Noticia, Corrupción con gasolina - 11/03/2014 10:46:04
"Hace unos días, un programa de televisión reveló, con video incluido, el modus operandi para el robo de gasolina en una dependencia policial.Todos los días, personal de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) -esa división policial que nos hizo sentir orgullosos cuando capturaron a Abimael Guzmán- aprovechaba el combustible que se le daba para los vehículos policiales para llenar sus propios bolsillos.
Nadie puede saber con exactitud cuánto es lo que se roba al año al Estado en combustible (ya sea gasolina, petróleo o kerosene).
Cifras conservadoras hablan de que sólo en la Policía Nacional del Perú la cifra puede estar bordeando los 200 millones de soles. Si a eso le sumamos lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, podríamos estar hablando de 500 millones de soles.
Cifra espeluznante tratándose de un país que aún tiene tantas carencias y donde existen millones de peruanos en extrema pobreza.
Nada es reciente. En el 2009, en pleno gobierno de Alan García, un congresista de su propio partido -lo que resultaba inusual-, cuando era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, denunció que anualmente (se refería al año 2008) se robaba aproximadamente 187 millones de soles en combustible y en el rancho de la Policía Nacional del Perú.
El combustible consiste en todo el petróleo y la gasolina que en dinero se le entrega a las diversas dependencias policiales. El rancho es el dinero que se proporciona a toda comisaría o lugar en donde haya efectivos policiales para que se compre alimentos a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que algunos trabajan 24 horas de manera ininterrumpidas.
En ambos casos, cuando se trata de dinero en efectivo, el oficial u oficiales encargados se quedan con parte de lo que reciben, destinando una mínima suma a la finalidad para la que lo recibieron.
En el caso del combustible, se reciben vales para poner en funcionamiento todos los vehículos con que cuenta la PNP a nivel nacional.
La cantidad de vehículos registrados es mucho mayor que los vehículos que funcionan y, de los que funcionan, no todos circulan, de tal manera que si, por ejemplo, se tienen 20 mil vehículos -entre carros, camionetas, camiones, lanchas y motos- sólo la mitad de ellos están en capacidad de funcionar y de esos, la mitad circula y la restante permanece en sus garajes o sus estacionamientos.
Pero aun los que circulan, lo hacen en distancias menores a las que aparecen consignadas en los documentos oficiales. Saque usted la cuenta de lo que realmente se gasta de combustible.
Aparte de la modalidad que se ha podido apreciar de los integrantes de la Dircote, también existe la de cambiar los vales por dinero en efectivo, y ese cambiazo lo hacen algunos grifos en donde el dueño de la estación de combustible paga por el vale 75% u 80% del valor y luego se presenta al Ministerio del Interior para que le paguen el 100%.
De esa manera, lucran tanto el policía que recibió el 75% del vale y se lo guarda en el bolsillo, como el dueño del grifo que gana el 25% restante. El que pierde en un 100%, desde luego, es el Estado peruano.
¿Y las investigaciones? A propósito de la denuncia del 2009, se anunció grandes investigaciones que comprenderían, como tenía que ser, tanto a los malos policías como a los empresarios dueños de estaciones de combustible.
Han pasado 4 años y ni uno ni otro bando ha sido sancionado a pesar de que se tenía la relación de los policías y griferos tramposos.
Uno de los grifos era incluso propiedad de dos altos oficiales de la fuerza armada y de la policía. ¿Será esa la razón por la que no prosperaron las investigaciones? Todo parece indicar que sí.
Pero no es sólo en la Policía Nacional de Perú en donde ocurre el robo de combustible. En enero de 2011, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima ordenó, contrariamente a lo que había opinado un benevolente juez, que se abriera proceso penal contra siete generales del Ejército peruano por el robo de combustible a su institución.
Siete generales, siete coroneles, siete comandantes, tres capitanes, tres mayores y tres tenientes eran responsables de la apropiación y comercialización ilícita del combustible asignado para uso militar.
Es decir, una pequeña tropa que bien pudo haber defendido nuestro territorio de cualquier amenaza, se había dedicado a combatir sus necesidades económicas y para eso cometieron delitos de peculado, apropiación ilícita, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
Uñas largas. La división delictiva tenía entre sus integrantes a dos excomandantes generales: César Reinoso Díaz y Edwin Donayre Gotzch, habiendo éste último sido comandante general del Ejército entre los años 2007 y 2008.
O sea, acababa de ocupar el más alto cargo al que aspira un oficial de nuestro glorioso ejército sucumbiendo ante la tentación del gasolinazo.
No moría en batalla, una resolución judicial lo sacaba del combate acusándolo de robar combustible. El juez que inicialmente investigó el caso del cuarto Juzgado anticorrupción, don Rafael Vela Barba, había querido archivar el caso señalando que no habían cometido los delitos de los que se les acusaba.
Pero la Sala presidida por Jorge Egoavil Abad consideró que sí existían los delitos y por ello ordenó que se inicie el proceso judicial contra ellos.
Según la Sala que ordenó se procesara a los militares, los oficiales de manera concertada fabricaron las supuestas necesidades del uso de mayor cantidad de combustible y mediante esas necesidades ficticias hacían aprobar partidas extraordinarias, sin siquiera dar las especificaciones de en qué vehículos y para qué actividades se usaría esa mayor cantidad de gasolina o petróleo.
Al verse abrumados por los cargos, algunos entre los cuales se menciona a Donayre, presentaron documentos falsos, lo que no hizo otra cosa que agravar sus responsabilidades.
