Noticia, Guatemala: la "paz" no ha servido de nada. Siguen los linchamientos - 25/03/2014 7:26:48
"En Guatemala hace ya años que se firmó la paz entre Gobierno y movimiento guerrillero. Pero lejos está todavía de poder decirse que el proceso iniciado en ese entonces haya dado los frutos que se esperaba. Más aún: la situación actual nos confronta con un empeoramiento, un retroceso en las causas estructurales que dieron lugar a la guerra civil en la década del 60 del pasado siglo. La guerra hoy día formalmente terminó, pero la violencia sigue presente y se evidencia de otras maneras, tan o más crueles que en los peores años del enfrentamiento armado.La post guerra que vivimos actualmente está marcada por una suma compleja de problemas, donde la violación a los derechos humanos sigue siendo una constante, si bien no con la intensidad de años atrás, pero con efectos sociales igualmente dañinos. Una herencia trágica -entre otras- de 36 años de conflicto armado está dada por la recurrencia de linchamientos.
Este fenómeno debe abordarse desde una perspectiva multicausal. Participan en él aspectos de diversas naturalezas: sociales, psicológicos, culturales. De hecho no son algo nuevo en la historia; se los conoce desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, no son un patrimonio de la "violencia guatemalteca". Actualmente deben su nombre al juez estadounidense Charles Lynch, quien organizó a contemporáneos suyos para actuar como ley local en un juicio sumario contra unos conspiradores pro-británicos hacia el año 1780. A partir de este hecho relativamente reciente se derivó el verbo linchar, y el sustantivo linchamiento, hoy ya universalmente aceptados.
Lo significativo en Guatemala es no sólo la crueldad de estos actos (con sus características muy propias: es costumbre quemar a la persona linchada), sino su sintomática recurrencia: desde el momento del inicio del proceso de paz hasta la fecha nunca desparecieron. Se dan en las comunidades rurales que fueron escenario del enfrentamiento armado, donde existieron redes de contrainsurgencia paramilitar que nunca se desmantelaron totalmente (y donde muchas veces no hay gasolineras, pero donde nunca falta gasolina para quemar al linchado), así como en áreas urbanas. Incluso -este es un dato que no puede minimizarse- hasta se dio uno, con saldo mortal para uno de los delincuentes linchados (fueron tres) ¡en el estacionamiento de una universidad católica de la ciudad capital, siendo sus estudiantes ¿católicos? quienes lo llevaron a cabo!
Quienes continúan poniendo los muertos siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo que hace de Guatemala un país de enormes contrastes: los indígenas de origen maya, por siempre pobres, o los pobres urbanos, en muchos casos de ascendencia maya, siempre excluidos (de esos sectores urbanos marginados surgen los ladrones que pululan por toda la sociedad, y que pueden robar un teléfono celular, una billetera, una cadenita de oro; nunca se lincha a un funcionario que roba parte del presupuesto, por ejemplo, o un personaje ligado al gran crimen organizado, todos los cuales no vienen de esos sectores marginados y empobrecidos. Y jamás -¡esto es impensable!- se lincharía a un empresario o a un patrón de finca, por más explotadores que sean). De hecho, como símbolo de lo grotescamente patético del asunto, valga decir que vez pasada se linchó a un par de jóvenes en el departamento de Quiché que habían robado… ¡unas zanahorias en un mercado!
De ninguna manera se debe buscar en la historia prehispánica o colonial el origen de los linchamientos. En todo caso sus causas se ligan al contexto particular que vive Guatemala hoy; contexto que, definitivamente, es consecuencia de siglos de historia conflictiva y violenta. Con esto se desvirtúa la opinión -profundamente racista- que los linchamientos son "prácticas de indios" (no debe olvidarse que la población indígena-maya del país es de alrededor del 60%, y la ideología racista dominante ve en ellos un factor de atraso y pobreza). Los linchamientos responden, en todo caso, a un horizonte histórico-social de violencia (de más de cinco siglos, reforzados por una guerra interna de casi cuatro décadas) que ha creado una cultura de violencia, en tanto dimensión de aceptación normal de fenómenos a todas luces violatorios de una coexistencia pacífica. Cultura de violencia que se refleja en un sinnúmero de conductas sociales no cuestionadas, como la aceptación generalizada del uso de armas de fuego, la resolución violenta de los pleitos, la aceptación -tanto por el Estado como por la sociedad civil- de la pena de muerte, la discriminación histórica de la población maya, una dinámica cotidiana de verticalismo y machismo, corrupción e impunidad a niveles escandalosos. Todo lo cual puede dar como resultado que entre un tercio de la población a nivel nacional haya total conformidad para con los linchamientos como una práctica correcta de "ejercicio de la justicia".
