domingo, 6 de abril de 2014

DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA y Los Chavinaudios

Interesante, 15 MIL DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA - 03/12/2013 13:39:07

" IMPUNIDAD Y COMPLIDAD ACTUAL. En Perú la discusión es interminable para saber la cantidad exacta de personas desaparecidas durante 20 años de conflicto armado (1980-2000). Esta discusión es entre cifras oficiales y el testimonio verídico de los familiares de las víctimas. Los gobiernos que han seguido después del 2000 cuando cayó el régimen de Fujimori han utilizado la coerción, el chantaje y todo el poder del Estado para ocultar los crímenes de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares.
El gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000), la administración de Alejandro Toledo (2001-juillet 2006), hasta llegar al gobierno de Alan García (2006-2011), y el actual régimen del militar Ollanta Humala, han protegido militares y civiles acusados de masacres, secuestros y desapariciones de personas acusadas de subversión.
Las cifras de desaparecidos Para la Conferencia Episcopal Peruana, entre 1980 y el 2000 las personas desaparecidas fueron 15 mil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe de 2003, registra 8 mil 558 personas desaparecidos durante el conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, duplica esta cifra y en octubre del 2011, señala que los desaparecidos en Perú suman 16 mil. Esta cifra se basa en los informes y registros del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Si para el número de desaparecidos hay cifras en desacuerdo, lo mismo ocurre para la cantidad de muertos durante la guerra interna. Así para la Comisión de la Verdad y Reconciliación el costo en vidas humanas de la guerra interna suman 70 mil. El Consejo de Reparaciones del Perú en un informe del 2011 ha señalado que el número de víctimas de la guerra interna que atravesó el Perú podría ascender a 100 mil personas. Esta cantidad de muertos y desaparecidos fueron en su gran mayoría ciudadanos del campo, estudiantes y trabajadores de la ciudad sindicados de pertenecer o sostener los grupos subversivos, en particular a Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú-PCP). En Perú no pasa una sola semana que no se descubren fosas comunes donde fueron sepultados clandestinamente ciento de victimas de militares y policías durante el conflicto armado. Así por ejemplo en el 2011 la Cruz Roja entrega un informe sobre la posible existencia de 4 mil 644 fosas comunes en todo el Perú. De esta cantidad de cementerios clandestinos, dice la Cruz Roja, más de 2000 aún no han sido localizadas.
¿Por qué tanta impunidad en Perú?
Perú es uno de los países de América Latina, donde los antiguos responsables de muertes, masacres y desapariciones, no solamente no han sido sancionados, sino que vuelven al poder y con ello repiten sus métodos criminales contra la población. Por ejemplo Alan García Pérez presidente entre 1985 y, fue responsable de cientos y miles de asesinatos y desapariciones. Matanza en los penales, desapariciones de estudiantes, crímenes contra la población, etc. Nunca fue sancionado y al contrario fue recompensado con una nueva gestión presidencial entre julio de 2006 y el 2011.
En junio del 2009, el presidente Alan García fue nuevamente acusado de masacres masivas y de desapariciones de pobladores. Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos de Perú), denuncio (13 de junio 2009) la responsabilidad del gobierno de García por el asesinato de 31 indígenas de la selva y 61 desaparecidos. Estos hechos ocurrieron en Bagua, una localidad de la amazonia peruana. El conflicto se inició cuando los indígenas se movilizaron contra decretos gubernamentales atentatorios contra sus derechos a la tierra y la subasta de los recursos naturales en beneficio del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El saldo represivo del segundo gobierno de García fue de 174 muertos y 61 desaparecidos.
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) significo un de los periodos más sangrientos del conflicto interno. Uno de los jefes militares de este periodo fue el actual presidente del Perú, Ollanta Humala. El actual gobernante, ha sido acusado de secuestros, torturas y crímenes de prisioneros durante la época de Fujimori cuando era jefe militar en una zona de guerra. En sociedades normales, Ollanta Humala debería estar preso por torturas, crímenes y desaparecidos. Pero ello no es así, Humala es el presidente del Perú y ganó las elecciones en el 2011 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la izquierda legal peruana.
En el primer año de la gestión de Ollanta Humala 17 campesinos fueron muertos por orden del gobierno. Hasta el final del 2012, el actual régimen ha asesinado en conflictos sociales a 27 personas entre campesinos y asalariados. En el informe ""Un año del gobierno de Ollanta Humala" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (julio 2012), se anota que en cuanto a los derechos humanos durante el actual gobierno, "muy poco es lo que se ha hecho, y más bien se ha producido un retroceso". Esta comisión advierte en su informe que este problema "se refleja en los muertos, heridos y la criminalización de las protestas sociales, así como el recorte de libertades fundamentales mediante el estado de excepción".
La herencia del fujimorismo en el poder, no solo se refiere al actual presidente peruano, sino también a la legalidad para el movimiento político de la familia Fujimori. Keico Fujimori, es la hija del ex mandatario, ex primera dama fue cómplice de su padre durante su gobierno corrompido y criminal. Pero gracias al sistema de impunidad en Perú, Keico no está en prisión como su progenitor, y al contrario ella aspira a ser presidenta del Perú. La hija de Fujimori es la actual lideresa del grupo "Fuerza Popular", otro nombre de lo que fue "Cambio 90" de la época de Alberto Fujimori. Ella ha sido en el 2011 candidata a la presidencia de la Republica y se ubicó en el segundo lugar después de Ollanta Humala. Actualmente las encuestas y sondeos electorales la ubican como la candidata preferida para las próximas elecciones presidenciales del Perú.
A diferencia de otros países latinoamericanos, el ciclo de muertos y desaparecidos en Perú se desarrolló durante el periodo de tres gobiernos que se instauraron vía procesos electorales, pero que dependían 100% de los militares. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular (AP) 1980-1985: Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) 1985-1990 y Alberto Fujimori, líder de "Cambio 90" (1990-2000), fueron los tres gobiernos "democráticos" que recibían órdenes de las fuerzas armadas.
La particularidad común de estos regímenes fue que en el aspecto político, sobre todo en la forma de enfrentar la subversión, entregaron todo el poder a las fuerzas armadas. El modelo de plan contrainsurgente, fue diseñado, dirigido y aplicado por los militares y la CIA americana. El eje de este plan antisubversivo, fue el asesinato masivo de poblaciones enteras sospechosas de constituir "base de apoyo" de Sendero Luminoso. Tanto el gobierno de Alan García así como el de Alberto Fujimori, elegidos "democráticamente", contaron desde su inicio con el apoyo de la izquierda legal peruana, así como de la iglesia católica, y las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del medio peruano. Putis Uno de los casos más brutales de secuestro y asesinato masivo de campesinos acusados de pertenecer o ser base de apoyo de Sendero Luminoso. Este hecho sangriento ilustra la actuación brutal de las fuerzas armadas en las zonas consideradas "rojas" o base de apoyo de la subversión.
Putis es una pequeña localidad andina ubicada en la provincia de Huanta (Ayacucho) y a 300 kilómetros el sureste de Lima. Este genocidio de un pueblo ocurrió en 1984 cuando Fernando Belaunde, considerado "padre de la democracia peruana", era presidente del Perú. En ese pequeño pueblo fueron asesinados 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ellos, antes de ser ejecutados, fueron obligados a cavar una gigantesca fosa común donde serían muertos y sepultados. Como dijo la misma Comisión de la Verdad (CVR) estos pobladores "fueron acribillados por miembros de las fuerzas armadas quienes sospechaban que los pobladores rurales colaboraban con rebeldes de Sendero Luminoso".
Estos hechos fueron descubiertos recién en el 2001 por el periodista Edmundo Cruz. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer esta matanza. Antes de este descubrimiento las victimas de Putis eran considerados "desaparecidos". Incluso se decía que eran "senderistas" que se habían enrolado con la subversión. Según los expertos que analizaron los restos mortales, el 45% de los cuerpos hallados en la fosa común correspondían a niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Todos fueron muertos con balas de fusil y acuchillados. Sobre la cantidad de niños en esta masacre, Edmundo Cruz declaro en un reportaje a la agencia AP, que el asesinato de los niños "solo tenía una explicación muy frecuente en la ideología de los militares de esa época". "Esa ideología era que estos niños más tarde serían iguales a sus hermanos y padres a quienes los militares consideraban terroristas", explicó. Hasta la fecha, no hay ningún militar ni civil acusados por este asesinato masivos de niños, jóvenes, adultos y mujeres.
Parodia de "sanción" e impunidad
¿Por qué en Perú no se ha sancionado ejemplarmente ningún alto militar, civil o ex presidente acusado por crímenes y desapariciones de miles de peruanos?. El verdadero poder en Perú está constituido por las fuerzas armadas. En el caso peruano, las elites políticas, sus partidos y sus organizaciones de fachada, cumplen las órdenes provenientes de los cuarteles. El sistema político, aparte de ser decadente y corrompido, es una "democracia" caricaturesca bajo la tutela de las fuerzas armadas. En este marco político-jurídico, jamás habrá sanción para los responsables de cientos y miles de asesinatos contra la población. En cualquiera de los gobiernos llamados democráticos, la presencia militar es cuantiosa y grosera. Están presentes en el ejecutivo, en el parlamento, en las instituciones públicas, y hasta en la presidencia de la Republica como es el caso del comandante Ollanta Humala.
En este contexto algunos militares han sido condenados a prisión por casos menores, pero no por los grandes crímenes que habían cometido. Estos "militares sancionados", han cambiado la prisión por la detención domiciliaria o por largas estadías en los hospitales militares. Fujimori, es el único ex presidente que ha sido acusado y condenado a 25 años de reclusión por dos hechos de sangre, que en el conjunto de los crímenes bajo su responsabilidad, constituyen apenas dos gotas de agua en un océano de matanzas innumerables. Fujimori fue sancionado por el asesinato de 15 adultos y un niño en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 y la muerte 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta el 18 de julio de 1992. En total 25 muertos, de una cantidad globalmente estimada entre 15 y 20 mil personas durante su gobierno que transcurrió entre 1990 y el 2000.
COMISIONES DE LA VERDAD, OTRA FORMA DE OCULTAR EL CRIMEN
En Perú como en ningún otro país latinoamericano, se ha institucionalizado la propaganda para desprestigiar a los grupos subversivos y responsabilizarlos de muertes y desaparecidos que corresponden a la autoría de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Tanto en Perú como en el extranjero se dice que los principales agentes de muerte, secuestros y desapariciones fueron los grupos armados, principalmente el Partido Comunista del Perú (PCP) organización subversiva conocida bajo el nombre de Sendero Luminoso. En la prensa oficial se repite: "Los culpables fueron todos los involucrados en la guerra: las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)".
Para Salomón Lerner, presidente de la CVR (junio 2003), "la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú , Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar "la lucha armada contra el estado peruano…". En tanto ello es el principal responsable del conflicto interno con el 54% de las víctimas que suman 70 mil muertos. Las cifras de la CVR fueron corregidas en el 2011 por la Defensoría del Pueblo, institución que entrega otra versión. Para esta organización los responsables del secuestro y desaparición fueron: El ejército, responsable del 60.4% de los desparecidos. La Policía Nacional fue responsable del 12.2% de las detenciones y desapariciones. El 7.3% de casos fue de autoría de los miembros de Comités de Autodefensa. En el 6% aparecen como responsables miembros de Fuerzas Combinadas (ejercito-policía).
La Comisión de la Verdad (CVR), junto con diabólizar a los subversivos, ha realizado bastantes esfuerzos para justificar y exculpar de crímenes y secuestros a las fuerzas armadas y gobiernos respectivos. La CVR, dice en 2003 refiriéndose a los militares, ellos actuaron "en nombre de la ley y en defensa del régimen democrático", mientras que los subversivos "se levantaron de manera autoritaria en contra de dicho régimen". Al mismo tiempo señala la CVR, hay que "reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia". Así esta Comisión rinde su "más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber". (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 323)
El periodo entre 1980 y 1985, fue una de las etapas más violentas y represivas de 20 años de guerra interna. Fue el inicio del ingreso de las fuerzas armadas para combatir la subversión y el comienzo de las regiones en estado de emergencia controladas violentamente por los militares. En esta etapa se inauguran los centros clandestinos de tortura, crímenes y desaparición de prisioneros. Fernando Belaunde, fundador del Acción Popular, un partido tradicional de la derecha pro americana del Perú, era el presidente del Perú "democráticamente elegido". La misma CVR reconoce que el periodo más violento de la guerra interna fue entre 1983 (cuando Belaunde ordeno la intervención de los militares) y 1984 cuyo resultado fue (oficialmente) 19,468 víctimas.
La trayectoria sangrienta de la etapa gubernamental de Fernando Belaunde no impidió que esta misma Comisión dijera en su informe final, que Belaunde hizo grandes esfuerzos para proteger la democracia. Tampoco fue un impedimento para que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dijera el 11 de junio del 2003 que en "el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden".
Sobre el Apra y Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se restringe alabanzas. "La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país". La CVR considera que, al asumir Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, "impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo".
La CVR es más cautelosa con el régimen de Fujimori, pero no se detiene para ensalzar a la Dincote (policía antiterrorista), una de las ramas más brutales de la policía política de la época de Fujimori. Los miembros de la Dincote han sido acusados de crímenes, torturas y desapariciones de prisioneros acusados de terroristas. Fue en la Dincote donde se organizó y se dirigía el comando "Rodrigo Franco", un grupo paramilitar que funcionó durante el régimen de Alan García (1985-1990). Este comando fue responsable de varias centenas de crímenes, entre ellos altos dirigentes sindicales obreros. La CVR señala en el 2003 refiriéndose a la DINCOTE, que "gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces".
En diciembre de 1996 un comando integrado por 14 miembros del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima. Había una recepción y el MRTA capturo cerca de 1,000 rehenes entre diplomáticos, ministros, políticos, periodistas y otros. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori organización un operativo que se denominó "Chavín de Huantar". Su objetivo rescatar a los rehenes y liquidar a todo los integrantes del MRTA. En efecto el operativo se ejecutó el 22 de abril de 1997, y rápidamente el comando del MRTA fue doblegado. La mayor parte de los militantes del comando subversivos se rindieron. Los militares entraron a la embajada, y ahí a sangre fría mataron con tiros de bala en la cabeza a los sobrevivientes del MRTA. La CVR, en su informe final del 2003, reconoció "el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate".
Conclusión.
La breve información que aquí se ha presentado recoge en parte un problema de la lucha de clases en América Latina. La lógica muestra que la guerra contrainsurgente en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y cualquier otro país latinoamericano, tiene las mismas características. Lo fundamental es reconocer que el crimen selectivo, y masivo, la tortura y la desaparición de cualquier persona sindicada como subversivo, constituyen la estrategia fundamental del Estado para liquidar la amenaza popular.
Incontestablemente, tanto en Perú como en cualquier otro país, la lucha por hacer justicia y sancionar a militares y civiles criminales de guerra, no es un problema que se restringe a las leyes penales de tal país. Es ante todo una lucha de todo el pueblo contra el actual sistema político y jurídico corrompido. Es imposible lograr que se esclarezca los crímenes de guerra de décadas anteriores, sino se toma en cuenta con objetividad que las clases políticas que ahora están en el poder son las mismas que en décadas pasadas incentivaron y apoyaron el crimen y la represión contra la población.
Es un error creer que la iglesia o cualquier falso demócrata son sinceros cuando se muestran acongojados por los miles de asesinatos y desaparecidos en Perú o en otro país latinoamericano. Ellos fueron cómplices de militares y gobiernos criminales. Hay que evitar que el problema de los desaparecidos se convierta en slogan electoral y en un negocio lucrativo. Un ejemplo de la danza de millones de dólares en las famosas comisiones de la verdad o cualquier otro organismo "defensor de los derechos humanos", es el beneficio económico que hicieron los integrantes de la CVR. En dos años de funcionamiento (junio 2001- agosto 2003) la Comisión de la Verdad y Reconciliación costó 14 millones de dólares al Estado. Su informe final solo ha servido de guion de telenovela y para exculpar a los principales responsables asesinatos de miles de ciudadanos peruanos.
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Que opina usted? Los Chavinaudios - 12/08/2013 15:51:57

