Gestión Pública del Perú y el Mundo: Tribunal Constitucional de malas y Cierre del CAS aumentaría planilla estatal en S/.50 mlls. Mensuales

Que opina? Tribunal Constitucional de malas - 12/05/2014 16:37:16

"La sentencia de tres integrantes del Tribunal Constitucional (TC) que ha motivado la indignación de todo el país, no es sino la punta de iceberg de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en dicha institución, sin que nadie -o muy pocos- se preocupen por ello.
El principal problema no estriba en que seis de sus siete integrantes tengan el mandato vencido -como sucede desde hace cuatro años con el magistrado Juan Vergara- o que el Dr. Ricardo Beaumont haya renunciado.
Se trata de la gran cantidad de irregularidades ocurridas, tanto en sus sentencias, como en la conducta de quienes integran el máximo tribunal del país.
Recordamos, por ejemplo, la controversia surgida entre los integrantes del TC que intercambiaron acusaciones de tráfico de influencias y de dedicarse a tareas ajenas a sus funciones en horario de trabajo.
Al poco tiempo las aguas se calmaron cuando los demás miembros de esa institución amenazaron al acusador con desenterrar una denuncia por acoso sexual.
Sentencias dictadas por los miembros de este tribunal saliente, que han significado un grave perjuicio económico para el Estado, se han dado con gran profusión.
Una de ellas ha sido emitida hace apenas tres semanas, mediante la cual se ha dispuesto que la deuda millonaria que tiene Panamericana Televisión no podrá ser cobrada por la SUNAT.
Según la curiosa y sorprendente resolución dictada por los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, es el propio Estado el responsable de que un mal administrador como Genaro Delgado Parker haya incumplido las obligaciones tributarias de esa empresa.
La última de ese trío (que ojalá nunca más dicte una sentencia), ha sido la de haber nombrado a un Fiscal Supremo que había sido desaprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura, y haber destituido a dos fiscales supremas nombradas por el único órgano reconocido por la constitución, luego de una evaluación acorde a ley.
No contentos con haber restituido un derecho que no había sido demandando, y que ni siquiera había existido, han ordenado al Ministerio de Economía, sin citarlo en el proceso, que disponga partidas presupuestales para atender su descabellada sentencia.
Es difícil que una resolución pueda contener tantas aberraciones jurídicas como la dictada por Mesía, Eto Cruz y Álvarez, contra la cual no solo los demás integrantes del TC ya se han manifestado, sino toda la comunidad jurídica del país, con excepción, por supuesto, de aquellos que han conseguido sentencias favorables de ese tribunal.
Ahora que el escándalo ha estallado, el Congreso ha vuelto a preocuparse del tema de la elección de los miembros del TC, haciéndonos recordar la famosa "repartija".
Que ocasionó manifestaciones de repudio en todo el país contra los legisladores que quisieron convertir una elección de altos magistrados en la vergonzosa distribución de un botín, al mismo estilo de los piratas del siglo XVIII en los mares del Caribe.
Pero lamentamos decir que la elección que se debe producir en pocos días, no augura un futuro mejor para el Tribunal Constitucional. Los candidatos -con honrosas excepciones y que no pasan de 2 o 3- son personajes a los que quieren colocar partidos políticos representados en el Congreso de la República, a ver si luego obtienen de ellos alguna resolución favorable.
El Tribunal Constitucional, a semejanza del Parlamento, parecería estar condenado a tener cada vez más integrantes que no están a la altura de lo que el pueblo desea.
Se descarta a los verdaderos y más calificados constitucionalistas por cuestiones políticas o por la propia inhibición de estos a ser integrantes de una entidad que se ha ido desprestigiando día a día.
La elección de los nuevos miembros del TC se dará entre oscuros personajes. Algunos tienen una evidente trayectoria defendiendo a personajes corruptos e intereses contrarios a los de las grandes mayorías, o probada ineficacia en puestos anteriores.
Ese es el futuro que se avizora para una institución de tanta relevancia, y a donde llegan los casos más importantes de defensa de los derechos de todos los peruanos.
Si se elige entre los candidatos propuestos, que por cierto no inspiran mayor confianza que los que ahora integran ese tribunal, que por lo menos se cumpla la promesa del Congreso de la República de acusar constitucionalmente a los prevaricadores, sancionándolos por sus inconductas, a ver si eso sirve de ejemplo a los que ahora se incorporen.
Que tengan en cuenta que sus conductas serán observadas y, de ser el caso, castigadas con todo el peso de la ley.
Es menester también que no solo la sentencia que ha originado todo este escándalo sea revisada. Deben también examinarse cuidadosamente muchas otras resoluciones del Tribunal Constitucional que han causado no sólo un grave perjuicio a la institucionalidad democrática del país, sino también al presupuesto nacional.
Foto: Difusión.
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Información: Cierre del CAS aumentaría planilla estatal en S/.50 mlls. Mensuales - 09/06/2011 15:13:51