Como en todo complejo fenómeno social, no hay "buenos" contra "malos". Las cosas son infinitamente más enrevesadas, más complicadas. En todo caso, los linchamientos están originados en una sumatoria multifacética de causas:
Cultura de violencia vivida por años y asumida ahora como normal Inseguridad pública: violación de los derechos humanos e impunidad Muy bajo impacto del sistema formal de justicia y descrédito de la justicia consuetudinaria maya Ruptura del tejido social, producto de las estrategias contrainsurgentes de la pasada guerra Manipulación política de las poblaciones descontentas Mantenimiento de la ingobernabilidad Pobreza extrema, que redimensiona el valor de los bienes robados (¿linchar por un par de zanahorias?) En algunos casos, fanatismo religioso con mensajes apocalípticos (sectas neoevangélicas, habiéndose dado casos donde pastores de estas denominaciones llamaron a linchar).
Buscando explicaciones
El texto "Guatemala: Nunca Más", presentado en 1998 por la Iglesia Católica como informe final de su arduo Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, el cual estudia la represión vivida en estas pasadas décadas, indica que "el aprendizaje social de la violencia que se ha inducido a través de los grupos paramilitares, las redes de inteligencia y los mecanismos de entrenamiento militar, implican la necesidad de una desmilitarización real que revierta el proceso desarrollado en la guerra. Sin acciones específicas en ese sentido y en un contexto de impunidad y graves problemas económicos en muchos sectores de la población, las consecuencias de la guerra se manifiestan ya en nuevas formas de violencia social" [tal como los linchamientos].
Con la destrucción de las autoridades tradicionales de origen maya también tambalean las normas morales construidas para regular la convivencia cotidiana así como para resolver los conflictos domésticos, intra e intercomunitarios. En esa lógica, los linchamientos vienen a ser la expresión más elocuente -y patéticamente descarnada- de la militarización cultural que ha sufrido la sociedad en estos últimos años, y que se sigue evidenciando de manera dramática.
La psicología colectiva provee elementos para entender el problema; como dice el padre de la Psicología Social, el francés Gustave Le Bon en su ya clásica "Psicología de las multitudes": "La masa no tiene conciencia de sus actos; quedan abolidas ciertas facultades y puede ser llevada a un grado extremo de exaltación. La multitud es extremadamente influenciable y crédula, y carece de sentido crítico". Eso puede apreciarse en cualquier conducta masificada, donde desaparece la conciencia crítica y el individuo se ve transportado por la efusividad de la masa: para ejemplo, la moda, la conducta en un estadio de fútbol, el espíritu patriótico. En los fenómenos de los linchamientos siempre está presente este nivel de lo masivo, de lo tumultuario no racional. En el caso de Guatemala además se da un particular vínculo con la reciente historia de militarización vivida, que ha dejado marcas todavía muy frescas, y que confiere características especiales a la dinámica cotidiana. Durante el conflicto armado interno parte de las estrategias de la intervención contrainsurgente del Ejército fueron las de índole psicológica, junto con las acciones de violencia física. Esa especial metodología trajo consecuencias psicológicas y morales que se evidencian claramente en los linchamientos:
Las estrategias de las políticas contrainsurgentes fueron una escuela de crueldad. Estas acciones violentas permanecen en la memoria histórica de las poblaciones, manifestándose en lo que hoy se implementa en los linchamientos: tortura previa a la muerte, incineración de la víctima, posterior exhibición pública del cadáver. La crueldad de muchas acciones de la delincuencia cotidiana que hoy asola al país (el descuartizamiento, por ejemplo), o de los "honestos ciudadanos" incluso, que pueden quemar vivo a un ladrón capturado para lincharlo, no son connaturales a los guatemaltecos, no vienen en sus genes: son un reflejo de una historia vivida ("se repite activamente lo que se padeció pasivamente", es una enseñanza de la Psicología). Valga decir que Guatemala fue el país de todo el continente americano donde la guerra contrainsurgente alcanzó los niveles más crueles (200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, más de 600 aldeas destruidas en las campañas de "tierra arrasada". Todo eso no pasó en vano: los linchamientos lo remedan.)
