proponía la derogatoria del Decreto Legislativo 1097 que beneficiaba a militares procesados por graves violaciones a los derechos humanos.
A pedido del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Aurelio Pastor (PAP), el titular del Poder Legislativo, César Zumaeta, sometió a una consulta la propuesta para exonerarla de una segunda votación que obtuvo el mismo resultado. En ambos casos el voto en contra fue del congresista Luis Giampietri (PAP).
En la exposición de motivos, el Ejecutivo consideró pertinente derogarlo "en resguardo de la vida constitucional y democrática del país y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento de la norma".
El debate, sin embargo, se centró sobre las intenciones que habría tenido el dispositivo elaborado por el Poder Ejecutivo con las facultades legislativas otorgadas por el Congreso el 10 de junio pasado.
Los congresistas Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas (PAP) señalaron que el objetivo fue mal interpretado al punto de creer que se trataría de una amnistía encubierta, cuando fue todo lo contrario. Los legisladores Javier Bedoya y Raúl Castro (UN), señalaron que existía confusión jurídica y política sobre el particular. Por su lado, los congresistas Yonhy Lescano y Víctor Andrés García Belaunde, cuestionaron la dación de la norma y reclamaron por el debate del proyecto elaborado por su bancada.
El congresista Yonhy Lescano pidió también declarar nulos los efectos que tuvo la ley en los días de su vigencia por cuanto algunos militares de alto rango presentaron sus demandas para acogerse al beneficio. Por su parte el congresista Washington Zeballos (BP) pidió que se investigue el rol que cumplió el ministro de Defensa, Rafael Rey, por un supuesto uso indebido de su cargo para beneficiar a terceros vinculados a violación de derechos humanos. Coincidente opinión tuvo Víctor Mayorga (GPN), quien anunció la presentación de una acusación constitucional.

Ver artículo...
" Fuente Artículo

Consulte Información en Politiqueria SUELDOS JUDICIALES y BCR y defensor
Consulte Información en Delito y Corrupción NARCOINDULTOS: NOTICIAS DE BRASIL y LA TRAYECTORIA DE SOUSA

Consulte la Fuente de este Artículo