Alan García Pérez, cáncer moral y político del Perú y Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú

Noticia, Alan García Pérez, cáncer moral y político del Perú - 25/03/2014 7:26:54

" Alan García, no solo ha sido acusado de coimas, vínculos con el narcotráfico y otros delitos. En realidad no hay ningún sector del gobierno y del Estado donde Alan García Pérez no haya dejado su huella indeleble de corrupción y manejo mafioso. Ahora se trata de los narcoindultos que se ofrecía a cambio de millones de dólares desde la presidencia de Alan García Pérez cuando este por segunda vez fue presidente del Perú entre 2006 y 2011. Uno de los cabecilla de la mafia que vendía al narcotráfico los indultos era Facundo Chinguel, también militante del nauseabundo partido aprista (Apra) y en ese entonces presidente de Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena. Este mafioso se encuentra ahora en prisión, pero lamentablemente el "jefe" Alan García sigue libre, y con ganas de volver a la presidencia del pobre Perú.
Otro de los apristas investigados por los narcoindultos es el ex ministro de justicia Aurelio Pastor, hombre de confianza de García Pérez. Jueces corruptos, un parlamento integrado por delincuentes, y todas esas mafias que integran las "elites" políticas del Perú son los responsables de que este país se hunda cada vez mas en la corrupción y son los que permiten que individuos como Alan Garcia Perez, a pesar de los graves delitos cometidos, siga en libertad y sin ninguna sanción penal. La situación de corrupción durante el ex gobierno de Alan Garcia es tan escandalosa que hasta el aprista Mauricio Mulder dijo que los "narcoindultos" le daban asco. Aquí entregamos algunos artículos que muestran la gravedad de la corrupción en Perú.
Por: Herbert Mujica Rojas
Sin dolo alguno y en defensa de la causa pública hay que afirmar que desde que el alanismo aprovechó los entresijos múltiples de la agonía de Haya de la Torre y su muerte el 2 de agosto de 1979, esa corriente o tendencia hizo cuanto le fue posible para destrozar no sólo al Partido Aprista, sino también, y sobre todo, a la política nacional. Lo inmoral tornó en directiva, la zancadilla y el engaño en voz de orden, la picardía y trampa en ley de comportamiento. La detención de Facundo Chinguel es consecuencia lógica de una cadena de actos reñidos con la ética y contra las leyes. El susodicho es hijo cimarrón y legítimo del alanismo.
He sostenido antes que:
""Uno de los contrabandos más eximios, de esos que parecen verdad pero son más bien aparentes que reales, ha sido la especie que pretende mimetizar al aprismo con la carrera particular, personal, absolutamente angurrienta de mando del señor Alan García Pérez, ex presidente del Perú, durante el bochornoso, por aventurero, quinquenio de ejercicio gubernativo entre 1985-1990. Así, la noche de 1992, cuando la fuga del Mozallón por los techos, tras una incómoda estancia en un barril sin agua, hacia Colombia, se estudió bien el destino. Entre 1949-1954, Haya de la Torre fue inquilino forzado de la Embajada de Colombia porque la dictadura odriísta lo mantuvo virtualmente preso. Pero Víctor Raúl fue creador de una doctrina con atisbos audaces de propuesta latinoamericana. Al conjuro de su voz y de su formidable presencia moral, las multitudes encaminaban sus protestas, entonaban sus cantos, marchaban a la revuelta, morían frente a los paredones o se pudrían en las ergástulas. Eran los tiempos en que el destino de una buena parte de peruanos era: encierro, destierro, entierro."" ¡El aprismo es aprismo, no alanismo!
Hasta hace algunas décadas a los apristas podía achacárseles fanatismo, devoción por sus ideas, terquedad en sus proclamas. Gracias al señor Alan García Pérez y a partir de su primer desgobierno 1985-1990, a los militantes, sin excepción, de ese partido, se les atribuye prácticas delincuenciales de todo jaez y calibre. Luego de la experiencia claudicante entre 2006-2011, el asunto devino en realidades dramáticas.
Tiempo atrás sostuve y lo reafirmo:
""No hay escatología o injuria en que no hayan incurrido los ladrones alanistas: destruyeron al Partido, lo despojaron de ideología, pulverizaron la Fraternidad, lo anemizaron en su concepción social de Frente Unico de Trabajadores Manuales e Intelectuales, escupieron sobre el sacrificio de sus héroes y mártires, convirtieron el robo y la monra en "formas de vida" y la mejor demostración es que para el habitante común y corriente "todos los apristas son vulgares rateros". Al estafador, caco y vil exaccionador simplemente hay que reconocerlo como tal. Y de manera vitalicia.
¡A estos no se les saluda, se les escupe con indignación!
Ser alanista es exhibir prontuario y ser mirado con la sospecha de que robó o dejó robar o copió y se apropió de lo que no era suyo. Siempre un elemento postizo, inane, innoble, capaz de negociar por unas pocas monedas cualquier afán egoísta.
¿Qué esperan los buenos apristas supérstites en todo el Perú para ponerse los pantalones y limpiar el templo de tanta traición?. ¿He dicho algo distinto de lo que todos conocen pero de lo que NO hablan? Problema y miedos ajenos, no míos."" ¿Son invencibles ladrones alanistas?
El cáncer moral y político que es el alanismo no afinca su pezuña infecciosa tan sólo en las hoy raleadas filas del Partido Aprista. ¡De ninguna manera! ¡Ha corrompido hasta el tuétano la política nacional! Hay quienes sin ser apristas incurren en las mismas majaderías mañosas que su pícaro mentor y trafican con la fe del pueblo, esquilman las arcas del Estado, hacen de la política vil negociado culpable que maldecía Haya de la Torre y empobrecen, cada día más, al hombre común y simple de la calle que blasfema de estos cacos pero contra los que NO puede hacer nada porque hecha la ley, hecha la trampa.
¿Cantará Facundo Chinguel respecto de las tramoyas, múltiples y todas jugosas, en que pudieron haber incurrido otros beneficiados con los narco-indultos? ¿seguirá tan orondo y cretino luego que sus amigos le han abandonado a su mala y penal suerte?
