Información: La Teoría Neoclásica y la Política Económica en el Perú.- César Vásquez Bazán en el XVIII Congreso Nacional de Economistas (Lima, octubre 24, 2009) - 14/12/2013 1:42:59
" XVIII Congreso Nacional de Economistas del PerúPERÚ: ENCUENTRO ECONÓMICO CON EL MUNDO
LA TEORÍA NEOCLÁSICA Y LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PERÚ
Exposición del Dr. César Vásquez Bazán
Cámara de Comercio de Lima
Lima, sábado 24 de octubre de 2009
Señor Decano del Colegio de Economistas de Lima, Dr. Pacífico Huamán Soto
Señor Decano del Colegio de Economistas del Perú, Dr. Virgilio Roel Pineda
Señores Decanos de los Colegios de Economistas del Perú
Colegas participantes en el XVIII Congreso:
Agradezco la amable invitación del Presidente del Congreso para formular algunos comentarios sobre la economía neoclásica y la política económica en el Perú. Aquellos que tuvimos el honor de ser alumnos del Dr. Pacífico Huamán, en nuestros años de estudiantes en San Marcos, sabemos de su pluralismo y caballerosidad para con todos los participantes en un debate, sin importar alineamientos teóricos o simpatías partidarias. Permítaseme interpretar esta oportunidad de dirigirme al XVIII Congreso Nacional de Economistas como una nueva expresión de su espíritu democrático.
Los comentarios que expondré esta tarde están vinculados a La Teoría Neoclásica y la Política Económica en el Perú y los presentaré organizados en cinco secciones. En la primera sección discutiré el modelo teórico que informa la política económica peruana. En la segunda, opinaré sobre el estado de dicho modelo teórico tras la crisis económica y financiera que afronta el mundo capitalista. En tercer lugar expresaré algunos puntos de vista respecto al contenido ideológico de la economía neoclásica. A continuación señalaré la necesidad de contar con un nuevo modelo teórico tras la quiebra conceptual del neoclasicismo. Finalmente discutiré si es factible que la política económica peruana pueda reorientarse dentro del modelo normativo actual. Tras exponer mi respuesta a esta interrogante, propondré algunos objetivos básicos de una política económica alternativa para un país con los problemas estructurales que aquejan al Perú.
Características generales del modelo teórico que informa la política económica peruana
Si se desea analizar la política económica peruana de las últimas dos décadas es necesario examinar el modelo teórico que informa dicha política, el mismo que puede caracterizarse como derivado de la economía neoclásica.
En el Perú, el dominio ideológico de esta teoría se remonta a mediados de 1990, cuando su diagnóstico y principales propuestas se convirtieron en el pilar central de la estrategia económica puesta en práctica por la Administración Fujimori. Ulteriormente, sus principios básicos ,como el de la libre competencia y el de la subsidiariedad del estado, fueron incorporados en el Título III de la Constitución de 1993 dedicado al Régimen Económico de la nación. Con posterioridad al año 2000, la política económica neoclásica inaugurada por Fujimori continuó siendo implementada por las administraciones Paniagua y Toledo y la actual de García.
Elementos centrales del modelo teórico neoclásico aplicado en el Perú
El modelo neoclásico se basa en tres proposiciones fundamentales: (1) el reconocimiento de la búsqueda del interés personal como característica permanente de la racionalidad humana; (2) la existencia de mercados competitivos operando sin restricciones en la economía; y (3) el apotegma que el gobierno no debería intervenir ,mucho menos participar, en el proceso económico porque desvirtuaría los resultados eficientes de la operación de los mercados competitivos.
La racionalidad ortodoxa explica que cada individuo se desenvuelve en la vida diaria buscando alcanzar su interés personal. La norma de actuación del individuo racional, en particular al tratar con otros agentes económicos, puede resumirse en la maximización de su satisfacción como consumidor o en la maximización de sus utilidades como productor. El comportamiento maximizador de los individuos económicos es facilitado por el conocimiento completo de la información necesaria para la toma de decisiones, llámense estos datos preferencias, presupuestos, precios, costos o utilidades. Todas las criaturas que habitan el mundo de la economía neoclásica están bien informadas sobre los valores de las magnitudes relevantes para sus decisiones, perciben lo que es su propio interés personal, e intentan obtenerlo en forma consistente.
Los agentes económicos ejercen su interés personal participando como demandantes u oferentes en mercados de libre competencia, capaces de regularse a sí mismos y que no necesitan de regulaciones del gobierno. Poblados de participantes minúsculos e independientes entre sí ,y por lo tanto inhabilitados de poder manipular el precio, las condiciones vigentes en los mercados competitivos determinan que precios y cantidades fluctúen flexiblemente al alza o a la baja. El ajuste entre las fuerzas antagónicas de oferta y demanda se produce en forma automática y rápida. La competencia simétrica entre consumidores y productores, entre solicitantes de préstamos y prestamistas, entre vendedores y demandantes de fuerza de trabajo, conduce necesariamente al equilibrio entre las partes en el corto plazo y al óptimo equilibrio en el largo plazo. Sólo choques externos o fallas del mercado pueden inducir a que el mercado arroje un equilibrio distorsionado y por lo tanto no optimizador desde el punto de vista social.
Los valores de precio y cantidad a los que conduce el funcionamiento del mercado competitivo aseguran el balance en la búsqueda de los intereses personales de consumidores y productores. Al mismo tiempo, permiten a la sociedad alcanzar en el largo plazo el ideal de la doble eficiencia: la eficiencia productiva y la eficiencia en el uso de los recursos productivos. La economía alcanza un equilibrio estable en el largo plazo, cuando el precio de mercado refleja, por un lado, el costo mínimo promedio y, por el otro, el costo marginal de producción. En estas condiciones no existen utilidades extraordinarias, sólo ganancias normales.
Es a través de la operación de mercados libres poblados de individuos egoístas que las sociedades organizan de manera eficaz la producción y la circulación de mercancías y servicios, y la distribución de los ingresos generados por dichas actividades. Aunque ningún individuo practicante del egoísmo aspira a promover el bienestar de la sociedad, la búsqueda racional e informada del interés personal en mercados competitivos se convierte en la mano invisible que asegura el bien común y contribuye a aumentar el bienestar de la colectividad. El interés personal, filtrado de sus efectos perniciosos gracias a la dinámica del proceso de mercado, se convierte en la norma única, necesaria y suficiente de la tabla de valores de los agentes económicos.
Según la economía neoclásica, los óptimos logros obtenidos por los mercados competitivos demuestran que no sólo no es necesaria la intervención del estado en la economía sino que un estado impulsor de políticas económicas activistas distorsionaría seriamente el funcionamiento del mercado e impediría alcanzar la eficiencia económica.
Estado específico del modelo neoclásico tras la crisis económica y financiera global
Pienso que la mejor descripción del estado del modelo neoclásico fue brindada por Alan Greenspan hace exactamente un año, en declaraciones ante la Cámara de Representantes de los EE.UU. Creo que vale la pena observar el siguiente vídeo de seis minutos de duración con las palabras de Greenspan.
Como lo reconoció el expresidente de la Reserva Federal de EE.UU., la grave crisis financiera observada en este país y el mundo ha golpeado los cimientos y estructuras del edificio teórico de la economía ortodoxa. La economía convencional ,utilizando las cándidas palabras del viejo zorro de la Fed, se encuentra en un estado de conmoción e incredulidad ante la crisis que recorre el globo y cuyo inicio no pudo ocultarse más desde principios del año pasado.
La validez de las construcciones hipotéticas del neoclasicismo en cada una de sus diferentes denominaciones, ha sido herida de gravedad por la realidad actual de las economías de Estados Unidos y el mundo. En países avanzados y retrasados, los economistas ortodoxos, llámense monetaristas, partidarios de la economía del Lado de la Oferta o cultores de la Nueva Economía Clásica, han visto sus aparatos teóricos ser violentamente asaltados por la intransigente realidad. Las principales muestras del desmoronamiento de los dogmas canónicos de la ortodoxia se encuentran en la Crisis de 2008, en la que se produjeron las quiebras de importantes bancos de inversión, su reapertura como bancos comerciales, el salvamento de instituciones financieras a través de su nacionalización por el estado norteamericano, la caída de esos grandes casinos internetizados de apuesta especulativa conocidos como bolsas de valores, la recesión productiva y el creciente desempleo.
Sin duda, los más afectados por esta crisis de credibilidad han sido los fieles seguidores de la Nueva Economía Clásica, escuela que ha visto inutilizada la validez de sus tres elementos teóricos centrales. Me refiero a las hipótesis de las expectativas racionales, los mercados eficientes y la inefectividad de la política económica.
El primero de los supuestos neoclásicos cuya falsedad fue demostrada por la crisis fue la pretensión de suponer que todos los agentes son racionales en el sentido de contar con un adecuado conocimiento del funcionamiento de la economía basado en el acceso a toda la información disponible y relevante del mercado en consideración. Basándose en esta premisa, la Nueva Economía Clásica dedujo la hipótesis de las expectativas racionales según la cual los agentes económicos formarían sus expectativas de manera racional y se desenvolverían en el mercado asumiendo que los demás participantes también formarían sus expectativas racionalmente. Si bien pueden cometer errores al pronosticar el desenvolvimiento de los mercados ,debido a sucesos aleatorios, no sistemáticos y por tanto impredecibles, en promedio las expectativas de los agentes económicos deberían ser correctas.