"¡Estamos de aniversario! En estos días este blog cumple 8 añitos. Por supuesto, a mí siempre se me pasan las fechas, pero todavía no es tarde para celebrar. Así que aprovecharé para reactivar esta fase de antología de mi trabajo reporteril con un tema que sigue trayendo cola: los Chavinaudios.
No, no me gusta el nombre y no se lo pusimos nosotros en INFOS. Pero medio que quedó, ¿no? Así que lo dejamos así en aras del SEO. Acá van los dos reportajes que he publicado sobre este tema, además de enlaces a las notas de Uceda y a mi columna en La República (además de un breve disclaimer). Por supuesto, donde haya que agregar links o videos, lo hago.
***

Gobierno y Poder Judicial "unificaron criterios" en juicio Chavín de Huántar
AUDIOS. Donde se revela un prolongado almuerzo en mayo del 2012 entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la jueza que decidió el caso Chavín de Huántar. La independencia de los poderes en entredicho. De qué discutieron mientras llegaba la gelatina.
Marco Sifuentes
INFOS
4.8.13
Siete videos de YouTube, de unos quince minutos de duración cada uno, albergan el audio de la grabación de un almuerzo inusual. Los audios fueron subidos hace pocos días, el 1 de agosto, por el usuario anónimo "Turbo Pascal" bajo el título de "Otro audio de Pedro Cateriano". Pero el actual ministro de Defensa no es el único grabado subrepticiamente allí.
La reunión registrada en los audios ocurrió el 31 de mayo de 2012. En su momento, INFOS dio cuenta de aquel encuentro e incluso se preguntó si la jueza Carmen Rojassi habría grabado la conversación, como temía alguno de sus contertulios.
Los audios que ahora se revelan confirman que en el almuerzo, del más alto nivel, los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza. En ese momento, una sala penal de la Corte Superior estaba por sentenciar a Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Nicolás Hermoza por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes de la embajada de Japón, en 1997.
Al mismo tiempo, el Estado Peruano había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho justicia durante nueve años de proceso judicial. Este fuero podría desconocer lo actuado hasta ahora por la justicia peruana, que ha excluido minuciosamente de responsabilidad a cualquiera de los comandos de la operación Chavín de Huántar. El gobierno temía que este proceso fuera afectado por la sentencia de la sala de Rojjasi, que terminó . En ese contexto, se produjo el almuerzo.
El anfitrión fue el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial. Sus invitados: Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar; y la ya mencionada jueza Rojassi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía el caso.

"UNIFICAR CRITERIOS"
A los pocos minutos de pasar a un ambiente privado. César San Martín toma la palabra:
SAN MARTÍN: Esta reunión tiene como objeto… Es que ha habido mucho teléfono malogrado en esto. Dicen que dijeron que me dijo que no dijo. Entonces yo creo que lo más sano era tú ministro, tú Pedrito, conozcan directamente cuál es la impresión, que ella va a ser todo lo sincera posible; y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso. Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios, y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore su estrategia o la reordene, si fuera necesario. No sé si tú [a Rojjasi] puedes dar una primera visión general…

En ese momento se inicia una exposición del caso a cargo de la jueza, con interrupciones de los asistentes.
San Martín guía a la jueza, como veremos más adelante, por los recovecos legales. Cateriano se muestra muy interesado en las pruebas, indicios y detalles de cómo ocurrieron los hechos durante el rescate de la residencia del embajador japonés. El que interviene menos es Jiménez, muy enfocado por el ámbito de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En varios momentos, los contertulios coinciden en que la defensa del Estado peruano, en este caso, ha sido pésima.
SAN MARTÍN: Creo que se abre una línea… La doctora ha sido muy comprensiva y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado, eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o violando derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo. Un diálogo amplio y de cualquier lógica que ustedes planteen. Ahora, nos parece, porque de hecho la he visto, que la defensa del Estado en el juicio ha sido muy, muy mala y eso también trae problemas. Uno llega hasta el hartazgo, acá dice cosas que parece que no han leído el expediente (ininteligible) el Estado hace tal cosa (ininteligible) aparentemente ayuda (ininteligible) porqué qué quiere decir: le pone un argumento de presión al tribunal y si el tribunal condena entonces, la corte, la defensa va a sacar (ininteteligible).
CATERIANO: Como ha dicho él eso, ahí está, pues: ¡el Estado es culpable! ¡Lo está reconociendo el propio procurador!

"A VER, CARMENCITA"
Reiteradamente, San Martín le plantea escenarios legales a la jueza.
SAN MARTÍN: Ella [refiriéndose a Rojjasi] tiene que dar dos respuestas: ¿Se ejecutó extrajudicialmente a Tito? Sí. ¿Ese hecho fue producto de una orden superior? Sí o no. Ahí nomás se queda.
ROJJASI: Supongo que también se puede decir (inintelegible).
SAN MARTÍN: Ya. Más eso. Tercero. Pero la base es decir hubo o no extrajudicial. Ése es el antecedente fáctico del otro. Lo demás es imputación normativa.
ROJJASI: Perfecto, pero aparte de eso le digo una cosa. Nos guste o no nos guste, si Vladimiro, Huamán, Zamudio y Hermoza Ríos son juzgados significa que hubo línea paralela de comando y por tanto (inintelegible) con mayor razón de esto y la Corte…
SAN MARTÍN: Pueden haber muchas cosas.
ROJJASI: No, pero con mayor razón. Estamos hablando, vas a lograr una sentencia…
SAN MARTÍN: A ver, a ver, Carmencita. Una cosa: si tú dices, primero, hubo ejecución extrajudicial ya de hecho el Estado es responsable tercero. Segundo, tú tienes… Ante la sede nacional, la pregunta es: esa ejecución extrajudicial, ¿se hizo por orden de los acusados presentes en juicio? ¿Sí o no? Hay dos preguntas. La pregunta previa es: ¿hubo o no extrajudicial? Y para decir que fue extrajudicial, tú tienes que decir si en efecto al muerto se le mató estando rendido o fuera de combate, violando o no el derecho humanitario.

Por cierto, César San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por el caso Chavín de Huántar.
Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que estuvo conversando con Rojjasi en mayo del año pasado.

