Noticia, PRONUNCIAMIENTO: A CINCO AÑOS DEL BAGUAZO - 05/06/2014 12:31:05
" PRONUNCIAMIENTOA CINCO AÑOS DEL "BAGUAZO"
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo de 81 instituciones que trabajan en todo el Perú por la promoción y defensa de los derechos fundamentales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1. Hoy 5 de junio se cumplen cinco años de los lamentables sucesos en Bagua, que cobraron la vida de 33 peruanos, además de un desaparecido y más de 200 heridos, 80 de ellos por armas de fuego. Hasta la fecha no se ha hecho justicia identificando y castigando a los responsables.
2. Si bien el pasado 14 de mayo del presente año se dio inicio al juicio oral sobre los hechos de la "Curva del Diablo", la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas de que los 53 procesados (entre dirigentes, indígenas y mestizos) hayan cometido los delitos que se les impugnan, pidiéndose además penas que llegan hasta la cadena perpetua para Alberto Pizango, para el apu Santiago Manuin entre otras personas. Sobre esta situación, cabe resaltar la respuesta firme de los acusados: "No aceptamos los delitos por los cuales se nos acusa y nos declaramos inocentes".
3. Resulta de gran contundencia, además, lo que ha señalado el Instituto de Defensa Legal (IDL), uno de las instituciones encargadas de la defensa: "Del total de acusados intervenidos en el 2009, ninguno presentó resultados positivos en las pericias de absorción atómica; lo que indica que jamás dispararon. Y según los certificados de necropsia realizados, la causa de la muerte de los policías fue, en su mayoría, por proyectiles de armas de fuego".
4. Por otro lado, resulta positivo que, si bien ausentes al inicio del proceso, se halla eventualmente facilitado intérpretes de las lenguas "awajún" y "wampís" para que los acusados puedan brindar sus declaraciones en sus respectivas lenguas.
5. Se desprende de las declaraciones de los acusados que muchos de ellos fueron intervenidos de forma irregular por miembros de la policía nacional, siendo objeto de golpizas, vulneración del derecho a la defensa, e inclusive habrían sido intervenidos simplemente porque "pasaban por el lugar".
6. Rechazamos el maltrato que se viene infringiendo contra el indígena Dany López Shawit, por encontrarse privado de su libertad hace cinco años en la ciudad de Bagua, los últimos dos en "arresto domiciliario". En realidad se le ha retirado de su comunidad de origen, donde se encuentra su real domicilio, causando graves problemas psicológicos y económicos a él y su familia.
7. Nos adherimos al llamado de la Defensoría del Pueblo para que este proceso se desarrolle con la celeridad y consideración requerida para un juicio de esta magnitud, que implica el penoso desplazamiento de decenas de personas con los gastos subsecuentes.
8. Lamentamos que entre los siete procesos judiciales abiertos por los hechos, ninguno esté investigando a quienes, desde el Gobierno central, ordenaron el operativo de desalojo con armas de guerra cuando se sabía que los protestantes habían aceptado abandonar el lugar. Nos referimos a Alan García Pérez, Yehude Simon y a Mercedes Cabanillas. Consideramos desacertado que el tribunal se haya negado inclusive a que las mencionadas ex autoridades participen siquiera como testigos, argumentando que no se encontraban en el lugar de los hechos.
Demandamos al Poder Judicial desarrollar este proceso teniendo en consideración las diferencias culturales, garantizando que la cosmovisión y la cultura de los procesados sean respetadas.
La nación peruana tiene aún una gran deuda con las diversas etnias y pueblos indígenas, esta herida que aún no se cierra es la huella más dolorosa del ninguneo y discriminación entre peruanos.
