Gestión Pública del Perú y el Mundo: Corrupción con gasolina y Plantean cambios legales para acelerar procesos de desalojo

Es Noticia, Corrupción con gasolina - 11/03/2014 10:46:04

"Hace unos días, un programa de televisión reveló, con video incluido, el modus operandi para el robo de gasolina en una dependencia policial.
Todos los días, personal de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) -esa división policial que nos hizo sentir orgullosos cuando capturaron a Abimael Guzmán- aprovechaba el combustible que se le daba para los vehículos policiales para llenar sus propios bolsillos.
Nadie puede saber con exactitud cuánto es lo que se roba al año al Estado en combustible (ya sea gasolina, petróleo o kerosene).
Cifras conservadoras hablan de que sólo en la Policía Nacional del Perú la cifra puede estar bordeando los 200 millones de soles. Si a eso le sumamos lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, podríamos estar hablando de 500 millones de soles.
Cifra espeluznante tratándose de un país que aún tiene tantas carencias y donde existen millones de peruanos en extrema pobreza.
Nada es reciente. En el 2009, en pleno gobierno de Alan García, un congresista de su propio partido -lo que resultaba inusual-, cuando era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, denunció que anualmente (se refería al año 2008) se robaba aproximadamente 187 millones de soles en combustible y en el rancho de la Policía Nacional del Perú.
El combustible consiste en todo el petróleo y la gasolina que en dinero se le entrega a las diversas dependencias policiales. El rancho es el dinero que se proporciona a toda comisaría o lugar en donde haya efectivos policiales para que se compre alimentos a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que algunos trabajan 24 horas de manera ininterrumpidas.
En ambos casos, cuando se trata de dinero en efectivo, el oficial u oficiales encargados se quedan con parte de lo que reciben, destinando una mínima suma a la finalidad para la que lo recibieron.
En el caso del combustible, se reciben vales para poner en funcionamiento todos los vehículos con que cuenta la PNP a nivel nacional.
La cantidad de vehículos registrados es mucho mayor que los vehículos que funcionan y, de los que funcionan, no todos circulan, de tal manera que si, por ejemplo, se tienen 20 mil vehículos -entre carros, camionetas, camiones, lanchas y motos- sólo la mitad de ellos están en capacidad de funcionar y de esos, la mitad circula y la restante permanece en sus garajes o sus estacionamientos.
Pero aun los que circulan, lo hacen en distancias menores a las que aparecen consignadas en los documentos oficiales. Saque usted la cuenta de lo que realmente se gasta de combustible.
Aparte de la modalidad que se ha podido apreciar de los integrantes de la Dircote, también existe la de cambiar los vales por dinero en efectivo, y ese cambiazo lo hacen algunos grifos en donde el dueño de la estación de combustible paga por el vale 75% u 80% del valor y luego se presenta al Ministerio del Interior para que le paguen el 100%.
De esa manera, lucran tanto el policía que recibió el 75% del vale y se lo guarda en el bolsillo, como el dueño del grifo que gana el 25% restante. El que pierde en un 100%, desde luego, es el Estado peruano.
¿Y las investigaciones? A propósito de la denuncia del 2009, se anunció grandes investigaciones que comprenderían, como tenía que ser, tanto a los malos policías como a los empresarios dueños de estaciones de combustible.
Han pasado 4 años y ni uno ni otro bando ha sido sancionado a pesar de que se tenía la relación de los policías y griferos tramposos.
Uno de los grifos era incluso propiedad de dos altos oficiales de la fuerza armada y de la policía. ¿Será esa la razón por la que no prosperaron las investigaciones? Todo parece indicar que sí.
Pero no es sólo en la Policía Nacional de Perú en donde ocurre el robo de combustible. En enero de 2011, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima ordenó, contrariamente a lo que había opinado un benevolente juez, que se abriera proceso penal contra siete generales del Ejército peruano por el robo de combustible a su institución.
Siete generales, siete coroneles, siete comandantes, tres capitanes, tres mayores y tres tenientes eran responsables de la apropiación y comercialización ilícita del combustible asignado para uso militar.
Es decir, una pequeña tropa que bien pudo haber defendido nuestro territorio de cualquier amenaza, se había dedicado a combatir sus necesidades económicas y para eso cometieron delitos de peculado, apropiación ilícita, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
Uñas largas. La división delictiva tenía entre sus integrantes a dos excomandantes generales: César Reinoso Díaz y Edwin Donayre Gotzch, habiendo éste último sido comandante general del Ejército entre los años 2007 y 2008.
O sea, acababa de ocupar el más alto cargo al que aspira un oficial de nuestro glorioso ejército sucumbiendo ante la tentación del gasolinazo.