"NO HAY MUERTO EXTRAJUDICIAL"
Casi al final de la conversación, San Martín reitera su análisis de escenarios. Jiménez deja en claro su preocupación y el presidente de la Corte Suprema explica lo que quiere el Estado.
SAN MARTÍN: Ahora, fíjate. ¿Qué corresponde al Poder Judicial como tal en este caso, no es cierto? Decidir si hubo una ejecución extrajudicial y decidir si en esta ejecución… si este hecho extrajudicial fue dispuesto por una de las personas que son objeto de imputación o fluye que fueron terceros no identificados. Uno puede decir: hay extrajudicial pero no está probada si fue por orden. Dos, no hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nada. O tres, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Hay varias salidas que uno tiene. Desde luego, en clave internacional basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro…
JIMÉNEZ: Y la crisis política…
SAN MARTÍN: La crisis política…
JIMÉNEZ: …Se arma la pampa.
SAN MARTÍN: Claro, el escenario ideal para nosotros es… yo puedo… "¡Plazos razonables!", ya. Bueno, nos demoramos, pe ya. Pero eso es pecata minuta frente (inintelegilble).
JIMÉNEZ: La democracia administrativa…
SAN MARTÍN: Vamos a decir… diez años, pues, no te los aguanta nadie, ¿no?.
CATERIANO: ¡Pero la justicia demoró nueve!
SAN MARTÍN: Correcto, interesante. Ya. A mí lo que me interesa, como Estado, es que, porque así hayan matado Juan o Pedro, alguien lo haya matado, alguien lo mató y el Estado es responsable porque no cuidó la vida, no siguió los patrones jurídicos que corresponden en una intervención. Que al intervenido no se le debe de matar y eso (ininteligible). Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar…
ROJJASI: Se mancha…
SAN MARTÍN: Es evidente que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga "no hay muerto extrajudicial, murieron en combate".

"POR DÓNDE VAN LAS BALAS"
El año pasado, cuando INFOS reveló que esta conversación había tenido lugar, la justificación que se dio entonces es que un decreto establece que los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. El caso Chavín de Huántar estaba bajo la competencia de la CIDH.
Sin embargo, el problema está en que esta conversación se dio con la jueza que veía el caso nacionalmente. En este proceso, el Estado podía ser declarado tercero civil responsable.
SAN MARTÍN: En el tema judicial nosotros tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que sea y que parezca ser, las dos cosas, que es un juicio se ha dado con plenas garantías y que la conclusión que se llegue es la conclusión de un tribunal independiente. Y que desde luego, siempre he exhortado a Carmen que sea de tal forma, una sentencia que sea muy muy muy bien hecha. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfono malogrado, para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el Presidente para qué le expliquen cómo es el tema, dónde están los problemas procesales del caso interno y que pueden merecer con una valoración adicional.

Poco después, el actual ministro de Defensa se dirige a la jueza:
CATERIANO: Doctora, su… la resolución de la sala que usted preside se va a ventilar, internacionalmente, o sea, le guste o no. Es decir, lamentablemente estamos viendo en el compás, en el ritmo nacional e internacional, más o menos así, en comparación al momento que le toca resolver este tema. Entonces, su… la resolución de la sala que usted preside de todas maneras causa un impacto…

Meses después del almuerzo, el 15 de octubre de 2012, la Sala que presidía Rojjasi exculpó a Montesinos, Huamán y Hermoza. La sentencia negó que haya habido una cadena de mando paralela a la de los comandos. Sin embargo, en la cuestión principal, resolvió en contra de lo que el gobierno quería. Dijo que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, más conocido como Tito, había sido ejecutado extrajudicialmente.
Tres días antes de que se emitiera la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojjasi. En la práctica, fue una destitución.
En los últimos segundos de los audios, se escucha la voz de quien luego sería el Presidente del Consejo de Ministros:
JIMÉNEZ: En sus manos, el Perú.
ROJJASI: Sí, ministro.

MAÑANA: Más extractos del audio. El problema Baraybar. Los peritajes extemporáneos aceptados y las hipótesis sobre la muerte de "Tito".
***
Y eso fue exactamente lo que publicó Ricardo Uceda, también de INFOS, al día siguiente. Como él mismo diría en su nota, se necesita un conocimiento muy fino del caso Chavín de Huántar (como el de Uceda) para entender varios extractos del audio. Por eso es que resultaban ridículas las acusaciones de que el material había sido manipulado
Luego, ya por mi cuenta, publiqué una columnita en La República unificando algunos criterios sobre el caso.
Usualmente ése es un espacio de opinión o, más exactamente, el espacio para presentar una visión personal de algunos aspectos de la realidad (sobre todo de la política local o del impacto de las tecnologías de la información en nuestras vidas). Intento no comentar en "Ya lo pasado, pasado" (así se llama mi columna, en serio) los reportajes que presentamos en INFOS.
Esto, por varios motivos: el reportaje pretende objetividad, mientras que la columna, no; el diario no me paga para hacerle cherrys a la agencia donde trabajo, y, por encima de todo, un buen reportaje es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, dice todo lo que tiene que decir, y punto.
Pero tampoco tenía sentido dejar que ministros, congresistas y jueces siguieran distorsionando la realidad.
Hablando de reportajes que dicen lo que tienen que decir, el domingo volví con la secuela: la historia de la jueza Rojjasi. ¿Por qué podían presionarla? ¿Por qué no falló como quería el Gobierno? Mejor que los lectores se informen y deduzcan:
***

"No soy pepita de oro"
LA JUEZA. ¿Quién es Carmen Rojjasi? ¿Qué estaba viviendo cuando conversó con San Martín, Jiménez y Cateriano? ¿Tenían con qué presionarla? INFOS obtuvo sus expedientes y entrevistas ante el CNM. La clave de su destitución: la extraña sentencia a un narco israelí involucrado en el caso Fefer.
Marco Sifuentes
INFOS
11.8.13
La citaron a las 8:15 de la mañana. Carmen Rojjasi, jueza del sistema anticorrupción, fue la primera de 106 magistrados con los que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) programó entrevistas de evaluación el año pasado. Era el jueves 12 de abril.
La cita empezaría tarde. A las 8:40 le notificaron que la Asociación Civil Juez Justo había ingresado un escrito advirtiendo que la jueza no debía ser ratificada en su cargo porque había sido sancionada por un escándalo bien conocido en el Poder Judicial: el caso del narcotraficante israelí Zeev Chen.
En el video de la entrevista, al que INFOS tuvo acceso, el rostro de sorpresa de Rojjasi es evidente. Intenta buscar en sus archivos pero uno de su evaluadores pide la palabra.
A lo mejor usted requiere de más información, proveerse de algunos documentos, para absolver esta denuncia que a última hora ha llegado le dice el consejero Vladimir Paz de la Barra. Está en su derecho de solicitar una reprogramación de la vista o absolver [la denuncia] en este acto. Eso ya depende de usted.
Rojjasi sigue rebuscando en sus archivos y dice, muy segura, que, por el momento, prefiere continuar con la entrevista. El consejero la vuelve a interrumpir.
Lo que se trata es de salvaguardar su derecho de defensa. Está en todo su derecho de que se reprograme para absolver mejor eso.
Rojjasi accedió a que se reprograme. Después de todo, su puesto estaba en juego. La siguiente audiencia se agendó para el 7 junio. Exactamente una semana antes, el 31 de mayo, César San Martín, Juan Jiménez y Pedro Cateriano almorzaron con ella para unificar criterios.
Entrevista de la jueza Rojjasi ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el 31 de mayo de 2012. Duraría poco.

JUEGOS DE ROLES
La jueza Carmen Rojjasi es todo un personaje en el Palacio de Justicia. Durante unos años, fue jefa de la Unidad Operativa Móvil de la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura. Como tal, su trabajo era desenmascarar actos de corrupción de otros magistrados. Para esto, no tenía reparos en disfrazarse de lo que sea y de grabar las emboscadas que tendía para registrar actos de corrupción en el Poder Judicial.
Rojjasi trabaja en el sistema de justicia desde 1979, cuando entró como practicante. Durante los años 90 adquirió cierta notoriedad cuando incluyó en la instrucción del caso de los narcotraficantes López Paredes, a un viceministro del Interior del régimen fujimorista y a dos generales del ejército. Esto le valió ataques públicos, en conferencia de prensa, de la entonces Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán.
Pero últimamente su carrera parecía estancada. Había postulado para vocal supremo en el 2010 y no le fue bien. Después de un largo proceso de evaluación, obtuvo 65.50 puntos. Se necesitaba un mínimo de 66.66 para continuar en el proceso. Solicitó una reconsideración y obtuvo 68.50. Igual no le alcanzó.
Entonces llegó el 2012. Cada siete años, los magistrados pasan por un proceso de evaluación, a cargo del CNM, para ver si son ratificados en sus cargos.
La noticia de que Rojjasi iba a ser evaluada ese año, justo cuando llevaba el proceso de Chavín de Huántar, estalló como una bomba en los Palacios de Gobierno y de Justicia. El presidente Humala tuvo una conversación muy dura con César San Martín sobre este caso. A su vez, San Martín se comunicó con el CNM para tratar de hacerles entender el pésimo timing de la evaluación y, de paso, comunicarles el malestar del presidente.
Pero no había nada que hacer. La convocatoria había sido publicada. Rojjasi tendría que pasar por el proceso. Y todo indicaba que no iba a terminar bien.

SIN JOYAS
Para la evaluación los jueces deben presentar algunos de los casos que han resuelto.
Se espera que traigan sus "joyas" dice un magistrado vinculado al CNM. Pero ella fue descuidada.
En la resolución 599 del CNM, de setiembre de 2012, que resuelve no ratificarla como vocal superior, se explica que se evaluaron doce de sus resoluciones. Sólo la mitad obtuvo calificaciones aprobatorias. Se considera que el resto no estuvo lo suficientemente justificadas.
En la audiencia realizada en junio de 2012, una semana después de ahora célebre almuerzo, Rojjasi había explicado sus calificaciones.
Estuve mucho tiempo en la parte administrativa [se refiere a su paso por la OCMA]. Uno pierde la brújula en cuanto a lo jurisdiccional dijo. Me considero capaz como para seguir y emitir resoluciones cada vez con mayor fundamento.
Cuando le preguntaron por qué no había solicitado una reconsideración de esos puntajes, Rojjasi respondió:
Yo soy criada a la antigua, no soy de cuestionar demasiado las decisiones de mis superiores.
Hasta allí el panorma no era muy favorable a Rojjasi. Pero lo que resultó decisivo fue un cuestionamiento surgido en el rubro "participación ciudadana": el del narco israelí.
Reprogramación de la entrevista de la jueza Rojjasi ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el 7 de junio de 2012, una semana después del almuerzo con San Martín, Cateriano y Jiménez.