"Especialistas recomiendan que se realice un estudio previo
El domingo pasado el virtual presidente de la República Ollanta Humala ratificó su intención de eliminar el contrato administrativo de servicios (CAS), modalidad bajo la cual se encuentran alrededor de 150 mil empleados del Estado.
Según indicó a finales de marzo, con esta propuesta se busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que están bajo este régimen. El plan que tiene en mente considera incluirlos en las planillas de las entidades del Estado.
Si bien este sistema ha recibido múltiples críticas, sobre todo por parte de los mismos trabajadores, ¿será una buena salida eliminarlo?
Para Ricardo Vergara, especialista de Sase Consultores, en términos abstractos es una medida que se puede considerar positiva al tener a todos los trabajadores con derechos laborales, pero en la práctica puede generar muchos problemas para los gobiernos regionales y locales.
Con esta idea concuerda el laboralista Percy Alache, quien agrega que la incorporación a planilla generará un incremento de los beneficios sociales que se tienen que computar, lo cual afecta al Tesoro Público.
"La iniciativa no está mal. Estos trabajadores cumplen con los tres requisitos de la relación laboral ,prestación laboral, pago por el servicio y subordinación,, con lo cual se justifica la contratación indeterminada, pero esto genera un choque con las partidas presupuestales que tiene el Gobierno", señala.
Tanto Vergara como Alache recomiendan que, si se sigue con esta idea, sería bueno hacer un estudio técnico para ver el impacto que generaría en las arcas del Estado y cómo se realizaría.
"Si no, caería como una medida populista", remarca el laboralista.
Se estima que la inclusión de los trabajadores del sistema CAS implicaría un incremento del 10% en el número de empleados del Estado y subiría la planilla en S/.50 millones mensuales.
El ex viceministro de Trabajo Julio Gamero indica que otra salida que podría encontrar el Estado de eliminar el CAS es incluir a los trabajadores en otros regímenes como los de los decretos legislativos 276 o 728.
"Pero antes de pasar a una solución "parche" es mejor que formen parte de una estandarización de la carrera pública", explica.
Con esto concuerda el laboralista Ricardo Herrera, quien afirma que no es bueno que hayan tres regímenes con beneficios distintos.
Por ello, señala Gamero, una tarea pendiente para el próximo gobierno tendría que ser la promulgación de la Ley de Carrera Pública, una medida que iría acorde con lo que se plantea en la Ley de Trabajo Decente, otra norma que tendrá que ver la luz en el mandato de Humala.
Tomando en cuenta su perfil, Herrera está seguro de que el virtual presidente cumplirá con esta promesa, pero sugiere que este proceso de inclusión se dé en etapas, previo concurso de carrera pública cerrado con los trabajadores que ingresaron después del cambio de servicios no personales a CAS.
"Los que entraron antes deben ser contratados automáticamente", sostiene.
En el tema de la carrera pública ya hay ciertos avances impulsados desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). El laboralista Percy Alache comenta que en los próximos meses esta entidad presentaría un proyecto de ley respecto del derecho de sindicalización y las modificaciones de contratación de este sistema.
CLAVES
Las eternas críticas al sistema
Desde su origen, el cas ha recibido diversas críticas porque se remitía este régimen al derecho administrativo, con lo cual se restaba valor a una prestación laboral.
Una sentencia del tribunal constitucional corrigió este tema y señaló que se trataba de un claro vínculo laboral.
Pese a ello, no se ha modificado el tiempo de vigencia de los contratos (que es de un año), lo que genera una sensación de inestabilidad en el trabajador.
Diario El Comercio (09.06.2011)
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