Información: Balance general de la situación de los derechos humanos 2012-2013 - 20/03/2014 14:28:10
"Este balance sirve de introducción al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que pueden descargar acá.¿Cuál sería la mejor manera de caracterizar el año 2013 para los derechos humanos en el Perú? Quizás podría decirse que la inacción de instituciones que deben velar por ellos se cruza con ciertas buenas intenciones de los actores del Estado peruano: lamentablemente en la práctica implicó que, los derechos humanos, siguieron siendo violentados y que el Estado no ha podido implementar las normas necesarias para garantizarlos.
La primera cifra que no revela en toda su dimensión lo que implica por ella misma es esta: 17 personas muertas desde setiembre del 2012 hasta diciembre del 2013 en conflictos sociales. Entre ellas, la historia cruel de Kenllu Sifuentes Pinillos, joven de 22 años que vivía en Barranca, y que cuando tenía doce años en el 2004 recibió una bala de un efectivo del Ejército peruano en un paro agrario en Pativilca. Fue operado en el Hospital del Niño, estuvo internado varios meses, hasta que finalmente se recuperó y pudo terminar el colegio. Diez años después, durante una protesta convocada por la Municipalidad de Barranca, Kenllu Sifuentes vuelve a ser impactado por un proyectil, esta vez en el esternón, y a las pocas horas muere. ¿Acaso el Estado peruano no pudo prevenir esta situación equipando a sus policías antimotines con armas no letales? En Lima la prensa apenas le dedicó algunas líneas: ¿acaso la historia de Kenllu Sifuentes, atravesado dos veces por dos balas que salían para reprimir a los protestantes, no es tan impactante como la de cada uno de los caídos en las protestas venezolanas?
Pero regresemos sobre lo que le ha faltado a varias de las instituciones tutelares del Estado para garantizar nuestros derechos. Ni se ha implementado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, ni se ha promulgado el Plan Nacional de Derechos Humanos, ni se ha derogado el Decreto Legislativo 1095 por el contrario hay mayor impunidad para PNP y Ejército durante represión en conflictos sociales con la dación de la Ley 30151 ni se han anulado los marcos legales que permiten los convenios entre PNP y empresas extractivas. Los peruanos y peruanas seguimos estando divididos entre ciudadanos de primera, con un Estado que garantiza su vida y sus propiedades, y ciudadanos de segunda, cuyas vidas y propiedades, sobre todo cuando son rurales o de pueblos indígenas, siguen siendo subalternas a los intereses de las grandes empresas extractivas que, por sobre todo, tienen garantizadas sus inversiones con la finalidad de que aquellos que gozan del crecimiento sigan gozándolo. Al otro lado de la balanza siempre se encuentran los más débiles: las mujeres campesinas, los comuneros quechuahablantes, los niños afectados por la contaminación de sus aguas y sus cielos. Estas palabras parecen maniqueas, pero en nuestro contexto político actual, no lo son: si al Estado verdaderamente le interesarían los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los niños no priorizaría la flexibilidad de las normas ambientales, de los estudios de impacto ambiental y de la ampliación de proyectos extractivos sobre la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos.
Por eso mismo, este informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es largo, grueso, lleno de cifras, lleva varios artículos firmados, un balance completo sobre los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) pero sobre todo, rezuma cierta desesperanza. Para evitarla, para poder plantear estrategias que nos permitan una visión de largo plazo, proponemos en esta parte del texto, no quedarnos simplemente en la presentación de lo que ustedes, lectores, podrán revisar en el índice y en cada una de estas páginas; proponemos tratar de entender cuáles son las relaciones que puedan existir entre esta realidad de 2013 y nuestro pasado inmediato; proponemos analizar las relaciones que puedan existir entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales en la actualidad, entre las estrategias de control desde los aparatos del Estado de las protestas sociales hoy y la subversión de ayer.
En ese sentido, esta propuesta más bien personal, se divide en cuatro acápites: desprestigio, visiones de desarrollo, protesta y disidencia.