No moría en batalla, una resolución judicial lo sacaba del combate acusándolo de robar combustible. El juez que inicialmente investigó el caso del cuarto Juzgado anticorrupción, don Rafael Vela Barba, había querido archivar el caso señalando que no habían cometido los delitos de los que se les acusaba.
Pero la Sala presidida por Jorge Egoavil Abad consideró que sí existían los delitos y por ello ordenó que se inicie el proceso judicial contra ellos.
Según la Sala que ordenó se procesara a los militares, los oficiales de manera concertada fabricaron las supuestas necesidades del uso de mayor cantidad de combustible y mediante esas necesidades ficticias hacían aprobar partidas extraordinarias, sin siquiera dar las especificaciones de en qué vehículos y para qué actividades se usaría esa mayor cantidad de gasolina o petróleo.
Al verse abrumados por los cargos, algunos entre los cuales se menciona a Donayre, presentaron documentos falsos, lo que no hizo otra cosa que agravar sus responsabilidades.
Han pasado cuatro años desde que se ordenó procesar a estos malos militares. ¿Qué ha ocurrido con ese proceso? No se sabe mucho, pues el Poder Judicial no proporciona información y es probable que, como tantas veces sucede en el Perú, caiga sobre ese caso el manto de la impunidad como telón de fondo y se cierre ese capítulo de vergüenza para una gloriosa institución.
Es una pena que quienes juraron ser los herederos de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres sean procesados por robarle al propio ejército al que pertenecieron más de treinta años y que seguramente les sigue pagando sus pensiones.
De manera religiosa, sin que hayan devuelto al Estado peruano ni un centavo de lo que se apropiaron indebidamente.
Quienes sí pueden sentirse orgullosos de vestir el uniforme son los integrantes de la Inspectoría General del Ejército, quienes a pesar de las presiones sufridas, formularon las denuncias respectivas.
Por otro lado, no hay que olvidar que Edwin Donayre -sí el mismo que dijo que "chileno que entra (al país) ya no sale. O sale en cajón. Y si no hay los suficientes cajones, saldrán en bolsas plásticas"- ha confirmado su candidatura para la presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho en las próximas elecciones por el Movimiento Desarrollo Integral de Ayacucho.
Según nuestras fuentes, el exc omandante del Ejército del Perú tiene grandes posibilidades de ganar. O sea.
¿Qué hacer? En primer lugar se debería saber con exactitud el monto de lo defraudado. Se especula con varias cifras sin que el titular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tan rápido para aumentarse el sueldo y el de sus colegas ministros, diga algo al respecto.
Otro punto a determinar es la antigüedad de esta mala costumbre, por llamar eufemísticamente así a lo que es un robo descarado.
Muchos hablan de 30 años, otros dicen que el tema del combustible es de mayor antigüedad, remontándose incluso a los primeros vehículos que adquirieron nuestras instituciones.
¿Esto solo sucede en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? El caso de Alejandro Toledo, a quien se le da una dotación de gasolina de cinco mil soles mensuales, pero que vive en el extranjero, demuestra que esta maldita práctica alcanza a muchos más sectores de la administración pública.
Sería redundante decir que hay que ejercer un debido control. La Contraloría General de la República, y las instituciones deben tener un mecanismo para controlar, en primer lugar, el número de vehículos operativos con que cuenta la administración pública.
El examen de los signos exteriores de riqueza de los funcionarios públicos es algo plasmado en muchas normas, pero que resultan letra muerta.
Finalmente, mientras se sigan nombrando en los ministerios de Defensa y del Interior a personas que tienen que esperar la luz verde -de Nadine, desde luego- para poder actuar demostrando falta de liderazgo, será muy difícil que puedan ni siquiera saber lo que está ocurriendo en sus sectores.
En otras palabras, mientras sigan en sus cargos Pedro Cateriano y Walter Albán no se puede esperar ningún cambio trascendental.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? Plantean cambios legales para acelerar procesos de desalojo - 22/12/2013 10:19:47

"Como medidas para contrarrestar la lentitud de los procesos de desalojo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso propuso la creación de un registro de arrendatarios morosos en el Poder Judicial y la posibilidad de efectuar el pronto lanzamiento del arrendatario para la restitución del bien por conclusión del contrato de arrendamiento o falta de pago.
La iniciativa legislativa consagrada en un dictamen emitido por dicho grupo de trabajo respecto de tres proyectos de ley, puesto a consideración del pleno del Parlamento, modifica en ese sentido los artículos 1 de la Ley Nº 28970 y 594 del Código Procesal Civil.
Contenido
De acuerdo con esta propuesta, el actual registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial se convertiría en el registro de deudores alimentarios y arrendatarios morosos, en que también se inscribirían a los arrendatarios morosos por el solo mérito de haber sido demandados en un proceso de desalojo.
