Gestión Pública del Perú y el Mundo: Caravelí el Despojo y Proponen que trabajadores integren directorio de AFP

Interesante, Caravelí el Despojo - 29/04/2014 17:13:08

"Hace casi cuatro años, el ingeniero Pedro Livschitz Arriaga fue expoliado violentamente de su mina ubicada en esa provincia arequipeña. Alrededor de 25 malhechores fuertemente armados se apoderaron de lo que era suyo.
En esa apropiación ilegal están involucrados el ciudadano sudafricano Stefan Laurentiu Daniel y el peruano Ulises Solís Llapa.
El también consultor minero ha batallado todo este tiempo para recuperar su propiedad, pero artilugios legales y conciencias compradas de policías, jueces y fiscales se lo han impedido.
El empresario e ingeniero Pedro Livschitz Arriaga ha perdido la fe en el Poder Judicial de nuestro país. Luego de ser vilmente despojado por delincuentes armados de su mina ubicada en la ciudad arequipeña de Caravelí, el reconocido consultor minero ha visto impotente como la justicia le ha sido esquiva.
Durante 22 largos años, Livschitz Arriaga se la pasó litigando con titulares y testaferros de derechos mineros, tanto en la vía administrativa y judicial, llegando incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Porque habían logrado cancelar el denuncio minero Erika, supuestamente por falta de pago de los correspondientes derechos de vigencia que se cancelan anualmente para mantener actualizado el derecho minero, y consiguió que se anule dicha cancelación.
Después de una larga y costosísima batalla legal, el ingeniero alcanzó el tan ansiado y esperado título de la concesión minera Erika (de 412.9732 hectáreas) que lo había peticionado el 7 de marzo de 1988 ante la jefatura de minería de Ica, quedando materializado en la resolución de presidencia N° 3381-2010 ,INGEMMET/ PCD/PM del 18 de octubre de 2010.
Empieza la pesadilla. Cuando Pedro Livschitz pensaba que por fin iba a poder usufructuar la posesión y su derecho minero denominado Erika, ubicado en el cerro "Alto Perú" en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí (Arequipa) -lugar bastante conocido por ser uno de los principales centros de acopio de minerales.
Especialmente aurífero- de pronto, el 4 de julio de 2010, en horas de la madrugada, fue despojado de su mina por 25 delincuentes que ingresaron de manera violenta al denuncio minero dirigidos por un tal Zúñiga, contando con la participación del jefe de seguridad de la minera Colibrí y el chofer Nicolás Arias Caballero.
Portando armas de fuego que las tenían camufladas en sus casacas, esos sujetos llegaron en tres combis e irrumpieron en la mina abriendo fuego contra los trabajadores, quienes presas del miedo no tuvieron más opción que correr poniéndose a buen recaudo de las balas que estallaban cerca de ellos buscando refugio en las partes altas de los cerros que circundan el denuncio minero.
Según el propietario, detrás de ese violento operativo de despojo, usurpación y robo estuvieron los representantes de la minera Colibrí S.A.C., Ulises Raúl Solís Llapa y el sudafricano Stefan Laurentiu Daniel.
Quienes constituyeron esa empresa el 18 de enero de 2010 y adquirieron la mina Lucila Maximiliana II, realizando una maniobra legal con la clara intención de apoderase de la mina Erika debido a que, según el documento de compra de esta mina, tendría una extensión de 800 hectáreas, cuando en realidad era de 233 hectáreas.
Fundadas sospechas. Como la mina Erika estaba al lado de Maximiliana II y ante el falso aumento del área, los usurpadores aprovecharon para hacer creer que eran propietarios de ambos denuncios.
Según la Junta General de Accionistas de Colibrí S.A.C., el sudafricano Stefan Laurentiu tiene el 1% de las acciones de esa mina y representa a las empresas The Gold Leaf Trust y Adamastor Resources con el 73% y 25% de cada una, pero el asunto es que ambas empresas no existen legalmente, según el reporte de búsqueda en la Sunarp.
Por su parte, el gerente general de Colibrí S.A.C., Ulises Solís Llapa, es dueño del 0.05% de acciones de la mina del mismo nombre y gerencia doce empresas más de acuerdo a la Sunarp.
Lo extraño es que este aparente hombre de negocios es titular o vive en una propiedad ubicada en un asentamiento humano en Punta Hermosa.
Más sospechoso todavía es que esa minera se creó en el 2001 con un capital de dos mil soles y en menos de un año exportó la suma de 790 mil dólares.
Además, sus múltiples empresas mueven millones de dólares sin estar claro como acopia el mineral.
Por todo eso, se presume que ambos sujetos se dedican al lavado de activos.
Otros interesados en hincarle el diente a la rica mina Erika son los representantes de las concesiones mineras conocidas como Las Bravas 2 , cuyo mayor accionista es el ingeniero Enrique Armando Zapata Martineau y Paco Agustín Solano, gerente de Calipuy. "Erika siempre ha sido codiciada por su potencial de riqueza aurífera", sostiene el consultor minero Pedro Livschitz.