El terror tiene manifestaciones y secuelas sociales que no desaparecen automáticamente cuando la violencia desciende, sino que presenta efectos acumulativos y perdurables. A partir de la historia vivida, el terror se convierte en una amenaza que puede ser reactivada en cualquier momento, y el linchamiento es una de las formas de recordarlo. La actual "epidemia de violencia" que vive la sociedad Guatemala -que transforma al país en uno de los más inseguros y violentos del mundo, sin estar técnicamente en guerra- no nace sola. Se juegan ahí historias coaguladas que llevan a la colonia y a la fundación del Estado moderno como monumental opresión de clase justificada en una fenomenal cultura racista.
Se destruyeron los tejidos sociales de solidaridad y participación comunitaria. Lo cual ha dado como resultado una intensificación de la desconfianza contra cualquier desconocido, contra los "extraños", frente a quienes se puede descargar entonces una tensión social, como ocurre en los linchamientos. La cultura de la desconfianza, de la paranoia, tan típicas de la guerra, se ha entronizado, y hoy día cualquiera puede ser sospechoso. Y ni se diga si la sospecha se asienta en estereotipos enraizados: joven con aire de marero, tatuado, con facciones no-blancas, proveniente de las zonas rojas de la ciudad, etc., etc. Es más fácil pedir el inmediato ajusticiamiento del ladrón (ladrón de celulares, claro está, no el del ladrón de millones del presupuesto nacional por ejemplo) que encontrar las causas por las que un joven delinque. La ética en juego es, como alguien dijo acertadamente, una ética de naufragio: "¡sálvese quien pueda!"
Se militarizó la implementación de justicia. La misma, por décadas durante el conflicto interno, se desenvolvió en el marco de una lógica militarizada. La transición a la justicia civil y su aceptación por parte de la población, sobre todo en cuanto al derecho al debido proceso y la correlatividad entre el delito y la pena, será un tránsito que requerirá de un trabajo de desaprender los códigos militarizados y el irrespeto a la vida. Pedir "mano dura" como supuesta solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía no es sino la expresión de esa historia de guerra y de militarización, que incluso va más allá de los 36 años de guerra. La cultura militar anida en el imaginario social que recorre la sociedad: ¿por qué un colegio es "bueno", según el extendido prejuicio que se repite frecuentemente, en tanto tiene mucha "disciplina", mucho "rigor", una excelente banda marcial?
Se buscó uniformar a la población a través de una manipulación maniquea de "nosotros buenos" y "ellos malos". En los linchamientos, al igual que en las dinámicas militarizadas que se vivieron en años pasados, se da una pretendida cohesión de la comunidad considerándola como un todo. Así se instala la impunidad para los ejecutores que se convierten en justicieros, se valora la solidaridad interna de la comunidad que ha sido capaz de "resolver" por sí misma sus problemas, la conciencia de culpa que podrían producir en algunas personas el presenciar o ejecutar actos de crueldad se diluye en la euforia de la solidaridad colectiva y el sentimiento de omnipotencia adquirido en el supuesto triunfo contra la maldad. Con los linchamientos, que ya hace más de una década pasaron a integrarse en la normalidad cotidiana de la población guatemalteca, no se ha resuelto en modo alguno el acuciante problema de la inseguridad ciudadana (al igual que no se ha resuelto con la desproporcionada cantidad de policías privados que pueden encontrarse donde sea: en una panadería de barrio, en una iglesia, en un establecimiento educativo -hay 6 veces más agentes privados que de la Policía Nacional Civil-, pero que sí refuerzan el estereotipo de "ciudadanos buenos" y "sospechosos malignos".
Aunque supuestamente los linchamientos constituyen una forma sumaria de hacer justicia, en realidad como procedimiento de presunto orden preventivo respecto a la delincuencia no traen ninguna consecuencia real, en tanto mecanismo disuasivo (al igual que la pena de muerte). Pese a haberse "ajusticiado" a numerosos delincuentes (insistamos: en general más cerca del robo de unas zanahorias que empresarios explotadores, funcionarios corruptos, militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la pasada guerra o connotados representantes del crimen organizado), el índice de criminalidad en todo el país, y en las ex zonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto. Si alguien osara tomarlos como presunta "justicia popular", se equivoca de cabo a rabo.