Al respecto, permítaseme proponer un ejemplo. Pensemos en nuestros viajes diarios al trabajo, manejando nuestros autos. Asumamos que actuamos guiados por nuestro interés personal, somos racionales y por ello manejamos a la defensiva. Supongamos que los demás choferes también buscan su interés personal, son racionales y manejan a la defensiva. Supongamos además que todos los conductores formamos nuestras expectativas de manera racional y por lo tanto supongamos que todos nosotros obedeceremos las señales de los semáforos. Con esta estructura de razonamiento, es seguro que el tránsito alcance hipotéticamente el perfecto equilibrio desde el punto de vista de la seguridad de los peatones, choferes y ocupantes de los vehículos. La única manera en que se producirían desviaciones del equilibrio en el tránsito sería, por ejemplo, si los semáforos no funcionaran como resultado de un colapso ajeno al sistema, por ejemplo, por falta de energía eléctrica. Basados en la anterior reflexión teórica, decidimos manejar a la defensiva, confiando que los demás choferes harán lo mismo. Sin embargo, súbitamente somos colisionados por un vehículo de pasajeros, que no obedeció la señal de un semáforo y decidió pasar la luz roja, impactando a nuestro automóvil justo en la puerta del conductor. En la ambulancia, camino al hospital y seriamente heridos, reflexionamos acerca de cómo pudo suceder el accidente, si todos los conductores ,el del otro vehículo y nosotros,buscamos nuestro interés personal, somos racionales y formamos nuestras expectativas de manera racional. ¿O será que tal vez el entendimiento de lo que es nuestro interés personal no es homogéneo?
El segundo supuesto neoclásico rechazado por la realidad es el de los mercados eficientes. Esta hipótesis enuncia que, en ausencia de choques exógenos ,y por lo tanto impredecibles, o fallas del mercado comprobadas con la necesaria evidencia empírica, todos los mercados funcionan y alcanzan el equilibrio en forma eficiente y por lo tanto los precios formados en ellos reflejan los fundamentos económicos en una manera adecuada.
La hipótesis de los mercados eficientes sostiene que los precios de los activos transados en mercados en los que se observa una elevada eficiencia en la determinación de los precios ,como los precios de las acciones en los mercados de valores, expresan toda la información disponible, en especial la vinculada con las utilidades futuras de las empresas. Por ello es imposible predecir si es que algunos de ellos proporcionarán mejores rendimientos que otros.
Apoyados en las anteriores hipótesis, los bancos e instituciones financieras, operando con expectativas racionales, asumieron que el boom económico en Estados Unidos y en la mayoría de países capitalistas continuaría indefinidamente y que, como consecuencia, la demanda por nuevas casas-habitación seguiría similar tendencia. En mercados eficientes, ello traería consigo el continuo crecimiento de los precios de las nuevas construcciones habitacionales o, al menos, la mantención de los niveles alcanzados previamente.
Los bancos e instituciones prestamistas reforzaron esta impresión optimista al consultar el índice mensual compuesto Standard and Poor"s / Case-Shiller de las diez ciudades representativas del mercado estadounidense de casas-habitación. Leyendo el índice mensual desde junio de 1995 ,fecha en la que ascendió a 76.66, e inclusive hasta abril del año 2006, cuando el índice llegó a 226.23, los prestamistas observaron que mes a mes, los precios de las casas no hacían sino subir sin retroceso alguno. Dedujeron que tenían por delante un excelente panorama de negocios. Operando bajo los supuestos de expectativas racionales y mercados eficientes, los bancos razonaron que probabilísticamente era casi imposible que los precios de las casas pudieran caer, inclusive en el largo plazo. Dadas estas condiciones, la búsqueda de la maximización de sus utilidades los obligaría ,como instituciones prestamistas, a financiar todo tipo de hipotecas para la compra de casas-habitación, usando para ello su propio capital o apelando al apalancamiento financiero. En caso que en el transcurso del tiempo hubiera clientes que no pudieran atender el servicio de la hipoteca y por lo tanto sus instrumentos tuvieran que ser ejecutados, eso no constituiría un problema. Siempre existirían nuevos prestatarios que tomarían el lugar de los morosos, y como se asume que los precios de los casas no caerían, se concluye que no se afectaría la posición financiera de la entidad prestamista.
Fue así como la propia dinámica del sistema financiero estadounidense, operando con expectativas racionales y mercados eficientes generó la situación de crisis que afloró con toda su fuerza hace algo más de un año. Las erradas hipótesis de la economía neoclásica proporcionaron a bancos e instituciones financieras un falso sentimiento de seguridad y certeza que los llevó a aprobar préstamos hipotecarios por billones de dólares que a la postre no podrían ser recuperados, convirtiéndose en los llamados activos tóxicos, adquiridos por el gobierno estadounidense para evitar la quiebra de las instituciones prestamistas. Por supuesto, el salvamento constituyó una abierta intervención del gobierno en la economía, que violó las reglas de funcionamiento del mercado y las prescripciones ortodoxas de política. Extrañamente en esta oportunidad, los economistas neoclásicos no se sintieron incómodos por la intromisión estatal en la actividad financiera.
La crisis también permitió detectar una seria falla adicional del modelo neoclásico. Se trata de los elevados costos que está pagando la economía de los Estados Unidos y el mundo por la oposición de la ortodoxia a la regulación estatal de los mercados. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, hasta la fecha, dicho costo asciende a 4 trillones de dólares en pérdidas.
Como es conocido, la teoría convencional sólo acepta la intervención del gobierno ,y a regañadientes, en casos de fallas del mercado, como la existencia de externalidades o la falta de suficiente competencia. Para los neoclásicos no tiene sentido regular los mercados cuando éstos son eficientes y cuando en ellos operan agentes económicos que actúan guiados por su propio interés y forman sus expectativas de manera racional. Como lo explicó Greenspan, la teoría neoclásica entiende que los responsables de aprobar los préstamos hipotecarios en las instituciones prestamistas tienen plena conciencia de lo que constituye el interés propio de los bancos. Por lo tanto, no hay necesidad de regular o supervisar las operaciones de mercado en las cuales se encuentran involucrados.
Acogiéndose a la justificación de la pasividad reguladora que se desprende del modelo ortodoxo, Greenspan se negó a utilizar las facultades de regulación de la Reserva Federal para poner orden en las actividades especulativas de los bancos y para detectar y sancionar los comportamientos fraudulentos de las instituciones prestamistas. Permitió así, por ejemplo, la proliferación de préstamos rapiña (predatory lending) diseñados para obtener el máximo provecho de prestatarios de escasa solvencia (y de escaso conocimiento de la información relevante del mercado). Los siguientes son cinco ejemplos de estas prácticas que algunos, utilizando un lenguaje más directo, calificarían como estafa:
(i) La concesión de préstamos a elevadas tasas de interés y condicionados a la contratación por el prestatario de seguros innecesarios (credit life insurance), al pago de comisiones adicionales (points), y al desembolso de elevadas multas si se deseara cancelar el principal por adelantado. Este último requerimiento era incorporado con la finalidad de mantener al prestatario encadenado de manera indefinida a un préstamo visiblemente oneroso.
(ii) La concesión de préstamos provocadores (teaser loans), en los que el prestatario desembolsaba un pago inicial nominal y adquiría un préstamo a muy reducida tasa de interés inicial, que sería reajustada a una tasa sustancialmente mayor tres años después. Los bancos explicaban a los prestatarios que no deberían preocuparse por dicho incremento, debido a que antes que éste se produjera podrían refinanciar la propiedad mediante un préstamo estándar a tasa de interés fija. Cuando se acercaba la fecha del reajuste de la tasa de interés del préstamo y el prestatario intentaba refinanciar se encontraba que no llenaba los requisitos de solvencia exigidos para la nueva operación de préstamo.
(iii) La concesión de préstamos mentirosos (liar loans), en los cuales el prestatario presentaba escasa (o ninguna) documentación probatoria de sus ingresos con el pretexto que dicha rentas provenían de negocios personales, o de propinas, o que no podía ubicar sus declaraciones de impuesto a la renta.
(iv) La concesión de préstamos hipotecarios en los que el prestatario sólo pagaba los intereses y no el principal, lo que conllevaba a que no acumulara en su favor la plusvalía que pudiera haber generado la propiedad.
(v) La concesión de préstamos hipotecarios incluyendo elevados balloon payments que obligaban a los prestamistas a endeudarse adicionalmente pocos años después de la operación inicial de préstamo.
Las anteriores fueron algunas de las modalidades de hipotecas rapiña puestas en práctica por instituciones prestamistas que supuestamente conocían cuál era su propio interés y formaban expectativas de manera racional. Cuando la morosidad finalmente se manifestó al no poder el prestatario atender el servicio de la hipoteca, el fenómeno fue tan generalizado que contribuyó a desencadenar la crisis de las instituciones financieras norteamericanas.
Probablemente George Soros ha sido quien ha expresado más sucintamente el estado del modelo teórico que guía hasta el día de hoy las finanzas especulativas estadounidenses (y la política económica peruana). Hace sólo un año, el exitoso financista del Soros Fund Management escribió con respecto a la hipótesis de los mercados eficientes: "La interpretación predominante de los mercados financieros ,la hipótesis de los mercados eficientes, ha sido totalmente desacreditada ,y para bien, por el Crash de 2008… Éste demuestra la falsedad de la afirmación que los mercados financieros tienden hacia el equilibrio y que las desviaciones son causadas por choques externos" (Soros 2009, 216).
En cuanto a la hipótesis de las expectativas racionales, Soros afirmó abiertamente: "Sostengo que la teoría de las expectativas racionales malinterpreta cómo operan los mercados financieros. Si bien la teoría de las expectativas racionales no es tomada seriamente en cuenta fuera de los círculos académicos, la idea que los mercados financieros se autoajustan y tienden hacia el equilibrio continúa siendo el paradigma predominante sobre el que se basan los diversos instrumentos sintéticos y modelos de valoración que han llegado a asumir un rol dominante en los mercados financieros. Sostengo que el paradigma predominante es falso y necesita urgentemente ser reemplazado" (Soros 2009, 6).
