Información: 03 de abril: Marcha por la vida, la paz y la seguridad ciudadana - 31/03/2014 18:10:57
" Una persona sale a trabajar. Mediante su esfuerzo logra mantenerse así mismo y a su familia. Pero en su centro de trabajo una mafia extorsiona a trabajadores y empleadores. Personas con armas le obligan a pagar cupos mientras los delincuentes cobran semanalmente sin trabajar.El Sindicato trata de defender a los trabajadores. Trata de que se respete lo que manda la legislación laboral. Entonces, las mafias asesinan a los dirigentes sindicales.
Es una historia repetida, que ya tiene más de una década entre nosotros. Las mafias son más numerosas y buscan extender su control a cada vez más actividades económicas. Empiezan en las obras de construcción pero luego amenazan a comerciantes, restaurantes, negocios. La ciudadanía ve crecer la incertidumbre y la inseguridad.
Durante un buen tiempo, este problema era visto como algo extraño, ajeno, un problema en las obras de construcción y nada más. Pero el número de víctimas, el incremento de los costos de las obras de construcción por efecto de repetidas extorsiones, las demoras en las mismas obras y la inseguridad generalizada nos han obligado a entender que se trata de un problema común, una amenaza general.
La FTCCP ha logrado articular un amplio frente de organizaciones civiles preocupadas por los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Este 03 de abril, movidos por la defensa de la vida, la paz y la seguridad ciudadana decenas de miles de trabajadores y ciudadanos van a movilizarse en Lima y casi todas las capitales de región. Desde los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, hasta los partidos políticos pasando por las organizaciones de derechos humanos van a movilizarse en todo el país. No se trata de una marcha sindical en sentido estricto. Es algo más. Es una manifestación realmente cívica y democrática, para demostrarle a las mafias que los trabajadores de la construcción no están solos. Que Los sindicatos son un baluarte de ciudadanía que no puede ser avasallado por dichas mafias.
La violencia en las obras de construcción tiene como objetivo destruir a las organizaciones realmente sindicales. a los representantes de los trabajadores que si defienden los derechos laborales- Son más de una decena de dirigentes sindicales que han sido asesinados en todo el país.
El gobierno ha hecho a la fecha poco o nada por defender a los trabajadores y ciudadanos de las acciones de las mafias. Hay muchas declaraciones y gestos altisonantes, pero pocos resultados. Los grupos delictivos que constituyen seudo sindicatos -con la indiferencia de muchos funcionarios en el Ministerio de trabajo- para extorsionar a las empresas constructoras no pueden ser derrotados con operativos policiales de corto plazo. Se requiere de una paciente labor de investigación, inteligencia, seguimiento y captura de los cabecillas de estas mafias. Asimismo, no basta detenerlos si el mPoder Judicial no logra elaborar un caso sólido, que los procese de manera eficaz logrando que los culpables cumplan sus condenas en prisión.
Es una labor complicada que implica una fuerte voluntad política. Por eso es tan importante la movilización de este jueves 03 de abril. Los ciudadanos vamos a expresar ante el gobierno y el resto de la opinión pública la necesidad de construir dicha voluntad política. Se trata precisamente de articular en una sola preocupación, los diferentes problemas y niveles de inseguridad que en casi todos los ordenes de la vida social, venimos enfrentando.
Para los sindicalistas es vital apoyar y participar de la movilización del 03 de abril. Muchas de las víctimas son activistas y dirigentes sindicales. Pero esta marcha es también para todos los ciudadanos, hombres y mujeres, trabajadores, empresarios, estudiantes, obreros, empleados y todas las personas que enfrentan día a día la acción impune de la delincuencia organizada.
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Que opina usted? Agenda de DDHH trasciende polémica designación de Martha Chávez - 15/11/2013 14:37:51
" PRONUNCIAMIENTOAgenda de DDHH trasciende polémica designación de Martha Chávez
A partir del debate ocurrido en torno a la designación de Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, así como la posterior desactivación de dicho grupo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala lo siguiente:
1. El tema de derechos humanos sufre una gran desatención por parte del gobierno central y de las principales instituciones estatales, al punto de haberse permitido que sectores completamente opuestos a la defensa de los derechos humanos se hayan encontrado cerca de ocupar lugares desde donde bloquear iniciativas, así como impedir que el Estado peruano cumpla sus compromisos nacionales e internacionales en esta materia.
