Que opina? MTC: Estado ahorrará US$ 170 millones en la Línea 2 del Metro de Lima - 28/03/2014 19:35:00
El Estado peruano obtuvo un ahorro de 170 millones de dólares en el proceso de adjudicación del proyecto de la Línea 2 y Ramal avenida Faucett-avenida Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina usted? Lentitud e ineficacia sellos del JNE - 04/03/2014 10:36:49
"El Jurado Nacional de Elecciones, entidad a la que ningún fiscal supremo quería ir, debería ser sacudido de su inoperancia para que resuelva tantos pedidos de vacancia y suspensión que tiene pendientes desde hace tiempo.Y su presidente debería dedicarse más a su trabajo y dejar de estar viajando tanto.
Hace unas semanas, pobladores trujillanos celebraban socarronamente el primer aniversario del pedido de vacancia del alcalde de esa ciudad, César Acuña Peralta, sin que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie, hasta la fecha a pesar de todo el tiempo que ha trascurrido desde esa solicitud.
Muchos temen que la influencia de Acuña sea la causa de esa demora, y se sospecha que esa tardanza concluya en un fallo en contra del pedido de vacancia del también líder del partido Alianza para el Progreso.
Acuña, el burgomaestre más ineficiente del país, pretende, aunque usted no lo crea, ser el nuevo presidente de la República.
Caso acuña. Cuando se repara en los antecedentes del presidente del JNE, Francisco Távara Córdova, se empieza a comprender no sólo la demora en la sentencia del caso Acuña, sino que es altamente probable que ese fallo sea favorable para Acuña Peralta.
¿Por qué habría que llegar a esa conclusión?
La respuesta es sencilla: Távara ha sido, ni más ni menos, que profesor de la Universidad César Vallejo (UCV) en Trujillo.
Pero, ¿qué tiene que ver la condición de catedrático de Távara en la UCV en cuanto al caso Acuña?
Mucho, pues resulta que César Acuña es el dueño de esa casa de estudios en donde al parecer se elige a los catedráticos no precisamente por su versación, sino por su poder en terrenos de la política, las leyes, la justicia, etc.
Resulta extraño que Távara, magistrado de gran experiencia, enseñe en una universidad como la de Acuña cuando podría estar haciéndolo en una de mejor nivel.
Caso burgos. En el caso del archicuestionado alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo todavía una más lamentable actuación: el 17 de diciembre de 2013 archivó el pedido de vacancia a la que estaba sometido Burgos mediante la resolución N° 1120-2013 JNE.
El regalo navideño al polémico burgomaestre se fundamenta en que no ha cometido enriquecimiento ilícito por el dinero que cobró indebidamente de la municipalidad, porque poco tiempo después lo había devuelto.
Ese poco tiempo después era de casi dos años, ya que cobró en diciembre de 2011 y lo devolvió en setiembre de 2013 luego de que se había presentado el pedido de vacancia en su contra.
Ese proceder, según Távara y compañía, demuestra que nunca tuvo la intención de obtener beneficios que no le correspondían, dichos beneficios eran por concepto de escolaridad y navidad.
También se justificó los 11 viajes al extranjero que realizó Burgos sin autorización del Concejo Municipal, pues según la sorprendente resolución del JNE, y también después de haberse pedido la vacancia, luego esos viajes fueron regularizados.
La resolución favorable a Burgos ha sido considerada una monstruosidad jurídica, ya que autoriza a todo funcionario público a cobrar lo que no le corresponde y cuando, para mala suerte de él, es descubierto, entonces devuelve el dinero y no pasa nada. Si nadie lo descubre, después que salió de la administración pública no tendría sanción alguna.
Municipalidad acéfala. El distrito de Pilcuyo, uno de los cinco distritos de la Provincia de El Collao, ubicada en el departamento de Puno, tuvo la desgracia de elegir como alcalde a David Patricio Quille Gómez del movimiento político de Reforma Regional Andina Integración, Participación Económica y Social de Puno (RAICES).
Agrupación política del congresista Mariano Portugal Catacora. Resulta que Quille Gómez es acusado de haber barrido con cuanta donación se ha hecho en favor de los pobladores del distrito.
El burgomaestre es acusado incluso de utilizar de manera indebida un automóvil Toyota que fue donado para el servicio de la municipalidad de Pilcuyo.
El vehículo en mención es usado por un ahijado del alcalde, lo que constituye delito de peculado de uso.