POLVOS BLANCOS Y MAGIA NEGRA
¡Me has jodido la carrera! gritó Rojjasi en plena celebración de cumpleaños. Todo por tu culpa, mira lo que has hecho.
Es el año 2006. Rojjasi era la presidenta de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel. La cumpleañera, e increpada por Rojjasi, era la jueza Ana Luzmila Espinoza. La sala estaba en la mira de todos. Acababan de sentenciar al confeso narcotraficante israelí Zeev Chen, capo de la organización "La Estrella de Israel". Pero había ocurrido algo delirante, incluso para los estándares del Poder Judicial: la sentencia que se leyó no era la sentencia que estaba escrita.
En una, la reparación civil era de 500 mil soles. En la otra, 50 mil. En la lectura, Zeev Chen aceptó su condena. Sin embargo, de la nada, había aparecido un recurso de nulidad. Además, se le sentenció como si fuera un simple "burrier", aplicando el artículo 296 del Código Penal. Pero al capo le correspondía y sobre esa base había sido procesado el artículo 297, correspondiente a cabecillas de organizaciones.
La procuradora antidrogas Sonia Medina descubrió el caso. Se presentó en el juzgado para buscar la sentencia impresa, no se la quisieron dar, reclamó, aparecieron unos papeles sueltos, la jueza Espinoza llamó un policía para detener a Medina… El escándalo adquirió proporciones inauditas.
Así las cosas, los dos jóvenes secretarios del juzgado, apellidados Salas, en un hecho insólito, denunciaron a sus jefes y lo contaron todo. La jueza Espinoza, directora de debates y encargada de la lectura de la sentencia, le había dicho a uno de ellos que hiciera que la rebaja de 500 mil a 50 mil "parezca un error tipográfico".
Cuando el secretario se lo contó a Rojjasi, ella estalló. Había firmado la sentencia sin terminar de leerla. Después de todo, el ponente en este caso Espinoza es el que hace los planteamientos y coloca los datos. Es muy difícli que los otros magistrados corroboren todos lo datos de los expedientes, que en algunos casos tienen miles de páginas.
El caso terminó en la OCMA. Espinoza fue destituida. Rojjasi y el otro juez fueron disciplinados pero conservaron sus puestos.
Como si no fuera suficiente escándalo para Rojjasi, el episodio resurgió hace poco, de la mano de uno de los casos más mediáticos de los últimos años: el asesinato de Myriam Fefer. En una mesita al lado de la escena del crimen, repleta de imágenes de santería y magia negra, aparecieron las fotografías de la procuradora Sonia Medina y de los dos secretarios del juzgado apellidados Salas. Empleados de Fefer recuardan que la ex jueza Espinoza y la empresaria asesinada eran muy amigas y acostumbraban realizar "trabajos de hechicería".
En pocas palabras, se trataba de un acontecimiento que todos en el Poder Judicial tienen muy presente. Rojjasi tenía razón: le iba a costar la carrera.

EL FACTOR HUAMÁN AZCURRA
En teoría, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia durante el proceso de evaluación de magistrados. A eso se llama "participación ciudadana".
A través de este mecanismo, la Asociación Juez Justo presentó caso de Zeev Chen al CNM, en abril. Era un golpe mortal. Rojjasi, que era la primera magistrada en pasar por el proceso de entrevistas, fue notificada esa misma mañana. La audiencia se postergó para junio.
Para la segunda entrevista, Rojjasi fue preparada. Admitió que debió tener mayor cuidado en el caso de Zeev Chen.
Lo cual no significa que uno actúe dolosamente, señores, ni que esté involucrada en casos de corrupción.
Pero también arremetió contra Juez Justo. Lo cierto es que esta organización, liderada por el abogado Rodolfo Orellana y el ex policía Benedicto Jiménez, ha sido involucrada en una retahíla de denuncias periodísticas: desde tráfico de activos hasta la interceptación telefónica a Lourdes Flores.
De la información que aparece en Google, sin ánimo de imputar o atribuir situaciones o conductas a tales o cuales personas dijo Rojjasi en su audiencia, aparece que estas personas [Orellana y Jiménez] tienen relación con Roberto Huamán Azcurra.
Huamán era uno de los cuatro acusados en el caso Chavín de Huántar . De hecho, es el único que se encuentra libre, desde el 2011, apenas iniciado el gobierno de Ollanta Humala. Montesinos y Hermoza purgan sus otras condenas. El coronel Zamudio, el cuarto acusado, está prófugo.
Roberto Huamán actualmente está proceso por el caso Chavín de Huántar, cuyo colectivo yo presido le recordó Rojjasi a sus evaluadores. Como se dice comúnmente, nadie es pepita de oro para gustarle a todo el mundo.
Dentro del Consejo Nacional de la Magistratura están convencidos de que Rojjasi sabía que no iba a pasar la evaluación. El audio de la conversación que tuvo solo una semana antes de su entrevista sería su salvoconducto. Después de todo, el gobierno le había hecho llegar el mensaje de que no tendría que preocuparse por su evaluación.
Sin embargo, tres días antes de la lectura de la sentencia de Chavín de Huántar le notificaron lo que esperaba: que había sido destituida.
Rojjasi presentó una reconsideración. El resultado fue publicado el 4 de julio de este año, hace poco más de un mes. El resultado: se ratificaba su destitución. El 1 de agosto, lo que ahora se conoce como el "chavinaudio" apareció en YouTube.

MAÑANA. ¿Quién grabó el audio? Sus implicancias legales. Además: el borrador de la sentencia.
***
Los videos de las dos audiencias de la jueza Rojjasi son inéditos (alguna exclusiva tenía que tener este post). El artículo de Uceda que apareció al día siguiente es, por demás, revelador, y les recomiendo que lo lean con detenimiento. Aclara varias cosas sobre el audio (parte del cual ahora está desaparecido) y sobre la sentencia misma de Rojjasi.
Todavía no hemos terminado de ver todas las aristas y consecuencias posibles de este caso. Pero, por el momento, eso es lo que hay. Ya saben: esclavos de nuestra palabra y dueños de nuestros silencios. Como siempre hemos dicho en este blog: ustedes lean, nomás.
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Interesante, ESTADOS UNIDOS Y RUSIA SE PREPARAN PARA REPARTIRSE MEDIO ORIENTE - 01/03/2013 13:21:09