Mientras que el artículo 594 del Código Procesal Civil está referido a la sentencia con condena a futuro. Con el cambio propuesto se establece que en caso de contratos de arrendamiento inscritos acorde con el numeral 6 del artículo 2019 del Código Civil, en los que se incluya una cláusula de allanamiento futuro del arrendatario para la restitución del bien por conclusión del contrato o falta de pago de dos meses y quince días, el juez, interpuesta la demanda, ordenaría el lanzamiento en seis días hábiles.
Esta decisión la adoptaría el correspondiente magistrado de conformidad con el artículo 593 del Código Procesal Civil, quien además bajo el citado supuesto ordenaría la inscripción del demandado en el registro de arrendatarios morosos a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).
A criterio del mencionado grupo legislativo, estas medidas se plantean teniendo en consideración no solo el auge del mercado inmobiliario y su efecto multiplicador en la economía, la cual se dinamiza por la velocidad de rotación de los bienes, sino también, y en especial, teniendo presente el constante perjuicio de los ciudadanos.
Reglamentación pendiente
Correspondería al Poder Ejecutivo adecuar el reglamento de la Ley Nº 28970, que crea el registro de deudores alimentarios morosos, a las modificaciones planteadas en la propuesta legislativa, en un plazo de 180 días a partir de la vigencia de esta como norma. En la iniciativa legislativa se precisa que la actualización del registro de arrendatarios morosos a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se efectuaría cada cinco días hábiles. Para la recomendación de la aprobación de la propuesta, la citada comisión recabó las opiniones de los ministerios de Justicia y del Interior, Poder Judicial y del Consejo del Notariado.
Diario El Peruano (22/12/2013)
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Que opina? VERDADES QUE NO OFENDEN, DIEZ AÑOS DESPUES - 28/08/2013 9:06:18

" Hace exactamente diez años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final al país, documento en el que condensaba 23 meses de trabajo y estudio sobre el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000. Transcurrida una década, durante los últimos días han circulado diversos balances, se han realizado conmemoraciones y actividades académicas y, claro está, los detractores de toda la vida han continuado con una campaña de mentiras que ya lleva una década.
Este año, me interesa dialogar con un artículo de Gonzalo Zegarra, publicado en el diario virtual Altavoz, pues tiene algunas cosas que ubican en su lugar el debate respecto a la CVR y algunas omisiones que lo llevan a conclusiones erróneas.
Para empezar, Zegarra acierta al señalar cuál es el principal punto controvertido que ha generado controversias en relación a la Comisión de la Verdad y Reconciliación:
Las voces que desde un inicio se opusieron a la CVR lo hicieron bajo el argumento de que no convenía al sistema democrático admitir públicamente siquiera la posibilidad de que el Estado haya violado los derechos ciudadanos de ciertos peruanos, pues ello podría deslegitimar los resultados de la lucha antisubversiva en su conjunto. Hubo incluso quienes sostuvieron que si ello había ocurrido, se trataba de un "mal menor" inevitable en la defensa frente a la demencial agresión del terrorismo.
En particular, muchos quienes se ubican en este sector esperaban que los actos que implicaban violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado fueran omitidos o "comprendidos" como un "costo a pagar" por la pacificación del país. Al no responder a esta narrativa, pues la Comisión se centró sobre todo en las víctimas y en la explicación de lo ocurrido, este grupo de peruanos tachó inmediatamente de "pro terrorista" a la CVR.
Todo ello a pesar que: a) La CVR condenó claramente a Sendero Luminoso y al MRTA; b) indicó que SL era el responsable principal del inicio de la violencia y de la mayor cantidad de víctimas mortales (a pesar que algunos extraviados con simpatías hacia radicalismos de izquierda pretenden contrariar esta conclusión); c) señaló que SL cometió crimenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, potencialmente, genocidio contra el pueblo asháninka; d) no se niega el carácter terrorista de varias de las acciones de SL y el MRTA y e) se encuentran patrones sistemáticos de secuestro en el accionar del MRTA. Además, claro está, de reconocer a héroes militares y civiles y acciones de coraje y heroísmo.
En el fondo, la razón por la cual la CVR ha sido tan criticada es porque no reconoce que hay "razones de Estado" que permiten violar derechos humanos y señala responsabilidades institucionales, políticas y brinda datos para que el sistema de justicia establezca culpabilidades y sancione a quienes rompieron la ley. Y dado que la clase política en su totalidad y otros actores sociales fueron interpelados por sus acciones y omisiones, también se sumaron al cargamontón. A tal extremo se ha ido que los defensores civiles de los sectores castrenses olvidan que, al final del libro "En Honor a la Verdad", la versión de parte del Ejército Peruano sobre el conflicto, se reconoce y condena los actos contrarios a la ley cometidos por agentes del Estado.