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Lima, 5 de junio de 2014
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Información: CASO BAGUA: SE INICIA JUICIO POR SUCESOS EN LA CURVA DEL DIABLO - 13/05/2014 17:02:36
" Bagua. 5 de junio de 2009. 33 peruanos, entre policías y nativos, pierden la vida en lo que constituyó la mayor tragedia de la década pasada. Un mayor de la Policía Nacional del Perú aún continúa desaparecido. Y mañana se iniciará un juicio oral por parte de los sucesos de Bagua. ¿Sobre cual porción de esta historia se concentrará el proceso? Explica Jacqueline Fowks para El País:Pese a las pruebas de las coordinaciones logísticas y de transporte para que los miles de manifestantes volvieran a sus comunidades desde el 5 de junio, la orden desde Lima se mantuvo y el viernes 5 empezó a las 5:30 con disparos desde helicópteros y desde lo alto de un cerro en la Curva del Diablo. El informe de Gómez y Manacés indica que un grupo de manifestantes, hombres y mujeres, sin armas se acercaron a subir al cerro.
Uno de ellos, Manuin, hizo señales para pedir el cese del fuego y recibió varios disparos en el abdomen. La principal radio de noticias de Lima informó posteriormente de que había muerto. Los policías no tenían equipos de comunicación efectivos, no habían hecho un reconocimiento completo de la zona antes de subir y un grupo fue rodeado por los manifestantes, quienes les arrebataron los fusiles AKM.
El proceso judicial no comprende los hechos ocurridos en la Estación 6, donde varios policías fueron ultimados por indígenas awajun luego de conocerse el desalojo de la Curva del Diablo, que es ventilado en otro expediente. También existen otros procesos por la desaparición del mayor Bazán y otro por la muerte de civiles tanto en la Curva del Diablo como en Uctubamba. Nuevamente, se vuelve a tener un error en el sistema de justicia, al partir un solo caso en varios procesos judiciales.
Claro está, tampoco están comprendidos los principales responsables políticos de la tragedia de Bagua, quienes serán llamados como testigos en este proceso.
En el juicio por los sucesos de la Curva del Diablo se procesará a 53 personas, para las que se pide penas entre 35 años de cárcel y cadena perpetua. Se les imputa los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, rebelión, sedición, entre otros. Los defensores de estas personas señalan que ellos no son los responsables de estos sucesos y que no existen pruebas para acusarlos. Entre los procesados están los líderes indígenas Santiago Manuin y Alberto Pizango, cuyas actuaciones frente a los sucesos de Bagua fueron políticamente distintas.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado algunas garantías básicas en este proceso judicial: dedicación a exclusividad de la Sala Penal de Apelaciones de Bagua al caso, sesiones diarias para reducir costos y la presencia de intérpretes para las personas que no hablen castellano.
Este primer proceso judicial debería comenzar a aclarar algunas responsabilidades en torno a lo ocurrido en Bagua, pero no debe ser el único, a la luz de lo antes descrito. Y, por supuesto, más allá de lo judicial, va siendo hora que el triste legado de Bagua comience a ser revertido con políticas sobre nuestros pueblos indígenas que no sean un mero saludo a la bandera.
(Foto: Caretas)
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Noticia, Defensoría: Estado espera que haya muertos para resolver conflictos sociales - 23/06/2011 16:55:29
" Ideeleradio.- El Estado tiene una pésima respuesta a los conflictos sociales porque espera que haya muertes para intentar resolverlos, afirmó el defensor del Pueblo en función, Eduardo Vega, al confirmar que se han registrado 88 decesos en los últimos cuatro años por el mal manejo en la solución de las protestas.Fue al lamentar el fallecimiento de tres personas durante la última controversia en Huancavelica contra la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja y al informar que las últimas cifras nacionales arrojan un total de 16 víctimas mortales solo en el 2011.
"No podemos esperar que haya muertes para solucionar los conflictos sociales, esa es una pésima forma de resolver los conflictos, una pésima respuesta del Estado", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[88 muertos] es una cifra bastante alta que lamentablemente nos deja estos conflictos y que aún no hemos aprendido las lecciones del todo, la respuesta del Estado aún continúa siendo insuficiente para atender las grandes expectativas que se generan, pero también hay una violencia desproporcionada por parte de algunos sectores de la población", subrayó.
