Noticia, Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera - 14/02/2014 11:05:32
"Un caso de criminalización de la protesta ganado: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa mineraPor Janelle J. Rocca Galarza (*)
Lo que leerá es una historia surrealista.
Primero: una empresa minera decide meterse a realizar actividad minera en un territorio de unas comunidades campesinas, a pesar de no contar con licencia social y no haber realizado la consulta previa con las comunidades campesinas dueñas del territorio donde pretende explorar.
Segundo: la comunidad decide denunciar ante las autoridades del Estado que esta empresa minera se ha metido a su propiedad sin permiso, sin resultados concretos.
Tercero: cansados de la indiferencia del Estado, las comunidades deciden defender su territorio, contra la intrusión de esta empresa, y son increíblemente procesados penalmente por el sistema de justicia.
En resumen, es como si el delincuente que se ha metido a la fuerza a tu casa sin permiso, te denuncia por sacarlo a la fuerza, luego que ninguna autoridad ha cumplido con defenderte. A continuación un caso real que acaba de ocurrir en Huancavelica:
El distrito de Secclla, ubicado en la provincia de Angaraes, región Huanvelica, se encuentra conformado por las comunidades campesinas de Secclla, Allarpo , Chillama, Atuna , Quihuay, Ccochatay, Eccana, Maray, Quispicancha, Pucamaray, Antamachay, Rupasccahuasi, Tranca, Huaraccopata.
Al igual que todo pueblo de nuestra región andina, los habitantes de Secclla se dedican a la agricultura y ganadería; siendo hereditarios de paisajes serranos inolvidables y donde se encuentran las nacientes de muchos ríos de la zona. Así tenemos, que en el paraje de Pampamali se ubican las cabeceras de cuenca de los ríos Atuna y Sicra, el primero, alimenta a las zonas bajas del distrito de Secclla, mientras que el segundo, al distrito de Lircay.
Pero al igual que todos los distritos de nuestra serranía peruana, el de Secclla no es ajeno a la problemática de conflictividad social que aqueja al país en la actualidad, dado que gran parte de su territorio se encuentra concesionado para la explotación minera.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus reportes mensuales de conflictos sociales, ha registrado que en este distrito existe un conflicto social permanente desde el año 2007, no obstante, el origen del mismo, se remonta allá por el año 2002, en que la Compañía Minera Pampamali S.A. (COMIPSA), inicia sus operaciones de exploración y explotación en el paraje Pampamali -que como ya hemos mencionado- el cual es zona de las nacientes de los ríos Sicra y Atuna.
Ahora bien, como es común en todos los casos de otorgamiento de concesiones mineras y de autorizaciones para el inicio de actividades de exploración y explotación por parte del Estado peruano dentro de los territorios de las comunidades campesinas, existe una vulneración permanente del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como el derecho al territorio, a la libre autodeterminación, entre otros; situación que ha desembocado actualmente en una creciente ola de conflictos sociales a nivel nacional, siendo los más frecuentes los de tipo socioambientales ligados con la industria minera.
Dentro de este contexto, se enmarca la problemática de conflictividad social suscitada entre las diferentes comunidades campesinas del sur de la provincia de Angaraes ,en especial, del distrito de Secclla- contra COMIPSA durante los días 06 al 24 de noviembre de 2007, fechas en las que deciden realizar varias jornadas de manifestaciones pacíficas en los alrededores de las instalaciones del campamento minero, a efectos de exigirle a ésta el retiro definitivo de sus territorios comunales y el cese de sus operaciones por no cumplir con las normas ambientales y mineras, además de haber vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Las jornadas de protestas que se desarrollaron durante cerca a un mes en el paraje de Pampamali, donde se generaron actos de violencia contra la población por parte de los trabajadores de la empresa (1), concluyeron con el retiro de las instalaciones del campamento minero de COMIPSA, en vista que se determinó la realización de sus actividades mineras de manera ilegal e irregular.