Sin embargo, como bien precisa el director de Semana Económica:
La legitimidad del Estado en general, y de la Fuerza Armada y policial en particular, se juega en el correcto uso de la fuerza pública. Por eso, la complacencia con los excesos es inaceptable y eso es lo que entraña no denunciar a quienes violaron los derechos humanos. Por tanto, cualquier Estado democrático civilizado tiene la obligación de emprender un esfuerzo por determinar si la lucha antisubversiva ,por más legítima que sea en su conjunto, implicó vulneraciones a los derechos humanos. Y eso es lo que hizo la CVR.
Donde creo que Zegarra Mulánovich desacierta es al señalar que se busca convertir a la CVR "en una verdad oficial", casi totémica, que no está abierta a otras narrativas. Y allí caben hacer algunas precisiones.
Hay que mencionar, en primer lugar, que sí es cierto que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es la narración oficial del Estado peruano sobre el periodo de violencia. Y lo es porque recibió un encargo y un mandato por parte de dos gobiernos democráticos, mediante una norma específica, que señalaba sus funciones, alcances y límites.
A pesar de este carácter y de llevar la nomenclatura de Informe Final (a pesar de ser un punto de partida), en la Introducción de este documento se hace la siguiente precisión:
«Verdad» es un relato perfectible. El relato de la CVR se refiere a sucesos ocurridos en la historia del Perú y a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y fragmentada. Proponemos una narración que, al recuperar nuestra memoria como país, se proyecta hacia el futuro, y debe por eso ser continuada y enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe. Lo importante es que el relato contiene en él mismo los criterios que permiten su perfeccionamiento constante; consideramos que habrá lugar en él siempre para acoger nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su reescritura continua.
Así las cosas, la CVR reconoce la existencia de otras narrativas y que pueden existir algunos datos a precisar con otras investigaciones. Por ejemplo, la cifra de 8,000 desaparecidos registrada por la CVR es conservadora frente a la estimación hecha por el Ministerio Público y otras instituciones que señalan que su número está entre 13,000 y 15,000 personas.
Asimismo, hay temas que no pudieron trabajarse a profundidad, por cuestiones de tiempo, o simplemente no pudieron ser incluidos. Entre los primeros se encuentran los crímenes de odio contra la comunidad LGTB (un caso que la CVR si alcanzó a documentar fue la matanza de "Las Gardenias", cometida por miembros del MRTA) y, entre los segundos, el rol de los actores internacionales y de los intelectuales en el periodo de violencia. Por tanto, el riesgo de la totemización o la eliminación de otras narrativas, al que teme Zegarra, se halla conjurado por el propio Informe Final.
Lo mismo podría decirse en torno a la inclusión del trabajo de la CVR en el espacio educativo, como señala acertadamente Roberto Bustamante:
Leo a varios decir que por qué no se enseña "la verdad" en las escuelas con el IF de la CVR. Ese argumento es justo el que el IF criticaba: la educación de manual, el culto al libro y a la cita textual, lo escrito sobre lo oral/testimonial. Hay sí elementos que pueden ser incorporados, porque han sido investigados y hay evidencia, a la enseñanza de la historia contemporánea. Pero la enseñanza de la historia, implica mucho más que una sucesión de eventos, sino la construcción de una narrativa. Los profesores mucho más que pedir que los alumnos reproduzcan tal cual el gran relato del Hatun Willakuy, podrían ahondar en las historias y testimonios de las familias, de los barrios, del colegio, de los profesores.
Entonces, ¿por qué creo que en personas como Zegarra se puede arribar a conclusiones como las criticadas aquí? Creo yo que se vio marcado por el tono del debate acerca de la CVR. Frente a los constantes ataques frente al Informe Final, quienes lo han defendido durante estos años han estado a la defensiva y, durante mucho tiempo, no se ha profundizado en algunos aspectos del Informe Final menos controvertidos. Más allá que muchos de los argumentos esgrimidos por los defensores del IF CVR son compartidos por mi, creo que corresponde hacer una reevaluación sobre la forma cómo se han transmitido los mensajes vinculados al Informe y, en general, frente al tema de derechos humanos. Se ha hablado mucho hacia quienes ya estaban convencidos o hacía quienes no escucharían nunca. No frente a quienes ignoraron el pasado por cuestiones de edad o desinterés y a aquellos que no tenían carga alguna hacia la CVR. Allí queda una tarea pendiente por hacer.