Los linchamientos significan para la población un recordatorio de quién sigue mandando. Si bien no se puede afirmar categóricamente en la totalidad de casos registrados, al menos en las áreas rurales hay fuertes indicios indicativos de la participación de las estructuras paramilitares contrainsurgentes que tuvieron lugar en la guerra -aún activas, por cierto- que dan su cuota de aporte para la comisión de estos hechos tumultuarios con los que se perpetúa un clima no democrático. Dicho en otros términos: este fenómeno no es sino una expresión -grotesca, y por ello mismo trágica- de la impunidad que aún reina. Y en las áreas urbanas son un indicativo de la permanencia de esa cultura militarizada y de muerte (vale más un teléfono celular que una vida humana, aún para un estudiante de una universidad católica que puede linchar en defensa… ¡de la propiedad privada de un teléfono celular!).
Enfatizamos esta idea: los linchamientos no hablan sólo de una falta de justicia (en ese caso podrían llegar a entenderse entonces como una forma sumaria de justicia popular). Ahí radica el verdadero núcleo del problema: el linchamiento no es justicia sino, por el contrario, refuerza la falta de justicia que campea en este nunca terminado período de post guerra. El linchamiento refuerza la impunidad.
¿Qué hacer ante esto?
Desaprender la violencia, combatir la impunidad, no es fácil; en el caso de Guatemala es trágicamente evidente. Más de cinco siglos de explotación feroz de las grandes mayorías indígenas, y casi cuatro décadas de guerra interna con el resultado de muertos, torturados y desaparecidos más alto en toda América Latina, han dejado marcas. La muerte pasó a ser cosa cotidiana: al que "molesta" hay que sacárselo de encima (dicho sea de paso: hoy un sicario puede matar a alguien por unos escasos centavos, quizá no más de 100 dólares). Los linchamientos no son sino una recreación monstruosa de esa verdad: pobres quemando vivo a otro pobre que se robó algo, alimentando así la cultura de la violencia. Y el ciclo se repite: "el que manda, manda; y si se equivoca vuelve a mandar".
Terminar con los linchamientos significa terminar con la cultura de guerra que aún persiste en el país, la cual, como van las cosas, en vez de ir desapareciendo pareciera que tiende a perpetuarse. Sólo fomentando una profunda y genuina cultura del respeto por el otro, un afianzamiento de la justicia, un combate frontal a la impunidad, pueden ir descendiendo estos fenómenos que nos retrotraen a la lógica del conflicto armado. Para ello es imprescindible que el Estado genere y sostenga, con clara voluntad, políticas a largo plazo encaminadas a ir incidiendo en estos aspectos. Cosa que, preciso es aclararlo, no está sucediendo al día de hoy. Más allá de todas las pomposas declaraciones en torno a la edificación de la paz, hoy día los aplaudidos Acuerdos de Paz de 1996 son, antes bien -como alguien dijera mordazmente- "recuerdos de paz".
De hecho se están desarrollando algunas iniciativas en el ámbito gubernamental tendientes a enfocar este fenómeno; de todos modos, hasta la fecha, en la agenda nacional no están visualizados claramente como un problema de alta prioridad. Son, en todo caso, un elemento más del clima de violencia imperante, pero no algo para lo que se destinan esfuerzos específicos desde las instancias estatales en tanto políticas públicas a largo plazo. En el imaginario colectivo -percepción muchas veces alentada también por los medios de comunicación masivos- pueden ser vistos como "justicia popular"; y desde el Estado poco contribuye a desdecir esa idea.
Por otro lado, desde la sociedad civil -ciertas organizaciones no gubernamentales, algunas iglesias- se han iniciado acciones concretas puntuales, en general enmarcadas en programas de prevención y manejo de la violencia. Su grado de impacto, sin embargo, es relativamente bajo, dado que no existe una estrategia nacional que las promueve y les otorgue real sostenibilidad en el tiempo.
Atacar de raíz el problema de los linchamientos debe pasar por una combinación inteligente de políticas nacionales con esfuerzos de base, todos comprometidos, con real voluntad de cambio, en una transformación de las secuelas del conflicto armado y una profundización de la ciudadanía democrática. Si no se modifica la cultura de violencia, si no se combate frontalmente la impunidad, si la justicia no pasa a ser un hecho concreto en la cotidianeidad de la población, es muy probable que los linchamientos persistan.
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Interesante, Aprueban nuevo plan de inspecciones laborales - 07/08/2012 17:35:24
"Igualmente por concentrar accidentes y a los independientesEstrategia. Sector Trabajo busca mejorar la calidad del empleo decente en el país.
Para mejorar el cumplimiento de las obligaciones laborales, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó su nuevo plan de inspecciones de trabajo 2012, que focaliza e intensifica dicha tarea en los sectores donde se concentra el mayor número de trabajadores no declarados e infracciones.