2. Que esta situación debe considerarse como un llamado de atención en primer lugar al Ejecutivo, ya que hay importantes normas que ya deberían estar rigiendo, como el Plan Nacional de Derechos Humanos, o la modificación del DS 051,MIJUS,2011 para el proceso de reparaciones a las víctimas de la violencia.
3. Que el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es hasta el momento bastante precario, luego de 10 años de haberse emitido dicho informe, tal como lo reconoce el Informe Defensorial de la Defensoría del Pueblo[1]. Así, urge la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que responda al reclamo de los familiares de los más de 16 mil peruanos y peruanas desaparecidos, cuya búsqueda de justicia y de verdad supera ya en muchos casos los 30 años.
4. Del mismo modo, sigue pendiente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Examen Periódico Universal (EPU) y las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, así como el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resaltamos, en esta línea, que tanto en el Congreso como en el Ejecutivo sigue pendiente la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y la adecuación de nuestro Código Penal al Estatuto de Roma.
5. Por último, la falta de procesos de consulta efectiva a los pueblos indígenas en el marco y total respeto del Convenio 169 de la OIT, sobre todo para los proyectos extractivos cuya área de influencia, ya sea directa o indirecta, alcanza sus territorios.
La agenda de derechos humanos es muy amplia y se necesita una voluntad política genuina para sacar adelante estos temas. Por ello, desde las 81 organizaciones que conforman la CNDDHH ratificamos nuestra decisión de continuar nuestro trabajo por la vigencia de los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas, y al mismo tiempo exigimos a las principales instituciones del Estado peruano el respeto irrestricto de los derechos humanos, como un elemento fundamental de la democracia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
[1] Ver: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/INFORME-DEFENSORIAL-162.pdf
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Interesante, Jorge Zabalza: "Mujica y sus secuaces tergiversan la historia reciente del pueblo uruguayo" - 12/11/2013 11:46:29
" Jorge Zabalza tiene una larga historia de rebeldía en el Uruguay. Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Su hermano, Ricardo Zabalza, también tupamaro, cayó en combate durante la ocupación de la localidad de Pando, el 8 de octubre de 1969.Actualmente, Zabalza es uno de los mayores críticos del gobierno de sus ex compañeros Mujica y Fernández Huidobro, a quienes endilga haberse olvidado de todo lo que fue el bagaje doctrinario de los Tupamaros de los 60-70. Recientemente, Zabalza junto a otros luchadores populares salieron en defensa de la jueza Mariana Motta, quien intentaba llevar adelante los juicios contra los militares genocidas. Por esa actitud, los jueces procesan a Zabalza y otros militantes, lo que ha despertado gran indignación en vastos sectores politizados de la sociedad uruguaya.
Esta semana se conocieron varias órdenes de detención contra conocidos militantes populares uruguayos, entre los que estás tú mismo, a quienes se los acusa de haber participado en una protesta por el traslado de la jueza Mariana Motta. ¿Podés explicar quiénes están detrás de esta insólita medida y cuáles son las verdaderas razones de la misma?
Es la Suprema corte de Justicia la responsable de nuestro procesamiento por el delito de asonada. La integran magistrados que fueron fiscales y jueces durante la dictadura y son responsables de haber sido omisos en investigar delitos de lesa humanidad y contribuir a ocultarlos, como, por ejemplo en el caso de la aparición de cadáveres en las playas del Río de la Plata.
¿Considerás esta decisión judicial, avalada por el propio gobierno, como parte de una escalada que busca criminalizar la protesta en todos los niveles?
El gobierno y el parlamento tendrían que haber dado su opinión públicamente sobre la in-justicia de estos procesamientos. Su silencio puede significar que se consiente este ataque a la libre manifestación de las ideas y las opiniones; lo mismo puede decirse de la tímida y vergonzante declaración de la Mesa Política del Frente Amplio. En cambio el movimiento popular se ha expresado con vehemencia en defensa del derecho social a protestar, tanto la central obrera como las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos. Se percibe que la criminalización de la protesta está siendo una de las formas principales de dominación en toda América Latina y que, durante este 2013, en Uruguay hubieron varios incidentes que demuestran una decisión de marchar por el mismo camino.