Hurto sistemático. El asalto del 4 de julio de 2010 fue el corolario de una serie de actos de perturbación de la posesión de la mina Erika que empezó seis años antes, combinado con un hurto continuado de minerales auríferos habiéndose extraído miles de toneladas de ese mineral con una ley promedio de 0.16 gramos por TM, cuyo valor estimado es de más de dos millones de dólares aproximadamente.
Es decir, al dueño de esa mina le iban robando sistemáticamente su material no renovable.
El día del desalojo, una vez que lograron controlar a los trabajadores (les apuntaron con sus armas de fuego), los asaltantes juntaron las herramientas, motores y los llevaron hacia la parte del enrejado en la boca mina, colocaron cuatro sacos de anfo y dinamita e hicieron explosionar todos esos objetos y otros bienes.
Ante las explosiones, los restos metálicos de las maquinarias destrozadas se esparcieron por el lugar y al desatarse las ondas explosivas dañaron los bienes del campamento minero.
Creando una situación propicia para que el sujeto apellidado Zúñiga sustraiga una mochila que contenía la documentación personal de la concesión minera, así como la suma de US$ 1,700 y S/. 1,200 de los trabajadores de la prospección minera.
Desde el día del asalto, de manera descarada y con total impunidad, los malhechores vienen extrayendo diariamente la riqueza minera, utilizando las mismas herramientas de la mina Erika.
Así las cosas, el hurto sistemático de minerales preciosos asciende hasta la fecha la suma de US$ 3.500.000.00.
La evidente preocupación del ingeniero Livschitz Arriaga es que este robo se convierta en algo continuado e indefinido, causándole graves perjuicios como titular del derecho legalmente constituido.
Ante esa amenaza, efectuó una serie de denuncias ante las autoridades para recuperar su mina -primero ante la policía y luego ante la fiscalía- solicitando que intervengan de manera rápida y efectiva a efectos de evitar que se causen mayores perjuicios contra la propiedad privada y contra la integridad física de las personas que realizan trabajo de prospección.
No obstante, todo fue inútil pues nunca tuvo el apoyo necesario. Lo evidente es que este asalto se llevó a cabo con la complacencia y la complicidad de las autoridades de la zona quienes sabían perfectamente que el mineral aurífero robado era procesado, mayoritariamente en la planta Doble D de propiedad de la minera Colibrí S.A.C.
Obviamente burlándose del pago al fisco, siempre ante la inacción de las autoridades tanto policiales como de la fiscalía.
Justicia ciega. El colmo de la desvergüenza fue cuando además del hurto sistemático del mineral aurífero, las 500 hectáreas de la mina Erika fueron presentadas como si fueran parte del proyecto aurífero "Chaparra" ante la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) por la minera Calipuy S.A.C.
Subsidiaria de Absolute Resourses Corp y Minera Colorado, ahora en liquidación, timando a los inversionistas para recaudar una millonada de dólares.
Es más, hasta se atrevieron a poner una tranquera en plena carretera de penetración que une a los pueblos de Chaparra y Sifuentes, impidiendo así la circulación por la vía pública y el acceso a la concesión minera Erika.
Esto obligó a que el empresario Pedro Livschitz Arriaga interponga una demanda de amparo contra la empresa minera Calipuy S.A.C. por la violación constitucional del derecho fundamental al libre tránsito y circulación, acción que fue declarada fundada por lo que se notificó a la gente de esa empresa que debían retirar la tranquera.
Sin embargo, hasta la fecha esa tranquera permanece en ese lugar custodiada por matones contratados que portan armas de guerra. No solo eso, pues contrataron personal policial para que controlen el acceso de cualquier persona y vehículo.
Como si eso no fuera suficiente, la fiscalía de Caravelí, pese a las pruebas que acompañaban esa acusación, decidió archivar la denuncia por robo agravado.
El despojo y robo sistemático de minerales auríferos les ha permitido a los usurpadores acumular miles de dólares para comprar las conciencias de policías y fiscales y así con total impunidad puedan seguir robando el costoso material.
Sin duda, lo que han hecho las autoridades en este caso es sentar un nefasto precedente. El denunciante refiere además que la empresa empresa minera canadiense Junior, denominada ABSOLUTE RESOURCES INC., y su filial peruana minera Calipuy S.A.C., gerenciada por Paco Agustín Solano Santiago.
Sujeto que tiene antecedentes por estafa, según lo indica el SIATF del Ministerio Público, impunemente transfieren derechos mineros y venden acciones en la bolsa de Valores de Toronto, lo que les permite no tributar un solo centavo al Estado peruano de lo que reciben (se habla de centenares de miles de dólares).