No obstante, a pesar que COMIPSA inició y desarrolló sus operaciones mineras vulnerando diversos derechos fundamentales de las comunidades campesinas de la zona, además de haber transgredido el ordenamiento jurídico (2) y haber generado un clima de conflictividad social, la referida empresa decide denunciar penalmente a varios pobladores, entre ellos, dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, denuncia que es formalizada contra 16 de ellos por parte de la Fiscalía Mixta de Angaraes, a cargo del Dr. Henry Mamani Valdivia.
Las investigaciones, a nivel preliminar y judicial, se llevaron a cabo por más de 04 años, concluyéndose con un dictamen acusatorio y una requisitoria oral condenatoria por parte de la Fiscalía de Huancavelica, a cargo del Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez, de los 16 procesados por los delitos de secuestro, robo agravado, coacción, entre otros y solicitando penas excesivas y desproporcionales de hasta 35 años de cárcel para varios de los acusados.
Sobre el particular, es necesario destacar que al momento de efectuar su requisitoria oral, el representante del Ministerio Público de Huancavelica desconoció e ignoró totalmente el contexto político y social por el cual se desarrollaron los hechos de los días 06 al 24 de noviembre de 2007 y que fueron materia del referido proceso penal, así como no tomó en cuenta la práctica y el uso recurrente, como forma de amedrentamiento, del aparato punitivo por parte de COMIPSA contra los dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, que desde más de 11 años han venido exigiendo a esta empresa el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto de sus derechos fundamentales.
El juicio oral duró como cerca de 06 meses, concluyendo este miércoles 05 de febrero con la absolución total de los 14 procesados (3), dado que la Sala Penal de Huancavelica no logró encontrar suficientes medios probatorios que pudieran enervar el principio de inocencia de los acusados.
Sin embargo, consideramos que el Poder Judicial de Huancavelica perdió una importante oportunidad para pronunciarse y sentar una valiosa jurisprudencia , como en su momento lo hiciera la Sala Penal de Iquitos en el famoso caso Andoas- sobre uno más de los casos de criminalización de la protesta social que se ponen en evidencia en un contexto de conflictividad social que atraviesa el país. Lastimosamente, esta Sala Penal , al igual que el Ministerio Público- intentó abstraer y desvincular el caso de su real contexto político y social, y lo analizó como si fuera un mero caso delincuencial cotidiano.
El conflicto en la zona aún sigue latente y COMIPSA continúa haciendo uso del aparato punitivo para perseguir a los dirigentes, líderes y autoridades del distrito de Secclla. La justicia Huancavelicana todavía tiene la oportunidad de tocar los orígenes de este conflicto y lograr encaminarlo por el sendero respectivo.
(*) Abogada de los 14 procesados y miembro de la Asociación Civil "Colectivo por la Madre Tierra , COMTERRA".
Fuente: JusticiaViva
Notas
Producto de los actos de violencia, hubieron dos heridos, uno de ellos de gravedad que posteriormente le generó la muerte. Los responsables han sido sancionados por el delito de homicidio culposo, en la actualidad, se encuentran libres.
Es importante destacar que COMIPSA inicia sus operaciones en el 2002 sin contar con la certificación ambiental respectiva. Para el 2007 no contaba con la autorización, otorgada por la ANA. para el uso de aguas superficiales ni la de vertimientos de aguas residuales tratadas; además no tenía la autorización por parte de las comunidades para el uso del terreno superficial.
Los procesados César Cuadros Roiro y Carlos Candiotti Valenzuela, fallecieron en el transcurso en que se desarrolló la investigación judicial.