Defensoría reconoce solución planteada por premier
Vega Luna criticó, en ese sentido, que en el Parlamento se haya aprobado la creación de la de la Universidad Autónoma de Tayacaja sin el presupuesto correspondiente y sin tener en consideración los procedimientos que están claramente establecidos en la Ley Universitaria. Resaltó, asimismo, que la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, haya buscado una solución al problema, desde el Poder Ejecutivo.
"La solución llega y nosotros lo hemos reconocido el día de ayer y creo que hay que señalarlo con mucha honestidad, la ministra [Rosario Fernández] ha dado una solución a esto, pero lamentablemente ha habido tres muertos en el camino", indicó.
El defensor cuestionó, además, la reacción desproporcionada de los pobladores de Huancavelica por haberse enfrentado con la Policía y provocar la muerte de tres peruanos, entre ellas una menor de edad.
"Tenemos que decir que el conflicto en Huancavelica es un conflicto distinto a los que normalmente se han presentado y los que normalmente reporta la Defensoría del Pueblo y que se origina en el Congreso por un interés legítimo de pueblo de Tayacaja de contar con su propia universidad y también, por otro lado, de la población de Huancavelica de mantener su propio presupuesto", sostuvo.
Resolución de conflictos no es un tema policial
Al referirse a los sucesos en Puno, Huancavelica y Huancayo, Vega Luna comentó que la resolución de los conflictos no es un tema que deba ser abordado en última instancia por la Policía Nacional, sino que es un aspecto que deben de considerar tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales.
"La solución en el tema de fondo de los conflictos no está en la manos de la Policía. La solución está en otro terreno, en el Ejecutivo, el Congreso y los Gobiernos Regionales. Veamos ese lado [porque] la Policía solo entra para cautelar el orden interno […] entonces hay que señalar que la solución del conflicto no está en manos de la Policía", opinó.
"Lo primero que hay que cautelar es que la respuesta sea proporcionada, nunca debe haber una respuesta desproporcionada ante un conflicto y esto lo que vemos en los últimos días. La Policía va a tener que guiarse por mecanismos de proporción, pero sobre todo no podemos recargarle toda la responsabilidad a la Policía en estos conflictos [sociales]", añadió.
La Policía fue prudente en Puno
El encargado de la Defensoría del Pueblo destacó el rol que cumple hasta ahora la Policía Nacional en Puno, donde se ha evitado ejercer cualquier tipo de violencia con los manifestantes de la zona sur de Puno, quienes rechazan todas las concesiones mineras.
"En el caso de Puno ha habido una situación muy prudente de parte de la Policía y más bien ha habido mucha violencia por parte de los manifestantes, lamentablemente hay que decirlo. [En el caso de] las Fuerzas Armadas solo está permitido para custodiar algunas instituciones públicas o algunos servicios estratégicos", estimó.
"Yo creo y esa es la mirada de la Defensoría, una mirada optimista, que puede evitarse llegar a esa situación. Puede evitarse la confrontación entre ciudadanos y esa es la puesta que quisiéramos hacer e invocar [a la calma] en este momento de cambio y transición en el país", puntualizó.
Al ser consultado sobre las reuniones entre el Ejecutivo y los dirigentes aymaras a raíz de los conflictos sociales en Puno, quienes exigen la cancelación de las concesiones mineras, el funcionario dijo que todo cambio en relación de las actividades mineras y petroleras debe realizarse de acuerdo al marco normativo vigente y promoviendo la consulta previa a las comunidades afectadas por las actividades extractivas.
Estado debe ser un articulador
En otro momento, consideró que el Estado debería actuar como un articulador entre la población y las inversiones privadas a fin de armonizar los intereses de cada una de las partes.
"Hay un conjunto de expectativas y demandas de la población que siente que el crecimiento económico que se observa en el país, no necesariamente llega a estas zonas más pobres y donde justamente está la actividad minera. Ahí hay que tratar de armonizar los intereses de ese crecimiento económico con los intereses de la población y el Estado debe ser el gran articulador de estos dos intereses. Nosotros vemos que ese es el marco de fondo", concluyó.
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