No pierde la fe. Los delitos en agravio de Pedro Livschitz Arriaga han sido acreditados cuando el 28 de abril de 2010 se levantó el acta de inspección en las tierras del derecho minero Erika, contando con la presencia de la fiscalía de Caravelí, la policía y el gerente regional de Energía y Minas, ingeniero Alberto Butrón Fernández.
Encontrándose en dicha inspección a los usurpadores César Vargas Almirco y José Liver Daga Carhuarica (vigilantes de Las Bravas N° 2), así como a un minicargador manipulado por Pánfilo Laura Velásquez que cargaba un volquete con material aurífero que iba a ser tratado por la minera Colibrí S.A.C.
No obstante, el verdadero propietario de la mina Erika se quejó de la actuación del entonces fiscal adjunto, Dr. Percy Raúl Challco Ccallo, quien participó en la elaboración del acta de inspección, pero se negó a identificar a los sujetos que estaban en la garita de control que servía.
Para retener y cobrar el 10% de las regalías a favor de la minera SRML Las Bravas N° 2 de Ica, sin tener derecho alguno sobre las áreas que le pertenecen a Pedro Livschitz.
Desde que le quitaron lo que era suyo, el ingeniero Livschitz Arriaga no cesa en su empeño por recuperar su mina. Él es un hombre tenaz y perseverante, pero tiene razones suficientes para desconfiar de las autoridades del país.
Porque mientras los usurpadores se benefician explotando su mina y se hacen ricos, él se la ha pasado todo este tiempo tocando las puertas de jueces, policías y fiscales y no ha encontrado justicia.
"Creo en Dios y sé que tarde o temprano la justicia y la ley triunfarán sobre el poder de la corrupción", nos dice el afectado.
Mientras tanto, luego de tres años la 6ta Fiscalia Provincial de Lima ha pedido el archivamiento definitivo del expediente N° 71-2011 que consta de más de ocho mil folios y que nunca se han estudiado las abundantes pruebas allí contenidas.
Por eso, Pedro Livschitz ha presentado la queja respectiva ante la 9na Fiscalía Superior y ahora aguarda que las autoridades actúen conforme a ley y la sentencia le sea favorable.
"Espero que esta vez la 9na Fiscalía Superior no haga causa común con la fiscalía de origen y los magistrados procedan con honestidad y transparencia", culmina el ingeniero.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? Proponen que trabajadores integren directorio de AFP - 18/11/2011 13:31:19

"Evalúan eventual reforma del sistema privado de pensiones
Incluir a dos representantes de los trabajadores en el directorio de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), sin ningún tipo de vínculo con los grupos económicos accionistas ni con las empresas de su entorno, a fin de velar por los intereses de los aportantes del sistema, es una de las propuestas contenidas en el proyecto de ley 474 de reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
La iniciativa, presentada por los congresistas Jaime Delgado, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, y Javier Diez Canseco, propone además el nombramiento de un profesional independiente que audite las inversiones de los fondos que administran las AFP, principalmente del 50 por ciento que están autorizadas a invertir en bolsas de valores.
En el caso de los representantes al directorio, la iniciativa legislativa propone que no tengan ninguna relación familiar, comercial ni económica con los accionistas de las AFP, ni hayan trabajado antes para ninguna de las empresas vinculadas a sus accionistas.
Conflicto de intereses
La propuesta está orientada a supervisar, de alguna forma, el conflicto de intereses en que incurren las AFP, que contratan compañías de seguros y realizan gestiones financieras con diversas entidades bancarias vinculadas a sus directorios, es decir, los mismos dueños, además de adquirir acciones de empresas vinculadas a ellos.
Por eso, el proyecto de ley propone, igualmente, que en la memoria anual que editan las cuatro AFP que funcionan en nuestro país (Profuturo, Integra, Horizonte y Prima) se incluya la relación de las empresas vinculadas a los grupos económicos o personas con más de un 5 por ciento de las acciones de la administradora de fondos.
Estos y otros alcances fueron explicados por los autores de la iniciativa en la audiencia pública Reforma del Sistema Privado de Pensiones, que se desarrolló ayer en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, del Congreso.
El parlamentario Delgado Zegarra se refirió a la situación de los fondos que administran las AFP, que ,según explicó, obtuvieron hasta la fecha más de 800 millones de nuevos soles en utilidades, en tanto que los aportantes perdieron diez mil millones de nuevos soles de su capital.
Las comisiones más altas
Las administradoras privadas del Fondo de Pensiones cobran las más altas comisiones de la región, que llegan a un 19 por ciento sobre el aporte de cada afiliado, sin tener en cuenta la rentabilidad positiva o negativa de su administración o el resultado de sus inversiones, expresó el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, quien sostuvo que este sistema permite, además, que las administradoras sigan ganando, aun en tiempos de crisis financiera internacional, hecho que perjudica solo a los aportantes.
El 26 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creó un grupo de trabajo técnico que evaluará, formulará y diseñará una propuesta técnica normativa, con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones.
Diario Oficial El Peruano (18.11.2011)
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