En varios artículos o entrevistas que te hicieron denuncias la apuesta a la impunidad que se hace desde distintos estamentos del gobierno de Mujica. ¿Esta decisión de no avanzar en el juicio y castigo a los culpables de la dictadura es parte de algún pacto anterior con los militares o sólo responde a una salida coyuntural del actual gobierno frenteamplista?
La tesis del equipo represivo de gobierno de Mujica (Fernández Huidobro, Bonomi y otros) es colonizar políticamente el aparato policíaco-militar para transformarlo en palanca del desarrollo nacional. Se esgrimen abundantes argumentos, aunque el principal sea el rol que cumplen las fuerzas armadas venezolanas a partir de la influencia que tuvo el compañero Hugo Chávez sobre ellas. Se obvian las diferencias históricas y coyunturales que nos diferencian de lo que ocurre en la Venezuela Bolivariana, del mismo modo simplista que, cuarenta años atrás, se obviaron las diferencias entre los militares uruguayos y lo que ocurría en el Perú con los militares que obedecían a Velazco Alvarado. A partir de semejante falacia, resulta obvio que se deben olvidar los crímenes de lesa humanidad y perdonar a sus autores, pues de otra manera sería imposible "penetrar" las duras entendederas de los gorilas criollos. Claro que, con dicha finalidad, Mujica y sus secuaces deben tergiversar la historia reciente del pueblo uruguayo y, en particular, la de la guerrilla tupamara. Es un acto esencialmente inmoral porque ellas estuvieron abonada con mucha sangre de torturados, violados, asesinados y desparecidos. La inmoralidad los está llevando por una senda de degradación que la gente va percibiendo cada día más.
Cada vez que desde organizaciones de familiares de desaparecidos u otros organismos de derechos humanos se plantea la necesidad de avanzar en el castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, algunos funcionarios del gobierno actual y el anterior se argumenta que el propio pueblo uruguayo votó en su momento la ley de caducidad o se apela a la necesidad de la ""reconciliación nacional"". ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
El último plebiscito que intentó anular la inconstitucional ley de impunidad, recogió más del 48% de los votos efectuados. De hecho es la voluntad política de casi la mitad de los ciudadanos uruguayos, aunque no se haya alcanzado el mínimo requerido para derogarla. El gobierno optó por desconocer el mensaje que emitió el segmento más avanzado del pueblo y se ha apoyado en las opiniones de la derecha más reaccionaria. Esta es la definición ideológica más clara de Mujica y los suyos.
¿Qué explicación racional encontrás para que Mujica, Fernández Huidobro, Bonomi, por nombrar a algunos de los hombres del actual gobierno, tiren por la borda toda su historia anterior de lucha en el MLNT, y hoy actúen con los mismos métodos represivos o con el desarrollo de similares políticas a los que en otras décadas utilizó la derecha uruguaya?
No hay ninguna explicación racional. Hay varias de carácter irracional.
No ignorarás que Mujica sigue contando con un alto nivel de apoyo interno y externo, incluso no pasa una semana sin que militantes de la izquierda latinoamericana o los propios gobiernos caracterizados como más de avanzada en el continente, lo reivindiquen como un dirigente excepcional ""por su discurso y su forma de vida"". ¿Qué le diría Jorge Zabalza, militante tupamaro, ex rehén de la dictadura y actualmente perseguido por la Justicia oficial, a quienes piensan así?
En Uruguay hay un millón de personas con ingresos menores a 14.000 pesos cuando la canasta básica anda cerca de los cincuenta mil pesos. Significa que no hubo una redistribución significativa del ingreso en diez años de gobierno frenteamplista, hecho que solamente se explica porque la política económica favorece el pago de los servicios de la Deuda y la acumulación de riqueza por las corporaciones transnacionales. El gobierno renegó de su pretendida definición "popular" y esa renuncia a los principios históricos del Frente Amplio marca su fracaso actual y el futuro desbarranque.