El cáncer moral y político que es el alanismo posee facetas de mala opereta. Días atrás vimos a su principal bufón enunciando recetas económicas para que el gobierno actual levante los porcentajes de crecimiento económico. ¿No sería mejor que calle y prepare su defensa en temas como el Estadio Nacional pseudo colegio emblemático, los narco-indultos, la casita de un millón de dólares y acápites sucedáneos? El tuerto es rey en un país de ciegos y al lado de la fauna mediocre que es nuestra política, aquél Pierrot parece inteligente, porque aprovecha del nivel de sentina.
Y no nos vengan a decir, los corifeos, que ""así es la política"".
CONMUTARON PENAS A INTEGRANTES DE UNA BANDA QUE TRAFICABA OPIO Más evidencias. Un público encuentro del ministro aprista Aurelio Pastor con una interna del penal de Cajamarca permitió determinar que la comisión de Facundo Chinguel conmutó penas a 10 narcotraficantes, todos miembros de una articulada organización que producía y comercializaba látex de amapola en esa región del país desde 1999.
César Romero C.
Los miembros de una organización criminal desarticulada en el 2001 y el 2002 por la policía antidrogas por producir, distribuir y comercializar opio y cocaína desde Cajamarca lograron pisar nuevamente las calles antes de cumplir sus largas condenas, gracias a conmutaciones que recibieron de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales que presidía el abogado aprista Miguel Facundo Chinguel durante las gestiones de los ministros de Justicia , Rosario Fernández y Aurelio Pastor .
Estas gracias entregadas a todo un grupo de narcotraficantes ,sentenciados el 17 de junio del 2002 p or la sala presidida por el doctor Albán Rivas , no habrían sido fácilmente detectadas entre los miles de indultos extendidos por el pasado gobierno si no fuera por un video que da cuenta de un encuentro entre el ministro Pastor y una reclusa por narcotráfico, en el penal de Cajamarca.
Las imágenes del video muestran al funcionario aprista visitando las instalaciones del penal de Huancariz de Cajamarca, el 4 de setiembre del 2009.
En el video difundido el último 11 de agosto por el programa periodístico Cuarto Poder, se observa a Aurelio Pastor conversando en la panadería del penal con la interna identificada como Felícita Delgado Vásquez.
En aquel breve encuentro que era grabado por el equipo de prensa del sector Justicia se escucha a la reclusa Delgado Vásquez abogar insistentemente por un preso presente en el lugar. Ella cuenta a Pastor que el interno cumplía una condena de 15 años de prisión por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas.
Las imágenes posteriores muestran al ministro Pastor recibiendo al interno de nombre Jorge Huanca Alvarado, a pedido de Felícita Delgado.
Huanca Alvarado, el interno que se aproxima para conversar, estaba preso desde 1999 junto con Abraham Jiménez Chocan, por intentar introducir a Ecuador 14 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Huanca Alvarado y Jiménez Chocan fueron condenados por una sala penal de Cajamarca a 18 años de prisión, pero lograron reducirla a 15 años.
En el video difundido se observa que el ministro Pastor ,tras escuchar un momento al interno Huanca Alvarado , ordena a uno de sus asesores presentes en la panadería se forme un expediente para tramitarle inmediatamente la conmutación de la pena.
Finalmente, luego de tres meses de la conversación con el alto funcionario, la pena de Jorge Huanca Alvarado es conmutada mediante la resolución N°303-2009-JUS firmada por el presidente Alan García y su ministro, el 24 de diciembre del 2009.
Huanca Alvarado y su cómplice Jiménez salen de prisión de Cajamarca , días después, el 29 de diciembre del 2009 , al reducirse sus condenas de 1 5 años a 10 años, 7 meses y 10 días.
LA INTERMEDIARIA
Las gestiones de Felícita Delgado para que el entonces ministro atendiera el pedido de ver el caso de Huanca Alvarado no eran casualidad.
Para ese entonces, Felícita Delgado acababa de ser beneficiada por la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales de Miguel Facundo Chinguel.
El 4 de abril del 2009, la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández , y el presidente García aceptaron ,gracias al pedido de la comisión de indultos de Miguel Facundo , conmutarle la pena de 15 años por 10 años de prisión.
Ella purgaba prisión desde 1999 por comercializar y distribuir látex de opio por la región de Cajamarca. La Corte Suprema de Justicia la había condenado a 25 años de prisión, pero su defensa había logrado reducir su estancia en prisión a 15 años.
La conmutación recibida se cumplía el 4 de setiembre del 2009 , justamente el mismo día que Pastor y su equipo de asesores visitaron la cárcel de Cajamarca . Así pues, ese día, Felícita Delgado aprovechó la presencia del ministro para pedirle que conmute la pena a Huanca Alvarado y Abraham Jiménez, además de su esposo Teófilo Manosalva Idrogo.
AYUDA PARA MIS AMIGOS
Sospechosamente, todos quienes integraron la organización de narcotraficantes junto con Felícita Delgado habían comenzado a beneficiarse de las gracias presidenciales desde diciembre del 2008 , casi a razón de un integrante al mes.
Felícita Delgado había sido detenida en 1999 en el transcurso de un megaoperativo policial realizado por la policía y la fiscalía para erradicar los sembríos de amapola en la zona de Celendín , Cajamarca, e incautar látex de opio.
Por acciones de inteligencia la policía había conocido la existencia de una organización que producía látex de opio en Cajamarca . Así, en el sector el Cóndor, en Celendín, la policía logró destruir 46 mil plantas de amapola y detuvo a los hermanos Wilfredo y Segundo Guerra Cabrera, encontrándose en su poder 4.97 kilos de látex de opio.
Estos al ser interrogados señalaron a Téofilo Manosalva Idrogo y Felícita Delgado como las personas que les compraban el látex de la amapola, por lo que fueron también detenidos, junto a otros integrantes de la organización.
NARCOINDULTOS
La Sala Penal de Cajamarca condenó a Felícita Delgado , Teófilo Manosalva , Santos Chávez Díaz, Juan Saavedra Ogoña, Juan Rojas Alva, Wilfredo y Segundo Guerra Cabrera, Edwin Gaona Rocha a penas de 8 a 15 años de prisión , que la Corte Suprema aumentó para todos a 25 años.
Posteriormente, todos lograron reducir sus condenas a 15 años de prisión y desde diciembre del 2008 empezaron a recibir la conmutación o el perdón presidencial.
