Gestión Pública del Perú y el Mundo: Aprovechando tragedia ajena y 9,000 mypes accederán al programa Compras a Myperú

Noticia, Aprovechando tragedia ajena - 12/03/2014 17:16:56

"Según la acusación fiscal, 15 funcionarios del Ministerio Público se apropiaron de bienes que iban a ser donados a los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007.
Los malos empleados públicos concertaron de manera consciente con los representantes de la empresa PLAMOL SRL, vinculada al jefe de la Oficina de Administración del Seguro Integral de Salud (SIS), José Domingo Vega Díaz.
Para favorecerla en la compra directa, sobrevaloraron los precios, falsificaron firmas de recepción de los bienes comprados por personas que estaban de vacaciones y permitieron que los proveedores dejen cheques como garantías, algo que no está permitido por la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Además, hicieron pagos adelantados cuando aún no se había entregado la mercadería, cotizaciones que se hicieron después del otorgamiento de los bienes, raciones alimenticias y pastillas purificadoras de aguas.
Que nunca llegaron a los almacenes de la zona de emergencia, ocasionan do un perjuicio económico al Estado de un aproximado de dos millones 253 mil 262.78 soles.
Planifican la ayuda. La tarde del 15 de agosto de 2007 se produjo un terremoto en el sur peruano con una magnitud local de 7.0 en la escala de Richter, siendo su epicentro a 60 km del oeste de la ciudad de Pisco.
El sismo causó graves daños materiales y dejó como saldo la muerte de 595 personas, según cifras publicadas por el INEI.
Las ondas sísmicas destruyeron viviendas, infraestructura vial y servicios básicos en Pisco, Chincha, Ica, Cañete y zonas periféricas.
Con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas, destinadas a la atención de la población damnificada, a la reducción y minimización de los riesgos existentes y la rehabilitación de las zonas afectadas, el Gobierno central declaró en estado de emergencia el departamento de Ica y la provincia de Cañete por 60 días.
Disponiendo que los gobiernos regionales y locales ejecuten las acciones necesarias para la atención de la emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas.
Al día siguiente del evento sísmico, se reunió el Comité de Gestión Institucional del Servicio Integral de Salud (SIS), organismo público descentralizado que depende del sector salud y cuyo objetivo es integrar y contribuir al sistema de aseguramiento universal para garantizar el pleno derecho a la salud.
Estructuralmente, en el 2007, el encargado de su supervisión y control era el viceministro de Salud, el Dr. José Gilmer Calderón Yberico.
En esa reunión de coordinación, los gerentes y asesores, así como el jefe del SIS, Julio Espinoza Jiménez, acordaron por unanimidad conformar grupos de apoyo integrado por médicos del SIS.
Quienes viajarían al sur para apoyar a los familiares de los fallecidos con coberturas de sepelios y para brindar urgente atención de salud.
En tanto, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, a cargo de Ricardo César Corcuera Rodríguez, realizaría las gestiones ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para tramitar los recursos presupuestales que requería la asistencia urgente a los damnificados del terremoto:
Un total de 150 mil afectados y el SIS estaba planificando cubrir el apoyo de un 20 a 25% de esos damnificados.
Apenas terminó la reunión del Comité de Gestión Institucional, el jefe de la oficina de administración ordenó verbalmente que la subgerente de logística del SIS, Mirtha Díaz Ramos.
Elabore un estudio de mercado sobre bienes a ser donados a los damnificados del sismo (no existe documento que sustente el requerimiento y la necesidad de los bienes a adquirir), mientras que César Corcuera, un funcionario que carecía de experiencia en la gestión administrativa.
Solicitó dos ampliaciones en el calendario de gastos para el mes de agosto por sumas de 4 millones 341 mil 760 soles y 14 mil 938 soles.
Recibida la orden verbal, Díaz Ramos emitió el informe número 375-2007-SIS ,OA/L de fecha 17 de agosto de 2007 en donde señala que se pone a buscar proveedores que puedan abastecer de productos de primera necesidad con el fin de brindar apoyo a los damnificados del sur y logra determinar el número de producto a cotizar.
Adicionalmente, adjunta las cotizaciones, esperando órdenes del jefe de administración para realizar las compras de acuerdo al artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Sin embargo, no se conoce la fuente que utilizó para obtener los datos referenciales y contactar a los proveedores, puesto que la gran mayoría no se encuentran inscritos en el registro de proveedores de Consucode.