¿La posibilidad de una nueva presidencia de Tabaré Vázquez va a acentuar las actuales formas de gobierno, o se puede esperar algún cambio?
El propio futuro presidente del Uruguay ya lo dijo: "no habrá ningún viraje a la izquierda" y sostiene que favoreciendo el desarrollo del capitalismo se camina hacia el socialismo. Si ustedes no lo entienden, menos puedo entenderlo yo… pero la maquinaria electoral está marchando y la demagogia sigue siendo efectiva, al menos por el momento. De todas maneras uno siente gran confianza en las reservas subjetivas del pueblo uruguayo y esperamos su indignada reacción cuando la situación lo exija.
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Es Noticia, Minjus presentará proyecto de ley sobre búsqueda de personas desaparecidas - 27/08/2013 16:56:52
" Ideeleradio.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) presentará una propuesta legislativa para proponer una ley sobre búsquedas de personas desaparecidas, reveló José Ávila, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, tras comentar que hay voluntad política en el Ejecutivo para atender a las víctimas de la violencia política."Hemos tomado en cuenta las peticiones de la asociación [de víctimas] y el Ministerio de Justicia en este momento lo está evaluando, lo está estudiando, pero hay algo importante que quiero anunciar, porque el ministro [Daniel] Figallo es un convencido, considera que es un tema ético, estamos evaluando también una propuesta legislativa para proponer una ley sobre búsquedas de personas desaparecidas", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[¿Qué están planteando en torno a las personas desaparecidas?] El ministro de Justicia ha mostrado su preocupación por este tema y nos ha encargado hacer el estudio para una propuesta legislativa. En este momento, estamos elaborando un documento base y creo que lo más pronto posible vamos a llevar una iniciativa legislativa que tendría cinco aspectos importantes", precisó.
Un registro oficial y una base de datos
Detalló que la propuesta legislativa será para establecer y crear un registro oficial, formal, y de confianza de personas desaparecidas, y que se buscará establecer un banco de datos, de huella, de ADN, es decir, un banco genético.
Además, puntualizó que la iniciativa planteará un mejor sistema de coordinación y articulación al interior del Estado para ver cuáles son las entidades que tienen la responsabilidad de hacer un plan de búsqueda de personas desaparecidas. Mencionó que se busca darle una característica importante a la norma para que apunte a la obtención de los restos.
"Esta ley no quiere insistir en el tema procesal penal, no. Lo que queremos es buscar, encontrar, los restos para poder entregarlos a los familiares más allá de procesos penal. Esta ley es una exigencia ética en el Estado, tener una ley que establezca una política pública de búsqueda de personas y el ministro Figallo y mi persona estamos convencidos que tenemos que darle al país esta ley", declaró.
Regiones y empresarios deben apoyar política de reparaciones
En esa línea, invocó a las autoridades regionales, a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y al sector empresarial a apoyar el Plan Integral de Reparaciones (PIR) que promueve el Ejecutivo. Opinó que este tema involucra no solo al Gobierno, sino que a todos los sectores.
"Quiero destacar algo que también es importante. Yo creo que una política integral de reparaciones no solo es responsabilidad del gobierno nacional, sino de los gobiernos regionales, locales. Yo quiero alentar, instar, a todas las autoridades regionales a que se involucren en contribuir a la ejecución o hacer más eficaz esta política de reparaciones", demandó.
"También quiero invocar a los profesionales de la Defensoría del Pueblo a que ayuden a este proceso de implementación de hacer más eficaz este Plan Integral de Reparaciones. Evidentemente, también hay que comprometer al sector empresarial en la medida que se pueda porque esta política de reparaciones creo que nos involucra a todos", anotó.
Hay voluntad política para atender a víctimas
Asimismo, comunicó a las asociaciones de víctimas que en el Ejecutivo hay voluntad de diálogo y de atender a todas las personas. Sostuvo que el Gobierno aprecia mucho las sugerencias, las propuestas y las recomendaciones y que seguirán en este rumbo porque es un encargo del presidente de la República.
