Noticia, Los corruptos y los incorruptibles - 01/04/2014 10:06:40
"Por Rocío Silva SantistebanSolo en la zona costera de Áncash (Chimbote, Casma, Santa, Pallasca, Huarmey) las estadísticas señalan que en el 2011 el sicariato dejó 48 víctimas, en 2012 dejó 45; en el año 2013 fueron 94 las víctimas y en lo que va del año 2014 se han registrado 19 asesinatos. Estamos siendo testigos mudos de una situación que viene en espiral desde el gobierno de Alan García Pérez y que, lamentablemente, contó con su indiferencia e inoperatividad. La muerte anunciada de Ezequiel Nolasco venía precedida de todo un caudal de sangre. Ollanta Humala ha declarado el domingo en LR que "no vamos a dejar que los crímenes de Áncash queden impunes porque afectan nuestra condición de ciudadanos, nuestra credibilidad como políticos…". Para que no afecten, estas palabras deben concretarse en acciones.
Sabemos que el 7 de abril se ha convocado a una asamblea pública con el propio Ministro del Interior, Walter Albán y el Presidente de la Corte Suprema, y que la REMA (Sociedad Civil por la Reivindicación Moral de Áncash) viene planteando una serie de actividades, entre movilizaciones y pronunciamientos, cartas y emplazamientos, para que las propios ciudadanos tomen el tema con coraje e indignación como ya lo vienen haciendo algunos.
No es fácil: hay una lista de fiscales amenazados no solo en Chimbote sino en Casma, en Huarmey, en Barranca (sí, el monstruo se acerca a Lima) y hace un año, abril del 2012, fue asesinado el fiscal Luis Sánchez Colona. Las fiscales Yeni Vilcatoma y Nancy Moreno Rivera sufren constantemente de amenazas y reglajes (no olvidemos que Moreno fue "defenestrada" pero, gracias al apoyo de la población, actualmente es Presidente de la Junta de Fiscales). Hoy, además, la procuraduría anticorrupción y la contraloría han decidido tomar al toro por las astas. Así que esperamos se inicie no solo la investigación de la comisión del Congreso, presidida por Mesías Guevara, sino también una investigación contable y administrativa sumamente prolija que debería venir acompañada de cambio de autoridades a todos los niveles mientras se realiza la investigación: mandos policiales y jueces que, como todos saben en Huaraz, están coludidos con la corrupción.
Pero, a todo esto, ¿qué podemos hacer contra los corruptos? Víctor Andrés García Belaunde ha sugerido una intervención militar en Áncash, como si cediendo el gobierno a la autoridad armada pudiera darse una solución a la debilidad institucional. ¿No fue Fernando Belaunde que, en 1983, desentendiéndose del problema increcendo del terrorismo senderista cede al poder militar el gobierno de esa zona de Ayacucho?, ¿y no fue acaso en 1984 que los índices de muertes subieron a su punto más alto? No, no es la solución. Aprendamos del pasado. Hoy es preciso plantear algunas medidas urgentes institucionales que le permitan a la población percibir que el Estado está velando por su integridad. En ese sentido, una interdicción a través de una Comisión Multisectorial debería de ser la prioridad primera.
A su vez hay otros países que han combatido la corrupción con más o menos éxito: por ejemplo, la Italia de las mafias permitidas por el Partido Comunista con Bettino Craxi a la cabeza (luego seguido del neoliberalismo corrupto de Berlusconi) pudo ser investigada por el fiscal Antonio di Prieto y el juez Gerardo D"Ambrossio que terminó en la campaña Mani Puliti (Manos Limpias). Sí, pues, necesitamos unos cuantos incorruptibles con un o una valiente que los lidere. Quizás un primer paso sea participar en la Marcha por la Paz y la Seguridad este 3 de abril a las 2 pm al Campo de Marte y exigir un Pacto Nacional contra la Corrupción y la Delincuencia.
Publicado en el diario La República, martes 01/04/2014
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Interesante, Guatemala: la "paz" no ha servido de nada. Siguen los linchamientos - 25/03/2014 7:26:48
"En Guatemala hace ya años que se firmó la paz entre Gobierno y movimiento guerrillero. Pero lejos está todavía de poder decirse que el proceso iniciado en ese entonces haya dado los frutos que se esperaba. Más aún: la situación actual nos confronta con un empeoramiento, un retroceso en las causas estructurales que dieron lugar a la guerra civil en la década del 60 del pasado siglo. La guerra hoy día formalmente terminó, pero la violencia sigue presente y se evidencia de otras maneras, tan o más crueles que en los peores años del enfrentamiento armado.La post guerra que vivimos actualmente está marcada por una suma compleja de problemas, donde la violación a los derechos humanos sigue siendo una constante, si bien no con la intensidad de años atrás, pero con efectos sociales igualmente dañinos. Una herencia trágica -entre otras- de 36 años de conflicto armado está dada por la recurrencia de linchamientos.