" En un artículo publicado en Rusia el 26 de enero de 2013, Thierry Meyssan expone el nuevo plan de partición del Medio Oriente en el que trabajan actualmente la Casa Blanca y el Kremlin. El autor revela los principales parámetros de la negociación en marcha sin emitir juicios sobre la posibilidad de un acuerdo definitivo ni sobre su aplicación. El interés de este artículo reside en que permite la comprensión de las ambiguas posiciones de Washington, que está empujando a sus aliados hacia un callejón sin salida para imponerles próximamente una nueva distribución de cartas que simplemente los deja fuera del juego.
En 1916, Francia y Gran Bretaña se repartían el Medio Oriente con los acuerdos Sykes-Picot. Casi un siglo después, Estados Unidos y Rusia están discutiendo un nuevo plan de partición que beneficiaría a ambos países y pondría fin a la influencia franco-británica en la región. El presidente Obama se dispone a cambiar completamente de estrategia internacional, a pesar de la oposición que ha suscitado su proyecto en el seno de su propia administración.
La situación es muy simple. Estados Unidos está a punto de alcanzar la independencia energética a través de la rápida explotación del gas de esquito y de las arenas bituminosas [1]. Ese factor determina el fin de la doctrina Carter ,adoptada en 1980,, según la cual la necesidad de garantizar el acceso al petróleo del Golfo era un imperativo de seguridad nacional. Lo mismo sucede con el acuerdo de 1954 en el que Washington se comprometía a proteger a la dinastía gobernante de Arabia Saudita a condición de que esta última garantizara el acceso de Estados Unidos al petróleo de la Península Arábiga. Así que ha llegado el momento de decretar una retirada masiva que permitiría trasladar las tropas estadounidenses hacia el Extremo Oriente, para contrarrestar allí la creciente influencia de China.
Por otro lado, hay que hacer el máximo esfuerzo para impedir una alianza militar entre China y Rusia. Para ello es conveniente ofrecer a Rusia algo que desvíe su atención del Extremo Oriente.
Y para terminar, Washington ya se siente que no puede respirar a causa de su relación, demasiado estrecha, con Israel. Esta relación se ha hecho demasiado onerosa, resulta injustificable en el plano internacional, y está enemistando a Estados Unidos con los pueblos musulmanes en su conjunto. Por otro lado, resultaría conveniente castigar claramente a Tel Aviv por su escandalosa injerencia en la campaña electoral previa a la elección del presidente de Estados Unidos, donde el gobierno israelí apostó además en contra del candidato ganador.
Esos tres factores han llevado a Barack Obama y sus consejeros a proponerle un pacto a Vladimir Putin: Washington, reconociendo implícitamente su derrota en Siria, está dispuesto a aceptar que Rusia se instale en el Medio Oriente, sin que esta tenga que ceder nada a cambio, y a compartir con Moscú el control de dicha región.
A ese estado de ánimo corresponde la redacción, por parte de Kofi Annan, del Comunicado de Ginebra adoptado el 30 de junio de 2012. En aquel momento, el objetivo no era otro que hallar una salida a la cuestión siria. Pero aquel acuerdo fue saboteado de inmediato por varios miembros de la propia administración Obama que filtraron hacia la prensa europea diversos detalles sobre la guerra secreta contra Siria, incluyendo la existencia de una Presidential Executive Order en la que se orientaba a la CIA el despliegue de hombres y mercenarios en el terreno. Esa sorpresiva maniobra llevó a Kofi Annan a renunciar a sus funciones como mediador. La Casa Blanca, por su parte, prefirió mantener un perfil bajo para evitar que las divisiones existentes en el seno del ejecutivo saliesen a la luz en medio de la campaña para la reelección de Barack Obama.
En las tinieblas, 3 grupos se oponían en aquel momento al comunicado de Ginebra: Los agentes implicados en la guerra secreta, Las unidades militares a cargo del enfrentamiento con Rusia, Los defensores de los intereses de Israel.
Inmediatamente después de su reelección, Barack Obama emprendió la purga. El primero en caer fue el general David Petraeus, quien había concebido la guerra secreta contra Siria. Después de caer en la trampa sexual que le tendió una agente de la inteligencia militar, el director de la CIA se vio obligado a dimitir. Posteriormente, una docena de militares de alto rango fueron puestos bajo investigación por sospechas de corrupción. Entre ellos se encontraban el almirante James G. Stravidis, comandante supremo de la OTAN, y su sucesor designado ,el general John R. Allen, así como el comandante de la Missile Defense Agency (o sea, el escudo antimisiles), general Patrick J. OReilly. Para terminar, Susan Rice y Hillary Clinton fueron blanco de recios ataques por haber ocultado al Congreso ciertos elementos sobre la muerte del embajador Chris Stevens, asesinado en Bengazi por un grupo islamista, probablemente por orden del Mossad.
Ya pulverizados o paralizados los elementos de oposición, Barack Obama anunció una profunda renovación de su equipo. Comenzó poniendo a John Kerry a la cabeza del Departamento de Estado. Kerry es partidario declarado de la colaboración con Moscú en temas de interés común. Es también amigo personal de Bachar al-Assad.
Obama continuó después con la nominación de Chuck Hagel para dirigir el Departamento de Defensa. Hagel, es uno de los pilares de la OTAN, pero es además un realista. Siempre ha denunciado la megalomanía de los neoconservadores y el sueño de imperialismo global del que son portadores. Es además un nostálgico de la guerra fría, aquella época bendita en que Washington y Moscú se repartían el mundo sin muchas complicaciones. Junto a su amigo John Kerry, Chuck Hagel organizó en 2008 un intento de negociación para tratar de que Israel restituyese a Siria la meseta del Golán.
Y, para terminar, John Brennan a la cabeza de la CIA. Este asesino a sangre fría está convencido de que la primera debilidad de Estados Unidos es haber creado y desarrollado el yihadismo internacional. Su obsesión es la eliminación del salafismo y el desmantelamiento de Arabia Saudita, lo cual aliviaría en definitiva la situación de Rusia en el norte del Cáucaso.
La Casa Blanca prosiguió al mismo tiempo sus conversaciones con el Kremlin. Lo que debía ser una simple solución para Siria se ha convirtido en un proyecto mucho más amplio de reorganización y partición del Medio Oriente.
Es importante recordar que, luego de 8 meses de negociaciones, el Reino Unido y Francia se repartieron en secreto el Medio Oriente (Acuerdos Sykes-Picot). El contenido de esos acuerdos fue revelado al mundo por los bolcheviques en cuanto llegaron al poder. Y así se mantuvo la situación a lo largo de un siglo. Lo que la administración Obama tiene ahora en mente es un rediseño del Medio Oriente para el siglo XXI, bajo la égida de Estados Unidos y Rusia.
En Estados Unidos, a pesar de que Obama se sucede a sí mismo, la administración saliente no puede hacer otra cosa que ocuparse de los temas corrientes. Y recuperará la totalidad de sus atribuciones sólo después de la ceremonia de juramente para el próximo mandato, el 21 de enero de 2013. Después de la investidura del presidente, habrá una audiencia en el Senado ,el 23 de enero, donde Hillary Clinton será interrogada sobre el misterio del asesinato del embajador de Estados Unidos en Libia. El 24 de enero, tendrá lugar en el Senado la audiencia para la confirmación de John Kerry como secretario de Estado. Inmediatamente después, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se reunirán en Nueva York para examinar las proposiciones Lavrov-Burns sobre Siria.
Esas proposiciones prevén la condena de toda injerencia externa, el despliegue de observadores y de una fuerza de paz de la ONU, así como un llamado a los diferentes protagonistas para que formen un gobierno de unión nacional y planifiquen la celebración de elecciones. Es posible que Francia se oponga, pero sin llegar por ello a amenazar con recurrir al veto en contra de su amo estadounidense.
La originalidad del plan reside en que la fuerza de la ONU se conformaría principalmente con soldados de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). El presidente Bachar al- Assad se mantendría en el poder, negociaría rápidamente una Carta Nacional con los líderes de la oposición no armada seleccionados con la aprobación de Moscú y Washington y sometería esa Carta al veredicto popular a través de la realización de un referéndum organizado y realizado bajo la supervisión de observadores.
Este sorprendente escenario fue preparado desde hace tiempo por el general sirio Hassan Tourkmani (asesinado en el atentado que estremeció Damasco el 18 de julio de 2012) y su homólogo ruso Nikolai Bordyuzha. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTSC adoptaron después ,el 28 de septiembre de 2012, una posición común sobre el tema y el departamento de la ONU a cargo de las operaciones de paz firmó con la OTSC un protocolo que otorga a esa organización prerrogativas similares a las de la OTAN. Bajo la denominación «Fraternidad inviolable», una serie de simulacros militares ONU/OTSC se desarrollaron en Kazajstán del 8 al 17 de octubre de 2012. Finalmente, un plan de despliegue de «chapkas azules» se discutió ,el 8 de diciembre, en el Comité Militar de la ONU.
Después de la estabilización de Siria, una conferencia internacional por una paz global entre Israel y sus vecinos debería desarrollarse en Moscú. Estados Unidos estima que no es posible negociar una paz separada entre Israel y Siria porque los sirios exigen, en nombre del arabismo, que se resuelva primero la cuestión de Palestina. Pero tampoco es posible una negociación de paz con los palestinos, debido a la extrema división que reina entre estos últimos, a menos que Siria se encargue de obligarlos a respetar un acuerdo aceptado por la mayoría. Por lo tanto, toda negociación debe tener un carácter global, según el modelo de la Conferencia de Madrid (realizada en 1991). Según esa hipótesis, Israel se retiraría lo más posible hacia sus fronteras de 1967 y los territorios palestinos se fusionarían con Jordania para conformar el Estado palestino definitivo, cuyo gobierno estaría en manos de la Hermandad Musulmana, lo cual haría esa solución aceptable para ciertos gobiernos árabes. Posteriormente, se devolvería a los sirios la meseta del Golán a cambio de que renunciaran al lago Tiberiades, conforme al esquema ya estudiado en 1999 durante las negociaciones de Shepherdstown (1999). Y Siria se convertiría en garante del respeto de los tratados por la parte jordano-palestina.
Como en un juego de dominó, habría ocuparse entonces del tema kurdo. Se desmantelaría Irak para dar nacimiento a un Kurdistán independiente y Turquía estaría llamada a convertirse en un Estado federal que concedería la autonomía a su región kurda.
Los estadounidenses desean llevar el rediseño hasta una fase en la que sacrificarían a Arabia Saudita, que ya ha dejado de serles útil. Ese país se dividiría en 3 partes y algunas provincias pasarían a formar parte de la federación jordano-palestina o del Irak chiita, conforme a un viejo plan del Pentágono titulado «Taking Saudi out of Arabia», que data del 10 de julio de 2002. Esa opción permitiría a Washington dejar en manos de Moscú una amplia zona de influencia, sin tener por ello que sacrificar parte de su propia influencia. Es un comportamiento similar al que ya pudo verse en el FMI cuando Washington aceptó aumentar el derecho de voto de los países miembros del grupo BRICS. Estados Unidos no cedió ni un ápice de su propio poder sino que obligó a los europeos a renunciar a una parte de sus votos para abrir espacio a los miembros del BRICS.
Este acuerdo político-militar va acompañado de un acuerdo económico-energético ya que lo que realmente interesaba a la mayoría de los protagonistas de la guerra contra Siria era la conquista de las reservas de gas de ese país. En efecto, importantes yacimientos de gas natural han sido descubiertos en el sur del Mediterráneo y en Siria. Con el posicionamiento de sus tropas en ese país, Moscú mejoraría su control sobre el mercado del gas para los próximos años.
El regalo de la nueva administración Obama para Vladimir Putin es también resultado de una serie de cálculos. Su objetivo no sólo es desviar a Rusia del Extremo Oriente sino también neutralizar a Israel. Si bien un millón de israelíes tienen también la nacionalidad estadounidense, hay otro millón de israelíes rusoparlantes. La presencia de tropas rusas en Siria sería un elemento disuasivo para evitar que los israelíes cedan a la tentación de atacar a los árabes y que los árabes ataquen Israel. Así que Estados Unidos ya no tendría que dedicar sumas astronómicas a la seguridad de la colonia judía.
La nueva distribución del juego obligaría a Estados Unidos a reconocer por fin el papel de Irán en la región. Washington quiere, sin embargo, la garantía de que Teherán va a retirarse de Latinoamérica, donde ha establecido numerosas relaciones, sobre todo con Venezuela. Se ignora aún cuál será la reacción iraní sobre este aspecto del dispositivo, pero Mahmud Ahmadinejad ya se ocupó de hacerle saber a Obama que está dispuesto a hacer lo que esté en sus manos para ayudarlo a distanciarse de Tel Aviv.
Hay perdedores en ese proyecto. En primer lugar, Francia y Gran Bretaña, que van a perder su influencia. Y después Israel, que perderá su influencia en Estados Unidos y se verá reducido a su justa dimensión de pequeño Estado. Finalmente Irak, que será desmantelado, y posiblemente Arabia Saudita que desde hace varias semanas viene haciendo desesperados esfuerzos por reconciliarse con todas las partes para tratar de escapar al destino que se le prepara.
Pero también hay ganadores. En primer lugar, Bachar al-Assad, hasta ayer tratado por los occidentales como un culpable de crímenes contra la humanidad y mañana glorificado como el vencedor de los islamistas. Y sobre todo Vladimir Putin, quien ,gracias a su tenacidad a lo largo del conflicto, saca finalmente a Rusia de su «containment», le abre nuevamente las puertas del Mediterráneo y del Medio Oriente y obtiene el reconocimiento del predominio ruso sobre el mercado del gas.
Fuente Odnako (Russia)
Artículo publicado el 26 de enero de 2013 en el semanario ruso Odnako (cercano a Vladimir Putin)
[1] Las arenas bituminosas, conocidas en Venezuela como "petróleo crudo extra pesado", también son denominadas indistintamente como "arenas petrolíferas", "arenas de alquitran" o "arenas aceiteras".
Thierry Meyssan Intelectual francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Sus análisis sobre política exterior se publican en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008).
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Que opina usted? Columna de reporteros - 28/02/2013 16:01:29

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Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés)
Reproducción de la columna "Las palabras" publicada en la edición 2272 de la revista "Caretas".