David Quille también ha sido denunciado por apropiarse de la donación de maquinarias que realizara el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bienes de la Aduana de Puno y también de la oficina del Primer Ministro, razones por las cuales el fiscal Manuel Vargas Hito pidió para él detención preventiva de ocho meses.
Dicha solicitud fue concedida por el juez y ha sido ratificado por la Corte Superior.
Pero el proceso por los delitos de malversación, colusión y peculado por el que se le ha dictado detención no es lo más grave.
Resulta que desde octubre de 2013 el alcalde Quille se encuentra prófugo, la policía no lo localiza y los bienes que recibiera en donación se encuentran desaparecidos, incluido un vehículo blindado que usara el ex presidente Valentín Paniagua y que fue donado por el gobierno a Pilcuyo.
Como el JNE no se pronuncia sobre el pedido de vacancia, el primer regidor Edgard Chura Cardozo no puede asumir la alcaldía.
Además, por órdenes de la fiscalía se ha lacrado el local municipal a donde acuden diariamente cientos de pobladores sin encontrar atención a sus reclamos y solicitudes.
Incluso los beneficiarios de la pensión 65 no pueden cobrar lo que les corresponde por la inacción de las autoridades.
Si algo grave ocurre por la inacción de las autoridades, la responsabilidad por una acción violenta que ha estado a punto de producirse será principalmente del JNE, que no se ha dado cuenta lo importante que resulta para los pueblos el poder sacar a las autoridades municipales corruptas y/o ineptas.
Provecho, Dr. távara. En una última de las ediciones del diario oficial El Peruano, correspondiente al sábado 22 de febrero de 2014, se puede leer la declaración jurada de bienes y rentas del presidente del JNE, Francisco Távara.
El magistrado recibe un sueldo (antes del vergonzoso aumento) de 27 mil 117.20 soles, y a esa cifra hay que sumarle un sueldo por vacaciones, otro por escolaridad y dos gratificaciones.
Es decir, el señor Távara y los otros integrantes del JNE, se llevan con lampa 27, 117.00 soles por resolver tarde, mal y nunca los pedidos de vacancia.
No se entiende la razón por la que los fiscales supremos rechazaban ser incorporados al organismo electoral, ¿o es que no se imaginaban el sueldo que les esperaba?
Y eso que no hablamos de los viajes que realizan como el último que hizo Távara que lo ha tenido alejado del bullicio de Lima durante quince días.
Está muy bien que a Francisco Artemio Távara Córdova le guste viajar -sino recordemos el famoso viaje a París que le fue solventado por la Universidad Alas Peruanas para que dicte una conferencia sobre el poeta César Vallejo- pero se exige que los viajes los pague de su bolsillo y que resuelva los casos de vacancia que llegan al JNE con la celeridad que corresponde.
Con la misma rapidez con la que se sube a un avión.
Foto: Difusión.
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Es Noticia, Descubren corrupción en construcción de Corpac - 05/02/2014 10:01:02
"Indicios de corrupción en el proceso para la construcción de la nueva sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), en el Callao, fueron descubiertos por la Contraloría General.En tanto, La obra, valorizada en más de S/.44 millones está avanzada en un 17%, pese a que antes de iniciarse la ejecución se transfirieron S/.31 millones 291,000, es decir 70% del valor de la inversión.
Ello contravino lo establecido en el convenio de cooperación firmado por Corpac, la municipalidad del Callao y el Fondo Municipal de Inversiones (Finver) del Callao, que establecía un pago inicial del 20%, informó la Contraloría.
De otro lado, funcionarios de los tres organismos fueron denunciados ante estos hechos por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las obras se iniciaron el 8 de junio 2010 y el 6 de octubre 2011 fueron paralizadas.
Foto: Difusión.
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Noticia, MTC inicia proceso de migración y renovación de equipos inalámbricos de la banda 900 mhz - 22/01/2014 17:24:00
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció hoy el inicio del proceso de migración y/o reemplazo de los equipos de telefonía fija inalámbricos, equipos industriales y radioenlaces auxiliares, que venían operando en la banda 900 megahertz (mhz).Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina usted? ¿Por qué los "socialistas del siglo XXI" se parecen cada vez más a los liberales de extrema derecha? - 11/07/2013 4:07:08
"(Bolpress). Los pueblos indígenas del continente aún sufren discriminación extrema, son desplazados de sus tierras y no participan efectivamente en la toma de decisiones políticas y económicas. Los organismos internacionales están muy preocupados por la continua vulneración del derecho indígena a la consulta previa en Bolivia, donde gobierna el "primer presidente indígena" de la región.La Asamblea General de Naciones Unidas ha dedicado dos Decenios Internacionales consecutivos al análisis de la situación de los Pueblos Indígenas del mundo. En el primer decenio 1995-2004 creó el Consejo Económico y Social y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) con el mandato de examinar los problemas relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos originarios.