Han pasado cuatro años desde que se ordenó procesar a estos malos militares. ¿Qué ha ocurrido con ese proceso? No se sabe mucho, pues el Poder Judicial no proporciona información y es probable que, como tantas veces sucede en el Perú, caiga sobre ese caso el manto de la impunidad como telón de fondo y se cierre ese capítulo de vergüenza para una gloriosa institución.
Es una pena que quienes juraron ser los herederos de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres sean procesados por robarle al propio ejército al que pertenecieron más de treinta años y que seguramente les sigue pagando sus pensiones.
De manera religiosa, sin que hayan devuelto al Estado peruano ni un centavo de lo que se apropiaron indebidamente.
Quienes sí pueden sentirse orgullosos de vestir el uniforme son los integrantes de la Inspectoría General del Ejército, quienes a pesar de las presiones sufridas, formularon las denuncias respectivas.
Por otro lado, no hay que olvidar que Edwin Donayre -sí el mismo que dijo que "chileno que entra (al país) ya no sale. O sale en cajón. Y si no hay los suficientes cajones, saldrán en bolsas plásticas"- ha confirmado su candidatura para la presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho en las próximas elecciones por el Movimiento Desarrollo Integral de Ayacucho.
Según nuestras fuentes, el exc omandante del Ejército del Perú tiene grandes posibilidades de ganar. O sea.
¿Qué hacer? En primer lugar se debería saber con exactitud el monto de lo defraudado. Se especula con varias cifras sin que el titular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tan rápido para aumentarse el sueldo y el de sus colegas ministros, diga algo al respecto.
Otro punto a determinar es la antigüedad de esta mala costumbre, por llamar eufemísticamente así a lo que es un robo descarado.
Muchos hablan de 30 años, otros dicen que el tema del combustible es de mayor antigüedad, remontándose incluso a los primeros vehículos que adquirieron nuestras instituciones.
¿Esto solo sucede en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? El caso de Alejandro Toledo, a quien se le da una dotación de gasolina de cinco mil soles mensuales, pero que vive en el extranjero, demuestra que esta maldita práctica alcanza a muchos más sectores de la administración pública.
Sería redundante decir que hay que ejercer un debido control. La Contraloría General de la República, y las instituciones deben tener un mecanismo para controlar, en primer lugar, el número de vehículos operativos con que cuenta la administración pública.
El examen de los signos exteriores de riqueza de los funcionarios públicos es algo plasmado en muchas normas, pero que resultan letra muerta.
Finalmente, mientras se sigan nombrando en los ministerios de Defensa y del Interior a personas que tienen que esperar la luz verde -de Nadine, desde luego- para poder actuar demostrando falta de liderazgo, será muy difícil que puedan ni siquiera saber lo que está ocurriendo en sus sectores.
En otras palabras, mientras sigan en sus cargos Pedro Cateriano y Walter Albán no se puede esperar ningún cambio trascendental.
Foto: Difusión.
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Interesante, Investigan a candidato a Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez - 14/06/2011 8:21:21
" Es candidato a Defensor del Pueblo. Además, tiene un juicio por difamación y calumnia pendiente de decisión final en el Quinto Juzgado Penal de Lima.César Romero C.
El candidato único a Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez Camacho tiene dos investigaciones en trámite desde el 2007 en la 24ª y 55ª Fiscalía Penal de Lima, según los reportes de la mesa de partes del Ministerio Público. Además, enfrenta un proceso, pendiente de apelación, por presunta difamación y calumnia en el Quinto Juzgado Penal de Lima.
Según los descargos que presentó a la Comisión Evaluadora del Congreso, Gutiérrez Camacho considera que ambas investigaciones son maliciosas y tienen un carácter político. Las dos investigaciones fiscales tiene un origen único: una denuncia de la abogada Luz Áurea Sáenz contra Gutiérrez por presunto fraude en las elecciones del 2007 por el decanato del Colegio de Abogados de Lima.
Áurea Sáenz acusó a Gutiérrez de haber sobornado a la presidenta del comité electoral del Colegio de abogados en el 2007, Vania Torres, para lograr su elección. Los delitos imputados fueron tráfico de influencias, cohecho, alteración de proceso electoral, falsificación y uso de documentos falsos y falsedad genérica.
El 2007, la dirección de investigación criminal concluyó que no se encontraron pruebas ni evidencias de la comisión de los delitos imputados, por lo que la 55ª fiscalía archivó el caso.
Sin embargo, Sáenz apeló y el año pasado la Segunda Fiscalía Superior en lo penal de Lima dispuso reabrir el caso para "diligencias complementarias, que fueron asumidas por la 2ª Fiscalía Especial Anticorrupción que nuevamente archivó el caso, lo que otra vez fue apelado, estando pendiente la resolución final.
Querella
El proceso que se ventila en el Poder Judicial es más complejo. Fue presentado por el ex trabajador de la Gaceta Jurídica Luis Murillo Chacón. Murillo aduce que se crearon pruebas falsas, un informe que lo acusa de haberse apropiado de unas cobranzas, con el objetivo de despedirlo, y no pagarle sus comisiones.
El 27 de julio del 2010, el 5to Juzgado Penal de Lima absolvió a Gutiérrez, pero la apelación de Murillo recién fue revisada el 3 de mayo último, por lo que el caso sigue abierto.
El dato
Votación. El Congreso puso en agenda, para hoy a las 4 de la tarde, volver a votar la candidatura de Walter Gutiérrez a nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, anoche trascendió que la crucial elección se podría postergar hasta el miércoles. Gutiérrez requiere 80 votos para ser elegido y la primera votación logró 77 votos.
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