Este fenómeno debe abordarse desde una perspectiva multicausal. Participan en él aspectos de diversas naturalezas: sociales, psicológicos, culturales. De hecho no son algo nuevo en la historia; se los conoce desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, no son un patrimonio de la "violencia guatemalteca". Actualmente deben su nombre al juez estadounidense Charles Lynch, quien organizó a contemporáneos suyos para actuar como ley local en un juicio sumario contra unos conspiradores pro-británicos hacia el año 1780. A partir de este hecho relativamente reciente se derivó el verbo linchar, y el sustantivo linchamiento, hoy ya universalmente aceptados.
Lo significativo en Guatemala es no sólo la crueldad de estos actos (con sus características muy propias: es costumbre quemar a la persona linchada), sino su sintomática recurrencia: desde el momento del inicio del proceso de paz hasta la fecha nunca desparecieron. Se dan en las comunidades rurales que fueron escenario del enfrentamiento armado, donde existieron redes de contrainsurgencia paramilitar que nunca se desmantelaron totalmente (y donde muchas veces no hay gasolineras, pero donde nunca falta gasolina para quemar al linchado), así como en áreas urbanas. Incluso -este es un dato que no puede minimizarse- hasta se dio uno, con saldo mortal para uno de los delincuentes linchados (fueron tres) ¡en el estacionamiento de una universidad católica de la ciudad capital, siendo sus estudiantes ¿católicos? quienes lo llevaron a cabo!
Quienes continúan poniendo los muertos siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo que hace de Guatemala un país de enormes contrastes: los indígenas de origen maya, por siempre pobres, o los pobres urbanos, en muchos casos de ascendencia maya, siempre excluidos (de esos sectores urbanos marginados surgen los ladrones que pululan por toda la sociedad, y que pueden robar un teléfono celular, una billetera, una cadenita de oro; nunca se lincha a un funcionario que roba parte del presupuesto, por ejemplo, o un personaje ligado al gran crimen organizado, todos los cuales no vienen de esos sectores marginados y empobrecidos. Y jamás -¡esto es impensable!- se lincharía a un empresario o a un patrón de finca, por más explotadores que sean). De hecho, como símbolo de lo grotescamente patético del asunto, valga decir que vez pasada se linchó a un par de jóvenes en el departamento de Quiché que habían robado… ¡unas zanahorias en un mercado!
De ninguna manera se debe buscar en la historia prehispánica o colonial el origen de los linchamientos. En todo caso sus causas se ligan al contexto particular que vive Guatemala hoy; contexto que, definitivamente, es consecuencia de siglos de historia conflictiva y violenta. Con esto se desvirtúa la opinión -profundamente racista- que los linchamientos son "prácticas de indios" (no debe olvidarse que la población indígena-maya del país es de alrededor del 60%, y la ideología racista dominante ve en ellos un factor de atraso y pobreza). Los linchamientos responden, en todo caso, a un horizonte histórico-social de violencia (de más de cinco siglos, reforzados por una guerra interna de casi cuatro décadas) que ha creado una cultura de violencia, en tanto dimensión de aceptación normal de fenómenos a todas luces violatorios de una coexistencia pacífica. Cultura de violencia que se refleja en un sinnúmero de conductas sociales no cuestionadas, como la aceptación generalizada del uso de armas de fuego, la resolución violenta de los pleitos, la aceptación -tanto por el Estado como por la sociedad civil- de la pena de muerte, la discriminación histórica de la población maya, una dinámica cotidiana de verticalismo y machismo, corrupción e impunidad a niveles escandalosos. Todo lo cual puede dar como resultado que entre un tercio de la población a nivel nacional haya total conformidad para con los linchamientos como una práctica correcta de "ejercicio de la justicia".