El 31 de diciembre del 2008 Santos Luis Chávez Díaz obtiene la conmutación de su pena, el 25 de marzo del 2009 le tocó a Edwin Gaona y el 4 de abril siguieron Felícita Delgado y Juan Saavedra.
Le siguieron en abril y mayo, Wilfredo y Segundo Guerra Cabrera , y en diciembre, ya en la gestión de Pastor Valdivieso, Manosalva y en mayo del 2010, Juan Rojas.
INFORME SOBRE NARCOINDULTOS La comisión del Congreso que investiga el caso de los narcoindultos prepara su informe final con las conclusiones de su indagación sobre el perdón de las penas otorgadas a presos por narcotráfico durante la gestión aprista.
El informe señalaría responsabilidades administrativas y penales entre los ministros de Justicia y los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales y conmutación de penas, que presidió Miguel Facundo Chinguel.
Facundo Chinguel se encuentra detenido y viene siendo investigado por la fiscalía por supuestamente cobrar comisiones para tramitar la conmutación de penas a narcotraficantes. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales , también investiga por este hecho al ex ministro Aurelio Pastor.
Felícita Delgado habría tenido en el penal de Cajamarca un papel similar al desempeñado por Carlos Butrón Dos Santos ""Brasil"" en el penal de Lurigancho, es decir, ser intermediario entre el equipo de Facundo Chinguel y los narcotraficantes beneficiados por las conmutaciones. ""Brasil"" también recibió la visita de los comisionados el día que salió libre.
Negociado de narcoindultos compromete a Aurelio Pastor Se desdibuja. Ex ministro Aurelio Pastor será llamado a declarar por el fiscal de la Nación, José Peláez, para que aclare su participación en las conmutaciones a narcotraficantes. Cercado. Testigos revelan que ex ministro aprista tuvo participación, a través de su asesor, en las negociaciones para conmutarles la pena al checo Eugen Csorgo, el israelí Zeev Chen y el polaco Jacenty Maciej.
César Romero
El ex ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso será investigado por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, por el caso de los narcoindultos.
Peláez Bardales decidió investigar a Pastor, luego de recibir un informe del fiscal anticorrupción Walter Delgado dándole cuenta de una serie de hallazgos que involucran al ex ministro aprista de Justicia en las negociaciones para otorgar la conmutación de pena a tres narcotraficantes.
El informe de la fiscalía anticorrupción se sustenta en las declaraciones de tres testigos acogidos a la colaboración eficaz y una serie de documentos encontrados en el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República.
Los testigos detallaron la forma y circunstancias de los pagos realizados por los presos por narcotráfico, el checo Eugen Csorgo, el israelí Zeev Chen y el polaco Jacenty Maciej, para lograr la conmutación de sus penas y salir en libertad.
ASESOR
En el caso del preso Eugen Csorgo, los contactos para lograr la conmutación de su pena fueron José Mafredi Marruffo Acosta ,el asesor congresal del ex ministro Pastor, y el preso Marco Antonio Gálvez Tello.
De acuerdo con el colaborador de clave 01-2013, en una visita del ministro Pastor a los pabellones 7, 9 y 11 del penal de Lurigancho, el testigo se acercó para pedirle ayuda y este le respondió que conversará con ""Pepe Marrufo"".
""En tal sentido, llamó al mencionado asesor, a quien le solicitó su intermediación para la conmutación de 9 años de pena privativa de libertad de un primo, el que estaba dispuesto a pagar 15 mil dólares, respondiéndole (Marrufo) que iba a hablar con las personas y que ellos lo iban a contactar"", según el informe de la fiscalía anticorrupción.
Días después, asegura el testigo, el delegado general del penal, Henry Cutipa, lo buscó y le señaló: ""El tío (Miguel Facundo) me dice que tienes un primo que necesita apoyo, a lo que el colaborador le dio el nombre de Eugen Csorgo, de nacionalidad checa.
El 5 de marzo del 2010 se publicó la Resolución Suprema N° 052-2010 que conmutó la pena de Csorgo de 15 años de prisión a solo seis años, es decir, le perdonaron nueve años de cárcel.
Luego, Cutipa le dijo a Csorgo que debía pagar 15 mil dólares, para tres personas, para lo cual a través de Marco Gálvez Tello y la vendedora Aracelli Ugaz Murga se abrió una cuenta en el Banco de Crédito, donde, desde el exterior, se hizo un depósito de 18 mil dólares.
LA ESTRELLA DE ISRAEL
Otro testigo ha referido que el narco israelí Zeev Chen y el polaco Jacenty Maciej negociaron el pago de 50 mil dólares para que se les conmute sus penas, pero que el proceso quedó inconcluso al producirse la salida de Aurelio Pastor del Ministerio de Justicia por el escándalo del indulto a José Crousillat.
De acuerdo con los archivos de la policía antidrogas, Zeev Chen es el cabecilla de una organización internacional de narcotraficantes conocida como la estrella de Israel.
Zeev Chen también ha sido involucrado en el asesinato de Miriam Fefer e intentos de fuga del penal de Lurigancho.
La prueba de las negociaciones con Zeev Chen es un correo que Henry Cutipa envió al colaborador clave en el que le anexó el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales favorable a la conmutación de las penas de estos reclusos.
Además, según el testigo clave, al salir de prisión, Marco Gálvez visitó el despacho del congresista Pastor. La fiscalía constató que efectivamente Gálvez Tello visitó a Pastor, ingresando primero a la oficina de Marrufo.
En esa visita, Gálvez reclamó por la situación de Chen y Maciej y les habló que el recluso Santos Cenepo Shapiama también quería la conmutación de su pena.
LOS 10 MILLONES
Al respecto, el procurador anticorrupción Julio Arbizu indicó que se calcula que los narcotraficantes habrían pagado hasta 10 millones de dólares por salir en libertad a través de la Comisión de Gracias Presidenciales. ""Si tomamos, por ejemplo, el año en que más conmutaciones hubo por tráfico ilícito de drogas y damos por ciertas las revelaciones que hizo Óscar Benítez, de un pago de 10,000 dólares por año conmutado, tendríamos cerca de 10 millones de dólares pagados en ese periodo"", afirmó.