Finalmente, creo yo que resulta indispensable volver la vista hacia los principales protagonistas del trabajo de la CVR: las víctimas. Es un escándalo que en el país existan 15,000 desaparecidos, cuyos cuerpos, en su mayoría, no han sido entregados a sus familiares para cerrar el periodo de duelo. Varias de las señoras que fundaron ANFASEP hace 30 años están muriendo sin poder tener este derecho. Lo mismo ocurre con quienes esperan justicia por casos ocurridos hace tres décadas. Y, del otro lado, hay cientos de viudas de militares y polícias que siguen esperando que los respectivos Ministerios aumenten las pensiones que justamente merecen por los caídos en el cumplimiento del deber. Estos tres ejemplos nos señalan que existen tareas pendientes y urgentes que el Estado debe afrontar. Como dijo Salomón Lerner Febres hace una década:
La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy.
Que la tragedia de peruanos matando a otros peruanos no se vuelva a repetir.
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Que opina? Minjus elaboró estudio para ver probable incremento de reparaciones económicas - 27/08/2013 16:59:16

" Ideeleradio.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) elaboró un estudio costo beneficio en el marco del análisis que se hace para incrementar las reparaciones económicas de S/. 10.000 a S/.39.000 a favor de las víctimas de la violencia, reveló José Ávila, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
Fue al ser consultado por el informe de la Defensoría del Pueblo que expresó su preocupación en torno al Decreto Supremo Nº 051,2011,PCM, que fija el monto de S/. 10.000 de reparaciones por familia.
"[¿Que han pensado en el tema de las reparaciones?] Como toda organización moderna siempre hace una evaluación de la gestión. Al interior del CMAN y el Ministerio de Justicia hemos hecho una evaluación de cuáles son los retos que tenemos y ahí coincidimos con las recomendaciones del defensor del Pueblo", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"La evaluación de levantar el monto de las reparaciones económicas de S/. 10.000 a S/. 39.000 sobre este tema lo hemos conversado con el Ministerio de Economía y nos han solicitado un estudio costo beneficio. Ya hemos elaborado un estudio costo económico para ver el tema del impacto", comentó.
En esa línea, expresó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está de acuerdo con que se incremente el monto de las reparaciones para las víctimas de la violencia política. Indicó que elaborar un estudio con estas características refleja la voluntad del Ejecutivo por solucionar este tema.
"En este momento estamos en pleno proceso de evaluación y vamos a presentar este estudio al Ministerio de Economía. La sesión de derechos, que es otro tema que plantea tanto la Defensoría como las víctimas, es un tema [en el] que también hemos hecho una propuesta. Lo vamos a consultar con el Ministerio de Economía porque también puede ser que tenga un impacto presupuestal mínimo, pero de todas maneras tenemos que tener mucho diálogo al interior del Gobierno", agregó.
"Este problema del reconocimiento de más de una afectación es un tema que también evaluamos, ya tenemos algunos documentos y vamos a plantearlo al interior del Ejecutivo. El tema del SISFOH también se está viendo porque es una exigencia que requiere el marco legal del Plan Integral de Reparaciones y eso lo vamos a coordinar con los ministerios. Lo que quiero decir a la opinión pública es que este tema del monto de las reparaciones, el tema de la sesión de derechos, el reconocimiento de más de una afectación, son aspectos que valoramos como recomendaciones de la oficina del defensor", destacó.
Se invirtió 388 millones de dólares en reparaciones
Dentro de este contexto, resaltó que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) implementó a través del Plan Integral de Reparaciones una inversión de 388 millones de dólares hasta el 2013, entre otros, siendo beneficiados 227 jóvenes con el programa social educativo Beca 18.
"El Ministerio de Justicia aprecia y valora el informe de la Defensoría del Pueblo. Para nosotros este informe sobre el Plan Integral de Reparaciones es una muy buena fotografía que nos muestra el estado de situación sobre el avance del plan. Lo valoramos, pero es importante que la opinión pública sepa que desde que ha comenzado a funcionar esta comisión de la CMAN, desde el 2006 hasta el 2013 el Estado ha invertido y con mucho sentido de responsabilidad 388 millones de dólares", informó.
"De ese monto, las reparaciones económicas individuales, son 126 millones que permite el reconocimiento a 26 mil beneficiarios. En reparaciones colectivas se ha invertido 33 millones, en reparaciones simbólicas 1 millón 100 mil soles. Además, en este gobierno se ha puesto mucho énfasis en el tema de reconocimiento de los familiares a enterrar cristianamente a estas personas que fallecieron y se les ha comenzado a dar ataúdes, cosa que antes no se daba, pero ahora con dignidad estamos haciendo estas reparaciones simbólicas", concluyó.