Como en todo complejo fenómeno social, no hay "buenos" contra "malos". Las cosas son infinitamente más enrevesadas, más complicadas. En todo caso, los linchamientos están originados en una sumatoria multifacética de causas:
Cultura de violencia vivida por años y asumida ahora como normal Inseguridad pública: violación de los derechos humanos e impunidad Muy bajo impacto del sistema formal de justicia y descrédito de la justicia consuetudinaria maya Ruptura del tejido social, producto de las estrategias contrainsurgentes de la pasada guerra Manipulación política de las poblaciones descontentas Mantenimiento de la ingobernabilidad Pobreza extrema, que redimensiona el valor de los bienes robados (¿linchar por un par de zanahorias?) En algunos casos, fanatismo religioso con mensajes apocalípticos (sectas neoevangélicas, habiéndose dado casos donde pastores de estas denominaciones llamaron a linchar).
Buscando explicaciones
El texto "Guatemala: Nunca Más", presentado en 1998 por la Iglesia Católica como informe final de su arduo Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, el cual estudia la represión vivida en estas pasadas décadas, indica que "el aprendizaje social de la violencia que se ha inducido a través de los grupos paramilitares, las redes de inteligencia y los mecanismos de entrenamiento militar, implican la necesidad de una desmilitarización real que revierta el proceso desarrollado en la guerra. Sin acciones específicas en ese sentido y en un contexto de impunidad y graves problemas económicos en muchos sectores de la población, las consecuencias de la guerra se manifiestan ya en nuevas formas de violencia social" [tal como los linchamientos].
Con la destrucción de las autoridades tradicionales de origen maya también tambalean las normas morales construidas para regular la convivencia cotidiana así como para resolver los conflictos domésticos, intra e intercomunitarios. En esa lógica, los linchamientos vienen a ser la expresión más elocuente -y patéticamente descarnada- de la militarización cultural que ha sufrido la sociedad en estos últimos años, y que se sigue evidenciando de manera dramática.
La psicología colectiva provee elementos para entender el problema; como dice el padre de la Psicología Social, el francés Gustave Le Bon en su ya clásica "Psicología de las multitudes": "La masa no tiene conciencia de sus actos; quedan abolidas ciertas facultades y puede ser llevada a un grado extremo de exaltación. La multitud es extremadamente influenciable y crédula, y carece de sentido crítico". Eso puede apreciarse en cualquier conducta masificada, donde desaparece la conciencia crítica y el individuo se ve transportado por la efusividad de la masa: para ejemplo, la moda, la conducta en un estadio de fútbol, el espíritu patriótico. En los fenómenos de los linchamientos siempre está presente este nivel de lo masivo, de lo tumultuario no racional. En el caso de Guatemala además se da un particular vínculo con la reciente historia de militarización vivida, que ha dejado marcas todavía muy frescas, y que confiere características especiales a la dinámica cotidiana. Durante el conflicto armado interno parte de las estrategias de la intervención contrainsurgente del Ejército fueron las de índole psicológica, junto con las acciones de violencia física. Esa especial metodología trajo consecuencias psicológicas y morales que se evidencian claramente en los linchamientos:
Las estrategias de las políticas contrainsurgentes fueron una escuela de crueldad. Estas acciones violentas permanecen en la memoria histórica de las poblaciones, manifestándose en lo que hoy se implementa en los linchamientos: tortura previa a la muerte, incineración de la víctima, posterior exhibición pública del cadáver. La crueldad de muchas acciones de la delincuencia cotidiana que hoy asola al país (el descuartizamiento, por ejemplo), o de los "honestos ciudadanos" incluso, que pueden quemar vivo a un ladrón capturado para lincharlo, no son connaturales a los guatemaltecos, no vienen en sus genes: son un reflejo de una historia vivida ("se repite activamente lo que se padeció pasivamente", es una enseñanza de la Psicología). Valga decir que Guatemala fue el país de todo el continente americano donde la guerra contrainsurgente alcanzó los niveles más crueles (200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, más de 600 aldeas destruidas en las campañas de "tierra arrasada". Todo eso no pasó en vano: los linchamientos lo remedan.)
El terror tiene manifestaciones y secuelas sociales que no desaparecen automáticamente cuando la violencia desciende, sino que presenta efectos acumulativos y perdurables. A partir de la historia vivida, el terror se convierte en una amenaza que puede ser reactivada en cualquier momento, y el linchamiento es una de las formas de recordarlo. La actual "epidemia de violencia" que vive la sociedad Guatemala -que transforma al país en uno de los más inseguros y violentos del mundo, sin estar técnicamente en guerra- no nace sola. Se juegan ahí historias coaguladas que llevan a la colonia y a la fundación del Estado moderno como monumental opresión de clase justificada en una fenomenal cultura racista.