Las principales conjeturas teóricas de la Nueva Economía Clásica se han visto pues comprometidas por la realidad. La crisis global del siglo XXI ha demostrado cuán endebles eran los fundamentos de racionalidad y organización económica en los que basaban sus teorías y cuán erradas eran sus propuestas de política.
La economía neoclásica y su orientación ideológica
Quisiera formular una observación a la afirmación hecha por Soros en cuanto a que las hipótesis de las expectativas racionales y los mercados eficientes sólo son tomadas en cuenta seriamente en los círculos académicos. Me parece que Soros no considera un segundo ambiente en el cual dichas conjeturas no sólo son bien recibidas sino que son adoptadas como pensamiento oficial. Me refiero a los círculos gobernantes de naciones como el Perú. En estos países, imitadores nativos de Reagan, Thatcher y Pinochet encontraron en la economía neoclásica el sustento que requerían para la implementación de sus políticas macroeconómicas.
Y es que en adición a sus conjeturas sobre el interés personal de los agentes económicos, las expectativas racionales y los mercados eficientes, el modelo neoclásico defiende la validez de una proposición de marcada connotación ideológica en apoyo a las políticas de laissez faire. Se trata del teorema de la inefectividad de las medidas de política económica orientadas a la promoción de la demanda agregada. Según esta conjetura, en presencia de precios y salarios flexibles, y con agentes económicos portadores de expectativas racionales, cualquier intento del gobierno de aplicar políticas fiscales o monetarias ,por ejemplo, para reducir el desempleo, no obtendrá ningún efecto real en el largo plazo.
La razón esgrimida por la ortodoxia es que los agentes económicos responderán con incrementos proporcionales de precios y salarios que neutralizarán la acción gubernativa y sólo producirán un incremento en la tasa de inflación. De ahí la necesidad de dejar de lado ilusiones distributivas a ser alcanzadas mediante la política económica.
Tocamos aquí un tema crítico del modelo neoclásico. El surgimiento de episodios inflacionarios puede afectar la posibilidad del país para captar y retener inversión privada y crecer económicamente. Para la ortodoxia la pugna entre estabilidad de precios o reducción del desempleo quedó largamente resuelta en favor de la acción antiinflacionaria.
En cuanto al desempleo, estando éste determinado por las condiciones estructurales y friccionales de la economía, la ortodoxia afirma que sólo operando por el lado de la oferta puede alentarse el crecimiento del producto y reducirse la desocupación. Al igual que los economistas del Supply-Side, los nuevos economistas clásicos asumieron la vigencia de la vieja Ley de Say. Las únicas políticas gubernamentales que pueden ser exitosas son aquellas encaminadas a incentivar la innovación, promover la oferta, abaratar los costos empresariales y aumentar el grado de competitividad en los mercados de trabajo y de productos.
Entre las recomendaciones neoclásicas para alentar el uso eficiente de los factores productivos se encuentran reducir los impuestos a las empresas, incrementar la competitividad en los mercados de mercancías y servicios, mantener restricciones al crecimiento de la oferta monetaria, liberalizar los mercados de mano de obra, minimizar la capacidad negociadora de los sindicatos, y reducir la seguridad social otorgada a los trabajadores con el fin de utilizar el incentivo para trabajar para promover el crecimiento de la oferta de mano de obra. Todas ellas han sido aplicadas en el país desde comienzos de los años noventa.
Quiebra de la teoría neoclásica y necesidad de un modelo alternativo
En el siglo pasado, el Desastre de 1929 y la Gran Depresión de los años treinta trajo consigo el derrumbe del modelo clásico y el surgimiento del Keynesianismo como teoría económica alternativa para los países de capitalismo avanzado. Frente a la realidad de una recesión productiva que se extendió por más de una década en los Estados Unidos y un desempleo que afectó al 25% de la fuerza laboral de ese país, no hay teoría económica que pueda sostener la imposibilidad de las crisis o que los mercados sean eficientes y alcancen el equilibrio en forma automática y rápida.
Es probable que el Crash de 2008 genere un similar fenómeno de recambio. El neoclasicismo en sus diversas variantes ha visto sacudidos sus cimientos por una crisis que no pudo prever, prevenir ni afrontar. La actual crisis ha demostrado que el neoclasicismo de las expectativas racionales, los mercados eficientes que no necesitan regulación y el nuevo estado gendarme tiene más de ideología y doctrina que de teoría científica. La realidad ha hecho evidente la impotencia de la ortodoxia, la falsedad de sus preceptos teóricos y la inefectividad de las medidas de política derivadas de ellos. Frente al Crash financiero de 2008, las autoridades económicas de los gobiernos del mundo ,esas mismas que se declaraban fieles seguidoras de la ortodoxia, tuvieron que taparse la nariz y apelar al estado para salvar al sistema.
Si se intenta reflexionar sobre un modelo alternativo, lo primero que debe mencionarse es que éste tendrá que incorporar respuestas concretas frente a las graves faltas de la economía neoclásica. En primer lugar, tendrá que ser un modelo verdaderamente científico, que describa y explique nuestra peculiar realidad ,en nuestro espacio y en nuestro tiempo, y que no acepte como teorías lo que en el mejor caso son intuiciones ingeniosas o hipótesis a la espera de contrastación empírica. El modelo alternativo tendrá que mantener una permanente actitud inquisidora en la que todo lo económico tendrá que permanecer abierto a cuestionamiento e investigación. ¿Es cierto que todos los seres humanos se guían únicamente por su interés personal? ¿O es que acaso sólo algunos individuos buscan afanosamente su interés personal en tanto que otros se orientan siguiendo criterios alternativos? ¿Qué sucede con la microeconomía si es que se asume que las curvas de costo no reflejan rendimientos decrecientes sino, por el contrario, demuestran la existencia de rendimientos crecientes en su senda de expansión? ¿Son las preferencias del consumidor realmente transitivas? ¿Puede ser un mercado oligopólico o monopólico más eficiente que un mercado de competencia perfecta? ¿Existen tasas naturales al interior de fenómenos sociales que son impactados por la acción del ser humano? ¿Puede la economía seguir invirtiendo tiempo en la formalización de modelos perfectos, bajo el pretexto de presentarlos como situaciones ideales a alcanzar en un futuro impreciso? ¿Es cierto que no puede haber políticas económicas efectivas contra la desocupación? Las anteriores preguntas representan ejemplos de las múltiples preocupaciones que tendrá que responder un modelo económico alternativo.
Una teoría económica alternativa requerirá además de un enfoque interdisciplinario que integre la colaboración de otros campos que en adición a la matemática y la estadística pueden iluminar la materia de estudio de la economía. Por ejemplo, investigaciones (y en muchos casos experimentos) que pueden adelantar conjuntamente economistas con psicólogos, antropólogos, sociólogos e historiadores tendrán mucho que aportar al entendimiento de los intereses del ser humano y a cómo debe aprehenderse el concepto de racionalidad. De igual manera, una mayor integración con las finanzas, la administración y la mercadotecnia permitirá un mejor conocimiento de la conducta de inversionistas, especuladores, gerentes y consumidores.
Reorientación de la política económica peruana
Un barbado economista alemán del siglo XIX acostumbraba recordar que la ideología dominante en una sociedad era la ideología de su clase dominante. La afirmación puede usarse para entender la vigencia del modelo ortodoxo en nuestro país. El día de hoy, la ideología económica dominante en el Perú es la ideología neoclásica y lo es porque para quienes detentan el poder político y económico, la ortodoxia resulta funcional al logro de sus objetivos de acumulación de capital y supremacía. Dada la existencia de esta relación umbilical, puede deducirse que el cambio significativo del modelo que guía la política económica peruana requerirá de la presencia de un nuevo grupo social hegemónico que ponga en marcha un proyecto alternativo al actual, el mismo que debe informar la redacción de una nueva constitución política para el país.
Hecha la salvedad, puede formularse algunos comentarios sobre la reorientación de la política económica peruana. En principio, creo que se hace necesario que el trípode convencional de objetivos de política económica ,estabilidad de precios, crecimiento y pleno empleo, vuelva a ser la estructura de tres pilares que debería ser, reconociendo la necesidad de incorporar en los programas de gobierno medidas para reducir consistentemente la desocupación que afecta al 50% de la población económicamente activa. Tan elevado grado de desempleo abierto y encubierto indica que el lado humano de la economía no ha sido apropiadamente considerado. Muestra también que la política macroeconómica ha sido inefectiva, insuficiente e incompleta.
La política económica peruana de las últimas dos décadas es una estructura bípeda basada únicamente en la obtención de la estabilidad de precios y el crecimiento productivo. El Perú se asemeja a un enfermo que padece simultáneamente tres condiciones de salud: presión alta, diabetes y tuberculosis. La política macroeconómica neoclásica ha mantenido bajo control la presión alta (inflación) y la diabetes (el crecimiento productivo). Sin embargo, la tuberculosis económica del país (el desempleo) ha avanzado en forma sostenida y pone en peligro la continuación de la existencia misma del enfermo.
Desde mediados de 1990, la clínica neoclásica de salud ha estado al cuidado del enfermo económico peruano. A través de todo este tiempo, el médico neoliberal se ha negado a reconocer la gravedad de la desocupación. Además, se ha abstenido de tratar la dolencia, en la creencia que en el largo plazo se curará sola (es decir, que el mercado laboral se ajustará por sí mismo). Peor aún, los informes clínicos del INEI respecto al desempleo son altamente deficientes. No se sabe por ejemplo, cuál es el grado de desocupación por regiones, por sexo o por edades. No se sabe cuánto tiempo en promedio permanece desempleada una persona. ¿Podemos en la situación de tuberculosis avanzada (desempleo) del paciente afirmar que las prescripciones contra la desocupación del recetario neoclásico fueron acertadas y completas?