El ex ministro aprista Aurelio Pastor se abstuvo de comentar sobre la investigación, diciendo que aún no es notificado Fuente Artículo

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Interesante, Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú - 21/01/2014 12:26:13

"Human Rights Watch (HRW) presentó hoy en Berlín su Informe Mundial sobre Derechos Humanos y en la presentación de Sao Paulo hizo hincapié sobre los problemas que afrontan los países de América Latina y sus desafíos para 2014.
La edición latinoamericana analiza los países de la región, entre los que figura nuestro país. A continuación el capítulo referente a Perú.
Human Rights Watch
Informe Mundial 2014: Perú
En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal.
A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados.
Muertes durante protestas
Según datos obtenidos hasta septiembre de 2013, un total de 27 civiles habían muerto durante protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011. La cantidad de muertos por armas de fuego en estos sucesos se redujo de 18 en los primeros ocho meses de 2012 a tres en el mismo período de 2013. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un organismo gubernamental creado en agosto de 2012, ha impulsado iniciativas de diálogo para fomentar la resolución pacífica de conflictos sociales que provocan protestas. No obstante, sólo se ha avanzado moderadamente en la determinación de las circunstancias en las cuales se produjeron las muertes y el juzgamiento de policías o militares que aplicaron la fuerza en forma ilegítima.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y 2000. Muchas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, mientras que otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En 2009, el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y varios miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones forzadas. En junio de 2013, el Presidente Humala rechazó un pedido presentado por familiares de Fujimori para que se le conceda el indulto presidencial por motivos de salud. Según trascendió en los medios, una Comisión de Gracias Presidenciales había determinado que Fujimori no sufría una enfermedad terminal o degenerativa ni trastornos psicológicos graves.
La investigación judicial en otras causas ha sufrido extensas demoras y permitido tan sólo unas pocas condenas. En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había implementado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2013, de los 194 casos que supervisaba, 113 habían sido cerrados o se encontraban en las primeras etapas de investigación, y solamente en 32 se había dictado sentencia.
En junio de 2013, el Tribunal Constitucional determinó que una masacre ocurrida en 1986 en la cárcel El Frontón durante el primer gobierno del ex Presidente Alan García, y en la cual perdieron la vida al menos 130 internos, estaba sujeta a prescripción debido a que no constituía un delito de lesa humanidad. La opinión del tribunal desconoció una sentencia dictada en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en la cual se ordenó que Perú investigara estos sucesos y juzgara a los responsables. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional que modificara la sentencia en razón de que la mayoría de los jueces había desestimado el argumento de los reclamantes sobre inconstitucionalidad del proceso en el caso El Frontón, y no se había solicitado al tribunal que estableciera si los delitos constituían crímenes de lesa humanidad. Hasta octubre de 2013, el tribunal no se había pronunciado.
Jurisdicción militar
Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo resueltos por tribunales militares. El Decreto Legislativo N.° 1095, adoptado en 2010 por el gobierno del Presidente García, permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse de abusos contra civiles a miembros de esta fuerza que intervinieron en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado insistentemente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos en la región. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.
Tortura
La tortura representa un problema crónico. Un tercio de las 144 víctimas cuyos casos han sido monitoreados en la última década por la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) murieron o sufrieron incapacidad física permanente debido a torturas, en su mayoría cometidas presuntamente por policías.
Libertad de expresión
En agosto de 2012, en respuesta a la progresiva presencia pública de un grupo reducido que exige la amnistía de presos de Sendero Luminoso, el Presidente Humala presentó un proyecto legislativo que arremete contra la libertad de expresión al tipificar el "negacionismo" de delitos cometidos por organizaciones terroristas. El proyecto, tras las modificaciones en el Congreso, establecería penas de prisión de entre 6 y 12 años a quienes "nieguen" tales delitos o la participación de personas en ellos, cuando exista una sentencia definitiva que establezca tal participación. Establece como condición que la expresión tenga la "finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Cuando la negación se realice a través de medios sociales o tecnologías de la información, la pena se incrementaría hasta 15 años. Hasta octubre de 2013, el proyecto aún no había recibido aprobación definitiva en el Congreso.
Los periodistas siguen estando expuestos a la imposición de penas de prisión en suspenso y multas por difamación. Por ejemplo, en mayo de 2013, un juez en Huaraz, Ancash, aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso al periodista Alcides Peñaranda, director de la revista Integración, por haber difamado al presidente regional de Ancash, César Álvarez, y dispuso que debía pagar una indemnización. Esta acusación estuvo vinculada con un artículo de Integración en el cual se indicaba que existía corrupción en el gobierno regional y se hacía referencia a un artículo publicado en una revista de Lima por César Hildebrandt, un renombrado periodista de investigación. Álvarez demandó por separado a Hildebrandt y a su colega Melissa Pérez. Un tribunal de Lima los absolvió, invocando una sentencia de la Corte Suprema que asignaba a las personalidades públicas una mayor carga de la prueba en casos de difamación en los cuales estuviera afectado un interés público.
Aún está siendo analizado en el Congreso un proyecto que reemplazaría las penas de prisión para el delito de difamación por multas y tareas comunitarias. Si bien el Congreso aprobó el proyecto en julio de 2011, el Presidente García objetó algunas disposiciones y la versión reformada nunca se aprobó.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre. No obstante, el país carece de protocolos claros que permitan a proveedores de salud determinar en qué circunstancias concretas resultaría lícito el aborto. Numerosos organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Perú a adoptar estos protocolos y a legalizar el aborto en casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Al momento de elaboración de este informe, el gobierno no había cumplido las recomendaciones.
Derechos de discapacidad
El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente "incapaces" y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción o tutela judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Perú, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al país "eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad" y "redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura". También instó a Perú a adoptar legislación que prohíba la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, a permitir el aborto en casos de violación sexual y a adoptar "rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico".
En septiembre de 2013, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó 26 cárceles y dependencias policiales en distintas regiones de Perú. Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. El vicepresidente del subcomité expresó su expectativa de que a fines de 2013 Perú hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura y el maltrato con fondos suficientes para que funcionara adecuadamente.
En tanto miembro relativamente reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha tenido un rol positivo en la votación de diversas resoluciones destinadas a abordar violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Bielorrusia e Irán. No obstante, Perú adoptó una medida regresiva al determinar que ya no patrocinará resoluciones sobre países individuales en la ONU.