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Información: Defensoría del Vecino de Ica. - 07/06/2013 15:31:00

"EMPRESA DE TRASNPORTES DE PASAJEROS TERRESTRE ABUSIBA NO PERMITIA LOS RECLAMOS Y ENTREGABA BOLETOS CON CARACTERES POCO LEGIBLES.
La comisión de la Oficina Regional del Indecopi Ica, Presidida por Héctor Dionicio Quispe Segovia, con fecha 31 de mayo del 2013 sancionó a la empresa de transportes de pasajeros terrestre TRANSPORTES EL PINO S.A.C. (TEPSA), en el Expediente 246-2012/CPC-INDECOPI, ante la denuncia de la DEFENSORIA DEL VECINO, por infringir el Código de Protección y Defensa del Consumidor, por:
1.- Por que el Libro de Reclamaciones virtual no está a disposición de los usuarios mediante una plataforma de fácil acceso.
2.- Por no permitir que los usuarios registren sus reclamos o quejas en el Libro de Reclamaciones virtual, si no cuentan con correo electrónico.
3.- Por no permitir que los usuarios impriman gratuitamente una copia de su hoja de reclamación virtual, luego de haber registrado su reclamo o queja.
4.- Por consignar las condiciones generales del servicio en los boletos de viaje, con caracteres inferiores a la medida legalmente establecida (poco legible).
La Autoridad del Consumo, en lo resuelto Ordena a TEPSA:
a.- Poner a disposición de los usuarios su Libro de Reclamaciones virtual mediante una plataforma de fácil acceso.
b.- Implementar las medidas necesarias para que los usuarios consignen su reclamo o queja en el Libro de Reclamaciones virtual sin que se condicione a la creación de usuarios, contraseñas, correos, electrónicas u otras exigencias.
c.- Entregar una copia de la hoja de reclamación virtual correspondiente a los usuarios en forma física, una vez presentada la queja o reclamo.
d.- Implementar las medidas necesarias para que los caracteres del contrato de transportes de pasajeros, impreso al reverso de los boletos de viajes, no sean inferiores a tres milímetros.
e.- Pague la multa de S/. 13,875.00 (3.75 UIT), por haber incurrido en infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
f.- Asuma los costos y costas del proceso administrativo a favor de la asociación de consumidores denunciante.
La DEFENSORIA DEL VECINO denunció a TEPSA por los abusos detectados a los pasajeros en Ica, sin embargo lo resuelto beneficia a los pasajeros a nivel nacional; estamos muy atento al cumplimiento de la normatividad de protección al consumidor, hacemos un llamado a los usuarios de las empresas de transportes terrestre de pasajeros a denunciar los abusos, estamos para asesorarles y representarles sin costo alguno.
LO QUE EMAPICA NO EXPLICA CASO ENAJENACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN PARCONA.
ALCALDE DE LA TINGUIÑA TENIENDO LISTO PARA OPERAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO LODOS ACTIVADOS, NO LO UTILIZA, POR NO ASUMIR LOS MAYORES COSTOS DE ELIMINAR LAS AGUAS RESIDUALES DE SU DISTRITO.
DIAGNÓSTICO:
1.- La capital del Distrito de Parcona, cuenta con 6,000 usuarios de agua potable, administrado por la EPS EMAPICA S. A., brinda en promedio solo 02 horas diarias de servicio, generando 50 litros por segundo de aguas servidas.
2.- El Distrito de La Tinguiña cuenta con 4,500 usuarios de agua potable, administrado por la empresa municipal SEMAPAT, brinda en promedio más de 10 horas diarias de servicio, generando 80 litros por segundo de aguas servidas, que van al sistema de alcantarillado del Distrito de Parcona, pagando a EMAPICA solo el costo de la energía eléctrica de la cámara de rebombeo.
3.- La cámara de rebombeo de las aguas servidas de los 02 distritos, ubicado en la Asociación de Vivienda Santa Rosa de Lima II Etapa de Parcona, a su máxima capacidad puede impulsar 90 litros por segundo de aguas servidas hacia las lagunas de oxidación en Yaurilla. Dicha cámara cuenta con 03 bombas (motores de impulsión) y actualmente sólo 01 está operativa y en malas condiciones.
4.- La Municipalidad Distrital de La Tinguiña tiene lista para operar una moderna Planta de Tratamiento de aguas servidas Lodos Residuales, cuenta con la autorización de la Autoridad Local del Agua. No pone en funcionamiento por razones de mayores costos administrativos y operacionales; perjudicando a los usuarios parconences
PROBLEMÁTICA:
1.- La Cámara de rebombeo administrado por EMAPICA, ubicado en la capital del distrito de Parcona, llega 130 litros por segundo de aguas servidas (50 de Parcona y 80 de La Tinguiña), sólo puede impulsar hacia las lagunas de oxidación 90 litros por segundo.