La máxima instancia de la ONU adoptó un plan de acción para el segundo decenio 2005-2014 que busca promover la inclusión de los derechos de pueblos originarios en legislaciones internacionales, regionales y nacionales relativas a políticas de desarrollo y recursos naturales.
En 2007 la ONU aprobó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, un instrumento complementario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que legitima los derechos de esos pueblos al uso y acceso a la tierra, agua, océanos y humedales, y a los beneficios generados por la explotación de recursos naturales.
La Declaración de la ONU legitima el derecho indígena a mantener y fortalecer su relación espiritual con la tierra; a controlar sus territorios y patrimonio cultural, y a adoptar planes de desarrollo coherentes con sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Además, reafirma la necesidad de que los Estados reconozcan legalmente las tradiciones, costumbres y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos originarios; y que asuman la responsabilidad de restituirles los territorios y recursos confiscados, tomados u ocupados.
Pese a que una gran mayoría de países del continente son signatarios del Convenio 169 y de la Declaración sobre los Derechos Indígenas, muchos Estados vulneran el derecho a la consulta previa, reconocidos por esos instrumentos jurídicos, y además reprimen a los indígenas que se atreven a reclamar.
"Tenemos motivos para celebrar el progreso alcanzado; sin embargo no podemos conformarnos ya que aún existe una amplia brecha entre la realidad y los principios de la Declaración", admitió la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto de 2010.
Pillay afirmó que las "continuas violaciones" de los derechos indígenas en todas las regiones del mundo "merecen nuestra máxima atención y acción". Y es que "la situación ha empeorado inclusive en los Estados donde hubo mayores avances", como Bolivia y Ecuador, lamentó Bartolomé Clavero miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas.
A Clavero le sorprendieron los cambios políticos en gobiernos de "centro derecha y centro izquierda" que empezaron a "infravalorar la presencia indígena", y en la actualidad abren los territorios indígenas a las corporaciones extranjeras en nombre del "desarrollo económico" y del "interés general". Con ese argumento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa una Ley en Honduras que vulnera los preceptos del Convenio 169.
El eje del problema es el modelo de desarrollo imperante que antepone los intereses de las corporaciones transnacionales a los derechos humanos de los originarios. El relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya ha documentado innumerables casos en el último año.
Muchos pueblos originarios de la región se han visto obligados a abandonar sus tierras y han perdido sus medios de subsistencia como consecuencia directa de la explotación de petróleo, gas y minerales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la continuidad de prácticas violatorias de derechos, tales como la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo su supervivencia. ([1])
Anaya y la CIDH han emplazado a los Estados a cumplir con su obligación de consultar de buena fe a los pueblos originarios, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar y ejecutar cualquier proyecto en sus territorios ancestrales. Es así que la CIDH instó al gobierno de Brasil a detener las obras de construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte hasta tanto no se consulte a los indígenas que habitan el Rió Xingu.
La medida cautelar está respaldada por el derecho internacional, pero el gobierno brasileño la calificó de "injustificada y precipitada". El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza recomendó a la CIDH "asesorar" a los Estados en vez de tratarlos como violadores de derechos humanos.
Insulza insinuó que la vulneración de los derechos indígenas no es tan grave como la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones de derechos humanos. Estas "desafortunadas declaraciones constituirían una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos", criticó Amnistía Internacional (AI).
Las normas internacionales de derechos humanos debieran protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales frente a las nuevas amenazas para la región, en particular los impactos de los planes de desarrollo económico. Los megaproyectos como la represa Belo Monte en Brasil o la mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades, argumentaron AI y decenas de organizaciones sociales del continente.
Conflictos socioambientales en Bolivia
Desde 2010 se registran innumerables conflictos socioambientales en Bolivia, protagonizados por pueblos indígenas que no se sienten representados ni beneficiados por el nuevo Estado Plurinacional. Y es que el plan de desarrollo extractivista del gobierno de Evo Morales impacta negativamente en sus sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales.
Según el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas está sujeta a un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio, la cual debe ser convocada por el Estado, respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos afectados.