Entre los días 17 al 24 de agosto de 2007, la Oficina de Administración del SIS efectuó adquisiciones para la emergencia por un importe de S/14, 275,838.29, incluidos gastos por servicios de alquiler de cuatro equipos satelitales y servicio de transporte.
La noche del 18 de agosto, el médico cirujano Julio Espinoza Jiménez se acercó al local institucional y advirtió de la adquisición de bienes, y no adoptó ninguna acción u observación para suspender los procesos de compra, así como los pagos que se venían realizando.
Al día siguiente, fue entrevistado en canal 7 e hizo la presentación de los productos adquiridos, lo que se confirmó con las notas periodísticas aparecidas en el diario La República (edición del viernes 28 de setiembre de 2007).
Tras bambalinas. Hasta allí todo es loable, pero detrás de las buenas voluntades siempre medra la mente criminal que busca obtener ganancias concertando con los proveedores, sin importarle el dolor y la miseria del pueblo damnificado.
Siempre en la figura de colusión desleal existe un líder que domina permanentemente el escenario desde su posición privilegiada y cuenta con cómplices para alcanzar su propósito criminal.
En este caso, todos los indicios conducen a pensar de que el artífice de la concertación ilegal, malversación de fondos y falsificación ideológica era el jefe de la oficina de administración del SIS, José Domingo Vega Díaz, alrededor del cual se desarrollan los hechos irregulares.
Todo parece indicar que el funcionario habría favorecido a la empresa PLAMOR SRL, con cuyo representante tenía algún grado de amistad.
Esto puede evidenciarse con la intervención en estos hechos de su padrastro Guillermo Alberto Bianchi Burga, tercero cuya participación estaba orientada a verificar el cumplimiento de la "obligación".
Pero Vega no hubiese alcanzado su objetivo de obtener ganancias ilegales sin la complicidad de Ricardo César Corcuera Rodríguez, jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del SIS, quien prestó la ayuda para conseguir los recursos ante el MEF con la finalidad de destinarlos a adquirir los bienes para ser entregados en donación a los damnificados del sur.
Detectadas las irregularidades de las compras, los principales funcionarios públicos del SIS intentaron vanamente darle visos de legalidad y curarse en salud. Espinoza Jiménez, quien autorizaba la adquisición de los bienes y era quien requería la exoneración.
Responsabilidad que era indelegable, solicitó que se formule denuncia penal contra José Vega Díaz (jefe de la oficina de administración) y Ricardo Corcuera Rodríguez (jefe de la oficina de planeamiento y desarrollo) por los delitos de asociación ilícita para delinquir, usurpación de funciones.
Colusión desleal, peculado, cohecho pasivo propio, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos.
Por esas fechas, el ministro de Salud, Carlos Vallejos Sologuren, dispuso que todas las adquisiciones que se realicen para atender el desastre se hagan de acuerdo a la normatividad que regula la exoneración, cautelando el uso de los recursos públicos.
Para convalidar las compras que hasta ese momento había realizado el SIS, lo primero que hizo el Dr. Espinoza Jiménez fue pedirle a Vallejos Sologuren la autorización para que el SIS pueda adquirir los bienes necesarios que permitan atender la emergencia, acompañando un modelo de oficio para que el ministro emita la autorización.
Pero este le respondió que el SIS, como organismo público descentralizado, gozaba de autonomía económica y administrativa por lo tanto no le correspondía al ministro autorizar las adquisiciones ya que esto era competencia del titular del SIS.
El 23 de agosto de 2007, después después de conversar con el ministro de Salud, Espinoza Jiménez le pide a José Vega Díaz que informe sobre el estudio de mercado que sirvió de base para el proceso de adquisición, si contaba con disponibilidad presupuestaria y si los proveedores estaban en condiciones de contratar con el Estado.
Así como la documentación que sirvió para el proceso de adquisición, el destino y lugar de origen de las compras. Vega Díaz le informa que el estudio de mercado, tanto de bienes y sus cantidades, fueron determinadas en función a la información proporcionada por los medios de prensa y los equipos de apoyo que se trasladaron a la zona.
De esa manera, se pretendía regularizar las compras por cualquier medio, por eso se reunieron con funcionarios del MEF para informarse si el SIS podía estar dentro de los alcances del DS 068-2007-PCM y la forma en que podían regularizar las adquisiciones para la donación a los damnificados del terremoto.
Serias irregularidades. El caso fue investigado por la División de la Policía Adscrita a la Controlaría General de la República, cuyo resultado se refleja en el atestado 234-2007-DORCOCOR- PNP ,DIVPACGR.