La Policía en la era Cachiche

Seguridad de la gente, lucha contra el crimen: uno pensaría que se trata del tipo de problemas que se enfrenta con sentido común, mediante la aplicación de medidas más bien simples pero que requieren el tipo de acción diligente, coordinada y perseverante que define la artesanía política de un buen gobierno.
Pero, viendo lo que pasa, uno se pregunta qué diablos ha pasado con la capacidad de razonamiento básico al dictar políticas y ordenar medidas en el ámbito de la Policía y la seguridad ciudadana. ¿Por qué personas normalmente inteligentes desbarran de un error al siguiente mientras justifican sus antológicas metidas de pata con argumentos que ya solo provocan el compasivo pensamiento de que hay cargos que hacen daño?
Este gobierno, debo decirlo antes de proseguir, ha hecho muchas cosas bien. Por ellas merece la aprobación que tiene. Pero en otros aspectos, sobre todo en el ámbito de seguridad ,y especialmente en las áreas por las que incide o merodea Adrián, "ácido", Villafuerte,, los errores son tan constantes y marcados que ya no se explican como tales. Es ahí donde el gobierno se está abriendo flancos y desarrollando puntos débiles que podrán traerle serias consecuencias.
Permítanme dejar para el final lo más notorio de los últimos incidentes de crimen y torpeza para mencionar antes otros menos conocidos, que ayudan a explicarse el cuadro general.
Lo de las licencias de armas: para combatir el uso criminal de las armas de fuego, el gobierno tuvo la idea de reducir la vigencia de las licencias de cinco años a solo uno, y prohibir del todo las licencias para el calibre 9 mm. Luger, o Parabellum, incluso la renovación de quienes ya las tienen.
Atacar el uso criminal de las armas de fuego mediante el acoso a los dueños de armas con licencia es como intentar atacar el contrabando hostigando a los comercios formales. La inmensa mayoría de crímenes con arma de fuego se comete con armas ilegales. Algunas son las armas alquiladas por militares o policías corruptos y otras pertenecen simplemente al mercado negro de armamento.
Prohibir el calibre 9 Parabellum es puro cretinismo regulatorio. Ese calibre que no es, ni mucho menos, el más potente o letal entre las armas de puño, tiene la ventaja, para los dueños de armas, de munición relativamente abundante, a mejor precio. Eso permite entrenar más, cosa que todo dueño responsable de armas debe hacer.
¿Qué porcentaje de pistolas de ese calibre figura en los casos de uso delictivo de armas? Muy bajo; ínfimo si se trata de armas con licencia vigente.
El problema que hay con las licencias de armas es el de aquellas que han sido indebidamente entregadas a delincuentes. Por ejemplo, las licencias extendidas a las mafias extorsionadoras en construcción civil. La solución radicaba en verificar en forma ágil y rápida los antecedentes de los solicitantes, lo cual, en un gobierno interconectado, está a la distancia de una pantalla. El régimen anterior avanzó en ese aspecto, mientras el actual se encargó de desmantelarlo.
Hay mucho que investigar y controlar en el uso ilegal de armamento y, sobre todo, de explosivos. De hecho, el castigo por la posesión ilegal de lo uno y lo otro, debería ser más severo. En cambio, reemplazar la acción investigativa y regulatoria de la Discamec por el procesamiento anual de multitudes de solicitud de renovación a través de trámites sin término, puede ser el sueño húmedo de burócratas, pero es una manera segura de fracasar en el control de armas y explosivos ilegales.
México es, por ejemplo, una nación severamente restrictiva en cuanto a otorgar permisos a armas de uso civil; pero tiene un gigantesco, letal y descontrolado mercado negro de todo tipo de armamento. ¿Se quiere eso aquí?
El Estado tiene no solo el derecho sino el deber de exigir conocimiento y habilidad en el manejo y seguridad de las armas de fuego a todos sus dueños o usuarios. Eso es regulación. Pero lo otro: el concepto de una burocracia papeluchera, arbitraria e irracional, no solo es inútil sino contraproducente. Si se mantiene, no va a solucionar nada y va a empeorar mucho.
Las rebuznantes medidas sobre las armas y explosivos de uso civil, no cantan solas. Hay un coro de acompañamiento de otras, como las siguientes:
Hace pocos días, en un evento sobre seguridad ciudadana en IDL, un número de comisarios policiales (mayores y comandantes) fue distinguido por sus notables logros en Policía Comunitaria. El ministro Wilfredo Pedraza estuvo en el acto. Al día siguiente, todos esos comisarios fueron sacados de sus puestos. Otra vez quedó claro que en la Policía de la era Cachiche no hay buena acción que quede sin castigo.
Así, el comandante Guillermo Bonilla, comisario de Ramón Castilla, en el Callao; el comandante Jhony Soriano, comisario de Túpac Amaru, en Comas; el mayor Edwin Méndez, comisario de Ciudad y Campo; el mayor Roy León, comisario de la Ensenada, en Puente Piedra, fueron removidos de sus comisarías y enviados a posiciones administrativas.
Si la policía comunitaria es la forma más eficaz y menos traumática de prevenir y sofocar el delito en el nivel distrital, las unidades especializadas de la Policía son la mejor alternativa para enfrentar el crimen organizado y la subversión violenta. La especialización requiere, para rendir frutos, de una permanencia de años de los policías expertos en áreas específicas. Ese fue el caso, por ejemplo, de los que capturaron a "Artemio". Pero, pese a que esos oficiales vivieron la mayor parte del tiempo en provincias, ello no les cuenta como tiempo de servicio ahí, puesto que su comando estaba en Lima. Entonces, si quieren ascender, deben dejar sus unidades para servir en una de provincias, como ha sucedido con muchos policías en unidades especializadas, desde las antiterroristas hasta la Policía Aérea. Con eso, se pierde continuidad y se corta la acumulación sistemática de experiencias.
Es cierto que el Perú tiene índices más bajos de homicidio que la mayor parte de países de América Latina, pero hay una tendencia al empeoramiento, sobre todo en términos del crecimiento del crimen organizado.
En ese contexto, el efecto simbólico de lo que sucedió en la Notaría Paíno y alrededores, es devastador. Que los policías, especialmente los centinelas de dos de las direcciones más importantes de la Policía, vecinas muy cercanas de esa Notaría, hayan parecido estatuas del museo de cera de Madame Tussaud , inmóviles mientras se producía el tiroteo a pocos metros de donde estaban, catatónicos cuando huyeron los criminales,, significó para la gente que éstos pueden hacer lo que quieran, cuando les de la gana. El asesinato del fotógrafo Luis Choy agravó esta sensación.
Está claro que no todo el problema se explica por la gestión del general PNP Raúl Salazar al frente de la Policía. Antes ha habido directores generales mediocres y venales, (excepto dos y tres que sí fueron eficientes), que agravaron los problemas preexistentes de ineficacia y corrupción que tradicionalmente ha padecido la PNP.
El problema es que el comando de Salazar está inexorablemente vinculado con el caso de las Brujas de Cachiche, especialmente en el encubrimiento posterior. Todo indica que, pese a sucesivos fracasos, desde Kepashiato hasta La Parada, el gobierno lo ha mantenido en el cargo por esa razón.
En ese contexto, insistir sobre los cientos de millones de soles que se va a invertir en equipos mientras se permite la corrosión institucional, parece la actitud del nuevo rico que intenta compensar con plata su falta de sustancia y fundamento.
El Gobierno, es decir, el presidente Humala, puede todavía actuar y revertir la sensación y la realidad del deterioro en la seguridad interna. Pero el tiempo de actuar es ahora, y hacerlo es corregir?
Notas relacionadas:
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Que opina usted? COLOMBIA. ¿PERSPECTIVA DE PAZ O DE GUERRA?. - 05/12/2012 9:34:17