Según el documento, para optimizar la labor inspectiva y los recursos humanos del sector, en una primera etapa estas inspecciones se direccionarán a tres áreas. Primero, a las materias y actividades económicas identificadas con mayor vulneración de la normativa sociolaboral; luego, a los sectores económicos con gran concentración de prestadores de servicios independientes o de cuarta categoría. El tercero, a las actividades económicas con mayor registro de accidentes de trabajo.
Precisamente, para la determinación de estas áreas, la autoridad laboral da cuenta que utilizaron como fuentes de información principalmente el sistema informático de inspección del trabajo (SIIT); el sistema de accidentes de trabajo (SAT); la información contenida en el PDT 601 , Planillas Electrónicas; y la información suministrada por la Oficina de Estadística y direcciones o gerencias regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros.
Agrega que una vez identificados las materias y sectores económicos, se procedió a programar los operativos de fiscalización considerando las fechas de pago de beneficios de ley, sectores vulnerables en sus derechos fundamentales, compromisos asumidos internacionalmente como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU y demás planes nacionales, así como acciones que permitirán cumplir los objetivos de las políticas nacionales del Perú, refiere la RM N.º 058-2012-MTPE, suscrito por la directora general de Inspección del Trabajo, Luz Yrene Orellana Bautista.
Cartas de aviso
Como parte de las acciones preventivas, el Plan Nacional de Fiscalización 2012 prevé la remisión de cartas de aviso. Para ello, la Dirección General de Inspección del Trabajo identificará empresas con mayor número de despidos arbitrarios e infracciones, entre otros criterios, a fin de enviar dichas comunicaciones para una posible fiscalización. Además, dicho envío será coordinado con las direcciones o gerencias regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.
Diario El Peruano (07.08.2012)
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Que opina usted? Transparencia: Pleno debe archivar nuevo proyecto que busca vacancia de presidentes regionales - 27/06/2012 15:41:19
" Ideeleradio.- El Pleno del Congreso debe archivar el proyecto de ley que establece la vacancia de los presidentes, vicepresidentes o consejeros regionales que participen de protestas sociales porque esta medida adicional de corte político no contribuye a la gobernabilidad democrática ni responde a la idea de un gobierno unitario y descentralizado, sostuvo Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.Fue al comentar la decisión de la Comisión de Descentralización del Parlamento que aprobó el proyecto de Ley 1241-2011, que señala que estas autoridades podrían ser vacadas por participar directa o indirectamente de manera indubitable en acciones que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y comercios.
"Cuando una comisión toma una decisión de esta naturaleza frente a autoridades que están investidas de autonomía constitucional, creo que no es una señal que contribuya a la gobernabilidad democrática. Mi impresión es que una medida como esta se hace para posibles conflictos entre autoridades, poderes del Estado, niveles de gobierno", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[Yo tenía] la impresión de que la descentralización se había pasmado y ojalá no sea peor que eso. […] No es la primera ocasión que se pretende una norma de esta naturaleza, lo que pasa es que ahora se ha aprobado en la Comisión de Descentralización y, sinceramente, confío en que el Pleno del Congreso rechace esta medida", añadió.
El experto recalcó que tiene la impresión de que esta iniciativa no responde a un idea de un gobierno unitario ni descentralizado en el cual las políticas nacionales y sectoriales se formulan de manera concertada. Enfatizó que la descentralización es una política de Estado, que está prevista en el Acuerdo Nacional y la Constitución y que, por tanto, debería ser un compromiso asumido por todos los ciudadanos y los tres niveles de gobierno.
No entendemos por qué crean medida adicional de corte político
El directivo de Transparencia dijo no entender por qué se promueven medidas de corte político como la aprobada en la Comisión de Descentralización, pues, recordó que la actual normatividad ya menciona los procedimientos a seguir cuando los presidentes regionales emiten ordenanzas que podrían ser de competencia del Gobierno Nacional o cuando se trata de la rendición de cuentas o de la citación ante comisiones ordinarias o de investigación.
"Creo que es importante recordar que en el sistema legal vigente existen mecanismos para resolver situaciones de conflicto de competencias, la norma es clara por ejemplo, que cuando un nivel de gobierno pretende asumir competencias de otro nivel, eso se resuelve en el Tribunal Constitucional, hay varias sentencias que declaran la inconstitucionalidad de ordenanzas regionales, por ejemplo, con relación al cultivo de la coca, a la importación de ropa usada y a otras medidas en relación al caso de Cajamarca; existe en el Código Penal la tipificación de los delitos, incluso cuando involucran a funcionarios y autoridades", indicó.