Se destruyeron los tejidos sociales de solidaridad y participación comunitaria. Lo cual ha dado como resultado una intensificación de la desconfianza contra cualquier desconocido, contra los "extraños", frente a quienes se puede descargar entonces una tensión social, como ocurre en los linchamientos. La cultura de la desconfianza, de la paranoia, tan típicas de la guerra, se ha entronizado, y hoy día cualquiera puede ser sospechoso. Y ni se diga si la sospecha se asienta en estereotipos enraizados: joven con aire de marero, tatuado, con facciones no-blancas, proveniente de las zonas rojas de la ciudad, etc., etc. Es más fácil pedir el inmediato ajusticiamiento del ladrón (ladrón de celulares, claro está, no el del ladrón de millones del presupuesto nacional por ejemplo) que encontrar las causas por las que un joven delinque. La ética en juego es, como alguien dijo acertadamente, una ética de naufragio: "¡sálvese quien pueda!"
Se militarizó la implementación de justicia. La misma, por décadas durante el conflicto interno, se desenvolvió en el marco de una lógica militarizada. La transición a la justicia civil y su aceptación por parte de la población, sobre todo en cuanto al derecho al debido proceso y la correlatividad entre el delito y la pena, será un tránsito que requerirá de un trabajo de desaprender los códigos militarizados y el irrespeto a la vida. Pedir "mano dura" como supuesta solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía no es sino la expresión de esa historia de guerra y de militarización, que incluso va más allá de los 36 años de guerra. La cultura militar anida en el imaginario social que recorre la sociedad: ¿por qué un colegio es "bueno", según el extendido prejuicio que se repite frecuentemente, en tanto tiene mucha "disciplina", mucho "rigor", una excelente banda marcial?
Se buscó uniformar a la población a través de una manipulación maniquea de "nosotros buenos" y "ellos malos". En los linchamientos, al igual que en las dinámicas militarizadas que se vivieron en años pasados, se da una pretendida cohesión de la comunidad considerándola como un todo. Así se instala la impunidad para los ejecutores que se convierten en justicieros, se valora la solidaridad interna de la comunidad que ha sido capaz de "resolver" por sí misma sus problemas, la conciencia de culpa que podrían producir en algunas personas el presenciar o ejecutar actos de crueldad se diluye en la euforia de la solidaridad colectiva y el sentimiento de omnipotencia adquirido en el supuesto triunfo contra la maldad. Con los linchamientos, que ya hace más de una década pasaron a integrarse en la normalidad cotidiana de la población guatemalteca, no se ha resuelto en modo alguno el acuciante problema de la inseguridad ciudadana (al igual que no se ha resuelto con la desproporcionada cantidad de policías privados que pueden encontrarse donde sea: en una panadería de barrio, en una iglesia, en un establecimiento educativo -hay 6 veces más agentes privados que de la Policía Nacional Civil-, pero que sí refuerzan el estereotipo de "ciudadanos buenos" y "sospechosos malignos".
Aunque supuestamente los linchamientos constituyen una forma sumaria de hacer justicia, en realidad como procedimiento de presunto orden preventivo respecto a la delincuencia no traen ninguna consecuencia real, en tanto mecanismo disuasivo (al igual que la pena de muerte). Pese a haberse "ajusticiado" a numerosos delincuentes (insistamos: en general más cerca del robo de unas zanahorias que empresarios explotadores, funcionarios corruptos, militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la pasada guerra o connotados representantes del crimen organizado), el índice de criminalidad en todo el país, y en las ex zonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto. Si alguien osara tomarlos como presunta "justicia popular", se equivoca de cabo a rabo.
Los linchamientos significan para la población un recordatorio de quién sigue mandando. Si bien no se puede afirmar categóricamente en la totalidad de casos registrados, al menos en las áreas rurales hay fuertes indicios indicativos de la participación de las estructuras paramilitares contrainsurgentes que tuvieron lugar en la guerra -aún activas, por cierto- que dan su cuota de aporte para la comisión de estos hechos tumultuarios con los que se perpetúa un clima no democrático. Dicho en otros términos: este fenómeno no es sino una expresión -grotesca, y por ello mismo trágica- de la impunidad que aún reina. Y en las áreas urbanas son un indicativo de la permanencia de esa cultura militarizada y de muerte (vale más un teléfono celular que una vida humana, aún para un estudiante de una universidad católica que puede linchar en defensa… ¡de la propiedad privada de un teléfono celular!).