"En este gobierno, sí lo puedo decir, hay la convicción de que un proceso de reconciliación nacional pasa por una cada vez más eficaz implementación del Plan de Reparaciones. Hay voluntad política, tenemos un marco legal que hay que hacer algunas correcciones, ¿verdad? Se está trabajando con planes, agradecemos el informe del defensor del Pueblo, valoraremos sus recomendaciones, muchas de ellas ya las venimos estudiando y otras las tomaremos en cuenta, eso es lo bueno de vivir en democracia", concluyó.
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Noticia, Piden marco legal sobre desaparecidos y banco de datos genético para víctimas de la violencia - 27/05/2013 16:17:21
" Ideeleradio.- El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) plantea la implementación de un marco legal para la búsqueda de personas desaparecidas y un banco de datos genético que permita la identificación de las víctimas de la violencia, informó Gisela Ortiz, a directora de Operaciones de esa institución."Nosotros, como parte del Equipo Peruano de Antropología Forense, veníamos planteando de hace tres años atrás, todo este tema de las exhumaciones por razones humanitarias. Es por eso que planteábamos este tema del paraguas humanitario, estas exhumaciones y búsqueda de desaparecidos desde un marco legal, una ley de búsqueda de personas desaparecidas que impulse más el lado humanitario", indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Es decir, vamos encontrando a las víctimas, vamos identificándolas, restituyendo a su familia de manera paralela a lo que hace la justicia, no sobreponiendo una cosa sobre otra, sino pensando más en las miles de madres y padres ancianos que están muriendo y que con ellos muere gran parte de la información genética, que nunca vamos a tener para poder luego identificar a las víctimas", anotó.
Ortiz Perea remarcó que la única manera de intervenir antropológicamente y desde el punto de vista forense es a través de la justicia. Señaló que hay que realizar una denuncia y es el fiscal quien determina todo el proceso de intervención.
"También hay una carencia de información genética, no tenemos un banco de datos genético. Ya en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado Peruano la implementación de un banco de datos, de tal manera que más allá de la propia existencia de los familiares, sea un proceso que culmine con la identificación de las víctimas , y esto tampoco se está haciendo", aseveró.
Depende del Minjus implementar mecanismo
La directora de Operaciones de EPAF dijo, en ese sentido, que hay una falta de voluntad política desde el Gobierno para que se impulse un mecanismo conjunto con la sociedad civil y las organizaciones de familiares y víctimas. Subrayó que depende del Ministerio de Justicia que se pueda implementar este tipo de mecanismos.
"[¿De quién depende estos mecanismos?] Del Ministerio de Justicia que pueda implementar este mecanismo legal de búsqueda de las personas desaparecidas, además también cómo atendemos este proceso de la restitución, como parte de un derecho a la identidad de la propia víctima", puntualizó.
Nadie asume traslado de cuerpos y construcción de nichos
Por otro lado, señaló que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se encarga de entregar los ataúdes para un entierro digno a los familiares de las víctimas, pero lamentó que nadie asuma el traslado de los cuerpos ni la construcción de los nichos.
"Hace un mes estamos solicitando a la Municipalidad de Huancapi [Ayacucho] la construcción de 11 nichos para Huamanquiqui. En los próximos meses va a haber una restitución de cuerpos, y no hay donde enterrar a las víctimas. El familiar no puede preocuparse en movilizarse hasta la región Ayacucho, recuperar el cuerpo del familiar para luego llevarlo guardarlo a su casa. Hay que pensar en el problema de manera integral, con todas las aristas que tiene", subrayó.
"Otro tema es el acompañamiento psicosocial. Las víctimas vivimos con un trauma producto de esta experiencia dolorosa que nos es difícil manejar muchas veces. Hay personas que tienen problemas de ansiedad, depresión, esquizofrenia y no hay que acentuar mucho más ese daño, entonces hay que ver desde el Estado, desde el Ministerio de Salud cómo vamos acompañar este proceso, personal y calificado para que este reconocimiento de las víctimas sea el final de un ciclo doloroso y no una revictimización", acotó.
Hay 16 mil desaparecidos
Finalmente, informó que las estadísticas respecto a las personas desaparecidas se han ido incrementando y que, actualmente, existen 16 mil en esta condición. Recalcó que las cifras son el doble de lo que señaló la Comisión de la Verdad (CVR).
