Noticia, Carta Notarial al diario Correo - 05/03/2014 18:58:31
". Compartimos carta notarial enviada al director del diario Correo, Ivan Slocovich, solicitando una rectificación a las informaciones falsas que ha venido emitiendo dicho medio periodístico con respecto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a su secretaria ejecutiva, Rocío Silva Santisteban..
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CARTA NOTARIAL
Lima 28 de Febrero del 2014
Señor
Ivan Slocovich Pando
Director del Diario Correo
Presente.-
Señor Slocovich:
Por medio de la presente carta notarial le solicito una rectificación a las informaciones que viene emitiendo el medio periodístico que Ud. dirige con respecto a la suscrita y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Con fecha 28 de febrero en su edición digital con el titular "Conoce los colectivos Chavistas en el Perú" se señala lo siguiente: "el último fin de semana el Movimiento Frente Amplio, liderado por el ex primer ministro Salomón Lerner, emitió un comunicado respaldando al gobierno chavista. Entre los firmantes se encuentran el Movimiento de Afirmación Social de Cajamarca (MAS), de Gregorio Santos; Tierra y Dignidad, del ex sacerdote Marco Arana; Fuerza Social, de Susana Villarán; y Rocío Silva Santisteban, como representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos". Esta noticia está vinculada con la carátula del domingo 23 de febrero en la que sostenían, casi con las mismas palabras, la misma información.
En relación al hecho de que circula un pronunciamiento con mi firma, debo señalar enfáticamente que es una afirmación completamente falsa. Creo que no era necesario, pero quisiera precisar que personalmente NO pertenezco al Frente Amplio, no soy miembro de ninguna instancia del Frente Amplio y que NO milito en partido político alguno a la fecha. Eso es muy fácil de comprobar porque solo deben requerir mi ficha a la RENIEC pero veo que para esta noticia de titular en portada ni siquiera han recurrido a la fuente más seria, gratuita y pública.
Por otro lado, quisiera dejar en claro que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no forma parte de ningún partido político, ni frente nacional ni regional. Somos una red de 81 instituciones que defendemos los derechos humanos en todo el país y que tenemos estatus consultivo tanto ante la Organización de Naciones Unidas como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos una institución serie con treinta años de funcionamiento ininterrumpido. Toda nuestra información está en nuestra página web y nunca nos hemos negado a colaborar con la prensa para información sobre diversos aspectos de los derechos humanos en el Perú.
Institucionalmente no entendemos porque su medio insiste en difundir información falsa que, además, sería muy fácil de comprobar si utilizan la fuente que debe utilizar todo periodista serio: las mismas personas implicadas. Debo de dejar constancia que nunca he recibido ni una llamada, ni un correo, ni ningún tipo de comunicación para constatar que la información que publican en su primera plana el domingo 23 de febrero de 2014 es falsa.
Le señalamos que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), emitió un comunicado el día viernes 21 de los corrientes fijando una posición clara en defensa de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas y, sosteniendo además, en el acápite 4 que "Invocamos a los medios nacionales e internacionales a que realicen una cobertura seria y respetuosa de los hechos y cumplan con el deber de informar con veracidad a la ciudadanía".
Esperando que la presente sea suficiente para que su medio periodístico pueda hacer la rectificación necesaria a esta falsa información.
Atentamente,
Rocío Silva Santisteban Manrique
DNI 07822730
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Noticia, CNDDHH a Fiscal de la Nación: Urge protocolo para acabar con impunidad por muertes en protestas - 26/02/2014 12:42:12
"Ante la primera sentencia absolutoria dictada en base a la Ley 30151 (conocida como la ley que da "licencia para matar"), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha solicitado al Ministerio Público elaborar un protocolo que oriente a los fiscales que deben investigar ejecuciones extrajudiciales y lesiones en contextos de protesta social.Lea la carta enviada al Fiscal de la Nación.