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Que opina usted? Llegó la justicia - 11/02/2014 10:40:59
"Decía el genial escritor francés Albert Camus que si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Esto, felizmente, no ha ocurrido en el proceso legal que tuvo como protagonistas a dos hermanos y cuyo escenario del esperado desenlace fue la calurosa ciudad de Tarapoto.El pasado 5 de febrero, en la sentencia leída por el presidente de la Sala Penal Liquidadora de Tarapoto, el Dr. Santiago Moreno Pitta, declaró absuelto a Miguel Ángel Rodríguez del Castillo, acusado por su hermano por ser cómplice del delito de Robo Agravado.
Fue, se espera, el punto final de un proceso penal que duró más de tres años y que, por su naturaleza, acaparó toda la atención de nuestros compatriotas de esa zona del país.
Miguel Ángel y Víctor Hugo Rodríguez del Castillo son empresarios navieros fluviales cuyas fortunas en tierras, embarcaciones, ganado y camiones de transporte bordean los 25 millones de soles.
La tirria de Víctor Hugo contra su hermano Miguel Ángel obedece a su soterrada intención de apropiarse de los bienes que los dos tenían en común.
Para lograr su vil objetivo, Víctor Hugo estaba dispuesto a usar las armas que fueran necesarias con tal de encerrar a su hermano en la cárcel y así tener el camino libre para ser el dueño y señor de todo lo que antes los dos compartían.
El enigma de las dos llaves. JUEZ JUSTO se interesó en este caso por una cuestión de justicia pues desde el inicio de las audiencias y después de investigar a fondo cómo sucedieron los hechos en la escena del delito -que motivó la denuncia y posterior investigación preparatoria y acusación fiscal hasta llegar al juicio oral- era evidente que en este asunto había gato encerrado.
No cabe duda de que ulteriormente, cuando alguien se tenga que referir al meollo de este caso, podrá sintetizarlo con la frase "el enigma de las dos llaves", pues todo el montaje de esta historia truculenta de asalto, robo e intento de asesinato se viene abajo con la presencia de dos inocentes llaves (una de marca Claus, la otra de marca Forte).
Según la denuncia fiscal, Miguel Ángel Rodríguez, como cómplice secundario, entregó esas llaves a un par de delincuentes (al procesado Hugo Tuanama Torres y a un tal Selman Flores Racho, éste último no habido)
Para que les facilitara el ingreso a la casa de su hermano Víctor Hugo ubicada en la calle Elena Pardo N° 112- Yurimaguas, con el objetivo de "blanquearlo" (asesinarlo), jerigonza que utiliza la delincuencia de esos lugares.
El único que sindicaba a Miguel Ángel como el sujeto que les dio las llaves para ingresar a la casa de su hermano era su coacusado, el delincuente Hugo Tuanama Torres, quien se fugó de la cárcel de Yurimaguas pagando la suma de S/. 3,500 soles a uno de sus carceleros y fue recapturado el 3 de junio de 2011 para luego ser acusado como autor del delito de robo agravado.
Tuanama Torres confesó de mutuo propio su delito, en una actitud poco usual en un delincuente de quien sólo se sabía que había fugado de prisión.
Más sospechoso fue el hecho de que Tuanama contaba con dos abogados, ambos llevados desde Lima.
Nadie sabe, hasta ahora, cómo hacía un vulgar delincuente como Tuanama para pagar los honorarios de ambos letrados, que gratis no trabajan, por cierto.
Y eso sin contar los gastos de ambos abogados por concepto de viáticos. Los letrados que se hace mención son Harold Espinoza Delgado (CAL 23171) y Elizabeth Albina Espinoza Chávez (CAL 39377).
Foto: Difusión.
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Información: Exigen subsanar vacíos legales ante cibercrimen - 29/08/2013 11:12:54
"La cibercriminalidad va en aumento. Así, un aspecto relevante pawra este diagnóstico es el incremento de la clonación de tarjetas con transferencia fraudulenta durante los últimos años.De ahí que resulta necesario el inmediato debate y, de ser posible, la aprobación del proyecto de ley de represión de la ciberdelincuencia, presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
En opinión del experto y miembro del Estudio Torres y Torres Lara Abogados, Alonso Morales Acosta, de prosperar la iniciativa presentada con el respaldo de la Asociación de Bancos (Asbanc) nuestro país se pondría a tono con las demás naciones en este tratamiento normativo.