"Si la norma ya prevé estos mecanismos por qué necesitamos crear una adicional de corte político para generar una confrontación entre dos poderes del Estado, eso es lo que yo no termino de entender. La utilidad de la norma yo creo que va a ser contraproducente en realidad porque las autoridades y funcionarios están obligados a prestar colaboración con las comisiones del Congreso, cuando se rinde cuentas. Las comisiones de fiscalización han investigado a presidentes regionales sin ningún impedimento en periodos anteriores, [entonces] ¿por qué necesitamos esto?", manifestó.
Parece que solo falta juramentar ante el Código Penal
Finalmente, ironizó el tema y dijo que pareciera que dentro de poco las autoridades van a tener que juramentar frente al Código Penal y ya no ante la Constitución. Subrayó que la respuesta a los conflictos sociales no es el endurecimiento de las medidas de corte penal, sino la búsqueda constante del diálogo.
"En un momento dije también que pareciera que dentro de poco que las autoridades van a tener que juramentar ya no frente a la Constitución, sino frente al Código Penal porque apenas ocurre algo, entonces buscamos cuál es el delito. Antes de buscar cuál es el delito hay que buscar cuál es la medida de la fórmula del diálogo para resolver los conflictos", declaró.
"Tienes el caso de Espinar, finalmente, luego de una primera reacción en la que se busca ,entrecomillas, aplicar el Código Penal y meter preso injusta o justamente a Mollohuanca, finalmente termina sentados el ministros, el alcalde y los demás discutiendo, eso es lo que queremos, eso es lo más democrático, concertar, buscar el diálogo, no se trata de endurecer las pena, se trata de fortalecer el mecanismo de diálogo", remarcó.
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Que opina usted? El tranvía: la alternativa al transporte urbano en Lima - 03/05/2012 15:58:14
"La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha iniciado un proceso de reordenamiento del transporte urbano en Lima que sin lugar a dudas transformará la caótica visión que refleja la ciudad a propios y extraños.El éxito o fracaso de la propuesta de reordenamiento dependerá de que las autoridades municipales de los distritos limeños se alineen a un proceso de transformación del modelo de movilidad urbana que supera el periodo de gobierno municipal actual y que exige una política y un plan de movilidad y transporte sostenible a largo plazo.
En este sentido, resulta curioso que la clase dirigente actual desvele su falta de visión a largo plazo con constantes y sonadas desavenencias, la explicación más pertinente a estos desencuentros es que la visión a largo plazo de las autoridades se limita a los cortos periodos electorales vigentes.
Bastan dos ejemplos para certificar está situación:
El Metropolitano (sistema masivo de buses, TMB), que supuso un coste económico hasta ahora injustificado (aproximadamente unos US$ 300 millones) y presentado a la ciudadanía limeña como la solución más ajustada a la realidad del transporte de la ciudad, empieza a mostrar sus deficiencias. Hoy el Metropolitano exterioriza sus previstas carencias y, por tanto, exige la necesidad de plantear una solución a largo plazo. Este sistema de buses es un ejemplo de la visión cortoplacista y electorera de la clase dirigente municipal incapaz de articular un proyecto de movilidad y transporte urbano sostenible a largo plazo y respetuoso con el medio ambiente.
La construcción de la línea dos del metro o tren eléctrico convencional Ate-Callao, es otro ejemplo de que las políticas nacionales y municipales no están, cuanto menos, coordinadas. Es loable que el gobierno central asuma la importante inversión económica de una línea ferroviaria prioritaria para el transporte limeño, pero esta circunstancia no oculta la existencia de claros indicios de descoordinación. Además, sería conveniente realizar un estudio comparativo entre metro y tranvía o metro ligero para evaluar la idoneidad de ambos sistemas en la construcción de la polémica línea 2 del metro limeño.
El sistema de transporte de buses colombiano Transmilenio es el ejemplo más clarificador de lo que le espera a los usuarios de los Metropolitanos adicionales que se construyan en Lima: incomodidad de los pasajeros, largas colas de espera, atascos, retrasos, etc.
Es evidente que el sistema de transporte de buses con vías independientes o plataformas reservadas tiene un plazo limitado de funcionamiento y un coste excesivo de operación y mantenimiento, que en el caso limeño, ha desembocado en la solicitud de un rescate financiero a las empresas operadoras del Metropolitano.