La situación de impunidad es innegable: desde el 2002 hasta la fecha no existe ni una sola sentencia condenatoria por las 139 personas fallecidas en protestas que tiene registradas la CNDDHH. Esta situación de impunidad le ha valido severos cuestionamientos al Perú ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
Bajo ninguna circunstancia puede considerarse legal y quedar exento de investigación el uso abusivo de la fuerza que quede fuera de los estándares nacionales e internacionales en la materia. El protocolo serviría para guiar la intervención fiscal dentro del marco jurídico nacional e internacional existente, garantizando el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas.
El protocolo especificaría las diligencias a realizarse en el proceso de investigación, así como el uso permitido de la fuerza pública para el control de disturbios, y las figuras legales para que los fiscales puedan sustentar la responsabilidad de los mandos policiales involucrados en acciones de uso abusivo de la fuerza, incluyendo las figuras de autoría mediata y comisión por omisión (por ejemplo para los casos donde se omite garantizar la provisión de material antidisturbios y equipos protectores para los policías).
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan por la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Desde el 2012 viene impulsando la campaña NI UN MUERTO MÁS, para llamar la atención acerca del alto número de ciudadanos muertos como resultado de la intervención de las fuerzas del orden en conflictos sociales.
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Es Noticia, Sobre el borrador del Reglamento de la Ley de Consulta Previa - 09/12/2011 14:58:47
"PRONUNCIAMIENTOEl Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quiere expresar su preocupación y discrepancia respecto a la propuesta de Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa, presentado por el Viceministerio de Interculturalidad, que regulará los principios, contenidos y procedimientos mínimos de la consulta en los distintos sectores.
Consideramos que esta propuesta desconoce los estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por lo tanto, no contribuye al entendimiento y al diálogo intercultural entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
La propuesta de Reglamento, no reconoce los supuestos obligatorios y especiales en los cuales el Estado debe buscar el consentimiento de los pueblos indígenas para realizar o no una medida legislativa o administrativa.
Nos parece sumamente cuestionable lo planteado en el artículo 6, que indica el momento a partir del cual debe efectuarse la consulta. Consideramos que la consulta previa, libre e informada debe realizarse antes del otorgamiento de cualquier derecho, tal como lo reconoce el propio Convenio 169 y las normas previas sobre la materia.
Respecto a la Quinta Disposición complementaria, demandamos la modificación del artículo 7° de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas) de tal manera que se busque la igualdad de condiciones entre los representantes de las comunidades y las empresas y se garantice que los procesos de negociación entre ambos se realicen después del proceso de consulta, para garantizar la información previa y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos.
Asimismo, existen otros temas preocupantes en el texto de propuesta de reglamento que merecen atención, como los plazos breves establecidos para diversos procesos, la falta de participación de instituciones u organizaciones indígenas en la elaboración de los planes de consulta, entre otros.
También manifestamos nuestra preocupación porque en el proceso de elaboración del Reglamento de la Ley de Consulta, no se están cumpliendo los principios mínimos de todo proceso de consulta, tales como la flexibilidad y el plazo razonable que constan en el artículo 2° de la Ley de Consulta Previa.
Los miembros del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, saludamos las propuestas presentadas por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y manifestamos nuestra confianza en que serán tomadas en cuenta de manera adecuada en la propuesta de reglamento.
El Grupo de Trabajo, considera que la propuesta de Reglamento presentada por el Vice Ministerio de Interculturalidad, no asegura una adecuada implementación del derecho a la consulta y por lo tanto no permitiría que los pueblos indígenas decidan sus prioridades de desarrollo, frente a medidas que pudieran afectarlos. Creemos que para garantizar el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Derecho a la Consulta, es necesario que el Estado, las organizaciones indígenas y la sociedad civil puedan converger en un diálogo de buena fe, que contribuya en la búsqueda de la concertación para el desarrollo y bienestar de nuestro país.
Lima 9 de diciembre del 2011
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Foto de portada: Servindi
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