Sin embargo, la política económica del gobierno de Evo Morales ha entrado en franca contradicción con los preceptos de la Constitución y de los convenios internacionales. El Ejecutivo impone proyectos de desarrollo industrial vulnerando el derecho a la consulta previa y causando graves daños ambientales en territorios indígenas y campesinos.
Por ejemplo, las comunidades del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que parte en dos a su TCO; mientras que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba está en contra de la exploración de yacimientos de petróleo en la reserva acuífera de Aguaragüe al sur del país. [2]
En 2009 los pueblos indígenas leco y mosetén del norte de La Paz denunciaron que YPFB inició actividades petroleras en su territorio sin consultar antes a sus ocupantes. Se trató del primer reclamo público, que luego desencadenó protestas en varias comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales.
Los pueblos indígenas de la Amazonía y del Chaco comenzaron a denunciar la vulneración de su derecho a la consulta previa en el segundo semestre de 2009. El primer conflicto estalló entre mayo y julio de 2009 a raíz de la licencia concedida a Petroandina para la explotación de hidrocarburos en el norte de La Paz, en perjuicio de los pueblos mosetén, leco, tacana y chimán. [3]
En agosto de 2008 comenzaron las negociaciones con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que aglutina a ocho organizaciones. ([4]) La empresa negoció rápidamente con los gremios campesinos y suscribió un acuerdo, pero no pudo convencer a los grupos indígenas.
Los indígenas pidieron garantías de seguridad para sus territorios y sobre todo la titulación de TCOs pendientes. Los debates se estancaron y la empresa prefirió continuar negociando directamente con las comunidades de Tomachi, Ullapi y San Juanito, por donde pasan las líneas sísmicas, desautorizando de esta manera a sus organizaciones matrices CPILAP, OPIM y PILCOL.
El 19 de mayo de 2009, YPFB-Petroandina SAM obtuvo la licencia ambiental para iniciar trabajos de exploración en el bloque Liquimuni de 675 mil hectáreas, ubicado en Caranavi; y el 1 de julio los Ministerios de Hidrocarburos y Medio Ambiente oficializaron la licencia para el tendido de líneas sísmicas en territorios de algunas comunidades afiliadas a la OPIM y PILCOL.
El 2 de julio, el presidente de la CPILAP José Ortiz y representantes de la OPIM y PILCOL impugnaron la licencia ambiental concedida a Petroandina, alegando que el proceso de consulta fue irregular. Los dirigentes denunciaron que el Ministerio de Hidrocarburos y sus técnicos manipularon la consulta y pasaron por encima de las organizaciones locales. No brindaron información necesaria, no dieron suficiente tiempo a los dirigentes para planificar un mecanismo de consulta democrático, e inclusive falsearon acuerdos recabando firmas de niños.
Lo peor de todo fue que la petrolera dividió a las organizaciones sobornando a caciques de Covendo, Villa y San Pedro de Cogotay. Petroandina SAM "nos ha dividido orgánicamente comprando al compañero José Tupa Gonzales y a otros ex dirigentes", denunció el presidente de PILCOL Walter Pinto.
El cacique mosetén de Covendo Enrique Romero se puso de lado del Ministro de Hidrocarburos, dijo que su comunidad estaba de acuerdo "con el desarrollo del norte de La Paz", y denunció el 29 de julio que algunas ONG como el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) "tienen intereses ocultos".
El cacique de Simay Daniel Gigasi reveló que una de las primeras consecuencias de la avanzada petrolera fue el "rompimiento de la estructura dentro de la comunidad y de la organización a nivel local, regional y la nacional". Se generalizaron sentimientos de desconfianza entre vecinos, familiares y compañeros; los dirigentes perdieron autoridad, y las organizaciones comunitarias comenzaron a debilitarse. Prueba de ello fue la creación del Consejo Regional Indígena Leco Larecaja (CRIL), una asociación paralela a la PILCOL que obtuvo muy rápido su personería jurídica.
Petroandina no cumplió ni siquiera compromisos mínimos y no atendió las mayores preocupaciones de las organizaciones indígenas, como por ejemplo la apertura de sendas, el desmonte del bosque para instalar campamentos y la invasión de extraños a su territorio. La petrolera contrató a "consultores ambientalistas" en las mismas comunidades, dizque para que vigilen las obras y cuiden los recursos naturales y ojos de agua; pero en realidad los contrató para que abran sendas. Todo fue una mentira.