Enfatizamos esta idea: los linchamientos no hablan sólo de una falta de justicia (en ese caso podrían llegar a entenderse entonces como una forma sumaria de justicia popular). Ahí radica el verdadero núcleo del problema: el linchamiento no es justicia sino, por el contrario, refuerza la falta de justicia que campea en este nunca terminado período de post guerra. El linchamiento refuerza la impunidad.
¿Qué hacer ante esto?
Desaprender la violencia, combatir la impunidad, no es fácil; en el caso de Guatemala es trágicamente evidente. Más de cinco siglos de explotación feroz de las grandes mayorías indígenas, y casi cuatro décadas de guerra interna con el resultado de muertos, torturados y desaparecidos más alto en toda América Latina, han dejado marcas. La muerte pasó a ser cosa cotidiana: al que "molesta" hay que sacárselo de encima (dicho sea de paso: hoy un sicario puede matar a alguien por unos escasos centavos, quizá no más de 100 dólares). Los linchamientos no son sino una recreación monstruosa de esa verdad: pobres quemando vivo a otro pobre que se robó algo, alimentando así la cultura de la violencia. Y el ciclo se repite: "el que manda, manda; y si se equivoca vuelve a mandar".
Terminar con los linchamientos significa terminar con la cultura de guerra que aún persiste en el país, la cual, como van las cosas, en vez de ir desapareciendo pareciera que tiende a perpetuarse. Sólo fomentando una profunda y genuina cultura del respeto por el otro, un afianzamiento de la justicia, un combate frontal a la impunidad, pueden ir descendiendo estos fenómenos que nos retrotraen a la lógica del conflicto armado. Para ello es imprescindible que el Estado genere y sostenga, con clara voluntad, políticas a largo plazo encaminadas a ir incidiendo en estos aspectos. Cosa que, preciso es aclararlo, no está sucediendo al día de hoy. Más allá de todas las pomposas declaraciones en torno a la edificación de la paz, hoy día los aplaudidos Acuerdos de Paz de 1996 son, antes bien -como alguien dijera mordazmente- "recuerdos de paz".
De hecho se están desarrollando algunas iniciativas en el ámbito gubernamental tendientes a enfocar este fenómeno; de todos modos, hasta la fecha, en la agenda nacional no están visualizados claramente como un problema de alta prioridad. Son, en todo caso, un elemento más del clima de violencia imperante, pero no algo para lo que se destinan esfuerzos específicos desde las instancias estatales en tanto políticas públicas a largo plazo. En el imaginario colectivo -percepción muchas veces alentada también por los medios de comunicación masivos- pueden ser vistos como "justicia popular"; y desde el Estado poco contribuye a desdecir esa idea.
Por otro lado, desde la sociedad civil -ciertas organizaciones no gubernamentales, algunas iglesias- se han iniciado acciones concretas puntuales, en general enmarcadas en programas de prevención y manejo de la violencia. Su grado de impacto, sin embargo, es relativamente bajo, dado que no existe una estrategia nacional que las promueve y les otorgue real sostenibilidad en el tiempo.
Atacar de raíz el problema de los linchamientos debe pasar por una combinación inteligente de políticas nacionales con esfuerzos de base, todos comprometidos, con real voluntad de cambio, en una transformación de las secuelas del conflicto armado y una profundización de la ciudadanía democrática. Si no se modifica la cultura de violencia, si no se combate frontalmente la impunidad, si la justicia no pasa a ser un hecho concreto en la cotidianeidad de la población, es muy probable que los linchamientos persistan.
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Información: Lanzan propuesta para incorporar atención de lesbianas en protocolos de salud sexual y reproductiva - 14/03/2014 11:43:04
"Este 12 de marzo, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS) lanzaron un documento que contiene 26 aportes para incorporar la atención de las lesbianas en los protocolos de salud sexual y reproductiva del sector Salud.La presentación se realizó en el Hotel Bolívar, a las 9 de la mañana, con la presencia de la congresista Rosa Mavila y representantes de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Ministerio de Salud, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del mismo sector, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (del año 2004) están conformadas por ocho módulos que brindan orientación a las y los profesionales de la salud en atención obstétrica, infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer y otros aspectos.
La propuesta es visibilizar las necesidades de salud ginecológica de las lesbianas en los módulos I y VII, por lo que se propone ,por ejemplo, que las y los médicos consideren la orientación sexual de la usuaria durante la realización del examen físico general y que brinden atención, tratamiento y monitoreo a la pareja mujer en caso exista un diagnóstico cuyo manejo es diferente en varones.
