Interesante, El premier y sus ¿manos limpias? - 04/03/2014 14:57:59
"René Cornejo Díaz, quien acaba de juramentar como nuevo primer ministro del "Gabinete Nadine", es un viejo conocido en la administración pública, a la que ha pertenecido desde 1993 cuando, durante la gestión de Alberto Fujimori, integró el comité de privatización de Electrolima.El flamante premier tiene, faltaba más, algunos "tapaditos". Conózcalos en esta nota.
Luego de integrar el Comité Especial de Privatización (CEPRI), que vendió en nombre del Estado Peruano la empresa Electrolima, el hoy premier continuó trabajando para la dictadura de Fujimori en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Primero bajo las órdenes de Jorge Camet y luego con Víctor Joy Way, Efraín Goldemberg y Carlos Boloña en la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) de ese ministerio.
El año 2000, al derrumbarse el gobierno de Fujimori, Cornejo pasó al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y se quedó allí hasta el 2002, año en el que se le nombra Secretario Ejecutivo del Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda-MIVIVIENDA- de donde sale el 2004 para integrarse a las filas de PROINVERSION
Hasta que una crítica del entonces presidente García Pérez lo obligó a renunciar.
Como todo astuto funcionario, René Cornejo, que había estudiado Ingeniería Eléctrica, logró reciclarse y volvió a la administración pública con el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, quien contra todo pronóstico designó a Cornejo como ministro de Vivienda, pese a que el hoy primer ministro representaba la privatización de las empresas del Estado que Cosito tanto repudiaba.
Su trayectoria privada. Al salir de la administración pública, René Cornejo fundó su propia empresa a la que llamó pomposamente Corporación Helio S.A., que según su página web tiene como misión "contribuir al crecimiento de sus clientes, brindándoles servicios de asesoría, consultoría y generación de negocios".
Es decir, toda la experiencia que adquirió en la administración pública la volcaría a favor de los particulares que lo buscaran para hacer negocios, utilizando, según las malas lenguas, información privilegiada que había obtenido en PROINVERSION, entidad que sabemos se dedica a buscar inversiones en el Perú y te indica los sectores en donde es mejor hacerlo.
Corporación Helio S.A. nos hace referencia a una gran cartera de clientes muchos de los cuales se sienten atraídos por ser una entidad integrada por personas que tienen la experiencia de haber sido consultores en PROINVERSION y en particular porque el director ejecutivo de esa institución es el factótum de Corporación Helio S.A.
Aunque no es un delito crear una empresa para brindar asesorías a privados para invertir en el país, sí es un dilema ético que conociendo lo que otros no conocen, obtengas clientes.
Pero ¿qué ocurre cuando a Cornejo lo nombran ministro de Vivienda y ahora premier? Las empresas privadas asesoradas por Corporación Helio S.A. desarrollan sus iniciativas privadas y las presentan a PROINVERSION para que esta declare de interés dichas iniciativas.
En el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el jefe de proyectos emite su opinión favorable y se inicia el proceso de convocatoria a Concurso Público.
Corporación Helio S.A. realiza el seguimiento del proceso a nombre de sus clientes inversores y brinda la asesoría para obtener el proyecto con el Estado Peruano, el mismo que está a cargo de PROINVERSION.
Quien hace las observaciones pertinentes, evalúa y finalmente otorga la buena pro, lo que significa que la empresa ganadora le paga sus honorarios de éxito a Corporación Helio S.A., quien distribuye sus utilidades entre sus accionistas (Cornejo incluido).
Rostros conocidos. Desde que Cornejo asumió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, muchos de los funcionarios de la Corporación Helio S.A. han pasado a integrar entidades del Estado y, en algunos casos, sin dejar de participar en esa empresa.
Por ejemplo, Ana Inés Reátegui Vela quien aparece como socia fundadora de la Corporación Helio S.A. junto con René Helbert Cornejo Díaz (el premier) la encontramos también como presidenta del directorio de Electro Oriente, cargo para el que ha tenido que ser nombrada por el Gobierno, que integra precisamente su socio fundador.
Incluso, Reátegui Vela en algunos documentos figura como la gerente general de Corporación Helios S.A.
No obstante, ese no es el primer cargo que ha ocupado Reátegui Vela en el aparato estatal.