2.- Los 40 litros por segundo de aguas servidas que la cámara de rebombeo no pueden impulsar, causan rompimiento de las tuberías dañando las viviendas, la mayor parte son derivadas a la Achirana a través de cada vez mas vertedores (ahora son 03), siendo "negociadas" a agricultores aledaños que riegan ilícitamente verduras y tubérculos.
3.- Desinterés del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcona, en enfrentar este problema a favor de su distrito.
4.- Daños materiales de las viviendas, contaminación y contra la salud pública.
5.- De empeorarse esta situación se llevaría a enfrentamiento a dos hermanos distritos.
RECOMENDACIONES:
La DEFENSORIA DEL VECINO recomienda:
1.- Reunión de trabajo y toma decisiones inmediatas: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcona, Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, EMAPICA, SEMAPAT, DIRESA, GORE ICA, ALA, Ministerio Público y Sociedad Civil especializada.
2.- Inmediata puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de aguas servidas Lodos Residuales, por parte de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña.
3.- Adquisición de 03 bombas de impulsión para la cámara de rebombeo.
4.- Fumigación, prevención y atención de salud a la población afectada.
5.- Que EMAPICA indemnice a los afectados en sus viviendas a través del seguro que está obligado en contar para estos casos.
EN PARCONA SE RIEGA PALLARES Y OTROS CULTIVOS CON AGUAS SERVIDA SIN TRATAR.
EPS EMAPICA S. A. ENAJENA ILEGALMENTE AGUAS SERVIDAS CRUDAS, ANTE LA COMPLACENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DIRESA, AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA, MINISTERIO PÚBLICO.
El domingo 02 de junio del 2013, el Presidente de la DEFENSORIA DEL VECINO, ante diversas denuncias de los vecinos del distrito de Parcona, constató el atentado contra la salud pública por parte de la EPS EMAPICA S. A., que viene inundando las viviendas y vertiendo aguas servidas sin tratar (directamente del inodoro) al canal la Achirana por 03 vertederos por los sectores de la Asociación de Vivienda Santa Rosa de Lima II Etapa y el Asentamiento Humano Tarapacá.
Las aguas servidas vienen también saliendo en las viviendas causando perjuicios contra la salud y daños materiales, así por ejemplo ha perjudicado irreparablemente la estructura de la vivienda de la familia Perez Choque en la Manzana "A" Lote "1" del AA. HH Tarapacá.
Lo más preocupante es que las aguas servidas sin tratar son derivadas por instalaciones de canal recientemente construidas dentro de la Achirana hacia los fundos del mismo distrito, compuerta 43 LAM, encontrando regando pallares y otros cultivos.
La DEFENSORIA DEL VECINO solicita la inmediata acción de las autoridades involucradas en defensa de la salud de los parconences, ICA CONSUME VEGETALES CULTIVADAS CON AGUAS SERVIDAS SIN TRATAR; sancionen a los directivos de EPS EMEPICA S. A. identifiquen y sancionen a los agricultores irresponsables.
EN CHINCHA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO Y SUNAMPE, NO CUMPLEN CON ATENDER RECLAMOS DE SUS VECINOS.
El Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM estable la obligación de las entidades del sector público de contar con un Libro de Reclamaciones, los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ministerios, los Organismos Públicos Descentralizados, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas, y que se encuentren sujetas a normas comunes de derecho público.
La norma precisa que este mecanismo deberá constar de manera física o virtual, debiendo ser ubicado en un lugar visible y de fácil acceso. Asimismo, la entidad deberá colocar avisos en los cuales se indique la existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que poseen los usuarios para solicitarlo, cuando lo consideren conveniente.
Los siguientes datos mínimos deberán ser considerados en las hojas del Libro de Reclamaciones de las entidades públicas: fecha del reclamo, número del reclamo, nombre y domicilio de la entidad pública, nombre, domicilio, DNI, teléfono y/o correo electrónico del usuario, descripción de la queja ó reclamo, firma del usuario, detalle de las acciones adoptadas por la entidad.
Toda persona natural o jurídica que acuda a una entidad pública a realizar algún trámite o a solicitar información acerca de los trámites y servicios que brinde la administración.
Podrá ser registrada en el Libro de Reclamaciones toda insatisfacción o disconformidad respecto de un servicio de atención brindado por una entidad pública.
La entidad pública se encuentra obligada a brindar respuesta al usuario, por medios físicos o electrónicos, en un plazo máximo de 30 días hábiles. La administración podrá informar, de ser el caso, las medidas adoptadas para evitar que hechos similares se produzcan en el futuro.