"Para la sociedad, el modelo de mujer es el que responde al sistema heterosexual hegemónico. Por ello, no es gratuito que el Estado y el sector Salud no hayan realizado nunca estudios sobre la salud lesbiana o que nos incluyan en sus protocolos de atención", sostiene Ruth Ramos, activista lesbiana y autora de la propuesta.
En las siguientes semanas, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y LIFS continuarán su trabajo de incidencia con el sector Salud y otras instancias a fin de que se logre incorporar su propuesta; propuesta que responde a una demanda del movimiento lésbico feminista peruano de hace más de un cuarto de siglo.
OPINIONES
RUTH RAMOS
Integrante de la Articulación Lesbianas Feministas de Lima
"Hay mucho desconocimiento sobre las lesbianas en una sociedad que pretende ser moderna. Desafortunadamente, esta desinformación se basa en mitos y creencias de un orden machista al cual responden los proveedores de salud".
TAMMY QUINTANILLA
Subgerenta de Servicios Integrales de Protección Frente a la Violencia Basada en Género de la Municipalidad de Lima
"Si tomamos como base este documento, la Gerencia de la Mujer podría elaborar una norma de rango municipal, junto a la Gerencia de Salud. Por lo pronto la publicación nos sirve de mucho pues estamos trabajando una guía de monitoreo y evaluación de los servicios de atención, frente a todas las modalidades de violencia basada en género".
LUCY DEL CARPIO
Equipo técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa)
"Este 2014 podríamos abordar la problemática que nos presentan. Podrían comunicarse con nosotros e informar formalmente que desean colaborar en la adecuación de los módulos de las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. Estamos abiertos a trabajar por el provecho y la salud de todos".
SILVIA QUINTEROS
Directora de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
"Efectivamente, existe necesidad de visibilizar a las mujeres lesbianas y de hacer propuestas de políticas públicas a favor de ellas. Como MIMP, formamos parte del Grupo de Trabajo para Promover los Derechos de las Lesbianas (GTL), integrado también por la Articulación Lesbianas Feministas de Lima. Sin duda, este el espacio donde podríamos trabajar juntas el documento que acaban de presentar".
KARINA PRINCE
Representante de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Minsa
"Hace un par de meses emitimos el Informe No. 13 sobre el acceso a la salud de la población de lesbianas, trans, gays y bisexuales (LTGB). En él hemos recomendado a la Dirección General de Salud de las Personas trabajar lineamientos y políticas en salud a favor de ella. Su decisión es que la sensibilización de los profesionales de la salud en temas de orientación e identidad de género sea obligatoria".
DANTE PONCE DE LEÓN
Representante de la Defensoría del Pueblo
"Este documento debe llegar igualmente a manos de la Comisión Nacional contra la Discriminación, conformado en diciembre del año pasado. En ella participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el Ministerio de Salud".
PATRICIA CARRILLO
Directora General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP
"Este es un ejemplo de una sociedad civil madura que le alcanza al Estado información que desconoce y que además elabora propuestas. Será muy útil para los servicios de salud que desconocen la complejidad de la sexualidad humana".
ROSA MAVILA
Congresista de la República de Acción Popular-Frente Amplio
"Si bien hay más ideas progresistas en la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas [distinta a la Comisión de la Mujer y Familia], no hemos incorporado nada sobre lesbianas por pura ignorancia. Por ello, esta propuesta es oportuna, porque hasta ahora el tratamiento de la homosexualidad es patrimonialista ,como lo demuestra el debate del matrimonio, cuando debería considerarse sobre todo el derecho integral a la salud o la patria potestad".
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Texto: Maribel Reyes.
Fotos: Melissa Merino.
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Es Noticia, Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldados genera grave preocupación en materia de derechos humanos - 14/01/2014 16:52:18
" Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldadosGrave preocupación en materia de derechos humanos
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de las 81 organizaciones que conforman esta institución, ante la promulgación de la Ley 30151 que modifica el Código Penal y exime de responsabilidad a los policías y militares que causen la muerte o lesiones en el cumplimiento de su deber, consideramos que:
1.- La vida e integridad física de las personas son derechos fundamentales que el Estado debe proteger frente a cualquier actor, civil, policial o militar.
2.- Esta ley tiene como antecedente el Decreto Legislativo 982, frente al cual el Tribunal Constitucional declaró la obligación que tienen los fiscales de investigar y la de los jueces de juzgar y sancionar los abusos de los agentes del orden. Afirmamos que a pesar de la reciente modificación del Código Penal, subsiste plenamente la obligación estatal de investigar, sancionar y reparar las acciones de uso abusivo de la fuerza por parte de los policías y militares.