Ver:
Informe Mundial 2014 , versión completa
Capítulo Perú

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Interesante, 15 MIL DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA - 03/12/2013 13:39:07

" IMPUNIDAD Y COMPLIDAD ACTUAL. En Perú la discusión es interminable para saber la cantidad exacta de personas desaparecidas durante 20 años de conflicto armado (1980-2000). Esta discusión es entre cifras oficiales y el testimonio verídico de los familiares de las víctimas. Los gobiernos que han seguido después del 2000 cuando cayó el régimen de Fujimori han utilizado la coerción, el chantaje y todo el poder del Estado para ocultar los crímenes de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares.
El gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000), la administración de Alejandro Toledo (2001-juillet 2006), hasta llegar al gobierno de Alan García (2006-2011), y el actual régimen del militar Ollanta Humala, han protegido militares y civiles acusados de masacres, secuestros y desapariciones de personas acusadas de subversión.
Las cifras de desaparecidos Para la Conferencia Episcopal Peruana, entre 1980 y el 2000 las personas desaparecidas fueron 15 mil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe de 2003, registra 8 mil 558 personas desaparecidos durante el conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, duplica esta cifra y en octubre del 2011, señala que los desaparecidos en Perú suman 16 mil. Esta cifra se basa en los informes y registros del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Si para el número de desaparecidos hay cifras en desacuerdo, lo mismo ocurre para la cantidad de muertos durante la guerra interna. Así para la Comisión de la Verdad y Reconciliación el costo en vidas humanas de la guerra interna suman 70 mil. El Consejo de Reparaciones del Perú en un informe del 2011 ha señalado que el número de víctimas de la guerra interna que atravesó el Perú podría ascender a 100 mil personas. Esta cantidad de muertos y desaparecidos fueron en su gran mayoría ciudadanos del campo, estudiantes y trabajadores de la ciudad sindicados de pertenecer o sostener los grupos subversivos, en particular a Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú-PCP). En Perú no pasa una sola semana que no se descubren fosas comunes donde fueron sepultados clandestinamente ciento de victimas de militares y policías durante el conflicto armado. Así por ejemplo en el 2011 la Cruz Roja entrega un informe sobre la posible existencia de 4 mil 644 fosas comunes en todo el Perú. De esta cantidad de cementerios clandestinos, dice la Cruz Roja, más de 2000 aún no han sido localizadas.
¿Por qué tanta impunidad en Perú?
Perú es uno de los países de América Latina, donde los antiguos responsables de muertes, masacres y desapariciones, no solamente no han sido sancionados, sino que vuelven al poder y con ello repiten sus métodos criminales contra la población. Por ejemplo Alan García Pérez presidente entre 1985 y, fue responsable de cientos y miles de asesinatos y desapariciones. Matanza en los penales, desapariciones de estudiantes, crímenes contra la población, etc. Nunca fue sancionado y al contrario fue recompensado con una nueva gestión presidencial entre julio de 2006 y el 2011.
En junio del 2009, el presidente Alan García fue nuevamente acusado de masacres masivas y de desapariciones de pobladores. Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos de Perú), denuncio (13 de junio 2009) la responsabilidad del gobierno de García por el asesinato de 31 indígenas de la selva y 61 desaparecidos. Estos hechos ocurrieron en Bagua, una localidad de la amazonia peruana. El conflicto se inició cuando los indígenas se movilizaron contra decretos gubernamentales atentatorios contra sus derechos a la tierra y la subasta de los recursos naturales en beneficio del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El saldo represivo del segundo gobierno de García fue de 174 muertos y 61 desaparecidos.
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) significo un de los periodos más sangrientos del conflicto interno. Uno de los jefes militares de este periodo fue el actual presidente del Perú, Ollanta Humala. El actual gobernante, ha sido acusado de secuestros, torturas y crímenes de prisioneros durante la época de Fujimori cuando era jefe militar en una zona de guerra. En sociedades normales, Ollanta Humala debería estar preso por torturas, crímenes y desaparecidos. Pero ello no es así, Humala es el presidente del Perú y ganó las elecciones en el 2011 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la izquierda legal peruana.
En el primer año de la gestión de Ollanta Humala 17 campesinos fueron muertos por orden del gobierno. Hasta el final del 2012, el actual régimen ha asesinado en conflictos sociales a 27 personas entre campesinos y asalariados. En el informe ""Un año del gobierno de Ollanta Humala" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (julio 2012), se anota que en cuanto a los derechos humanos durante el actual gobierno, "muy poco es lo que se ha hecho, y más bien se ha producido un retroceso". Esta comisión advierte en su informe que este problema "se refleja en los muertos, heridos y la criminalización de las protestas sociales, así como el recorte de libertades fundamentales mediante el estado de excepción".
La herencia del fujimorismo en el poder, no solo se refiere al actual presidente peruano, sino también a la legalidad para el movimiento político de la familia Fujimori. Keico Fujimori, es la hija del ex mandatario, ex primera dama fue cómplice de su padre durante su gobierno corrompido y criminal. Pero gracias al sistema de impunidad en Perú, Keico no está en prisión como su progenitor, y al contrario ella aspira a ser presidenta del Perú. La hija de Fujimori es la actual lideresa del grupo "Fuerza Popular", otro nombre de lo que fue "Cambio 90" de la época de Alberto Fujimori. Ella ha sido en el 2011 candidata a la presidencia de la Republica y se ubicó en el segundo lugar después de Ollanta Humala. Actualmente las encuestas y sondeos electorales la ubican como la candidata preferida para las próximas elecciones presidenciales del Perú.
A diferencia de otros países latinoamericanos, el ciclo de muertos y desaparecidos en Perú se desarrolló durante el periodo de tres gobiernos que se instauraron vía procesos electorales, pero que dependían 100% de los militares. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular (AP) 1980-1985: Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) 1985-1990 y Alberto Fujimori, líder de "Cambio 90" (1990-2000), fueron los tres gobiernos "democráticos" que recibían órdenes de las fuerzas armadas.