Desprestigio
A pesar de que el proceso de la CVR ha planteado un antes y un después de los derechos humanos en el país, debemos dar cuenta de los golpes que nuestro discurso post-conflicto y de justicia transicional ha recibido. Nuestra manera de entender y defender los derechos humanos ha sido todo este tiempo duramente atacada por los sectores vinculados a la necesidad de impunidad. Estos sectores son:
a) el fujimorismo activo y congresal,
b) ciertos sectores de las FFAA y FFPP que están procesados en juicios públicos,
c) cierto sector del aprismo que está vinculado con el comando Rodrigo Franco o los hechos relativos a casos como Cayara o El Frontón,
d) algunos sectores amplios de la opinión pública que tienen intereses en vincularnos como "defensores de terroristas".
La idea que han difundido estos sectores es que en el movimiento de derechos humanos, además de ser "caviares" y de defender a los terroristas, nos aprovechamos de la humildad e ignorancia de los familiares y de las víctimas para cobrar ingentes sumas de dinero por reparaciones y quedarnos con él para solventar un modo de vida elitista y cosmopolita.
Esto es absolutamente falso porque, por lo menos desde las diferentes instituciones de la Coordinadora, jamás hemos cobrado un solo centavo por la defensa de las víctimas, ni por el trámite en torno a sus reparaciones. La diferentes instituciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos financian sus actividades con proyectos de diverso rubro, y en el caso concreto de la Secretaría Ejecutiva, debido al cierre de las diversas financieras o el retiro de algunos países que antes apoyaban estos temas, lo que hacemos es presentarnos a concursos públicos de la Unión Europea o de diferentes países con la finalidad de solventar nuestras necesidades institucionales que son, a todas luces, muy reducidas. Los profesionales que trabajan en nuestras instituciones tienen un alto sentido de compromiso con este tema y así queremos que sigan siendo, porque de lo contrario, ya se habrían ido a trabajar al Estado peruano que paga muchísimo mejor que cualquier ONG.
Entonces ¿por qué calan profundamente estos discursos de desprestigio de nuestras instituciones y de nuestros quehaceres?, ¿por qué no se reconoce la valentía con que algunos abogados siempre menciono el caso de Gloria Cano porque me parece que es una de las más emblemáticas se la han jugado en nuestro país para defender los derechos? Ángel Escobar Jurado, por ejemplo, fue un defensor de derechos humanos en Huancavelica que murió en 1990 precisamente cumpliendo su labor, pero no tiene mayor trascendencia ni mayor recuerdo que el premio que actualmente otorgamos desde la CNDDHH con la finalidad, precisamente, de reconocer el esfuerzo de muchos defensores.
Hace poco Víctor Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos comentó impresionado que el desprestigio de los defensores de derechos humanos en el Perú es peligrosamente alto y que saltar a las agresiones y la justificación de la criminalización desde diferentes instancias públicas y privadas puede ser el próximo paso. Todavía no vivimos como en Colombia una situación de violencia y vulnerabilidad tan alta donde el sicariato ha desaparecido a muchos defensores la historia del doctor Héctor Abad en Medellín es paradigmática pero creo que debemos de tener en consideración la alta tolerancia a la impunidad de los violadores de derechos humanos que estamos constatando con la cantidad de sentencias absolutorias que se vienen dando en la Sala Penal Nacional.
La lucha de dos visiones del desarrollo
Por lo antes mencionado es fundamental discutir sobre el tema de la criminalización de las acciones vinculadas con la defensa de los territorios, con la defensa de los liderazgos y con la defensa, en suma, de los derechos humanos en lugares donde, precisamente, el territorio es el espacio de disputa entre dos maneras de ver el desarrollo: el cortoplacismo que representa el Gobierno de Ollanta Humala y su "gran giro" de transformación a solo acomodamiento para paliar el golpe del capitalismo neoextractivista, por un lado, y una manera de entender el bienestar desde una perspectiva eco-política considerando la defensa del agua y del territorio como la garantía de la reproducción de la especie humana a largo plazo, en el otro lado. Me refiero, en primer lugar, al "neoliberalismo a la peruana" de la mano con el consumismo-emprendedor y, en segundo lugar, a una incipiente manera de entender el sumak kausay (buen vivir) que es un concepto poco reflexionado en el Perú ni académica ni mediáticamente, excepto en espacios restringidos a Cumbres de los Pueblos o a asociaciones de pueblos indígenas.