"El problema es grande, las estadísticas se han ido incrementando y, actualmente, estamos hablando de 16 mil desaparecidos. Son estadísticas del propio Ministerio Público y es el doble de lo que nos dijo la CVR en el año 2003. El problema es mucho mayor, hay que tener voluntad para llamar a todos los actores y ver de qué manera resolveremos este tema. Lamentablemente, hemos perdido muchísimo tiempo", concluyó
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Que opina usted? El Estado peruano esta obligado a cumplir el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas - 07/05/2013 10:44:03
"PRONUNCIAMIENTOEL ESTADO PERUANO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR EL DERECHO
A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Frente a la manera como el Poder Ejecutivo viene abordando la implementación de la consulta previa, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera necesario expresar lo siguiente:
En los últimos meses se han apreciado las contradicciones gubernamentales y las presiones de ciertos sectores empresariales vinculados a las actividades extractivas que han restado valor y significado a la consulta previa. A pesar de ello, se han aprobado algunas medidas como la creación del SENACE, la acreditación de traductores indígenas y la publicación de una controversial guía metodológica. Consideramos que estas acciones han sido insuficientes si no se encuadraban dentro de una política integral de gobierno que tenga la voluntad para implementar los procesos de consulta.
Ello no solo no ha ocurrido sino que hemos observado varias señales que revelarían la intención del gobierno de incumplir y desnaturalizar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Algunas de estas señales son:
1) la negativa gubernamental de discutir la solicitud de modificación de siete artículos de la Ley de Consulta Previa que las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas han planteado;
2) la aprobación de un reglamento de la Ley de Consulta Previa sin el acuerdo con las organizaciones indígenas nacionales, ni siquiera en aquellos aspectos en los que se llegó a un consenso en el mecanismo de consulta que se hizo;
3) la demora injustificada de la publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas;
4) la omisión gubernamental de promover el diseño de una Institucionalidad Estatal especializada que no sólo actúe de órgano rector en esta materia sino que influya en las demás instancias públicas para un adecuado respeto a los derechos de estos pueblos, entre estos la consulta previa;
5) los anuncios del Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Energía y Minas de "destrabar" catorce proyectos mineros en el área andina en los que no se efectuaría consulta previa;
6) las declaraciones del propio Presidente de la República quien de manera errónea e imprecisa afirmó que el derecho a la consulta solo lo tendrían las comunidades nativas amazónicas.
Ante ello consideramos urgente y necesario recordar que el Estado peruano tiene una clara y firme obligación internacional asumida desde 1995, a través del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos define como un principio jurídico internacional y por medio de sentencias vinculantes que los pueblos indígenas u originarios deben ser consultados cada vez que se quiera aprobar medidas legislativas o administrativas que los afecten, e incluso las situaciones en las que además se tendrá que obtener el consentimiento de estos.
Asimismo, debe considerarse que en el Perú existen pueblos y comunidades indígenas no sólo en la Amazonía sino también en zonas andinas y de costa. Por lo que más allá de la etiqueta jurídica que el Estado les asigne al denominarlas como comunidades indígenas, luego campesinas y nativas, rondas, u otras denominaciones, éstas tienen el derecho vigente, fundamentalmente en base a su autoidentificación.
La objeción para no aplicar un derecho fundamental porque retardan o alejan las inversiones es inválida, insuficiente y errada, pues solo con reglas claras y transparentes, basadas en el respeto al estado democrático de derecho, se podrán desarrollar actividades productivas sin los conflictos sociales, que conllevan pérdidas humanas y económicas.
Por todo lo expuesto consideramos imprescindible que el Estado (todos los sectores) asuma la disposición y voluntad política de convocar a las organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas para sostener un diálogo sincero, en el que se escuche sus demandas y se establezcan los mecanismos para su concreción, estableciendo canales adecuados de participación y consulta establecidos en el derecho internacional y nacional, para abordar temas esenciales de la agenda indígena como la institucionalidad pública, el derecho al territorio, la fiscalización ambiental, las evaluaciones ambientales estratégicas, entre otros.
Lima, 7 de mayo del 2013
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
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