La particularidad común de estos regímenes fue que en el aspecto político, sobre todo en la forma de enfrentar la subversión, entregaron todo el poder a las fuerzas armadas. El modelo de plan contrainsurgente, fue diseñado, dirigido y aplicado por los militares y la CIA americana. El eje de este plan antisubversivo, fue el asesinato masivo de poblaciones enteras sospechosas de constituir "base de apoyo" de Sendero Luminoso. Tanto el gobierno de Alan García así como el de Alberto Fujimori, elegidos "democráticamente", contaron desde su inicio con el apoyo de la izquierda legal peruana, así como de la iglesia católica, y las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del medio peruano. Putis Uno de los casos más brutales de secuestro y asesinato masivo de campesinos acusados de pertenecer o ser base de apoyo de Sendero Luminoso. Este hecho sangriento ilustra la actuación brutal de las fuerzas armadas en las zonas consideradas "rojas" o base de apoyo de la subversión.
Putis es una pequeña localidad andina ubicada en la provincia de Huanta (Ayacucho) y a 300 kilómetros el sureste de Lima. Este genocidio de un pueblo ocurrió en 1984 cuando Fernando Belaunde, considerado "padre de la democracia peruana", era presidente del Perú. En ese pequeño pueblo fueron asesinados 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ellos, antes de ser ejecutados, fueron obligados a cavar una gigantesca fosa común donde serían muertos y sepultados. Como dijo la misma Comisión de la Verdad (CVR) estos pobladores "fueron acribillados por miembros de las fuerzas armadas quienes sospechaban que los pobladores rurales colaboraban con rebeldes de Sendero Luminoso".
Estos hechos fueron descubiertos recién en el 2001 por el periodista Edmundo Cruz. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer esta matanza. Antes de este descubrimiento las victimas de Putis eran considerados "desaparecidos". Incluso se decía que eran "senderistas" que se habían enrolado con la subversión. Según los expertos que analizaron los restos mortales, el 45% de los cuerpos hallados en la fosa común correspondían a niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Todos fueron muertos con balas de fusil y acuchillados. Sobre la cantidad de niños en esta masacre, Edmundo Cruz declaro en un reportaje a la agencia AP, que el asesinato de los niños "solo tenía una explicación muy frecuente en la ideología de los militares de esa época". "Esa ideología era que estos niños más tarde serían iguales a sus hermanos y padres a quienes los militares consideraban terroristas", explicó. Hasta la fecha, no hay ningún militar ni civil acusados por este asesinato masivos de niños, jóvenes, adultos y mujeres.
Parodia de "sanción" e impunidad
¿Por qué en Perú no se ha sancionado ejemplarmente ningún alto militar, civil o ex presidente acusado por crímenes y desapariciones de miles de peruanos?. El verdadero poder en Perú está constituido por las fuerzas armadas. En el caso peruano, las elites políticas, sus partidos y sus organizaciones de fachada, cumplen las órdenes provenientes de los cuarteles. El sistema político, aparte de ser decadente y corrompido, es una "democracia" caricaturesca bajo la tutela de las fuerzas armadas. En este marco político-jurídico, jamás habrá sanción para los responsables de cientos y miles de asesinatos contra la población. En cualquiera de los gobiernos llamados democráticos, la presencia militar es cuantiosa y grosera. Están presentes en el ejecutivo, en el parlamento, en las instituciones públicas, y hasta en la presidencia de la Republica como es el caso del comandante Ollanta Humala.
En este contexto algunos militares han sido condenados a prisión por casos menores, pero no por los grandes crímenes que habían cometido. Estos "militares sancionados", han cambiado la prisión por la detención domiciliaria o por largas estadías en los hospitales militares. Fujimori, es el único ex presidente que ha sido acusado y condenado a 25 años de reclusión por dos hechos de sangre, que en el conjunto de los crímenes bajo su responsabilidad, constituyen apenas dos gotas de agua en un océano de matanzas innumerables. Fujimori fue sancionado por el asesinato de 15 adultos y un niño en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 y la muerte 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta el 18 de julio de 1992. En total 25 muertos, de una cantidad globalmente estimada entre 15 y 20 mil personas durante su gobierno que transcurrió entre 1990 y el 2000.
COMISIONES DE LA VERDAD, OTRA FORMA DE OCULTAR EL CRIMEN
En Perú como en ningún otro país latinoamericano, se ha institucionalizado la propaganda para desprestigiar a los grupos subversivos y responsabilizarlos de muertes y desaparecidos que corresponden a la autoría de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Tanto en Perú como en el extranjero se dice que los principales agentes de muerte, secuestros y desapariciones fueron los grupos armados, principalmente el Partido Comunista del Perú (PCP) organización subversiva conocida bajo el nombre de Sendero Luminoso. En la prensa oficial se repite: "Los culpables fueron todos los involucrados en la guerra: las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)".
Para Salomón Lerner, presidente de la CVR (junio 2003), "la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú , Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar "la lucha armada contra el estado peruano…". En tanto ello es el principal responsable del conflicto interno con el 54% de las víctimas que suman 70 mil muertos. Las cifras de la CVR fueron corregidas en el 2011 por la Defensoría del Pueblo, institución que entrega otra versión. Para esta organización los responsables del secuestro y desaparición fueron: El ejército, responsable del 60.4% de los desparecidos. La Policía Nacional fue responsable del 12.2% de las detenciones y desapariciones. El 7.3% de casos fue de autoría de los miembros de Comités de Autodefensa. En el 6% aparecen como responsables miembros de Fuerzas Combinadas (ejercito-policía).
La Comisión de la Verdad (CVR), junto con diabólizar a los subversivos, ha realizado bastantes esfuerzos para justificar y exculpar de crímenes y secuestros a las fuerzas armadas y gobiernos respectivos. La CVR, dice en 2003 refiriéndose a los militares, ellos actuaron "en nombre de la ley y en defensa del régimen democrático", mientras que los subversivos "se levantaron de manera autoritaria en contra de dicho régimen". Al mismo tiempo señala la CVR, hay que "reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia". Así esta Comisión rinde su "más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber". (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 323)
El periodo entre 1980 y 1985, fue una de las etapas más violentas y represivas de 20 años de guerra interna. Fue el inicio del ingreso de las fuerzas armadas para combatir la subversión y el comienzo de las regiones en estado de emergencia controladas violentamente por los militares. En esta etapa se inauguran los centros clandestinos de tortura, crímenes y desaparición de prisioneros. Fernando Belaunde, fundador del Acción Popular, un partido tradicional de la derecha pro americana del Perú, era el presidente del Perú "democráticamente elegido". La misma CVR reconoce que el periodo más violento de la guerra interna fue entre 1983 (cuando Belaunde ordeno la intervención de los militares) y 1984 cuyo resultado fue (oficialmente) 19,468 víctimas.