Es fundamental analizar cómo desde décadas anteriores se fue organizando una urdimbre de lógicas y prácticas que vinculan diversos aspectos de la violencia como recurso de la política. ¿Cómo comprender las lógicas de los actuales movimientos de pueblos indígenas o de los pueblos afectados por las actividades extractivas que presentan memoriales, cartas, exigen mesas de diálogo, y tras ser ignorados o puenteados o mecidos, finalmente optan por la toma de una carretera para tener una presencia en los medios y así poder hacerse oír en Palacio de Gobierno?, ¿qué vínculos existen o no existen entre las formas de reprimir esas manifestaciones y la manera como policías y soldados pensaban que debían intervenir en los pueblos altoandinos de Ayacucho o Huancavelica para repelar la actividad subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿cuáles son las lógicas que siguen operando entre ese mundo andino subyugado por la violencia de los años 80 y 90 y los pueblos como Espinar, Celendín, Bambamarca, Paita, Sechura, Tayacaja, entre otros, que son a su vez también duramente reprimidos con balas de guerra desde helicópteros o francotiradores posicionados en los cerros?, ¿por qué siguen muriendo peruanos, pero esta vez, no por una violencia sistemática planteada como una salida a la dominación sino por lo que Rolando Luque, defensor adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, ha denominado "estallidos de ira" que son, como su nombre lo indica, desembalses de frustraciones acumuladas?
Debemos de entender la situación actual de la sociedad peruana como un proceso, como un continuum, que no solo se articula con formas y prácticas violentas y que en zonas como Ayacucho, Huánuco o Huancavelica hoy se traducen también en pandillaje y violencia contra las mujeres, sino sobre todo con maneras de pensar, con constructos, con imaginarios sociales que alientan este tipo de salidas no consensuadas y confrontacionales. La justificación de los excesos, de la violencia, de la instrumentalización del otro, es la primera piedra de un camino lleno de gestiones peligrosas y que puede terminar con masacres y muertos en niveles inconcebibles.
Protesta
Por lo expuesto, es necesario emprender el giro de la criminalización de la protesta hacia la criminalización de la disidencia como lo ha señalado Raphael Hoetmer en el seminario que la CNDDHH y la UNMSM organizara en octubre del 2013. Esta conceptualización no solo amplía la noción sino que permite indagar en las maneras de instituir un pensamiento único: el desarrollismo extractivista. Plantear la posibilidad de un post-extractivismo en el Perú casi se ve como ser anti-sistema, que fue el alias acuñado para Ollanta Humala durante las elecciones del año 2006 y que hoy nadie recuerda, pero se ha transformado en una categoría utilizada por todos los medios, por los agentes de las grandes empresas, por los directorios de las sociedades de minería e hidrocarburos y en suma por todos los concurrentes al PERUMIN de Arequipa: los antimineros.
Si el desprestigio y el estigma de los defensores de derechos humanos se planteaba desde el apelativo de "caviares" hoy también se suma el de "antimineros". Lamentablemente este sentido común ha calado en la opinión pública y es muy complejo y difícil poder romper con esta idea para tratar de discernir a los defensores de derechos humanos solo como activistas o profesionales que tienen un genuino compromiso con la justicia y la democracia. Este adjetivo no se centra en la descalificación por las acciones que se realizan, sino incluso, por tener una posición diferente al enfoque del neoliberalismo del Ministerio de Economía y Finanzas y ahora, del Presidente de la República. Entonces, en tanto que cuando hablamos de protesta nos referimos a acciones en contexto determinados de lucha, pero cuando nos referimos a disidencia estamos hablando de la pura posición política frente a "sentidos comunes" que operan en los ciudadanos como "lo correcto", considero personalmente que la criminalización que se da en el Perú no se limita a las acciones de protesta en diversos espacios de lucha sino también a la sola acción de pensar a contrapelo de las propuestas de desarrollo que son el eje de la modernidad entendida como el proceso de "superación del atraso".
Disidencia
La disidencia no es solo la protesta: la protesta requiere una acción o una palabra. En cambio la disidencia solo requiere de una reflexión en torno a algún sentido común. Solo requiere estar en desacuerdo. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la "disidencia" (Del lat. dissidentia) es «f. Acción y efecto de disidir» o «f. Grave desacuerdo de opiniones». Y "disidir" (Del lat. dissidere) significa «separarse de la común doctrina, creencia o conducta», cuya etimología literal compuesta significa "separar, no permanecer". En el caso de disidencia por diversos traslados metonímicos su significado se extiende también a las sinonimias de "no desear estar o pertenecer a un mismo grupo o criterio". Se refiere a tener un criterio diferente al criterio de la mayoría.