La socia de Cornejo también ha trabajado en MIVIVIENDA (2001- 2002), precisamente en la misma época en que trabajaba también en ese organismo René Cornejo.
Lo mismo ocurrió, y ya no parece casualidad, en PROINVERSION, donde en el 2004 ocupó el cargo de gerente de Promoción y Apoyo al Inversionista Privado 2004.
Adivinen quién estaba en ese mismo organismo público. Sí, René Cornejo Díaz.
La cosa no queda allí, pues mucho más personal de la Corporación Helio S.A. están estratégicamente ubicados en entidades tales como Sedapal, Banco de Materiales, Electro Oriente, Electro Ucayali y Ministerio de Vivienda.
Todo esto sucedió cuando Cornejo tenía a su cargo la cartera de Vivienda.
En el sector saneamiento, los funcionarios que estuvieron a cargo de los procesos de concesión de Sedapal fueron Eduardo Escobal Mc Evoy como jefe de Proyectos de Saneamiento y Rossina Manché Mantero, quien también ocupó en PROINVERSION.
El mismo cargo que Escobal, quien luego pasó a ser consultor y gerente general de Corporación Helios S.A sin dejar de ser también asesor del ministro.
René Cornejo como ministro de Vivienda era director de PROINVERSION y FONAFE, lo que significaba que tenía bajo su control las empresas del Estado que tienen procesos de concesión en marcha y a futuro.
Todo queda en familia. Por si fuera poco, es preciso señalar que la esposa del flamante primer ministro también ha pertenecido a la burocracia estatal: la abogada Araceli Rita Basurco Neumann fue secretaria general del Ministerio de Justicia en el último tramo de la gestión aprista.
En ese sentido hay un dato inquietante, pues durante el tiempo que Basurco Neumann estuvo en esa dependencia pública, la gerente de Corporación Helio S.A. Ana Reátegui consignó en su CV que fue "asesora financiera en el servicio de asesor de transacción en el proceso de la primera concesión en el Perú de un establecimiento penitenciario incluyendo la promoción entre potenciales inversionistas (setiembre 2009-noviembre 2010)".
También coincidió con la cónyuge del premier Cornejo en el Ministerio de Justicia la Dra. Mary Ramos Barrientos, quien ocupa hoy el cargo de secretaria general de la Superintendencia de Bienes Estatales, pero que viene a ser en la práctica la jefa de esa importante entidad del Estado.
¿La habrá recomendado a su esposo para que la nombre al corresponderle precisamente al ministro de Vivienda la designación de esos funcionarios?
Habrá mucha atención en la gestión de este nuevo primer ministro (el quinto de la administración Humala).
Se espera que haga bien su trabajo y, además, que no chuponee a los funcionarios cuando aparezcan informaciones comprometedoras.
Foto: Difusión.
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Que opina? Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú - 21/01/2014 12:26:13
"Human Rights Watch (HRW) presentó hoy en Berlín su Informe Mundial sobre Derechos Humanos y en la presentación de Sao Paulo hizo hincapié sobre los problemas que afrontan los países de América Latina y sus desafíos para 2014.La edición latinoamericana analiza los países de la región, entre los que figura nuestro país. A continuación el capítulo referente a Perú.
Human Rights Watch
Informe Mundial 2014: Perú
En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal.
A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados.
Muertes durante protestas
Según datos obtenidos hasta septiembre de 2013, un total de 27 civiles habían muerto durante protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011. La cantidad de muertos por armas de fuego en estos sucesos se redujo de 18 en los primeros ocho meses de 2012 a tres en el mismo período de 2013. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un organismo gubernamental creado en agosto de 2012, ha impulsado iniciativas de diálogo para fomentar la resolución pacífica de conflictos sociales que provocan protestas. No obstante, sólo se ha avanzado moderadamente en la determinación de las circunstancias en las cuales se produjeron las muertes y el juzgamiento de policías o militares que aplicaron la fuerza en forma ilegítima.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y 2000. Muchas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, mientras que otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En 2009, el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y varios miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones forzadas. En junio de 2013, el Presidente Humala rechazó un pedido presentado por familiares de Fujimori para que se le conceda el indulto presidencial por motivos de salud. Según trascendió en los medios, una Comisión de Gracias Presidenciales había determinado que Fujimori no sufría una enfermedad terminal o degenerativa ni trastornos psicológicos graves.