La trayectoria sangrienta de la etapa gubernamental de Fernando Belaunde no impidió que esta misma Comisión dijera en su informe final, que Belaunde hizo grandes esfuerzos para proteger la democracia. Tampoco fue un impedimento para que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dijera el 11 de junio del 2003 que en "el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden".
Sobre el Apra y Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se restringe alabanzas. "La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país". La CVR considera que, al asumir Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, "impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo".
La CVR es más cautelosa con el régimen de Fujimori, pero no se detiene para ensalzar a la Dincote (policía antiterrorista), una de las ramas más brutales de la policía política de la época de Fujimori. Los miembros de la Dincote han sido acusados de crímenes, torturas y desapariciones de prisioneros acusados de terroristas. Fue en la Dincote donde se organizó y se dirigía el comando "Rodrigo Franco", un grupo paramilitar que funcionó durante el régimen de Alan García (1985-1990). Este comando fue responsable de varias centenas de crímenes, entre ellos altos dirigentes sindicales obreros. La CVR señala en el 2003 refiriéndose a la DINCOTE, que "gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces".
En diciembre de 1996 un comando integrado por 14 miembros del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima. Había una recepción y el MRTA capturo cerca de 1,000 rehenes entre diplomáticos, ministros, políticos, periodistas y otros. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori organización un operativo que se denominó "Chavín de Huantar". Su objetivo rescatar a los rehenes y liquidar a todo los integrantes del MRTA. En efecto el operativo se ejecutó el 22 de abril de 1997, y rápidamente el comando del MRTA fue doblegado. La mayor parte de los militantes del comando subversivos se rindieron. Los militares entraron a la embajada, y ahí a sangre fría mataron con tiros de bala en la cabeza a los sobrevivientes del MRTA. La CVR, en su informe final del 2003, reconoció "el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate".
Conclusión.
La breve información que aquí se ha presentado recoge en parte un problema de la lucha de clases en América Latina. La lógica muestra que la guerra contrainsurgente en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y cualquier otro país latinoamericano, tiene las mismas características. Lo fundamental es reconocer que el crimen selectivo, y masivo, la tortura y la desaparición de cualquier persona sindicada como subversivo, constituyen la estrategia fundamental del Estado para liquidar la amenaza popular.
Incontestablemente, tanto en Perú como en cualquier otro país, la lucha por hacer justicia y sancionar a militares y civiles criminales de guerra, no es un problema que se restringe a las leyes penales de tal país. Es ante todo una lucha de todo el pueblo contra el actual sistema político y jurídico corrompido. Es imposible lograr que se esclarezca los crímenes de guerra de décadas anteriores, sino se toma en cuenta con objetividad que las clases políticas que ahora están en el poder son las mismas que en décadas pasadas incentivaron y apoyaron el crimen y la represión contra la población.
Es un error creer que la iglesia o cualquier falso demócrata son sinceros cuando se muestran acongojados por los miles de asesinatos y desaparecidos en Perú o en otro país latinoamericano. Ellos fueron cómplices de militares y gobiernos criminales. Hay que evitar que el problema de los desaparecidos se convierta en slogan electoral y en un negocio lucrativo. Un ejemplo de la danza de millones de dólares en las famosas comisiones de la verdad o cualquier otro organismo "defensor de los derechos humanos", es el beneficio económico que hicieron los integrantes de la CVR. En dos años de funcionamiento (junio 2001- agosto 2003) la Comisión de la Verdad y Reconciliación costó 14 millones de dólares al Estado. Su informe final solo ha servido de guion de telenovela y para exculpar a los principales responsables asesinatos de miles de ciudadanos peruanos.
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Interesante, Alberto Fujimori afirma que le negaron indulto por "leguleyadas" - 11/07/2013 11:32:43

" Alberto Fujimori acusó a la Comisión de Gracias Presidenciales de recurrir a "artificios y leguleyadas" al momento de analizar su solicitud de indulto, con el fin de "dejar la mesita para el NO del presidente (Ollanta Humala)".
A través de una nueva carta desde la Diroes, titulada Leguleyada antihumanitaria, Fujimori acusó a la Comisión de "ignorar olímpicamente" la opinión "unánime y profesional" de la Junta Médica que analizó su estado de salud, en donde se concluía que su pronóstico era "reservado".
Asimismo, el expresidente, condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cuestionó que el psiquiatra Jorge Castro Morales haya sido nombrado por dicha comisión como el juez supremo que descalificó la opinión de doce médicos especialistas, pese a que nunca lo examinó.
Fujimori criticó también que se introdujera en un proceso de indulto humanitario "elementos de corte legalista (tipo de supuesto delito) y subjetivo ("constatación" de no arrepentimiento) en la evaluación de la solicitud, las que no venían al caso".
"Como se sabe, si la salud o la vida de quien purga prisión está en riesgo, procede necesariamente el indulto humanitario", agregó.
Fuente: Perú21
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Que opina? A propósito de la Ley Universitaria: Si no cambia seguiremos en lo mismo - 19/06/2013 7:31:25

" A propósito de la Ley Universitaria: Si no cambia seguiremos en lo mismo
Algo de bueno, o mucho, debe de tener el proyecto de Ley Universitaria que se viene discutiendo en la Comisión de Educación en el Congreso para que haya sacado de su zona de confort a muchos rectores, que hoy se pasean con visible preocupación, por diversos medios de comunicación. Lo lamentable es que, más allá de esta notoria posición defensiva, los rectores o especialistas amigos de los rectores, no aportan nada nuevo a la discusión, sino se dedican a defender la situación actual, es decir el statu quo. Siendo así, de permanecer en la situación vigente, el Perú se vería condenado a seguir padeciendo de uno de los peores sistemas universitarios del Mundo, con una gran cantidad de universidades, ninguna de las cuáles es considerada como de élite y que ni siquiera figuran entre las mejores de América Latina.