El segundo conflicto fue protagonizado por pueblos indígenas guaranís y weenhayek, quienes advirtieron que no permitirán el inicio de operaciones de Petrobras y de la británica British Gas (BG) en el Chaco de Tarija mientras no se desarrollen proyectos productivos y se generen empleos locales. El pueblo weenhayek exigió 11 millones de dólares como compensación a BG Bolivia y finalmente firmó un acuerdo por 2 millones de dólares.
El director general de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos Omar Quiroga informó que en 2007 se realizaron cinco procesos de consulta previa; cuatro en 2008 y cinco en 2009, haciendo un total de 14 procesos concluidos en tres años. Aseguró que en 2010 al menos tres comisiones de funcionarios de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (DGGSA) visitaron Camiri, Montegaudo y Yacuiba con el fin de concretar procesos de consulta y participación para los proyectos Sísmica 2D del Bloque Iñau, la Sísmica 3D del Bloque San Antonio y el Gasoducto de Integración Juana Azurduy.
Según la autoridad, la gestión 2010 marcó un punto alto en la labor de informar a las comunidades campesinas y tierras comunitarias de origen sobre el impacto de los proyectos de hidrocarburos o electricidad en sus territorios. Ese año se completaron siete procesos de consulta, para sumar un total de 21 procesos concluidos.
Para 2011, la DGGSA tiene planificados 12 procesos de consulta y participación, además de ocho consultas anunciadas, sumando un total de 20 procesos. "El desafío de este año es extremadamente grande, ya que con 20 procesos estaríamos prácticamente duplicando la cantidad de consultas de los cuatro años anteriores" destacó Quiroga. [5]
El gobierno "antiindígena"
Los hechos demuestran que el derecho a la consulta previa no tiene plena vigencia en Bolivia. En realidad, el propio Estado considera que la consulta previa es un obstáculo para las inversiones, y por ello ha decidido "reglamentar" ese derecho con el fin de acelerar la explotación de hidrocarburos y minerales.
Durante la declaratoria del nuevo reservorio de Aquío X-1001 en Caraparicito, Santa Cruz, el Presidente Morales dijo que ""a veces las consultas ya no son tanto para conservar el medioambiente, sino son un chantaje y hasta una extorsión a las empresas, al Estado o a Yacimientos".
Tiempo después, Morales criticó a "algunas ONG que se pronuncian por una "Amazonía sin petróleo, lo que quiere decir que no habrá gas ni petróleo para los bolivianos. ¿De qué vivirá Bolivia si algunas organizaciones dicen Amazonía sin petróleo? Están diciendo en otras palabras que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH (impuestos), que no haya regalías".
El 14 de julio de 2010, el presidente de YPFB Carlos Villegas acusó a algunas ONGs de "asumir una actitud hostil y una postura no acorde con la realidad del país"; y el 21 de septiembre fustigó a los indígenas que reclaman "indemnizaciones y compensaciones sobredimensionadas, que en muchos casos exceden con creces la disponibilidad de la empresa".
Villegas culpó a los indígenas de la postergación de planes de inversión, y anunció que el Ministerio de Hidrocarburos elabora una disposición legal que permita que los reclamos sociales "ya no sean un obstáculo para la inversión".
El gobierno de Morales continúa negociando contratos para la explotación de hidrocarburos sin consultar a las comunidades afectadas, y comenzó a elaborar nuevas normas y reglamentos que restringen el derecho a la consulta previa, amplían las concesiones y flexibilizan las normas ambientales.
La protesta de los originarios recrudeció y alcanzó repercusión internacional luego de la emblemática marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a mediados de 2010. Pero el gobierno no escucha los reclamos y prefiere estigmatizar cualquier expresión de descontento. [6]
El Ejecutivo despliega una furiosa campaña mediática para desprestigiar al movimiento indígena e intimida a sus dirigentes. El ex prefecto oficialista del departamento de La Paz Pablo Ramos fue uno de los encargados de hacer callar al indio más rebelde, el mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.
"Cuando empezó el (problema minero) de Corocoro, Pablo Ramos me dijo "por qué tanto reclamas por los medios de comunicación; nos sentaremos en el hotel Europa y hablaremos con el jefe (Evo Morales) para que ya no molestes sobre este tema", reveló Quispe a la Red Erbol.
De manera simultánea, el oficialismo intenta fracturar a las organizaciones repartiendo ingentes cantidades de dinero. El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez reiteró que el Ejecutivo y YPFB compran a dirigentes para que autoricen la explotación de recursos naturales en sus territorios.