La investigación judicial en otras causas ha sufrido extensas demoras y permitido tan sólo unas pocas condenas. En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había implementado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2013, de los 194 casos que supervisaba, 113 habían sido cerrados o se encontraban en las primeras etapas de investigación, y solamente en 32 se había dictado sentencia.
En junio de 2013, el Tribunal Constitucional determinó que una masacre ocurrida en 1986 en la cárcel El Frontón durante el primer gobierno del ex Presidente Alan García, y en la cual perdieron la vida al menos 130 internos, estaba sujeta a prescripción debido a que no constituía un delito de lesa humanidad. La opinión del tribunal desconoció una sentencia dictada en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en la cual se ordenó que Perú investigara estos sucesos y juzgara a los responsables. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional que modificara la sentencia en razón de que la mayoría de los jueces había desestimado el argumento de los reclamantes sobre inconstitucionalidad del proceso en el caso El Frontón, y no se había solicitado al tribunal que estableciera si los delitos constituían crímenes de lesa humanidad. Hasta octubre de 2013, el tribunal no se había pronunciado.
Jurisdicción militar
Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo resueltos por tribunales militares. El Decreto Legislativo N.° 1095, adoptado en 2010 por el gobierno del Presidente García, permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse de abusos contra civiles a miembros de esta fuerza que intervinieron en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado insistentemente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos en la región. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.
Tortura
La tortura representa un problema crónico. Un tercio de las 144 víctimas cuyos casos han sido monitoreados en la última década por la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) murieron o sufrieron incapacidad física permanente debido a torturas, en su mayoría cometidas presuntamente por policías.
Libertad de expresión
En agosto de 2012, en respuesta a la progresiva presencia pública de un grupo reducido que exige la amnistía de presos de Sendero Luminoso, el Presidente Humala presentó un proyecto legislativo que arremete contra la libertad de expresión al tipificar el "negacionismo" de delitos cometidos por organizaciones terroristas. El proyecto, tras las modificaciones en el Congreso, establecería penas de prisión de entre 6 y 12 años a quienes "nieguen" tales delitos o la participación de personas en ellos, cuando exista una sentencia definitiva que establezca tal participación. Establece como condición que la expresión tenga la "finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Cuando la negación se realice a través de medios sociales o tecnologías de la información, la pena se incrementaría hasta 15 años. Hasta octubre de 2013, el proyecto aún no había recibido aprobación definitiva en el Congreso.
Los periodistas siguen estando expuestos a la imposición de penas de prisión en suspenso y multas por difamación. Por ejemplo, en mayo de 2013, un juez en Huaraz, Ancash, aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso al periodista Alcides Peñaranda, director de la revista Integración, por haber difamado al presidente regional de Ancash, César Álvarez, y dispuso que debía pagar una indemnización. Esta acusación estuvo vinculada con un artículo de Integración en el cual se indicaba que existía corrupción en el gobierno regional y se hacía referencia a un artículo publicado en una revista de Lima por César Hildebrandt, un renombrado periodista de investigación. Álvarez demandó por separado a Hildebrandt y a su colega Melissa Pérez. Un tribunal de Lima los absolvió, invocando una sentencia de la Corte Suprema que asignaba a las personalidades públicas una mayor carga de la prueba en casos de difamación en los cuales estuviera afectado un interés público.
Aún está siendo analizado en el Congreso un proyecto que reemplazaría las penas de prisión para el delito de difamación por multas y tareas comunitarias. Si bien el Congreso aprobó el proyecto en julio de 2011, el Presidente García objetó algunas disposiciones y la versión reformada nunca se aprobó.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre. No obstante, el país carece de protocolos claros que permitan a proveedores de salud determinar en qué circunstancias concretas resultaría lícito el aborto. Numerosos organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Perú a adoptar estos protocolos y a legalizar el aborto en casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Al momento de elaboración de este informe, el gobierno no había cumplido las recomendaciones.
Derechos de discapacidad
El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente "incapaces" y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción o tutela judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Perú, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al país "eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad" y "redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura". También instó a Perú a adoptar legislación que prohíba la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, a permitir el aborto en casos de violación sexual y a adoptar "rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico".