El cuadro es deprimente. Tenemos universidades que se han convertido en meras unidades de negocio, en donde más interesa la boleta de pago que la formación integral de un ser humano como profesional. Se han multiplicado como por esporas, por diversos lugares del país, captando a jóvenes deseosos de tener un título, pero lamentablemente, sin mayores deseos de aprender. Hay una gran crisis, en ese sentido, de valores en el sistema universitario. Se da prioridad a la entrega de títulos y no a la necesidad de enseñar y aprender. Es cierto que hay algunas universidades que son la excepción, pero en el caso peruano sólo sirven para confirmar la regla del estado calamitoso en que nos encontramos.
El debate sobre la nueva Ley Universitaria no debe circunscribirse a la mal entendida autonomía. Debería evaluarse a la luz de los resultados: ¿tenemos alguna universidad entre las 500 mejores del mundo? ¿Hay alguna universidad peruana entre las 100 mejores de América Latina? ¿Tenemos el cien por ciento de profesores con el título de doctor? ¿Se da prioridad a las carreras técnicas de las cuáles hay déficit?¿Alguna universidad es el corazón innovador de un cluster? La respuesta a todas estas preguntas es NO, lamentablemente NO. Y ese es un grave problema pues las probabilidades de ser un país desarrollado disminuyen dramáticamente con un sistema universitario tan deplorable como el que tenemos.
Si en aras del respeto a la empresa privada las universidades negocio desean seguir haciendo una fortuna con las ilusiones de millones de jóvenes es una cuestión que atenta contra la ética. La mejor respuesta es brindarles a los padres una universidad pública de primer nivel, que sea competencia de la privada, y que como consecuencia de ello sirva de catalizador para la mejora de todo el sistema. Pero no es así. La UNI, San Marcos, la Agraria, tienen de los mejores alumnos del país, con promedios de ingreso de uno por cada 8 postulantes, con exámenes de admisión muy exigentes, pero ¿Qué encuentra esta "materia gris" de primer nivel al ingresar a la universidad? Profesores desactualizados que enseñan repetitivamente lo que saben y no lo que deberían enseñar basados en las tendencias académicas que rigen los destinos de la profesión.
Ojalá la Comisión de Educación que preside el Congresista Daniel Mora no se amilane en profundizar en el debate de una Ley muy necesaria para el futuro inmediato del Perú. Que unos cuantos rectores que se interesan sólo por su futuro personal no sean obstáculo de una reforma necesaria para el país.
Juan Sheput
Artículo publicado hoy en Diario 16
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Noticia, EL GOBIERNO DE ALAN Y LA NORMA GANZUA PARA NARCOS - 27/05/2013 12:39:19

" Ayer #esnoticia presentó un reportaje de Daniel Yovera con un nuevo ángulo en el tema de los narcoindultos. Mejor dicho, una norma que completa el daño causado a la lucha contra el narcotráfico durante el segundo gobierno de Alan García.
Se trata de la Ley N° 29305, norma que modifica el Código Procesal Penal sobre las condiciones de condena y traslado de sentenciados extranjeros. Esta norma permite que los reos puedan salir del país sin pagar las reparaciones civiles correspondientes, en caso el agraviado sea el Estado.
Esta redacción aparentemente inocua esconde a los verdaderos beneficiarios. Resume Diario 16:
Durante su presentación en el Parlamento, Fernández explicó que de los 1094 presos con condena, 985 tenían sentencia por tráfico ilícito de drogas, y de estos, el 80% eran burriers. La entonces titular de Justicia planteó como uno de los principales problemas para enviarlos a su país a cumplir sus condenas el pago de la reparación civil.
(…)
En otras palabras, según Fernández, al Estado le iba a salir más caro mantener a un reo extranjero en nuestro país y por eso era preferible repatriarlo con la condición de que no se le cobre la reparación civil porque, según ella, estos no tenían cómo pagar la misma.
Los integrantes de la Comisión de Justicia de ese entonces discutieron la propuesta del gobierno de García y, en un primer momento, no aceptaron perdonarle al reo foráneo su deuda con el Perú porque, según ellos, era discriminatorio. Sin embargo, luego se mostraron de acuerdo con la medida y la aprobaron.
La norma fue aprobada casi sin debate en el Congreso de la República, en noviembre de 2008. La ley fue publicada al mes siguiente, con las firmas de Alan García y Yehude Simon.
¿Qué efectos nocivos tuvo esta ley? En su edición de hoy, la revista Velaverde consigna dos. El central es un perjuicio al estado por más de 12 millones y medio de soles que no han sido cobrados como reparaciones civiles gracias a esta disposición legal, según cifras actualizadas hasta junio de 2012. A mayo de 2013, la suma, según indican fuentes de la Procuraduría Antidrogas, puede llegar a 15 millones de soles.
El segundo efecto es el perjuicio a la lucha judicial contra el narcotráfico. La Procuraduría Antidrogas, indica Velaverde, considera que la norma es inconstitucional y ha pedido al Ministerio de Justicia, tanto en este gobierno como en el anterior, que soliciten su derogación. Sin embargo, la decisión política no ha sido tomada.
Pero a estos perjuicios se suma un hecho inexplicable relatado ayer por Yovera:
en noviembre de 2008 el gobierno mexicano le solicitó a nuestro país, a través de su embajada en Lima, la repatriación de 16 mexicanos condenados por tráfico ilícito de drogas que cumplían condena en cárceles peruanas.
Cabe precisar que el pedido del gobierno de México se produjo cuando el proyecto de ley impulsado por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, estaba siendo debatido en el Congreso.
Lo que llama la atención es que al menos a dos de los 16 mexicanos que eran requeridos por el gobierno de su país se les conmutó la pena antes de que fueran enviados a sus países. Ese fue el caso de Jorge Luis Mata Salazar y Pedro Gerardo Díaz Fuentes, a quienes primero se les rebajó la condena y luego se les envió a México.
Mata Salazar había sido condenado a 13 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. Alan García firmó una resolución reduciéndole la pena a solo cuatro años, quedando libre en julio de 2010. Se presume que salió en libertad en México.
Díaz Fuentes, el otro mexicano, también había sido sentenciado a 13 años de prisión por el mismo delito y el gobierno aprista le redujo su pena a solo seis años y seis meses. Recién en diciembre de 2010, es decir, dos años después de haber sido requerido por su país, fue repatriado.
Como vemos, aquí existe una disposición legal que ha causado un daño tan grande como el de los narcoindultos y conmutaciones. Sumados ambos, la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Alan García fue poco menos que un saludo a la bandera.
(Captura de pantalla: Canal N)
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