Sólo restringiendo a dos los objetivos de la política macroeconómica puede llegarse a la conclusión que ésta, en los últimos veinte años, fue efectiva, suficiente y adecuada. Siguiendo las fórmulas neoclásicas, autoridades y técnicos proscribieron la consideración de la desocupación ,el principal problema humano de la economía, y confiaron a la voluntad del supuesto mercado eficiente y a la de un impreciso largo plazo la reducción significativa del desempleo. Sólo eliminando sutilmente del debate nacional el problema de la desocupación puede obtenerse la conclusión que la economía peruana está bien.
Al menos el dictador brasileño Castelo Branco fue honesto al reconocer que en su país "la economía estaba muy bien, pero el pueblo estaba muy mal". En el Perú, por el contrario, se vende la idea que la economía está bien y que las políticas macroeconómicas son buenas cuando la situación económica de más de la mitad de los seres humanos que habita el país es mala al carecer de empleo e ingresos adecuados.
Un punto importante que debe tenerse presente es que definir la política económica de manera que excluya el tratamiento del problema del desempleo no es una acción casual. La sospechosa mutilación obliga a meditar sobre los intereses económicos y políticos que defiende el neoclasicismo. Dichos intereses son los de las minorías privilegiadas del Perú. Los gobiernos de los últimos veinte años equipararon la variable progreso del país con la variable progreso de las clases dominantes del país.
Sin embargo, recomponer el trípode de fines de la política económica será insuficiente en el caso peruano si no se toma en cuenta tres objetivos adicionales. Ellos son la atención de las necesidades básicas de la población, la promoción efectiva de las regiones ,gravemente discriminadas por el crecimiento centralista, y la adopción de medidas para redistribuir el ingreso nacional.
Debe advertirse que reenfocar la política económica implica un esfuerzo mucho mayor y mucho más intenso, con un mayor riesgo, que el que conlleva la actual política económica neoclásica. Si se tiene éxito en el intento se habrá dado un primer paso en el proceso de construcción de una sociedad más justa en el Perú, esa aspiración tan opuesta a la búsqueda del interés personal, y por la cual muchos de los aquí presentes decidimos convertirnos en economistas.
Muchas gracias.
Obra citada
Soros, George. 2009. The Crash of 2008 and What It Means. The New Paradigm for Financial Markets. New York Public Affairs.
© César Vásquez Bazán, 2011
Junio 15, 2011
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Que opina usted? Diálogo político y democracia - 28/08/2013 5:21:57
"A propósito del proceso de conversación con las fuerzas políticas trata mi columna semanal en Diario 16:Diálogo político y democracia
En coherencia con su trayectoria de clara vocación democrática mi partido, Perú Posible, asistió a la convocatoria a dialogar realizada por el presidente del consejo de ministros, Dr. Juan Jiménez Mayor. Lo hizo con una delegación encabezada por el secretario general Luis Thais conformada por los congresistas José León y Carmen Omonte y por el suscrito, en su calidad de miembro de la Comisión Política.
La reunión se desenvolvió en un clima de total cordialidad, lo cual no fue impedimento para intercambiar ideas y opiniones, con absoluta sinceridad. Considero que, como consecuencia de ello, la democracia sale ganando pues se demuestra al país que la política puede proponer o coincidir, sin que ello signifique claudicar en nuestro derecho a discrepar.
La agenda de discusión inicial del gobierno, pues esto es un proceso que no se agota en la primera reunión, abarcaba tres temas fundamentales: salud, seguridad y crecimiento económico. Reconociendo que los sectores planteados por el oficialismo son importantes Perú Posible planteó la necesidad de insistir en la educación, la descentralización, la lucha contra la corrupción y una reforma política de fondo.
En materia educativa consideramos que los partidos políticos se deben unir para sacar adelante la nueva Ley Universitaria que hoy se discute en la Comisión de Educación. Maniobras lamentables, provenientes del fujimorismo, quieren sabotear esta reforma capital en la educación peruana y derivar el proyecto de Ley a comisiones como descentralización y constitución. Se dilataría así el debate por muchos meses o años, contribuyendo a que la actual realidad de mediocridad en nuestro sistema universitario permanezca a costa de las expectativas de la juventud.
En lo concerniente a descentralización le hemos tomado la palabra al presidente Humala en cuanto en su mensaje a la nación llamó a un gran debate nacional sobre las regiones y la distribución de funciones. En Perú Posible creemos que se debe repensar el actual proceso de descentralización y, para empezar, restablecer el funcionamiento del Consejo Nacional de Descentralización. No podemos permanecer con gobiernos-departamentos, pues atomiza el sentido que debe tener una adecuada regionalización.
La lucha contra la corrupción pasa por la discusión, de una vez por todas, de proyectos que tienen que ver con la muerte civil de los corruptos o la imprescriptibilidad de los delitos realizados durante el ejercicio de la función pública. Los largos rabos de paja que pululan en diversas instancias del estado hacen que se tropiecen los intentos de sacar adelante estos proyectos de ley que se vienen discutiendo en el Congreso.
Finalmente es preciso diseñar e impulsar una gran reforma política. La actual estructura del Estado no da para más y los mecanismos de elección de representantes contribuyen al deterioro de la política. Bien haría el gobierno en debatir el voto preferencial, el financiamiento de partidos políticos y el retorno a la bicameralidad.
Consideramos que esta primera etapa ha sido positiva. Debo reconocer que mi confianza en que este diálogo refleje un deseo sincero de cambiar de estilo de gobernar no ha sido defraudada. Ahora lo que corresponde es que las fuerzas políticas, sin claudicar de sus funciones de fiscalización o crítica, colaboren con este intento de fortalecimiento de nuestras costumbres democráticas.
Juan Sheput
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Que opina usted? Telefónica 19 años más en el Perú - 28/01/2013 12:37:12
" La aparentemente interminable negociación entre la Telefónica y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha concluido y ahora hay nuevo contrato y 19 años más de la empresa más discutida del proceso de privatización de los 90.De inmediato se ha abierto un debate nacional sobre el tema que no pudo desarrollarse antes por el carácter secreto con que se llevó adelante la negociación, como si para alguien hubiera sido importante evitar que las posiciones que tienen los peruanos sobre este punto fueran escuchadas.
Al principio, sin embargo, parecía que la cosa se venía realmente dura cuando el presidente Humala dijo que no concebía que una empresa que se resistía a pagar sus impuestos y había judicializado su deuda tributaria, creyera que se podía renovar el contrato sin cumplir antes con sus obligaciones.
Pero de eso ya hace mucho tiempo y Humala, que alguna vez se burlaba de las cuerdas separadas, admitió un trato diferenciado de estos dos asuntos: tributario y contractual, y puso al ministro Paredes en la ruta de la renovación a la que debía arrancarle algunas novedades para volver a exhibir cómo es eso de que el gobierno negocia sin patear el tablero.
En Ecuador, el mismo tema de los nuevos contratos de telefonía supuso que las empresas hicieran un desembolso a favor del Estado por el uso del espectro de comunicaciones y si no estaban de acuerdo se acababa el compromiso y se llamaba a otros interesados.
En el Perú no hemos conseguido un solo centavo, como si un bien escaso como son las ondas radioeléctricas no valiera nada y se otorgara como gracia al concesionario. Tampoco por supuesto se ha logrado una mejora de la tarifa considerada una de las más altas de la región, ni obligaciones en relación al servicio. Toda la negociación parece que ha estado centrada en conseguir que la empresa colabore con los programas sociales para pobres en que anda metido este gobierno y que se presume que tienen una cobertura total de un millón de beneficiarios.
Es así que al final de la negociación, la "más dura" exigencia es que las tarifas para estas personas serán la mitad de lo que paga el resto, sin que se sepa aún cómo le empresa generará un mecanismo compensatorio para cobrarse de los otros usuarios la menor ganancia por lo que vendría a ser más o menos un 10% de todo su mercado.
Lo esencial de esta supuestamente difícil negociación es que no había instrumentos de poder puestos en la mesa por el gobierno, por ejemplo la posibilidad de no renovación del contrato, o la eventualidad de una licitación abierta para comparar diversas ofertas.
A la vieja manera, el ahora diluido nacionalista Ollanta Humala, colocó todo el énfasis en que la Telefónica se quede. Si el otro sabe que esa es la política, va a alargar, como lo hizo, la negociación cuanto sea necesario para que las pretensiones del Estado queden dentro de los límites que le sean más convenientes.
Por eso es que, quizás por un poco de vergüenza, nos quieren vender que algunas pequeñas concesiones son una gran victoria sobre una empresa intransigente. Compárense los contratos peruanos con los de países vecinos para saber cómo entiende cada quién esto de la soberanía.
Fuente: Generación
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Información: Aprodeh: Un facilitador con credibilidad puede impulsar el diálogo en Cajamarca - 01/12/2011 18:04:09
" Ideeleradio.- La participación activa de un facilitador que tenga credibilidad puede contribuir a impulsar o propiciar un mecanismo de negociación y diálogo en Cajamarca, sostuvo Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), al considerar que la mediación podría partir de una comisión de notables, de los gobiernos regionales o del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos."Indudablemente que siempre que haya un facilitador de credibilidad puede contribuir a impulsar o propiciar un mecanismo de negociación y diálogo. Hay varias opciones que se han mencionado, hay un pronunciamiento que hemos emitido como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se habla de una comisión de notables, una comisión de los gobiernos regionales, también se ha ofrecido monseñor Cabrejos", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"A veces hay desconfianza, pero para que prospere un mecanismo de esta naturaleza tiene que haber voluntad de ambas partes, es decir, Gobierno Central y las autoridades, organizaciones sociales de Cajamarca. Esa es la mejor forma de tener un facilitador o mediador que contribuya a promover este diálogo", puntualizó.