En septiembre de 2013, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó 26 cárceles y dependencias policiales en distintas regiones de Perú. Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. El vicepresidente del subcomité expresó su expectativa de que a fines de 2013 Perú hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura y el maltrato con fondos suficientes para que funcionara adecuadamente.
En tanto miembro relativamente reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha tenido un rol positivo en la votación de diversas resoluciones destinadas a abordar violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Bielorrusia e Irán. No obstante, Perú adoptó una medida regresiva al determinar que ya no patrocinará resoluciones sobre países individuales en la ONU.
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Informe Mundial 2014 , versión completa
Capítulo Perú
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Es Noticia, "El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas como sujeto de derechos" - 29/11/2013 17:17:32
"En diálogo Estado-sociedad civil se reflexionó sobre Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad, dirigiéndose a representantes de la sociedad civil. (Foto: Servindi)
Por Servindi
"El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas sino de comunidades" afirmó la viceministra de Interculturalidad Patricia Balbuena, en un desayuno de trabajo con asociaciones de la sociedad civil, realizado el jueves 28 de noviembre.
El Estado peruano nunca ha tomado decisiones pensando en el sujeto de derechos "pueblo indígena". Por tal motivo, nunca ha recolectado información específica pensando en el sujeto "pueblos indígenas" sino solo como comunidades.
Cuando el Estado empiece a hablar del sujeto pueblo indígena lograremos uno de los avances más importantes y este es uno de los desafíos del próximo censo que organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), agregó Balbuena.
La funcionaria reconoció que los espacios de diálogo son los mejores para disentir pero también para llegar a acuerdos. Y estos son aún más necesarios ahora que se cuenta con una dirección de Pueblos Indígenas que necesita trabajar con otros sectores y la sociedad civil.
Al respecto anunció que el sector Cultura viene analizando la creación de dos espacios de trabajo dedicados a los pueblos indígenas: una comisión sectorial y otra comisión multisectorial de carácter permanente, que haga seguimiento al cumlimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sobre el tema institucional Balbuena planteó como un asunto de fondo definir qué es lo que necesitamos como Estado para atender a los pueblos indígenas y cómo se reflejaría esto en la estructura del Estado peruano.
Informe Alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH. Clic a la imagen para acceder a la publicación en PDF.
Respecto al proceso de consulta previa Balbuena reconoció que se trata de un asunto muy complejo, que plantea enormes desafíos y cambios en la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Existe una pregunta de fondo: ¿Tiene el Estado la capacidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? Se trata de un desafío enorme y complejo que requiere mucho tiempo y tenemos que esforzanos por acelerar estos procesos.
Por ejemplo, destacó, el enfoque intercultural no es algo que se aprende en un par de capacitaciones. Por esta razón, tenemos que superar desconfianzas y fortalecer capacidades en ambas partes, en referencia al sector público y la sociedad civil.
La ley de consulta previa y su reglamento no son suficientes para los procesos de consulta. El problema es cómo hacer la consulta y falta un desarrollo normativo administrativo, sentenció.
Expectativas de la sociedad civil organizada
El desayuno de trabajo fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y al mismo acudieron funcionarios de Cultura, Educación, Justicia y Energía y Minas, entre otros.
La finalidad fue presentar y dialogar en torno al informe alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH y que es enviado a la Comisión de Expertos de la OIT a fin de contribuir a evaluar el cumplimiento de dicho convenio.
Javier Jahncke expuso las limitaciones del marco legal del proceso de consulta previa normativas e hizo especial hincapié en la guía y deficiencias de la guía metodológica de consulta que restringe el reconocimiento a los pueblos imponiendo los requisitos de lengua y territorio.
Representantes del Ejecutivo. (Foto: Servindi)
Jahncke, representante de la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), expresó su preocupación por que la modalidad desconcentrada de los procesos de consulta están a cargo de las mismas instancias públicas que promueven las medidas a ser consultadas.
Ello no brinda garantías de imparcialidad y transparencia, especialmente en lo que concierne al sector Energía y Minas.
A ello se aúna que las consulta se programan después de haberse aprobado los estudios de impacto ambiental (EIA); y existen mecanismos de participación ciudadana que se sobreponen y desvirtúan los procesos de consulta previa, que tienen una naturaleza jurídica distinta.