La disidencia está referida, entonces, a un estado situacional y de opinión, a una actitud. Por tanto, puede ser manifestada por actos, pero también puede ser igualmente un modo de vida o una opción en torno a un modo de vida (por ejemplo, ser un anticonsumista). La "disidencia" remite a una filosofía de vida, a un compromiso total de un individuo o de un grupo que asume todas las consecuencias materiales y espirituales de sus elecciones. La disidencia es una actitud que no necesariamente está dirigida contra algo, sino que más bien implica un desacuerdo o una distancia tomada con un poder o una autoridad política. No entra forzosamente en conflicto directo, sino que se aleja, busca otras vías o espacios de legitimidad. De esta manera, el término «disidencia» se distingue de los términos «contestación» y «oposición», que indican una confrontación al interior mismo del sistema político en vigor.
En el Perú de hoy no solo se criminaliza la protesta como en muchos otros lugares ante la necesidad del avance de derechos si no fuera por las múltiples protestas sociales, desde la Revolución Francesa hasta Mayo del 68, no habrían avances en los derechos sino que se trata de minimizar y confrontar a aquellos que no están de acuerdo siquiera con el modelo de desarrollo gastronómico-extractivista-neoliberal. Muchas veces hemos sido testigos de linchamientos mediáticos por opinar en contra.
Considero que las apuestas de los Guardianes de las Lagunas en Conga o de Óscar Mollohuanca en Espinar, de los apus awajún en Supayacu o de Santiago Manuin en Bagua, no solo pasan por considerar que quitar tranqueras o llamar a movilizaciones son la lucha fundamental de sus propósitos sino, simplemente, porque ellos mismos como núcleo duro mantiene una "diferencia" en el sentido de desarrollo al que aspiran. Disentir, es hoy por hoy en nuestro país, ganarse una estigmatización que se vincula además con la discriminación de clase y étnica que, por supuesto, llegó a su sumum con la teoría del "perro del hortelano" de Alan García que, lamentablemente, no ha muerto sino que se está transformando en otras maneras de separar, discriminar y desautorizar una opción de vida ecológica y diversa.
Por eso desde esta gestión en la CNDDHH no solamente alzamos la voz para señalar cuáles han sido los derechos humanos que se han violado o los que se han protegido durante el año 2013 o para pedir normativas y políticas públicas que permitan que la mayoría de la población pueda ejercerlos, sino que además consideramos necesario ejercer una disidencia frente a la flexibilización de derechos con la finalidad de mantener un modelo de desarrollo que no beneficia a todos sino que acrecienta las brechas y las diferencias entre peruanos y peruanas.
Rocío Silva Santisteban
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Interesante, La detención arbitraria de los dirigentes de Cajamarca ¿De regreso al pasado? - 14/12/2011 17:41:15
"Por Víctor Manuel Álvarez PérezÁrea Legal
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
La tarde del 6 de este mes, cuando recibí la llamada por la que me informaron de la detención de un grupo de dirigentes de Cajamarca que habían llegado a Lima para hacer gestiones en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, que se encontraban en las instalaciones de Seguridad de Estado (después verificaría que se trataba de 5 dirigentes y el chofer que contrataron para que les hiciera los traslados, y que, en realidad, estaban en la Dincote), no imaginé ni por un instante que estaba a punto de regresar en el tiempo, por increíble que parezca, exactamente a la época en la que me tocó asistir y defender como abogado a un considerable número de personas sindicadas de haber cometido el delito de terrorismo, poco después que se aprobara la ley 25475, de lucha contra el terrorismo, luego del golpe de estado de Fujimori y su compinche Montesinos. Al amparo de esta ley la policía tenía atribuciones exacerbadas que iban desde detener a las personas por una simple sospecha, o mantenerlas incomunicadas por 15 o 30 días (según se tratara de delito de terrorismo o traición a la patria, que ellos mismos calificaban). No procedía el habeas corpus ni ningún tipo de libertad. Por esta ley miles de personas inocentes purgaron carcelería por 5, 10 o hasta 20 años… siendo inocentes.