Planteamiento
Aunque lo fundamental, dijo, es que permitirá subsanar importantes vacíos legales para sancionar con severidad la incidencia de estos ilícitos. Entre ellos, citó la clonación de tarjetas de crédito o de débito, que pese a su alta incidencia a la fecha no está tipificada.
Tampoco existen penas para los implicados en delitos informáticos como el phishing, que se basa en la clonación fraudulenta de los sitios web bancarios y generar sistemas informáticos fraudulentos, todo ello para acceder a las cuentas y sustraer el dinero.
"Lo más importante del proyecto es que ya no se sancionaría solamente el tener acceso a los sistemas informáticos y lograr perjudicar al cliente mediante la sustracción de fondos sino también el mero hecho de acceder a la información sin autorización como una especie de delito de peligro", afirmó el especialista.
Por tanto, agregó, se pretende evitar que las personas traten de acceder a los datos de terceros indebidamente, lo cual constituye un vacío legal en el tratamiento de la represión de la cibercriminalidad que se está tratando de subsanar.
Según esta iniciativa, se sancionaría con pena de cárcel no menor de uno ni mayor de cuatro años y con 30 a 90 días multa a quien acceda sin autorización a todo o parte de un sistema informático siempre que se realice vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Igual sanción se impondría al que lo haga excediendo lo autorizado. Por tanto, se pretende penalizar el acceso ilícito a esos sistemas e incorporar el art. 208 -A al Código Penal como parte del Título V-A Delitos contra los datos y sistemas informáticos.
En general, la propuesta recoge delitos informáticos que constituyen reinterpretaciones teleológicas o modificaciones de tipos penales existentes.
Más tipificación penal
El proyecto de ley de represión de la cibercriminalidad plantea la tipificación penal de conductas como el acceso ilícito a un sistema informático, los atentados a la integridad de datos o sistemas informáticos, los abusos de dispositivos o mecanismos informáticos y su interceptación indebida.
En estos casos, los bienes jurídicos que se pretende proteger y cuya lesión o puesta en peligro se busca sancionar son los sistemas y datos informáticos, pues debido al avance de las tecnologías de la información, dichos bienes tienen importancia para el desarrollo de la persona y la comunidad.
Diario El Peruano (29/08/2013)
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Noticia, Cuestionan que Gobierno no tenga política de seguridad ni fortalezca a la PNP - 04/06/2013 16:38:50
" Ideeleradio.- En los últimos años no ha habido una política de seguridad en el Perú ni en América Latina, sostuvo el exministro del Interior, Gino Costa Santolalla, tras considerar que el gran reto del Gobierno debe ser fortalecer el papel de la Policía Nacional del Perú (PNP)."Esta es la gran paradoja del Perú y de América Latina, una década de exitoso crecimiento económico, mejoras sociales significativas y resultados muy malos en seguridad ¿La respuesta cuál es? Que los problemas de seguridad requieren una respuesta en el plano de la seguridad. Es decir, una política de seguridad exitosa, no basta crecer, no basta retribuir, no basta tener buenas políticas sociales, necesitas tener una buena política de seguridad y eso es lo que no hemos tenido en América Latina ni en el Perú en los últimos años" declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"El gran desafío que tiene el Perú es el fortalecimiento institucional en general, específicamente en la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y Sistema Penitenciario, ¿Dónde está la pata más coja? Yo creo que está en la Policía, casi no tenemos policía hoy día, algunas cuantas unidades especializadas y punto, no hay una policía con presencia nacional que expresa autoridad, que mantiene orden y que previene el delito", acotó.