Inicio del diálogo a pesar de desconfianza
Señaló, asimismo, que es el momento indicado para iniciar el proceso de acercamiento entre el Estado y las autoridades regionales de Cajamarca, luego de que Yanacocha decidiera suspender el proyecto minero Conga. Mencionó que también es necesaria la revisión del respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), más aún si el propio Ministerio del Ambiente emitió algunas observaciones al respecto.
"Luego de esta decisión unilateral de la empresa de suspender, creo que es un momento de apertura para iniciar un proceso de diálogo, en donde se permita un proceso de revisión del Estudio de Impacto Ambiental […] ya hay algunas preocupaciones que se desprende de la lectura que ha hecho el Ministerio de Ambiente a este EIA", enfatizó.
Soberón Garrido indicó que se espera que los movimientos sociales de Cajamarca que han convocado la paralización, puedan estar abiertos a una plataforma de diálogo, a pesar de la desconfianza que existe por parte de la población ante Yanacocha.
"Esperemos que en las decisiones que están tomando las organizaciones convocantes a la paralización en Cajamarca, atiendan la perspectiva de atender a un proceso de diálogo. Entendemos la desconfianza que la población, organizaciones sociales, las autoridades locales y regionales tienen frente a lo que ha sido un comportamiento de una empresa que les ha generado muchas frustraciones y desconfianza", afirmó.
Uso racional y proporcional de la fuerza
Soberón Garrido anunció que su institución estará vigilante para que no se produzcan actos de violencia por parte de las fuerzas del orden o de los propios pobladores. Expresó que los policías destacados en Cajamarca solo deben disuadir aquellas movilizaciones que se tornen violentas, pero de forma racional, sin llegar a generar víctimas mortales.
"Estaremos atentos y vigilantes para que no se produzca escalamiento alguno en este proceso y que más bien sea atendido por las autoridades, se haga uso proporcional y racional de la fuerza cuando se tenga que disuadirse una movilización que se desborde, pero jamás utilizar fuerza que lleve a víctimas mortales de uno u otro lado", subrayó.
Es el momento de promover el gran debate nacional
Apuntó que el actual contexto social y económico del país, obliga al Ejecutivo a promover y realizar un gran debate nacional con el fin de consultar a todos los sectores el tema de la planeación de la zonificación económica y ecológica del territorio patrio.
"Es momento para que el Estado promueva un gran debate nacional sobre temas pendientes, no solamente es la consulta previa y su reglamentación, lo que debe promoverse, pero tan o más importante que ello es que se establezca una zonificación económica y ecológica", declaró.
Explicó que una vez determinada la zonificación u ordenamiento territorial, los inversionistas y el Estado conocerán las zonas adecuadas para el desarrollo de actividades extractivas, lo que evitará llegar a un nivel de conflictividad como el de Cajamarca, donde los comuneros ven en peligro sus recursos básicos.
"[Este] ordenamiento del territorio nacional [permitirá que con] anterioridad los inversionistas y autoridades conozcan las zonas que son extractivas y cuáles no. Eso es algo que está pendiente y por eso es que se genera esta conflictividad ante las demandas de la población, al ver vulneradas sus zonas, recursos hídricos", concluyó
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Que opina? EL CASO DU BOIS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION - 23/09/2011 12:07:37
" Hoy Perú.21 ha hecho público lo que, todo indica, es un atropello. Veamos la nota publicada hoy por el diario:El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condenó a dos años de prisión al director de Perú.21, Fritz Du Bois, solo por haber emitido una opinión.
La querella fue presentada por Rosario Amparo Flores Bedregal ,tía de la parlamentaria de Gana Perú por Arequipa, Ana María Solórzano Flores, por, supuestamente, haberse sentido afectada por la columna de opinión "Pantaleón y la tía Pocha", publicada en este diario el 10 de marzo pasado. En ese texto, el director ni siquiera la menciona.
Augusto Loli, abogado de Du Bois, calificó el fallo de "arbitrario, ilegal y parcializado", y advirtió que una sentencia de esa naturaleza no tiene precedentes en la justicia peruana.
Enfatizó que la resolución, plagada de vicios, es insostenible desde todo punto de vista legal ya que, por ejemplo, el magistrado Yuri Zegarra Calderón fue más allá de los términos propuestos por las dos partes.
Para ser más precisos, Flores Bedregal presentó su querella por difamación debido al titular de la mencionada columna y a la frase: "La Tía Pocha, que es famosa en un negocio altamente rentable y con mucha liquidez como es la prostitución".
Sin embargo, el juez forzó el caso y sentenció a Du Bois por hechos que nunca fueron conocidos durante el proceso: haber avalado la información aparecida en Perú.21, también el 10 de marzo, sobre los oscuros nexos de la entonces candidata Solórzano. Con esto ,subrayó Loli, se violó todo derecho a la defensa. Por ello, anunció que, ni bien la sentencia les sea notificada, apelarán a la siguiente instancia e interpondrán una queja contra el vocal por inconducta funcional.
No he tenido a la vista la sentencia, pero los hechos relatados por el abogado Loli indican algunas cuestiones que llaman bastante la atención. La condena por hechos no alegados en la querella, sin duda, es una vulneración del derecho a la defensa, dado que Du Bois y su abogado no pudieron hacer sus descargos en relación con este hecho.
En cuanto al tema de fondo, cabe tener en cuenta que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios claros para este tipo de casos. Esta semana, la titular de la Relatoría, Catalina Botero, estuvo en Lima dictando una serie de conferencias y talleres. Tuve la oportunidad de participar en uno de ellos. Allí se dijo claramente que las opiniones no deben ser materia de judicialización civil ni penal. Y sobre el caso de informaciones vinculadas a candidatos y autoridades públicas, el criterio que tiene la CIDH es el siguiente:
Por último, es importante señalar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer funciones públicas mediante el procesamiento o condena penal de quien se expresaa través de los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.
Las decisiones de la Corte Interamericana tienen como fundamento: (i) los niveles mayores de protección de los discursos sobre el Estado, los asuntos de interés público y los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o quienes aspiran a ocupar cargos públicos; (ii) las condiciones altamente exigentes de las limitaciones impuestas a este tipo de discursos; y (iii) los estrictos requisitos de validez con los que debe cumplir el recurso y los mecanismos procesales para limitar la libertad de expresión. Sobre este particular, la jurisprudencia ha explicado que tanto los funcionarios públicos como los candidatos a cargos públicos gozan, al igual que toda persona, del derecho a la honra protegido por la Convención Americana. Sin embargo, los funcionarios públicos en una sociedad democrática tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan; porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente; porque sus actividades trascienden la esfera privada para ingresar a la esfera del debate público; y porque cuentan con medios apropiados para defenderse. Ello no implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos en cuanto a su honor, pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y ponderando el interés de tal protección con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos. Se ha enfatizado que la utilización de mecanismos penales, tales como las normas sobre difamación, calumnia e injuria, para proteger la honra y reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos, tienen un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre el ejercicio de las expresiones críticas y del periodismo en general, impidiendo el debate sobre temas de interés para la sociedad. Además, se ha subrayado que existen otros medios menos restrictivos para que las personas involucradas en asuntos de interés público puedan defender su reputación frente a ataques infundados. Tales medios son, en primer lugar, el aumento del debate democrático al cual los funcionarios públicos tienen amplio acceso; y si ello fuera insuficiente para reparar un daño causado de mala fe, podría acudirse a la vía civil, aplicando el estándar de la "real malicia".
¿Ello significa que los periodistas tienen patente de corso para hacer cualquier cosa? No. Si bien la CIDH señala que la sanción penal no es la adecuada, se tiene la vía civil y en ese caso las sanciones deben ser proporcionales al daño y al patrimonio que tiene cada periodista. Pero, como bien sabemos, las soluciones judiciales siempre deben ser la última ratio. Y allí entra lo viene señalando desde hace tiempo Roberto Bustamante: la existencia de defensores del lector o del televidente. Eduardo Villanueva enfatiza:
Pero aceptemos también que un diario ocupa un espacio importante en la esfera pública y tiene un rol que cumplir en la formación del debate nacional, y esta responsabilidad pública debería reflejarse en su accionar. El grupo debería tener un contrato explícito con el público en el que se diga qué espera del medio y hasta dónde lo dejará ir, para que quede claro para todos los interesados qué haría que el director se vaya: un compromiso moral de respetar la autonomía del medio. El mecanismo que algunos diarios usan es el ombudsman del lector, que garantizaría este contrato.
Y creo que por allí es donde debieran canalizarse varias de las críticas que se han hecho a la actuación tanto de Perú.21 como de otros medios (de todas las tendencias) durante la campaña electoral (o también en época no electoral). Más que en juicios, deberíamos pensar en como hacemos que los mecanismos que existen para la autorregulación realmente funcionen.
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Interesante, Así fue el gran Debate Constitucional - 13/08/2011 18:02:36
" La República convocó a destacados especialistas, tres de ellos parlamentarios, para analizar el estado de la discusión constitucional peruana e identificar las posibilidades y la profundidad de las reformas a la Carta vigente. Descargue el dossier del Debate Constitucional.Los participantes en el debate coincidieron en proponer una reforma parcial y moderada del texto vigente, procesada en un plazo definido y luego de un debate amplio con el concurso de la sociedad.