Llego a la avenida España y nuevamente estoy, como hace algunos años, frente a la vieja fachada de la ahora Gobernación, que en esa época era la Prefectura. Otra vez estoy llamando a los policías a través de las rejas que están frente a la fachada para que me permitan ingresar, y de nuevo estoy lidiando con estos señores para que entiendan que soy abogado y que estoy allí para entrevistarme con mi patrocinado, detenido en este local, cosa que no pueden restringirme. Es un derecho constitucional de la persona detenida y un principio que rige la función jurisdiccional, por el cual nadie puede ser "…privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad". Y es un derecho también del abogado derivado del principio del ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, la primera sorpresa, y la primera pista de que estaba yéndome ya unos años atrás, vino con la negativa del policía de la reja de permitirme el ingreso porque, me informó, esas personas "…no estaban detenidas…", solo estaban "retenidas", y que además "…ya estaban allí unos congresistas y estaban conversando todos con el Comandante…".
Mi preocupación inicial por la suerte de estas personas detenidas se fue convirtiendo en desconcierto. En primer lugar, de qué tipo de "retención" me estaba hablando que yo no conocía y por qué, si no estaban detenidas, se encontraban en las instalaciones, ya no de Seguridad de Estado, sino de la Dincote. De hecho, no se trataba de una reunión para tomar un café con estos dirigentes que amablemente invitaban los policías para hablar de los problemas de Cajamarca y las protestas por el proyecto Conga. La famosa "retención" no tenía este propósito, indudablemente. El propósito lo iría descubriendo de a pocos.
Cuando, por fin, luego de más de dos horas, logro ingresar al recinto donde los tenían "retenidos", hablo con el comandante a cargo de la "investigación" y le comento que no conocía de esta nueva figura de la "retención" con fines de investigación. Me informa, leyéndome el "Parte Policial", firmado por otro oficial (que no logro ver quién era), por el cual le había puesto a disposición a estas personas ¿La razón? pregunto, ya casi hasta con ingenuidad, y el comandante continúa leyendo, circunspecto y marcial: "…se negaron a identificarse…". Era la segunda sorpresa que me confirmaba que estaba en 1992, a mediados digamos, y me enfrentaba a una detención absolutamente arbitraria. Los estaban investigando por supuestos vínculos con el terrorismo pero de manera velada, sin decir expresa y abiertamente que éste era el cargo, sin habérseles informado adecuadamente de los motivos de su detención. ¿Les recuerda algo? La Constitución garantiza que toda persona deba ser notificada e informada de los motivos de su detención. Letra muerta. Igual que en 1992 y los años que siguieron.
Alegué, por cierto, que no había causa justificada para "retener" o detener en la Dincote a nadie y que se estaba consumando una vulneración de los derechos de estas personas. La respuesta fue que se debían hacer las verificaciones del caso y que el fiscal estaba en camino. En efecto llegó, pero debió haber estado muy lejos por cuanto recién apareció a las 7 de la noche, 5 horas después que se produjo la detención. En ese lapso, con un grupo de abogados (que habían acudido a defender a los detenidos a instancias de diferentes organizaciones y gremios) intentamos interponer un habeas corpus en el juzgado penal de turno. Los jueces, tratándose de una detención arbitraria, deben resolver de inmediato. "…Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y verificada la detención indebida ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado…" (artículo 30 del Código Procesal Constitucional). Es, pues, su deber, dada la magnitud del derecho en juego, constatar y verificar su situación y la arbitrariedad o ilegalidad de la detención. Por supuesto, esto es el texto lírico y cándido de la norma. La realidad, patética y muy peruana, fue que la jueza no estaba en su despacho (todos sospechábamos que sí estaba allí) y no regresaría, por lo menos, en un par de horas. Una empleada o asistente del juzgado llamó a la Dincote y nos señaló que no nos preocupáramos pues serían liberados una vez que les tomaran sus datos porque sólo era una retención. No procedió y no sirvió de nada el habeas corpus, y a diferencia de la época de la dictadura, no fue necesario prohibirlo por ley.