" Surge una serie de interrogantes a partir de las negociaciones del conflicto interno en Colombia. ¿Es fiable negociar con un gobierno corrompido que nunca ha sostenido su palabra y que cada gesto o acción que realiza es solamente para favorecer a los grupos de poder y a los Estados Unidos?. Qué ganan las FARC y el pueblo en esta negociación?. ¿Es posible negociar una guerra entre clases sociales?. ¿La "paz oficial" será un factor determinante para resolver los problemas de los pobres en este país?. Si las negociaciones es para dejar de tirar tiros, ¿Qué va pasar con los terratenientes y capitalistas?. Por qué se insiste en las negociaciones del conflicto armado, si ellas nunca dieron resultados favorables. ¿Desarmarse para dejar el campo libre a los represores del pueblo?.
Guerrilleros y representantes del gobierno de Colombia han establecido la "Mesa de Diálogos por la paz". Las reuniones se iniciaron en Cuba y se prosiguieron en Oslo (Noruega. Después de Oslo, es Cuba el país anfitrión para continuar las negociaciones. El primer día de negociaciones en Oslo (15 de octubre 2012), Iván Márquez representante de las FARC señalo que este acuerdo de paz tiene que discutir las soluciones a los problemas económicos y sociales del pueblo colombiano. El delegado del gobierno colombiano contestó en forma tajante que en esta mesa de negociación "no se va a discutir ni la doctrina militar ni el modelo económico ni la inversión extranjera".
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el grupo guerrillero más antiguo de America Latina. Su antigüedad es paralela a sus propuestas de ""cese el fuego, tregua y paz"". Inicio sus acciones armadas en 1964 y de ellos mas de 30 años ha intentado con pocos éxitos y resultados desastrosos convencer a sus interlocutores del Estado Colombiano de buscar una solución política negociada al conflicto armado. Las negociaciones entre este grupo y el gobierno de Juan Manuel Santos han generado el entusiasmo general en America Latina y otras partes del mundo. Desde Cuba hasta Chile se ha inflado un ambiente de paz y reconciliación. Barak Obama, responsables actual de las mas brutales guerras imperialistas, dijo que las FARC ""deberían aprovechar esta oportunidad para poner fin a décadas de terrorismo y narcotráfico». La ONU, cómplice de genocidios en Irak, Afganistán Libia y Siria y otros países pobres, subrayó que era optimista por las garantías que se deba al desarme de la guerrilla. El papa Benedicto XVI, envió un mensaje desde el Vaticano señalando que subversivos y el gobierno "se dejen guiar por la voluntad de perdón y reconciliación, en la sincera búsqueda del bien común"".
¿A quien sirve las negociaciones?
Hay que recordar que ninguna negociación de paz entre un grupo subversivo y el Estado ha sido favorable para el pueblo. No hay un solo caso en la historia de la lucha social que muestre lo contrario. La experiencia negociadora guerrilla-Estado entrega un saldo desastroso para los pueblos de America Latina. La "pacificación" y derrota de la guerrilla latinoamericana ha sido una de las ambiciones de los grupos de poder y los Estados Unidos. Las "negociaciones" o los diálogos de paz", como forma "pacifica" de resolver el conflicto armado, se ha convertido en instrumento contrainsurgente eficaz. Los ejemplos más recientes respecto a la negociación del conflicto armado muestra que no ha servido para aliviar la miseria, la explotación y la violencia contra los oprimidos.
Los grupos de poder se han servido de la estrategia de paz para conducir a la derrota a diversos grupos subversivos y consolidar su dominación. En Colombia, al inicio de los años 90 diversos grupos guerrilleros mordieron el anzuelo de la negociación. El resultado fue la extinción y derrota de estos grupos políticos. Algunos de sus dirigentes fueron asesinados cuando ya se habían insertado en el sistema político oficial. Como señala Álvaro Leyva Durán del Observatorio de Construcción de Paz, la "memoria en Colombia es una memoria corta, nadie sabe que hubo un grupo alzado en armas que se llamó el Quintín Lame y que YA DESAPARECIÓ A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, así como el EPL, el PRT, el M-19 y parte del Ejército de Liberación Nacional" (1).
En America Latina, como en ninguna otra parte del mundo, las negociaciones de paz resultaron una trampa para desmovilizar al pueblo y acentuar el brutal sistema de explotación. Los procesos de diálogos y la firma de acuerdos de paz, al contrario de lo que se ha publicitado, han significado más sufrimiento para los oprimidos. Sólo han servido para extender el carácter militar y opresor de los estados auspiciadores de los acuerdos de paz. El Salvador (1992), Guatemala (1996), Perú (1993). En estos países después de más de 20 años de los acuerdos de paz ha crecido la pobreza extrema, la desocupación, y la violencia contra la población. Los estados se han militarizados y las leyes sirven solo para proteger gobernantes corruptos y mafiosos. La eficacia contrainsurgente de los acuerdos de paz resultaron más eficaces que la misma represión militar. Si en el campo de combate el ejército perdía la guerra, salió triunfante en la mesa de negociaciones.
¿Negociaciones y sociedad de paz y justicia social?
Los representantes de las FARC han dicho que esta negociación es para buscar una "salida pacifica al conflicto armado" y mediante ello concretar "una paz con justicia social". El Presidente Santos dijo que en las negociaciones no "habrá concesiones de ningún tipo"". A esta negociación se unió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro de los grupos guerrilleros de Colombia activo desde inicios de la década del 60. Este grupo se pronunció el primero de noviembre señalando que deseaba sumarse a las conversaciones de paz y que aceptaban "comenzar los diálogos con el gobierno de Colombia".
En el caso de las guerras entre clases sociales, no existe ningún tipo de mediación conciliadora que conduzca a una solución definitiva de las contradicciones de clases. No se aplica ni armisticio o acuerdos de paz, ni posibilidades de tratados internacionales que pongan fin al conflicto y en el que los contrincantes queden satisfechos. Las guerras revolucionarias surgen por las contradicciones antagónicas, entre pobres y ricos. Estas contradicciones solo se resuelven mediante la guerra y la derrota militar y política de la burguesía y terratenientes. El problema fundamental es del poder del Estado. Aquí no hay termino medio ni ningún tipo de negociación. Incluso las reformas que coyunturalmente pueden parecer una solución no resuelven la contradicción fundamental entre pobres y ricos. Una guerra de clases esta impulsada por reivindicaciones históricas sociales. Los pobres luchar para liberase de la explotación, la esclavitud asalariada, la violencia y la injusticia. Su objetivo estratégico es destruir el Estado y la sociedad que los oprime y edificar una nueva sociedad, el socialismo. Por el lado de los grupos de poder, usan la violencia y la represión para mantener el Estado y la sociedad de explotación.
En este tipo confrontación de clase Colombia no será una excepción. En este país las contradicciones de las clases sociales aumentan al mismo ritmo que las injusticias, la explotación, la miseria, la violencia y la corrupción de los gobernantes. Tiene razón Juan Leonel Pérez analista de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), cuando advierte que "la clase política que gobierna Colombia desde hace 50 años, no tiene voluntad de paz, lo que quiere es una desmovilización y entrega de armas del movimiento insurgente". Este mismo analista señala que la "guerra desatada por la gran oligarquía contra el pueblo colombiano, lleva 64 años y ha cobrado la vida de más de un millón de personas, el desplazamiento de más de 5 millones y la desaparición de 150.000. Por estos desmanes, son muy pocos los procesos judiciales que se han llevado a cabo permaneciendo la mayoría de estos crímenes en la absoluta impunidad" (2).
Juan Leonel Pérez señala que cada proceso de paz en Colombia, solo sirvió para que los guerrilleros y combatientes sean reprimidos y exterminados por las fuerzas armadas de Colombia. Anota que en 1953 los guerrilleros se entregaron en nombre de la paz. En seguida a esta paz el gobierno lanzó a una gigantesca represión contra los comunistas y luchadores sociales. Señala también que en 1957 los grupos guerrilleros se declararon partidarios de la paz y comenzaron a cultivar la tierra en Marquetalia, Río Chito, El Pata y El Guayabero. "hasta allí llegaron en 1964 los aviones y 16 mil soldados" con el objetivo militar de exterminar a los guerrilleros trasformados en pacíficos campesinos. Posteriormente en 1984, narra este periodista, "se firmaron los Acuerdos de la Uribe, nació la Unión Patriótica, esta fue aniquilada, junto a otros movimientos políticos".
Cuba y Venezuela, no garantizan nada
Que las negociaciones de paz en Colombia estén auspiciadas por Hugo Chávez y el gobierno de Cuba, no cambian en nada los planes contrainsurgentes que se esconden tras estas negociaciones. La participación de Cuba y Venezuela, aparte de encubrir la parte turbia de estas negociaciones, sirven para confundir la opinión pública haciendo creer que mediante la "pacificación" oficial de este país se puede alcanzar la armonía y el bienestar de la población.
Hugo Chávez está más cerca del presidente Juan Manuel Santos que de los guerrilleros colombianos. Desde el 2010 existe un acuerdo de cooperación en materia de inteligencia entre Colombia y Venezuela. Esta información de inteligencia, ha servido para ubicar y atrapar una serie de revolucionarios que fueron enviados de Venezuela a Colombia. ""Nuestro gobierno actuará contra cualquier grupo irregular, sea el que sea, y entregará a las personas requeridas por Colombia, no importa si vienen de un grupo o de otro"", dijo en noviembre del 2010 Tarek El Aissami, ministro del Interior y Justicia venezolano. Pero aun mas grave, dice el Partido Comunista de Venezuela (13 de julio 2011), la información que intercambia Venezuela y Colombia "es del conocimiento, dominio, manejo y utilización por parte de la inteligencia norteamericana".
Las autoridades venezolanas, si bien han sido represivos con los revolucionarios de Colombia, no ha sido así con los paramilitares colombianos que se refugiaron en Venezuela. "En el caso del paramilitarismo de ultraderecha colombiano, dice una revista de Venezuela, el gobierno de Chávez, ha optado por una posición más suave. Un caso ejemplar ha sido el indulto a los paramilitares capturados en una finca en las afueras de Caracas en mayo de 2004. En aquella ocasión fueron capturados 112 paramilitares, y en el año 2005, 27 de ellos fueron condenados a penas de entre 2 y 9 años por planificar acciones terroristas. El presidente Chávez indultó en agosto de 2007 a 41 paramilitares que permanecían presos por ese caso, en un gesto amistoso hacia el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe" (3).
Solo en los primeros meses del 2009, Venezuela entregó a Colombia 15 supuestos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el 2010, el gobierno de Chávez entregó a Juan Manuel Santos 22 supuestos "terroristas" de las FARC y del ELN. Hasta abril del 2011 volvió a capturar a 5 supuestos dirigentes de los grupos subversivos en Colombia. Entre algunos de los "entregados" por Chávez, hay que mencionar a Joaquín Pérez Becerra, periodista y director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL). Fue detenido en Venezuela (abril del 2001) acusado de ser dirigente de las FARC y entregado inmediatamente a la policía colombiana. Chávez sin inmutarse por las protestas contra estas detenciones arbitrarias de supuestos "terroristas" señaló que el "Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos." La respuesta de Colombia fue en el mismo sentido. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, declaró que la actitud de Chávez, demuestra ""el buen camino"" que llevan adelante Colombia y Venezuela, en materia de seguridad y lograr que grupos armados que están en la frontera puedan ser capturados"".
El gobierno cubano alienta y aplaude las negociaciones actuales entre las FARC y el gobierno colombiano. Los mismo hizo Cuba en las década del 90 cuando auspició negociaciones en El Salvador, Guatemala y del M-19 (Colombia). Esas negociaciones de paz fueron contrarias a los intereses de estos pueblos cuyos resultados solo sirvieron a los grupos de poder y a los norteamericanos.
La posición de Cuba a favor de la negociación de la lucha armada viene desde la mitad de la década del 80 y tiene relación con la distensión entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Castro anunció en el tercer Congreso del PC de Cuba (1986) que su gobierno "ha figurado también en la búsqueda de una solución negociada al conflicto centroamericano". No puede olvidarse, dijo Castro en ese evento, "la necesidad de buscar soluciones políticas negociadas a la guerra en El Salvador y Guatemala" (4). En 1992 durante una entrevista que concedió a Tomás Borges, el líder cubano emite en extenso su opinión respecto al conflicto armado en El Salvador. Defiende la negociación de paz firmada por el Frente Farabundo Martí de Liberación de El Salvador (FMLN). Castro calificó este ""acuerdo de paz"", como ""sabio"" y como un trampolín para alcanzar por ""vía pacifica"" los ""objetivos revolucionarios"" que la guerrilla del FMLN no había podido lograr mediante la lucha armada (5).
A partir de la década del 90, cuando ya se había desintegrado la URSS, los líderes cubanos ven en las negociaciones del conflicto armado una forma de reemplazar la lucha armada. Durante la clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en julio de 1993 en la Habana Castro se pronuncio a favor de dejar de lado la lucha armada, anotando que no "era el camino más prometedor". Agregando además, que "aquí en el Foro no se esta defendiendo el socialismo. Ninguno puede pretender que en este Foro se plantee el socialismo como objetivo, ninguno puede pretender que las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, en este momento sean propicias para la construcción del socialismo" (6).
La coyuntura negociadora en Colombia
Colombia es actualmente uno de los países latinoamericanos con mayores vínculos con los Estados Unidos. Se ha convertido en una base militar americana en el continente. Hasta mayo del 2012, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MoPPaSSol) ha contabilizado 47 bases militares extranjeras en America Latina y de ellas 8 están instaladas en este país. Los gobernantes de este están mezclados en el narcotráfico y en la organización de grupos paramilitares. Por su lado, el analista Uriel Ariza Urbina anota que Colombia se "debate en una profunda crisis social y moral como consecuencia del recrudecimiento del tráfico de drogas y la corrupción estatal, lo que convierte a este país en el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los más corruptos, según varios informes estatales e internacionales" (7).