La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional de cada entidad, es la entidad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido.
Nuestra Representante en la Provincia de Chincha, Dra. Ana Cecilia Huallanca Ormeño, viene verificando el cumplimiento de la normatividad del Libro de Reclamaciones, estos son algunos resultados:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO:
-Manifestaron contar con el Libro de Reclamaciones pero que la persona encargada no se encuentra, se esperó más de 15 minutos y no atendieron.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUNAMPE.
-No tienen el aviso de contar con el Libro de Reclamaciones.
-Un cuaderno simple es el Libro de Reclamaciones, no tiene los datos de la Municipalidad (nombre y dirección).
-No entregan copia del reclamo al usuario.
La DEFENSORIA DEL VECINO, hace un llamado a las entidades públicas a cumplir con la normatividad de contar y poner a disposición inmediata de los usuarios del Libro de Reclamaciones.
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Que opina usted? Quesada: Pastor y Fernández tendrán que asumir responsabilidad por caso de narco en comisión de indultos - 10/04/2013 15:29:25

" Ideeleradio.- Los ministros de Justicia, Aurelio Pastor y Rosario Fernández, tendrán que asumir su responsabilidad por los funcionarios que nombraron en la Comisión de Gracias Presidenciales y las presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas a narcotraficantes, estimó Omar Quesada, secretario general institucional de Apra, tras considerar que los implicados tendrán que ser sancionados si así lo determina el Poder Judicial.
Fue al comentar la información que publicó el diario El Comercio de que "el abogado Manuel Huamán Montenegro (53), uno de los promotores y tramitadores de rebajas de condenas de la Comisión de Gracias Presidenciales y Conmutación de la Pena del gobierno aprista, fue integrante de la organización Los Norteños".
"Los que nombran a los funcionarios son los ministros y los ministros en este caso tienen responsabilidad, el Apra ha sido absolutamente claro desde el primer momento, no solamente en el gobierno, sino ahora que no estamos en el gobierno, en decir que todos aquellos funcionarios que tengan que responder por alguna irregularidad tienen que enfrentar su problema con valentía, así como fueron valientes para ser funcionarios recibir un estipendio del Estado ante el Poder Judicial", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[¿García no tendría ningún tipo de responsabilidad, la tendrían los ministros y los funcionarios por recomendarle al presidente que aplique la gracia en estos casos?] Estamos de acuerdo en eso, la Constitución te dice que en los actos del gobierno, el Presidente puede tener responsabilidad política, los responsables de cada uno de los ministerios son los ministros, por eso es que caen los gabinetes y seguirán cayendo los gabinetes, porque tienen responsabilidad política, no tendrán responsabilidad penal, la tendrán los funcionarios y en eso somos claros", enfatizó.
Tendrán que ser sancionados si así lo resuelve el PJ
Quesada Martínez afirmó que su partido no blindará a ningún funcionario o militante de su agrupación política que esté involucrado en este caso. Apuntó que el Apra tiene que ser severo también con sus militantes y que Rosario Fernández y Aurelio Pastor deben ser tratados como todos ante la ley. "[Las gracias se concentran en las gestiones de Rosario Fernández y Aurelio Pastor ¿cuál es la afirmación que se tendría que hacer?] Ante la ley todos somos iguales, en el tema partidario Rosario Fernández no es militante, es amiga como los 500 mil que pueden trabajar en la gestión pública y Aurelio Pastor está suspendido en sus derechos partidarios [por la denuncia que hubo por parte de la alcaldesa de Tocache]", refirió.
"Está suspendido Aurelio Pastor hasta que la Comisión Política diga que puede retornar, si se determina responsabilidad en ellos tendrán que ser sancionados, en este país hay que acostumbrarnos a que las instituciones tienen que cumplir con sus funciones y sus competencias, pero también, el único que determina la responsabilidad de cualquier ciudadano en el Perú es el Poder Judicial y no la prensa", agregó.
Hemos pedido al Ministerio Público que investigue
En otro momento, indicó que su agrupación política le solicitó al Ministerio Público que investigue estas denuncias periodísticas a fin de que se determinen responsabilidades. Aclaró que Rosario Fernández es una simpatizante, pero no una militante del partido y que Aurelio Pastor está suspendido al interior del Apra por el caso de la alcaldesa de Tocache.
"El Ministerio Público debe encargarse y creo que ya se ha encargado además ya ha habido un pedido del Partido Aprista ante el fiscal de la Nación para que investiguen minuciosamente cada caso, porque hay que salvar la institución definitivamente, una cosa es el Apra y otra cosa es cualquier funcionario que haya elaborado en el gobierno de mi partido incluso sin ser aprista", aclaró.
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