3.- Creemos que esta es una medida efectista, pero por completo ineficaz para combatir la inseguridad ciudadana que aqueja nuestro país. Este grave problema sólo podrá superarse combatiendo la corrupción, asegurando condiciones laborales dignas al trabajador policial y militar, garantizándole dotación logística y entrenamiento adecuado, así como mejorando la articulación con las otras entidades del Estado y la sociedad civil, entre otras medidas.
4.- Cabe recordar que solo en lo que va de gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, 29 civiles (incluyendo dos menores de edad[1]) han perdido la vida como consecuencia de la actuación de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Nos preocupa que continúe el aumento de violaciones de derechos humanos en contextos de conflictos sociales frente a la imposición de proyectos de desarrollo e industrias extractivas. No es una preocupación solo del movimiento de derechos humanos, pues esta situación le ha valido al Perú severos cuestionamientos tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
5.- Para superar esta situación, invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a convocar una Comisión para la elaboración de una norma que regule de manera precisa los procedimientos operativos de la Policía para el control de disturbios y deroguen todas las normativas que flexibilizan el uso de la fuerza letal en estos contextos. Esta Comisión deberá incorporar la participación de especialistas en seguridad ciudadana y en derechos humanos.
Lima, 14 de enero del 2014.
[1] Los menores son Carlos Alberto Ramos Carmen y César Medina Aguilar.
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Es Noticia, "El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas como sujeto de derechos" - 29/11/2013 17:17:32
"En diálogo Estado-sociedad civil se reflexionó sobre Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad, dirigiéndose a representantes de la sociedad civil. (Foto: Servindi)
Por Servindi
"El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas sino de comunidades" afirmó la viceministra de Interculturalidad Patricia Balbuena, en un desayuno de trabajo con asociaciones de la sociedad civil, realizado el jueves 28 de noviembre.
El Estado peruano nunca ha tomado decisiones pensando en el sujeto de derechos "pueblo indígena". Por tal motivo, nunca ha recolectado información específica pensando en el sujeto "pueblos indígenas" sino solo como comunidades.
Cuando el Estado empiece a hablar del sujeto pueblo indígena lograremos uno de los avances más importantes y este es uno de los desafíos del próximo censo que organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), agregó Balbuena.
La funcionaria reconoció que los espacios de diálogo son los mejores para disentir pero también para llegar a acuerdos. Y estos son aún más necesarios ahora que se cuenta con una dirección de Pueblos Indígenas que necesita trabajar con otros sectores y la sociedad civil.
Al respecto anunció que el sector Cultura viene analizando la creación de dos espacios de trabajo dedicados a los pueblos indígenas: una comisión sectorial y otra comisión multisectorial de carácter permanente, que haga seguimiento al cumlimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sobre el tema institucional Balbuena planteó como un asunto de fondo definir qué es lo que necesitamos como Estado para atender a los pueblos indígenas y cómo se reflejaría esto en la estructura del Estado peruano.
Informe Alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH. Clic a la imagen para acceder a la publicación en PDF.
Respecto al proceso de consulta previa Balbuena reconoció que se trata de un asunto muy complejo, que plantea enormes desafíos y cambios en la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Existe una pregunta de fondo: ¿Tiene el Estado la capacidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? Se trata de un desafío enorme y complejo que requiere mucho tiempo y tenemos que esforzanos por acelerar estos procesos.
Por ejemplo, destacó, el enfoque intercultural no es algo que se aprende en un par de capacitaciones. Por esta razón, tenemos que superar desconfianzas y fortalecer capacidades en ambas partes, en referencia al sector público y la sociedad civil.
La ley de consulta previa y su reglamento no son suficientes para los procesos de consulta. El problema es cómo hacer la consulta y falta un desarrollo normativo administrativo, sentenció.
Expectativas de la sociedad civil organizada
El desayuno de trabajo fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y al mismo acudieron funcionarios de Cultura, Educación, Justicia y Energía y Minas, entre otros.
La finalidad fue presentar y dialogar en torno al informe alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH y que es enviado a la Comisión de Expertos de la OIT a fin de contribuir a evaluar el cumplimiento de dicho convenio.
Javier Jahncke expuso las limitaciones del marco legal del proceso de consulta previa normativas e hizo especial hincapié en la guía y deficiencias de la guía metodológica de consulta que restringe el reconocimiento a los pueblos imponiendo los requisitos de lengua y territorio.