Jahcke y Miguel Jugo, refirieron asimismo cómo voceros del gobierno se refieren al derecho a la consulta previa como una "traba" para el desarrollo, a pesar que fue la primera medida legal del gobierno a raíz de un fuerte compromiso político surgido por los sucesos de Bagua.
Criminalización en debate
Mar Perez, de la CNDDHH, explicó la coerción del Estado mediante el uso abusivo de la fuerza y que ha ocasionado 29 civiles fallecidos en el periodo del actual gobierno de Ollanta Humala.
El 86 por ciento de los fallecidos fue por proyectil de arma de fuego, el 10 por ciento menores de edad y el 45 por ciento son indígenas o en protesta relacionada a derechos de los pueblos indígenas, precisó Mar.
A ello se suman los procesos infundados, las denuncias preventivas, los mandatos de detención, el uso injustificado de la autoría mediata, los traslados arbitrarios de jurisdicción y los múltiples procesos por los mismos hechos.
Destacó el caso injusto, inhumano e ilegal de tres indígenas privados de libertad desde el año 2009 por los sucesos de Bagua para los cuales solicitó libertad inmediata o arresto en su propia comunidad.
Mar Pérez, de la CNDDHH. (Foto: Servindi)
José Coloma, representante del Poder Judicial, calificó de exagerada el calificativo de "criminalización" de la protesta social porque según su criterio no existe una política deliberada de criminalización, aunque admitió que las situaciones anómales se repiten en otros procesos y constituyen un lastre a superar.
David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) reafirmó la situación de criminalización y brindó ejemplos como la instrumentalización del derecho, las campañas para demoler honras y la afectación a la vida e integridad personal.
Brindó ejemplos concretos, como los trescientos procesados en torno al proyecto Conga y una cantidad mucho mayor en el caso del proyecto Río Blanco, en Piura.
Institucionalidad y participación
Iris Olivera, de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), enfatizó en la diferencia entre participación ciudadana y el derecho a la participación de los pueblos indígenas que es un derecho distinto y que no se ha desarrollado en el país.
De acuerdo al Convenio 169 de la OIT se trata de asegurar el derecho a participar en la toma de decisiones.
Sobre la institucionalidad pública para pueblos indígenas sostuvo que ésta se ha venido debilitando cada vez más y actualmente existe un candado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
Recordó que existen compromisos de una mesa de trabajo y existe la demanda de las organizaciones indígenas porque se cree un Ministerio de Pueblos Indígenas.
Estado y sociedad civil en diálogo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. (Foto: Servindi)
Avances en justicia intercultural
Jaime Escobedo, asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de interculturalidad, enfatizó que el Estado peruano no tiene vocación de litigio con los pueblos indígenas.
Hay una hoja de ruta de trabajo en el Poder Judicial sobre el tema de interculturalidad y un proceso muy activo y dinámico con las organizaciones indígenas, una de cuyas expresiones es el proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, aprobado por la Comisión de Pueblos del Congreso y que será sometida a un proceso de consulta pre legislativa.
Finalmente, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, sostuvo que la construcción y afirmación social de un sujeto indígena es un reto para todos y especialmente para quienes estan formados de una manera tradicional.
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Es Noticia, Minjus evalúa reabrir registro de víctimas para reparaciones económicas - 27/08/2013 16:54:09
" Ideeleradio.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) está evaluando y coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la posibilidad de reabrir el Registro Único de Víctimas para el proceso de reparaciones económicas individuales, informó José Ávila, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.Fue al ser consultado sobre los avances del Gobierno a favor de las víctimas de la violencia política, a propósito del décimo aniversario de la entrega final del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que se presentó el 28 de agosto del 2003.
"[¿Es un registro cerrado? ¿Cuál es la posición del Gobierno?] Según la norma, según el marco legal del Plan Integral de Reparaciones al 31 de diciembre de 2011 se cierra el registro, pero solo para efectos del reconocimiento de reparaciones económicas. Hoy cualquier comunidad puede presentar su inscripción al registro y está abierto para reparaciones colectivas, simbólicas", explicó al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[Para] todo ese tema de reparaciones [colectivas] el registro sí está abierto, para lo único que se ha cerrado es para las reparaciones económicas. En este momento, en el Gobierno estamos evaluando, estamos en conversación con el Ministerio de Economía, estamos haciendo las consultas para evaluar si se mantiene cerrado o si podemos reabrirlo en el ámbito de las reparaciones económicas individuales. Es decir no es un asunto cerrado absolutamente", explicó.