Entre los asistentes no hubo consenso en introducir cambios en el capítulo económico, aunque la mayoría se inclinó por tratar temas como el del monopolio o el carácter subsidiario del Estado en materia empresarial. Más acuerdo hubo en procesar cambios como la reinstalación del Senado, el fortalecimiento del papel de los partidos en el texto constitucional. También hubo consenso en que el período de cambios debe ser de unos dos años para evitar una mayor incertidumbre. Recibió también cierto consenso la realización de un debate de cara a la sociedad, por ejemplo por la vía de un Foro Constitucional.
En el debate participaron el ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia Víctor García Toma; el constitucionalista ex candidato de Fuerza 2011 Fernán Altuve; y los congresistas Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Rosa Mavila (Gana Perú) y Alberto Beingolea (PPC). Al debate concurrieron el director Gustavo Mohme Seminario, el subdirector Carlos Castro. Fue moderado por el columnista de esta casa editora y abogado Juan De la Puente.
Gustavo Mohme Seminario: Lo que deseamos en esta nueva etapa de la República, del Perú y del diario también, es retornar a los debates que consideramos fundamentales. Sobre este tema de la reforma de la Carta Magna, algunas personas quieren desentenderse de ella en tanto que otras desean modificarla sustantivamente. Este es un tema jurídico pero ciertamente político y seriamente polémico. Nuestra idea es abrir un debate serio y mostrar las ideas al público, aunque este no sea, desde luego, un único debate. Le hemos pedido a Juan De la Puente moderar este debate.
Juan De la Puente: Les propongo mirar en una primera etapa el estado del debate de la reforma constitucional y en una segunda parte, si es posible, avanzar a debatir algunas de las propuestas. Daría la impresión de que se ha abierto un momento constitucional, no solo por lo que se discute ya; quizá ayude el juramento del presidente Ollanta Humala. Se habla de determinados cambios constitucionales, hay jurisprudencia en relación con el tema, señalado por el Tribunal Constitucional, y hay tratadistas como Víctor García Toma, aquí presentes, que anotan la teoría de los topes. De otro lado, de acuerdo a una encuesta de Ipsos Apoyo de abril de este año, un 37% sostiene que debe modificarse la Constitución, total o parcialmente por este Congreso; un 26% indica que debe convocarse una Asamblea Constituyente y un 28% está en contra de toda modificación.
Víctor García Toma: Creo que habría que preguntar primero si estamos ante la necesidad de un proceso de reforma constitucional, si es el tiempo histórico oportuno y, tercero, si quien promueve esta iniciativa tiene capacidad de consumarla en una obra constituyente. En particular no creo que sea necesario cambiar la Constitución, tampoco me parece conveniente retroceder a la de 1979 y sí, en un momento determinado, creo que es posible que se lleven a cabo algunas reformas muy puntuales. El que sea al inicio de un gobierno tiene dos aristas, la primera qué es lo que quiere el gobierno, si tiene una visión de largo plazo; pero, si lo que quiere es una obra de corto plazo, iniciar un debate constituyente le va a restar energías para la realización de un programa político y social. Por último, en este momento no veo a los operadores que puedan llegar al consenso habida cuenta que el fujimorismo tiene 37 legisladores y, en consecuencia, todo proceso de reforma resultaría inviable.
De la Puente: Si se produjese, en qué clave debería ser una reforma.
García Toma: Reformar significa corregir las omisiones, vacíos e incoherencias del legislador constituyente y actualizar el texto que ya tuvo 27 reformas. En lo jurídico, no se puede modificar la forma de Estado, de gobierno, el modelo económico, ni se puede afectar el contenido básico de los derechos fundamentales. No podemos dejar de ser un gobierno mixto, tampoco alterar las bases de una economía social de mercado.
Rosa Mavila: Voy a transmitir opiniones personales y no gubernamentales; en la bancada aún no hemos debatido el tema. En teoría constitucional ahora es más hegemónica la corriente neoconstitucionalista que aspira al ejercicio de los derechos constitucionales más que a una visión dogmática de los dispositivos. Entre los principios directrices entre la Carta del 79 y 93 casi no habría diferencias porque se trata de criterios rectores a largo plazo, pero lo que sí cambian son las reglamentaciones. La identidad de las leyes expresa la identidad de los pueblos. Por eso que un primer tema es que la Constitución no es un catecismo que no se puede tocar porque advierto que en algunos sectores del Congreso hay gente que pide que no se toque, sobre todo el régimen económico.
Carlos Castro: No hay entonces una renuncia al cambio.Mavila: Todas las reglas se pueden cambiar aunque otro tema es la ausencia de una teoría constitucional propia como país. El debate debiera ser cómo avanzar en un proceso de constitucionalización de la vida pública del país. El profesor Luis Prieto Sanchís decía que se debía respetar las constituciones hechas por los abuelos porque tenían estructura de sentido. Nuestra percepción no es en un corto plazo una Asamblea Constituyente; nuestra prioridad es la transformación con inclusión social y eso no necesariamente pasa por una reforma constitucional; en algunos casos, puede pasar por ella.
Fernán Altuve: Recojo de Rosa Mavila la idea de la Constitución de los abuelos. La Constitución norteamericana permitió la esclavitud y ahora tiene a un presidente de origen afroamericano y no se va a decir que porque fue una Constitución que permitió la esclavitud y fue firmada por Thomas Jefferson, que tenía esclavos, es una Constitución negativa. Al final de cuentas lo que ha importado es el contenido y de cómo lo que está en el texto ha sido interpretado en el tiempo. La Constitución del 93 tiene incorporado un cuerpo interpretativo emitido por el Tribunal Constitucional con sentencias que gustan y disgustan; no solo tiene estructura ósea sino que tiene musculatura interpretativa, y eso la hace mucho más difícil de modificar.
Hacer una nueva Constitución significa hacer tabú la raza en cierta manera y tener que ir a una nueva jurisprudencia, lo cual iría en detrimento del proceso interpretativo logrado. Estamos en un momento de incertidumbre constitucional que se debe despejar rápidamente.
De la Puente: Todo cambio genera incertidumbre.
Altuve: Creo que lo que se debe tener presente es si se va a ir al todo o a la parte para dar seguridad jurídica, tanto para el gobierno como para la economía. Lo digo por la situación internacional. El camino de la discusión y el momento fue el año 2001, Valentín Paniagua logró su victoria política porque utilizó el instrumento constitucional ,identificado como del régimen fujimorista, para acabar con el régimen fujimorista.
Víctor Andrés García Belaunde: Precisiones a lo que ha dicho Fernán. En Acción Popular creíamos que la Constitución de 1979 debía restituirse porque la del 1993 fue hecha para la reelección, porque la del 79 es 80% igual que a la del 93. Además, la del 79 tuvo una mejor redacción. La estructura de la del 79 es moderna y diferente a las anteriores, creó el Tribunal Constitucional, las garantías individuales, el Consejo Nacional de la Magistratura, dio estructura al JNE, hizo independiente al Ministerio Público, habló de economía social del mercado que lo puso Ernesto Alayza Grundy, un socialcristiano pero en eso liberal; él puso el término economía social de mercado. La derecha económica peruana está feliz con la Constitución actual, no quiere que se toque ,básicamente, la parte económica, no le importa el resto como la reelección y las instituciones. La discusión es el tema económico. El referéndum del 93 se aprobó con 3 millones 895 votos; dicen que el "sí" fue el 52,8% y el "no" 47,7%; fue con las justas. Pero esos 3 millones y pico es el 33% del universo de los que debían votar. Como decía Paniagua, hay que despejar la incertidumbre constitucional.
De la Puente: ¿Eso significa volver a la del 79?
García Belaunde: En Acción Popular creemos que se debe volver a esa Constitución, pero han pasado muchos años y volver sería complicado y habría una incertidumbre permanente. Hay que hacer reformas. Ahora, me llama la atención que los que quieren volver a la Constitución del 79 son los que no la firmaron. Treinta y tres no firmaron esta Constitución de economía social de mercado que se aplica ahora en Alemania; ellos decían que era liberal. La derecha saca unas cifras para defender esta Constitución, pero la Constitución de 1993 es la que mejor resultados tiene porque del año 1950 a 1969 el Perú creció 5,5% de promedio en 20 años y entre 1979 y 1992 solo se creció un punto. Pero Fujimori terminó con cero de crecimiento el año 2000. El crecimiento aumentó con Toledo a 5% de promedio y con García 7% de promedio. Con la del 1933 el Perú era igual a Chile.
Alberto Beingolea: Quiero reivindicar que Ernesto Alayza era socialcristiano y no liberal. No es este un momento constituyente; el tema se plantea por el debate político y después del discurso presidencial que ha puesto dudas. En cuanto a la reforma de la Constitución, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y lo dicho por el ministro Francisco Eguiguren, que nadie puede pretender que las constituciones sean inamovibles e intocables. Las constituciones no son eternas y la actual prevé las formas de modificación. Tenemos temas más importantes que la reforma de la Carta Magna. Sí dejo constancia de que en el PPC hemos considerado a la Constitución del 79 como una hija y nos sentimos orgullosos de lo que aportaron los pepecistas en acuerdo con gente del Apra y de izquierda. Participamos en el Congreso Constituyente Democrático (CCD) para luchar contra la dictadura desde ahí y después hicimos campaña por el no; Lourdes Flores hizo un dictamen en minoría. Dicho esto, sería una locura regresar a la Constitución del 79. En cuanto a cambios, no creo que sea momento de entrar al debate, lo será cuando tengamos una idea más clara del gobierno.