E1, denuncia fiscal y auto que dio inicio al proceso penal. En las investigaciones se detectó además que el SIS efectuó adquisiciones bajo la exoneración por causal de emergencias.
Sin embargo, los requerimientos fueron elaborados por el área usuaria, que para este supuesto correspondía a la gerencia de mercado, órgano que promueve, organiza y dirige y evalúa las actividades orientadas a la atención de la demanda de servicios que brinda el SIS.
Además, se determinó que no se contaron con las especificaciones técnicas del bien ni con un valor referencial estimado, que debió haber sido remitido a la oficina de administración para que a través de la subgerencia de logística se efectúe la adquisición.
En este caso, los requerimientos se originaron a través de la oficina de administración, pero ese departamento no celebró los contratos con los proveedores a los que otorgó la buena pro.
Motivo por el cual no se contaron con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías, recepción y conformidad de los bienes.
Tampoco se requirió el contrato de consorcio, el cual es posible que se perfeccione mediante documentos privados con firmas legalizadas de cada uno de sus representantes legales ante un notario público.
El SIS estaba facultado para ejecutar las acciones necesarias para la atención de la emergencia y rehabilitación de la zonas afectadas en cuanto a cubrir los gastos de sepelio, costo de atención de heridos, adquisición de ataúdes, bolsas de cadáveres, costos de evaluación, entre otros.
Pero no tenía facultades para adquirir y/o contratar bienes que estaban fuera de su competencia, los cuales deberían ser canalizados por otras instituciones del Estado.
El 27 de agosto, el ministro de Salud dio por concluida la designación del médico Julio Espinoza Jiménez, nombrando en su reemplazo al médico Esteban Chiotti Kaneshima.
Por otro lado, el viceministro de esa cartera, José Calderón Yberico, no cumplió con su labor de supervisión del SIS en la contratación anómala de José Vega Díaz en un cargo de confianza cuando se desempeñaba como jefe del SIS.
En este escandaloso caso de colusión ilegal, malversación de fondos y falsedad ideológica están procesados 15 exfuncionarios del SIS:
Elliot Santa Cruz Jaure, Julio Espinoza Jiménez, José Vega Díaz, Ricardo Corcuera Rodríguez, Mary Consuelo Malca Villa, Gilda Manrique Miranda, Guillermo Frías Martinelli, John William Mego Calderón, Ilich Máximo Ascarza Delgado y Jhony Ricardo Morzán Delgado, entre otros.
Foto: Difusión.
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Que opina? 9,000 mypes accederán al programa Compras a Myperú - 08/03/2012 12:11:14

"Entrega de estos productos se realizará a partir de abril de 2012
Especialización. Para comprar calzado se tendrá en cuenta a los productores de El Porvenir en Trujillo.
La ejecución de la tercera etapa del programa Compras a Myperú beneficiará directamente a más de nueve mil micro y pequeñas empresas (mypes), anunció el director ejecutivo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Fondoces), César Sotomayor.
"Si consideramos que cada una de estas unidades productivas genera por lo menos cinco puestos de trabajo, la ejecución de la tercera etapa de Compras a Myperú favorecerá directamente la creación de más de 45 mil empleos en esta campaña", sostuvo al Diario Oficial El Peruano.
Subrayó que el incremento del empleo permitirá dinamizar el consumo interno con la mayor demanda de servicios, alimentos y prendas de vestir.
Las empresas que participarán en este proceso estarán distribuidas en todo el país y se priorizará la especialización de cada región. Por ejemplo, para calzado se verá con más atención a los productores de El Porvenir en Trujillo.
Sotomayor destacó que haber asignado un presupuesto de 381.5 millones de nuevos soles demuestra el interés que tiene el Gobierno por esta programa. En la primera etapa se asignó 150 millones de nuevos soles y en la segunda, 60 millones.
"Estos recursos serán inyectados en la economía de una manera productiva, lo cual generará un efecto positivo en toda la cadena de producción".
Selección
Para este proceso de compras se establecerán seis núcleos ejecutores, de los cuales ya están definidos cinco que se encargarán de la convocatoria y selección de las unidades productivas para la adquisición de calzado, uniformes, buzos, chompas y carpetas.
"Cada núcleo ejecutor está conformado por un equipo gerencial con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), de los gremios mypes, del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que representa al Foncodes".