Tasa más alta de victimización y percepción de inseguridad
Costa Santolalla explicó, en ese sentido, que de acuerdo al barómetro de las Américas y el Latinobarómetro, el Perú es el país con la más alta tasa de victimización y percepción de inseguridad del hemisferio occidental.
"Hay dos encuestas internacionales que se hacen, el barómetro de las Américas que incluye todo América del Norte, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, es la encuesta más completa y después está el Latinobarómetro que es solo América Latina y lo interesante es que ambas encuestas no solo en el último año, sino a lo largo de los últimos años el Perú aparece entre los países con más alta victimización", declaró.
"Es decir, somos el país donde el mayor número de gente manifiesta haber sido víctima de un delito, esa es la victimización. Delito de todo tipo, no necesariamente tienen que ser delitos muy graves o hechos de sangre, simplemente objeto de un delito, en ese indicador nosotros seguimos encabezando el ranking hace varios años y lo seguimos encabezando hoy día en toda América Latina y a nivel del continente americano, ambas encuestas coinciden en que tenemos las victimizaciones más altas en los puestos uno, dos, y tres a lo largo de los últimos años", declaró.
El actual director de la ONG Ciudad Nuestra puntualizó, del mismo modo, que estas cifras ponen a nuestro país como el peor en índice de victimización y percepción de inseguridad de todo el continente americano.
"Entonces, quienes ven esas cifras dirán que la percepción es el doble de la inseguridad, pero no puedes comparar, porque son dos indicadores distintos que miden cosas diferentes. Entonces, la forma de establecer si hay una diferencia entre realidad y percepción en el tema criminal y delincuencial en el Perú, es ver cómo estamos en ambos indicadores en América Latina y en el hemisferio occidental y como te digo en ambos casos, en el barómetro de las Américas y el Latinobarómetro estamos encabezando la tabla. Es decir, somos el país con peor victimización y el país con peor percepción de inseguridad", declaró.
Nivel de percepción es también alto
Finalmente, puntualizó que hay distintas formas de medir el alto nivel de victimización y de percepción de inseguridad. Detalló, del mismo modo, el porqué de los niveles de percepción son el doble de lo que se registra en la realidad.
"En la pregunta, "¿ha sido víctima en el último año de un delito?", nosotros encabezamos el ranking con la peor victimización; es decir, la más alta. Y cuando se pregunta ¿cómo se siente usted en relación a la delincuencia? o ¿cómo se siente usted frente a la posibilidad de ser víctima de un delito? Que son distintas formas de medir percepción de inseguridad, también aparecemos en el primer lugar", refirió.
"Lo que ocurre es que la victimización normalmente arroja una tasa en los últimos años en el Perú del 40%, pero cuando tú preguntas, ¿cómo te sientes frente a la posibilidad de ser víctima de un delito?, la tasa de victimización es casi el doble, puede estar entre 70%. y 80%., ¿por qué?, porque todos aquellos que se sienten muy inseguros frente a la posibilidad de ser víctima de un delito, configuran lo que es el índice de percepción de inseguridad", concluyó.
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Que opina usted? Maldonado: Conmutaciones de penas a narcos exige una investigación seria del MP - 05/04/2013 15:52:25
"Ideeleradio.- Los indultos y las conmutaciones de penas otorgados por el expresidente Alan García a condenados por el delito de narcotráfico deben ser investigados de manera muy seria por el Ministerio Público, consideró el exprocurador Antonio Maldonado."Estos indultos como los que pretendió hacer [Alan García] con [José Enrique] Crousillat, como los otros indultos [a narcotraficantes] que deben ser materia de investigación que beneficiaron a grupos de la delincuencia y criminalidad organizada vinculados al tráfico de drogas, que es un delito de persecución internacional y muy grave, pues amerita y exigen de parte del Ministerio Público una investigación muy seria", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
El exprocurador apuntó que llama a la sospecha las explicaciones realizadas en torno al tema por parte del ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, y del ex titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, Facundo Chingel.