¿Quien es el interlocutor de las FARC? El presidente Juan Manuel Santos se presenta como un emisario pacifista y doctrinario de la paz. Santos proviene de las canteras del ex presidente Álvaro Uribe quien fue acusado de colaborar con el Cartel de Medellín. En 1991 un documento oficial redactado por la Defense Intelligence Agency (DIA) de los Estados Unidos, describe a Uribe como un colaborador del cartel de Medellín y amigo de Pablo Escobar. Su contribución con este poderoso grupo del narcotráfico fue en el periodo 1980 y 1982 cuando era director de la Aeronáutica Civil, cargo que recibió del presidente Julio César Turbay. En el 2002 ganó las elecciones pero fue acusado de servirse del dinero de las mafias de la droga para ganar financiar su campaña electoral. Tramposamente se hizo reelegir en el 2006, y nuevamente fue acusado de utilizar grupos paramilitares para aterrorizar a los votantes.
Juan Manuel Santos, fue ministro de defensa de Álvaro Uribe entre el 2006 y 2008. Como ministro decía orgulloso haber dirigido los operativos que dieron muerte a Raúl Reyes (marzo de 2008) jefe de las FARC y a Iván Ríos (3 de marzo de 2008), jefe del Bloque Central de las FARC. Santos se jactó de haber propinado el más duro golpe a este grupo guerrillero cuando (23 de setiembre del 2010) los militares colombianos eliminaron al Mono Jojoy jefe militar de las FARC. Santos era ministro de defensa en noviembre del 2006, cuando junto con el ejército fabricó falsos atentados "terroristas" en Bogota bajo el objetivo de desprestigiar a los subversivos y presentar a los militares como héroes de la sociedad. Santos como ministro de defensa o actualmente como presidente se ha encargado de facilitar que tropas de Estados Unidos participen en la guerra contrainsurgente en Colombia. En marzo del 2012, general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, confirmó que el presidente Santos ha dado su conformidad para que el Pentágono envíe a Colombia militares que estuvieron al frente de operaciones en Irak y Afganistán.
ORIGEN OSCURO DE LA VIA NO MILITAR
Contrariamente a lo que se ha creído, la versión moderna de las negociaciones, no surgió de criterios políticos democráticos y pacifistas. Se estructuró, como parte de una concepción estratégica de los Estados Unidos. Fue concebido bajo el objetivo derrotar a los grupos subversivos del continente. Es bajo la administración de Ronald Reagan (1981-1989) que se institucionaliza el empleo de la negociación de paz como instrumento contrarrevolucionario.
El concepto de la negociación se inserta como elemento principal de la estrategia contrainsurgente norteamericana conocida con el nombre de «Conflicto de Baja Intensidad» (8) que los americanos estructuran en 1981 para hacer aplicable a todo el tercer mundo. La ejecución y desarrollo de esta estrategia se sustenta en una táctica compuesta de dos opciones para enfrentar la lucha guerrillera. Una de ellas reposa exclusivamente en el aspecto militar y la otra pone énfasis en la gestión diplomática y negociadora. En el primer caso, se refiere a usar la fuerza militar y cualquier medio represivo (invasiones, envío de tropas, etc.), para destruir los movimientos revolucionarios, nacionalistas o democráticos. Por otro lado, se concibe un programa de negociaciones y «diálogo con la guerrilla», para «erosionar las posiciones progresistas o revolucionarias desde dentro, intentar desmovilizar a las masas y ganar tiempo» bajo el objetivo de liquidar la subversión (9). Nicaragua fue un laboratorio donde se mostró la eficacia y el doble filo del «Conflicto de Baja Intensidad». Ahí se aplicó simultáneamente acciones militares (abiertas y encubiertas) y la fórmula negociadora pacifista. El gobierno americano sostuvo y financió grupos armados contra el gobierno sandinista, pero al mismo tiempo auspició negociaciones de paz como solución «pacifica y democrática» al conflicto en este país.
En enero de 1983 los Estados Unidos logran institucionalizar en America Latina lo que se conoce como «solución negociada y política del conflicto armado». Su promotor fue el general Manuel Antonio Noriega, conocido traficante de drogas quien siendo agente de la CIA americana llegó a la presidencia de Panamá. La reunión donde se dio nacimiento a esta estrategia política fue en la isla de Contadora en Panamá y en ella participaron junto a Noriega los presidentes de México, Venezuela y Colombia, todos ellos alineados con la política de dominación norteamericana. Al momento de la reunión de Contadora, Noriega era presidente de Panamá. Había asumido el poder después de la muerte en 1981 del general Omar Torrijos, un militar que reclamaba la soberanía sobre el Canal de Panamá que los americanos tenían en su poder desde 1903. Torrijos murió en un extraño accidente de aviación. Muchos analistas han señalado que Noriega, por orden de la CIA, planificó el asesinato de Torrijos.
La negociación de la lucha armada se fundamenta en la teoría de la paz social, cuyo criterio de pacificación de la sociedad se concreta sin afectar el Estado ni la dominación imperialista. Los grupos de poder no sufren el más mínimo rasguño y se reafirma la continuación del sistema político corrompido y antidemocrático. No se toma en cuanta la opresión de los trabajadores, ni mucho menos sus reivindicaciones sociales y políticas. El ""diálogo y paz con los grupos guerrilleros"" contribuye a mantener una America Latina ""sin terrorismo y sin insurgentes"". Es decir sin ningún obstáculo serio que amenace los planes estadounidenses en la región. Esta ""paz americana"" contribuye a consolidar la hegemonía mundial de los Estados Unidos.
Los expertos y estrategas militares de los Estados Unidos han explicado en diferentes documentos, que ""resolver la crisis latinoamericana"" y trabajar por el ""fortalecimiento de sus gobiernos"" se inscribe en lo fundamental en la liquidación del fenómeno subversivo o la ""amenaza comunista"" como ellos lo denominan. En el documento elaborado por el Departamento de los EE.UU. titulado ""Una Estrategia Para América Latina en la Década de 1990"" se señala: ""Los problemas del terrorismo, los insurgentes.....son identificados como factores desestabilizadores que contribuyen al carácter volátil y a la falta de seguridad de los regímenes democráticos latinoamericanos, y que también a nosotros nos afecta, en mayor o menor medida"".
Otro de los beneficios que obtienen los Estados Unidos se refiere a la ganancia en el terreno ideológico. Desde el punto de vista de la lucha ideológica-política entre las ideas socialistas y capitalistas, que un determinado grupo guerrillero que se dice anticapitalista y socialista acabe doblegándose al Estado, entregue las armas y que además se ""integre"" activamente a la vida política oficial, es algo que tiene un precio político incalculable. ¿Y cuáles son estas utilidades políticas?. La capitulación como conducta política creará inmediatamente a su aplicación una desmoralización general en el pueblo de cuyo seno salieron miles de campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales y otras capas de la sociedad que se integraron a las filas de la guerrilla. Esta desmoralización de carácter político se acentuará en el pueblo durante varias décadas.
La población que depositó sus esperanzas en un cambio revolucionario se sentirá traicionada con los resultados del acuerdo de paz. Tanto los campesinos como el trabajador de la ciudad verán esfumarse sus sueños de una sociedad nueva y más justa. Parafraseando a Lenin, este tipo de guerrilla ""dilapida inútilmente la fuerza de los oprimidos"". Como reflejo directo de este hecho, por un largo periodo las masas quedarán a la deriva, sin orientación y sin capacidad de reaccionar frente a cualquier medida represiva del Estado. Durante este periodo los trabajadores se vuelven extremadamente desconfiados y rechazaran el discurso de izquierda. Se alejaran de todo partido que los convoque a la luchar al interior de una minima estructura de organización. A partir de este hecho los movimientos de protestas serán exclusivamente espontáneos, sin dirección política y completamente desorganizados. El movimiento obrero, el campesinado y otras clases oprimidas, sufrirán serios reveses en su lucha reivindicativa. Por un largo periodo los grupos de poder y sus partidos políticos pasarán a la ofensiva. En este terreno fértil para las ideas de derecha y reformistas el anticomunismo gana espacio y el concepto de lucha por el socialismo será excluido de la población.
A los usufructos ideológicos y políticos que saca el Estado, hay que agregar la ganancia en el aspecto militar. El Estado militarizado de época de guerra interna, no pierde ésta característica con la firma de la ""paz"". La ""salida pacífica a la guerra"", no resuelve ni disminuye, las contradicciones sociales. Su perspectiva será la inevitable agudización del conflicto social. La contradicción social entre pobres y ricos seguirá su desarrollo que, dependiendo de la situación social de cada país, originará inevitablemente explosiones sociales espontáneas. En prevención de que estas explosiones sean capitalizadas por fuerzas políticas consideradas subversivas, el Estado mantendrá intangible su aparato militar, preparado para reprimir el más mínimo movimiento de masas y la más ligera sospecha de subversión.
Es evidente que en el proceso de negociación de paz, los únicos que abandonan las armas son los guerrilleros, no así las Fuerzas Armadas del Estado que seguirán conservando su ejército, su policía y otras instituciones represivas. El conocido discurso sobre la ""desmilitarización"" del país como complemento del ""acuerdo de paz"", resulta unilateral y corresponde a la campaña de desinformación que el Estado, en combinación con los expertos americanos estructuran para manipular la opinión pública. En este aspecto, el Estado gana por partida doble: por un lado desarma (desmilitariza) a sus enemigos (los guerrilleros entregan sus armas al gobierno) y los hace sus aliados integrándolos al sistema oficial.
Los guerrilleros que durante años agitaron consignas a favor del socialismo y de una sociedad mas justa se convierten en pacíficos y dóciles parlamentarios, alcaldes, gobernadores, funcionarios, policías y soldados. Se reciclan como defensores de la democracia burguesa, en funcionarios del Estado y en administradores de ricas Organizaciones no Gubernamentales (ONG). En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los ex guerrilleros son ahora integrantes de las clases políticas dirigentes de estos países cuyo rol es proteger el sistema de explotación y los intereses de las transnacionales.
Desviar la atención de las masas hacia la negociación de paz, no sólo ha significado un retroceso en el terreno de la ideología, la política y en el campo militar. También ha generado la muerte de miles de combatientes y partidarios de la lucha armada que fueron asesinados durante los procesos de ""tregua"" o de conversaciones de paz. Para ilustrar esta dramática particularidad del camino negociador, nos remitimos a la versión de un periodista colombiano, que siendo partidario de la llamada salida pacifica al conflicto interno, no deja de denunciar las desastrosas consecuencias y los altos costos en vidas humanas que ha costado la paz en Colombia: ""Miedo a la paz, sí, aunque parezca paradójico. La paz en Colombia ha tenido en los últimos tiempos altos costos: para la guerrilla, porque la experiencia histórica de las últimas décadas ha demostrado que la paz significa más muertos que la guerra. A mediados de los ochenta otro movimiento guerrillero, el M19, firmó la paz y su integración a la ""sana"" política colombiana. Hoy se cuentan por cientos los militantes asesinados de esa agrupación. La Unión Patriótica que por la misma época quiso ser el brazo político de las FARC luchó en las urnas y disputó el poder democráticamente obteniendo resonantes triunfos: senadurías, diputaciones y alcaldías fueron ganadas limpiamente. Naturalmente eso no gustó a la oligarquía que considera a Colombia como su coto privado. La Unión Patriótica, en un acto que recrea toda la historia del país, fue diezmada, totalmente masacrada. Dos candidatos presidenciales, la mayoría de sus representantes populares y cerca de cinco mil militantes fueron asesinados. Esta experiencia muestra las formas que asume la ""política a la colombiana"" cuando los intereses de la clase dominante están en riesgo. El saldo final de esta incursión guerrillera por las ""vías democráticas"" le produjo muchas más bajas que los veinte años de guerra en ese entonces"". (10).
Notas:
1. Álvaro Leyva Durán, Observatorio de Construcción de Paz, Colombia, 26 de Octubre de 2011. 2. Juan Leonel Pérez, fuente: Anncol. 3. Información aparecida en Laclase.info, 22-11-2010. 4. Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central presentado por Fidel Castro Ruz. La Habana 1986, paginas 113 y 114. 5. ""Un Grano de maíz». Fidel Castro es entrevistado por Tomás Borges, editado por la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana 1992, página 165. 6. Fidel Castro. Discurso en la clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo, 24 de julio 1993. 7. Uriel Ariza Urbina, 21 de mayo 2010. 8. Según Isabel Jaramillo Edwards (Centro de Estudios sobre América, enero 87), la estrategia denominada «Conflicto de Baja Intensidad, «incorpora elementos doctrinales que tuvieron vigencia a partir de la segunda guerra mundial». Según la analista, el «Conflicto de Baja Intensidad», que surgió en 1981, se desarrolla en el marco del programa «seguridad y desarrollo» cuyo objetivo es liquidar los movimientos subversivos o cualquier expresión de lucha antiamericana. La autora resume esta estrategia, como una «concepción estratégica flexible e integral, cuyos objetivos son fundamentalmente políticos-militares y de largo alcance. Señala que su instrumentalización corresponde a la aplicación de opciones políticas, económicas, diplomáticas, militares, sociales, sicólogas y de propaganda.
9. El Conflicto de Baja Intensidad, modelo para armar, Isabel Jaramillo Edwards, Centro de Estudios sobre América, enero 87. 10. Florencio Rodil Urrego, Colombia: La guerra estalló por miedo a la paz, Revista Rebelión, 21 de marzo 2002.
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Es Noticia, Abencia Meza: "Sólo pido que se haga justicia" - 04/11/2012 15:37:02

" A pocos días de que la Corte Suprema de Justicia emita su veredicto final sobre el caso del asesinato de Alicia Delgado, la cantante Abencia Meza confía en que saldrá libre de este proceso penal en su contra.
En una carta, que fue difundida en un programa de TV, la artista manifestó que confía en los magistrados, quienes deberán pronunciarse sobre el recurso de nulidad interpuesto por su defensa legal contra la sentencia de 30 años de cárcel por la muerte de Delgado.
"Sólo pido que se juzgue bien y que se haga justicia. No hice nada malo, siempre diré soy inocente y no hice daño a nadie con mi inclinación sexual. Si eso es pecado, el que me tiene que castigar es Dios. El que nada debe nada teme. Fui la primera en pedir que se sepa la verdad, por eso cuando me dieron comparecencia no me fui del país y al revocarme me puse a derecho. Yo entregué la foto de la persona que dice ser el asesino", manifestó.
Meza también dijo que su vida ha cambiado, luego de que fue recluida en prisión, pues ahora valora muchos aspectos de la vida.

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Consulte Información en Delito y Corrupción La herencia del Camal Yerbateros 2 y HUMALA DE LAS FARSA ELECTORAL A LA REPRESION SANGRIENTA
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