El tranvía en Lima no es una tecnología novedosa. Antes de su prohibición vía Decreto en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, era un transporte muy habitual entre los limeños. El tranvía moderno o metro ligero (LRT, Light Transit Rails) es la alternativa natural al Metropolitano limeño, que en pocos años colapsará. Por tanto, resulta imperativo evaluar los detalles técnicos y económicos de esta propuesta tecnológica y proceder a su implementación práctica. Lo mal hecho sale más caro.
Una conclusión lógica de las futuras inversiones en las líneas previstas del Metropolitano es que se deber Fuente Artículo
Que opina usted? ¿Hemos aprendido? (6/6). Los exámenes finales - 29/02/2012 16:53:24
" Artículo originalmente publicado en DEBATE N°115, junio-julio 2002.En el 2002, DEBATE convocó a un grupo de especialistas para que abordaran la problemática de la educación desde diferentes aristas.
Los exámenes finales
Las evaluaciones nacionales de rendimiento escolar brindan información indispensable para mejorar la calidad del sistema
Santiago Cueto
¿Son importantes las evaluaciones nacionales del rendimiento escolar? ¿Para qué sirven? Los resultados de este tipo de procedimientos nos permiten obtener datos empíricos que permiten verificar si los logros de aprendizaje previstos en los currículos y/o esperados socialmente, a menudo ambiciosos, se están logrando. Si tales resultados arrojan que no se han conseguido las metas señaladas, la información extraída de las evaluaciones permite explorar respuestas a preguntas tales como: ¿cuánto han aprendido los estudiantes de las diversas competencias requeridas de ellos?, ¿qué grupos de alumnos logran mejores o peores resultados?, ¿qué factores de la escuela (o del sector educación) y del contexto del estudiante tienen mayor incidencia en el rendimiento?, ¿cuál es la evolución histórica de la productividad de los colegiales?, ¿cómo se compara el rendimiento de los educandos peruanos con el de sus pares de la región y del primer mundo en áreas específicas del currículo?
Las evaluaciones del rendimiento de los estudiantes, pues, deben ser uno de los instrumentos a través de los cuales el gobierno y los diferentes actores educativos
,públicos y privados, asuman la responsabilidad de brindar un servicio de calidad. Para ello deben dar cuenta de sus resultados. Esa información deberá ser colectada y diseminada de manera específica, de acuerdo con las necesidades e intereses de diversas audiencias, pero sobre todo será útil para sugerir políticas nacionales o locales que permitan mejorar algunos de los problemas que aquejan al sistema peruano desde siempre. Por ejemplo, las grandes desigualdades en los resultados educativos, estrecha y positivamente asociadas a los recursos socio-económicos. La educación peruana no ha logrado romper el círculo de la pobreza; más bien la reproduce al interior del sistema.
Afortunadamente en el Perú hay algunas experiencias relevantes para contrarrestar esto. Así, el Ministerio de Educación realizó a finales del año pasado la tercera evaluación nacional, que por primera vez incluyó a estudiantes de escuelas rurales multigrado y unidocentes, es decir las más pobres y aisladas. Esta tercera evaluación utilizó pruebas de matemáticas y comunicación (lenguaje) en castellano, quechua y aimara. Las preguntas de las pruebas fueron de opción múltiple, con respuestas cortas y largas, producción de textos, comunicación oral, y solución de problemas prácticos con material concreto. Como parte de la misma experiencia también se administraron varias escalas de actitudes para los estudiantes, así como encuestas sobre contextos educativos y familiares a docentes, directores, estudiantes y padres de familia.
Hay otros buenos signos. El año pasado el Perú administró las pruebas PISA como parte de una evaluación trienal organizada por la OCDE. Este estudio está orientado a conocer los logros de los estudiantes de 15 años, matriculados en cualquier grado del sistema educativo. En PISA se incluyeron preguntas de comprensión de lectura, ciencias y matemáticas. Estos tests no se basaron en el currículo, sino en las habilidades que se consideró debería mostrar un estudiante próximo a convertirse en ciudadano. Seguramente los estudiantes peruanos saldrán entre los últimos del ranking entre países; sin embargo, esto es secundario frente a varios beneficios del estudio. Se espera que de un análisis cuidadoso de los instrumentos y resultados se puedan inferir lecciones para el mejoramiento del sistema. Los resultados de las dos evaluaciones mencionadas deberían conocerse en el transcurso de los próximos meses.