La selección de empresas participantes en Compras a Myperú se realizará en las próximas dos semanas. "Cada núcleo ejecutor comenzó a convocar a las mypes. No solamente deberán comprometerse a productos de calidad, sino también precios competitivos y plazos de entrega."
Transparencia
Los núcleos ejecutores son un instrumento que tiene el Estado para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos, sostuvo Sotomayor.
"Al tener representantes de diversos sectores y de los gremios empresariales en los núcleos ejecutores de Compras a Myperú se asegurará una mayor eficiencia en el proceso, tanto en la selección de empresas como en la asignación de recursos".
Datos
Para esta tercera etapa del programa Compras a Myperú se dispuso la adquisición de 1.5 millones de uniformes escolares y 1.5 millones de calzado escolar a las mypes. Adicionalmente, está programada la compra de un millón de chompas.
Para la entrega de estos productos se establecerán núcleos ejecutores de distribución que se encargarán de medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, en este caso los escolares. Se incluirán a las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa).
Esta medición se hará en dos etapas, cuando se entrega el producto y luego, a los dos meses (por muestreo), mediante las oficinas zonales del Foncodes.
Se busca conocer la utilidad de estos productos y hacer los ajustes que correspondan en los próximos programas similares para cumplir con el mandato que tiene el Midis.
El programa Compras a Myperú se estableció como uno de los mecanismos para evitar que el mayor deterioro del entorno internacional y la subejecución de inversiones programadas afecten sustancialmente el crecimiento económico.
Apoya a las mypes en el mantenimiento de los niveles de producción y empleabilidad, mediante la gestión de compras de bienes y distribución a escala nacional.
El 26 de octubre del año pasado se autorizó el crédito suplementario al Foncodes por 381.5 millones de nuevos soles para financiar la tercera etapa del programa Compras a Myperú.
Diario Oficial El Peruano (08.03.2012)
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Información: "El MEF debe priorizar cada rodaja" - 31/07/2011 5:00:00

"Pedido. Para que financie adecuadamente programas sociales. Ministro de la Producción, Kurt Burneo, indicó que relación con esa cartera debe ser funcional. También planteo discutir artículo 60 de la Constitución.
Consuelo Alonzo C.
Kurt Burneo Farfán, actual ministro de la Producción, ya lo había dicho una semana antes de jurar en el cargo: el Gobierno de Ollanta Humala apostará por los programas sociales.
Justamente por eso manifestó ayer que la relación que su portafolio mantenga con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá ser funcional, con el objetivo claro de que dichos programas cuenten con el financiamiento adecuado. "A la hora de cortar el jamón, las rodajas tienen que responder a una priorización", sostuvo el también economista, tras indicar que los mismos deberán funcionar con eficiencia y eficacia.
"Si no bajo qué concepto vamos a exigir más recursos. Tenemos que buscar un elemento de evaluación y, por supuesto, que por el lado de los programas sociales se haga el mejor trabajo", dijo y explicó que la inclusión tiene que ser vista no solo en los programas sociales de tipo asistencial sino también en los productivos, para permitir a la población mirar a la prosperidad.
Sin rencillas
Al ser consultado sobre un posible resentimiento contra el titular del MEF, Miguel Castilla, quien ocupa el lugar por el que estaba voceado, Burneo Farfán descartó ese hecho y comentó que mantienen una buena relación, pues lo conoce hace más de diez años y por eso sabe que es de mente muy abierta.
Rol subsidiario
En otro momento, el titular de la Producción también planteó la posibilidad de abrir un debate sobre la modificación del Artículo 60 de la Constitución Política respecto al rol subsidiario del Estado para la generación de iniciativas empresariales públicas.
"El tema del rol subsidiario, ¿por qué no puede ser objeto de discusión? Yo creo que las constituciones no están escritas sobre piedra", señaló Burneo.
Según explicó, la norma en cuestión posibilita la ejecución de estas iniciativas a través del planteamiento de una "ley expresa".
En ese sentido, se refirió expresamente a la generación de créditos para las microempresas a través del Banco de la Nación, debido a que de los 4 millones de estas, 2,3 millones no tienen acceso al mercado financiero.
"Esa libre iniciativa privada no ha cubierto esa demanda, la pregunta es: ¿Nos seguimos cruzando de brazos esperando que la libre iniciativa privada llegue allá en el año 3000 a satisfacer, por ejemplo, esas necesidades de demanda de servicios financieros? ¿El Estado no puede ser un ofertante en última instancia para satisfacer esa demanda insatisfecha?", acotó.