LOS CAMBIOS: MODELOS PARA ARMAR Y DESARMAR
Los expertos invitados por La República coinciden en que no hay nada intocable en un texto constitucional. No hay consenso, sin embargo, para abordar cambios económicos aunque sí algunos políticos. Apuestan por cJuan De la Puente: Por lo que se ha dicho, creo que se reflexiona bajo el criterio de que no hay momento constitucional, pero sí incertidumbre; al fin de cuentas, un problema que debe ser enfrentado. Rosa (Mavila) y Víctor (García Toma) dicen que el espacio de la reforma se ubica por el lado de derechos, aspectos económicos y algunos quehaceres estatales. Fernán (Altuve) ha sido preciso en señalar cambios políticos, sociales y económicos. No sé si podríamos avanzar en el qué.
Rosa Mavila: Lo que pienso es que el debate constitucional no es un tema taxativo sino de interpretación. Sobre la subsidiariedad, para algunos es un dogma y algo que no se puede tocar. Esto va contra la teoría constitucional, que aconseja una permanente mejora. El debate sobre la subsidiariedad no debe ser para cambiar el texto expreso sino para ver cómo opera. Algunos dicen que el Estado no debe intervenir para nada en la economía y ese argumento para mí es errado. La subsidiariedad puede ser un principio orientado a que los de abajo tengan acceso a los servicios básicos. No se puede interpretar la Constitución para proteger a los monopolios.
Víctor García Toma: Cuando se habla del momento constituyente se habla de un suerte de reclamos de los sectores que dieron batalla contra el CCD del 1993, porque no había razón para cambiar la Constitución. En el periodo fujimorista esa Constitución no existió, fue recurrentemente violentada. La Constitución de ahora, primero porque ha sufrido 27 reformas y tiene un centenar de jurisprudencias del TC. Entendamos que la Constitución del 93 no es la que defiende Martha Chávez, ese espíritu ha sido desgajado.
Carlos Castro: Y entonces, ¿cuál es la polémica económica?
García Toma: En el tema económico los puntos en controversia son tres: los contratos-ley, hay gente que está en contra, pero este gobierno se ha comprometido a respetarlos y tiene el derecho a no suscribir uno nuevo, eso está parcialmente resuelto y si no, se puede dictar una ley. Luego, la subsidiariedad: no estoy en contra de más Estado pero no de este que es corrupto e ineficaz. Lo tercero, es la igualdad de trato a la inversión privada nacional y extranjera, y me parece que está bien. Ahora, no creo que el debate solo debe ir por el Parlamento, debe ser más amplio porque el Parlamento hoy no representa en términos conceptuales la opinión de la ciudadanía porque no hay sistemas de partidos y la sociedad civil debe tener derecho a participar.
De la Puente: Tenemos dos modelos a la vista, grandes cambios, uno el político- económico y social y otro sobre derechos y quehaceres estatales y económicos. Víctor dice que se debe discutir el tema de contratos- ley, subsidiariedad, igualdad de trato a las inversiones nacionales y extranjeras.
Fernán Altuve: Tiene que haber una discusión abierta en todo. Tenemos que ver el tema de los monopolios que se han ido quedando en la agenda; tarde o temprano van a crear un problema y tienen que tener una regulación. Víctor (GT) tiene razón cuando dice que el Parlamento no puede ser el único espacio del debate. Puede haber Foro Constitucional donde participen representantes de partidos, Comisión de Justicia, los Colegios, el Acuerdo Nacional, entre otros. Hay que definir temas y ponernos un plazo, puede ser uno o dos años y una fórmula de modificaciones para fortalecer lo que se ha hecho en jurisprudencia y doctrina. Creo que en lo político es muy importante la bicameralidad, creo que hay un déficit de representación, por cantidad.
Mavila: Esta conversación nos lleva a la necesidad de un Centro de Estudios Constitucionales como el de otros países, donde se combinan propuestas del Poder Legislativo y del Ejecutivo; es el escenario donde se traza un debate de alto nivel que después son políticas gubernamentales. Sobre el voto preferencial, desde ojos de mujer digo que hemos llegado por ese voto, creemos que si se deroga se debería garantizar el sistema de alternancia para evitar la masculinización de la política. Nosotros sí creemos en la bicameralidad; el Senado es una cámara de alto nivel de debate y creo que hay que reivindicarla en ese sentido.
Víctor Andrés García Belaunde: Creo que acá el tema es económico porque la derecha anda preocupada por los cambios, y de alguna manera con las reformas políticas del Estado que no se han hecho. Es peligroso que el debate esté en la calle y no en las instituciones. Está mal que las instituciones estén de espaldas al debate de la calle. En cuanto al voto preferencial, es un tema de leyes más que del rango constitucional. La ventaja de la Constitución del 93 es que es una Constitución más reducida. Lo que haría sería una mixtura de las dos, con el Preámbulo del 79 y texto del 93. La Constitución de hoy ni siquiera tiene firma. El capítulo económico fue preparado con el borrador del Banco Mundial. En la del 93, el PPC le dio legitimidad, Ramírez del Villar criticó eso. Chirinos Soto dice que algunos quisieron cambiar la santidad del contrato-ley y dijo que Renovación y el PPC se negaron eso. Los contratos-ley no tenían por qué figurar en la Constitución porque es una camisa de fuerza que le da casi impunidad a los contratos que firma el Estado con funcionarios ineptos, corruptos o ignorantes; además, llevan addendas; estas deberían tener un sustento técnico. El contrato de LAP en el aeropuerto Jorge Chávez tiene 14 addendas y nadie dice nada. Con la Constitución del 79 se podía expropiar la banca, con las del 93 también, ¿Cuál es el problema? En el caso de los bienes públicos, la Constitución del 79 dice que los bienes públicos cuyo uso es de todos no son objeto de derecho privado. El Parque de los Próceres se ha alquilado por diez años y Collique se ha rematado, es que la Constitución del 93 dice que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico.
Alberto Beingolea: Nosotros, en el PPC, tenemos la práctica de estar en los debates constitucionales, a diferencia de Acción Popular que está desapareciendo de la historia constitucional de la República. No estuvo ni en la de 1979 ni en la del 93; nosotros estuvimos en la del 93 para dar la lucha. Insisto que no creo que sea momento para el debate.
Castro: ¿No hay una decisión de ir a una reforma en partes? Ustedes están proponiendo retornar al Senado.
Beingolea: Sí, yo creo que una Constitución puede ser permanentemente cambiada y modificada, pero otra cosa es que se tenga que hacer una gran reforma de la Constitución. Sí reconozco que lo estamos debatiendo. Nosotros tenemos dos proyectos; el primero es sobre la bicameralidad pero las reformas políticas no terminan ahí.
De la Puente: ¿Y la eliminación del voto obligatorio?
Beingolea: Es otra reforma que estamos planteando, pero quiero recoger lo que dice Rosa (Mavila), que si se elimina el voto preferencial se debe buscar otro mecanismo para dar un espacio al proceso democrático interno de los partidos. Tengo la impresión que no habría que hacer muchas modificaciones a la Constitución. No hay ninguna necesidad de meter la mano al capítulo económico.
García Toma: El proceso de reformas no parte de la voluntad de un Parlamento, de una célula o de presentar un proyecto. Lo primero que se debe hacer es presentar el tema y generar consenso; si no tenemos claro qué aspectos de la reforma vamos a plantear podemos incurrir en que la señora Constitución se parezca a Jennifer López. pero que con los parches termine como una Laura Bozzo. ambios que sean fruto de un debate nacional.
LOS PLAZOS, el modelo de reforma y el foro constitucional
Los participantes en el debate se afirman en la idea de avanzar en la reforma constitucional desde lo posible, que parece ser la parte política y la reinstalación del Senado, en referencia a la estructura del Estado. Quedan matices sobre el papel de la sociedad en el debate, aunque formalmente todos aceptan que los cambios no pueden discutirse en las cuatro paredes del Parlamento.
Juan De la Puente: Estamos entrando en una discusión, a propósito de la intervención de Víctor (GT), que es el modus operandi. Fernán (Altuve) ha dicho que un periodo de reformas no debería exceder el plazo de dos años, más o menos. Y Víctor (GT) dice que no es suficiente que lo haga una bancada.
Fernán Altuve: Creo en un Foro Constitucional, no es una reforma cerrada. Tiene que ser un espacio en el que participen personas de gobierno, del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, el Congreso.
Carlos Castro: ¿Una comisión al estilo de lo que hizo Paniagua?
Altuve: Ni lo que hizo Paniagua ni lo que hizo Pease, una desde el Ejecutivo y otra desde el Legislativo quedaron muy reducidas. Tiene que ser un foro abierto a la prensa, tienen que participar todas las instituciones que tengan algo que decir y los actores económicos de gremios y empresarios. Ese Foro Constitucional tiene que tener un plazo preciso y distinguir lo que tratará, es una instancia. Los partidos tienen que estar ahí.
Víctor Andrés García Belaunde: He presentado algunos proyectos de ley a la Comisión de Constitución, a los que se han opuesto algunos congresistas del PPC, Javier Bedoya y Raúl Castro, como el del voto voluntario. Dije "hagámoslo para las elecciones municipales y se sentirá que la gente no participa para elegir a su alcalde". Se podía empezar a ensayar el voto voluntario en las municipales. En el voto preferencial creemos que se debe mantener para la cámara baja porque los representantes son de las regiones y hay contacto directo. En el Senado debe permanecer el voto cerrado, por lista, de tal manera que los partidos puedan mandar a sus mejores cuadros por la orden de méritos partidarios. Hoy tenemos un Senado que es Consejo de Ministros, que desaprueba todo lo que hace el Congreso. Hay más de 300 proyectos de ley observados. El Senado tiene que volverse a crear. También tienen que hacerse correcciones en la Constitución sobre los gobiernos locales donde hay distinción, en el Perú hay cinco niveles gobiernos: nacional, regional, provincial, distrital y consejos menores o centros poblados. Hay 2.200 gobiernos locales chicos, pequeños y medianos, más que el Brasil, Estados Unidos, Colombia, México, eso es inaceptable, es un caos. Lima tiene 49 autoridades y 49 pequeños parlamentitos que son los regidores. Eso es la ineficiencia total. El Callao es provincia y región a la vez, en el mismo perímetro. Eso hay que corregirlo.