Es de esperar que la evaluación del rendimiento de los estudiantes contribuya a combatir una política educativa poco efectiva. En el pasado, gran parte de las decisiones en este ámbito se basó en uno o varios de los siguientes elementos: teoría o filosofía de la educación; modas predominantes en reformas de la educación en la región; artículos o ponencias de especialistas que lograban argumentar de manera lógica sus opiniones, mayormente sin ningún sustento empírico de investigación o evaluación realizada en el Perú; presiones de algunos sectores sociales o de algunos partidos políticos; y, por supuesto, la tradición. La evaluación es una práctica que debería continuar, y sus principios deberían ser difundidos a otras áreas y programas del campo educativo, de modo que se puedan rendir cuentas y aprender de manera objetiva y sistemática de la experiencia, buscando el uso más eficiente de los recursos disponibles.
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Noticia, Europa en el 2012: binomios por resolver (*) - 16/01/2012 18:24:16
"La situación de Europa se ha ido agudizando, de manera acelerada. Luego del desinfle de las burbujas inmobiliarias en el 2008 y del impacto sobre las carteras de las entidades bancarias, el continente fue transitando hacia el riesgo de un profundo deterioro de las condiciones económicas (actividad y empleo). Aparecieron así los grandes paquetes fiscales para salvar a los bancos, y evitar una gran depresión, que de hecho se evitó. Pero con ello fueron saliendo hacia la superficie serios problemas estructurales de índole fiscal, combinados con la dificultad de crecer.Esta combinación de bajas expectativas de crecimiento, acelerado deterioro fiscal y fragilidad bancaria se encargó luego de afectar la confianza de los mercados respecto a la capacidad de los estados por honrar sus deudas, incrementando el spread de los bonos soberanos de los países europeos y su capacidad de financiarse. Primero fueron cayendo las economías más débiles, aunque con menor representatividad (Irlanda, Grecia y Portugal), lo que fue trayendo dudas sobre los problemas de otros no tan pequeños (España e Italia), y con el temor de seguir arrastrando al resto. Esta situación de los soberanos fue cobrando aún más gravedad cuando se empezó a reparar de la fuerte exposición del sistema bancario a los mismos, con lo que el problemas se multiplicaba. Aquí tenemos uno de los primeros "binomios" que los mercados urgen solución: soberanos & banca.
Pero este no es el único. Esta dupla se entremezcla con otros binomios que requieren solución durante el 2012, situación que condiciona cualquier escenario de proyección: ajustar & crecer; liquidez & solvencia; ajustes estructurales (unión fiscal, reformas en los países) & "euroayudas" (eurobonos y ECB); desequilibrios fiscales & desequilibrios de cuenta corriente; Unión Europea (27 países) & Eurozona (17 países); Reino Unido & el resto de Europa; y, quizá el tema de fondo para Europa, políticas nacionales & políticas europeas.
Los binomios listados reflejan en gran medida la gran complejidad del problema europeo, con lo que los acuerdos alcanzados en Bruselas en la cita reciente de diciembre, si bien positivos, son sólo componentes incompletos de una situación que aún no se afrontan o no se quieren reconocer; con ello las incertidumbres continúan, y una solución real sigue estando pendiente. Dicho esto, dado el grado de incertidumbre en juego, cualquier proyección que se haga está sujeto a varios "peros". No obstante, confiando en que los líderes europeos reaccionarán antes de que "caiga el telón", lo más cercano que podríamos tener a ese escenario son las proyecciones recientes de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), en que la Eurozona estaría estancada en el 2012 con un magro crecimiento de 0.2% (el más bajo de los países de la OECD), y recién podamos ver alguna recuperación el 2013. Nuevamente esto es si todo se enrumba hacia una clara salida.
Yendo caso por caso, las situaciones más extremas en el 2012 seguirían estando en Grecia y Portugal, ambos con caídas cercanas al 3,0% en el PIB. Italia, por su parte, entra también en la senda negativa (-0.5%) el próximo año. A Irlanda por lo pronto se pronostica que crezca 1.0%, mientras España apenas marcaría un preocupante 0.2%. Alemania, el llamado "motor de Europa", también tendrá un fuerte resbalón, pues luego de crecer cerca del 3.0% el 2011, el 2012 sólo experimentaría una variación del 0.6%. Dentro de este escenario complicado, sólo en Europa nórdica se proyectan crecimientos mejores. Estas proyecciones colocan a Europa en la puerta de la recesión haciendo el camino de la recuperación claramente cuesta arriba. ¿Y si los líderes europeos no llegan a una solución pronto? Este es un escenario que nadie quiere ni imaginarse, porque las ramificaciones y consecuencias serían de lamentar no sólo para el Viejo Continente, sino para la economía global.
(*) Artículo publicado en prensa escrita
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