Quispe denunció que el gobierno de Morales soborna a algunos dirigentes de las organizaciones sociales con fondos de la Cooperación Española administrados por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol).
"Coincabol es un apéndice del Fondo Indígena, encabezando por el señor Freddy Condo y de ahí viene el control político", aseveró Quispe e señaló que los operadores del gobierno son los senadores Isaac Ávalos y Fidel Surco, ex dirigentes campesinos.
El diputado opositor Adrián Oliva denunció que seis días antes del frustrado gasolinazo de diciembre de 2010, la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo entregó 1.400 millones de bolivianos al Pacto de Unidad integrado por gremios campesinos afines al MAS.
Pisotean los derechos indígenas en todo el continente
El 25 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció tres casos de violación del derecho de los pueblos indígenas en una audiencia regional titulada "Jurisdicción indígena y derechos humanos". El organismo resaltó que la violación del derecho a la jurisdicción indígena, reconocido en el derecho internacional, constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar sus instituciones y formas de vida, su derecho consuetudinario y sus métodos de control de delitos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) reconoce que los sistemas jurídicos indígenas son parte de su autonomía o libre determinación.
Sin embargo, las rondas campesinas del Perú, una forma de administración de justicia y solución de conflictos de familia, robo, abigeato, homicidios, contaminación ambiental, entre otros casos, han sido denunciadas ante las autoridades como delito de secuestro, usurpación de funciones u otros, habiendo más de mil autoridades ronderas y miembros de comunidades criminalizados.
Otro ataque a la jurisdicción indígena en Perú es el de la Comunidad nativa "Tres Islas", conformada por familias del pueblo Shipibo y Ese"eja en el departamento de Madre de Dios. La comunidad decidió controlar el ingreso de taladores y mineros a su territorio. Empresas transportistas respondieron presentando un hábeas corpus por libertad de tránsito.
A fines de 2010, el Ministerio de Energía y Minas de Perú adjudicó 14 nuevos lotes de potencial petrolífero en la Amazonía a transnacionales, sin tener en cuenta los criterios de los nativos, con el argumento de que la Ley de Consulta Previa no había entrado en vigor.
En Venezuela, la lucha por territorio de las comunidades Yukpa en la Sierra de Perijá ha merecido una violenta ofensiva gubernamental y de sectores ganaderos. A pesar de que el caso tuvo lugar en territorio indígena y que las dos partes involucradas han invocado el respeto a la jurisdicción indígena, establecida en la Constitución y la ley, las autoridades venezolanas han vulnerado este derecho.
Se denunció que los dirigentes del movimiento Sabino Romero, Alexander Fernández y varios de sus familiares han sido torturados y sometidos a tratos degradantes por parte de efectivos militares y policiales. El 5 de mayo, el Grupo Venezuela dentro del Parlamento Indígena de América analizó un plan de trabajo para atender las demandas puntuales de los pueblos originarios. Los recién designados presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes acordaron acelerar la funcionalidad del ente que por varias razones no había sesionado antes.
El gobierno Venezolano decidió aprobar una reforma parcial del decreto presidencial 7855, que adscribió a la Vicepresidencia de la República la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas. La normativa establece que el despacho del vicepresidente Elías Jaua dirigirá el trabajo del equipo, destinado a garantizar la conservación y el reconocimiento de las formas de vida de los pueblos originarios.
Por otro lado, el 21 de abril de 2011 la CIDH solicitó al gobierno de Argentina que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad indígena qom, para garantizar "la integridad física" de sus miembros, así como también el regreso de su cacique Félix Díaz a su hogar. (Página 12)
La intervención del organismo internacional fue requerida por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre del año pasado, tras la represión que sufrió el pueblo originario el 23 de noviembre de 2010, cuando murieron el indígena Roberto López y el policía Heber Falcón. Los originarios fueron desalojados y reprimidos cuando se manifestaban en la ruta 86 por la recuperación de 1.300 hectáreas de territorios ancestrales.
La CIDH pidió al gobierno argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
De otra parte, la CIDH de la OEA solicitó al gobierno de Brasil la suspensión inmediata del licenciamiento y construcción de la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades de la cuenca del río Xingú.
El 1 de abril la CIDH emitió la Medida Cautelar 382/10 a favor de los indígenas de Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del ""Kilómetro 17""; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Karara
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