Mimdes y sus programas
La ex ministra de la Mujer Nidia Vilchez señaló, tal y como anunció la primera vicepresidenta, Marisol Espinoza, que no se crearán nuevos impuestos para financiar los nuevos programas sociales que ha planteado este gobierno.
Asimismo, consideró que estratégicamente aquellos que pertenecen a la cartera de la Mujer y Desarrollo Social deberían permanecer allí y no pasar a otro portafolio.
Vilchez reveló que en los últimos 5 años invirtieron 16 mil millones en los 27 programas sociales existentes.
Sobre el programa Pensión 65 dijo que es similar a Gratitud, por lo que ya cuentan con la base de datos de focalización de los primeros 50 mil.
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Que opina usted? Competitividad como política de Estado - 26/05/2011 13:21:50

"Kurt Burneo
Un aspecto clave para el sostenimiento del crecimiento económico, es la mejora en la competitividad, dado que esta al ampliar la capacidad de las firmas para satisfacer crecientemente a la demanda (interna y externa), expande sus ventas, ingresos, creando a su vez una justificada necesidad de ampliar la capacidad productiva, esto implica aumentar la inversión generándose así un círculo virtuoso. No obstante lo obvio de este señalamiento, creo que está algo ausente en la discusión asociada a cómo hacer que el crecimiento económico sea sostenido.
Creo que así como hoy ha ganado terreno en el sentido común económico la necesidad de mantener políticas fiscales contracíclicas, expresada en términos sencillos en aumentar el ahorro fiscal en épocas de vacas gordas y reducir este en tiempos de vacas flacas, (y a fin de institucionalizar esta forma de manejo fiscal, creo que la obligatoriedad de esta debería estar contenida en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal); de la misma manera debemos de procurar que la mejora en la competitividad se incorpore como parte del sentido común económico y se institucionalice formalmente. ¿Pero qué componentes involucra dicha mejora?
Uno primero se vincula a la mejora en la gestión estatal. Esto implica primero definir objetivos claros sobre las funciones que debe detentar el Estado, sobre esta base determinar los recursos materiales y humanos necesarios así como desarrollar una indispensable reingeniería de procesos y costos buscando la optimización de estos donde la simplificación debiese ser la característica central. Un segundo , trata de la provisión de infraestructura que involucra mejorar la conectividad, oferta energética etc donde dada las limitaciones del monto de inversión pública es indispensable promover asociaciones público-privadas como alternativas. Un tercer componente, que es una suerte de infraestructura no física es el acceso a servicios financieros a costos competitivos, y en este caso resulta que no obstante la existencia de libre iniciativa privada, hoy una parte importante de la demanda de servicios por ejemplo de las Mypes no es atendida; en este mismo componente se incluye la inversión en innovación y desarrollo tecnológico así como la mejora en la calidad de la educación. Un cuarto aspecto se asocia a la normatividad tributaria y laboral donde la simplificación y la fiscalización para el cumplimiento de las leyes laborales son aspectos centrales. Un último componente es la aplicación de políticas públicas, promotoras de sectores en los que tenemos ventajas competitivas, priorizando las intensivas en el uso de mano de obra.
Pero esta relación de componentes tendría limitadas probabilidades de efectiva realización, si por un lado el empresariado y las universidades no se integran en una consensuada estrategia orientada a ganar productividad, estrategia que se plasma en un realista plan con recursos y metas predefinidos y ordenados en el tiempo. Pero este plan por el lado del Estado, debe de ser impulsado por un Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), el cual hoy declarativamente tiene como funciones encargarse de " Promover el desarrollo económico y social a través del fortalecimiento de capacidades como país que nos permitan contar con una posición ventajosa en el Mundo para mejorar en la calidad de vida de los peruanos a través de la generación de empleo. Perú Compite, el Consejo Nacional de la Competitividad, está encargado de incrementar los niveles de competitividad del país a nivel nacional, regional y local, con el concurso de los sectores público y privado" (www.perucompite.gob.pe).
Todas estas buenas intenciones, deben de servir como insumos para establecer la mejora en la competitividad a través de un realista plan en recursos y metas medibles, como expresión operativa de una explícita política de Estado; siendo una muestra de la importancia de esta, el que el CNC dependa directamente de la Presidencia de la República y no como hoy del Ministerio de Economía y Finanzas. Al final, por ejemplo ¿De qué sirve aumentar el número de tratados de libre comercio que nos abre la posibilidad de acceso a mercados más grandes, si no aseguramos al más alto nivel, una permanente optimización de la competitividad en nuestras firmas?
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