Representantes del Ejecutivo. (Foto: Servindi)
Jahncke, representante de la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), expresó su preocupación por que la modalidad desconcentrada de los procesos de consulta están a cargo de las mismas instancias públicas que promueven las medidas a ser consultadas.
Ello no brinda garantías de imparcialidad y transparencia, especialmente en lo que concierne al sector Energía y Minas.
A ello se aúna que las consulta se programan después de haberse aprobado los estudios de impacto ambiental (EIA); y existen mecanismos de participación ciudadana que se sobreponen y desvirtúan los procesos de consulta previa, que tienen una naturaleza jurídica distinta.
Jahcke y Miguel Jugo, refirieron asimismo cómo voceros del gobierno se refieren al derecho a la consulta previa como una "traba" para el desarrollo, a pesar que fue la primera medida legal del gobierno a raíz de un fuerte compromiso político surgido por los sucesos de Bagua.
Criminalización en debate
Mar Perez, de la CNDDHH, explicó la coerción del Estado mediante el uso abusivo de la fuerza y que ha ocasionado 29 civiles fallecidos en el periodo del actual gobierno de Ollanta Humala.
El 86 por ciento de los fallecidos fue por proyectil de arma de fuego, el 10 por ciento menores de edad y el 45 por ciento son indígenas o en protesta relacionada a derechos de los pueblos indígenas, precisó Mar.
A ello se suman los procesos infundados, las denuncias preventivas, los mandatos de detención, el uso injustificado de la autoría mediata, los traslados arbitrarios de jurisdicción y los múltiples procesos por los mismos hechos.
Destacó el caso injusto, inhumano e ilegal de tres indígenas privados de libertad desde el año 2009 por los sucesos de Bagua para los cuales solicitó libertad inmediata o arresto en su propia comunidad.
Mar Pérez, de la CNDDHH. (Foto: Servindi)
José Coloma, representante del Poder Judicial, calificó de exagerada el calificativo de "criminalización" de la protesta social porque según su criterio no existe una política deliberada de criminalización, aunque admitió que las situaciones anómales se repiten en otros procesos y constituyen un lastre a superar.
David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) reafirmó la situación de criminalización y brindó ejemplos como la instrumentalización del derecho, las campañas para demoler honras y la afectación a la vida e integridad personal.
Brindó ejemplos concretos, como los trescientos procesados en torno al proyecto Conga y una cantidad mucho mayor en el caso del proyecto Río Blanco, en Piura.
Institucionalidad y participación
Iris Olivera, de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), enfatizó en la diferencia entre participación ciudadana y el derecho a la participación de los pueblos indígenas que es un derecho distinto y que no se ha desarrollado en el país.
De acuerdo al Convenio 169 de la OIT se trata de asegurar el derecho a participar en la toma de decisiones.
Sobre la institucionalidad pública para pueblos indígenas sostuvo que ésta se ha venido debilitando cada vez más y actualmente existe un candado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
Recordó que existen compromisos de una mesa de trabajo y existe la demanda de las organizaciones indígenas porque se cree un Ministerio de Pueblos Indígenas.
Estado y sociedad civil en diálogo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. (Foto: Servindi)
Avances en justicia intercultural
Jaime Escobedo, asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de interculturalidad, enfatizó que el Estado peruano no tiene vocación de litigio con los pueblos indígenas.
Hay una hoja de ruta de trabajo en el Poder Judicial sobre el tema de interculturalidad y un proceso muy activo y dinámico con las organizaciones indígenas, una de cuyas expresiones es el proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, aprobado por la Comisión de Pueblos del Congreso y que será sometida a un proceso de consulta pre legislativa.
Finalmente, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, sostuvo que la construcción y afirmación social de un sujeto indígena es un reto para todos y especialmente para quienes estan formados de una manera tradicional.
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Es Noticia, Yehude Simon pide que "Eliminen la inmunidad congresal" - 02/09/2013 10:42:29
" Yehude Simon señalo que el Congreso debe retomar el debate de las iniciativas presentadas para eliminar la inmunidad parlamentaria y, así, dar señales claras de transparencia a la opinión pública.Así lo planteó Yehude Simon (Unión Regional) al formular un llamado a la sociedad civil para emprender una campaña que promueva este tema y lograr que sea considerado como prioridad en la agenda legislativa.
Recordó que existen algunas propuestas sobre la materia que "duermen el sueño de los justos" en la Comisión de Constitución. Anunció que en los próximos días volverá a presentar una iniciativa para modificar el artículo 93° de la Constitución Política.
Fuente: Perú21
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