De la Puente: ¿Y sobre el Foro Constitucional?
García Belaunde: Hay que hacer un pequeño proyecto; todo está hecho, Paniagua y Pease lo hicieron. El Senado se frustró por Valle Riestra, quien quiso el senado funcional, y los nacionalistas, que pusieron como condición la modificación del capítulo económico, cuando eran cuerdas separadas. Con los documentos existentes plantear un proyecto de mejor redacción con ambas constituciones y presentarlos al Congreso. Un paquete lo más conciso posible y coherente, con un preámbulo del 79, que se apruebe en la Comisión de Constitución y pase al Pleno para tratarlo de aprobar.
Rosa Mavila: Creo que el escenario de afuera debe ser parte del debate constitucional, con invitados como las universidades, historiadores, políticos. Este es un escenario del que saldrá un debate. Insisto en la gradualidad.
De la Puente: ¿Estarías de acuerdo con los dos años par evitar la incertidumbre constitucional?
Mavila: Dos años me parece razonable. Diría a través de un Foro Constitucional, pero con secretaría ejecutiva. Pienso en gente como Víctor García Toma, Marcial Rubio, Alberto Borea, con una visión sistémica. Hay un asunto que es la crisis de partidos, hay otro que tiene que ver con el fraccionamiento del régimen de partido que nos lleva a debatir, como democratizar las estructuras políticas, limitar el gasto en campañas públicas por un principio de igualdad. Creo que se debe apostar por recambio generacional y democratización. También estoy desacuerdo en que un señor minero financie campañas de congresistas; se deben poner límites en el régimen económico y la participación política. Sobre el Consejo Económico Social, no creo que se vaya a disolver el Acuerdo Nacional; apunta a un espacio de debate sobre el proyecto económico y de concertación. El Acuerdo tiene una dinámica para todos los aspectos.
Alberto Beingolea: Sí creo que se quieren tumbar el Acuerdo Nacional. No estoy en contra del Consejo Económico y Social, pero debería subordinarse al Acuerdo Nacional. También creo en avanzar en el caso de los partidos.
De la Puente: Pero ese es un asunto de legislación infraconstitucional.
Beingolea: De acuerdo, pero me parece fundamental fortalecer los partidos políticos, por ejemplo cuando se dice con ligereza que la reforma constitucional no la puede ver el Congreso porque no es representativo. Es el órgano por excelencia, de la representación. Si a veinte días de ser elegidos, los propios legisladores me dicen que no son representativos, entonces está todo de cabeza.
De la Puente: Sí, pero por dónde empezar…
Beingolea: No creo para nada esto de reivindicar la Constitución del 79. No podemos permanentemente llorar al pasado, tampoco creo que deba hacerse una Asamblea Constituyente o una comisión especial que trabaje a dos años o un año. Si hay un punto concreto a debatir, hagámoslo.
Rosa Mavila: La alternativa de un Foro Constitucional me parece adecuada.
Alberto Beingolea: Hagamos los foros que quieran, vamos a gastar mucho en hacer grandes debates. Desde que tengo uso de razón en el país estamos acostumbrados a hacer foros, debates, simposios, gastamos un montón de plata, todos hablan y al final no se hace nada. ¿Por dónde empezar? Nosotros hemos planteado dos proyectos, si los nacionalistas tienen sus propuestas, que las hagan, pero sin dobles discursos o con una cosa grande para meter lo que quieren meter.
Víctor García Toma: Está claro que el camino de la reforma pasa por el Congreso, pero no es el Congreso el ente que pueda generar los consensos; estos deben generarse desde abajo y desde afuera porque fruto de colapso de partidos políticos hoy tenemos todo tipo de partidos. Ese sistema de partidos no tiene legitimidad ante la ciudadanía aunque formalmente tiene que canalizarse la reforma por ahí.
Beingolea: Como discurso me parece lindo, pero cómo sé cuál es la voluntad de la ciudadanía si el Congreso es producto de la ciudadanía, de un proceso de hace dos meses. ¿Llamamos a los millones de peruanos a una plaza pública para que nos digan qué quieren?
García Toma: Por el momento te digo una cosa: si no escucho a Lourdes Flores no estoy escuchando al PPC.
Beingolea: Pero mira, lo dice un constitucionalista; para ver la deformación que tenemos los peruanos. Lourdes Flores va a ser presidenta del PPC hasta noviembre. Si lo dice una persona de este nivel estoy aterrorizado.
Fernán Altuve: Alberto, estamos hablando de dos cosas: del principio que tú defiendes y todos entendemos y Víctor habla de la real politik, de la política de lo real. Hay una representación parlamentaria que representa a la Nación, el punto es vamos a las encuestas, vamos a la percepción de la calle. Pasa que el Parlamento necesita un complemento de consenso social para llegar a esos acuerdos, y obviamente el paso de la formalidad es el debate de ustedes, que tiene una función que no es sustituible. Una vez que reciban el consenso de la sociedad, ustedes tomarán un acuerdo y aprobarán o no.
García Toma: El canal que decide es el Parlamento, pero esa decisión tiene que darse sobre la base de un consenso en el que intervengan los partidos políticos, la Iglesia Católica, la Confiep, la CGTP, sin eso no hay reforma.
Mavila: Creo que uno de los errores fundamentales del Congreso es que solo se ve por televisión el debate de las leyes, pero no el proceso de gestación. En una visión democrática hay un debate nacional de leyes fundamentales, para mí eso tiene que ver con los regímenes político y económico. El tema es cómo los sectores cívicos participan en el debate constitucional. El debate previo se debe canalizar para luego tomar decisiones en el Congreso.
García Belaunde: Cómo y cuándo hacerlo; insisto, ha habido tres alternativas en el pasado reciente. Una, declarar la nulidad de la del 93 y se vuelva a la del 79, la otra es una reforma de la Constitución del 93 en dos legislaturas, lo que se ha hecho en 27 oportunidades, y la otra es que se haga un referéndum. Que una Comisión redacte a base de las dos constituciones con algunas pequeñas modificaciones y se someta a referéndum si el Congreso no quiere actuar, pero yo creo que el Congreso debe actuar, es el mecanismo normal. Que el Ejecutivo haga suyo este proyecto de modificación, lo más escueto posible, y que lo plantee como un proyecto para discutirlo y se evite la incertidumbre constitucional.
De la Puente: Alberto, ¿estás de acuerdo que se debata en la sociedad?
Beingolea: Este ya es un debate y así como este puede haber diez mil debates más en todos los foros posibles, pero se tiene que tener en cuenta que el Congreso es el lugar para hacer los cambios, tiene que tener el protagonismo.
Las 27 reformas constitucionales
Desde que fue promulgada en el año 1993, la actual Constitución ha tenido 27 reformas. Entre las más importantes se pueden mencionar la eliminación de la reelección inmediata, el voto a los militares y la reforma del capítulo sobre la descentralización.
Las primeras modificaciones que se hicieron a la Constitución del 93 fueron sobre la Acción de Amparo y Hábeas Data, en junio de 1995, pues afectaban ciertos derechos ciudadanos.
Con la llegada al poder de Valentín Paniagua ,en el 2000, se hizo uno de los cambios más importantes: eliminar la reelección inmediata, consagrada en el artículo 112, de la que se valió el hoy condenado Alberto Fujimori para postular por tercera vez.
Las siguientes modificaciones y precisiones se fueron dando en el transcurso de los años, aunque la mayoría se implementó en el 2002 y 2005. Por ejemplo, en el Capítulo II, De los derechos sociales y económicos, se agregó un párrafo en el artículo 11: "La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado".
Asimismo, en al artículo 31 (Capítulo III, De los derechos públicos y los deberes) se agregó que "Para el ejercicio de este derecho (el voto) se requiere estar inscrito en el registro correspondiente". Además, se precisó que "La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana".
Otra variación importante en ese capítulo fue la concesión del derecho a voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Luego en el Capítulo IV, Del régimen tributario y presupuestal, se le otorgó a los gobiernos regionales la facultad de "crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley". Asimismo, en el artículo 77, se precisó que el canon que deben recibir las regiones será sobre el total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado.
En el artículo 87 se corrigió a la Superintendencia de Banca y Seguros por Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Respecto a la estructura del Estado, el cambio más importante ha sido elevar el número de congresistas de 120 a 130 (artículo 90), cuatro para Lima Provincias y los otros seis para departamentos de menor representación.
Asimismo, en el artículo 107 (De la formación y promulgación de las leyes), se señala que los gobiernos regionales tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.
Otros cambios importantes se dieron sobre los presidentes regionales, pues se indica que, para postular a presidente de la República, vicepresidente, congresista o alcalde, estos deben renunciar al cargo seis meses antes de la elección. El mismo plazo se establece para los alcaldes que quieren postular a los cargos mencionados, además del de presidente regional.
El capítulo que ha sufrido mayor cambio es el de Descentralización, las Regiones y las Municipalidades ,que consta de doce artículos, entre el 188 y 199. En él se modificaron normas para precisar el proceso de descentralización en cuanto al ordenamiento territorial, competencias y la transferencia de recursos, así como el manejo de su presupuesto. La redacción de este capítulo se considera muy avanzada, debido a que define el proceso de descentralización como una política permanente, por etapas y progresiva.
Allí se señala, a través del artículo 188º que dice: " La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales".
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