"Llama la atención la explicación que dio el entonces ministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias. Esto llama a sospecha, uno sostenía que solo firmaba lo que le ponían frente a él y el otro no sabía dar una explicación coherente ante la entrevista con preguntas muy básicas de una periodista. Todo esto llama a sospecha y, lamentablemente, es muy probable que esto haya ocurrido, pero esto debe ser investigado en el nivel que corresponde, lo cual sería grave", afirmó.
En este contexto, sostuvo que el Estado de Derecho y la democracia en el país todavía dista mucho de estar fortalecida. Estimó que existen desafíos en materia de lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
"Hay delitos de tortura y maltrato policial, casos de corrupción en el Poder Judicial y el Estado de Derecho no ha acabado de ser reivindicado en su totalidad", opinó.
No puede vivir en la esquizofrenia
Por otro lado, consideró que es grave que todavía siga vigente la Constitución del 93 y señaló que el Congreso de la República debería ser el primer preocupado en tomar una posición en el tema. Dijo que el país no puede vivir en la "esquizofrenia" de un marco institucional derivado de un golpe de Estado.
"Yo creo que este tema en algún momento hay que enfrentarlo. Simplemente el país no puede vivir llamémoslo de manera metafórica, en la esquizofrenia de un marco institucional que fue propio o derivado de un golpe de estado y a la vez proponerse fortalecer el Estado de Derecho y los valores democráticos ", aseveró.
"Un hecho muy grave es que todavía sigue vigente la Constitución del 93, eso me parece una contradicción fundamental. Creo que el Congreso de la República debería ser el primer preocupado en tomar una posición frente a este tema. Este es un tema de fondo y es totalmente inconsistente. Lo del indulto y de la revocatoria demuestra que hay problema muy serio con la Constitución vigente", concluyó.
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Información: Jiménez plantea pacto nacional por la seguridad ciudadana - 02/03/2013 14:34:16
" El jefe de Gabinete, Juan Jiménez, destacó la conveniencia de establecer un pacto o agenda nacional por la seguridad ciudadana, y precisó que el Gobierno envió al Congreso un total de 18 proyectos de ley para combatir la delincuencia.Tras desestimar una versión periodística según la cual solo se habían presentado dos proyectos, precisó del total de iniciativas presentadas dos se han convertido en ley.
En declaraciones a RPP, precisó que la intención es trabajar "todos juntos" en este tema y recordó que el pasado martes acudió al Parlamento para reunirse con su presidente, Víctor Isla, y comunicarle la disponibilidad del Ejecutivo en la solución de este problema.
"He ofrecido al Congreso toda la ayuda y asistencia técnica (…) para poder desarrollar una agenda nacional en materia de seguridad ciudadana, hemos quedado con el presidente del Parlamento para hacer esto de manera conjunta, me parece una gran iniciativa de hacer una agenda nacional, un pacto nacional en materia de seguridad ciudadana", manifestó.
Refirió que además del proyecto de ley contra el crimen organizado, también se presentaron iniciativas para la interoperabilidad de las agencias de control penal y la restricción de beneficios penitenciarios a delincuentes.
Asimismo, recordó el proyecto para la modificación de las acciones de amparo para evitar la reincorporación de malos policías, la reforma para que delincuentes juveniles pasen a centros penitenciarios de adultos, así como la ley de invasiones.
De igual modo, precisó que se está buscando las modificaciones del delito de usurpación y de la ley de violencia familiar, la expulsión de extranjeros comentan delitos en el Perú, el cumplimiento de penas para aquellos que no pagan reparación civil y el ingreso de la policía a las universidades en caso de flagrancia.
Por último, consideró que se debe evaluar el tema de la sumatoria de penas para delincuentes y dijo que se está restringiendo los beneficios penitenciarios en algunos casos.
Andina
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