Absurdo total y el mundo al revés. No fue la jueza, pero desde su despacho nos confirmaban la versión del comandante y avalaban la situación anormal y arbitraria. Lo peor vendría después. De regreso a la Dincote pude entrevistarme con el fiscal y, luego de recordarle que él representaba al Ministerio Público ,ni más ni menos- y que era el garante de la legalidad y de los derechos de las personas, le expuse por qué consideraba que esta era una detención a todas luces arbitraria y abusiva, que se había llevado a cabo sin respeto de ninguna garantía o derecho de estas personas: no habían cargos (no por lo menos del documento -"Parte Policial"- que me mostraron), no se les había informado del motivo de su detención, fueron apresados a toda fuerza, casi como en un secuestro ¿necesitaba algo más? Sí, y mirándome con ojos de no entender nada, o de entender pero con la resignación cansina de ni siquiera saber por qué estaba allí, me informó que él debía acopiar evidencias. Recordé una frase del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que expresó con crudeza y de manera descarnada cuál fue la actuación de los fiscales durante los años del horror de la violencia terrorista que vale bien la pena consignar: "Mención aparte merece el Ministerio Público, pues sus integrantes ,salvo honrosas excepciones- abdicaron a la función de controlar el estricto respeto a los derechos humanos que debía observarse en las detenciones y se mostraron insensibles a los pedidos de los familiares de las víctimas…" (Tomo III, Sección Segunda, Capítulo 2, 2.6.3). Este fiscal me hizo pensar que no estamos libres de regresar a aquellas épocas, que no aprendemos de la historia, que deben ser muy pocos los fiscales que han tenido oportunidad de leer este informe, sobre todo en la parte que se analiza su actuación durante el conflicto armado interno.
Aparecerían después otras sorpresas más. La policía y el fiscal manejaban "información de inteligencia" que se ocultó a los abogados. ¡Se trataba de informes de 1988 y 1989!. Luego se tomó a cada detenido una declaración policial, se levantó un acta de sus pertenencias, de registro del vehículo (del taxi) en el que se estaban transportando, y hasta un acta que firmaron los congresistas que estaban allí dando fe de que estas personas estuvieron realizando gestiones en el Congreso. Al final, efectivamente, los liberaron a la medianoche. Tengo la certeza de que sin la cantidad de medios de prensa que estaban fuera del recinto policial, sin las manifestaciones de protesta de un buen grupo de personas que estuvieron allí todo ese tiempo, y sin la intervención de los diferentes organismos que mostraron preocupación por la detención, estas personas se habrían quedado detenidas, por lo menos, 15 días (lapso de tiempo que pueden quedar detenidas para investigación policial por cargos de terrorismo) y, quizás, hasta habrían sido denunciados por la supuesta comisión de este delito por ese fiscal que avaló todo este penoso castigo.
Nada justifica este atropello. Pero, sin duda, ninguno de los actores de esta casi tragicomedia será investigado o procesado por avalar y llevarla a cabo. Quienes deben estar saltando de alegría son los que justificaron estas medidas durante la dictadura, aquellos que también ahora creen que esto es poner orden, que esta es la mano dura que merecemos los peruanos que no creemos en determinados proyectos de desarrollo y en grandes inversiones que solo benefician a algunos pocos. Aquellos para los que los derechos humanos son una cojudez o que pretenden que solo sirve de escudo a los terroristas.
Luego de este evento kafkiano, ya de regreso al presente, me quedan algunas preguntas urgentes: ¿De qué se trató todo esto? ¿Se les quiso amedrentar, darles un mensaje de lo que les puede pasar si continúan dirigiendo las protestas, si continúan cumpliendo su rol, legítimo y válido, de dirigentes, de líderes sociales? ¿Esto es un preludio de lo que puede venir? ¿Quién o quiénes son los responsables de estos hechos? El oficial de la Policía que detuvo a estas personas y el comandante que estuvo a cargo de la "investigación", recibieron la orden de un superior que, a su vez, la recibió de otro de grado superior. ¿Tuvo conocimiento de esto el Ministro de Interior? ¿Esta es la política que se empleará para el manejo de los conflictos?
Es imperioso que reafirmemos que podemos vivir en democracia, y ello significa la defensa irrestricta de la dignidad de la persona y la garantía absoluta del respeto de todos sus derechos. Aquí se han transgredido principios y normas que sustentan todo Estado de Derecho: la recta administración de justicia, el debido proceso. Y esto genera inestabilidad, desconfianza en el sistema y en los poderes del Estado. Y es hacerle el juego, también, a quienes aplauden estas medidas. Espero, por el bien del país, que por lo menos, se corrijan estas actitudes. Pedir investigación para determinar las responsabilidades no debería ser mucho pedir. Sin embargo, dudo que ello sea posible.
Lima, 14 de Diciembre de 2011
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