Indicó que tanto el Minjus y el MEF están realizando los cálculos necesarios para evitar anuncios irresponsables ante las víctimas de la violencia política. Aseguró que la vocación institucional del Ejecutivo es que el registro de reparaciones se mantenga abierto, porque seguramente irán apareciendo más víctimas.
"Este Gobierno ha mostrado mucha responsabilidad en el manejo presupuestal, pero también hay que ver el impacto presupuestal que puede tener esto de mantener abierto el registro para efectos de las reparaciones económicas. Hay mucha vocación de diálogo al interior del Gobierno, entonces se evaluará y se adoptará la mejor decisión", agregó.
Gobierno reconoció a 182 mil personas como víctimas
Asimismo, señaló que el Gobierno reconoció a 182 mil personas como víctimas de la violencia política. Precisó que de este grupo, más de 100 mil víctimas recibieron una certificación del Estado que los acredita como tal.
"En cuanto al Consejo de Reparaciones, la opinión pública debe valorar el gran esfuerzo de viajes a nivel nacional para hacer todo este proceso de identificación y reconocimiento de las víctimas; ha abarcado casi todo el territorio nacional"", mencionó.
""Y el segundo logro es que acabamos de publicar en el Diario Oficial El Peruano una relación de 182 mil nombres que el Estado en el marco de un reconocimiento simbólico los ha reconocido como víctimas. De estas 182 mil personas, más de 100 mil se les ha entregado su certificado que les acredita como víctimas y falta un poco más del 40% entregarles el certificado", acotó.
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Que opina? A diez años de la CVR: "No puede haber reconciliación sin justicia ni reparación" - 20/08/2013 18:23:26
"La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a la prensa a un desayuno de trabajo con miras al 28 de agosto, fecha en que se cumplen diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Participaron como expositores Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Sofía Macher, ex-comisionada, Eduardo Cáceres, filósofo y ex-director de Aprodeh y Gloria Cano, directora de Aprodeh.Sofía Macher: "La gran deuda de la post CVR son los desaparecidos"
En opinión de Sofía Macher, el conflicto evidenció grandes brechas en la sociedad peruana, lo que implicó un gran reto de reformas institucionales para el Estado. Macher indicó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación planteó 85 recomendaciones, de las cuales se tienen avances a nivel de normas, pero serios problemas en la implementación; asimismo, se han dado también normas en una dirección opuesta, lo que ha generado una contradicción interna. No obstante, la ex comisionada indicó que el balance es satisfactorio en un 60%.
En materia de Defensa
La ex comisionada afirmó que se ha logrado separar las competencias de los policías y militares, que antes no se tenía claro, que se enseña derechos humanos en las escuelas militares y policiales, que se logró desmontar las leyes dadas por el régimen autoritario de Fujimori, y que se logró cambiar de estrategia en el VRAEM. Sin embargo, también afirmo que se está permitiendo la intervención en zonas de emergencia en casos de conflictividad social, lo que garantiza la impunidad de las afectaciones a los derechos humanos.
Inclusión: justicia y reparación
Para Macher es un avance la creación, dentro del Ministerio de Justicia, del Viceministerio de Derechos Humanos, pero todavía no se ve, en la práctica, su funcionamiento transformador. En cuanto a las reparaciones, la ex comisionada opinó que si no se cambia el enfoque del Consejo Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que se ha convertido en una traba burocrática, no se va a poder reparar, y que en la actualidad es inaceptable que unos reciban 30 mil y otros 10 mil en materia de reparaciones.
El gran pendiente de los desaparecidos
Sobre los desaparecidos, Sofía Macher sentenció que hay una gran deuda pendiente a 10 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Macher indicó que las exhumaciones solo son un paso en el proceso de búsqueda de desaparecidos, y que si no se crea una oficina para buscar desaparecidos, esto no se va a resolver.
Conclusión
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